Senado de puerto rico



Descargar 94.31 Kb.
Fecha de conversión15.08.2018
Tamaño94.31 Kb.
GOBIERNO DE PUERTO RICO

18va. Asamblea

3ra. Sesión

Legislativa

Ordinaria


SENADO DE PUERTO RICO

P. de la C. 1071

INFORME POSITIVO CONJUNTO

13 de marzo de 2018


AL SENADO DE PUERTO RICO:
Las Comisiones de Revitalización Social y Económica y de Agricultura del Senado de Puerto Rico, previo estudio y consideración, tienen a bien someter al Cuerpo el informe del P. de la C. 1071, recomendando su aprobación, sin enmiendas.
ALCANCE DE LA MEDIDA

Para establecer la “Ley para el cultivo, investigación y desarrollo comercial del Cáñamo Industrial en Puerto Rico”, a los fines de investigar y auscultar su potencial como industria emergente y herramienta de desarrollo económico; imponer las responsabilidades aplicables al Departamento de Desarrollo Económico y Comercio, el Departamento de Agricultura, la Universidad de Puerto Rico; y para otros fines relacionados.


ANÁLISIS DE LA MEDIDA

La Exposición de Motivos de la presente medida comienza indicando que su aprobación constituye el cumplimiento con el compromiso programático establecido en el Plan para Puerto Rico, denominado Proyecto de Cáñamo Industrial para Puerto Rico. Dicha propuesta prevé para la adopción de un paquete de incentivos especiales para esta industria, a los fines de atraer inversión externa y garantizar la participación de pequeños y medianos negocios. Así establecida la base de la iniciativa que aquí analizamos, su Exposición de Motivos pasa a reseñar la proliferación de la que ha sido objeto la industrialización del cáñamo.

La Exposición de Motivos destaca que, las virtudes naturales del Cáñamo Industrial han dado paso a que las autoridades federales, a tenor con estatutos de reciente aprobación, permitan la investigación sobre el uso y desarrollo del Cáñamo Industrial. Aduce que ello no impide que, si el estado o territorio lo permite, se pueda sembrar para fines comerciales siempre que se realice dentro de un marco investigativo y en conjunto con instituciones universitarias siguiendo los controles adecuados.

Según se expone en la Exposición de Motivos, la gran versatilidad del cáñamo ha permitido que sea utilizada en alimentos, cosméticos, materiales de construcción, textiles, plástico, combustibles y papel, entre muchos otros productos. Tan beneficiosa es su elaboración, que en la actualidad el cultivo y producción del cáñamo está respaldada por países europeos como España, Holanda y Rumania. En el continente americano también tiene presencia en Canadá y diversos estados de los Estados Unidos, donde estudios estiman que anualmente se importan aproximadamente $600 millones en productos relacionados al cáñamo.

Conforme a esa tendencia mundial, la Exposición de Motivos identifica los efectos positivos de legislar para que localmente se despenalice el cultivo del Cáñamo Industrial. La medida enfatiza los beneficios que esta industria tendría para Puerto Rico en términos económicos, en específico para la agricultura. Lo anterior debido a que las características geográficas y climatológicas de Puerto Rico favorecen su rápido cultivo, así como la existencia de un sector agrícola capaz y experimentado. A esos efectos, el proyecto de ley concreta la autorización para que se pueda cultivar el cáñamo como producto agrícola, a los fines de "posicionarnos como principal exportador de Cáñamo para los Estados Unidos y países europeos".

En aras de cumplir responsablemente y conforme con los deberes y funciones de estas Comisiones, solicitamos las ponencias evaluadas por el cuerpo hermano, la Cámara de Representantes, para ser analizadas. A esos efectos, consideramos las siguientes ponencias:



  1. Colegio de Agrónomos de Puerto Rico (Colegio):

El Colegio explica que los agrónomos de Puerto Rico, tanto en el sistema gubernamental como en la industria privada, brindan asistencia técnica para el desarrollo óptimo y seguro de los productos agrícolas. Esto, enmarcado en dos vertientes: desarrollo y uso de agroquímicos y asistencia a agricultores en el manejo de cultivos.

