Responsabilidad del estado elementos / daño antijuridico elemento de la responsabilidad del Estado / imputacion juridica elemento de la responsabilidad del Estado



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RESPONSABILIDAD DEL ESTADO - Elementos / DAÑO ANTIJURIDICO - Elemento de la responsabilidad del Estado / IMPUTACION JURIDICA - Elemento de la responsabilidad del Estado / EJECUCION DEL CONTRATO ESTATAL - Daño / EJECUCION DEL CONTRATO ESTATAL - Responsabilidad del Estado / EJECUCION DE OBRA PUBLICA - Responsabilidad del Estado / OBRA PUBLICA - Estado. Dueño de la obra / PRINCIPIO UBI EMOLUMENTUM IBI ONUS ESSE DEBET - Responsabilidad del Estado frente a los daños ocasionados en le ejecución de una obra publica
Son supuestos de la responsabilidad del Estado el daño que consiste en la lesión o menoscabo del derecho o situación de la cual es titular un sujeto de derecho y la imputación jurídica del mismo, que consiste en la atribución jurídica del daño, que se funda en la prueba del vínculo existente entre el daño antijurídico y la acción u omisión del ente demandado. En el caso concreto se analiza la responsabilidad del municipio de Medellín por la ocurrencia de un daño que se vincula a la ejecución de una obra que contrató. Al respecto resulta ilustrativo señalar que la ley y la jurisprudencia han sido claras en señalar que es procedente imputar al Estado el daño padecido por los ejecutores de la obra o por terceros ajenos a ella, en consideración a su condición de dueña de la misma. Así lo explicó la Sala, con fundamento en que “el régimen de responsabilidad que se aplica frente a los daños derivados de la ejecución de una obra pública, debe definirse con fundamento en el principio ubi emolumentum ibi onus esse debet (donde está la utilidad debe estar la carga) que hace responsable de los perjuicios a quien crea la situación de peligro, toda vez que cuando la administración contrata la ejecución de una obra pública es como si la ejecutara directamente.” Se advierte además que la entidad puede obtener de su contratista o asegurador el reembolso de lo pagado por concepto de la indemnización a terceros, en consideración a que el primero asume esa obligación al contratar con el Estado, como también la de garantizar las indemnizaciones por daños causados al personal utilizado para la ejecución del contrato o a los terceros, conforme lo prevé la ley 80 de 1993, arts. 25 numeral 19 y 60 de la Ley 80 de 1993), en el entendido de que “dicha circunstancia, por sí sola no exime de responsabilidad a la entidad propietaria de la obra pública, sin perjuicio de que pueda obtener el reembolso de las sumas pagadas del contratista o de la compañía de seguros.” Nota de Relatoría: Ver Sentencia Expediente No. 14.397 proferida el 28 de noviembre de 2002 por la Sección Tercera del Consejo de Estado, reiterada en sentencia 15059 proferida el 9 de julio de 2005; Sentencia expediente 15059 proferida el 9 de junio de 2005; Sentencia No. 14.397 proferida el 28 de noviembre de 2002. de la Sección Tercera del Consejo de Estado
CONTRATISTA - Llamado en garantía / LLAMAMIENTO EN GARANTIA - Contratista / RESPONSABILIDAD SOLIDARIA - Contratista. Reembolso / CONTRATISTA - Reembolsos
Como en el presente caso el contratista compareció como llamado en garantía por el municipio no resultaba procedente declararlo solidariamente responsable por los daños probado en el proceso y es por tanto acertada la declaratoria de responsabilidad de la entidad, conforme lo dispuso el Tribunal, sin perjuicio del derecho a obtener del contratista el reembolso del valor total de la indemnización pagada a los demandantes, toda vez que el contratista se obligó para con el Municipio a indemnizar los perjuicios que se pudieran causar con la ejecución del contrato de obra. No obstante lo anterior, como el tribunal dispuso que el municipio “podrá repetir” contra el particular contratista, se impone modificar dicha decisión, en el entendido de que el municipio llamó en garantía a su contratista y la sentencia resolvió la relación jurídica existente entre los dos. Por esta razón, la Sala declarará la obligación del contratista particular a rembolsar a la entidad el 100% del valor de la condena.

