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25 La Delegación de Nueva Zelandia indicó que en virtud de la legislación de su país las emisiones y los servicios de distribución de programas por cable gozan del mismo nivel de protección que las obras literarias y artísticas. Nunca ha surgido el posible conflicto, señalado por otras delegaciones, entre los derechos de los organismos de radiodifusión y los derechos sobre el contenido en que se basan. Su país lleva a cabo un examen de las consecuencias de la tecnología digital en el sistema de derecho de autor para aumentar la capacidad de adaptación de ese sistema a los avances tecnológicos. A consecuencia de ese proceso ha sido tomada la decisión de sustituir el concepto de protección de las emisiones y de las emisiones por cable, específicamente tecnológicos por el concepto de protección de obras de comunicación, categoría neutra desde el punto de vista tecnológico, que abarca las emisiones y las emisiones por cable. No obstante, la mejor manera de proceder a escala internacional sería concentrarse en primer lugar en la protección de los organismos de radiodifusión tradicional y, como ha indicado la Delegación de Australia, ocuparse posteriormente de los organismos de difusión por Internet.
26 La Delegación del Brasil subrayó que al considerar la labor futura sobre la cuestión de la protección de los organismos de radiodifusión es importante comprender la lógica de la Convención de Roma y las razones en que se basa la protección en esa esfera. La razón principal para la protección de los organismos de radiodifusión no es la protección de las inversiones, sino la función enormemente importante que desempeñan los organismos de radiodifusión, especialmente en los países en desarrollo, como instrumentos informativos y educativos. No obstante, con respecto a algunas de las nuevas cuestiones introducidas en el debate, como la de la difusión por Internet, la dimensión social está lejos de ser evidente. Las tecnologías de la información y de la comunicación podrían desempeñar una función importante a la hora de reducir la brecha digital y de información, pero se verían aumentadas las disparidades existentes en caso de que se aborden de forma precipitada cuestiones que evolucionan rápidamente, como la difusión por Internet. Antes de establecer un calendario para las deliberaciones futuras, es necesario evaluar claramente las esferas en las que podrían realizarse avances. La Delegación se opuso a la inclusión de la difusión por Internet en un futuro tratado sobre radiodifusión. Asimismo, debe estudiarse la repercusión de las medidas tecnológicas respecto de la aplicación de limitaciones y excepciones, así como para evitar que impidan el acceso a material perteneciente al dominio público.
27 La Delegación de Bangladesh explicó que su país posee un sistema de radiodifusión privado y un sistema de radiodifusión público. Los organismos de radiodifusión gozan de distintos derechos, como el derecho de reproducción, pero la legislación en materia de derecho de autor está siendo objeto de reforma a fin de adaptarla al nuevo entorno tecnológico. La Delegación compartió la opinión de que la difusión por Internet debe tratarse en un tratado distinto.
28 La Delegación de Kirguistán se pronunció a favor de un nuevo tratado limitado a la radiodifusión tradicional, a fin de negociar posteriormente un protocolo relativo a la radiodifusión. Es importante establecer un equilibrio entre los distintos titulares de derechos en relación con la difusión de información. Por último, es necesario acelerar el proceso que dé lugar a una conferencia diplomática sobre las formas tradicionales de radiodifusión.
29 La Delegación de México declaró que como consecuencia de los avances tecnológicos es necesario ampliar el alcance y el ámbito de protección en beneficio de los organismos de radiodifusión. Deben realizarse esfuerzos para establecer las bases para la elaboración de un tratado internacional en esta esfera, pero la difusión por Internet deberá analizarse detalladamente en una etapa posterior. La legislación de su país ya tiene en consideración la difusión por Internet, puesto que otorga a los organismos de radiodifusión el derecho a autorizar o prohibir la radiodifusión simultánea o diferida, por cable o cualquier otro sistema. La expresión “cualquier otro sistema” podría abarcar perfectamente la transmisión por Internet y otras redes informáticas. Los organismos de radiodifusión también gozan del derecho de comunicación al público cualquiera que sea el medio o la forma utilizados, lo que podría abarcar perfectamente la comunicación por redes informáticas. No obstante, la difusión por Internet es una cuestión que merece ser tratada en las deliberaciones futuras y no en el marco actual.

30 La Delegación de Kenya presentó los elementos fundamentales de su propuesta (SCCR/9/3 Rev.). En el Preámbulo se amplía la aplicación de las leyes existentes con respecto a los derechos de los organismos de radiodifusión, reconociendo la repercusión de las nuevas tecnologías. La definición de “emisión” corresponde a la definición tradicional, pero se ajusta a los futuros avances en la tecnología. No se incluye una definición de emisión por Internet, puesto que se considera una forma de radiodifusión sobre un medio diferente. Los capítulos sobre los beneficiarios de la protección y el trato nacional se inspiran en el modelo del WPPT y otros acuerdos internacionales. Las limitaciones y excepciones se dejan al arbitrio de la legislación nacional. En la propuesta también figura una duración de la protección de 50 años, así como disposiciones sobre medidas tecnológicas, información sobre la gestión de derechos y las formalidades, que se inspiran en el modelo del Convenio de Berna. Las cláusulas administrativas se inspiran en el WPPT.


