Sala de casación laboral



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CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

MAGISTRADO PONENTE JOSÉ ROBERTO HERRERA VERGARA


Referencia: Expediente No. 16359

Homologación

Acta No. 16

Bogotá, D.C., veinte (20) de marzo de dos mil uno (2001).
EXTRACTO JURISPRUDENCIAL – NUEVA LEGISLACIÓN.

“Considera la Corte que no es cierto que el incentivo de racionalización de vacaciones limite el derecho patronal de exigir a los trabajadores una prestación personal de servicios, como lo cree equivocadamente la recurrente, pues por el contrario, está estimulando la ejecución de labores aún en períodos en que algunos empleados suelen disfrutar del descanso vacacional.
En segundo lugar, este beneficio fue concedido en equidad dentro de la potestad que en este tema le asiste a un tribunal de arbitramento.”
Resuelve la Corte el recurso de homologación interpuesto por el apoderado de la FUNDACIÓN ABOOD SHAIO, contra el Laudo Arbitral de fecha 20 de diciembre de 2.000, proferido por el Tribunal de Arbitramento Obligatorio, convocado para dirimir el conflicto colectivo laboral suscitado entre la recurrente y la ASOCIACIÓN NACIONAL DE TRABAJADORES Y EMPLEADOS DE HOSPITALES, CLINICAS, CONSULTORIOS Y ENTIDADES DEDICADAS A PROCURAR LA SALUD DE LA COMUNIDAD “ANTHOC” SECCIONAL BOGOTÁ.
Reconócese al doctor CARLOS EMIRO JÁCOME ILLERA, con T.P. No. 11.616, como apoderado de la FUNDACIÓN ABOOD SHAIO, conforme al memorial poder que obra a folio 10 del primer cuaderno.

Así mismo se reconoce al doctor ENRIQUE BORDA VILLEGAS, con T.P. No. 42.356, como apoderado de la Asociación Nacional de Trabajadores y Empleados de Hospitales, Clínicas, Consultorios y Entidades dedicadas a procurar la salud de la comunidad “ANTHOC”, para los fines del poder que obra a folio 35 del cuaderno de la Corte



I.- ANTECEDENTES

El Ministerio del Trabajo y Seguridad Social mediante resolución No.01320 del 14 de junio de 2.000 ordenó la constitución de un tribunal de arbitramento obligatorio con el propósito de estudiar y decidir el conflicto colectivo de trabajo existente entre las partes antes mencionadas.


Fueron nombrados árbitros los doctores LILI YOLANDA VEGA, quien actuó como presidente (tercer árbitro), designada por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social mediante resolución No. 02190 de fecha 25 de octubre de 2.000, TITO FERRONI GUZMÁN (designado por la fundación) y ARMANDO NOVOA GARCÍA (designado por el sindicato). Una vez posesionados de sus cargos, instalaron el Tribunal el 7 de noviembre de 2.000. Por resolución No. 02399 de fecha 30 de noviembre de 2.000, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social amplió en 30 días el término para fallar.


II.- EL LAUDO ARBITRAL

En sesión del 20 de diciembre de 2.000, profirió el Tribunal de Arbitramento el Laudo Arbitral, cuya parte pertinente al recurso de homologación, es del siguiente tenor:


ARTICULO PRIMERO. PERMISO PARA LA NEGOCIACION COLECTIVA. La Fundación concederá permiso sindical remunerado a sus trabajadores miembros principales de la Comisión Negociadora del Sindicato, durante los días en que se programen reuniones, tanto en la etapa de arreglo directo como en su prórroga si la hubiere. Se entiende que el permiso se extiende por las 24 horas del día de reunión.
Para efectos de su remuneración se tendrá en cuenta el promedio de los salarios devengados por el trabajador durante el mes inmediatamente anterior al uso del permiso.”
“ARTICULO SEGUNDO. CAMPO DE APLICACIÓN DE LA CONVENCIÓN. La convención colectiva de trabajo se aplicará a los trabajadores afiliados al Sindicato de Anthoc, a quienes posteriormente se adhieran a sus beneficios y a la totalidad de los trabajadores de la Fundación cuando el sindicato exceda de una tercera parte.
PARÁGRAFO. Los derechos extralegales que no se encuentren contenidos en la convención colectiva de trabajo vigente entre las partes y que sean reconocidos por la Fundación no podrán afectar el derecho de igualdad de los beneficiarios del presente laudo Arbitral.”
ARTICULO TERCERO. CONTINUIDAD DE DERECHOS. En caso de cambio de razón social y/o fusión del Sindicato con otra organización sindical, la Fundación seguirá reconociendo a los trabajadores beneficiarios de las convenciones y laudos arbitrales vigentes los derechos y demás beneficios en ellos contenidos.”
ARTICULO CUARTO. SALON DE CONFERENCIAS. La Fundación facilitará el salón de conferencias al sindicato, durante una vez al mes. Para este efecto, este sindicato elevará su solicitud con una antelación no inferior a cinco días, caso en el cual la petición tendrá carácter vinculante.”
ARTICULO QUINTO. INCENTIVO DE RACIONALIZACIÓN DE VACACIONES. No obstante la facultad que tiene el empleador de señalar la época en la cual el trabajador deba salir a disfrutar las vacaciones y a que se puedan compensar en dinero hasta el cincuenta por ciento (50%) de las vacaciones, previa autorización del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, con el fin de no causar perjuicios ni desmejorar la prestación de los servicios por la salida masiva del personal a vacaciones, la Fundación reconocerá a aquellos trabajadores que no disfruten la totalidad de las vacaciones durante los siguientes periodos: Primero (1º) de junio a quince (15) de julio, y primero (1º) de diciembre a quince (15) de enero de cada año, y a los trabajadores que en otros periodos disfruten del cincuenta por ciento (50%) de las vacaciones, previa autorización del Ministerio, un incentivo equivalente a tres (3) días de salario, pagaderos en la época en que salga a disfrutar sus vacaciones totales o parciales según el caso.
Estos tres (3) días no constituyen salario para efectos de liquidar otros derechos laborales y el número de días es inmodificable en el futuro en razón a que por estar pactado el incentivo en días de salario, aumenta cuando se aumenta el salario.
Por otra parte, para contabilizar las vacaciones, en tiempo, no se tendrá en cuenta el día sábado como día hábil.”
ARTICULO SEXTO. A la cláusula 24 de la convención colectiva vigente se le adiciona el siguiente PARÁGRAFO: PARÁGRAFO. La Fundación facilitará sus instalaciones a los trabajadores que adelanten estudios relacionados con la salud, para que estos adelanten las prácticas correspondientes. Este beneficio no podrá afectar la prestación del servicio que dispensa la Fundación.”
ARTICULO DECIMO TERCERO. AUXILIO PARA COOPTRASHAIO. Dentro de los treinta días siguientes a la expedición del presente laudo, la Fundación pagará a COOPTRASHAIO un auxilio de UN MILLON NOVECIENTOS SETENTA Y SEIA MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO PESOS ($1.976.524). Para el segundo año se incrementará en la misma proporción en que se ha ajustado el salario mínimo para el año 2001.”


III.- EL RECURSO DE HOMOLOGACIÓN

El apoderado de la FUNDACIÓN ABOOD SHAIO, interpuso recurso de homologación contra el Laudo Arbitral y en su defecto contra los artículos transcritos por las siguientes razones:


Contra el Laudo en general, por ser inequitativo y por no haberse estudiado la denuncia de la convención colectiva de trabajo, presentada oportuna y legalmente por la Fundación.
La inequidad del Laudo la fundó en la falta de apreciación de las pruebas que contienen el análisis de la situación económica y financiera de la Fundación, que la ha llevado a solicitarle al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social autorización para despedir a 222 trabajadores y a recurrir a la Ley 550 de 1.999 de Reestructuración Económica y demás convenios para conjurar la crisis empresarial. Incluyó los cuadros respectivos.
Además, sostuvo que el fallo es abiertamente contradictorio en relación con las denuncias de la convención presentadas por la Clínica, pues desconoció la del “25 de noviembre de 1.999”, legalmente presentada, y exigió en forma ilegal una sustentación.
Los reparos en cuanto a las disposiciones específicas del Laudo consistieron en lo siguiente:
1-. En el artículo primero, en el permiso para la negociación colectiva se violó lo dispuesto en el artículo 57 numeral 6 del C.S.T. en relación con la facultad que tiene el empleador para descontar o compensar tales permisos. Las negociaciones no requieren de las 24 horas del día, y es el artículo 127 del C.S.T. el que define el concepto de salario.
2-. Respecto del artículo segundo, campo de aplicación de la convención, anotó que sólo la ley puede indicar a quiénes se aplica una convención colectiva de trabajo, y por lo tanto, el Laudo la viola cuando la extiende a toda clase de trabajadores, como los accidentales y transitorios, y a los no sindicalizados. Además, se contraría el derecho a la igualdad y le impide al empleador otorgar beneficios por mera liberalidad.
3-. En cuanto al tercero, continuidad de derechos, sostuvo que ese aspecto le corresponde a la ley y además, es exorbitante al cobijar a trabajadores que se retiren de la Fundación.
4-. La obligación de prestar el salón de conferencias, contemplada en el artículo cuarto, limita el derecho de la Fundación de hacer uso libre de sus bienes, la solicitud del sindicato es vinculante, y sobre todo, esta petición no aparece en el pliego de peticiones presentado por el sindicato.
5-. Lo referente a los incentivos por racionalización de vacaciones, contenido del artículo quinto, limita el derecho del empleador para exigir a sus trabajadores la prestación de los servicios personales pactados, y la facultad de señalar la época de las vacaciones de acuerdo con sus propias necesidades. Este incentivo no está concebido así en el pliego de peticiones. Consagra una obligación irredimible y le quita al sábado su carácter de día hábil, contrariando el mandato legal al respecto.
6-. Al artículo sexto le hace el mimo reparo que al cuarto, en cuanto al derecho de propiedad y al uso de sus bienes, conservación y utilización en función de la organización de la empresa.
7-. Finalmente precisa, en relación con el auxilio a la Cooptrashaio, que las disposiciones del Laudo Arbitral sólo se aplican a las partes que suscribieron la convención colectiva de trabajo, y por lo tanto el Tribunal de Arbitramento carece de competencia para imponer obligaciones a favor de terceros.

IV.- CONSIDERACIONES DE LA CORTE


Procede la Sala al examen de los puntos del recurso de homologación sustentado por la FUNDACIÓN ABOOD SHAIO.
1-. DENUNCIA PATRONAL.
Sostiene el apoderado de la Fundación, que el tribunal “desconoció la denuncia del 25 de noviembre, legalmente presentada, por extemporánea, cuando, según el mismo tribunal, no lo era”, y que además, al analizar la denuncia del 25 de noviembre, “el tribunal manifiesta que la niega por cuanto las aspiraciones consignadas por la Fundación “no se sustentaron en forma fundamental ni se encontró en forma concreta y demostrada alteraciones drásticas y notorias que amenacen en forma grave y evidente la vida de la empresa”.
Se aprecia fácilmente en la motivación arbitral, que el Laudo en ningún momento desestimó “por extemporánea” la denuncia que de la normatividad colectiva presentara la Fundación “el día 25 de noviembre de 1999”. Por el contrario, tras apoyarse en la jurisprudencia de la Corte estimó que “decidió conocer de la denuncia presentada por la Fundación de fecha 25 de noviembre de 1999, la cual . . . cumple con los requisitos establecidos en los artículos 478 y 479 del C.S.T. este último subrogado por el decreto 616 de 1954”. De tal suerte que carece de fundamento la crítica de la recurrente acerca de la presunta decisión de extemporaneidad de esa específica denuncia.
En cambio, sí es cierto, como lo anota la impugnante, que el tribunal negó las “aspiraciones consignadas por la Fundación” por cuanto no se sustentaron debidamente, ni se demostró en forma concreta las alteraciones drásticas y notorias que amenacen de manera grave y evidente la vida de la empresa.

