República de colombia rama judicial consejo superior de la judicatura sala jurisdiccional disciplinaria bogotá D. C., Dieciocho (18) de mayo de dos mil dieciséis (2016) Magistrado Ponente: Dr



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DECRETO 2591 DE 1991:

Arculo 25. Indemnizaciones y costas. Cuando el afectado no disponga de otro medio judicial, y la violación del derecho sea manifiesta y consecuencia de una acción clara e indiscutiblemente arbitraria, además de lo dispuesto en los dos artículos anteriores, en el fallo que conceda la tutela el juez de oficio, tiene la potestad de ordenar en abstracto la indemnización del daño emergente causado si ello fuere necesario para asegurar el goce efectivo del derecho así como el pago
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SALA JURISDICCIONAL DISCIPLINARIA M.P. JOSÉ OVIDIO CLAROS POLANCO

Radicación: N°110010102000201100610 00 / 1944F Referencia: Funcionario Única Instancia


de las costas del proceso. La liquidación del mismo y de los demás perjuicios se hará ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo o ante el juez competente, por el trámite incidental, dentro de los seis meses siguientes, para lo cual el juez que hubiere conocido de la tutela remitirá inmediatamente copia de toda la actuación.

La condena será contra la entidad de que dependa el demandado y solidariamente contra éste, si se considerara que ha mediado dolo o culpa grave de su parte, todo ello sin perjuicio de las demás responsabilidades administrativas, civiles o penales en que haya incurrido.

Si la tutela fuere rechazada o denegada por el juez, éste condenará al solicitante al pago de las costas cuando estimare fundadamente que incurrió en temeridad.

Conforme lo precedente, entrará esta Corporación, a estudiar el proceder de los Magistrados, a efectos de poder establecer de forma clara y precisa si incurrieron efectivamente en las conductas a ellos enrostradas en el pliego de cargos.



3. Caso en Concreto

Pues bien, a los funcionarios investigados se les cuestiona el haber emitido una decisión al interior de una acción de tutela, en donde se ordenó el pago de unos emolumentos no autorizados en el artículo 25 del Decreto 2591 de 1991, referentes al lucro cesante y daño emergente sin el lleno de los requisitos allí descritos.

En lo referente a la transgresión al deber descrito en el artículo 153 numeral 1 de la Ley 270 de 1996, se observa, que los doctores GALVIS RAMÍREZ y CASTAÑEDA CANTILLO tenían relación de sujeción por razón de la función pública adscrita a ellos con el Estado – Rama Judicial, al ostentar la condición de Magistrados del Tribunal Superior de Cúcuta – Sala Laboral, para la época de los hechos, valga decir, conforme se acreditó con la certificación laboral expedida por la Secretaría General de la Corte Suprema de Justicia1, que demuestran su

condición de titulares desde el 1 de abril de 2007 y 20 de marzo de 2009


1 Visible a folios 104 y 113 del c.o.
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respectivamente a la fecha, lo que les imponía como deber el cumplir con los fines esenciales del Estado, según el artículo 2 de la Constitución Política, así como el someterse al imperio de la Ley en sus providencias a voces del artículo 230 de la misma obra, en consonancia con el artículos 153 numeral 1º de la Ley Estatutaria de Administración de Justicia, donde se le imponen claramente estas obligaciones.

Esta Corporación de tiempo atrás viene sosteniendo que no hay responsabilidad disciplinaria de los funcionarios judiciales al interpretar la Ley cuando esta se hace acorde a unas reglas que corresponden a condiciones normales del campo interpretativo, como lo son los métodos que al respecto estableció el Legislador en la Ley 153 de 1887 y la propia Constitución, y a juicios propios del conocimiento.

También ha expresado que cuando el juez se aparta de estas pautas y amparado en la independencia y autonomía judicial llega hasta las vías de hecho para proferir su propia decisión, en este caso lo que existe es una violación de la ley, de tal suerte que no se puede confundir “discrecionalidad” con “arbitrariedad”, pues la primera está rodeada de juridicidad, la segunda de antijuridicidad, de tal suerte que la arbitrariedad es una conducta antijurídica del representante de la justicia, luego su diferencia con la discrecionalidad, es evidentemente teleológica, ya que el acto arbitrario hace caso omiso de los fines de la Ley para evadirlos o contrariarlos.

No es desconocido que la labor del juez disciplinario, se funda en la verificación de los aciertos o desaciertos en las diferentes decisiones de los funcionarios de la Rama Judicial que son objeto de investigación; igualmente su función gira en torno al examen del grado de razonabilidad con que asumen cada uno de los asuntos que se encuentran a su cargo, siempre estando sujeto al imperio de la Constitución y la Ley que es límite dado al principio de autonomía judicial.

Conforme lo precedente, es palmario que los funcionarios judiciales sí incurrieron en la falta endilgada en el pliego de cargos, por cuanto al momento de emitir la decisión adiada del 10 de diciembre de 2010, se extralimitaron en sus funciones y concedieron unos emolumentos como lo fueron unas condenas en abstracto enmarcadas dentro del daño emergente y lucro cesante, que a través del amparo constitucional no eran legales, pues ello genera excesos en la interpretación de la


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norma, atendiendo que el allí accionante contaba con otro mecanismo de defensa judicial para obtener los perjuicios económicos.

Téngase en cuenta que tal como se adujera en el pliego de cargos, a los funcionarios judiciales acá investigados, no les era dable atribuir y condenar en pagos tal como el lucro cesante consolidado y futuro, los salarios y prestaciones sociales que le falten por devengar hasta el momento que cumpla la edad de jubilación y reconocimiento de perjuicios morales, sin contar con que el artículo 25 del Decreto 2591 de 1991, establece en su sentido literal que le es dable al juez ordenar en abstracto la indemnización del daño emergente si ello fuera necesario, más no establece la posibilidad de ordenar por vía acción constitucional erogaciones como las reconocidas por los disciplinados.

Y es que es tan latente la posición analizada con anterioridad, que la misma Sala Segunda de Revisión de la Corte Constitucional en su sentencia T-529 de 2011, cuando se pronunció frente al caso que nos ocupa adujo lo siguiente:



(…) como quedó expuesto, el Tribunal Superior del Distrito de Cúcuta concedió mediante sentencia de adición proferida el 10 de diciembre de 2010, la condena en abstracto para reconocer a favor del accionante: (i) como daño emergente y lucro cesante consolidado y futuro, los salarios y prestaciones sociales que le falten por devengar desde el momento del despido hasta el momento en que el actor cumpla la edad necesaria para acceder a la pensión de jubilación; y (ii) los perjuicios morales que se tasen en trámite incidental que cursen en el Juzgado competente.

Según resulta de lo expuesto, en el presente asunto no es procedente la condena en abstracto prevista en el artículo 25 del Decreto 2591 de 1991, toda vez que si bien prosperó la tutela al comprobar el derecho a la estabilidad laboral reforzada del actor, por la terminación unilateral de la relación laboral sin justa causa a pesar de sus padecimientos de salud sin el cumplimiento de la autorización previa de la Oficina de Trabajo, el accionante tiene la posibilidad de intentar mediante una acción ordinaria el resarcimiento de otros daños que considere se le han causado con la actuación de la empresa, distintos a los derivados de la desvinculación.

No es entonces, el presente mecanismo constitucional el medio judicial idóneo para lograr el resarcimiento esperado por el actor como mecanismo compensatorio del
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