Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 25 de noviembre de 2008 Medidas Provisionales



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Resolución de la


Corte Interamericana de Derechos Humanos

de 25 de noviembre de 2008

Medidas Provisionales


Respecto del Brasil
Asunto de los niños y adolescentes privados de libertad

en el “Complexo do Tatuapé” de la Fundação CASA

Visto:

1. La Resolución del Presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Corte Interamericana”, “la Corte” o “el Tribunal”) de 17 de noviembre de 2005, y las Resoluciones emitidas por la Corte el 30 de noviembre de 2005, el 4 de julio de 2006 y el 3 de julio de 2007. En ésta última, el Tribunal resolvió:

1. Reiterar al Estado que mantenga y adopte de forma inmediata las medidas que sean necesarias para proteger la vida e integridad personal de todos los niños y adolescentes residentes en el “Complexo do Tatuapé” de la “Fundação CASA”, así como la de todas las personas que se encuentren en el interior de éste. Para ello, deberá continuar la adopción de todas las medidas necesarias para prevenir los brotes de violencia, así como para garantizar la seguridad de los internos y mantener el orden y la disciplina en el citado centro.
2. Reiterar al Estado que mantenga las medidas necesarias para impedir que los jóvenes internos sean sometidos a tratos crueles, inhumanos o degradantes, entre ellos encierros prolongados y maltratos físicos.
3. Reiterar al Estado que, sin perjuicio de las medidas de implementación inmediata ordenadas en los puntos resolutivos anteriores, mantenga y adopte todas aquellas medidas necesarias para: a) reducir sustancialmente el hacinamiento en el “Complexo do Tatuapé”, b) decomisar las armas que se encuentren en poder de los jóvenes, c) separar a los internos, conforme a los estándares internacionales sobre la materia y teniendo en cuenta el interés superior del niño, y d) brindar la atención médica necesaria a los niños internos, de tal forma que se garantice su derecho a la integridad personal. En ese sentido, el Estado deberá realizar una supervisión periódica de las condiciones de detención y del estado físico y emocional de los niños detenidos, que cuente con la participación de los representantes de los beneficiarios de las […] medidas provisionales.
4. Reiterar al Estado que reali[zara] todas las gestiones pertinentes para que las medidas de protección se planifiquen e implementen con la participación de los representantes de los beneficiarios de las medidas y que, en general, los mant[uviera] informados sobre el avance de su ejecución.
5. Reiterar al Estado que facilit[ara] el ingreso de los representantes de los beneficiarios de las medidas a las unidades del “Complexo do Tatuapé”, así como la comunicación entre éstos y los jóvenes internos, la cual deberá ser realizada en la forma más reservada posible, a fin de evitar la intimidación de los adolescentes durante las entrevistas.
6. Reiterar al Estado que remit[iera] a la Corte una lista actualizada de todos los jóvenes que residen en el “Complexo do Tatuapé”.
7. Declarar que en el […] procedimiento de medidas provisionales no entrará a considerar la efectividad de las investigaciones de los hechos que dieron origen a las medidas, ni a la supuesta negligencia del Estado en tales investigaciones, puesto que corresponden al examen del fondo del asunto que será tratado en la etapa oportuna de la tramitación del caso 12.328, actualmente en conocimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

[…]
2. Los informes décimo al décimo segundo y sus anexos, remitidos entre el 8 de agosto de 2007 y el 22 de enero de 2008, mediante los cuales la República Federativa del Brasil (en adelante “el Estado” o “Brasil”) informó sobre las acciones realizadas en relación con las medidas provisionales ordenadas por la Corte en este asunto.


3. Los escritos presentados por los representantes de los beneficiarios de las medidas provisionales (en adelante “los representantes”) entre el 7 de septiembre de 2007 y 6 de marzo de 2008, mediante los cuales remitieron sus observaciones a los informes estatales noveno al décimo segundo. Además, los representantes enviaron un escrito el 30 de mayo de 2008, mediante el cual informaron a la Corte las razones que les impedían elaborar un informe sobre las condiciones en las cuales se encontraban los beneficiarios de las medidas provisionales.


  1. Los escritos presentados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Comisión Interamericana” o “la Comisión”) entre los días 24 de octubre de 2007 y 4 de abril de 2008, mediante los cuales remitió sus observaciones a los informes estatales noveno al décimo segundo sobre la implementación de las medidas provisionales ordenadas por la Corte, así como a las observaciones presentadas por los representantes.