Estima la Sala que no puede calificarse de infundada la susodicha denuncia, en la medida en que la Fundación la sustentó en un déficit presupuestal. Pero también debe tenerse en cuenta, de otra parte, que para negar lo pretendido por la empleadora, consideraron los arbitradores, por unanimidad, que no se daban los presupuestos jurisprudenciales necesarios para su prosperidad. Y en efecto, no concretó la recurrente qué puntos de la normatividad vigente resultan manifiestamente inequitativos, o que según la jurisprudencia deban ser declarados inexequibles, lo que impide acceder al desquiciamiento perseguido.
No se anulará, en consecuencia, lo resuelto por el tribunal.
2-. INEQUIDAD DEL LAUDO.
Alega, en síntesis, la recurrente que el Laudo es inequitativo porque ella solicitó al Ministerio de Trabajo autorización para despedir a 222 trabajadores como consecuencia de la disminución de la demanda de servicios de salud, la disminución de sus ingresos por las tarifas derivadas de la Ley 100 de 1993 y sus reglamentos y el sobre costo de una planta de personal excesivamente alta, así como haber tenido que recurrir a la Ley 550 de 1999 para conjurar la crisis y acordar con sus acreedores plazos hasta de nueve años para la cancelación de sus obligaciones. Acompaña al efecto la estructura de costos de personal, de honorarios y ventas netas.
En realidad los puntos del pliego de peticiones que concedió el tribunal, con incidencia económica, son básicamente el atinente al “incentivo de racionalización de vacaciones” – que se analizará en forma separada por la Corte -, la prima especial de cirugía, UCI y UCC, y los aumentos de los salarios y de los auxilios preexistentes. Estas decisiones fueron adoptadas por el tribunal en equidad, en desarrollo de sus atribuciones legales.
Respecto de la prima establecida para el personal de cirugía, cuidados intensivos o de cuidado coronario, en cuantía de $15.605.oo mensuales, evidentemente no resulta exorbitante.

En igual forma, el aumento salarial y de los auxilios, en cifras cercanas al incremento en el costo de vida, impiden calificar esa decisión de “manifiestamente inequitativa”, condición que a la luz de la jurisprudencia de la Corte sería la única que ameritaría la anulación, si por otra parte se han cumplido los requisitos de regularidad del Laudo.

Como el tribunal no se extralimitó en sus atribuciones y decidió los puntos sobre primas, salarios y auxilios en equidad, debe la Corte, en sede de homologación, declarar exequible tal determinación.

3-. CAMPO DE APLICACIÓN.

Se duele la empleadora de que el artículo arbitral que reglamenta el ámbito de aplicación es ilegal porque el tribunal se abroga el derecho de definirlo y extiende los beneficios a los trabajadores accidentales y transitorios. Igualmente critica lo señalado en el parágrafo respecto de la igualdad en relación con otras contrataciones colectivas, porque la definición de esos aspectos está contenida en la Ley, además de afectar el derecho de los empleadores de otorgar beneficios por mera liberalidad, y el de los trabajadores de disfrutar de los mismos.
La disposición en referencia es del siguiente tenor:

ARTICULO SEGUNDO. CAMPO DE APLICACIÓN DE LA CONVENCIÓN. La convención colectiva de trabajo se aplicará a los trabajadores afiliados al Sindicato de Anthoc, a quienes posteriormente se adhieran a sus beneficios y a la totalidad de los trabajadores de la Fundación cuando el sindicato exceda de una tercera parte.