31 La Delegación de Ghana hizo referencia a los debates anteriores sobre el proceso de actualización de los derechos conferidos a los organismos de radiodifusión en virtud de la Convención de Roma y observó que, teniendo en cuenta la convergencia de opiniones al respecto, es posible en la actualidad proponer las fechas e iniciar los preparativos para llevar a cabo una conferencia diplomática. La Delegación declaró que, aunque la legislación vigente en su país protege a los organismos de radiodifusión equiparando sus derechos con los de los titulares de derechos de autor, se ha presentado un proyecto de ley al Parlamento que deroga el sistema vigente de protección y propone que se otorgue a los organismos de radiodifusión derechos exclusivos para la retransmisión de las emisiones, la fijación de emisiones, la reproducción de fijaciones de emisiones y la comunicación de emisiones al público. Además, en este proyecto de ley se otorga a los organismos de radiodifusión el derecho a impedir toda distribución dentro del territorio de su país por una entidad a la que no hayan sido destinados los derechos y se reduce a 40 años la duración de los derechos de los organismos. La Delegación señaló que, de conformidad con la posición adoptada por el Grupo Africano, aunque algunos países pueden decidir extender la protección a los organismos de radiodifusión no tradicionales, su país aún no está en disposición de hacer lo propio. En consecuencia, propuso que la protección de otros medios de difusión de información similares a las emisiones se examine en otra reunión o foro.
32 La Delegación de México dio nuevas explicaciones sobre la protección de los organismos de radiodifusión en virtud de la modificación de su legislación nacional que entró en vigor el 30 de abril de 2003. De conformidad con esa ley, los organismos de radiodifusión tienen derecho a autorizar o prohibir las transmisiones diferidas o la transmisión simultánea por cable u otros sistemas destinadas al público con fines comerciales. En el Artículo 145 de dicha ley se prevén sanciones y el pago de daños y perjuicios e indemnizaciones por toda persona que haga un uso ilegal de las señales o descodifique ilegalmente señales de satélite, o distribuya señales descodificadas ilegalmente o participe en la importación, venta o uso de una señal y código o actúe de manera tal que haga posible su obtención. La duración de esos derechos es de 50 años contados a partir de la transmisión original o de la primera emisión. La Delegación propuso que la Oficina Internacional prepare un texto consolidado para emprender negociaciones sobre un texto único en la próxima sesión del Comité.
33 La Delegación de Egipto declaró que su propuesta refleja la importancia que otorga a la protección de los organismos de radiodifusión y, en particular, la necesidad de establecer un planteamiento equilibrado para obtener esa protección. La Delegación subrayó que el equilibrio se consigue limitando la protección a los organismos de radiodifusión tradicionales y manifestó reservas a la ampliación de la protección a la difusión por Internet. De conformidad con la posición del Grupo Africano, señaló que la situación existente respecto de la difusión por Internet plantea cuestiones complejas de tipo técnico y jurídico que están sujetas a cambios constantes y, por lo tanto, son necesarias nuevas deliberaciones. A fin de adoptar una posición equilibrada es necesario que la protección se otorgue a la señal y no al contenido de las emisiones. La Delegación declaró que cualquier futuro acuerdo o tratado deberá basarse en propuestas que reciban una adhesión general y no en las que susciten controversias.
34 La Delegación de la India observó que puesto que la piratería es un problema que afecta a los organismos de radiodifusión, y habida cuenta de que ese fenómeno ha alcanzado cierto grado de sofisticación gracias a los avances tecnológicos, debe lucharse contra él adoptando medidas tecnológicas y no concediendo una protección adicional en virtud de la legislación de derecho de autor. El Comité deberá confirmar las definiciones de los nuevos términos y expresiones relativos a cuestiones relacionadas con la radiodifusión, como por ejemplo, los organismos de difusión por Internet, los organismos de difusión por cable, etc. para que las cosas se entiendan claramente, haciendo aumentar el interés del público y su derecho a acceder a la información. Será preciso equilibrar cuidadosamente los intereses del público, los consumidores, autores y creadores, por un lado, y los intereses de los organismos de radiodifusión, por el otro, de tal manera que resulten beneficiadas todas las partes interesadas. Puesto que la protección de las inversiones de los organismos de radiodifusión no corresponde al derecho de autor ni guarda relación alguna con los derechos de propiedad intelectual, ni tampoco entra estrictamente en el ámbito de la protección por derecho de autor, quizás resulte conveniente actualizar la Convención de Roma para responder a las preocupaciones de los organismos de radiodifusión. La Delegación opinó que deben consolidarse los avances obtenidos en virtud del WCT y el WPPT, y señaló que su país está actualizando su legislación con la finalidad de incorporar las disposiciones pertinentes de dichos tratados. En virtud de la legislación de la India, los programas de radiodifusión tienen un plazo de protección de 25 años, es decir, cinco años más que lo establecido en el Acuerdo sobre los ADPIC, y a juicio de la Delegación, la propuesta de conceder un plazo de protección de 50 años es muy poco razonable. El Comité debería considerar la cuestión de evaluar si existe o no efectivamente un consenso entre los Estados miembros en el sentido de elaborar un nuevo protocolo o tratado para proteger los derechos de inversión de los organismos de difusión por Internet y los organismos de difusión por cable. La Delegación apoyó la posición adoptada por las Delegaciones del Brasil, China, Australia y el Canadá, y concluyó diciendo que es prematuro considerar en este momento la celebración de una conferencia diplomática sobre los derechos de los organismos de radiodifusión, cosa que deberá plantearse únicamente cuando exista un consenso sobre ciertas cuestiones fundamentales, tales como los objetos de la protección y ciertas definiciones.
35 La Delegación de Francia señaló que, en la traducción francesa del proyecto de conclusión distribuido por el Presidente, existe una discrepancia respecto de la versión en inglés, ya que un texto “consolidado” es diferente de un texto “unificado”.
36 La Delegación de Egipto sugirió que se realice un cambio en el texto del proyecto de conclusión para indicar que el Comité proceda primero a evaluar los avances realizados en la cuestión de la radiodifusión y, a la luz de dicha evaluación, decida sobre las posibles medidas posteriores.
37 El Presidente dio la palabra a las delegaciones que asistían a la sesión en calidad de observador, señalando que la Asociación Norteamericana de Bibliotecas, la Civil Society Coalition, IP Justice, la Asociación Internacional de Hostelería y la Asociación de Derecho para Asia y el Pacífico (Lawasia) habían sido invitadas a participar en la sesión en calidad de observadores ad hoc.