  1. La Resolución de la Presidenta del Tribunal de 10 de junio de 2008, en consulta con los demás jueces de la Corte, mediante la cual resolvió convocar a las partes a una audiencia pública el 13 de agosto de 2008, a celebrarse en la ciudad de Montevideo, República Oriental del Uruguay, durante el XXXV Período Extraordinario de Sesiones, “con el propósito de que el Tribunal recib[iera] sus alegatos sobre las medidas provisionales ordenadas en el presente asunto”.




  1. La Resolución de la Corte Interamericana de 8 de agosto de 2008, mediante la cual decidió comisionar a los Jueces Diego García-Sayán, Presidente en ejercicio, Sergio García Ramírez, Manuel E. Ventura Robles, Leonardo A. Franco, Margarette May Macaulay y Rhadys Abreu Blondet, para asistir a la audiencia pública sobre el presente asunto (supra Visto 5). De acuerdo al Considerando tercero de dicha Resolución, “los Jueces de la Corte Interamericana que integran el Tribunal en el presente [asunto] continuarán con el conocimiento del mismo hasta su conclusión, independientemente de su participación en la audiencia pública”.




  1. La audiencia pública sobre las presentes medidas provisionales, llevada a cabo el 13 de agosto de 20081; los alegatos orales expuestos por las partes en la referida audiencia; y el décimo tercer informe del Estado y el escrito de los representantes de los beneficiarios –este último acompañado de anexos- presentados al Tribunal en dicha oportunidad.




  1. El escrito de 5 de septiembre de 2008, mediante el cual los representantes señalaron sus observaciones al décimo tercer informe estatal con relación a las presentes medidas.




  1. Los dos escritos del Estado de 18 de septiembre de 2008 y sus anexos, mediante los cuales el Estado remitió: a) el escrito original de su décimo tercer informe y sus anexos que se encontraban pendientes de ser recibidos; y b) la información adicional sobre el cumplimiento de las medidas provisionales en relación con la solicitud del Presidente en ejercicio del Tribunal en ocasión de la audiencia pública celebrada el 13 de agosto de 2008 sobre el presente asunto (supra Visto 7).




  1. El escrito de 17 de octubre de 2008, presentado luego de una prórroga concedida por la Presidenta del Tribunal, mediante el cual los representantes sometieron sus observaciones al escrito de información adicional presentado por el Estado respecto del cumplimiento de las presentes medidas (supra Visto 9).




  1. El escrito de 24 de noviembre de 2008, presentado luego de un prórroga concedida por la Presidenta de la Corte hasta el 1º de noviembre de 2008, mediante el cual la Comisión Interamericana presentó sus observaciones al décimo tercer informe y al escrito de información adicional presentados por el Estado, y a las observaciones de los representantes respecto del cumplimiento de las medidas provisionales (supra Vistos 7 al 10).

Considerando:

1. Que el Brasil es Estado Parte en la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante, “la Convención Americana” o “la Convención”) desde el 25 de septiembre de 1992 y, de acuerdo con el artículo 62 de la Convención, reconoció la competencia contenciosa de la Corte el 10 de diciembre de 1998.

2. Que el artículo 63.2 de la Convención Americana dispone que, en “casos de extrema gravedad y urgencia, y cuando se haga necesario evitar daños irreparables a las personas”, la Corte podrá, en los asuntos que aún no estén sometidos a su conocimiento, a solicitud de la Comisión, ordenar las medidas provisionales que considere pertinentes.

3. Que en relación con esta materia, el artículo 25 del Reglamento de la Corte establece que:

1. En cualquier estado del procedimiento, siempre que se trate de casos de extrema gravedad y urgencia y cuando sea necesario para evitar daños irreparables a las personas, la Corte, de oficio o a instancia de parte, podrá ordenar las medidas provisionales que considere pertinentes, en los términos del artículo 63.2 de la Convención.

2. Si se tratare de asuntos aún no sometidos a su conocimiento, la Corte podrá actuar a solicitud de la Comisión.

[…]

4. Que en razón de su competencia, en el marco de medidas provisionales la Corte debe considerar únicamente argumentos que se relacionen estricta y directamente con la extrema gravedad, urgencia y necesidad de evitar daños irreparables a las personas. Es así que a efectos de decidir si se mantiene la vigencia de las medidas provisionales el Tribunal debe analizar si persiste la situación de extrema gravedad y urgencia que determinó su adopción, o bien, si nuevas circunstancias igualmente graves y urgentes ameritan su mantenimiento. Cualquier otro asunto sólo puede ser puesto en conocimiento de la Corte a través de los casos contenciosos correspondientes2.