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCION TERCERA
Consejero ponente: RAMIRO SAAVEDRA BECERRA

Bogotá, D.C., tres (3) de mayo de dos mil siete (2007)


Radicación número: 05001-23-26-000-1994-00422-01(19420)
Actor: MARIA EUGENIA JARAMILLO CARDENAS Y OTRO
Demandado: MUNICIPIO DE MEDELLIN

Referencia: CONSULTA SENTENCIA INDEMNIZATORIA
Decide la Sala del grado jurisdiccional de consulta de la sentencia del 29 de junio de 2000, por medio de la cual el Tribunal Administrativo de Antioquia dispuso lo siguiente:
1) Declárese administrativamente responsable al Municipio de Medellín, por los daños y perjuicios sufridos por la señora María Eugenia Jaramillo Cárdenas y su hijo menor May Esteban Chica Jaramillo a raíz de la muerte del señor Rafael Antonio Chica Idárraga, en hechos ocurridos en la ciudad de Medellín el día 1º de diciembre de 1993.
2) Como consecuencia se condena a dicha entidad a pagar por concepto de los perjuicios materiales a la señora María Eugenia Jaramillo Cárdenas la suma de $29.477.220.oo y a su hijo menor May Esteban Chica Jaramillo, la suma de $11.689.804.oo.

3) De la misma manera y por concepto de perjuicios morales se le condena a pagar a María Eugenia Jaramillo Cárdenas y a su hijo menor May Esteban Chica Jaramillo, el equivalente en pesos a mil (1000) gramos oro para cada uno.
4) El Municipio de Medellín podrá repetir del señor Héctor Alfonso Giraldo en un ciento por ciento 100% de lo que en esta providencia se ordene pagar.
5) El señor Héctor Alfonso Giraldo podrá repetir en un 20% en contra de la señora Astrid Gaviria Jiménez y de Luis Guillermo Múnera quiénes son solidariamente responsables.
6) El señor Héctor Alfonso Giraldo podrá repetir de la compañía de seguros “El Cóndor S.A.” por la suma de $16.697.700.
7). Désele cumplimiento al presente fallo en los término establecidos en los artículos 177 y 178.
8). Conforme al artículo 171 del C.C.A., subrogado por el artículo 55 de la ley 446 de 1998, no considera la Sala que sea dable la condena en costas a la parte demandada” (fols. 330 a 331 c. ppal).

ANTECEDENTES PROCESALES



1. La Demanda
Fue presentada el 13 de abril de 1994, por intermedio de apoderado judicial, en ejercicio de la acción de reparación directa prevista en el artículo 86 del C.C.A. por María Eugenia Jaramillo Cárdenas, quién manifestó ser esposa y obrar en nombre propio y en el del menor May Esteban Chica Jaramillo hijo del occiso, con el objeto de que se hicieran las siguientes declaraciones y condenas:
PRIMERA: Que se declare que el municipio de Medellín es, responsable solidariamente de todos los daños y perjuicios sufridos por mis mandantes, con ocasión del accidente de tránsito narrado en el hecho 5 de este líbelo y acaecido por FALLA EN EL SERVICIO prestado por el municipio Medellín con fundamento en el contrato 810 de 1993, suscrito por éste y el contratista HÉCTOR ALFONSO GIRALDO LONDOÑO, en el que perdió la vida el señor RAFAEL CHICA IDARRAGA, hecho ocurrido en la ciudad de Medellín el 1º de diciembre de 1993.
SEGUNDA: Que como consecuencia de la anterior declaración el MUNICIPIO DE MEDELLÍN, sea condenado a pagar a los demandantes, dentro del término señalado en el artículo 176 del C.C.A., el valor correspondiente a los daños y perjuicios que a continuación se relacionan (...)” (fols 37 a 38 c.1)
Como fundamento de sus pretensiones, la parte actora expuso lo siguiente:

1. En el año de 1993 se celebró el contrato No 810 entre el municipio de Medellín representado por el Alcalde doctor Luis Alfredo Ramos Botero y el contratista Héctor Alfonso Giraldo Londoño, este último se comprometió a ejecutar la CONSTRUCCIÓN DE CORDONES, ANDENES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN DISTINTOS SITIOS DE LA CIUDAD.



2. En ejecución de la obra, se adelantó la demolición y construcción del cordón central de la calle 80 que, para el primero de diciembre de 1993, avanzaba a la altura de la calle 49 y 48, acumulando los trabajadores de dicha obra, montañas de escombros a lado y lado del cordón central, sin ningún tipo de señalización.