38 Una representante de la Civil Society Coalition (CSC) señaló que sus declaraciones manifiestan la opinión de algunos de sus miembros, procedentes de entidades que se ocupan de la salud pública, los derechos civiles y la creación de programas informáticos. La CSC plantea objeciones a la propuesta de ampliar a 50 años la duración de la protección de los derechos de los organismos de radiodifusión, que es de 20 años en virtud del Acuerdo sobre los ADPIC y la Convención de Roma, señalando que dicha ampliación limitaría el acceso a la información, reduciría el dominio público y encarecería las informaciones. Los organismos de radiodifusión no son artistas intérpretes o ejecutantes, creadores ni autores de informaciones, y su reivindicación a la protección se basa en la protección de la inversión. Si se otorga una protección de 50 años a la inversión efectuada en relación con los datos, sin que exista ninguna creatividad, podría establecerse un precedente para prever períodos más amplios de protección para las bases de datos no originales, por ejemplo, mientras que la protección vigente para ese tipo de inversiones ha sido tradicionalmente de más corta duración. La representante observó que, por ejemplo, la Directiva de la Unión Europea relativa a la protección jurídica de las bases de datos otorga 15 años de protección a las bases de datos no originales. Un período de protección más prolongado para las emisiones sobrepasaría incluso los planes de negocios de los mismos organismos de radiodifusión. La representante acogió con beneplácito la declaración de la Delegación de los Estados Unidos de América relativa a las consecuencias imprevistas de la amplia protección de las informaciones y la declaración de la Delegación de Kenia en la que se pone de manifiesto la constante evolución de la tecnología. Actualmente, las emisiones, como las de Bloomberg Financial Television, se parecen cada vez más a transmisiones digitales de datos, lo que plantea la cuestión de si debe extenderse la protección para abarcar otros objetos además de las emisiones tradicionales. Por otra parte, hay que determinar si, en el contexto de una convergencia cada vez mayor entre Internet y la televisión, se sirve al interés público extendiendo la protección a informaciones que pertenecen al dominio público. Las delegaciones deberán considerar la relación existente entre los avances tecnológicos y el acceso a la información en el dominio público, las limitaciones y excepciones tradicionales al derecho de autor y la capacidad de archivar las informaciones.
39 Un representante de la Federación Internacional de Músicos (FIM) señaló que se ha logrado cierto grado de consenso sobre el principio de convocar una conferencia diplomática y reiteró las observaciones manifestadas en las sesiones anteriores del Comité. Resulta prematuro examinar la protección de los organismos de difusión por Internet, y el nuevo instrumento tiene que centrarse en la protección de los organismos de radiodifusión tradicionales. El representante se mostró preocupado porque los artistas intérpretes y ejecutantes no se benefician de una protección satisfactoria en relación con las interpretaciones o ejecuciones de obras audiovisuales, e instó a que no se retrase más la adopción de un tratado que actualice los derechos a ese respecto.
40 Un representante de la International Affiliation of Writers Guilds (IAWG) se mostró preocupado porque el tratado previsto en materia de radiodifusión vaya más allá de los problemas planteados por la piratería de las señales emitidas y cree derechos para los organismos de radiodifusión que menoscaben los derechos de los autores. Los guionistas de televisión tienen un interés evidente por el tratado propuesto, puesto que el material que producen es un elemento fundamental de las emisiones. Los guionistas cinematográficos resultan afectados porque casi todas las películas se emiten por televisión y muchos canales de televisión se dedican fundamental o exclusivamente a emitir películas realizadas originalmente para el cine. El representante acogió con agrado la intención de luchar contra la piratería, que amenaza no solamente a los organismos de radiodifusión, sino también a los guionistas que tienen derecho a recibir regalías y pagos residuales, sobre la base del uso de sus creaciones en los servicios de radiodifusión. Es importante que no se debilite el derecho que posee el guionista que ha conservado el derecho de autor, a reserva de lo estipulado en los acuerdos contractuales, a denegar la autorización para utilizar elementos que hayan de ser emitidos o retransmitidos. El representante advirtió contra la creación de derechos para los organismos de radiodifusión que puedan entrar en conflicto con los derechos preexistentes de los escritores, autores y otros, y acogió con agrado las intervenciones de las Delegaciones de los Estados Unidos de América y del Canadá que reconocían este punto importante. No hay necesidad de otorgar derechos para las redifusiones no simultáneas ni para la radiodifusión diferida ni para la puesta a disposición o la comunicación al público, que son fundamentalmente operaciones comerciales que están adecuadamente cubiertas por las medidas vigentes. La difusión por Internet es una cuestión urgente que debe examinarse por separado, pero con premura para poder lograr avances al respecto en uno o dos años.
41 Un representante de la Co-ordinating Council of Audiovisual Archives Association (CCAAA) declaró que su organización representa los intereses de los archivistas profesionales de todo el mundo que trabajan con documentos audiovisuales, como las grabaciones de emisiones de radio y televisión. Esos elementos forman parte del patrimonio cultural compartido, como ha sido el caso de las obras literarias y la pintura paisajística durante los siglos precedentes. Una tarea fundamental de los miembros de la CCAAA es hacer que las generaciones actuales y futuras puedan acceder a ese material para conocer y valorar más adecuadamente su cultura. Las grabaciones archivadas de emisiones de radio y televisión constituyen la clase de patrimonio audiovisual que resulta menos accesible para los usuarios. Los archivistas del ámbito audiovisual ya respetan dentro de sus actividades un marco de actos y de duración limitados, con muy pocas excepciones y exenciones. El representante declaró que se opone a cualquier ampliación de las condiciones de protección vigentes y cuestionó la necesidad de protección adicional. Es importante establecer un equilibrio adecuado entre el interés público y los intereses privados en esa materia y en este sentido el fortalecimiento de la protección de los organismos de radiodifusión no serviría de nada e iría en contra del interés público en un sentido amplio.
42 Un representante de la Asociación Internacional de Radiodifusión (AIR) declaró que ha llegado el momento de adoptar decisiones concretas con miras a la celebración de una Conferencia Diplomática. La radiodifusión sigue siendo un medio importante de difusión a la sociedad del material protegido, y es preciso que se beneficie de una protección internacional basada en un instrumento actualizado, de tal manera que los derechos de los organismos de radiodifusión queden al nivel previsto para otros derechos conexos en los tratados sobre Internet de 1996. La protección de los organismos de radiodifusión no está relacionada con la protección de una inversión, es más bien una actividad esencial que respalda la evolución de todas las actividades culturales. Por esta razón, esa cuestión siempre ha evolucionado a la par de la protección concedida a otros titulares de derechos conexos, como los artistas intérpretes o ejecutantes, o los productores de fonogramas. La protección debe limitarse a la noción clásica de radiodifusión y aplicarse a la radiodifusión inalámbrica y por cable. La cuestión de la difusión por Internet cada vez cobra más importancia, pero es preciso diferir su análisis y examen a una etapa ulterior, una vez que se adopte el tratado de actualización de los derechos de los organismos de radiodifusión tradicionales.