*

* *


  1. Que en su Resolución de 17 de noviembre de 2005, el Presidente del Tribunal estimó que “de los antecedentes presentados por la Comisión en este [asunto] se desprend[ía] prima facie que […] prevalec[ía] en el Complexo do Tatuapé una situación de extrema gravedad y urgencia, de manera que la vida y la integridad de los niños y adolescentes privados de libertad en dicho centro est[aban] en grave riesgo y vulnerabilidad”3, por lo que determinó la urgente protección de su vida e integridad personal. Ante la persistencia de la situación descrita, la Corte reiteró al Estado la orden de adoptar medidas de protección a favor de los beneficiarios mediante sus resoluciones de 30 de noviembre de 2005, 4 de julio de 2006 y 3 de julio de 2007 (supra Visto 1).



  1. Que los hechos que sucedieron desde la Resolución emitida por el Presidente de la Corte en el presente asunto el 17 de noviembre de 2005, ameritan el análisis de la actual situación de los beneficiarios y la adopción de la presente Resolución.



  1. Que respecto de las medidas adoptadas para proteger la vida e integridad de los beneficiarios, el Estado indicó que había emprendido sus mejores esfuerzos para el cumplimiento de las medidas ordenadas por la Corte y que, entre otras acciones, promovió la atención psicosocial, médica y pedagógica de los adolescentes; creó canales de comunicación con la sociedad para garantizar su participación en la aplicación de las medidas socio-educativas de internación de los adolescentes; estableció nuevas propuestas pedagógicas que contribuyen a reducir el tiempo de la internación y el 10 de octubre de 2007, cumplió con el compromiso de desactivar el Complexo do Tatuapé con el traslado de los últimos internos a unidades mejores, cerca de la residencia de sus padres o responsables. En su último informe, el Estado señaló que al 29 de agosto de 2008, de los 1.803 beneficiarios originales 102 continuaban privados de libertad en la Fundação CASA, en las siguientes unidades de internación: Casa Sorocaba, Internato Franco da Rocha, Tapajós, Casa Cereja, IPIR, Internato Encosta Norte, Internato Vila Conceição, Itaquera, Juquiá, Rio Sena, Rio Paraná, Rio Tocantins, Cedro, Jatobá, Nogueira, Vila Leopoldina, Adoniran Barbosa, Nova Vida, Paulista, Casa Mogi Mirim II, Internato Jequitibá, Ribeiro Preto, Araçá, Rio Dourado, Três Rios y Itaquá. De acuerdo con el Estado, dichas unidades presentan condiciones adecuadas de habitabilidad, con la debida infraestructura y funcionarios capacitados. Asimismo, el Estado suministró al Tribunal un informe individualizado, elaborado por profesionales de las áreas psicosocial, pedagógica, de salud y de seguridad, sobre el tratamiento recibido por cada uno de los 102 beneficiarios durante el cumplimiento de sus medidas socio-educativas. El Estado también presentó datos sobre la capacidad de cada unidad de internación y el número de adolescentes que se encontraban en cada una de ellas, demostrando que no hay sobrepoblación en las unidades de referencia. Finalmente, solicitó el levantamiento de las presentes medidas provisionales en tanto no persiste la situación de extrema gravedad y urgencia que motivó la adopción de las mismas.



  1. Que, asimismo, el Estado informó que en los últimos tres años invirtió más de setenta millones de dólares para construir 36 nuevas unidades de internación, con capacidad para acoger un total de 2.208 internos, evitando así el hacinamiento en todas las unidades de la Fundación en el estado de São Paulo. También destacó que el índice de los adolescentes que cumplieron medidas socio-educativas en la Fundación y que reincidieron en prácticas criminales, el cual correspondía a 29% en 2006, sufrió una reducción y actualmente es de 17% de los jóvenes internos. Asimismo, el número de rebeliones en las unidades de la Fundação CASA, que llegó a 80 incidentes en 2003, se redujo a cinco rebeliones en 2007 y a solamente dos en 2008. De igual forma, el Estado alegó que cualquier acto de violencia ocurrido en la Fundação CASA es inmediatamente investigado por su órgano administrativo-disciplinario, y que los funcionarios procesados son suspendidos de sus funciones y no trabajan directamente con los internos hasta el fin del procedimiento investigativo. En cuanto al acceso de las organizaciones de la sociedad civil a las unidades de la Fundação CASA, adujo que el 1º de diciembre de 2007, al entrar en vigor el nuevo Reglamento Interno de la Fundación, la decisión administrativa No. 90/2005 fue revocada, permitiéndose el acceso amplio e irrestricto de los representantes y otras organizaciones de la sociedad civil a todas las unidades de internación.



