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Grokster - StreamCast

Grokster y StreamCast constituyen compañías que proporcionan software de intercambio de archivos peer to peer. Sus productos (grokster y morpheus) permiten a los clientes o usuarios compartir archivos digitales desde sus propios computadores.


El software empleado por Grokster es conocido como “FastTrack technology”, es decir un protocolo desarrollado por otros y licenciado a Grokster. StreamCast distribuye un producto similar excepto que su software ( Morpheus) depende de una tecnología llamada Gnutella21. El usuario que baja y carga el software en su computadora con dicho protocolo solicita los archivos en forma directa a los restantes interesados en la red que usan un software compatible con dicho FastTrack o Gnutella.
Merced a la calificada y valiosa opinión del reconocido especialista en la materia, Dr. Fred Koenigsberg ( abogado ASCAP, Miembro de la Comisión Jurídica y Legislación de la Cisac) hemos podido resumir algunos de los aspectos más salientes del caso MGM c/ Grokster Ltd.
Como sabemos Grokster ofrece sus servicios a través de agrupaciones de usuarios individuales, denominadas nodos, en torno a supernodos que acumulan y presentan índices de la información contenida en sus nodos conectados. El usuario accede a la red conectándose a un supernodo hasta que localiza un archivo para ser descargado. StreamCast opera de forma ligeramente distinta, un usuario se conecta a la red contactando a otro usuario que ya está conectado, mediante directorios a disposición del público (que no son mantenidos por StreamCast) de los ordenadores que están conectados en ese momento a la red. No existen supernodos en este caso y cada solicitud de archivo se pasa de un usuario a otro hasta que se encuentra el material. A diferencia de Napster, en el que todos los usuarios buscaban archivos a partir de un directorio centralizado mantenido por la compañía, tanto Grokster como Morpheus son descentralizados, ninguno de los dos programas actúa como nodo central de la red de usuarios.
El Tribunal del Distrito declaró que los usuarios del servicio infringían directamente los derechos de autor de los demandantes al utilizar el software de los demandados para descargar y poner a disposición de otras obras protegidas. No obstante ello, entendió que la descentralización del servicio no podía asimilarse al caso Napster. Para el Tribunal no alcanza el conocimiento genérico que los demandados puedan tener de que sus usuarios utilizan su tecnología y productos para actuaciones ilícitas para considerarlos responsables por violación a los derechos de autor. El tema pasaba por saber si tenían un claro y fundado conocimiento de tales actividades y en consecuencia dispusieran las medidas para impedir las mismas.
La Sentencia del Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito confirmó la del Tribunal de Distrito. En este segundo pronunciamiento se sostuvo que los distribuidores de las versiones actuales del software descentralizado de intercambio de ficheros (peer to peer o de par a par, igual a igual) Streamcast Networks y el supernodo Grokster, no eran responsables, desde el punto de vista de la doctrina de responsabilidad subsidiara, por la violación de obras protegidas por los derechos de autor efectuadas por los usuarios de su software. A modo de contexto, en el caso Napster, el Noveno Circuito sentenció que el operador de la base de datos centralizada, que listaba obras disponibles para descargar y encaminaba las solicitudes de copias, era responsable de infracción de los derechos de autor. En contraste, estos servicios descentralizados permiten que cada usuario navegue por los ordenadores de los demás usuarios bien directamente o mediante supernodos que canalizan el tráfico.
El Tribunal del Noveno Circuito sostuvo en su Sentencia que tanto Streamcast como Grokster no eran responsables en base a su anterior decisión sobre Napster y en el dictamen del Supremo Tribunal de 1964 relacionado con la videograbadora Sony Betamax (Asunto Sony Corporation of America contra Universal City Studios, Inc, 464 EE.UU. 417 (1984). En el asunto, el Supremo sentenció que la videograbadora era un artículo básico de comercio y que permitía realizar muchos usos lícitos. Así, entendió que la copia no comercial de los programas de televisión con el objeto verlos posteriormente constituía un uso legítimo, autorizado por muchos propietarios de programas, y que no tenía un impacto negativo en los ingresos publicitarios percibidos por los difusores.