43 Un representante de la Unión de Radiodifusión de Asia y el Pacífico (ABU) señaló que las cuestiones derivadas del examen relativo a la difusión por Internet son demasiado nuevas y complejas para abordarlas en el tratado propuesto. El hecho de que en la región de Asia y el Pacífico exista un solo organismo de difusión por Internet ilustra el carácter reciente de esta actividad. Antes de decidir sobre la naturaleza y el alcance de la protección que debe concedérsele, es preciso examinar las realidades del mundo. La posible concesión de una protección a los organismos de difusión por Internet es una cuestión que merece un examen específico en el contexto de un protocolo o tratado independiente que se adoptará en una etapa ulterior y que no comprometerá el consenso alcanzado sobre la protección de los organismos de radiodifusión.


44 Un representante de la Federación Internacional de la Industria Fonográfica (IFPI) señaló que el examen de la protección de la difusión por Internet no debe abordarse en el debate en curso. El alcance de la protección no deberá abarcar la difusión simultánea. La IFPI respaldó el enfoque de lucha contra la piratería propuesto por la Delegación del Canadá. También declaró que es importante mantener el equilibrio entre los organismos de radiodifusión y los titulares del contenido. La IFPI se mostró favorable a limitar los derechos concedidos a los organismos de radiodifusión a los casos en que esos mismos derechos también se concedan a los titulares del contenido.
45 Un representante de la Federación Internacional de Actores (FIA) hizo hincapié en la necesidad de distinguir claramente la protección de la señal de la protección del contenido, y sólo conceder a los organismos de radiodifusión los derechos que precisan para luchar contra la piratería de la señal. Es preciso mantener el equilibrio estricto entre los distintos titulares de derechos. Los organismos de difusión por Internet no deberán considerarse como beneficiarios de protección. En caso de que en un futuro cercano se convoque una Conferencia Diplomática sobre la protección de los organismos de radiodifusión, también tendrán que abordarse los derechos de los artistas intérpretes o ejecutantes de obras audiovisuales.
46 Un representante de la Asociación Nacional de Organismos de Radiodifusión (NAB) manifestó que el objeto del futuro tratado deberá ser la señal y no el contenido, y que dicha protección se justifica por el tiempo, esfuerzo, energía e inversión que los organismos de radiodifusión consagran a adquirir, organizar, promover y difundir la señal. Sobre esa base, la NAB se opuso a la idea de limitar la protección concedida a los organismos de radiodifusión contra la reproducción de la señal tan sólo a los casos en los que los titulares del contenido no hayan autorizado la reproducción de su contenido incluido en la señal. También expresó su desacuerdo respecto a estipular expresamente que ninguna disposición del tratado deberá obstaculizar el acceso a la información y, en particular, al material cultural y educativo de dominio público. Si un organismo de radiodifusión despliega esfuerzos considerables para buscar y obtener material de dominio público, así como para incorporarlo en su señal, transmitirlo y promoverlo, deberá disponer de los recursos jurídicos necesarios para autorizar o prohibir el uso de la señal. El hecho de que ciertos contenidos sean de dominio público no significa que la señal también es de dominio público. No es cierto, como se ha sugerido, que un caso de litigio reciente en los Estados Unidos de América deba interpretarse de forma tan amplia que sugiera que cuando una emisión se redifunde simultáneamente en Internet, se convierte en una difusión por Internet, perdiendo su identidad como emisión por radio.

47 Un representante de la Asociación Literaria y Artística Internacional (ALAI) reiteró que es importante distinguir la protección de la señal de la protección del contenido, y manifestó su acuerdo respecto al enfoque de lucha contra la piratería propuesto por la Delegación del Canadá. En caso de que dicho enfoque no prevalezca, será necesaria una medida de salvaguardia en favor de los titulares del contenido. Dicha medida de salvaguardia deberá ser más fuerte que la prevista en la Convención de Roma y en la mayoría de propuestas consignadas en la comparación de propuestas (documento SCCR/10/3). La medida de salvaguardia en cuestión abarcará no sólo el contenido de los derechos sino también su ejercicio, de tal manera que el titular del contenido pueda autorizar un cierto uso pese a la oposición de los organismos de radiodifusión que han difundido dicho contenido. Esta solución podrá aplicarse al menos a los elementos del futuro tratado que completarán la Convención de Roma, y a las emisiones que tienen un contenido protegido por el derecho de autor.


