Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos* de 17 de noviembre de 2009 Caso Montero Aranguren y otros (Retén de Catia) Vs. Venezuela Supervisión de Cumplimiento de Sentencia Visto



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Resolución de la

Corte Interamericana de Derechos Humanos*
de 17 de noviembre de 2009
Caso Montero Aranguren y otros (Retén de Catia) Vs. Venezuela
Supervisión de Cumplimiento de Sentencia

Visto:


  1. La Sentencia de excepción preliminar, fondo, reparaciones y costas (en adelante “la Sentencia”) emitida en el presente caso por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Corte”, “la Corte Interamericana” o “el Tribunal”) el 5 de julio de 2006, mediante la cual dispuso que el Estado de Venezuela (en adelante “el Estado”) debe:

[…]


7. […] emprender, con plena observancia de las garantías judiciales y en un plazo razonable, todas las acciones necesarias para identificar, juzgar y [en su caso] sancionar a todos los responsables de las violaciones cometidas en perjuicio de las víctimas del […] caso, en los términos de los párrafos 137 a 141 de [la] Sentencia[;]
8. […] realizar inmediatamente todas las actuaciones necesarias y adecuadas para garantizar de manera efectiva la ubicación y entrega, en un plazo razonable, de los cuerpos de José León Ayala Gualdrón y Edgar José Peña Marín, en los términos del párrafo 142 de [la] Sentencia[;]
9. […] adecuar, en un plazo razonable, su legislación interna a los términos de la Convención Americana, en los términos de los párrafos 143 y 144 de [la] Sentencia[;]
10. […] adoptar, dentro de un plazo razonable, las medidas necesarias para que las condiciones de las cárceles se adecuen a los estándares internacionales relativos a esta materia, en los términos de los párrafos 145 y 146 de [la] Sentencia[;]
11. […] entrenar y capacitar adecuadamente a los miembros de los cuerpos de seguridad para garantizar efectivamente el derecho a la vida, y evitar el uso desproporcionado de la fuerza. Asimismo, el Estado debe diseñar e implementar un programa de capacitación sobre derechos humanos y estándares internacionales en materia de personas privadas de la libertad, dirigido a agentes policiales y penitenciarios, en los términos de los párrafos 147 a 149 de la […] Sentencia[;]
12. […] realizar, en el plazo de seis meses, contado a partir de la notificación de la […] Sentencia, un acto de reconocimiento de responsabilidad internacional y disculpa pública, en relación con las violaciones declaradas en la misma, en los términos del párrafo 150 de la […] Sentencia[;]
13. […] publicar, en el plazo de seis meses, contado a partir de la notificación de la […] Sentencia, en el Diario Oficial y en otro diario de amplia circulación nacional, por una sola vez, el capítulo relativo a los hechos establecidos de [la] Sentencia, sin las notas al pie de página correspondientes, y la parte resolutiva de la misma[, y]
14. […] realizar los pagos de las indemnizaciones por concepto de daño material e inmaterial, así como el reintegro de costas y gastos en el plazo de un año, contado a partir de la notificación de la […] Sentencia.
[…]


  1. Las comunicaciones de 23 de julio de 2007, 4 de junio y 19 de septiembre de 2008, mediante las cuales el Estado se refirió al cumplimiento de la Sentencia.




  1. Los escritos de 20 de agosto de 2007, 4 de julio de 2008 y 16 de enero de 2009, mediante los cuales los representantes de las víctimas presentaron sus observaciones en relación con el estado de cumplimiento de la Sentencia.




  1. Las comunicaciones de 4 de septiembre de 2007, 28 de julio y 6 de noviembre de 2008, mediante las cuales la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Comisión” o “la Comisión Interamericana”) presentó sus observaciones sobre el estado de cumplimiento de la Sentencia.




  1. Las comunicaciones de 5 de febrero y 17 de diciembre de 2008, mediante las cuales los representantes de las víctimas solicitaron a la Corte Interamericana “la realización de una audiencia pública en relación con el cumplimiento de la [Sentencia,] para determinar el alcance del incumplimiento por parte del Estado”. La misma solicitud fue formulada como parte de las observaciones de los representantes de fechas 20 de agosto de 2007, 4 de julio de 2008 y 16 de enero de 2009.