  1. Que respecto de los últimos hechos que habrían ocurrido en otras unidades de la Fundação CASA mencionados por los representantes en la audiencia pública (supra Visto 7), el Estado informó que: a) el episodio de violencia ocurrido en el Complexo Franco da Rocha el 13 de julio de 2008 consistió en un conflicto entre funcionarios e internos, resultando en lesiones físicas no solamente a los adolescentes, sino también a algunos empleados de la institución. Asimismo, sobre el adolescente W.M.R. encontrado sin vida en la unidad 21 del Complexo Franco da Rocha en febrero de 2008, informó que el interno no era beneficiario de las medidas provisionales y que su muerte resultó de agresiones perpetradas por otros internos; b) el beneficiario R.R.S.B., que falleció cuando estaba internado en la unidad de Pirituba, tenía problemas psiquiátricos; que la policía condujo una investigación sobre esta muerte y todo indica que el joven habría cometido suicidio, y c) respecto de las unidades de internación en las que, según los representantes, habrían ocurrido hechos recientes de violencia, “ninguna de estas unidades […] tiene beneficiarios [de las presentes medidas]”.



  1. Que los representantes afirmaron, entre otros, que dos semanas antes de su cierre, visitaron el Complexo do Tatuapé y constataron situaciones violatorias de los derechos humanos de los adolescentes. Asimismo, señalaron que los beneficiarios han sido trasladados a otras unidades de internación de la Fundación, las cuales, en general, se caracterizan por la sobrepoblación, las condiciones inadecuadas de habitabilidad y salubridad, la práctica de tortura y malos tratos perpetrados por funcionarios contra los internos, y el aislamiento prolongado de éstos como forma de sanción disciplinaria. Los representantes también señalaron que el Estado recurrió la decisión del Tribunal de Justicia del Estado São Paulo de 5 mayo de 2008, que ordenó la revocación de la decisión administrativa No. 90/2005, la cual impedía la entrada de los representantes y de otras organizaciones de la sociedad civil a las unidades de internación. Afirmaron, además, que los mismos funcionarios que habían sido acusados de practicar actos de violencia contra los beneficiarios también fueron transferidos a otras unidades de la Fundación, y continúan trabajando y conviviendo con los adolescentes. A juicio de los representantes, las violaciones a las que estaban sometidos los adolescentes no cesaron. En este sentido, relataron hechos de violencia que habrían ocurrido en unidades de la Fundación en las que no se encuentran beneficiarios de las presentes medidas y respecto de las unidades en las que se encuentran beneficiarios, manifestaron que:



    1. el beneficiario R.R.S.B. fue encontrado sin vida en el Internato Pirituba el 20 de mayo de 2008, aparentemente por haberse suicidado. Al respecto, los representantes destacaron que las autoridades de la Fundación tenían conocimiento, sobre todo a través de comunicaciones de su madre, de que dicho interno tenía problemas psiquiátricos, un historial de inestabilidad emocional y había intentado suicidarse anteriormente. No obstante, el beneficiario no recibió del Estado la atención que su estado de salud exigía;



    1. en junio de 2008, la prensa brasileña informó que, luego de una rebelión, siete adolescentes se evadieron de la unidad Encosta Norte. Como consecuencia de dicha rebelión un adolescente y tres funcionarios fueron heridos;



    1. entre el 11 de septiembre y el 16 de octubre de 2008, los representantes visitaron ocho unidades de la Fundación CASA4, y en algunas de ellas les fueron relatados, entre otras situaciones, episodios de agresión perpetrados por funcionarios, dificultades con respecto a las visitas de los familiares, malas condiciones de habitabilidad, problemas de salud de los internos y deficiencia en la atención médica.

