Revista internacional de derecho romano



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Todos los indicios muestran que a partir de los Graco se enciende una gran lucha política en primer lugar entre los propios optimates, y a lo largo del s. I a.C. entre éstos y los populares, o desde un punto de vista excesivamente simplificador entre el partido conservador y el partido democrático, movimiento iniciado con los hermanos Graco59 a finales del s. II a. C., y complicado extraordinariamente a lo largo de la siguiente centuria por la confrontación entre grandes personalidades a cuyo alrededor se creaban grandes alianzas aglutinadas por la esperanza de adquirir poder y riquezas, una vez decaído el sentimiento idealista de la época gracana60. Smith61 atribuye a los Gracos, reformadores abstractos, la responsabilidad de haber sido los primeros en haber infringido el equilibrio constitucional del Estado, y por tanto haber iniciado la obra de ruptura política de la República, tesis rechazada por De Martino que le achaca ser tan conservadora como la visión de la nobilitas. También Badian62 critica el idealismo de Smith, pero no cabe duda que desde el punto de vista de la historia constitucional romana los Gracos supusieron el punto de arranque del agotamiento de la constitución republicana63 que se consumaría a lo largo del s. I a. C. Conviene que nos detengamos algo sobre la época gracana porque ha sido objeto de grandes controversias, desde los que consideran que suponía un cierto socialismo no pacifista sino militarista como defendieron Pöhlmann64, Fraccaro65, Göhler66, y de alguna manera también Rosenberg67, hasta los que lo niegan absolutamente como de De Martino68 que no admite el encaje del movimiento gracano en el socialismo antiguo69, en primer lugar porque no admite que se pueda hablar correctamente de socialismo para algunas concepciones colectivísticas de la Antigüedad, y además porque el movimiento gracano sólo se dirigía a un mejor reparto de la propiedad privada70 y esto no basta para definirlo como socialista. Para ser así dice De Martino “si sarebbe dovuto proporre di abolire i rapoporti di dominazione di classe e quindi la liberazione degli schiavi, l’emancipazione economica della plebe e prima di tutto la fine del potere economico della nobilitas e degli equites, tutte finalità che non eran affatto non dirò poste, ma nemmeno vagamente sentite dai riformatori gracchani”.

Entiendo que estos mismos razonamientos pueden aplicarse a la lucha política del s. I a. C. que en ningún modo tendían a reformar las bases de la constitución republicana, aunque sí hay una clara aspiración a limitar el poder de la nobilitas después de los abusos conservadores de la política dictatorial de Sila. Mas bien se puede encuadrar la lucha política del último siglo republicano a la represión de la corrupción por parte de los populares contra los abusos de la nobilitas, y un hombre ilustrado como Cic. no deja de mostrar su oposición a todo intento de reforma agraria, tema tabú para la oligarquía que había provocado el asesinato de Tiberio Graco tras la aprobación de la lex Sempronia Agraria (T. Gracchi)71, que en realidad no era otra cosa que poner en ejecución lo prescrito en la lex Licinia Sextia de modo agrorum del 367 a. C., que no la cumplieron ni uno de sus proponentes (L. Licinio Stolon). El hecho es que en el 132 fueron declarados hostes populi Romani los seguidores de la factio gracana, aunque los tres viri agris adsignadis comenzaron a actuar con un mar de dificultades, hasta que en el 123 obtiene el tribunado de la plebe Cayo Sempronio Graco, hermano de Tiberio que desde el primer momento dirigió su actuación a socavar el predominio de la nobilitas. Cayo se propone repristinar la lex agraria de Tiberio en todos sus efectos, introduciendo algunas innovaciones como la prohibición a los asignatarios de tierras de enajenar inter vivos los lotes recibidos72. Esta política innovadora gracana sufrió la feroz oposición de la clase senatorial; si a Tiberio le opuso a su colega en el tribunado C. Octavio, a Cayo le opusieron a Livio Druso, y en la refriega sobre la aplicación de la lex Sempronia de civitate sociis danda es asesinado Cayo Graco, que dio lugar a que el Senado por medio de un senatusconsultum ultimum declarara a los gracanos hostes Populi Romani sin poder acogerse al ius provocationis. La lucha en aquellos momentos entre la factio popularis y los conservadores que detentaban el poder debió ser terrible, porque el cónsul Lucio Opimio que actuó de presidente del tribunal extraordinario qur se creó ad hoc condenó a muerte a más de tres mil seguidores gracanos.