3. Para la época en que se adelantaron dichas reparaciones, la iluminación en el sector de la carrera 80 entre las calles 49 y 48, era muy deficiente, presentándose para el primero de diciembre de 1993, varios connatos de accidentes, que obligaron a los vecinos del sector a efectuar llamadas de auxilio a la secretaría de transporte y tránsito y a las demás autoridades competentes.

4. El día primero del mes de diciembre de 1993, aproximadamente a las 12:15 de la noche en la ciudad de Medellín, por la carrera 80 en sentido de Sur – Norte, se desplazaba el vehículo automotor de servicio público, taxi de placas TIS 407, afiliado a la empresa Transesa, línea 323NT, carrocería Sedan 4 puertas, modelo 93, color amarillo, motor E5-74600, chasis 323 nt5-00450 llevando como ocupantes el conductor del mismo de WILLIAM DE JS. AGUDELO CADAVID y como pasajero al señor RAFAEL ANTONIO CHICA IDAGARRA.

5. A la altura de la carrera 80 con la calle 48 B (frente a Casa Sierra ), el vehículo de placas TIS – 407, en marcha, fue embestido brutalmente, por el vehículo de placas KFE – 615, conducido por la señorita ASTRID GAVIRIA JIMÉNEZ y de propiedad del señor LUIS GUILLERMO MÚNERA, clase campero, cabinado modelo 1985, color gris plateado, motor 4G54HN1501, chasis L042GHJ400265 de servicio particular que se desplazaba por la carrera 80 en sentido Norte - Sur, quién al esquivar una montaña de escombro, patinó sobre unas piedras que le hicieron peder el control, saltar sobre el separador central y caerle encima al taxi, descapotándolo y causando la muerte inmediata del conductor WILLIAM DE JESÚS AGUDELO CADAVID, y la muerte mediata de RAFAEL ANTONIO CHICA IDAGARRA .., en policlínica municipal a las 12:45 de la noche, aproximadamente.

6. El señor RAFAEL ANTONIO CHICA IDARRAGA, contrajo matrimonio por los ritos de la iglesia católica, con la señora MARÍA EUGENIA JARAMILLO CARDENAS, el primero (1) de agosto de 1982.
7. De dicha unión se procreó el menor MAY ESTEBAN CHICA JARAMILLO, nacido el 4 de mayo de 1983.
8. El señor RAFAEL CHICA IDARRAGA, al momento de su muerte se desempeñaba como auxiliar de mecánica al servició del señor JORGE VELÁSQUEZ en taller de su propiedad en la calle 40 # 92 – 30 de la ciudad de Medellín, percibiendo por su trabajo, un salario mínimo legal.
9. Del ingreso mensual el señor CHICA IDARRAGA, destinaba para la manutención de su familia y la educación de su hijo el 80% de lo percibido.
10. La muerte del señor CHICA IDARRAGA, ha causado honda tristeza en su familia y gran desequilibrio económico.
11. El señor CHICA IDARRAGA, contaba con treinta y ocho años cumplidos al momento de su muerte.
12. El accidente fue atendido por el guarda de tránsito municipal, señor NELSON FIGUEROA, con placas de identificación No. 242, quién por la gravedad del accidente elaboró informe # 93-0041603, croquis adicional e informe adicional. (fols. 35 a 36 c.1)
2. Actuación Procesal
2.1 La demanda fue admitida mediante providencia del 2 de mayo de 1994, que fue notificada por aviso a la parte demandada el 1º de junio de 1994. El 8 de junio siguiente el Alcalde de Medellín Luis Alfredo Ramos Botero manifestó haberse dado por notificado de la demanda. (fols. 42, 43 y 49 c.1)
2.2 El municipio de Medellín, a través de apoderado judicial y en la oportunidad procesal, contestó la demanda mediante escrito en el que se opuso a las pretensiones de la demanda, reconoció como ciertos algunos hechos y en síntesis manifestó:

-. El accidente en que perdió la vida el señor RAFAEL CHICA IDAGARRA, el primero de diciembre de 1993, se dio única y exclusivamente por la intervención de un tercero, dada las siguientes circunstancias en las que perdió la vida: 1... la colisión se da por exceso de velocidad del vehículo conducido por la señora Astrid Gaviria Jiménez y además se presentó en la prueba de alcoholemia de ésta, estado de alicoramiento. 2. Si bien es cierto, en el lugar en que ocurrió el accidente de tránsito, se venía ejecutando una obra pública contratada por el municipio de Medellín con el señor Héctor Alfonso Giraldo, los trabajos no eran de tal magnitud que ocasionara el accidente, en virtud de que los montículos se encontraban pegados al separador de la vía, alcanzando una altura de tan solo 50 cm, y ocupaban apenas medio carril, teniendo en cuenta que la calzada esta diseñada para dos carriles.”


