República de colombia rama judicial consejo superior de la judicatura sala jurisdiccional disciplinaria bogotá D. C., Dieciocho (18) de mayo de dos mil dieciséis (2016) Magistrado Ponente: Dr



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CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SALA JURISDICCIONAL DISCIPLINARIA M.P. JOSÉ OVIDIO CLAROS POLANCO

Radicación: N°110010102000201100610 00 / 1944F Referencia: Funcionario Única Instancia


resarcimiento de perjuicios equivaldría a desfigurar su naturaleza.

En efecto la Corte en Sentencia T-1029 de 2010 indi que () No se trata solamente de una erogación económica, sino de la forma como el ordenamiento jurídico garantiza el restablecimiento del goce efectivo del derecho fundamental, ante el impedimento de devolver las cosas al estado previo al hecho generador de la vulneración, la indemnización se convierte en el único medio de reparación posible y, por tanto, la liquidación y pago están vinculados al restablecimiento

pleno de los derechos fundamentales del ciudadano afectado[13].

(IV) La indemnización que se ordene en abstracto debe estar encaminada, como lo manda el precepto legal, a resarcir el daño emergente causado, entendido como perjuicio o pérdida, es decir que no comprende el lucro cesante. Al respecto, la Corte estableció que debe existir una prueba mínima sobre la ocurrencia del daño

emergente[14].

De conformidad con lo expuesto, se concluye que el juez de tutela fundamentado en la viabilidad de la condena in genere, según los presupuestos legales en comento, puede condenar al pago de una indemnización que corresponda al daño emergente debidamente acreditado, para lo cual deberá establecer con precisión en qué consistió el perjuicio, la razón para que el resarcimiento se estime indispensable para el goce efectivo del derecho fundamental, el hecho o acto que dio lugar al perjuicio, la relación de causalidad entre la acción del agente y el daño causado y las bases que habrá de tener en cuenta la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo o el juez competente, según que se trate de condenas contra la administración o contra particulares.

Y es que revisada la providencia objeto de reproche, es del caso concluir que con tales razonamientos y de acuerdo a lo señalado por la jurisprudencia constitucional, se considera que hubo por parte de los encartados, interpretación subjetiva, apartada del ordenamiento legal en forma grosera y caprichosa, situación que sería la que permite considerar que los magistrados disciplinables produjeron un remedo de providencia judicial, una verdadera vía de hecho y que por tanto, incumplieron de esta forma sus deberes funcionales, convirtiéndose en sujetos disciplinables, ya que como se dijera en precedencia, es un tema que fue debidamente analizado en el argot constitucional.


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En este orden, es de precisar que si bien los funcionarios encartados se ajustaron a los elementos probatorios que tenían disponibles en el expediente que conocieron en sede de segunda instancia vía constitucional, no lo es menos que se extralimitaron en sus funciones, decidiendo un asunto de aspecto económico al interior de la tutela por fuera de los mandatos constitucionales y legales; y es que el examen que se haga por la vía disciplinaría sobre la actividad judicial, no puede llevarse a cabo sobre un marco probatorio que implique la valoración de pruebas que se surtieron dentro de un proceso, salvo cuando las decisiones son groseramente arbitrarias, como sucedió en el asunto en comento, atendiendo que era palpable que el accionante podía acudir a la jurisdicción ordinaria para buscar los perjuicios concedidos de forma arbitraria a la norma al interior de la acción de tutela incoada.

Los funcionarios gozan de plena autonomía para determinar, sus decisiones, las cuales no solo gozan de la presunción de legalidad, sino que además, se encuentran blindadas frente a la posibilidad de revisión por la vía disciplinaria, salvo que, como advierte la Corte Constitucional, configuren actos arbitrarios de la administración que devengan en graves desconocimientos de los derechos y garantías de los ciudadanos, como sucedió en el asunto acá analizado, al conceder erogaciones por fuera de los lineamientos legales, más cuando era evidente que el actor contaba con otros mecanismos y no era posible entrar a dar una aplicación e interpretación errada de los previsto en el artículo 25 del Decreto

2591 de 1991.

Por lo tanto, es palmario que existió una grosera interpretación de la norma, pues hay que tener en claro que la Corte Constitucional en su interpretación ha sido reiterativa en indicar cuales son los únicos requisitos para acceder a una indemnización al interior de una amparo constitucional, los cuales no fueron cumplidos por el accionante para proceder a otorgar tales emolumentos, observándose y si bien, no se evidencia que se haya emitido el pronunciamiento con fines dolosos, pues su conducta fue eminentemente culposa al haber desatendido los postulados del artículo 25 del Decreto 2591 de 1991 de una


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manera negligente en lo referente a la interpretación normativa y su aplicación frente a las pruebas existentes al interior del dossier constitucional, ordenando pagos no previstos en el ordenamiento precitado.

De lo expuesto se tiene que el fundamento de la imputación y, en consecuencia, del ejercicio de la potestad sancionadora del Estado, está determinado por la infracción de los deberes funcionales de los servidores judiciales dada la necesidad de realizar los fines de la administración de justicia, lo que recobra especial connotación cuando la acción que el operador jurídico debía resolver debía estar enmarcado dentro de la normatividad aplicable y ésta al mismo tiempo ser debidamente interpretada, más cuando la decisión era al interior de una acción de tutela, cuyos fines son especiales y deben cumplirse una serie de requisitos constitucionales tanto para concederla como para ordenar pago de erogaciones económicas, lo cual no sucedió al interior del presente asunto, motivo por el cual los argumentos de defensa no tienen la entidad suficiente para constituirse en causal de justificación de la conducta negligente de los funcionarios.

