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Ajuste B-10 por Efectos de la Inflación

Al determinar el costo de producción (“COP”) de la mercancía objeto de investigación de los Demandados, el Departamento de Comercio ajustó el valor de los activos fijos para tomar en cuenta la inflación, antes de calcular los costos de depreciación del periodo de investigación de los Demandados. El Departamento explicó que aplicó un ajuste al valor de los activos fijos de los Demandados debido a que sus libros y registros contables incluían tal ajuste conforme a los GAAP en México, publicados en el Boletín B-10 del Instituto Mexicano de Contadores Públicos (“Boletín B-10”). Sin embargo, el Departamento rechazó hacer un ajuste similar a otros costos de manufactura e ingresos de los Demandados.

Los Demandados argumentan que el Departamento erró en su determinación al revalorizar los activos fijos conforme al Boletín B-10. El Boletín B-10 exige a las compañías mexicanas indexar todas las partidas en sus estados financieros para tomar en cuenta la inflación (independientemente si la economía mexicana experimenta o no inflación) durante el pasado y presente año fiscal, para permitir que la información financiera de los años presentados en el estado financiero puedan ser actualizados al valor actual.

Los Demandados argumentan que el Departamento de Comercio interpretó de manera incorrecta el Boletín B-10 al aplicar el ajuste requerido únicamente al costo de depreciación, tratando el ajuste requerido por el Boletín B-10 como si fuera una disposición de depreciación. Los Demandados argumentan que la mala aplicación del ajuste del Boletín B-10 originó una distorsión en sus costos de producción. Afirman que el Departamento debió rechazar el ajuste a los costos de depreciación por inflación o hacer el ajuste correspondiente a las ventas en el mercado interno, comparando los costos -calculados con un componente de depreciación indexado por la inflación-con los precios históricos de venta.

La cuestión frente al Panel es si la determinación del Departamento de Comercio de incluir el ajuste de inflación a la depreciación en los activos fijos revalorizados, fue conforme a derecho y es sustentada por la evidencia contenida en el expediente.

La disposición legal aplicable es el 19 U.S.C § 1677b(f)(1)(A), que regula el cálculo de los costos de producción en las investigaciones antidumping.

Los costos se calcularán normalmente basándose en la documentación del exportador o productor de la mercancía, si tal documentación se mantiene de conformidad con los principios de contabilidad generalmente aceptados del país exportador (o del país productor, cuando proceda) y reflejan razonablemente los costos de la producción y la venta de la mercancía. La autoridad administradora examinará todos los datos disponibles que prueben la debida asignación de los costos, incluyendo los datos que sean proporcionados oportunamente por el exportador o el productor si tales asignaciones han sido utilizadas de hecho por el exportador o el productor, en particular para determinar los períodos apropiados de amortización y de depreciación y las deducciones en concepto de gastos de capital y de otros costos de desarrollo.

Al interpretar esta disposición legal, el Circuito Federal ha indicado que “una agencia puede aceptar los estados financieros mantenidos conforme a los principios de contabilidad generalmente aceptados en el país exportador o rechazarlos cuando, de aceptarlos, pudiera distorsionar los costos reales de la compañía”. Hynix Semiconductor, Inc. v. United States, 424 F. 3d 1363, 1369 (Fed. Cir. 2005).

Al analizar las afirmaciones de los Demandados, primero examinaremos si el Departamento de Comercio tiene la discrecionalidad de ajustar los costos de depreciación de los activos fijos, cuando la economía de mercado en cuestión no experimenta hiperinflación. En segundo lugar, analizaremos si el ajuste por inflación aplicado por el Departamento en su Resolución Definitiva se hizo conforme a los registros de los Demandados. Finalmente, consideraremos si el ajuste distorsiona los costos actuales de los Demandados.