En base a dicha sentencia, el Tribunal del Noveno Circuito estableció que los distribuidores de software habían demostrado que su producto también permitía efectuar múltiples usos lícitos comercialmente relevantes. Fundamentalmente se basó, en las situaciones que implican una puesta a disposición o distribución al público de obras de dominio público y obras cedidas por sus titulares a redes P2P. No obstante ello, los hechos demuestran que la casi totalidad de estas redes albergan en su tránsito obras protegidas y que las mismas constituyen violaciones claras a los derechos de autor.
En esa oportunidad el Juzgado actuante sostuvo que "Grokster y Streamcast no eran significativamente diferentes de las compañías que venden aparatos de video domésticos o fotocopiadoras, que pueden ser y son utilizados para infringir los derechos de autor", lo que comparaba el caso al de las grabadoras de vídeo de Sony, que data de 1984.
Las redes en línea como Grokster o Morpheus permiten la copia y distribución de música y películas gratis entre millones de internautas.
De esta forma, el Tribunal deshecha el conocimiento presunto o lógico de los distribuidores exigiendo la prueba del conocimiento directo de las utilizaciones ilícitas; en este caso sí, les corresponde tomar todas las medidas para impedir las violaciones. De esta forma el Tribunal ha entendido que los distribuidores de software no ofrecían el sitio y sus instalaciones para configurar las infracciones, ni tenían la posibilidad de suspender las cuentas de los usuarios.
Tal como lo señalábamos en la parte preliminar, el respeto de los derechos de los creadores no puede ser un obstáculo para la revolución digital, pero tampoco ésta constituirse en un salvoconducto de violaciones a los Convenios y leyes que protegen los derechos de autor. Por un lado debe visualizar y entenderse el fenómeno de la innovación tecnológica, pero sujeta lógicamente al respeto a los restantes derechos en juego, en particular a los referidos a la distribución legítima de contenidos protegidos por el derecho de autor.
Frente a dichos pronunciamientos los demandantes recurrieron la Sentencia ante el Supremo Tribunal de los Estados Unidos. Los argumentos entre otros, y sin perjuicio de lo ya señalado, radican en los cuantiosos daños que se provocan a los autores y demás titulares por las infracciones generalizadas que se llevan a cabo en los servicios peer-to-peer; las dificultades materiales y los costos de promoción de centenares de miles de juicios contra los infractores directos harían prácticamente imposible la obtención de sentencias ajustadas a derecho para combatir las infracciones de las cuales son víctimas los autores; la consideración de que los tribunales deberían tener en cuenta los usos ilícitos que se dan en tal escala que se llevan por delante o arrasan a los usos legítimos; la razón de ser de la responsabilidad subsidiaria: las legislaciones reconocen muchas situaciones en las que la responsabilidad directa por sí sola no es efectiva y por el contrario sí lo es la indirecta.
En pocas palabras si Internet se convierte en un territorio sin orden jurídico, en una especie de un vale todo, es claro que los derechos conferidos por los diferentes regímenes jurídicos perderían toda razón de ser.
Mal podría sostenerse que en aras de la realidad que nos muestra la revolución tecnológica los comportamientos ilícitos queden impunes. No es la tecnología empleada (en el caso la referida a intercambio de archivos) la materia ilícita sino el uso que se hace de ella, por quiénes alientan y facilitan su utilización.

Del lado contrario siempre se observan las voces en el sentido de “todo a favor de la tecnología aunque esta termine destruyendo el incentivo a la creación y la genialidad de quiénes permiten la presencia de contenidos que se desean tener y disfrutar”. Pueden observarse comentarios en tal sentido en diferentes portales22.


En función del fallo de los Tribunales inferiores, los demandantes plantearon recurso ante el Tribunal Supremo de Estados Unidos. Son pocos los casos en que el Tribunal Supremo estima necesario atender los mismos. Los procesos ante el Tribunal Supremo permiten la presentación de informes por parte de los “amigos del Tribunal” (amici curiae), que no son parte y actúan como “amigos” de la sala para instruir a los jueces sobre asuntos importantes, que de otro modo podrían no tomar en consideración. El 8 de noviembre de 2004 una serie de amigos del Tribunal presentaron sus informes, bien a favor o bien en contra, de la petición de audiencia del caso. Los servicios peer to peer demandados presentaron un informe opuesto. El Tribunal Supremo accedió a intervenir en el recurso recibiendo con posterioridad los informes jurídicos.