.- La calzada por la que transitaba la señorita Astrid Gaviria J., a pesar del montículo, estaba habilitada para dos carriles y en un momento adecuado y a velocidad permitida - 60 km/h - le resultaba fácil maniobrar el obstáculo, dado que en ese momento no había tránsito vehicular por esa calzada.
.- Conducir a exceso de velocidad, con iluminación deficiente y los reflejos disminuidos por el efecto del alcohol, no es otra cosa que asumir un riesgo que pone en peligro la vida de otras personas y la suya propia.
.- La obra pública que se realizaba al momento del in suceso, no fue causa eficiente del accidente de tránsito, con lo cual se rompe el nexo causal; el daño se dio por el hecho de un tercero, lo que exonera de responsabilidad al Municipio y por ello se solicita desestimar las súplicas de la demanda (fols. 43 a 48 c.1).

2.3 El municipio de Medellín, llamó en garantía al señor Héctor Alfonso Giraldo, identificado con la C.C. No 70.515.598 de Medellín, para que en su condición de contratista de la obra del cordón central – contrato 810 de 1993 – asumiera la eventual indemnización o el reembolso del pago que se decretara en el proceso (fols. 134 a 136 c.1).


2.5 Mediante auto del 19 de septiembre de 1994, el Tribunal aceptó el llamamiento en garantía que formuló el municipio de Medellín al señor Héctor Alfonso Giraldo Londoño. Este fue notificado personalmente de la decisión el 11 de octubre de 1994 (fols. 159 a 162 c.1).
2.6 El llamado en garantía, Héctor Alonso Giraldo Londoño, contestó la demanda en oportunidad, mediante escrito en el que se opuso a lo pedido en la demanda, con fundamento en lo siguiente:
.- No es cierto que el siniestro haya ocurrido por hecho imputable a culpa, negligencia o descuido de quienes ejecutaban la obra en el sector ya que como lo demuestra la llamante en garantía, la orden de iniciar los trabajos de demolición y construcción de cordón central de la carrera 80 entre calles 50 (Colombia) y 44 (San Juan), fue dada el día 16 de noviembre de 1993. Fecha a partir de la cual se iniciaron las obras contratadas.
.- La obra llevaba en su desarrollo normal un total de 14 días e igual número de noches, sin que hasta ese 1 de diciembre hubiese ocurrido algún accidente de índole ni riesgo a peatones o vehículos.
.- El accidente ocurrió por causa ajenas a la obra en construcción, esto es, por la imprudencia y culpa exclusiva de un tercero. Según datos consignados en el informe de accidente de tránsito suscrito por el guarda Nelson Figueroa con placa No. 247 adscrito a la secretaría de Transporte y Tránsito de Medellín, la conductora del vehículo realizó varios comportamientos contrarios a lo recomendado en el ejercicio de actividades peligrosas, toda vez que i) inobservó las señales de peligro; Debido a que si se observa el punto No. 1 señalado en el croquis se determina el sentido que llevaba el campero y, cotejado con la fotografía numero No. 1 que se anexa, no se tuvo en cuenta tres señales de tránsito como son, dos canecas pegadas al piso con cemento y en medio de estas una valla de peligro en madera en la que se resalta el color AMARILLO, el cual afirma, se hace mas visibles durante la noche máxime en el sector donde ocurrió el accidente por tratarse de una prolongada recta; en la fotografías se puede observar a demás que con las actividades realizadas era casi escaso el escombro acumulado”; ii) iba a exceso de velocidad, “entre el punto 1 (indicativo de la trayectoria del campero) y el lugar por donde éste saltó el separador para caer en carril contrario a su sentido de circulación aparecen varias huellas de frenada de éste vehículo interrumpidas, con una dimensión la última de ésta de 18 metros ininterrumpidos antes de saltar el separador para caer al piso como lo indica el croquis, siendo el quemón de las llantas uno de los determinantes para mirar si el estado de velocidad supera los límites establecidos, conforme a los cálculos físicos, según el articulo 148 del Código Nacional de Tránsito”; iii) impericia en la ejecución de una actividad peligrosa, “debido a que, entre el punto en que perdió el control el vehículo conducido por la señorita Astrid Gaviria J. y el lugar de impacto con el automotor en que se desplazaba la víctima existe una gran distancia, tomando en cuenta las trayectorias tomadas de izquierda a derecha y viceversa, antes de superar el alto cordón para pasar al otro carril, imputándole además la imprudencia al desarrollar excesiva velocidad a su móvil, convirtiéndose estos dos sucesos en causa determinante para que ocurrieran el accidente.”; iv) falta o deficiencia del servicio de iluminación en el sector, “como lo afirman los testigos y el guarda de la secretaría de tránsito.