Antes de referirnos a la validez del ajuste del Boletín B-10 realizado por el Departamento de Comercio en el presente caso, consideraremos primero si un ajuste de depreciación en activos fijos revalorizados está limitado a casos en los que el país exportador experimenta hiperinflación. Citando la determinación del Departamento Comercio en dos investigaciones previas21, Prolamsa sostiene que:

La inflación se presenta en prácticamente todos los países que han sido o serán objeto de procedimientos antidumping de Estados Unidos. Sin embargo, a menos que la economía experimente hiperinflación, el Departamento no tomará en cuenta el “impacto inflacionario” sobre la vida útil de un activo. El Departamento no ha articulado una sola razón por la que México, que no experimentó hiperinflación durante el periodo de investigación, debería de ser tratado diferente a cualquier otro país.

Memorial 57(3) de Prolamsa en 10-13.

El hecho que México no experimentara hiperinflación durante el periodo de investigación utilizado por el Departamento de Comercio en Perfiles y Tubos RGL provenientes de México no es controvertido. Sin embargo, ni el caso TACSA de México ni el caso PTRP de México, involucraron ajustes a los activos de capital para tomar en cuenta la inflación en el tiempo. Más bien, el Departamento de Comercio consideró, en ambos casos, un ajuste general por hiperinflación. Por otra parte, ninguna determinación señaló específicamente un ajuste por depreciación en los activos fijos revalorizados por inflación. Así, ningún caso representa un precedente que contradiga la Resolución Definitiva del Departamento de Comercio de Perfiles y Tubos RGL provenientes de México.

El Panel considera que existen precedentes administrativos en los que el Departamento de Comercio realizó el ajuste de los valores de los activos fijos en países en los que no existe hiperinflación. En los casos Tubería de Acero Circular Sin Alear, procedente de la República de Corea (“TACSA proveniente de Corea”), 57Fed. Reg. 42,942 (Departamento de Comercio 17 de septiembre de 1992), Utensilios de Cocina Porcelanizados procedentes de México (“UCP proveniente de México”), 60 Fed. Reg. 2,378 (Departamento de Comercio, 9 de enero de 1995), y Rosas Frescas de Corte provenientes de Ecuador (“RFC proveniente de Ecuador”), 60 Fed. Reg. 7,019, 7,029 (Departamento de Comercio, 6 de febrero de 1995), el Departamento realizó ajustes a los activos fijos similares al ajuste impugnado en la presente revisión, no obstante que los países involucrados no experimentaran hiperinflación. Llama la atención que en la determinación del Departamento en UCP proveniente de México se aplicó el mismo ajuste que se impugna en este caso. En la revisión de la resolución definitiva del Departamento de Comercio en UCP proveniente de México, un panel de TLCAN confirmó la determinación declarando que:

El Panel encuentra el argumento de Cinsa sobre hiperinflación sin fundamento debido a que la empresa confunde la práctica del Departamento de escoger entre costos revaluados e históricos para la estimación del gasto de depreciación.

Tal y como fue explicado por Comercio y confirmado por la Corte de Comercio Internacional, la elección de la metodología para estimar el gasto en depreciación se basa en los PCGA del mercado nacional y se refiere al hecho de si la metodología representa adecuadamente los costos de producción. En una economía hiperinflacionaria, el uso del método de revaluación sería el medio preferido para estimar la depreciación. Sin embrago, el Panel no encuentra ningún caso que apoye la posición de Cinsa en que Comercio sólo utiliza el método revaluador en el contexto de una economía hiperinflacionaria.

En el caso UCP proveniente de México, USA-95-1904-01 en 31-32 (30 de abril de 1996).

Coincidimos con este razonamiento. Prolamsa no invocó ante este Panel algún caso con base en el cual podamos concluir que el Departamento de Comercio no debió ajustar los costos de los activos fijos de los Demandados para efectos de la inflación, a menos que el país exportador experimentara hiperinflación. Asimismo, en otros casos la CIT ya confirmó el ajuste al valor de los activos de capital, véase Laclede Steel Co. v. United States, 18 C.I.T. 965 (CIT 1994) en adición al panel de TLCAN en el caso UCP proveniente de México.

Es claro que el Boletín B-10 representa el GAAP de México conforme al significado del 19 U.S.C § 1677b(f)(1)(A). Ninguno de los participantes argumenta que este ajuste no se realizó conforme a los libros y registro contables de Prolamsa y Maquilacero o que tales registros no fueran conformes a los GAAP de México.