PARÁGRAFO. Los derechos extralegales que no se encuentren contenidos en la convención colectiva de trabajo vigente entre las partes y que sean reconocidos por la Fundación no podrán afectar el derecho de igualdad de los beneficiarios del presente laudo Arbitral.”

Para la Corte, el inciso primero de la resolución de los arbitradores no riñe con la Ley. Antes por el contrario es un fiel desarrollo de lo que ella prevé (artículo 38 del Decreto Legislativo 2351 de 1965) en la hipótesis de que el sindicato promotor del conflicto colectivo de trabajo agrupe más de la tercera parte del personal de la empresa, pues él continúa con potestad de representar a todos los trabajadores de la empresa y puede en tal carácter suscribir la respectiva convención colectiva de trabajo, posibilidad que no pierde por el solo hecho de que coexistan con él sindicatos minoritarios en la correspondiente unidad de explotación económica.

En consecuencia, y mientras esté vigente dicho precepto, si al momento de expedición del Laudo o durante su vigencia, el sindicato que es parte en este conflicto agrupare el referido número de afiliados, por ley, las disposiciones del fallo arbitral se aplican a sus miembros, a los que adhieran al mismo y a todos los trabajadores de la empresa, sean o no sindicalizados. En cambio, si el número de afiliados no excede de la tercera parte del total de trabajadores, debe aplicarse la regla prevista en el artículo 37 del citado Decreto legislativo.

Desde ahora aclara la Corte que en sede de homologación no le corresponde dirimir lo atinente a negociaciones colectivas que intenten otros sindicatos, porque ello es ajeno a la competencia de la Corte de verificar la regularidad del Laudo y de examinar si los arbitradores se extralimitaron en sus funciones o desconocieron las limitaciones contempladas en el artículo 458 del CST.


El parágrafo del mismo artículo del Laudo per se no es violatorio de la Ley porque no prohibe que la Fundación reconozca, en otras negociaciones, beneficios distintos a los otorgados por el tribunal de arbitramento, lo que constituye un respeto de las previsiones contenidas en la Ley 584 de 2000. Obviamente, como lo tiene asentado esta Sala en forma reiterada, el derecho de igualdad laboral en tratándose de la negociación colectiva, no se infringe por el solo hecho de que una prerrogativa aisladamente considerada sea más favorable que otra, porque la igualdad en esta materia debe analizarse con un criterio de conjunto, pues de lo contrario podría enervarse la autonomía inherente a cada contratación colectiva, la que no es dable desquiciar por una imposición arbitral general. De manera que en cada caso determinado, y previo estudio del contexto de las contrataciones colectivas, habrá de examinarse si se conculca o no el derecho de igualdad establecido en el Laudo.

Por tanto, se declarará exequible el artículo segundo.

4-. PERMISO PARA LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA

El Laudo concedió permisos remunerados, teniendo en cuenta el salario devengado por el trabajador durante el mes inmediatamente anterior a su utilización, a los integrantes de la comisión negociadora del sindicato durante los días en que se programen reuniones en la etapa de arreglo directo.


Arguye la Fundación que la decisión de los arbitradores no indica a cuántos ni a cuáles trabajadores debe extenderse la disposición, reparo infundado a juicio de la Corte porque se señaló expresamente que los beneficiarios eran los integrantes de la comisión negociadora del sindicato durante los días en que se programaran reuniones, lo que permite entender lógicamente que el permiso era para quienes asistieran a las mismas en representación de la asociación profesional.
Tampoco le asiste razón a la Fundación respecto de la improcedencia de la remuneración de tales permisos, puesto que son concedidos a favor de quienes intervengan en representación del sindicato en las conversaciones de la etapa de arreglo directo, lo que es inherente al derecho de negociación colectiva consagrado en el artículo 55 de la Carta Fundamental y desarrollado en los artículos 432 y s.s de CST, en relación con el artículo 4 del Convenio 98 de la Organización Internacional del Trabajo, ratificado por la Ley 27 de 1976. A diferencia de otra clase de permisos, los aquí estatuidos perderían toda eficacia práctica si se cercenara el derecho a la remuneración durante las conversaciones directas que procuran la auto composición del conflicto por los naturales interlocutores sociales. Negar la remuneración comportaría un desmejoramiento en las condiciones de trabajo para quienes laboran en la importante función de representar a los trabajadores en una negociación colectiva. De manera que en este específico caso, suprimir el derecho al salario de los delegados sindicales que participan en los diálogos con el empleador, equivaldría a establecer un serio obstáculo para el cabal ejercicio del derecho de contratación colectiva garantizado en las normas citadas.
De suerte que se declarará exequible el artículo primero del Laudo.