48 Un representante de la Asociación Nacional de Organismos Comerciales de Radiodifusión en el Japón (NAB Japón) indicó que, en el Japón, los organismos de radiodifusión saben diferenciar muy bien la radiodifusión y la difusión por Internet porque, en muchos casos, son al mismo tiempo organismos de difusión por Internet. La difusión por Internet es esencialmente una transmisión interactiva, tal como consta en el documento técnico de referencia de la OMPI (documento SCCR/7/8, párrafo 56). La protección de la difusión por Internet es necesaria, pero debe examinarse por separado debido a sus diferencias fundamentales. Lo que se necesita con urgencia es actualizar la protección de la radiodifusión para luchar contra la piratería galopante en el nuevo entorno tecnológico. En cuanto al derecho de puesta a disposición de que gozan los organismos de radiodifusión, éste no debe limitarse a las emisiones fijadas sino que debe aplicarse también a las emisiones no fijadas. Si el derecho de redifusión ha de abarcar la redifusión de una emisión por Internet, es preciso realizar una verificación de la transmisión, lo cual resulta extremadamente difícil. En cambio, la verificación de la transmisión resulta innecesaria si el derecho de puesta a disposición ha de abarcar esa actividad por Internet. Ello permitiría entablar una actuación judicial por infracción, lo cual es fundamental para los organismos de radiodifusión. Por último, los derechos de estos últimos no entran en conflicto con los derechos de los titulares del contenido transmitido por la emisión, tan sólo luchan contra la piratería.
49 Un representante del International Music Managers Forum (IMMF) hizo hincapié en la necesidad de elaborar normas internacionales relativas a las actividades asemejadas a la radiodifusión que implican la comunicación con el público por Internet. Sin embargo, se acepta la idea de que esa protección puede ser difícil de incluir en el instrumento actualmente en examen y destinado a los organismos de radiodifusión tradicionales, en cuyo caso debería ser fácilmente objeto de un protocolo separado para la protección de la difusión por Internet. Por esa razón, el IMMF ha presentado a consideración de las delegaciones un protocolo completo para esas transmisiones. El orador manifestó su respaldo al enfoque del Canadá sobre la creación de un instrumento contra la piratería de las señales y dijo que la mejor manera de proteger las señales es mediante un lenguaje de protección de las mismas como el contenido en el Convenio Satélites y no mediante la concesión de derechos conexos a los organismos de radiodifusión, puesto que el derecho de autor y los derechos conexos están destinados a proteger la creatividad y la originalidad y no las señales. Puesto que muchas delegaciones han afirmado que el propósito del nuevo tratado es proteger tan sólo las señales y en vista de que el material de los programas transmitidos ya está protegido en otros instrumentos, el IMMF considera que es difícil conciliar los objetivos declarados del tratado plasmados en los numerosos proyectos de propuestas de las delegaciones con el derecho de fijación solicitado por los organismos de radiodifusión, puesto que no cree que una señal de radiodifusión siga existiendo después de fijada; una emisión fijada es simplemente material de programa emitido. Los derechos de reproducción y de distribución de la señal fijada, que los organismos de radiodifusión también exigen, tampoco son necesarios puesto que los organismos de radiodifusión pueden sencillamente obtener licencias por la reproducción y distribución del contenido de la emisión en virtud de una licencia comercial estándar concedida por los titulares de los derechos en cuestión.
50 Un representante de la Confederación Internacional de Sociedades de Autores y Compositores (CISAC), tomando la palabra también en nombre de la Oficina Internacional de Sociedades Administradoras de Derechos de Grabación y Reproducción Mecánica (BIEM), señaló tres temas de preocupación. En primer lugar, con respecto a los beneficiarios de la protección que conferirá todo nuevo instrumento, señaló que la posición de los Estados Unidos de América respecto de la difusión por Internet suscita gran preocupación en la comunidad de creadores y en las delegaciones, y declaró que la ampliación de la protección a los organismos de difusión por Internet es prematura e inconveniente. En segundo lugar, refiriéndose a una decisión reciente de un tribunal de los Estados Unidos de América, señaló que resulta difícil distinguir entre los distribuidores de emisiones tradicionales por caudales difundidas simultáneamente y las emisiones de radio por caudales en Internet, y declaró que esos casos demuestran el carácter bien fundado de la “multitud de argumento” a favor de la protección de las nuevas tecnologías. Todo futuro instrumento sobre la protección de los organismos de radiodifusión deberá aplicarse únicamente a los “organismos de radiodifusión tradicionales”, aunque esta noción es imposible de definir, o bien concentrarse en el tipo de actividad que debe protegerse; haciendo referencia a las actividades de radiodifusión y difusión por Internet. El representante señaló que las actividades de difusión por Internet y difusión simultánea realizadas por organismos de radiodifusión tradicionales se tratan juntas en una misma propuesta, pero que la difusión simultánea debe excluirse de estos debates, y que el examen de la protección de la difusión por Internet debe diferirse hasta profundizar el concepto. La propuesta de los Estados Unidos de América (Artículo 6) se centra correctamente en la prohibición de las fijaciones no autorizadas de las señales de radiodifusión, en vez de conferir derechos comerciales que pueden ir en contra de los derechos de propiedad intelectual existentes.
51 Un representante de la Asociación Americana de Comercialización Cinematográfica (AFMA) declaró que en el presente examen, el objeto de la protección debe ser la señal y no el contenido de las transmisiones realizadas por los organismos de difusión. El esfuerzo y la inversión por parte de esos organismos, incluida la restauración y puesta a disposición de productos de dominio público, también los proveedores del contenido hacen esfuerzos semejantes. Los derechos que tienen los organismos de radiodifusión de autorizar el uso de dicho producto son más parecidos a los derechos de los productores. En los Estados Unidos de América, los grandes estudios facilitan, prácticamente en exclusiva, largometrajes y muchos programas de televisión a sus redes nacionales, que a su vez pertenecen al mismo grupo de empresas. En la medida en que la producción de las series y episodios de televisión, y la mayoría de otros programas, está a cargo de los propios organismos de radiodifusión, éstos pueden considerarse como productores, que ya benefician de una protección. Al referirse a la pertenencia al mismo grupo propietario, señaló que la propuesta de los Estados Unidos de América, que sugiere que se conceda a los organismos de radiodifusión una protección específica que les otorgue el derecho de autorizar o prohibir la redifusión por cable de sus emisiones, en realidad les concede una protección como productores del contenido. Otras propuestas planteaban los mismos términos. En Europa, los organismos de radiodifusión suelen adquirir derechos limitados respecto al contenido a proveedores independientes que, sin tener en cuenta la nacionalidad, en general conceden bajo licencia los derechos primarios, en la mayoría de los casos respecto de emisiones no cifradas, sólo para el uso en la televisión gratuita. Por consiguiente, los organismos de radiodifusión sólo tienen el derecho de autorizar o prohibir la redifusión simultánea del contenido integral de su señal por cable, en lugar de un derecho comercial de concesión de licencias. Refiriéndose a la propuesta de la Delegación de Argentina, el orador convino en que la radiodifusión, contrariamente a la distribución por cable, significa una transmisión inalámbrica, pero no coincidía con la parte de dicha propuesta que establece que la redifusión significa la emisión simultánea por un organismo de radiodifusión de la emisión de otro organismo de radiodifusión. Esto concedería indebidamente la condición de organismo de radiodifusión y, en último término, los mismos derechos a los redifusores que se limitan a transportar las señales de otros organismos de radiodifusión. No debe concederse a los organismos de radiodifusión ningún derecho que pueda interpretarse en detrimento o en disminución del derecho de autor. En muchos países europeos y en el Canadá, la administración y negociación de las redifusiones por cable se realizan en un marco colectivo con los redifusores, que a su vez contratan con operadores de cable, cuyas tarifas prevén una remuneración para los titulares del contenido, cuyos productos han concedido bajo licencia a los organismos de difusión para la emisión original pero no para la redifusión. Puesto que existen acuerdos comerciales similares pero independientes entre los organismos de radiodifusión y los operadores de cable, no existe una presunción automática de la existencia de este tipo de derechos, y ese statu quo debe preservarse con respecto al contenido. Todos los métodos de distribución que deben autorizarse o prohibirse deben hacer referencia al titular de los derechos comerciales inherentes, ya sea que el organismo de radiodifusión intervenga o no en la protección de la reutilización de su señal. De lo que se trata es de la distribución futura de señales y contenidos a partes para las cuales la recepción no está prevista o no se tiene licencia, así como la necesidad de garantizar que el uso exclusivo de la señal y los derechos comerciales estén protegidos contra la transmisión no autorizada. El orador exhortó al Comité a que no defina de forma demasiado amplia el concepto de “organismos de radiodifusión”, ni que tampoco confiera legitimidad a las partes contra cuyas actividades se pretende obtener una protección.
52 Un representante de la Federación Internacional de Asociaciones de Productores Cinematográficos (FIAPF) manifestó su sorpresa ante el número de delegaciones favorables a la preparación de un proyecto de tratado internacional sobre los derechos de los organismos de radiodifusión, cuando aún no está claro el objetivo de tal protección y no existe un acuerdo al respecto en el seno del Comité. El representante se interrogó si tal objetivo es proteger la inversión, promover las actividades lucrativas paralelas, preservar los objetivos sociales de la radiodifusión, o crear instrumentos para luchar contra la piratería de las señales. El objetivo de todo instrumento de protección de los derechos de los organismos de radiodifusión deber ser luchar contra la piratería, y tanto el alcance del instrumento como el proceso de preparación del texto dependen de una definición clara de dicho objetivo.
53 Un representante de la Federación Internacional de Periodistas (FIP) subrayó que cualquier protección concedida a los organismos de radiodifusión deberá tener en cuenta la posición de los titulares de derechos de autor y derechos conexos, con el fin de no perjudicarlos. No sería pertinente conceder a tales organismos una protección que no se conceda a los autores. Por ende, debe darse prioridad al debate sobre la protección de los derechos de los artistas intérpretes o ejecutantes.