En términos generales, los representantes solicitaron a la Corte analizar el mantenimiento de las presentes medidas con base en dos criterios, es decir, “tom[ando] en cuenta aquellas unidades donde haya beneficiarios transferidos desde el [Complexo do Tatuapé] y adicionalmente [evaluando] si en esos lugares existen situaciones o hechos que generen […] una situación de riesgo inminente a la vida, a la integridad física, [y] a los derechos del niño de esos adolescentes”. Asimismo, resaltaron que el Estado presentó la lista de unidades en las cuales se encontraban los beneficiarios recién en su escrito de 18 de septiembre de 2008, por lo que los representantes no contaron con tiempo suficiente para visitar las unidades ubicadas en el interior del estado de São Paulo. En consecuencia, solicitaron al Tribunal “que mantenga las medidas provisionales de forma de permitir la continuidad del monitoreo y de la evaluación de [todas] las unidades [en las que se encuentran los beneficiarios y que] la real situación a que están sometidos los beneficiarios sea conocida por los representantes de los mismos, […] por la Comisión Interamericana [y por la] Corte”.

  1. Que la Comisión manifestó que pese a los avances producidos en el sistema de atención a los adolescentes en conflictos con la ley, las medidas provisionales no pueden ser cumplidas simplemente con la desactivación del Complexo do Tatuapé y el traslado de los internos. El Estado debe garantizar de forma efectiva a los niños y adolescentes su vida e integridad personal y condiciones apropiadas de detención. La Comisión expresó su preocupación por la situación actual de los beneficiarios y los nuevos incidentes de violencia, hacinamiento, encierros prolongados y otros hechos divulgados en la prensa brasileña que habrían ocurrido en la Fundação CASA. Alegó que ha tomado conocimiento de denuncias de malos tratos físicos y abusos sexuales practicados por funcionarios contra adolescentes internados en la institución, aunque no se brindó información específica sobre quienes serían las víctimas o cuándo habrían ocurrido los hechos. En su escrito de 24 de noviembre de 2008, la Comisión afirmó que tomaba nota de la información proporcionada por el Estado y de las preocupaciones expuestas por los representantes, y que consideraba “que corresponde al Tribunal evaluar la pertinencia de mantener la vigencia de [las] medidas provisionales”.

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  1. Que el Estado tiene, respecto de todas las personas bajo su jurisdicción, las obligaciones generales de respetar y garantizar el pleno goce y ejercicio de sus derechos, que se imponen no sólo en relación con el poder del Estado sino también frente a actuaciones de terceros particulares. De estas obligaciones generales derivan deberes especiales, determinables en función de las particulares necesidades de protección del sujeto de derecho, ya sea por su condición personal – en el presente asunto por tratarse de niños y adolescentes – o por la situación específica en que se encuentre5, como es el caso de la detención. La Corte ha señalado la especial posición de garante que adquiere el Estado frente a las personas detenidas, a raíz de la particular relación de sujeción existente entre el interno y el Estado. En dicha situación el deber estatal general de respetar y garantizar los derechos adquiere un matiz particular que obliga al Estado a brindar a los internos, “con el objetivo de proteger y garantizar [su] derecho a la vida y a la integridad personal, […] las condiciones mínimas compatibles con su dignidad mientras permanecen en los centros de detención”6. El Tribunal también ha manifestado que “cuando el Estado se encuentra en presencia de niños privados de libertad […], debe asumir su posición especial de garante con mayor cuidado y responsabilidad, y debe tomar medidas especiales orientadas en el principio del interés superior del niño”7.

13. Que la Corte no puede, ante una solicitud de medidas provisionales, considerar argumentos relativos al fondo de la cuestión sometida a su conocimiento, ni alegatos que no se relacionen estrictamente con la extrema gravedad, urgencia y necesidad de evitar daños irreparables a las personas. Cualquier otro asunto sólo puede ser puesto en conocimiento de la Corte en los casos contenciosos o en las solicitudes de opiniones consultivas8.

14. Que este Tribunal observa que la mejora y corrección de la situación de todas las unidades que componen la Fundação CASA es un proceso que requerirá por parte del Estado la adopción de medidas a corto, mediano y largo plazo para enfrentar los problemas estructurales que afectan a todos los niños y adolescentes que allí cumplen medidas socio-educativas. El deber de adoptar tales medidas deriva de las obligaciones generales de respeto y garantía de los derechos, adquiridas por el Estado al ratificar la Convención Americana. La compatibilidad de las medidas adoptadas con los estándares de protección fijados por el sistema interamericano debe ser evaluada en el momento apropiado, es decir, en la etapa de fondo del caso 12.328, actualmente en conocimiento de la Comisión Interamericana.