5-. CONTINUIDAD DE DERECHOS.
Se ordenó en el artículo tercero del Laudo recurrido:

En caso de cambio de razón social y/o fusión del Sindicato con otra organización sindical, la Fundación seguirá reconociendo a los trabajadores beneficiarios de las convenciones y laudos arbitrales vigentes los derechos y demás beneficios en ellos contenidos.”

Contrario de lo que estima la recurrente – que no cita ninguna disposición presuntamente quebrantada - es claro para la Sala que este artículo no viola norma legal alguna. Por el contrario, consulta cabalmente el espíritu del artículo 474 del código, conforme al cual, disuelto el sindicato, la convención celebrada continúa rigiendo los derechos y obligaciones del patrono y los trabajadores, sin perjuicio de que hacia el futuro pierda su vigencia si se convienen con las nuevas organizaciones sindicales otros acuerdos colectivos que en conjunto sean más favorables para los respectivos trabajadores.
Se homologará este artículo.

6-. SALÓN DE CONFERENCIAS.

Dispuso el artículo cuarto del fallo arbitral que “La Fundación facilitará el salón de conferencias al sindicato, durante una vez al mes. Para este efecto, este sindicato elevará su solicitud con una antelación no inferior a cinco días, caso en el cual la petición tendrá carácter vinculante.”



La objeción de la Fundación consiste en que se impone esa obligación sin contraprestación alguna y con el carácter de vinculante, en forma ineludible y “ominosa”, con lo que se viola el derecho de propiedad.


Estima la Corte que conforme a la Constitución Política la propiedad tiene una función social y el derecho respectivo no es absoluto, pues las instalaciones de la empresa no pueden concebirse como un feudo inaccesible para el sindicato o los trabajadores. De manera que la prescripción arbitral en principio no desconoce el derecho del empleador como propietario, con mayor razón si se trata de facilitar el cabal desarrollo del derecho constitucional y legal de asociación sindical. Además, contrario a lo que estima la Fundación recurrente muchas obligaciones a cargo de los empleadores se imponen legalmente sin contraprestación distinta a la prestación del servicio por parte del trabajador.
Ahora bien, es obvio que este préstamo es condicionado, pues está implícita la obligación correlativa del usufructuario de darle un buen uso a las instalaciones y de devolverlas en las condiciones existentes al momento de su otorgamiento.

De otra parte, no existe óbice de tipo legal para que el préstamo se conceda una vez al mes, aclarando eso sí que el carácter “vinculante”, si bien por sí mismo no es contrario a la Ley, no implica en manera alguna que el salón de conferencias deba ser prestado en la fecha que imponga el sindicato, sino en la que dentro de ese periodo se acomode a las necesidades del servicio, porque con arreglo a la Constitución Política el interés general debe prevalecer sobre el individual, por lo que no puede someterse a una entidad prestadora de un servicio público tan esencial, como es el de salud, a la camisa de fuerza de tener que facilitar el salón un único día, ya que habrá casos en los que, a pesar de la buena voluntad de la empleadora, pueden existir necesidades trascendentes, urgentes o apremiantes del servicio que impidan la utilización para fines sindicales en la fecha propuesta por la asociación sindical, siendo obligatorio para la Fundación concederlo otro día en que no militen esas justificadas limitantes.


Por tanto, se homologará la disposición.