En su I&D Memo, el Departamento de Comercio explicó porque la depreciación basada en los valores de los activos fijos ajustados de conformidad con el Boletín B-10 representan adecuadamente los costos actuales de Prolamsa y Maquilacero:

El cálculo de la depreciación con base en los valores de los activos revalorizados representa el costo actual asociado con el mantenimiento de los mismos. Calcular la depreciación en activos revalorizados es razonable a la luz del impacto inflacionario sobre varios años en la vida útil de los activos. En otras palabras, el gasto de depreciación ajustado asociado con las compras en años anteriores refleja razonablemente los valores históricos actualizados a los niveles actuales de la moneda.

I&D Memo en cmt. 13.

Una vez que el Departamento de Comercio decidió utilizar los ajustes del Boletín B-10 a los activos fijos presentados en los estados financieros de Prolamsa y Maquilacero, la carga de la prueba recaía en los Demandados para demostrar que el uso por el Departamento de Comercio de la depreciación en los activos fijos revalorizados conforme al Boletín B-10 –en contraposición con la depreciación histórica– distorsionaba el cálculo de los costos de producción de los Demandados. Laclede Steel, 18 CIT en 975. Concluimos que los Demandados no revirtieron esta carga.

Prolamsa y Maquilacero afirman que el error del Departamento de Comercio al no efectuar un ajuste a los precios de venta internos conforme al Boletín B-10 distorsionaron el cálculo del margen final de dumping. Las compañías mexicanas argumentan que están obligadas a realizar el ajuste del Boletín B-10 a todas las partidas de sus estados financieros auditados para el año fiscal anterior y actual. Por consiguiente, los Demandados argumentan que, si el Departamento de Comercio realiza el ajuste del Boletín B-10 al costo de los activos fijos de los Demandados, debe exigirse realizar el ajuste del mismo modo que se les exige a las compañías mexicanas, i.e., a todas las partidas en cuestión. Argumentan que el Departamento de Comercio no puede “selectivamente sólo mirar el elemento de depreciación y aislarlo del Boletín B-10 para agregarlo al costo de producción de Maquilacero [y de Prolamsa]”. Transcripción de la Audiencia en 38. El principal argumento de Prolamsa y de Maquilacero es que el Departamento de Comercio debió hacer el ajuste del Boletín B-10 a todos los elementos de las respuestas de las compañías – i.e., a todos los costos y ganancias – o no debió haber hecho ajuste alguno conforme al Boletín B-10.

El Panel no está convencido de este razonamiento. El hecho de que Prolamsa y Maquilacero ajustaran todos los elementos de sus estados financieros conforme a la disposición del Boletín B-10, no significa, por este solo hecho, que el Departamento deba también ajustar por inflación todos los elementos relevantes para un cálculo de dumping. Fundamentalmente, las disposiciones legales, con base en las cuales el Departamento de Comercio realizó los ajustes del Boletín B-10, 19 U.S.C. § 1677(b)(f)(2)(A), se refieren expresamente a los cálculos de los costos de producción y valor reconstruido, mas no a los precios de venta. Los Demandados no han citado ninguna disposición que obligue al Departamento de Comercio a realizar un ajuste a los precios de venta conforme al Boletín B-10; ni el Panel tiene conocimiento de que exista alguna disposición en este sentido.

Asimismo, el Departamento de Comercio aplica el ajuste del BoletínB-10 a elementos de costo como los activos fijos para medir “el impacto inflacionario sobre múltiples años en la vida útil de los activos,” I&D Memo en cmt. 13, para calcular el costo de depreciación durante el periodo fijo y limitado de una investigación o revisión administrativa. Maquilacero y Prolamsa no han podido articular las razones por las cuales sería aplicable el ajuste del Boletín B-10 a los costos de producción incurridos normalmente durante el curso de un periodo de investigación o revisión, v.gr., salarios, utilidades o materiales, en particular debido al hecho que estos costos no son afectados por la inflación durante un periodo de tiempo más amplio que aquél cubierto por una investigación o revisión administrativa.