54 Un representante de la Unión Europea de Radiodifusión (UER) dijo que ya se ha logrado un alto grado de convergencia en el proceso de negociación y apoyó la opinión expresada por la delegación de la Comunidad Europea. Ha llegado el momento de adoptar una decisión. El tratado no busca centrarse en las medidas de lucha contra la piratería, sino que tiene el objetivo más amplio de actualizar los derechos exclusivos de los organismos de radiodifusión.


55 Un representante de la Federación Internacional de Asociaciones de Distribuidores Cinematográficos (FIAD) señaló que el desarrollo de nuevos tipos de comunicaciones ha favorecido la propagación de la piratería, en particular en el sector de la radiodifusión, ocasionando graves perjuicios a los titulares de derechos y a la creatividad en general. La protección de las señales no debe perjudicar a otros titulares de derechos protegidos.
56 Un representante de la Asociación Internacional de Escritores y Directores de Obras (Bruselas) (AIDAA) señaló que los organismos de radiodifusión están protegidos de una manera uniforme en toda Europa, incluidos los Estados de Europa Central y Oriental que han recibido asistencia técnica de la Comunidad Europea para la armonización de su legislación con las normas europeas. En la mayoría de los países, las autoridades de reglamentación del sector audiovisual asumen una responsabilidad específica respecto de la definición de los programas protegidos. Es preciso proteger de forma eficaz las señales contra la piratería, pero la protección del derecho de autor debe mantenerse al nivel actual.
57 El representante de la Federación Iberoamericana de Artistas Intérpretes o Ejecutantes (FILAIE) señaló que sería más adecuado examinar la protección de los organismos de radiodifusión en un foro de telecomunicaciones en vez de en una instancia sobre el derecho de autor. Los derechos que se concedan han de limitarse al nivel de protección previsto en la Convención de Roma y el principal objetivo de la labor deberá ser la actualización de los derechos conferidos en virtud de dicho instrumento.