  1. La Resolución de la Presidenta de la Corte de 4 de agosto de 2009, mediante la cual convocó al Estado, a los representantes y a la Comisión Interamericana a una audiencia privada a celebrarse en San José de Costa Rica, en la sede de la Corte Interamericana, el día 30 de septiembre de 2009, con el propósito de obtener información por parte del Estado sobre el cumplimiento de la Sentencia dictada en el presente caso y escuchar las observaciones de la Comisión Interamericana y de los representantes al respecto.




  1. La audiencia privada celebrada por la Corte en su sede en San José de Costa Rica el 30 de septiembre de 20091. En el curso de dicha audiencia privada el Tribunal obtuvo información por parte del Estado y las observaciones de la Comisión Interamericana y de los representantes sobre las reparaciones pendientes de cumplimiento en el presente caso.




  1. El escrito de 7 de octubre de 2009, mediante el cual el Estado presentó “el cronograma [de cumplimiento] ofrecido durante la audiencia [celebrada] el 30 de septiembre de 2009”, con relación al presente caso.




  1. Las comunicaciones de 21 de octubre de 2009, mediante las cuales los representantes y la Comisión Interamericana, respectivamente, remitieron sus observaciones al cronograma de cumplimiento presentado por el Estado (supra Visto 8).


Considerando:


  1. Que es una facultad inherente a las funciones jurisdiccionales de la Corte el supervisar el cumplimiento de sus decisiones.




  1. Que Venezuela es Estado Parte en la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante “la Convención Americana” o “la Convención”) desde el 9 de agosto de 1977 y reconoció la competencia contenciosa de la Corte el 24 de junio de 1981.




  1. Que el artículo 68.1 de la Convención Americana estipula que “[l]os Estados Partes en la Convención se comprometen a cumplir la decisión de la Corte en todo caso en que sean partes”. Para ello los Estados deben asegurar la implementación a nivel interno de lo dispuesto por el Tribunal en sus decisiones2.




  1. Que en virtud del carácter definitivo e inapelable de las sentencias de la Corte, según lo establecido en el artículo 67 de la Convención Americana, éstas deben ser prontamente cumplidas por el Estado en forma íntegra y dentro del plazo establecido para tal efecto.




  1. Que la obligación de cumplir lo dispuesto en las decisiones del Tribunal corresponde a un principio básico del derecho sobre la responsabilidad internacional del Estado, respaldado por la jurisprudencia internacional, según el cual los Estados deben acatar sus obligaciones convencionales internacionales de buena fe (pacta sunt servanda) y, como ya ha señalado esta Corte y lo dispone el artículo 27 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969, aquéllos no pueden, por razones de orden interno, dejar de asumir la responsabilidad internacional ya establecida. Las obligaciones convencionales de los Estados Partes vinculan a todos los poderes y órganos del Estado3.




  1. Que los Estados Partes en la Convención deben garantizar el cumplimiento de las disposiciones convencionales y sus efectos propios (effet utile) en el plano de sus respectivos derechos internos. Este principio se aplica no sólo en relación con las normas sustantivas de los tratados de derechos humanos (es decir, las que contienen disposiciones sobre los derechos protegidos), sino también en relación con las normas procesales, como las que se refieren al cumplimiento de las decisiones del Tribunal. Estas obligaciones deben ser interpretadas y aplicadas de manera que la garantía protegida sea verdaderamente práctica y eficaz, teniendo presente la naturaleza especial de los tratados de derechos humanos4.




  1. Que los Estados Partes en la Convención que han reconocido la jurisdicción obligatoria de la Corte tienen el deber de acatar las obligaciones establecidas por el Tribunal. Esta obligación incluye el deber del Estado de informar a la Corte sobre las medidas adoptadas para el cumplimiento de lo ordenado por el Tribunal en dichas decisiones. La oportuna observancia de la obligación estatal de indicar al Tribunal cómo está cumpliendo cada uno de los puntos ordenados por éste es fundamental para evaluar el estado del cumplimiento de la Sentencia en su conjunto5.




  1. Que la Corte valora la alta utilidad de la audiencia celebrada para supervisar los puntos pendientes de cumplimiento en el presente caso.

