República de colombia rama judicial consejo superior de la judicatura sala jurisdiccional disciplinaria bogotá D. C., Dieciocho (18) de mayo de dos mil dieciséis (2016) Magistrado Ponente: Dr



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CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SALA JURISDICCIONAL DISCIPLINARIA M.P. JOSÉ OVIDIO CLAROS POLANCO

Radicación: N°110010102000201100610 00 / 1944F Referencia: Funcionario Única Instancia


reintegro que manifiesta declinar por su decisión libre y voluntaria, en tanto que para su reconocimiento el actor cuenta con otro mecanismo judicial ante la jurisdicción ordinaria y además, al haber prosperado la tutela en la forma que aquí se hizo, es indudable que se ha garantizado de tal manera, el goce efectivo de los derechos fundamentales al trabajo, al nimo vital y a la estabilidad laboral. Por tanto, en el presente asunto, no se cumplen los requisitos legales y jurisprudenciales a los que se hizo referencia en forma precedente para ordenar en abstracto la indemnización del daño emergente (Subrayado fuera de texto).

Así mismo, la Corte Constitucional frente al tema de interpretación del artículo 25 del


Decreto 2591 de 1991, ha decantado:

5. La interpretación constitucional del artículo 25 del Decreto 2591 de 1991

El arculo 25 del Decreto 2591 de 1991 plasmó la posibilidad de que, como una facultad excepcional, el juez constitucional, al conceder la tutela, ordene la indemnización in generi, incluso de oficio, que corresponda al daño emergente ocasionado con motivo de la vulneración de derechos fundamentales. El mencionado artículo textualmente señala:
Artículo 25. Indemnización y costas. Cuando el afectado no disponga de otro medio judicial, y la violación del derecho sea manifiesta y consecuencia de una acción clara e indiscutiblemente arbitraria, además de los dispuesto en los dos artículos anteriores, en el fallo que concede la tutela el juez, de oficio, tiene la potestad de ordenar en abstracto la indemnización del daño emergente causado si ello fuere necesario para asegurar el goce efectivo del derecho, así como el pago de las costas del proceso. La liquidación del mismo y de los demás perjuicios se hará ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo o ante el juez competente, por el trámite incidental, dentro de los 6 meses siguientes, para lo cual el juez que hubiere conocido de la tutela remitirá inmediatamente copia de toda la actuación.
Al respecto, resulta de suma importancia precisar, para una adecuada comprensión del asunto, que la indemnización a la que se refiere el mencionado artículo no debe constituir el objeto principal de la tutela, pues la razón de ésta
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SALA JURISDICCIONAL DISCIPLINARIA M.P. JOSÉ OVIDIO CLAROS POLANCO

Radicación: N°110010102000201100610 00 / 1944F Referencia: Funcionario Única Instancia


debe residir, como es bien sabido en la necesidad de la protección inmediata de los derechos fundamentales.
En otros términos, la indemnización por vía de tutela, en razón a su carácter excepcional, solo procede cuando, conforme con lo dispuesto en la norma transcrita, se evidencien los siguientes presupuestos:
(I) Que el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial[12]. En consecuencia si, consideradas las circunstancias del caso, el accionante tiene la posibilidad de intentar la acción ordinaria encaminada a obtener a través de su presentación la indemnización de los daños que se le han causado, no es la tutela el medio judicial idóneo para ello, pese a haber

prosperado.

La Corte en Sentencia T-403 de 1994 M.P. Jo Gregorio Hernández Galindo, indicó lo siguiente:
Existi endo vari os medios ordinari os para alcanzar ese comet i do, la norm a

legal mencionada es de interpretación estricta. || En otros términos, la indemnización por la vía de la tutela es excepcional.

Para que proceda es indispensable que el afectado no disponga de otro medio judicial. Esta exigencia no se refiere a la defensa del derecho fundamental invocado sino a la obtención del resarcimiento del perjuicio ().
(II) La violación del derecho tiene que haber sido manifiesta y consecuencia de una acción clara e indiscutiblemente arbitraria. No es suficiente, entonces, con el hecho objetivo de que el derecho fundamental aparezca afectado o en peligro, sino que se requiere que el desconocimiento del derecho haya sido ostensible y que el sujeto activo haya actuado en abierta trasgresión de los mandatos constitucionales, a su arbitrio, con evidente abuso de su poder.
(III) La indemnización debe ser necesaria en el caso concreto para asegurar el goce efectivo del derecho, ello es lo que justifica que, de modo excepcional, se pretenda a través del procedimiento de tutela, toda vez que el sentido principal de la acción constitucional es el de garantizar los derechos fundamentales. De tal manera que, hacer uso de este mecanismo con el único propósito de obtener el
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