OTRAS CUESTIONES PENDIENTES DE EXAMEN


58 La Secretaría informó sobre los estudios emprendidos con miras a poner en práctica la decisión del SCCR sobre los temas pendientes de examen. Presentó los documentos SCCR/9/6: “Estudio sobre las disposiciones nacionales de aplicación del WCT y el WPPT” preparado por la Secretaría; el documento SCCR/9/7: “Estudio sobre las limitaciones y excepciones relativas al derecho de autor y a los derechos conexos en el entorno digital” preparado por el Profesor Sam Ricketson, el documento SCCR/10/4: “Guía de la OMPI para determinar la contribución económica de las industrias relacionadas con el derecho de autor” preparado por la Secretaría, y el documento SCCR/10/2: “Evolución reciente en el campo de la gestión de los derechos digitales” preparado por Sres.  Jeffrey P. Cunard, Keith Hill y Chris Barlas.
59 La Delegación de la Comunidad Europea acogió con beneplácito la “Guía de la OMPI para determinar la contribución económica de las industrias relacionadas con el derecho de autor” pues se trata de un instrumento útil para los investigadores que hubieran podido aplicar metodologías diferentes. La Delegación recalcó la importancia del tema e indicó que la Comisión Europea esperaba el resultado de un estudio sobre el impacto económico del derecho de autor en los Estados miembros de la Unión Europea, que había sido encargado en una época en que no había tenido lugar la armonización de las metodologías. Esperaba que en el futuro las nuevas investigaciones puedan aprovechar la publicación de la OMPI sobre esta cuestión importante.
60 La Delegación de Burkina Faso celebró la iniciativa de la OMPI de prestar asistencia a los países para la evaluación de la contribución de su sector del derecho de autor. Con miras a aprovechar plenamente de la Guía de la OMPI que figura en la publicación de la OMPI N.º 893 (E), la Delegación subrayó la importancia de traducir dicha guía en los otros idiomas oficiales de la OMPI, en particular en francés.
61 El Presidente señaló que la Secretaría ha tomado las disposiciones pertinentes para la traducción de la publicación N.º 893 (E) en los otros idiomas oficiales de la OMPI.
62 La Delegación de la Comunidad Europea recordó que el tema de los sistemas de gestión de los derechos digitales se viene examinando desde hace un tiempo en la Unión Europea con asistencia de la Comisión Europea. Reconoció que el estudio encargado por la Secretaría de la OMPI representa una labor importante de evaluación de la situación y expresó el deseo de formular ciertas observaciones y compartirlas. El marco jurídico pertinente a nivel de la Unión Europea para los sistemas de gestión de derechos digitales es la Directiva 2001/29/CE sobre el derecho de autor y los derechos conexos en la sociedad de la información. Los comentarios sobre la aplicación de esa Directiva por los Estados miembros de la Unión Europea, contenidos en la página 66 y siguientes (párrafo 3.3.1) no son enteramente exactos. Además, varios elementos descriptivos del “proceso de talleres múltiples” (párrafo 3.3.2) sobre la gestión de los derechos digitales lanzado por la Comisión Europea, en particular el “resumen de temas”, se describen de manera muy subjetiva. En la Sección 5.1.3 relativa a la interfaz entre la gestión de los derechos digitales y los sistemas de gravámenes para las copias privadas se pasan por alto los esfuerzos permanentes consagrados a esta difícil cuestión. Además, en la misma sección, en la página 104, debido a una omisión, se ofrece una interpretación incorrecta del Considerando 35 de la Directiva relacionado con la compensación equitativa, interpretación que habría podido evitarse si los autores hubieran tomado contacto con la Delegación. Por otro lado, en la Recomendación 4 de la página 113, se deberían haber tenido en cuenta los parámetros fundamentales del debate sobre la gestión de los derechos digitales. Asimismo se hubiera podido poner de relieve lo que significan esos parámetros tras consultar los sitios Web pertinentes de la Comisión Europea, tales como el de DG MARKT.
63 El Presidente tomó nota de los importantes puntos planteados por la Delegación de la Comunidad Europea, que revelan que algunos aspectos del estudio pueden ser más precisos. La revisión del documento SCCR/10/2 podrá ser parte de un proceso futuro.
64 La Delegación de Costa Rica, tomando la palabra en nombre del Grupo de Países de América Latina y el Caribe (GRULAC), señaló que el documento SCCR/10/2 se distribuyó en español hace muy pocos días, y por tal motivo, las autoridades nacionales de los países del grupo no pudieron evaluar el contenido de ese documento, que trata de cuestiones muy técnicas. Sin embargo, el grupo esperaba plantear sus observaciones y opiniones ulteriormente, una vez terminado el proceso de evaluación detallada. Además, solicitó a la OMPI que adopte medidas para la elaboración de disposiciones modelo referentes a las limitaciones y excepciones, y su interacción con las medidas técnicas de protección.

65 La Delegación de Chile declaró que, en ciertos casos, parece claro que la aplicación de medidas técnicas de protección representa una amenaza para el ejercicio legítimo de las limitaciones y excepciones en favor de los usuarios y consumidores. Es preciso profundizar el análisis de la aplicación de esas medidas y de los casos de elusión autorizados.