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  1. Que respecto a la obligación de emprender, con plena observancia de las garantías judiciales y en un plazo razonable, todas las acciones necesarias para identificar, juzgar y, en su caso, sancionar a todos los responsables de las violaciones cometidas en perjuicio de las víctimas del presente caso (punto resolutivo séptimo de la Sentencia) el Estado resaltó “que cuando ocurrió esta tragedia en el año de 1992, […] el fiscal 101 del Ministerio P[ú]blico del área Metropolitana de Caracas present[ó] la correspondiente denuncia ante el Poder Judicial y le correspondió a quien encabezaba el Tribunal Vigésimo Noveno de Control ordenar las labores de investigación. Estas labores de investigación fueron muy exiguas, extremadamente ligeras, y nada sistemáticas, no abordaron la situación con logicidad criminal[í]stica, ni el sitio del suceso, no hicieron experticias necesarias, no tomaron las muestras de proyectiles, no se asumió en ese momento la investigación con la seriedad que ten[í]a que asumirse”. Sin embargo, el Estado informó que, posteriormente, el Ministerio Público “ha realizado diversas diligencias encaminadas a dar término a las investigaciones, entre las cuales consta el listado de armas, los archivos de las distintas dependencias oficiales que tuvieron alguna vinculación con los hechos[ y] el rastreo de personas que de acuerdo a las actas pudieron o podrían aportar algún tipo de elemento significativo”. Así, “[e]l Ministerio Público se ha valido de peritaje técnico y científico de alto nivel, que incluye a especialistas en distintas áreas de la criminalística y criminología reforzando la labor del Fiscal del caso en el análisis coherente de la totalidad de las actuaciones que hasta este momento [se] h[an] recabado”. El Estado concluyó señalando que las investigaciones continúan “dirigidas por un [f]iscal con [c]ompetencia [p]lena a [n]ivel [n]acional con el manejo de las actas, practicando diligencias útiles y estudiando la posibilidad de determinar las responsabilidades a las que [haya] lugar”, sin perder de vista que se trata de un hecho “de difícil probanza, debido a que el sujeto activo […] procura ocultar las consecuencias de sus actos y las características criminales de su actuación”.




  1. Que los representantes hicieron referencia “a lo que se desprende de la última revisión [de 29 de septiembre de 2009] realizada en la Fiscalía Trigésima (30°) con Competencia Plena a Nivel Nacional [del] expediente No[.] F30NN-0008-2008 […], en donde se pudo constatar que durante el año 2008 y en lo que va del año 2009 no se ha realizado ninguna actividad de investigación pertinente y relevante para la identificación de los responsables que conste debidamente en el expediente del caso”. “[N]o hay ningún juicio iniciado y mucho menos ningún responsable sancionado. Todos los casos permanecen aún en la etapa inicial del proceso judicial (etapa de investigación) lo cual ha hecho que el caso se mantenga en la más absoluta impunidad”. Para los representantes, “el Estado no [ha] presenta[do] información detallada respecto de los resultados obtenidos en las diversas diligencias y peritajes a los que hace referencia y en qué medida [é]st[o]s han contribuido al avance de las investigaciones”. Además, afirmaron haber tenido muchas dificultades para revisar el expediente, lo que les impide saber “cuáles son las líneas de investigación, cómo se puede coadyuvar de alguna manera [en] la relación que [ellos] t[ienen] con familiares [y] saber por ejemplo si el listado de autoridades de ese momento han sido entrevistadas”. De acuerdo con los representantes, el Estado ha señalado “que se han encontrado falencias en el expediente, faltas de instrucción, líneas de investigación que no fueron abordadas, [lo cual] apunta a responsabilidades que también debieron ser determinadas entonces hacia los fiscales, hacia los jueces, hacia quienes debieron investigar y no lo hicieron[,] contribu[yendo a] la consolidación de la impunidad en un caso que sin duda alguna es emblemático en la historia venezolana”. Por todo ello, los representantes “solicita[ron] a la […] Corte que requiera al Estado venezolano, en un lapso [de] tres (3) meses, la remisión de las copias certificadas del expediente […] No[.] F30NN-008-2008 […] a los fines de constatar el estado actual de las investigaciones”. Asimismo, solicitaron que la Corte inste al Estado venezolano, y en particular al Ministerio Público, a que concluya “de manera satisfactoria con las [investigaciones,] […] identificando y llevando a los presuntos responsables de tales violaciones ante los organismos jurisdiccionales competentes en un plazo razonable”.