15. Que las presentes medidas provisionales fueron adoptadas en relación con la situación particular de extrema gravedad y urgencia que fue informada respecto de una de las unidades de la Fundação CASA, el Complexo do Tatuapé.

16. Que las medidas provisionales tienen un carácter excepcional, son dictadas en función de las necesidades de protección y, una vez ordenadas, deben mantenerse siempre y cuando la Corte considere que subsisten los requisitos básicos de la extrema gravedad y urgencia y de la prevención de daños irreparables a los derechos de las personas protegidas por ellas9.

17. Que desde la Resolución del Presidente en este asunto de 17 de noviembre de 2005, se han producido notables avances en el cumplimiento de las medidas provisionales. En ese sentido, el Estado continuó la desactivación paulatina del Complexo do Tatuapé, trasladando los beneficiarios a otras unidades de la Fundación –las cuales conforme a las constancias del expediente no presentarían sobrepoblación–, considerando para ello, entre otros criterios, la proximidad entre el nuevo centro de internación y la residencia de los padres o responsables de los beneficiarios.

18. Que una vez que culminó el proceso de traslado de la totalidad de los beneficiarios a otros centros, el Complexo do Tatuapé fue completamente desactivado y, el 16 de octubre de 2007, el Estado procedió a destruir sus instalaciones.

19. Que, por otra parte, el Estado ha cumplido con su deber de informar al Tribunal periódicamente sobre las gestiones que ha realizado para implementar las presentes medidas; presentó la lista de beneficiarios que aún se encontraban privados de libertad y un informe individualizado sobre su estado de salud y demás condiciones, elaborado por profesionales de las áreas psico-social, pedagógica, de salud y de seguridad, y el listado de los centros a los que los beneficiarios habían sido trasladados (supra Considerando 7).

20. Que, finalmente, la Corte observa que el Estado adoptó diversas medidas, entre otras, la construcción de nuevas unidades de internación de acuerdo a un nuevo patrón estructural y sistema pedagógico de la Fundação CASA, en las que habría invertido en los últimos tres años más de setenta millones de dólares; la revocación de la decisión administrativa No. 90/2005; cambios institucionales que han llevado a la reducción del número de rebeliones en las unidades de la Fundación y del índice de adolescentes que reinciden en hechos delictivos luego de cumplir medidas socio-educativas.

21. Que la Corte valora el esfuerzo realizado por el Estado y considera que los hechos que motivaron la adopción de las presentes medidas en favor de determinadas personas que en ese entonces se encontraban privadas de libertad en el Complexo do Tatuapé ya no subsisten. Esta conclusión no ha sido desvirtuada con los elementos acercados al presente procedimiento de medidas provisionales, respecto de aquellos beneficiarios que fueron trasladados y aún se encuentran en determinadas unidades de la Fundação CASA.

22. Que la Corte valora el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil que han aportado información y observaciones durante la vigencia de las presentes medidas provisionales y resalta la importancia de que el Estado continúe garantizando el acceso de los representantes de dichas organizaciones a los centros de detención.



Por Tanto:

La Corte Interamericana de Derechos Humanos,

en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 63.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el artículo 25.2 del Estatuto de la Corte, y los artículos 4, 14.1, 25.7 y 29.2 del Reglamento de la Corte,



Resuelve:

1. Levantar las medidas provisionales ordenadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en sus Resoluciones de 30 de noviembre de 2005, 4 de julio de 2006 y 3 de julio de 2007, respecto de los niños y adolescentes privados de libertad en el Complexo do Tatuapé de la Fundação CASA.

2. Requerir a la Secretaría de la Corte notificar la presente Resolución al Estado del Brasil, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a los representantes de los beneficiarios.

3. Archivar el expediente del presente asunto.


Redactada en español, portugués e inglés, haciendo fe el texto en español, en San José, Costa Rica, el día 25 de noviembre de 2008.