En realidad lo que demuestran las grandes agitaciones sociales y políticas de época gracana era la existencia de una grave crisis de la República73, que se prolongará durante la primera mitad del s. I a. C., primero con la Guerra Social y el pavoroso problema de los socii italici deseosos de participar en los beneficios de la potencia hegemónica, mas tarde con la revuelta de Spartaco, y finalmente con la lucha entre los sobrevivientes del primer triumvirato: César y Pompeyo en el tormentosísimo período de las Guerras Civiles74. Llegados hasta aquí no cabe duda que la situación envolvía una gran lucha política, apoyándose constantemente César en la factio popularis proponiendo junto a medidas estrictamente personales (dictador a perpetuidad en el 49), otras medidas claramente favorables a los estratos mas desprotegidos de la sociedad romana. En definitiva la lucha entre optimates y populares marcaron tanto la lucha política como la actividad legislativa de este período. La perspicacia política de Quinto Cic. había advertido a su hermano en cu carrera hacia el consulado que podía lograr ventajas cultivando a ambos grupos, a los consulares con los que coincidía Cic. en los asuntos públicos, y al grupo de populares asociados entonces con Pompeyo75. Que fueran o no partidos políticos en el sentido moderno es algo que se sigue y seguirá discutiendo. Puede decirse que la ciencia romananística mayoritaria representada por autores del relieve de Gelzer, Altheim, Kornemann, Wirzubski, Ross Taylor, considera que no se puede hablar propiamente de partidos políticos en el sentido moderno de la palabra, estables, permanentes, con organización y programas propios: todo lo más de conflictos de grandes personalidades. A mi modo de ver, aunque no fueran partidos políticos en el sentido moderno, también parece algo simplificador centrar en torno a personalidades singulares los únicos ejes de la lucha política, porque a la base de estas luchas habían conflictos sociales, y en ocasiones hasta una auténtica lucha de clases. Ya hemos dicho que las fuentes coetáneas son en su mayor parte de inspiración aristocrática, lo que las lleva a dar un juicio peyorativo sobre los populares; que incluso alguno de estos autores antiguos estaba guiado por ambiciones personales y no por elevadas convicciones democráticas es algo que no podemos poner en duda, del mismo modo que detrás de los jefes conservadores estaba la oligarquía que pretendía mantener sus privilegios, por lo que parece indudable que ambos grupos políticos tenían sus propios fines e intereses concretos.