Los titulares de derechos señalaron que quiénes reciben los beneficios finales de los usos ilícitos deberían ser considerados responsables de los mismos, incluso cuando no sean los infractores directos. El costo de entablar demandas individuales contra miles o millones de infractores es imposible de abordar, llevando a una falta de protección de los derechos de autor.
La revocación de la sentencia del Noveno Circuito es compatible con el caso Sony, pues cuando nos enfrentamos a usos ilícitos en escala los tribunales deberían considerar las infracciones en relación con los usos lícitos. Una formulación más precisa de la sentencia Sony sería que los demandados no fuesen declarados responsables de infracción directa cuando sus servicios peer to peer pudiesen ser utilizados para usos legítimos excepto en el caso de que los usos ilícitos predominen sobre los lícitos. El caso contra Grokster y StreamCast demuestra ello. Informes de catedráticos y economistas fueron presentados por las partes a favor de cada una de ellas.
En apoyo de los recurrentes se consideran entre otras cuestiones la relativa a la eficiencia. En base a los principios de economía, los mercados competitivos distribuyen bienes de forma eficiente, pero, para poder hacerlo, necesitan unos derechos de propiedad claramente definidos. Los Tribunales de primera instancia deberían haber considerado, pero no lo hicieron, qué principio jurídico de responsabilidad subsidiaria tendría como resultado la eficiencia del mercado.
La legislación reconoce muchas situaciones en las que la responsabilidad directa por sí sola no es efectiva y la imposición de la responsabilidad indirecta sí lo es. En un mundo perfecto, la responsabilidad indirecta sería innecesaria, pues las partes directamente responsables de una conducta ilegal, podrían ser disuadidas con eficacia de su actuación mediante sanciones legales. Así se agrega como ejemplo el caso de un empleado que causa un daño a alguien durante el ejercicio de su profesión o un dueño de bar que se emborracha e hiere a otros cuando se pone al volante del auto. Si el empleado o patrón fuesen siempre fáciles de identificar, el coste de su demanda no fuese elevado y tuviesen patrimonio para compensar los daños, entonces la responsabilidad indirecta no sería necesaria. Sin embargo, en estas dos situaciones la responsabilidad directa a menudo no es suficiente. Por ello, la legislación considera a los empleadores responsable de los daños producidos por sus empleados y los bares que sirven alcohol a sus dueños cuando están borrachos son considerados responsables por sus accidentes.
La economía sugiere dos teorías básicas para que la responsabilidad subsidiaria sea eficiente en estas y otras situaciones: la responsabilidad puede ser adecuada en el caso de que una parte indirectamente implicada se encuentre en una posición en la que pueda disuadir de que se comentan las actuaciones perjudiciales en cuestión a un bajo costo. Los empleadores serían responsables por los daños producidos por sus empleados pues los puede seleccionar y supervisar, así como influir en sus decisiones. La responsabilidad es un incentivo para que el empleador utilice mecanismos para evitar incurrir en el costo de los accidentes.
La responsabilidad puede ser aplicada a partes indirectamente implicadas que alientan o facilitan actuaciones perjudiciales sin ser directamente responsables de ellas, con el objetivo de reducir la frecuencia de las mismas. Para los amigos del Tribunal los Tribunales inferiores no han tenido en cuenta estas cuestiones de eficiencia y economía.
Para los catedráticos una norma que inmuniza siempre al proveedor de tecnología mientras el producto pueda ser utilizado para usos legítimos carece de sentido económicamente. A favor de ello se ven dos razones: a) primero, que la norma no aporta ningún incentivo para que los fabricantes disuadan de la infracción incluso cuando se podría conseguir esta disuasión a muy bajo costo y sin interferir apenas en los usos legítimos. Los Tribunales inferiores ignoraron la cuestión de si Grokster y StreamCast podían haber introducido modificaciones razonables en sus servicios para reducir las infracciones sin interferir sustancialmente en los usos lícitos; b) segundo, la norma considera por error los usos legítimos por separado, sin tener en cuenta la disponibilidad de tecnologías alternativas que podrían permitir los mismos usos beneficiosos y no causar este perjuicios asociado a los derechos de autor.