7-. INCENTIVO DE RACIONALIZACIÓN DE VACACIONES.


El artículo quinto del Laudo, consagró así el incentivo de racionalización de vacaciones: “No obstante la facultad que tiene el empleador de señalar la época en la cual el trabajador deba salir a disfrutar las vacaciones y a que se puedan compensar en dinero hasta el cincuenta por ciento (50%) de las vacaciones, previa autorización del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, con el fin de no causar perjuicios ni desmejorar la prestación de los servicios por la salida masiva del personal a vacaciones, la Fundación reconocerá a aquellos trabajadores que no disfruten la totalidad de las vacaciones durante los siguientes periodos: Primero (1º) de junio a quince (15) de julio, y primero (1º) de diciembre a quince (15) de enero de cada año, y a los trabajadores que en otros periodos disfruten del cincuenta por ciento (50%) de las vacaciones, previa autorización del Ministerio, un incentivo equivalente a tres (3) días de salario, pagaderos en la época en que salga a disfrutar sus vacaciones totales o parciales según el caso.
Estos tres (3) días no constituyen salario para efectos de liquidar otros derechos laborales y el número de días es inmodificable en el futuro en razón a que por estar pactado el incentivo en días de salario, aumenta cuando se aumenta el salario.
Por otra parte, para contabilizar las vacaciones, en tiempo, no se tendrá en cuenta el día sábado como día hábil.”

Considera la Corte que no es cierto que el incentivo de racionalización de vacaciones limite el derecho patronal de exigir a los trabajadores una prestación personal de servicios, como lo cree equivocadamente la recurrente, pues por el contrario, está estimulando la ejecución de labores aún en períodos en que algunos empleados suelen disfrutar del descanso vacacional.


En segundo lugar, este beneficio fue concedido en equidad dentro de la potestad que en este tema le asiste a un tribunal de arbitramento.
Lo que sí es cierto es que, tal como lo alega la Fundación, lo concedido comporta una obligación irredimible en cuanto se establece que el número de días, “es inmodificable en el futuro”, como ilegalmente lo dispuso el inciso segundo de este artículo, por lo que se declarará inexequible esta expresión.
De otra parte, si conforme a la jurisprudencia, los tribunales de arbitramento están facultados para extender el número de días de vacaciones contemplados en la Ley, lo que hizo el tribunal de arbitramento fue adoptar una medida equivalente al considerar los sábados como día hábil para estos específicos efectos, con lo cual no extralimitó sus atribuciones, dado que el número de días de vacaciones señalado en la Ley es un derecho mínimo que puede ser mejorado por decisión arbitral, motivo por el cual no se anulará la orden del inciso tercero del artículo en comento.
Por lo demás, aun cuando lo otorgado no es un calco de lo pedido, no es cierto que el mencionado incentivo no haya sido impetrado por el sindicato, porque tal solicitud se formuló en el artículo séptimo del pliego de manera general, y en principio estaba dentro de las atribuciones del tribunal concederlo en la forma como lo hizo, con la salvedad de su inmutabilidad, atrás explicada, que es violatoria del artículo 458 del código.
En consecuencia, se homologará el beneficio contenido en el artículo quinto, con excepción del aparte inexequible arriba especificado.
8-. PRÁCTICAS DE ESTUDIO.
El artículo sexto del Laudo adicionó a la cláusula 24 de la normativa colectiva vigente el siguiente PARÁGRAFO: “La Fundación facilitará sus instalaciones a los trabajadores que adelanten estudios relacionados con la salud, para que estos adelanten las prácticas correspondientes. Este beneficio no podrá afectar la prestación del servicio que dispensa la Fundación.”
La recurrente afirma que este punto extralimita las facultades de los árbitros porque afecta el derecho de propiedad y contraviene normas de salud – que no cita cuáles son – que a su juicio impiden que los Centros se conviertan en campos de experimentación.
Estima la Sala que los arbitradores no desbordaron sus potestades legales al conceder esta solicitud del pliego que va dirigida al sano propósito de la capacitación del personal en el mismo escenario donde la entidad prestadora de servicios de salud realiza el giro ordinario de sus actividades. Como no hay diferencias entre éstas y los estudios médicos o paramédicos que adelanten los trabajadores no existe violación de la normatividad aplicable. Obsérvese que esta cláusula no viola el derecho de propiedad porque como atrás se dijo éste no es absoluto, tiene una función social, características que consultan lo ordenado por los árbitros. Nótese que se prevé que “Este beneficio no podrá afectar la prestación del servicio que dispensa la Fundación”. Además ni siquiera se le impone a la empleadora el deber de pagar suma alguna para dichas prácticas y es lógico entender que el préstamo de las instalaciones no queda sometido a imposiciones rígidas, sino sujeto al buen juicio de la Fundación y condicionado a la apropiada utilización de las instalaciones por parte de los beneficiarios, lo que desde luego no puede implicar el desconocimiento patronal en la práctica del beneficio, que puede ser encauzado adecuadamente por la Clínica.