No obstante que el Panel considera que el Departamento de Comercio pudo haber articulado de mejor manera su razonamiento cuando debió aplicar el ajuste del Boletín B-10 a los costos de los activos fijos de los Demandados, la decisión del Departamento de Comercio es razonable.NMB Sing., Ltd. v. United States, 557 F. 3d 1316, 1319 (Fed. Cir.2009). Los Demandados no han cumplido su carga de demostrar que el hecho de que el Departamento de Comercio realizara el ajuste del Boletín B-10 al valor de sus activos fijos distorsionó el cálculo del margen. En consecuencia, no vemos ninguna razón para apartarnos de las determinaciones hechas previamente por los paneles de TLCAN y por la CIT, en las que se confirmó la aplicación del ajuste del Boletín B-10 únicamente a los activos fijos. Véase UCP proveniente de México, USA-95-1904-01 (30 de abril de 1996); Laclede Steel Co. v. United States, No. 94-160, Slip. Op. en 23-24 (12 de octubre de 1994). El Panel concluye que la determinación del Departamento de Comercio de utilizar la depreciación de los activos fijos que fueron revalorizados conforme al Boletín B-10, en el cálculo de los costos de producción de los Demandados, es conforme a derecho y está sustentada en evidencia sustancial.

Reducción del Costo de Manufactura para Reflejar las Diferencias entre los Costos Reportados y los Costos Verificados.

En respuesta a la sección D del cuestionario antidumping del Departamento de Comercio, Prolamsa reportó el costo total de manufactura ("COM") para su mercancía, mismo que el Departamento utilizó como un elemento del cálculo del costo de producción y del valor reconstruido de la mercancía de Prolamsa. En la verificación de la información reportada por Prolamsa22, el Departamento identificó una diferencia entre la suma del COM de la mercancía objeto y no objeto de investigación, como se reporta en la sección D del cuestionario de Prolamsa ("COM reportado"), y el COM total de la mercancía de Prolamsa, de acuerdo con lo asentado en el sistema contable de costos de la compañía y verificado por el Departamento de Comercio ("COM verificado"). Basado en el resultado de la verificación, Prolamsa argumentó que había reportado en exceso su COM de la mercancía objeto de investigación y solicitó al Departamento ajustar su COM reportado hacia abajo, para que coincidiera con el COM reflejado en el sistema contable de la compañía. En la Resolución Definitiva, el Departamento reconoció la existencia de diferencias entre los costos reportados de Prolamsa y los costos verificados, I&D Memo. en cmt. 8, pero concluyó que no podía determinar la naturaleza de las diferencias o si éstas estaban relacionadas con la mercancía objeto de investigación. Idem. Debido a que el Departamento de Comercio no estaba convencido, de que la sobrevaloración del COM reportado estuviera vinculada a la mercancía objeto de investigación, se negó a hacer el ajuste solicitado por Prolamsa. Idem.

La ley antidumping es omisa con respecto a cómo debe tratar el Departamento de Comercio diferencias inexplicables e irreconciliables entre los costos reportados por un demandado y los costos reflejados en su sistema contable. Micron Tech v. United States, 117 F.3d 1386, 1394-1396 (Fed. Cir 1997) . Cuando la ley es omisa o ambigua, el Departamento goza de una discreción considerable para implementar el mandato del Congreso. Idem. Véase también Chevron, 467 U. S. en 842- 843.