Otro de los informes de los amigos del Tribunal a favor de los recurrentes fue puesto de manifiesto por grupos de compañías que ofrecen películas y música legítimas en Internet. El informe ayuda a romper el dilema Grokster en cuanto a enfrentar los intereses de los derechos de autor y el progreso tecnológico. Allí se explica la gran cantidad de modelos de negocios de los amigos del Tribunal que pueden ofrecerse legítimamente, tal como servicios de streaming o descarga y sistemas peer to peer. Por ejemplo, ofrecen acceso a un catálogo completo de obras del servicio a cambio de una cuota mensual de suscripción o cobran por la descarga de cada obra. Todos estos servicios han conseguido las licencias correspondientes, agregando obras permanentemente. Los esfuerzos apuntan a mejorar la calidad de los servicios, codificar archivos digitales de alta resolución, etiquetar e identificar apropiadamente las obras y filtrar el material censurable.

A ello se agrega el esfuerzo, creatividad y recursos que invierten en el desarrollo de sus negocios. Todo esto contrasta con el trabajo realizado por los servicios peer to peer como los de Grokster y StreamCast.


Los servicios legítimos que cuentan con las licencias pagan por las obras que ponen a disposición, no pudiendo competir eficazmente con aquellos que distribuyen gratuitamente obras que le corresponden a terceros que no les han licenciado ni recibido el dinero por ellas. La desventaja es notoria; no son actos aislados sino generalizados, que al estilo de Berna causan un perjuicio injustificado a los titulares de derechos. Los servicios en línea también necesitan de la protección de las doctrinas de la responsabilidad subsidiaria como sucede con los recurrentes.
Las empresas de servicios par-a-par no pueden utilizar la propiedad creativa de los autores, compositores y otros derechohabientes para potenciar sus propios negocios a costa de los creadores.
En opinión de la CISAC23 sitios como Grokster y Kazaa fundamentan su éxito en el uso de música, películas y otras obras protegidas por los derechos de autor; emplean estas obras sin el permiso de sus creadores y sin que éstos reciban una compensación, lo que constituye una actitud totalmente inaceptable.
Los modelos de negocio empleados por Grokster y StreamCast confirman que su principal objetivo consiste en que su software sea empleado para la descarga de obras protegidas por derechos de autor y que los servicios de intercambio de archivos en Internet son responsables de los actos ilícitos de terceros resultantes.

De esta forma las empresas dedicadas a la creación de redes de intercambio peer to peer, tal como sucede con Grokster o StreamCast, deben ser consideradas responsables de violación de a las normas sobre derecho de autor, cuando sus usuarios copian y distribuyen música, películas u otros materiales sin permiso de los propietarios de los derechos.


Por la otra parte se sostuvo, en vistas al caso Sony, que estos servicios no pueden ser considerados culpables de infringir las leyes del copyright ya que también pueden ser utilizadas para propósitos legítimos. La situación sería similar respecto de aquellos que ofrecen en el mercado equipos o aparatos reproductores que permiten la copia de obras protegidas.
Con fecha 27 de Junio de 2005 la Corte Suprema de los Estados Unidos falló a favor de MGM Studios, Inc., en el caso seguido contra Grokster, Ltd. La sentencia fue a favor de MGM y veintisiete estudios que se habían presentado en el litigio.
La decisión no apunta a la tecnología en sí misma como veremos, esto es a las redes peer to peer ( P2P, de par a par o igual a igual), sino a quiénes realicen un uso incorrecto de la misma. Dicha sentencia viene a dar un correcto alcance a la ya famosa sentencia Sony en la que los tribunales sentenciaron que la existencia de usos legales de los vídeos era motivo suficiente para no prohibir esa tecnología.
El Supremo por unanimidad entendió que las compañías que han hecho negocio mediante intentos activos de animar a infringir el 'copyright' deberían ser consideradas responsables de las acciones ilegales de sus clientes.
"Creemos que quien distribuye un producto con el objeto de promocionar su uso para infringir el copyright… es responsable del consiguiente resultado de la infracción por parte de terceros", afirmó el juez del Tribunal David Shouter.