  1. Que para la Comisión resulta “preocupa[nte] la falta de adopción de medidas efectivas tendientes a materializar una investigación seria de los hechos ocurridos[, ya que] las únicas diligencias que se han realizado han sido […] de carácter administrativo”. Considerando “que existen inconsistencias entre la información aportada por el Estado y por los representantes en cuanto a las diligencias realizadas, la Comisión [solicitó que la Corte requiera del Estado] copias de las actuaciones efectuadas tras la emisión de la [S]entencia. Asimismo, aunque la [Comisión señaló que] entiende la complejidad aducida por el Estado, consider[ó] que las falencias en las que incurrieron autoridades anteriores no son un pretexto aceptable para no proceder con la debida diligencia en esta etapa”.




  1. Que hace más de tres años, durante la audiencia pública celebrada el 4 de abril de 2006 en el presente caso, el Estado reconoció su responsabilidad y manifestó, inter alia, lo siguiente:

[e]l Estado venezolano el día de hoy ha venido a esta audiencia a expresar el reconocimiento de los hechos, a [...] honrar la memoria de los fallecidos, a reconocer la verdad y a que se haga justicia. El Estado asume como imperativo el reconocimiento de todos los hechos que se le han imputado[. E]s un allanamiento de carácter formal6.


Asimismo, en dicha audiencia, el Estado indicó que “no ha[bía] ningún tipo de reserva [en el allanamiento], por cuanto los internos estaban bajo [su] responsabilidad”7. Además, al dirigirse a las víctimas durante la referida audiencia, el Estado señaló que:
lamenta[ba] profundamente todas las vicisitudes que [las víctimas] pudieron haber pasado y todo el dolor que han sentido a través de estos años [...] porque han sido trece años en los que estaban aspirando a que [se] realizara […] justicia. En este día […]el Estado venezolano tiene la voluntad plena de asumir todas las imputaciones que se le han hecho y reconocer y resarcirles de alguna manera el dolor que han padecido8.
Por último, en el escrito presentado por el Estado durante aquella audiencia pública, Venezuela señaló que:
[…] si bien luego de producirse los acontecimientos se iniciaron por parte de las autoridades locales competentes las averiguaciones del caso, hasta la fecha las mismas no han arrojado resultados precisos que nos lleven a establecer la identidad de los responsables de los delitos, ni la forma en que se produjeron, existiendo hasta ahora un retardo, lo cual el Estado lamenta y reconoce[9.]


  1. Que con base en lo anterior y en el acervo probatorio, este Tribunal declaró en la Sentencia de fondo que las acciones llevadas a cabo por las autoridades venezolanas en el curso de la investigación de los hechos no habían sido suficientes, concluyendo que “prevalec[ía en aquél entonces,] después de trece años[,] la impunidad respecto […] del presente caso”10.




  1. Que la Corte considera que el reconocimiento estatal de responsabilidad debe traducirse en un pronto y efectivo cumplimiento de las órdenes que emite el Tribunal como medidas de reparación. El Estado debe ser consecuente con la aceptación que ha realizado, siendo imperativo que –debido a tal aceptación, a la Sentencia de la Corte y, sobre todo, a los deberes de respeto y garantía a los que se obligó por decisión soberana cuando ratificó la Convención Americana- no reincida en hechos violatorios y no mantenga situaciones incompatibles con la Convención, como lo es la impunidad. Por el contrario, el Estado debe actuar en congruencia con su reconocimiento y en consecuencia con sus obligaciones internacionales, y cumplir la Sentencia que se ha dictado en su contra, reparando a las víctimas en la justa dimensión del daño causado y adoptando las medidas necesarias para que no vuelvan a repetirse hechos similares. Es de resaltar, además, que el contenido inicial de reparación que un allanamiento puede significar para las víctimas y sus familiares se desvanece conforme trascurre el tiempo, si las autoridades estatales permanecen inactivas, sin reparar el daño causado11.