Se puede por tanto hablar de un programa democrático en conexión con las reformas agrarias y políticas intentadas desde los Gracos ante la progresiva decadencia del gobierno tradicional de la República, y las gravísimas crisis del s. I a. C. que la venían minando desde el siglo anterior: guerras serviles desde el 134, las reformas gracanas entre el 133 y 123; la Guerra Social del 90; el aumento desmesurado de la población de Roma compuesta mayormente por hombres libres dedicados al pequeño comercio y enormes masas de esclavos, la decadencia de la pequeña población agraria que había constituído el nervio de la Repúbica sustituída por grandes latifundos en manos de los optimates, la inadecuación de la forma de gobierno republicana poco apta paa dirigir el gobierno mundial sobre territorios cada vez mas extensos y distantes, la enorme masa de esclavos que después de las revueltas serviles y los intentos de Spartaco por liberarse de la sujección y tener un trato mas humano no podía mantenerse sino con la amenza de castigos implacables por parte de los domini, la corrupción de la clase dominante; todo esto aportaba un caldo de cultivo para dirimir, incluso con las armas, las diferencias entre las distintas factiones. Que éstas además de motivos económicos tuvieran finalidades políticas, no parece dudoso; que aspirara la factio popularis a poner en marcha un sistema democrático ya es mas dudoso. De Martino76 no duda en calificar como democrático el movimiento iniciado por los Gracos para restaurar el ordenamiento de la sociedad y las instituciones políticas, aunque tampoco tiene duda que la crisis de la República fue de carácter económico y social antes que jurídica o política. En mi opinión la creaciòn de una factio dentro del Estado es un claro signo de decadencia de aquel Estado77 aferrado a unas estruturas que habían dejado de ser válidas, lo que de alguna manera la intuición política de los Gracos había advertido con gran clarividencia anticipándose a los movimientos posteriores; de ahí que los escritores de la época partícipes de la visión de la oligarquía dominante considerara un atentado gravísimo contra la República (en realidad contra sus propios intereses) el intento de limitar la posesión del ager publicus, y mucho más la revocación de las tierras ilegalmente adquiridas para su nueva distribución tal como pretendían las leges Semproniae agrariae. No era por tanto la reforma agraria gracana78 una materia de confrontación puramente económica sino que también afectaba a cuestiones jurídicas y constitucionales, que para De Martino79 debieron constituir materia ardiente de la áspera lucha política que se desarrolló en modo dramático precisamente sobre la aplicación e interpretación de los principios de la constitución republicana. Creo que no puede afirmarse rotundamente que el movimiento democrático no tuviese conciencia de la conexón política con los problemas sociales y económicos, porque la libertas80, uno de los temas recurrentes en la propaganda política de todos los tiempos, es una aspiración constante en la lucha de los estratos mas bajos de la población republicana, y no hay otra solución que entenderla también como libertad ante la opresión económica, de modo que la lucha política optimates-populares era también una lucha por un orden social mas justo.

Si el programa democrático es difícil de delinear en todos sus particulares, con mayor claridad puede delinarse el programa de los optimates entre quienes existía una mayor cohesión de clase y unidad política y económica. La oligarquía conservadora consideraba cualquier tipo de reformas y en especial la reforma agraria un gravísimo atentado contra la República. Los optimates creían en una rigurosa jerarquía del poder siempre que éste estuviese detentado por la nobilitas; admitían una aequa libertas, pero estimaban que solo podía ser administrada desde el Estado por los únicos que poseían la dignitas del patriciado tal como venía sucediendo desde épocas remotas. Su idea era la vieja constitución republicana aristocrática en la que el senado ostentaba la máxima autoridad en la dirección del Estado controlando a magistrados y asambleas populares, tratando de evitar que estos dos últimos pilares del Estado asumiesen competencias incompatibles con el gobierno aristocrático. Tal programa conservador presuponía la unidad de la clase dirigente que había gobernado durante tanto tiempo el Estado, absolutamente patricia hasta las leges Liciniae, al que se unieron familias plebeyas que iban alcanzando magistraturas y sacerdocios, y en alguna medida a partir de los Gracos algunos ciudadanos del ordo equester aunque no tuvieran acceso directo al poder político.

¿Es posible hablar de un programa democrático opuesto al de los optimates en el sentido de un verdadero y propio programa político? Yo entiendo con De Martino81 que hay que dar una respuesta afirmativa aunque no existieran en Roma partidos políticos tal como los entendemos hoy en día con sus idearios, organización estable y métodos de alcanzar el poder perfectamente delineados, en definitiva principios y valores que en Roma por el contrario estaban mas difuminados, aunque De Martino estima innegable que las reformas políticas del partido democrático estaban estrechamente unidas a la reforma social y en especial a la reforma agraria. En todo caso me parece evidente que el movimiento democrático a partir de los Gracos tenía unas claras finalidades políticas: por un lado se dirigía a limitar el poder del senado, y por otro a aumentar el de las asambleas populares acentuando el control de éstas sobre los magistrados, punto en el que está subyacente una tendencia a afirmar el principio de soberanía popular reforzando contemporáneamente el tribunado de la plebe. En la época de mayor agitación de las factiones, y fijaré convencionalmente el período comprendido entre el 59 y 44 a. C., César desde su primer consulado se presenta como continuador del programa gracano de la reforma agraria y fortalecimiento de los equites. Esto sería suficiente82 para comprender que la fuerza fundamental de César hasta su victoria en la guerra civil descansaba por supùesto en sus legiones y veteranos, pero también en la plebe sumamente empobrecida y en los equites, cuya extracción como la de los grandes contratistas públicos procedían de la aristocracia de los municipios itálicos con los que los nobles romanos contraían frecuentemente pactos de hospitium83.