Tenemos entonces que la conducta disciplinaria cumple los presupuestos de ser típica, antijurídica y realizada no tanto por el querer contrariar el ordenamiento disciplinario, sino por la negligencia revelada por los funcionarios, lo que viene a colmar el presupuesto subjetivo de la conducta: la culpa que fue el grado imputado a los inculpados.



4.- De la Sanción.

La falta disciplinaria imputada a los doctores GALVIS RAMÍREZ y CASTAÑEDA CANTILLO, fue a título de GRAVE CULPOSA, la que a esta altura se mantiene dado que no se demostró dolo en el acto a ellos reprochados, el conocimiento que tenía de infringir la normatividad y dirigir sus actos hacía ese objetivo, ni menos aún se demostró que su conducta fue premeditada o que incidieron motivos o intereses que los llevaron a actuar de esa manera, sino que la totalidad de la prueba arroja la conclusión que fue la negligencia y el deber de cuidado al momento de interpretar la norma. Considerándose así que la conducta ejecutada


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fue en la modalidad de CULPA GRAVE a voces del artículo 43 y parágrafo único del artículo 44 de la Ley 734 de 2002, que establece la forma para determinar la gravedad o levedad de la falta y que la culpa será grave cuando se incurra en falta disciplinaria por inobservancia del cuidado que cualquier persona del común imprime a sus actuaciones.

Para efectos de la sanción que debe imponerse a los aquí disciplinados, resulta necesario acudir al contenido del artículo 44 de la misma norma, en donde se consagra que las faltas graves culposas tienen como sanción la suspensión, que según el numeral 2º del artículo 45 ibídem, consiste en la separación del ejercicio del cargo en cuyo desempeño se originó la falta y la inhabilidad especial, la imposibilidad de ejercer la función pública, en cualquier cargo distinto de aquel, por el término señalado en el fallo”.

Tenemos entonces que la conducta disciplinaria cumple los presupuestos de ser típica, antijurídica y realizada no tanto por el querer contrariar el ordenamiento disciplinario, sino por la negligencia revelada por los funcionarios, lo que viene a colmar el presupuesto subjetivo de la conducta: la culpa que fue el grado de culpabilidad imputado a los disciplinados.

Consecuente con lo anterior, y atendiendo a los criterios previstos en el artículo 47 de la precitada normatividad, esto es que los disciplinables no registran antecedentes disciplinarios, el grave daño que pudo ocasionar en el evento que la decisión no hubiese sido objeto de revisión, la amplia trayectoria de los funcionarios en la Rama Judicial, desempeñando uno de los más altos cargos en la administración de justicia, como lo es el de Magistrado, lo cual lo hace conocedor cabal de las normas que rigen cada una de las materias puestas bajo su conocimiento, la errada interpretación normativa, aun cuando ostentaban una gran jerarquía, se impondrá a los doctores FELIX MARÍA GALVIS RAMÍREZ y FERNANDO CASTAÑEDA CANTILLO, en su condición de Magistrados del Tribunal Superior de Cúcuta – Sala Laboral, SUSPENSIÓN por el término de DOCE (12) MESES.
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En mérito de lo expuesto, la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la


Judicatura en uso de sus atribuciones constitucionales y legales,


RESUELVE


PRIMERO.- DECLARAR disciplinariamente responsable a los doctores FELIX MARÍA GALVIS RAMÍREZ y FERNANDO CASTAÑEDA CANTILLO, en su condición de Magistrados del Tribunal Superior de Cúcuta – Sala Laboral, por incumplimiento del deber previsto en el numeral 1º del artículo 153 de la Ley 270 de 1996, en concordancia con el artículo 25 del decreto 2591 de 1991 y 196 de la Ley 734 de 2002.

SEGUNDO.- Como consecuencia de lo anterior, sancionar a los doctores FELIX MARÍA GALVIS RAMÍREZ y FERNANDO CASTAÑEDA CANTILLO, en su condición de Magistrados del Tribunal Superior de Cúcuta – Sala Laboral, con SUSPENSIÓN por el término de DOCE (12) MESES.

TERCERO.- Se dará cumplimiento a lo previsto en los artículos 220 y 221 de la Ley 734 de 2002, Código Único Disciplinario.

CUARTO.- Para la notificación personal de esta providencia se comisiona a la Sala Disciplinaria Seccional de Norte de Santander, por el término de cinco (5) días, libres de distancia.

COMUNIQUESE, NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

JOSÉ OVIDIO CLAROS POLANCO Presidente
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SALA JURISDICCIONAL DISCIPLINARIA M.P. JOSÉ OVIDIO CLAROS POLANCO

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MAGDA VÍCTORIA ACOSTA WALTEROS FIDALGO JAVIER ESTUPIÑAN CARVAJAL Magistrada Magistrado

JULIA EMMA GARZÓN DE GÓMEZ MARÍA LOURDES HERNÁNDEZ MINDIOLA Magistrada Magistrada


CAMILO MONTOYA REYES PEDRO ALONSO SANABRIA BUITRAGO Magistrado Magistrado

YIRA LUCÍA OLARTE ÁVILA Secretaria Judicial






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