  1. Que la información presentada por las partes en la presente etapa de supervisión de Sentencia demuestra que aún no existen avances en la investigación de los hechos que generaron las violaciones y la identificación y eventual sanción de los responsables. A más de tres años de emitida la Sentencia de fondo, la información presentada por el Estado sobre este punto carece de especificidad y detalle con relación a las diligencias que supuestamente se han llevado a cabo en las investigaciones, y en cuanto a los resultados obtenidos. El Estado se ha limitado a señalar, de manera general, que ha realizado diversas diligencias, sin explicar la relevancia que tienen éstas en el cumplimiento de lo ordenado en la Sentencia. Además, el Estado tampoco ha remitido prueba que permita a este Tribunal valorar la efectividad de aquellas supuestas diligencias que el Estado informa está adoptando. Ante esta falta de información clara, precisa y completa sobre las medidas que el Estado ha adoptado o piensa adoptar para dar cumplimiento a este extremo de la Sentencia, el Tribunal considera que las violaciones declaradas en el presente caso se mantienen en impunidad, transcurridos más de diecisiete años de los hechos.




  1. Que conforme a la obligación de garantía consagrada en el artículo 1.1 de la Convención Americana, el Estado tiene el deber de evitar y combatir la impunidad, la cual ha sido definida por la Corte como “la falta en su conjunto de investigación, persecución, captura, enjuiciamiento y condena de los responsables de las violaciones de los derechos protegidos por la Convención Americana”12. Al respecto, la Corte ha advertido que el Estado “tiene la obligación de combatir tal situación por todos los medios legales disponibles, ya que la impunidad propicia la repetición crónica de las violaciones de derechos humanos y la total indefensión de las víctimas y sus familiares”13. Esta obligación implica el deber de los Estados Partes en la Convención de organizar todo el aparato gubernamental y, en general, todas las estructuras a través de las cuales se manifiesta el ejercicio del poder público, de manera tal que sean capaces de asegurar jurídicamente el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos14.




  1. Que en casos de graves violaciones a los derechos humanos, como las declaradas en la Sentencia en el presente caso, “la realización de una investigación ex oficio, sin dilación, seria, imparcial y efectiva, es un elemento fundamental y condicionante para la protección de ciertos derechos que se ven afectados o anulados por esas situaciones, como los derechos a la libertad personal, integridad personal y vida”15. En esta línea, este Tribunal ha declarado que una investigación no debe emprenderse “como una simple formalidad condenada de antemano a ser infructuosa”16, sino que “debe tener un sentido y ser asumida por el Estado como un deber jurídico propio y no como una simple gestión de intereses particulares, que dependa de la iniciativa procesal de la víctima o de sus familiares o de la aportación privada de elementos probatorios, sin que la autoridad pública busque efectivamente la verdad. Esta apreciación es válida cualquiera sea el agente al cual pueda eventualmente atribuirse la violación, aun los particulares”17. Asimismo, la Corte ha precisado que una investigación debe llevarse a cabo “por todos los medios legales disponibles”18 y dentro de un plazo razonable19.




  1. Que la obligación de investigación no puede ser ejecutada de cualquier manera, sino que debe realizarse de acuerdo a los estándares establecidos por las normas y la jurisprudencia internacionales que las caracterizan como investigaciones prontas, exhaustivas, imparciales e independientes20.




  1. Que la falta de justicia es uno de los motivos primarios por los que las víctimas acuden al Sistema Interamericano. Del mismo modo, la orden de procesar y sancionar a los perpetradores y descubrir la verdad de los hechos es una de las decisiones esenciales contenidas en las sentencias de la Corte, puesto que supone una satisfacción moral para las víctimas; permite la superación emocional de las violaciones cometidas; restablece las relaciones sociales; contribuye a evitar la repetición de los hechos; ayuda a eliminar el poder que eventualmente puedan tener los perpetradores, y significa la realización de la justicia que aplica las consecuencias que en Derecho corresponde, sancionándose a quien lo merece y reparándose a quien es debido.




  1. Que la Corte ha señalado que “[u]n procesamiento que se desarrolla hasta su conclusión y cumpla su cometido es la señal más clara de no tolerancia a las violaciones a los derechos humanos, contribuye a la reparación de las víctimas y muestra a la sociedad que se ha hecho justicia”21. Esto no ha sido satisfecho por Venezuela en el presente caso. Todo lo contrario, la falta de justicia en el presente caso continúa afectando a los familiares de las víctimas. Además, la omisión del Estado fomenta la repetición de hechos violatorios, profundiza la impunidad, desacredita el Estado de Derecho e incumple compromisos internacionales.