En el contexto de esta facultad discrecional, el Departamento de Comercio ha adoptado una práctica que consiste en que si se identifica una diferencia entre la información reportada y la información verificada que funciona a favor de un demandado, se ajustará la información a favor del demandado (por ejemplo, reducir el costo de manufactura), siempre que pueda explicar la diferencia y demostrar que está relacionada con la mercancía objeto de investigación. Véase, por ejemplo, Metal Calendar Slides from Japan, 71 Fed. Reg. 36063 (Departamento de Comercio, 23 de junio de 2006); Polyvinil Alcohol from Taiwan, 63 Fed. Reg. 32,810, 32,819 (Departamento de Comercio, 16 de junio de 1998). Por el contrario, el Departamento de Comercio no dará a un demandado el beneficio de un ajuste cuando se descubra durante la verificación una aparente sobrevaloración de los costos en la verificación, si el demandado no puede explicar la diferencia y vincularla con la mercancía objeto de investigación. Esta práctica, así como la práctica del Departamento de Comercio de ajustar los costos hacia arriba, cuando la verificación revela que un demandado presentó costos por debajo de sus costos actuales, es congruente con la regulación del Departamento que exige a un demandado establecer el monto y naturaleza de un ajuste “a satisfacción del Secretario [de Comercio]”, el 19 CFR § 351.401 (b) (1), que señala que “[l]a parte interesada que posea la información relevante tiene la carga de establecer, a satisfacción del Secretario, el monto y la naturaleza del ajuste en particular”. La carga de probar el derecho a un ajuste favorable corresponde a la parte que pretende beneficiarse de éste ha sido establecida por el Tribunal de Apelaciones. Fujitsu Gen. v. United States, 88 F.3d 1034, 1040 (Fed. Cir. 1996).

Prolamsa afirma que la política del Departamento de exigir a las partes que demuestren su derecho a ajustes favorables es internamente incongruente e inequitativa. Cuando el Departamento descubre que los costos se reportaron por debajo del costo actual, su práctica consiste en incrementarlos automáticamente para reflejar los costos verificados, a menos que el demandado sea capaz de demostrar por qué los costos reportados son más precisos. Véase, por ejemplo, Certain Hot-Rolled Flat-Rolled Carbon-Quality Steel Products from Brazil, 64 Fed. Reg. 38,756 (Departamento de Comercio, 19 de Julio de 1999); Stainless Steel Plate and Coils from Taiwan, 64 Fed. Reg. 15, 493, 15, 498 (Departamento de Comercio, 31 de marzo de 1999). Prolamsa argumenta que esta práctica, que incrementa los márgenes de dumping, mientras exige una demostración del derecho a ajustes que disminuyan los márgenes de dumping, es punitiva y contraria al requisito de que el Departamento calcule márgenes de dumping precisos. Véase Rhone Poulenc v. United States, 899 F.2d 1185, 1191 (Fed. Cir. 1990) (al declarar que “el objeto básico de la ley” es “determinar los márgenes actuales con la mayor precisión posible”). El Panel no coincide y concluye que la práctica del Departamento es razonable y congruente con lo que dispone la ley.

La práctica del Departamento emana del hecho de que la parte que reclama el ajuste controla su propia información.23 Por un lado, el Demandado tiene un claro incentivo para reportar por debajo sus costos y poco incentivo para explicar por qué sus costos fueron reportados así. La práctica del Departamento de incrementar automáticamente estos costos, descubiertos en la verificación, atiende este problema. En cambio, cuando existe un posible error y su ajuste puede beneficiar a un demandado, es el demandado quien se encuentra en posición de explicar el error y documentar su naturaleza y relación con la mercancía objeto de investigación. Por lo tanto, es razonable que el Departamento imponga la carga de demostrar el derecho al beneficio de una diferencia corregida a la parte que controla la información. Véase Sugiyama Chain Co. v. United States, 797 F. Supp. 989, 994 (CIT1992) (en este caso se concluye que las implicaciones prácticas de imponer al Departamento de Comercio la carga de determinar la exactitud de la información reportada durante el curso de una investigación de derechos antidumping “haría inútil el proceso administrativo”). En consecuencia, concluimos que el Departamento tiene la discreción de requerir a Prolamsa que explique la diferencia entre los costos reportados y verificados, y demuestre que los costos reportados por encima del costo actual se relacionan con la mercancía objeto de investigación. Con base en esta conclusión, debemos ahora determinar si el Departamento de Comercio ejerció correctamente su facultad discrecional.