66 La Delegación de los Estados Unidos de América recordó que, en la última sesión del SCCR, se realizó una presentación de la “bandera de difusión” en el marco de la Reunión de Información sobre la Difusión por Internet. También se hizo referencia a ese mecanismo en la página 56 del documento SCCR/10/2. La Delegación informó al Comité que, el día anterior, la Comisión Federal de Comunicación adoptó una recomendación con respecto a ese mecanismo de antipiratería, que impedía la distribución ilícita de los programas de televisión digital en Internet. Habida cuenta de que la decisión era muy reciente, la Delegación esperaba poder facilitar una descripción más detallada en la próxima sesión del SCCR.
67 Un representante de la Confederación Internacional de Sociedades de Autores y Compositores (CISAC) preguntó a la Secretaría si el documento SCCR/10/2 podía considerarse como un documento final, o más bien como un documento provisional. Esta pregunta se formuló teniendo en cuenta los comentarios y observaciones formulados por la Delegación de la Comunidad Europea, que podían dar lugar a modificaciones del presente documento.
68 La Secretaría declaró que siempre queda abierta la posibilidad de hacer correcciones. La cuestión es saber si conviene integrar las distintas opiniones en el documento o en anexos independientes.
69 La Delegación de Australia se interrogó acerca de la preparación de la Guía de los Tratados de la OMPI sobre Derecho de Autor y Derechos Conexos.
70 La Secretaría informó al Comité que la guía estaría disponible en inglés para la próxima sesión del SCCR ya que se ha puesto fin a su preparación y revisión. En la misma situación se encontraba la Guía sobre la concesión de licencias de derecho de autor y derechos conexos.
71 El representante de la Civil Society Coalition (CSC) apoyó la declaración efectuada por la Delegación de Chile. La aplicación incorrecta de medidas técnicas de protección podía tener graves repercusiones sobre el ejercicio de las limitaciones y excepciones, y obstaculizar el acceso a la información. El Delegado pidió a la OMPI que contemple la posibilidad de organizar talleres y otras actividades para favorecer el debate sobre las opiniones de usuarios y consumidores en relación con los sistemas de gestión de los derechos digitales. También es necesario tener en cuenta ciertos sistemas de gravámenes para las copias privadas como alternativas a los sistemas de gestión de los derechos digitales, y como una manera de remunerar a la comunidad creativa por el uso de sus obras.
72 La Delegación de Francia consideró que el documento sobre la gestión de los derechos digitales es interesante y útil, y señaló que esa cuestión concernía a todos los países. La Delegación señaló a la atención de la Comisión el sitio Web del Ministerio de Cultura francés, que contiene una sección consagrada a las medidas técnicas de protección, y observó que, en líneas generales, no se dispone de suficiente información sobre este tema tan importante. Por consiguiente, tal vez sería útil crear un mecanismo de actualización, con estudios adicionales, para que todos puedan mantenerse al día en esta esfera.
73 El Presidente señaló que ciertos productos elaborados por la Secretaría son de carácter institucional, como por ejemplo las disposiciones de ejecución del WCT y del WPPT, y puedan dar lugar a innumerables actividades de actualización y de seguimiento, mientras que otros son guías y estudios, que no se prestan a un seguimiento institucional. Sin embargo, señaló, que pueden presentarse a la Secretaría todo tipo de observaciones, correcciones etc. sobre cualquiera de sus productos, y que esos comentarios recibirán la mayor atención. Es importante mencionar los estudios y otras referencias, así como la reunión de información en las decisiones que figuran en el Informe de la reunión, y que dicha información quedará así disponible para todos aquéllos que no hayan asistido a la reunión, y también podrá ayudar a los participantes en la preparación de la próxima reunión.
74 La Delegación de México apoyó la celebración de una reunión de información previa a la reunión del SCCR, ya que serviría para aclarar las cuestiones que iban a examinarse y despertar el interés por la propia reunión.
75 La Delegación de la India manifestó su apoyo a los documentos producidos por la Secretaría, y señaló que debido a su carácter orientador, debían ser examinados por expertos, y utilizados adecuadamente teniendo en cuenta los distintos niveles de desarrollo de los Estados miembros.
76 La Delegación de Panamá respaldó la sugerencia del Presidente, señalando que dicha información es necesaria tanto para las personas que se encuentran en las capitales como para los participantes de la reunión.
77 La Delegación de Canadá preguntó si, teniendo en cuenta la reunión informativa, celebrada anteriormente en la semana, sobre los contenidos para discapacitados visuales, la Secretaría estaba trabajando en leyes modelo sobre esta cuestión.
78 La Secretaría explicó que prestaba asesoramiento continuo a los Estados miembros en materia de legislación, en particular, mediante la presentación de proyectos de ley sobre todas las cuestiones relacionadas con la propiedad intelectual, y trabajando con cada gobierno beneficiario de tales proyectos con miras a adaptarlos a la situación de cada país.

OTROS TEMAS


79 Se observó que no se habían planteado otros temas en esta sesión.
80 El Comité Permanente adoptó las siguientes decisiones:
a) i) la undécima sesión del Comité Permanente se celebrará en la semana que empieza el 7 de junio de 2004;
ii) el Presidente de la presente sesión del Comité Permanente deberá preparar un texto consolidado con observaciones explicativas, sobre la base de las propuestas presentadas al Comité Permanente y los debates celebrados en el seno del mismo, en cooperación con la Secretaría, texto que se distribuirá en todos los idiomas de trabajo de la OMPI a más tardar el 1º de abril de 2004;
iii) en la undécima sesión, que se celebrará en junio de 2004, los debates del Comité Permanente se basarán en el texto consolidado, y el Comité evaluará los avances de la labor. A la luz de esos debates y de dicha evaluación, el Comité decidirá si recomendará o no a la Asamblea General de la OMPI, de 2004, la convocación de una Conferencia Diplomática;
iv) una reunión de información se organizará en el contexto de la undécima sesión sobre un tema, cuya elección se deja a cargo del Director General de la OMPI, teniendo en cuenta la evolución pertinente de las cuestiones que debe examinar el Comité Permanente.

b) se tomó debida nota de las encuestas y estudios detallados facilitados por la Secretaría sobre otras cuestiones pendientes de revisión, y el Comité alentó a la Secretaría a que continúe facilitando estudios y materiales de debate útiles sobre las cuestiones y los hechos que presenten un interés. El punto titulado “Otras cuestiones pendientes de revisión” se mantendría en el orden del día de la undécima sesión del Comité Permanente, de modo que éste pueda examinar el trabajo que la Secretaría deberá realizar en el futuro con respecto a estas cuestiones.

APROBACIÓN DEL INFORME


81 En respuesta a la solicitud del Presidente, la Secretaría sugirió que el proyecto de informe sobre los procedimientos se establezca en los tres idiomas, y se distribuya en los próximos diez días, en forma impresa y por vía electrónica, y que todos los participantes puedan luego formular comentarios sobre sus respectivas intervenciones. El informe final se compilará y distribuirá a principios de 2004.
82 El Presidente señaló que el Comité estaba de acuerdo con el procedimiento descrito anteriormente por la Secretaría.
CLAUSURA DE LA SESIÓN
83 El Presidente cerró la sesión.

[Sigue el Anexo]




I. MEMBRES/MEMBERS
(dans l’ordre alphabétique français/

in French alphabetical order)



ALBANIE/ALBANIA
Nikoleta RISTANI (Mrs.), Head of Juridical and Author’s Right Directory, Ministry of Culture, Youth and Sports, Tirana

ALGÉRIE/ALGERIA
Hakim TAOUSAR, directeur général, Office national du droit d’auteur et des droits voisins (ONDA), Alger
Nor-Eddine BENFREHA, conseiller, Mission permanente, Genève

ALLEMAGNE/GERMANY
Irene PAKUSCHER (Ms.), Head of Division, Copyright and Publishing Law, Federal Ministry of Justice, Berlin
Mechtild Mara WESSELER (Ms.), Counsellor, Permanent Mission, Geneva

ARGENTINE/ARGENTINA
Marta GABRIELONI (Sra.), Consejera, Misión Permanente, Ginebra

AUSTRALIE/AUSTRALIA
Chris CRESWELL, Copyright Law Consultant, Copyright Law Branch, Information and Security Law Division, Attorney General’s Department, Barton

AUTRICHE/AUSTRIA
Günter AUER, Chief Public Prosecutor, Federal Ministry of Justice, Vienna

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