El sistema Grokster es claro que favoreció comportamientos prohibidos por las leyes del copyright; no alcanza con señalar que pueden realizarse también actos lícitos, pues la gran mayoría corresponde a hechos ilícitos que suponen la carga y descarga de obras protegidas. Una conducta diligente hubiera llevado a Grokster a instalar o desarrollar mecanismos de filtrado que evitasen o atenuasen las violaciones. Ello se agrava con declaraciones en el sentido de ocupar el lugar dejado por los antiguos usuarios de Napster, esto es, cubrir ese nicho de mercado relativo a intercambio de obras o producciones intelectuales.
Los ingresos de Grokster derivados del aumento de publicidad como consecuencia de la utilización masiva de su software también se unen para ilustrar en tal sentido.
En síntesis, negocio a escala o de gran volumen, incentivo a la utilización de su software con la facilidad para el intercambio de archivos, ingresos publicitarios y conducta negligente o desinteresada al no disponer mecanismos que traben la utilización de obras protegidas constituyen elementos contundentes que demuestran la responsabilidad de las empresas demandadas.
Ya fuere por inducir o bien porque se probó efectivamente el volumen de actos ilícitos en la red, la tecnología peer to peer si quiere actuar conforme a la ley, dentro del marco de licitud, no puede menos que insertar un mecanismo para impedir el intercambio de contenidos protegidos. Esta circunstancia otorga una debida adecuación con la Sentencia Sonia-Betamax, en tanto y en cuanto quiénes producen tecnología no pueden quedar de principio impunes por los actos o comportamientos de sus clientes o consumidores, a partir de los productos o herramientas que los mismos facilitan.
A vía de ejemplo, y con la salvedad de las alteraciones tecnológicas, la adopción de tecnologías DRM que permiten controlar que quién carga o descarga cuente con la debida licencia, podría llegar a ser uno de los mecanismos para evitar violaciones.
La doctrina ha comentado la Sentencia del Supremo señalando, que en forma unánime, los magistrados han condenado a Grokster y Morpheus, fabricantes de software de intercambio de archivos entre iguales (P2P) , por violación de copyright cuando sus usuarios reproducen y distribuyen música o películas sin autorización de los titulares de los derechos de autor. La sentencia aclara algunos aspectos dudosos y supone un paso adelante en la seguridad jurídica de los autores y consumidores, al menos en Estados Unidos. Una victoria por 9-0 contra los defensores del gratis total. No se puede montar un negocio cuyo único, notorio y confeso objeto es lucrarse con el expolio ilegal de propiedades ajenas sin contraprestación ni autorización alguna. El Supremo estadounidense no ha ilegalizado la tecnología P2P, sino algunas conductas antijurídicas que han aparecido al calor de este magnífico medio. Y deja claro algo que la actividad subyacente, es decir, la descarga mediante P2P de obras protegidas sin autorización es simplemente ilícita.24

Al respecto corresponde señalar que los Tribunales de los Estados Unidos reconocen dos tipos de responsabilidad subsidiaria. Por una lado, la que podríamos denominar directa en donde el demandado tiene conocimiento y coopera con la infracción. Por otro lado, la indirecta, a través de la cual el demandado tiene el control o supervisión y se beneficia económicamente de la infracción.25 La diferencia entre ambas, radica pues, en el conocimiento de la actividad ilícita, facilitando el comportamiento violatorio de la ley en el caso de la directa, y en el control y beneficio económico en la situación de la indirecta.


Javier Muñoz, resume los argumentos más relevantes utilizados por los Sres. Magistrados del Supremo:
Las compañías demandadas distribuyen software gratuito que permite los usuarios compartir archivos electrónicos a través de redes entre pares, así llamadas porque los ordenadores se comunican directamente entre sí, y no a través de servidores centrales. Aunque dichas redes pueden utilizarse para compartir cualquier tipo de archivo digital, los usuarios las han utilizado principalmente para compartir archivos musicales y de video protegidos por derechos de autor sin autorización.
Las pruebas han demostrado que miles de millones de archivos son compartidos a través de las redes entre pares cada mes. Las demandadas están al corriente de que los usuarios utilizan su software fundamentalmente para descargarse archivos protegidos, aunque las redes descentralizadas no revelan qué archivos se copian, ni cuándo. Las demandadas tenían conocimiento directo de la infracción cuando los usuarios les remitían por correo electrónico consultas relativas a las obras protegidas, y los demandados les respondían con determinadas directrices. Las demandadas no son meramente receptores pasivos de información sobre la infracción.