También es cierto que siguieron a César algunos miembros de la nobilitas, pero esto no autoriza de ningún modo a afirmar que sus seguidores fueran una parte importante de senadores y equites84, que por el contrario sí eran sus opositores que veían rápidamente disminuir su supremacía en el Estado85, aunque para estos momentos De Martino86 piense algo contradictoriamente que en la lucha política ya no era visible la base clasista como en los primeros tiempos de Roma y todavía en gran medida en la época de los Graco, que se habría atenuado en los decenios sucesivos siendo posible que miembros de la nobleza se encontrasen junto a plebe y equites unidos en la lucha política en el partido cesariano, que según De Martino no tenía un programa que trascendiera la división de clases ni tampoco únicamente dirigido a la conquista del poder personal, puesto que en el partido confluían los intereses de los equites y del proletariado. Los primeros confiaban que de la victoria sobre la oligarquía salieran reforzadas sus propias ventajas, y el proletariado conseguir unas mejores condiciones de vida; por tanto no había unidad en el partido cesariano y si hubieran triunfado las corrientes extremistas que se radicaban en las masas empobrecidas y anárquicas que propiciaban movimientos radicales y sediciosos, eso mismo habría acabado por amenazar las posiciones de los ricos hombres de negocios que seguían a César. Había por tanto intereses contrastantes en su partido inicialmente democrático si vemos desde este punto de vista su propuesta de lege agraria presentada en el 65 a. C. para la redactio in formam provinciae de Egipto como consecuencia del testamento de Tolomeo Alejandro I que dejaba su reino en herencia al populus Romanus, propuesta bloqueada por el senado que vió que el promagistrado romano encargado podía adquirir un poder inmenso en cuanto podía aparecer a ojos de los egipcios y en virtud del testamento tolemaico como un sucesor de los Lágidas.

De nuevo en el 65 César retoma la iniciativa respecto a Egipto pero mediante un procedimiento mas indirecto, encargando al cesariano Publio Servilio Rullo presentar una propuesta de distibución de las tierras recientemente adquiridas por el populus Romanus, propuesta que a juicio de Luzzatto87 miraba a operar una profunda revolución en la constitución romana, porque a través de una comisión de diez miembros con amplísimos poderes elegidos en asamblea no plenaria de los comicios, y por tanto controlada por César, este instrumento podía ser una potente arma demagógica en sus manos que no sólo le hubiera procurado enormes riquezas de sus clientes, sino que a través de la dstribución de tierras habría podido rodear Roma de colonias fieles a su persona suficientes para su conquista del poder, lo que sucedería realmente así con las colonias de sus veteranos asentados en la región italiana de la Campania. El senado también rechazó esta propuesta legislativa como conocemos por la encendida oposición de Cic. en sus tres orationes de lege agraria. Indudablemente en este tema hay un punto de conexión con la política agraria gracana, pero tampoco hay que descartar un impulso decisivo para favorecer a las clases mas menesterosas; un ejemplo lo tenemos en la lex Iulia de pecuniis mutuis88 del 49 a. C. que atendía una de las cuestiones mas graves de la época: el penoso endeudamiento de las clases bajas89. Con esta ley y frente a las masas mas radicalizadas que exigían la remisión de las deudas, César mas prudente solo accedió a condonar los intereses vencidos de dos años y la imputación al capital de los intereses pagados, lo que implicaba para los acredores la pérdida (condonación forzosa diríamos en terminología económica actual) del 24% de sus créditos. Aspirando César a la concordia ordinum90 (y así lo dice expresamente Dion Cass. XLI,37,3) por la que tanto había clamado Cic., intentó apagar el descontento social contentando a los deudores por un lado y a los acreedores por otro a quienes concedió la facultad de extinguir la obligación con el pago de los fundos según el valor que tenían antes de la guerra civil según la tasación de arbitri91 (que supongo independientes92) aquietando con ello su temor a la cancelación total de sus créditos (Cic. ad Att. X,8,2). Ciertamente que la situación debía ser angustiosa y muy cercana a lo que hoy llamaríamos una suspensión de pagos general que de haberse llegado a ello sería tremendamente nociva para la economía romana de la época totalmente exhausta después de las guerras civiles.