Finalmente manifestó que “a) Toda entidad oficial, incluyendo en ellas el municipio de Medellín, antes de firmar el contrato de ejecución de obras con el tercero (contratista) exige como requisito indispensable una fianza o garantía, la cual es tasada previendo todos los imprevistos que pudieran presentarse durante el desarrollo de la obra, bien sea conflictos laborales, contractuales por incumplimiento, de responsabilidad civil extracontractual o como en este caso acciones de reparación directa. b) Prestada la fianza queda respondiendo por el contratista y hasta el ciento por ciento el monto asegurado, la Compañía ASEGURADORA y por lo que exceda de la fianza responde la entidad oficial, en éste caso el municipio de Medellín. …” (fol. 159 a 161, 163 a 176 c.1)
2.7 El señor Héctor Alfonso Giraldo, llamado en garantía formuló denuncia del pleito contra Luis Guillermo Munera, dueño del vehículo, Astrid Gaviria Jiménez, quien conducía el vehículo y a la compañía de Seguros CONDOR S.A., quien afianzó al contratista.
2.8 El 8 de noviembre de 1994 el Tribunal admitió como llamamiento en garantía la que fue solicitada como denuncia del pleito y dispuso las notificaciones pertinentes (fols. 198 a 199 c.1).
2.9 El 13 de diciembre fue notificado personalmente Seguros CONDOR S.A., quien manifestó su acuerdo con el llamamiento en garantía. Respecto de las pretensiones y hechos de la demanda, explicó: Llegándose a probar que fue la imprudencia de la conductora del vehículo de placas KFE 615, ASTRID GAVIRIA JIMÉNEZ, la causante del accidente que produjo la muerte del señor RAFAEL CHICA, no tendría ninguna responsabilidad el contratista, puesto que la colisión y sus consecuencias serían sólo el resultado de un hecho culposo imputable a la referenciada conductora y por ende tampoco, la compañía aseguradora. (...) si bien, CONDOR S.A., COMPAÑÍA DE SEGUROS GENERALES, afianzó al señor HECTOR GIRALDO LONDOÑO con respecto a los perjuicios que de la ejecución del contrato con el municipio de Medellín se derivan, la denuncia del pleito, se hizo por un hecho que es resultado de la culpa exclusiva de la conductora del vehículo de placas KFE L15… hace desaparecer la obligación indemnizatoria de la persona jurídica que representó.” (fols. 209 ss c.1)
2.10 A los señores Luis Guillermo Múnera y Astrid Gaviria Jiménez no fue posible notificarlos personalmente, se les emplazó en los términos legales y, ante su falta de comparecencia, estuvieron representados por un curador ad litem, quien contestó la demanda mediante escrito en el que manifestó que el accidente no se produjo por fallas imputables a sus representados. Dijo en síntesis: i)efectivamente se estaba realizando una construcción, pero se desconoce si había efectivamente suficientes señales de indicación del correspondiente peligro; ii) no está probado el exceso de velocidad, “debido a que la versión de la señorita Astrid Gaviria es completamente diferente.”; iii) según testimonios obrantes en el proceso, sí se presentaron accidentes por causa de las obras; iv) es imposible que el exceso de velocidad fuese el causante del accidente; v) los daños deben ser reparados por el contratista de la obra.
Formuló como excepción la culpa exclusiva de los que denuncian el pleito con fundamento en que: Por el hecho de que de acuerdo a lo expuesto y, lo que se logre demostrar durante el desarrollo del presente proceso, la culpa del accidente se debe única y exclusivamente a la falta de señalización adecuada en el lugar donde se adelanta la correspondiente obra. Y en consecuencia quienes tienen la obligación de tomar las precauciones y colocar las correspondientes señales son precisamente el municipio y el contratista” (fols. 202, 208, 219 a 221; 21 a 54, c.1).
2.11 Audiencia de conciliación fracasada, debido a que la señora apoderada del municipio manifestó no tener ánimo conciliatorio (fol. 294 c.1)