  1. Que en razón de lo expuesto, el Tribunal considera que el Estado ha incumplido con lo ordenado en el punto resolutivo séptimo de la Sentencia y, asimismo, ha incumplido con su deber de remitir información clara y específica al respecto. Por lo tanto, la Corte considera imprescindible que el Estado informe acerca de los procesos seguidos a nivel interno en relación con el presente caso tras la emisión de la Sentencia de fondo, acompañando las piezas de los respectivos expedientes que se estimen relevantes. De esta manera, el Estado deberá explicar de manera detallada y precisa cuáles han sido los resultados alcanzados y cómo las diligencias adoptadas resultan efectivas para identificar, juzgar y, en su caso, sancionar a todos los responsables de las violaciones cometidas en perjuicio de las víctimas del presente caso.


  1. Que adicionalmente, este Tribunal recuerda lo establecido en el párrafo 139 de la Sentencia respecto al cumplimiento de la presente obligación, en el sentido que el Estado debe asegurar que los familiares de las víctimas tengan pleno acceso y capacidad de actuar en todas las etapas e instancias de las investigaciones, de acuerdo con la ley interna y las normas de la Convención Americana, y que los resultados de las investigaciones sean públicamente divulgados por el Estado, de manera tal que la sociedad venezolana pueda conocer la verdad acerca de los hechos del caso.

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  1. Que respecto a la obligación de llevar a cabo inmediatamente todas las actuaciones necesarias y adecuadas para garantizar de manera efectiva la ubicación y entrega, en un plazo razonable, de los cuerpos de José León Ayala Gualdrón y Edgar José Peña Marínel (punto resolutivo octavo de la Sentencia), el Estado indicó que “ha realizado todas las diligencias necesarias y adecuadas para garantizar […] la entreg[a] de los cuerpos de las dos víctimas a sus familiares”. Añadió que “los cuerpos de [las víctimas] fueron ubicados en el Municipio Guaicaipuro, Los Teques[,] Estado Miranda[,] y que dichas víctimas se encontraban inhumadas desde el año 1992 en el Cementerio Municipal de San Pedro de los Altos”. El Estado destacó que el 19 de diciembre de 2007 y el 16 de julio de 2008, “se cit[ó] a los familiares de las víctimas a los fines de coordinar lo relacionado a la exhumación y entrega de los cuerpos y que […] los familiares de las víctimas no se presentaron ante el Despacho Fiscal”. De acuerdo con el Estado, próximamente, “el Fiscal comisionado hará un [nuevo] llamado a las víctimas[ s]upervivientes[, familiares] de los fallecidos, a los efectos de que aporten la denominada información pre-mortem y así proceder a realizar las correspondientes exhumaciones para la entrega de los cuerpos”. “De acuerdo con información aportada por el Ministerio Público, la Unidad de Investigaciones Genéticas del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas se encuentra preparada para tomar las muestras y producir el banco de datos genéticos que siempre resulta necesario para patentizar los hechos”. Así, “[e]l Ministerio Público ha informado que la [e]xhumación alcanzará un término máximo de 2 meses, mientras que la identificación y entrega de los cuerpos, […] podrá ser alcanzada a mediados de junio del año 2010”.