Se homologará este punto.

9-. AUXILIO A COOPTRASHAIO.
Conforme al artículo décimo tercero del proveído arbitral, “Dentro de los treinta días siguientes a la expedición del presente laudo, la Fundación pagará a COOPTRASHAIO un auxilio de UN MILLON NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO PESOS ($1.976.524). Para el segundo año se incrementará en la misma proporción en que sea ajustado el salario mínimo para el año 2001.”

Aduce la Fundación recurrente que el tribunal carecía de competencia para imponer a la Clínica auxilios económicos en beneficio de terceros porque el Laudo arbitral sólo obliga a las partes.


Considera la Corte que es cierto que los laudos arbitrales, como las convenciones colectivas de trabajo, se aplican a los destinatarios legales que en esencia son los trabajadores de la empresa. Pero por esa misma razón, la obligación patronal de hacer un aporte a una cooperativa, integrada por los empleados de la respectiva empresa, no puede mirarse como un simple beneficio para un tercero, dado que en el fondo los beneficiarios de dicho auxilio son los propios trabajadores, que son los socios de esa persona jurídica que lo recauda. La jurisprudencia también ha admitido esta solución tratándose de fondos de vivienda o fondos de empleados, en los que militan las mismas razones aquí expuestas.
Como no quebrantó el tribunal ninguna norma en este aspecto, se homologará su decisión.
En los demás aspectos, no surge que el tribunal haya desconocido derechos o facultades de las partes o que se haya extralimitado en el objeto de su convocatoria.
En mérito de lo expuesto, la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA –SALA DE CASACIÓN LABORAL-, administrando justicia en nombre de la república y por autoridad de la Ley,

RESUELVE


PRIMERO: HOMOLOGAR el Laudo Arbitral proferido el día 20 de diciembre de 2000 por el Tribunal de Arbitramento Obligatorio, convocado para dirimir el conflicto colectivo laboral suscitado entre la FUNDACIÓN ABOOD SHAIO y la ASOCIACIÓN NACIONAL DE TRABAJADORES Y EMPLEADOS DE HOSPITALES, CLINICAS, CONSULTORIOS Y ENTIDADES DEDICADAS A PROCURAR LA SALUD DE LA COMUNIDAD “ANTHOC” SECCIONAL BOGOTÁ, con excepción de la expresión “. . . y el número de días es inmodificable en el futuro en razón a que por estar pactado el incentivo en días de salario, aumenta cuando se aumenta el salario” del inciso segundo del artículo quinto, la cual se anula.

SEGUNDO.- Envíese el expediente al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social para lo de su cargo.

Cópiese, notifíquese e insértese en la Gaceta Judicial.


José Roberto Herrera Vergara

Francisco Escobar Henríquez Carlos Isaac nader


Rafael Méndez Arango luis Gonzalo toro Correa


Germán G. Valdés Sánchez Fernando Vásquez Botero




GILMA PARADA PULIDO

Secretaria



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