El Colegio expone que el cáñamo no es otra cosa que “Cannabis sativa”, la misma planta conocida como “marihuana”, con la diferencia de que el cáñamo se cultiva para la búsqueda de otros productos y usos. El Colegio comenta que el cultivo del cannabis ha sido practicado por los seres humanos desde hace más de 10,000 años para atender diversas necesidades como lo son la manufactura de vestimenta, cuerdas, alimentos, textiles y papel, entre miles de productos. El papel usado para escribir la Constitución de los Estados Unidos, la primera bandera de los Estados Unidos, las sogas y las velas de las embarcaciones en las cuales vino Cristóbal Colón, entre muchos otros productos de la civilización, fueron fabricados en cáñamo. El Colegio explica que en Puerto Rico existían siembras de cáñamo por toda la Isla y resaltan que todo esto cambió en la década del 1930 cuando, por intereses comerciales, dos de las familias más poderosas en los Estados Unidos cabildearon y bombardearon la prensa con propaganda negativa sobre el cannabis logrando su prohibición y demonización.

Según el Colegio, el cáñamo produce el doble del papel que el mismo cuerdaje de árboles y se puede cosechar en múltiples ocasiones durante el año. Comentan que en Estados Unidos se ha reconocido su importancia como materia prima para la fabricación de diversos productos al punto que en la actualidad se importan sobre $600 millones en cáñamo, y a partir de la firma del Farm Bill del 2014 por el presidente Barack Obama, el desarrollo de la industria es permitido a nivel federal.

El Colegio resalta que en Puerto Rico tenemos varias ventajas competitivas sobre gran parte de los productores en el mundo como lo son nuestro clima, nuestros suelos y nuestra ubicación geográfica, lo que nos permite producir una o dos cosechas adicionales al año. Aseguran que contamos con la fuerza laboral educada y especializada y que tenemos la infraestructura y miles de cuerdas de terreno en desuso que pudiesen ser rehabilitadas para el desarrollo de esta industria emergente.

Por todo lo anteriormente expresado, el Colegio de Agrónomos de Puerto Rico apoya la aprobación del P. de la C. 1071.


  1. Centro Unido de Detallistas de Puerto Rico (CUD):

Al analizar opiniones expertas en la materia y confirmar las posibilidades de desarrollo que tiene el cáñamo (hemp, en inglés) a través de cientos de estudios y testimonios, el CUD concuerda con la intención legislativa que plantea la presente medida.

El CUD expone que como se ha podido observar en el crecimiento vertiginoso que ha tenido esta industria incipiente, son cientos y cientos las personas que podrían encontrar en el cáñamo industrial una fuente de ingreso y sustento para sus familias. Según ellos, se trata de una industria altamente rentable y esa es, precisamente, una de sus principales fortalezas. Para ello, es necesario contar con estatutos como los que crea esta medida.

En su ponencia, el CUD sugiere varias enmiendas al proyecto ante consideración. En primer lugar, recomiendan que el programa de becas de investigación de cáñamo industrial en las instituciones académicas certificadas, propuesto en la medida, sean al menos por 5 años para estabilizar la producción. Esto debido a que el proceso inicial de cultivo, que requiere alta inversión, se demora, particularmente cuando se utiliza más de una cepa para la investigación y pudiese afectar la investigación del cultivo, así como su naturalidad.

De otra parte, y por motivos de seguridad, recomiendan que la Junta Reglamentadora del Cáñamo Industrial exija dentro de su política pública un sistema de seguridad sencillo y que esté atado al sistema de cumplimiento que se menciona en esta pieza legislativa conocido como Seed to Bank.

El CUD explica que el Seed to Bank es un sistema de rastreo que permite monitorear la planta desde que es semilla durante todo el transcurso de su crecimiento, manufactura y venta. Tras esto, se monitorea toda transacción económica que incluya una institución financiera con el propósito de que la Junta vele por sus ingresos e impuestos (si alguno) devengados en esta industria. En este sistema de cumplimiento se rastrea cada etapa de la planta del cáñamo para que la Junta pueda conocer la utilización que se le da al mismo y, por ende, pueda monitorear la planta tanto en aspectos fiscales como de seguridad.

Ambas recomendaciones, anteriormente expuestas, han sido atendidas e incorporadas al texto final de aprobación de la medida y aprobadas en la Cámara de Representantes.