Los costos reportados por Prolamsa, por encima del costo actual, comprenden dos elementos. El primero se refiere a una diferencia entre los costos de los bienes vendidos de la compañía ("COGS,") para toda la mercancía generada por el sistema contable de costos de Prolamsa. El reporte de la verificación muestra que los COGS verificados fueron ligeramente inferiores a los COGS del sistema. Reporte de Verificación de Costos de Prolamsa (Versión Confidencial del Expediente Administrativo, Doc. 79) en 11-12. Prolamsa argumenta que debido a que el sistema de COGS constituía la base del valor reportado como el COM para la mercancía objeto de investigación, junto con los otros valores reportados derivados del sistema de COGS, el COM de ésta debe reducirse por el porcentaje por el cual el sistema de COGS excedió los COGS verificados. Prolamsa afirma que dicha reducción sería congruente con la práctica anterior del Departamento aplicada en circunstancias similares.

Prolamsa cita el caso de Polyethylene Retail Carrier Bags from Thailand, 69 Fed. Reg. 34,122 (Departamento de Comercio, 18 de junio 2004), en el cual el Departamento de Comercio realizó un ajuste global a la información reportada por un demandado, con base en una declaración por encima de la cantidad de la mercancía objeto de investigación vendida, para sustentar su posición con respecto a la reducción requerida en los COGS. Sin embargo, la discrepancia en la información de Prolamsa se distingue de aquélla en el caso Polyethylene Retail Carrier Bags from Thailand, debido a que el demandado en esa investigación pudo demostrar que el error por el cual solicitó el ajuste fue producto de un error específico e identificable al capturar los datos. Idem. En el caso Polyethylene Retail Carrier Bags from Thailand, se pudo identificar y explicar, a satisfacción del Departamento, la razón de la discrepancia. Por el contrario, en ningún momento durante la investigación del Departamento, o con posterioridad a la misma, Prolamsa ha podido explicar por qué sus COGS reportados y sus COGS verificados no coinciden.24

Como consecuencia de la imposibilidad de Prolamsa de explicar la naturaleza de la discrepancia, el expediente administrativo no contiene nada que le hubiese permitido al Departamento de Comercio identificar qué parte -si la hay- de los COGS reportados por encima de los costos es atribuible a la mercancía objeto de investigación. Debido a que tanto los COGS verificados como los COGS del sistema se relacionan con toda la mercancía producida por Prolamsa, es evidente que los costos reportados por encima del costo actual se relacionan tanto con la mercancía objeto como con la no objeto de investigación. Prolamsa parece conceder esto. Por lo tanto, la conclusión del Departamento de Comercio de que Prolamsa no cumplió con la carga que se requiere para demostrar su derecho al ajuste solicitado, es razonable y se sustenta en evidencia sustancial.

El segundo elemento de los costos reportados está relacionado con una diferencia no identificable entre el COM de la mercancía objeto de investigación y el total del COM para toda la mercancía, según lo registrado en su sistema contable de costos.

Como un elemento de verificación, el Departamento de Comercio solicitó a Prolamsa reconciliar los COM reportados para la mercancía objeto de investigación (“mercancía bajo consideración”) con los COM de su sistema contable.25 En respuesta, Prolamsa proporcionó información conciliada bajo las siguientes categorías:

• COM del sistema contable de costos (en estándar);

• Menos: COM de mercancía no objeto de investigación

• Menos: Diferencia

• COM para mercancía objeto de investigación.

• Menos: embalaje

• Menos: Descuento Chatarra

• Más: Ajuste B-10

• Más: Variación

• Total


Reporte de Verificación de Costos de Prolamsa (versión confidencial del Expediente Administrativo, Doc. 79) en 14.