Se ha acreditado sobradamente que cuando comenzaron a distribuir su software gratuito, se fijaron claramente el objetivo de que los usuarios utilizasen el software para descargarse obras protegidas y actuaron activamente para incentivar la vulneración. Una vez que el famoso servicio de compartimiento de archivos, Napster, fue demandado por los titulares de derechos por facilitar la vulneración de éstos, las demandadas se autopromocionaron y se presentaron en el mercado como alternativas a Napster.
Quien distribuye a un dispositivo con el objeto de promover su uso para vulnerar los derechos de autor, como demuestran las actuaciones efectivas realizadas para fomentar la vulneración, responde de los actos resultantes de la infracción por los terceros que utilicen el dispositivo, con independencia de los usos lícitos del dispositivo.
La tensión entre los valores contrapuestos de la protección de los derechos de autor y la promoción de la innovación tecnológica es precisamente el objeto de este asunto. El argumento a favor de imponer una responsabilidad indirecta en este caso es convincente, dado el número de descargas ilegales que se producen diariamente utilizando el software de las demandadas. Cuando un producto ampliamente compartido se utiliza para cometer infracciones, puede resultar imposible hacer valer los derechos sobre la obra protegida efectivamente contra todos los infractores directos, de modo que la única alternativa práctica es dirigirse contra el distribuidor del dispositivo en concepto de responsabilidad subsidiaria al amparo de la teoría de la infracción por inducción o vicaria. Se infringe por inducción al incentivar o animar conscientemente la infracción directa, y se infringe de forma vicaria al beneficiarse de la infracción directa rehusando ejercitar el derecho a interrumpirla o limitarla.
La sentencia explica también por que el caso Grokster no es equiparable al caso Sony, el fabricante de reproductores de vídeo que fue absuelto años antes. Las pruebas acreditaron entonces, dice el Tribunal, que el uso principal del videoreproductor era el "aprovechamiento del tiempo", es decir, grabar un programa para ver lo más tarde a una hora más conveniente, lo que el tribunal consideró como un uso justificado y lícito. Aunque, como Grokster, los aparatos de aparatos de Sony eran susceptibles de uso tanto ilícito como ilícito, la diferencia es que en el caso de Grokster sus propietarios fomentaron conscientemente este último uso. No solo lo tenían previsto sino que lo fomentaban mediante su publicidad26.
Resulta claro que quién distribuye productos, aparatos, mecanismos o similares con la intención de promover su uso en violación a los derechos de autor es responsable por los actos ilícitos que realicen los terceros.
En el caso concreto de Grokster Ltd, éste puso a disposición de los usuarios de Internet un software que permite compartir archivos conteniendo obras protegidas ( musicales, audiovisuales) sin necesidad de acudir a un servidor central. Estos intercambios de archivos – de par a par - generan una descarga incalculable de creaciones intelectuales provocando enormes perjuicios a los productores, autores y artistas.
Las facilidades que ofrece la tecnología, ponen de manifiesto las dificultades que se presentan a autores, artistas y productores de ver legítimamente amparados sus derechos frente a las invasiones no autorizadas sobres sus derechos inmateriales. La circunstancia de que no fuera necesaria la utilización de un servicio centralizado ( servidor o gran nodo) para el intercambio de archivos entre los usuarios, determinó la necesidad de un detallado estudio por el Supremo Tribunal. Como ya se señalara, el Supremo de EE UU entendió que, aunque ninguna tecnología puede ser culpada por el uso ilegal que de ella se hace si tiene otras funciones legales, si es posible responsabilizar a una empresa por promocionar una tecnología animando a su uso para fines ilícitos.
La sentencia del Tribunal Supremo de EE.UU. fue en la misma línea de otra dictada en favor de los creadores en Japón. En efecto, la sociedad de autores japonesa y miembro de la CISAC 27, JASRAC, ganó este pleito ante los tribunales contra MMO Japan Ltd., fabricante del "Napster japonés", un software de intercambio de archivos, al acusar a la compañía de violación de los derechos de autor.
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