Cecilia Medina Quiroga

Presidente
Diego García-Sayán Sergio García Ramírez
Manuel Ventura Robles Leonardo A. Franco

Margarette May Macaulay Rhadys Abreu Blondet


Pablo Saavedra Alessandri

Secretario


Comuníquese y ejecútese,

Cecilia Medina Quiroga

Presidente

Pablo Saavedra Alessandri

Secretario




1 A esta audiencia comparecieron: a) por la Comisión Interamericana: Juan Pablo Albán Alencastro y Lilly Ching Soto; b) por los representantes de los beneficiarios: Viviana Krsticevic, Beatriz Affonso, Helena de Souza Rocha, Gorete Marques de Jesus, Tiane Gaspar Temoteo, Adriane Loche y Heloisa Machado; y c) por el Estado de Brasil: Paulo Vannuchi, Marcia Ustra, Cristina Timponi Cambiaghi, Bartira Meira Ramos Nagado, Ana Lucy Gentil Cabral Peterson, Nathanael de Souza e Silva, Berenice Maria Giannella, Marcos Fábio de Oliveira Nusdeo, y Antonio Ferreira Pinto.


2Cfr. Asunto James y Otros. Medidas provisionales respecto de Trinidad y Tobago. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 29 de agosto de 1998, Considerando sexto; Asunto de la Cárcel de Urso Branco. Medidas Provisionales respecto de Brasil. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 2 de mayo de 2008, Considerando quinto, y Asunto del Internado Judicial Capital El Rodeo I y El Rodeo II. Medidas provisionales respecto de Venezuela. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 8 de febrero de 2008, Considerando décimo.


3 Cfr. Asunto de los niños y adolescentes privados de libertad en el “Complexo do Tatuapé” de FEBEM. Medidas provisionales respecto de Brasil. Resolución del Presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 17 de noviembre de 2005, Considerando noveno.

4Las unidades visitadas fueron las siguientes: Bela Vista, Abaeté y Adoniran Barbosa, del Complexo de Vila Maria; Tapajós (UI-29), Internato Franco da Rocha y Unidad 21, del Complexo de Franco da Rocha; la unidad Vila Leopoldina, y la unidad Três Rios de Iaras. Además, los representantes visitaron el Núcleo de Atención Integral al Adolescente (NAISA), encargado de brindar la atención médica a los adolescentes internados, del Complexo de Vila Maria. De las visitas realizadas, los representantes constataron la presencia de beneficiarios internados en las unidades Adoniran Barbosa, Tapajós, Internato Franco da Rocha, Vila Leopoldina y Três Rios.

5Cfr. Caso de la Masacre de Pueblo Bello vs. Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 31 de enero de 2006. Serie C No. 140, párr. 111; Asunto de la Cárcel de Urso Branco, supra nota 2, Considerando décimo noveno; y Caso Albán Conejo y Otros. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 22 de noviembre de 2007. Serie C No. 171, párr. 120.


6Cfr. Caso Instituto de Reeducación del Menor vs. Paraguay. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 2 de septiembre de 2004. Serie C No. 112, párr. 159; Asunto de la Cárcel de Urso Branco, supra nota 2, Considerando décimo noveno; y Asunto del Internado Judicial Capital El Rodeo I y El Rodeo II, supra nota 2, Considerando décimo primero.


7 Cfr. Caso de los “Niños de la Calle” (Villagrán Morales y otros) vs Guatemala. Fondo. Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 19 de noviembre de 1999. Serie C No. 63, párr. 146 y 191; Caso de los Hermanos Gómez Paquiyauri vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 8 de julio de 2004. Serie C No. 110, párr. 124, 163-164; Caso Instituto de Reeducación del Menor, supra nota 6, párr. 160.


8Cfr. Asunto James y Otros, supra nota 2, Considerando sexto; Asunto del Internado Judicial Capital El Rodeo I y El Rodeo II. Medidas provisionales respecto de Venezuela. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 8 de febrero de 2008, Considerando décimo: y Asunto de la Emisora de Televisión “Globovisión”. Medidas Provisionales respecto de Venezuela. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 21 de noviembre de 2007, Considerando décimo cuarto.


9 Cfr. Caso del Tribunal Constitucional. Medidas Provisionales respecto del Perú. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 14 de marzo de 2001, Considerando tercero; Asunto Carlos Nieto Palma y Otro. Medidas Provisionales respecto de Venezuela. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 5 de agosto de 2008, Considerando décimo sexto; y Caso de la Masacre Mapiripán. Medidas Provisionales respecto de Colombia. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 3 de mayo de 2008, Considerando séptimo.




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