El asunto en cuestión es la cantidad que Prolamsa reportó bajo la categoría de "Diferencia", misma que comprende la cantidad de la diferencia entre el COM que Prolamsa reportó y el COM contenido en el sistema contable de Prolamsa. El campo de "Diferencia" documenta la cantidad por la cual el COM total generado por el sistema contable de costos de Prolamsa ("sistema COM") fue ligeramente inferior a la cantidad del COM total reportado por Prolamsa en respuesta al cuestionario del Departamento ("COM reportado") 26. Idem en 14. Para fines de reconciliación, Prolamsa reconcilió el sistema COM de la mercancía objeto de investigación a sus estados financieros comenzando con el sistema COM para toda la mercancía, primero sustrayendo del sistema COM la mercancía no objeto de investigación y luego la cantidad de la "Diferencia" antes de ajustar el resultado por embalaje, descuento por chatarra, ajuste B-10, y la variación. Idem. Debido a que el sistema COM total es ligeramente inferior al COM total reportado en un monto equivalente de la "Diferencia" de la reconciliación, el sistema COM de la mercancía objeto de investigación es menor que el COM reportado de la mercancía objeto de investigación.

Prolamsa argumenta que debido a que su cálculo reconcilia el COM reportado de la mercancía objeto de investigación con el COM del sistema (o verificado) para la mercancía objeto de investigación, la cantidad conciliada debe atribuirse necesariamente a la mercancía objeto de investigación. Sin embargo, la revisión de la estructura de reconciliación revela que este no es el caso. La diferencia entre los números COM reportados y verificados se generan al comenzar a realizar los cálculos, i.e., en el nivel del COM total, y se lleva hasta el final. Por lo tanto, el origen de la diferencia -la cantidad que Prolamsa identificó en el campo denominado "Diferencia" con el fin de reconciliar su COM total- puede ser atribuible tanto a la mercancía objeto como la mercancía no objeto de investigación o incluso a alguna combinación de ambas. El expediente no contiene información suficiente para que el Departamento de Comercio realice dicha determinación y Prolamsa no cumplió con la carga que le impone el 19 CFR 351.401 (b)(1) y la práctica administrativa del Departamento. En consecuencia, la decisión del Departamento de no conceder la reducción del COM solicitada por Prolamsa fue razonable y sustentada en evidencia sustancial. No vemos motivos para devolver la Resolución Definitiva.

Conclusión

El Panel concluye que la Resolución Definitiva del Departamento de Comercio sobre Perfiles y Tubos RLG provenientes de México en su totalidad está sustentada en evidencia sustancial y es conforme a derecho.

Confirmamos la Resolución.

OPINION CONCURRENTE DEL PANELISTA LUIS FELIPE AGUILAR RICO

Considero que el Departamento de Comercio cambio correctamente su práctica anterior consistente en “reducir a cero” los márgenes de dumping. Sin embargo, no coincido con la mayoría respecto a su opinión que la decisión de cambiar su práctica de “reducción a cero” está justificada por la discrecionalidad del Departamento. Entiendo que tal discrecionalidad sólo puede existir cuando no está en conflicto con una obligación. Como otros paneles del TLCAN han señalado, el Departamento de Comercio tiene una obligación internacional en relación con los compromisos de los Estados Unidos de América ante la Organización Mundial del Comercio (Carbon and Certain Alloy Steel Wire Rod from Canada, 2007 y Chapas y Flejes de Acero Inoxidable en Bobinas de México, 2010); compromisos que se formalizaron únicamente por los Procedimientos Antidumping: Cálculo del Promedio Ponderado del Margen de Dumping durante una Investigación Antidumping; Modificación Final, 71 Fed. Reg. 77,722 (Departamento de Comercio, 27 de diciembre de 2006) respecto a Investigaciones Antidumping, como es el caso en la presente controversia.

Firmado en el original por:

_Luis Felipe Aguilar, Panelista__________ 07/20/2010

Rúbrica. Fecha

It is so ordered

_Lawrence J. Bogard, Presidente del Panel___ 07/19/2010

Rúbrica. Fecha



_Mélida Narcisa Hodgson, Panelista____ 07/19/2010

Rúbrica. Fecha



_Gerardo Lozano Alarcón, Panelista____ 07/19/2010

Rúbrica. Fecha



_Luis Felipe Aguilar, Panelista_________ 07/19/2010

Rúbrica. Fecha



_Ricardo Ramírez Hernández, Panelista__ 07/20/2010

Rúbrica. Fecha



Sección Mexicana del Secretario de los Tratados de Libre Comercio.
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