Referente a los lugares de dispensación, el CUD comenta que en la actualidad se observa un sinnúmero de establecimientos en los centros comerciales y en los centros naturópatas, entre otros, donde se vende "aceite de cannabis", cuando en realidad lo que se está vendiendo es aceite de cáñamo. Entienden importante y necesario que la Junta formalice la venta del hemp como un producto con atributos medicinales y con un bajo componente de THC, en la mayoría de los casos.

Por todo lo anteriormente expresado, el CUD apoya la aprobación de la presente medida y elogian a sus autores por respaldar la admisión del cáñamo industrial como uno de los renglones que puede generar muchos negocios nuevos y los empleos que tanto necesitamos en estos momentos de crisis económica.



  1. Compañía BeBetter P.R.:

La compañía BeBetter expone que esta propuesta legislativa representa una oportunidad importante para atraer inversión externa. No obstante, entienden que se debe destacar la inversión local de forma inclusiva, equitativa y no limitarla a la "participación de pequeños y medianos negocios". BeBetter expresa que hacen esta recomendación, no con el propósito de antagonizar con los autores de la medida, sino con el objetivo específico de lograr que la legislación que se apruebe también tenga presente otros preceptos del Plan para Puerto Rico que promete fomentar la economía local, la inversión del capital puertorriqueño y la inversión de los recursos del estado en los comerciantes de nuestras tierras.

BeBetter explica que Puerto Rico cuenta con un sinnúmero de fortalezas que van desde nuestro clima tropical hasta la excelencia de nuestro capital humano, que garantizan el éxito y la obtención de un sitial importante en el relanzamiento del cáñamo industrial. Al igual que el Colegio de Agrónomos, BeBetter comenta que el “Farm Bill 2014”, suscrito por el pasado presidente de los Estados Unidos, nos abre una puerta importante para posicionarnos como pioneros exitosos en lo que concierne al desarrollo de proyectos de cultivo, investigación y desarrollo comercial del cáñamo industrial. Sin embargo, para lograr despuntar en esta industria emergente es importante diferenciar el cáñamo y sus usos de los otros cruces de cannabis, reconociendo que la generalización interfiere con el ánimo emprendedor y proactivo que requiere este proyecto.

Actualmente solo 15 estados de la nación poseen proyectos investigativos al amparo del “Farm Bill 2014”, y según BeBetter, estamos en el momento idóneo para encabezar esa lista y aportar un modelo eficaz y eficiente, digno de emular.

De otra parte, BeBetter recomienda aclarar los porcientos de THC (tetrahidrocanabinol) aplicables a la comercialización. La Sección 7606 del Farm Bill establece un tope de hasta un 0.3% de THC, tal como se hizo en Colorado. Sin embargo, siendo una etapa experimental, la medida no especifica qué sucedería en caso de que, por algún factor, se exceda ese porciento. De igual forma, para BeBetter es importante aclarar cómo se manejaría este producto. BeBetter explica que numerosos factores, naturales o producto de la intervención humana, inciden en la producción natural del referido THC. No obstante, entienden que se debe contemplar el no penalizar a empresarios que hagan inversión en un producto, todavía experimental, que obtenga un resultado no deseado. Aun así, se deben contemplar salvaguardas específicas para la protección de la salud y la seguridad pública, pero en un fino balance con la salud económica de la emergente industria que busca fomentar este proyecto de ley.

Por los fundamentos antes expresados, la compañía BeBetter P.R. entiende que este proyecto de ley es favorable para Puerto Rico: permite desarrollo económico, permite la industrialización de proyectos agrícolas, promueve la innovación y el desarrollo de procesos científicos en nuestras tierras y promueve la inversión de capital local en nuestra economía. Entienden que con esta legislación la presente administración puede cumplir su compromiso con el Pueblo y atender asertivamente prioridades en tiempos de crisis económica.