3. La sentencia recurrida
El Tribunal declaró la responsabilidad patrimonial del Municipio de Medellín, por la muerte del señor Rafael Antonio Chica Idarraga, con fundamento en que el accidente en que éste perdió la vida tuvo por causa: la falta de señalización en el lugar donde el contratista llevaba a cabo las obras ordenadas por el municipio y los escombros existentes en dicho sitio, lo que hizo que el vehículo conducido por la señora Gaviria perdiera el control e impactara con el automotor tipo taxi donde iga (sic) como pasajero el señor Chica Idarraga y ..la velocidad e imprudencia de la señora Gaviria en la conducción del vehículo ”
Consideró que el municipio de Medellín es directamente responsable ante los actores, porque en la producción del daño fue determinante la ejecución de una obra pública que había contratado con un particular. Precisó también que el señor Héctor Alfonso Giraldo, llamado en garantía por la entidad, debe rembolsar al Municipio lo que este pague a las víctimas, con fundamento en que el contrato de obra suscrito entre los dos así lo prevé (cláusula vigésima tercera). Dijo que en la producción del accidente fue determinante el exceso de velocidad de la conductora del vehículo Luz Astrid Gaviria, razón por la cual ésta y el dueño del bien, Luis Guillermo Munera, deben responder ante el contratista Hector Alfonso Giraldo. Concluyó el Tribunal:
Al considerar entonces la Sala, que en la trágica muerte del señor Rafael Chica Idarraga, ocurrida el uno de diciembre de 1993, en la carrera 80 con la calle 48B, confluyeron como causas del mismo, la no señalización adecuada por parte del contratista Héctor Alfonso Giraldo, quién llevaba a cabo la realización de una serie de obras públicas ordenadas por el municipio de Medellín y el exceso de velocidad he imprudencia de Astrid Gaviria Jiménez conductora del vehículo tipo campero de placas TIS 407 de propiedad del señor Luis Guillermo Múnera, el cual impactó con el carro de servicio público de placas KFE 615 y donde iba como pasajero el señor Chica. Se harán los siguientes pronunciamientos:
Se declarará responsable al Municipio de Medellín, quién podrá repetir del señor Giraldo en un ciento por ciento de lo que en esta providencia se ordene pagar. A su vez el mencionado señor, podrá repetir en un cincuenta por ciento de lo que deba pagar tato de la conductora del vehículo particular señora Gaviria, como de su propietario señor Múnera, quiénes son solidariamente responsable
Además podrá repetir de la compañía de Seguros “ El Cóndor S.A.”, hasta por la suma de $16.697.700, conforme a la póliza de Seguros No 19952, tomada por esa compañía en los eventos de responsabilidad civil, tal como aparece a folios 181 a 182 .” (Fols. 310 a 331 c. ppal).
4.- Mediante providencia sin fecha el Tribunal negó la aclaración de la sentencia solicitada por el municipio de Medellín, con fundamento en que la misma era en verdad una solicitud de modificación del fallo.
En el mismo proveído adicionó el fallo para señalar la procedencia del grado jurisdiccional de consulta por tratarse de una indemnización cuya sumatoria asciende a los 300 SMLM exigidos por la ley. (fols. 338 a 341 c. 1)

4. Trámite de la segunda instancia

4.1 La compañía “El Cóndor S.A.” interpuso recurso de apelación que fue declarado desierto mediante auto del 6 de abril de 2001, en consideración a que no se sustentó dentro de los 3 días dispuestos. En la misma providencia se dispuso seguir con el trámite del grado jurisdiccional de consulta (fols. 342 a 348 c.ppal).


4.2 En la etapa de escritos finales las partes y el Ministerio Público guardaron silencio.
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