¿Contentaba con ello a los deudores que en su conjunto eran parte conspicua del apoyo popular a César? ¿Satisfacía plenamente las aspiraciones de todas las corrientes del partido democrático? La preocupación social de César tiene una primera plasmación legislativa en una lex Iulia agraria93 del 59 a. C., ley que pone de relievee la enorme extensión de la agricultura latifundista en manos de los optimates con los gravísimos problemas conexos, entre otros la casi total utilización de mano de obra esclava con el relativo empobrecimiento de la población romana libre, ley que hay que poner en relación con otra presunta lex Iulia de re pecuaria donde estblecía que al menos un tercio de aquella mano de obra debía estar constituída por ingenui. La lex Iulia de pecuniis mutuis tiene un evidente tinte democrático, aunque no colmó todas las aspiraciones de los deudores que intentaron repetidamente obtener la cancelación total de las deudas, porque inmediatamente de promulgada el pretor M. Celio Rufo en el 48 presentó una rogatio en favor de los deudores para que éstos pudiesen extinguir sus deudas en seis años sin pagar intereses, a lo que se opuso el cónsul Servilio y otros magistrados (probablemente contando con la aprobación tácita de César que ese año estaba ausente de Roma). No debió haber quedado la situación definitivamente pacíficada, porque aunque Celio retiró su propuesta primitiva volvió a intentar presentar otra aún mas radical de cancelación total de las deudas de la que se valen los grupos radicales partidarios de esta propuesta para realizar actos de violencia contra el otro pretor C. Trebonio. Ante esto el cónsul Servilio logra un senatusconsultum para que Celio fuese ab republica removendum con lo que se le vetaba acceder al Senado y reunir la contio para presentar su propuesta. Despechado Celio se revuelve contra César y se alía con Milón94 en las primeras revueltas anticesarianas (un evidente ejemplo histórico de transfuguismo político). Es significativo asimismo que Celio se acercara a las posiciones de Cic.95 que si en principio había mantenido una actitud tolerante con César no tardó mucho en distanciarse del dictator.