  1. Que en cuanto a la ubicación y entrega de los cuerpos de las víctimas, los representantes señalaron que las primeras solicitudes de comparecencia mencionadas por el Estado fueron recibidas el 27 de diciembre de 2007, es decir, “se hicieron en medio de las festividades navideñas, época en que la mayoría de las personas tom[a] su período vacacional”, razón por la cual informaron a la Fiscalía telefónicamente que dos de las tres personas citadas “se encontraban en ciudades del interior del país, […] por lo que se les hacía imposible acudir el día 28 de diciembre de 2007 a la [misma]”. Igualmente, precisaron que los familiares de las víctimas comparecieron ante el Ministerio Público el 16 de julio de 2008 y que “dichas entrevistas se centraron en la descripción de rasgos fis[o]nómicos de las víctimas fallecidas”. Concretamente, los representantes destacaron que el 26 de agosto del 2008 y recientemente, el 24 de septiembre de 2009, “los familiares de las víctimas y su representante solicitaron [ante la Dirección de Protección de Derechos Fundamentales de la Fiscalía General de la República], la práctica de la prueba de ADN como la prueba más confiable para que estas identificaciones puedan ser realmente adecuadas”. Sin embargo, hasta la fecha, “la Fiscalía Trigésima no ha recibido respuesta de [dicha] Dirección […] y tampoco consta en el expediente que se hayan realizado tales diligencias”. Además, para los representantes, “el hecho de que el Estado indique que los procesos de exhumación no se iniciarán hasta que los familiares no aporten los datos requeridos resulta inaceptable[,] ya que[…] tales datos ya han sido aportados por los familiares en reiteradas oportunidades”. Asimismo, los representantes resaltaron que “la Fiscalía Trigésima (30°) con Competencia plena a Nivel Nacional del Ministerio P[ú]blico, ha manifestado que los procesos de exhumación no se han iniciado, entre otras [razones], porque no se ha definido qui[é]n deberá correr con los gastos que estos procesos impliquen, indicando que debería considerarse la posibilidad de que los familiares de las v[í]ctimas corrieran con dichos gastos”. Adicionalmente, los representantes consideraron que “los procesos de exhumación que se lleven a cabo para la entrega de los restos de las v[í]ctimas fallecidas deben ser realizados por expertos internacionales independientes que garanticen a los familiares de las víctimas la plena identificación de sus seres queridos”. Sin perjuicio de ello, indicaron que “en un plazo máximo de diez días el Estado debe remitir […] información detallada sobre el plan de acción que desarrollará para la localización, identificación y entrega a los familiares, de los cuerpos de [las víctimas]”. Asimismo, señalaron que el Estado deberá “permit[ir] la participación de los familiares de las v[í]ctimas en dichos procesos”. Por último, indicaron que “este procedimiento de exhumación e identificación y documentación de las lesiones debería culminarse en un plazo máximo de dos meses”.




  1. Que la Comisión “reconoc[ió] los esfuerzos del Estado” para cumplir con la obligación de ubicar y entregar los cuerpos de José León Ayala Gualdrón y Edgar José Peña Marín, pero “consider[ó] que el Estado debe continuar informando periódicamente sobre avances en este proceso[, e]specialmente […] teniendo en cuenta que los representantes han manifestado en varias ocasiones su inquietud sobre el mecanismo de identificación de los cuerpos”.




  1. Que de la información presentada por las partes se desprende que los cuerpos de los señores José León Ayala Gualdrón y Edgar José Peña Marín aparentemente han sido ubicados (supra Considerandos 23, 24 y 25). Sin embargo, corresponde al Estado proceder a realizar los trámites necesarios para exhumarlos, identificarlos y, en caso de que efectivamente se trate de los cuerpos de las referidas víctimas, entregarlos a sus familiares. Según el escrito de 7 de octubre de 2009 remitido por el Estado, el proceso de exhumación podrá realizarse dentro de los próximos dos meses, es decir, antes de que finalice el año 2009, y la identificación y entrega de los cuerpos se llevaría a cabo a mediados de junio del año 2010 (supra Considerando 23). Sin embargo, el Estado también indicó que los procesos de exhumación no se iniciarán hasta que los familiares aporten algunos datos “pre-mortem” requeridos y, según indicaron los representantes, el Estado alegadamente rehúsa iniciar las exhumaciones hasta que se aclare quién correrá con los gastos correspondientes (supra Considerando 24). Sobre este punto, el Tribunal reitera lo señalado en el párrafo 142 de la Sentencia en el que se establece que es el Estado el que debe cubrir todos los gastos de entrega de los cuerpos de las dos víctimas a sus familiares, así como los gastos de entierro en los que ellos puedan incurrir. Asimismo, según informan los representantes, los datos “pre-mortem” requeridos por el Estado aparentemente ya han sido aportados por los familiares cuando éstos comparecieron ante el Ministerio Público el 16 de julio de 2008 (supra Considerando 24). Por lo tanto, corresponde al Estado proceder a dar inicio al proceso de exhumación, identificación y, en su caso, entrega de los restos mortales. De lo contrario, el Estado deberá informar a este Tribunal cuáles datos, diferentes a los ya provistos por los familiares, son requeridos, así como los motivos por los cuales se requieren, para poder iniciar el proceso de exhumación.




  1. Que el Estado deberá realizar el proceso de exhumación, identificación y entrega de los restos mortales en forma rigurosa,
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