Representante legal, competencia profesional, posesióN



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REPRESENTANTE LEGAL, COMPETENCIA PROFESIONAL, POSESIÓN

Concepto 2010016246-004 del 14 de abril de 2010.



Síntesis: Las normas aplicables a la posesión de los representantes legales de las entidades sujetas al control y vigilancia de la Superintendencia Financiera no establecen en detalle cuáles son las calidades que debe acreditar quien aspire a desempeñar uno de tales cargos. Al encontrarse sus representantes legales facultados para comprometer a las sociedades respectivas frente a terceros deben poseer el conocimiento, la formación y experiencia suficientes, es decir, competencia profesional, para asumir la responsabilidad que demanda el ejercicio de las funciones propias de esa investidura.

«(…) consulta si una persona que no posea título profesional puede ser nombrada y posesionarse como representante legal de una entidad vigilada.


En primer lugar, cabe manifestar que las normas aplicables a la posesión de los representantes legales de las entidades sujetas al control y vigilancia de la Superintendencia Financiera no establecen en detalle cuáles son las calidades que debe acreditar quien aspire a desempeñar uno de tales cargos (artículos 53, 74, numeral 4º y 326, letra g, del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero; parágrafo 6º del artículo 7 y artículo 22 de la Ley 964 de 2005).
Sin embargo, del contenido y alcance de dichas disposiciones, así como de la especial naturaleza de las actividades (financiera, bursátil y aseguradora) desarrolladas por las mencionadas instituciones1, se desprende claramente que al encontrarse sus representantes legales facultados para comprometer a las sociedades respectivas frente a terceros deben poseer el conocimiento, la formación y experiencia suficientes, es decir, competencia profesional, para asumir la responsabilidad que demanda el ejercicio de las funciones propias de esa investidura.
Ahora bien: debe destacarse que la competencia asignada a este Organismo para autorizar la posesión de los representantes legales de las instituciones vigiladas en cuanto a los aspectos subjetivos objeto de análisis es de orden discrecional, pues al no haber definido el legislador el perfil general que debe exigirse a quien aspire a llevar la personería de la respectiva entidad, la Administración cuenta con libertad y autonomía para decidir, bajo su criterio y en cada caso, conforme a las características particulares de la hoja de vida examinada, si el postulante se encuentra calificado para ocupar dicho cargo2.
Por último, es importante anotar que el Consejo de Estado ha señalado en su jurisprudencia que la potestad discrecional de esta Superintendencia para aprobar o improbar la posesión de los directivos de sus supervisadas no es absoluta. En ese sentido se pronunció la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, en sentencia del 5 de mayo de 1989, cuyos apartes pertinentes expresan:
La Superintendencia Bancaria (hoy en día Superintendencia Financiera) debe “calificar” como lo dispuso la Ley 45 de 1923 en su artículo 95 a esas personas y esa calificación se realiza al momento en que le corresponde darles posesión del cargo para el cual fueron designadas.
Se trata entonces de una competencia discrecional, porque el funcionario competente debe apreciar subjetivamente las condiciones del posible director, sin que existan parámetros preestablecidos por la ley para el efecto.
Pero no se trata de una competencia absolutamente discrecional (…) por cuanto, por una parte el posesionar o no a un directivo de una entidad crediticia (o de cualquier otro tipo de vigiladas), implica la verificación de su situación frente al régimen de incompatibilidades y prohibiciones, el cual está debidamente reglado y, por otra parte, por cuanto no existen competencias ni absolutamente regladas, ni absolutamente discrecionales ya que siempre, en toda competencia administrativa existe un mayor o menor grado de discrecionalidad y de reglamentación3.

(…).»



s1 Por este aspecto, cabe recordar que el artículo 335 de nuestra Constitución Política reconoce el interés público de las precitadas actividades y de cualquier otra relacionada con el manejo aprovechamiento e inversión de los recursos de los ahorradores, las cuales sólo pueden ser ejercidas previa autorización del Estado y conforme a los términos señalados en la ley.


o2 La evaluación discrecional que adelanta el Superintendente Financiero con el objeto de autorizar la posesión del administrador (v. gr., el representante legal) de una entidad vigilada consiste en la apreciación de hechos de que tenga conocimiento, que no están previamente determinados en la ley, y de los obtenidos por cualquiera de las investigaciones que estime necesarias, a fin de formarse un juicio sobre la persona que pretende ejercer el cargo y determinar si dichas condiciones son tales que le inspiren confianza sobre el carácter, responsabilidad e idoneidad del interesado (sobre este particular se pronunció esta Superintendencia a través del oficio No. 97035988-7 del 29 de septiembre de 1997).


n3 Los comentarios entre paréntesis son nuestros.



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