La situación económica debía ser tan grave que de nuevo la cancelación de deudas vuelve a ser suscitada por Dolabella que había alcanzado el tribunado de la plebe en el 47 con el apoyo de César originando nuevas agitaciones sociales. Es cierto que César estaba ausente de Roma, pero no por eso a su regreso alejó a Dolabella de su entorno. Todavía autores como Lange96 que partiendo de una información de Tácito no confirmada por otras fuentes, entienden que habría habido otra ley de modo credendi possidendique intra Italiam del 46 que como colofón de la lex de pecuniis mutuis habría obligado a invertir en la agricultura italiana parte del dinero recibido por los acreedores, pero no hay evidencias de ello, y es mas probable que esta referencia limitando el crédito y la extensión de las tierras poseídas se debiera más bien a un senadoconsulto de época de Tiberio. En todo caso de las fuentes conocidas podemos derivar que por lo que concierne a la situación de las fuerzas políticas en época cesariana no podemos perder de vista su conexión con la grave crisis económica, ante la que César que se había mostrado contrario a los movimientos sediciosos del 47 otra vez originados por la situación de endeudamiento de las masas populares, animado por su aspiración de concordia que llevara de una vez para siempre a la superación de las contiendas civiles, lo que le llevó a intentar un entendimiento con los optimates para lograr una paz social que solo podía alcanzarse sobre la base de una sustancial renuncia a las reivindicaciones de la corriente democrática mas radical97. Como dice De Martino98, César no quería ser prisionero de las fuerzas mas radicales del movimiento democrático, pretendiendo por el contrario asegurar el ala mas moderada, e incluso conservadora, del partido pretendiendo con ello tener un punto de encuentro con la aristrocracia, lo que explica la moderación y clemencia que después de su victoria mostró a sus antiguos enemigos, haciéndose desde entonces mas pacata la lucha contra la plutocracia. No merece mucho crédito la información de Tac.99 aludiendo a providencias cesarianas100 limitando el capital poseído en oro y plata a 60.000 sextercios, que ni eran suficientes en una lucha eficaz contra la plutocracia ni mucho menos contra sus excesos101. Así y todo la nobilitas menos algunos miembros del partido pompeyano que se pasaron a César, recelaba de éste y de su poder personal que limitaba sus privilegios. El asesinato de César en los idus de marzo del 44 a. C. truncó una nueva perspectiva del poder en Roma que desarrollaría plenamente su sobrino-nieto Octavio (el futuro Augusto) que heredó el inmenso prestigio de César, su inmensa riqueza y sus inmensas clientelas. Cada día estoy mas convencido que el hombre genial del s. I a. C. fue César y no tanto Augusto, que en tiempos diversos supo llevar a cabo el programa político cesariano.

Aunque sea un tema colateral a la lucha entre los partidos políticos, no puedo dejar de lado hacer algún apunte a la mecánica electoral. Es sabido que la unidad votante a finales de la República era la tribu de las que había 35, 4 urbanas en las que se inscribían los proletarios, y el resto rústicas. Originariamente cada tribu rural representaba un distrito de los alrededores de Roma y los tribules podían votar fácilmente, pero la extensión del territorio y ciudadanía romanas hizo cambiar la situación; los votantes vivían cada vea mas lejos de la Urbs, aunque es probable que los censores hicieran un esfuerzo para efectuar una distribución equitativa de los grandes propietarios entre las tribus. También hay que tener en cuenta que el procedimiento de los comitia tributa era mas demcorático que el de los comitia centuriata, la vieja asamblea militar que elegía a los magistrados mayores, aunque sus efectos prácticos no lo eran tanto en cuanto la mayoría de la población estaba inscrita en las tribus urbanas, algunas muy alejadas de Roma que hacía ineficaz su voto102; tampoco era muy eficaz el voto de las ciudades y los nuevos municipios cuyos habitantes se inscribían en alguna de las 31 tribus urbanas a pesar que desde la Guerra Social casi toda la población italiana al sur del Po había adquirido la civitas Romana. La lucha entre los candidatos a las diversas magistraturas era virulenta (y cada año se votaban seis magistraturas regulares con un colegio que iba desde dos a diez miembros y varias magistraturas menores) para obtener el voto favorable de los electores, y la dispersión geográfica de las unidades votantes contribuía a desunir su voto que en todo caso venía siempre muy mediatizado. Especialmente los nobles recibían el apoyo de sus tribules103 no sólo para ellos mismos sino también para sus amigos y parientes pasándose los cargos dentro de la familia, de forma que el caso de Cic., un hombre sin ascendientes ilustres que alcanzó el consulado, no puede decirse que fuera un caso típico. También es significativo que su tribu104, la Cornelia, estaba desparramada en diferentes áreas105 como también la de César que era la tribu Fabia106. También la distribución de tribules fue motivo de lucha de la factio popularis que clamaba contra la supresión de la censura por Sila107, que haciéndose eco de esta insatisfacción108 fue restaurada por Pompeyo durante su consulado del 70 a. C.

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