  1. Departamento de Justicia:

El Departamento de Justicia (en adelante “Justicia”) expone que una propuesta legislativa de esta índole nos conduce, de entrada, a examinar si este tipo de despenalización limitada puede coexistir en armonía con la prohibición absoluta vigente en la esfera federal respecto al uso y consumo de la marihuana. Se refieren a la marihuana, toda vez que la definición que ofrece el Controlled Substances Act sobre lo que constituye marihuana incluye al cáñamo industrial (hemp), al estatuir que, para sus efectos, "marihuana" incluye toda variedad de la planta Cannabis sativa L. El "[c]áñamo industrial o, simplemente, cáñamo, son los nombres más comúnmente conocidos de una variedad de cannabis que produce fibras y contiene menos de un 0.3% de THC y no produce ningún efecto psicoactivo, fumado o por ingestión, aunque se trate de la misma planta: Cannabis sativa L"1. Se colocan así a ambas variedades de la planta Cannabis sativa L en la Clasificación Núm. I de dicho estatuto, con las consecuencias delictivas que su mera posesión acarrea.

Justicia explica que a nivel federal la posesión, importación, manufactura, distribución y venta de sustancias controladas está regulada por el Comprehensive Drug Abuse Prevention and Control Act of 1970.

La citada legislación clasifica las drogas en 5 categorías basadas esencialmente en dos criterios, a saber: el uso médico de la sustancia y su potencial de abuso. La planta Cannabis sativa L se identificó dentro de la primera categoría al incluirse en la definición de marihuana. El Controlled Substances Act adoptó la misma definición de "marihuana" que contenía en el Marihuana Tax Act de 1937, la cual lee:
The term "marihuana" means all parts of the plant Cannabis sativa L., whether growing or not; the seeds thereof; the resin extracted from any part of such plant; and every compound, manufacture, salt, derivative, mixture, or preparation of such plant, its seeds or resin. Such term does not include the mature stalks of such plant, fiber produced from such stalks, oil or cake made from the seeds of such plant, any other compound ... or preparation of such mature stalks (except the resin extracted therefrom), fiber, oil, or cake, or the sterilized seed of such plant which is incapable of germination.
A pesar de que algunos sectores alegan que esta definición del Controlled Substances Act no incluye al cáñamo industrial conforme a la exclusión que realiza de los tallos maduros, la fibra obtenida de dichos tallos, el aceite o pasta hecha de las semillas de dicha planta, y debido a que no realiza una mención específica del cáñamo como tal, Justicia indica que lo cierto es que la Drug Enforcement Administration (DEA) ha negado tal interpretación. Así las cosas, para efectos de la prohibición establecida en la Controlled Substances Act, nos corresponde asumir que cuando el estatuto menciona la marihuana entre sus prohibiciones, debe partirse de la premisa que incluye el cáñamo pues "[t]he term 'marihuana' means all parts of the plant Cannabis sativa L, whether growing or not".

Ahora bien, según explica Justicia, para contrarrestar los efectos de esta interpretación tan laxa, en el año 2014 el Congreso aprobó el estatuto conocido como el Farm Bill. En términos generales, dicha legislación expresamente permite el cultivo del cáñamo siempre que se realice de manera controlada por el estado; sirva para fines investigativos; y la planta no posea un por ciento de concentración de THC mayor de 0.3%. Un requisito importante que establece, además, es que su cosecha y cultivo se tiene que realizar conforme a las leyes estatales aprobadas a tales fines.

Precisamente, respecto a este último punto, Justicia señala que no se les prohíbe a los estados —ni al Gobierno de Puerto Rico— aprobar leyes que dispongan para el uso o producción del cannabis. Sin embargo, según resolvió el Tribunal Supremo de los Estados Unidos en Gonzales v. Raich, 545 U.S. 1 (2005):
Limitar la actividad a la posesión y cultivo de marihuana "de conformidad con la ley estatal" no puede servir de base para colocar las actividades de [las personas] más allá del alcance del Congreso. La Cláusula de la Supremacía sin ambigüedad alguna provee que, de existir algún conflicto entre leyes federales y estatales, la federal prevalecerá. (Traducción suplida por el Departamento de Justicia).
Es por ello que, según explica Justicia, cualquier legislación estatal en esa dirección no constituirá una defensa ni un impedimento para que el Gobierno federal ejerza las facultades inherentes a su jurisdicción y procese a los residentes de los estados por el cultivo o posesión de la marihuana o cáñamo con el objetivo de impedir que se incurra en conducta que atente contra alguna de sus 8 prioridades, según las ha definido y que se enumeran de la siguiente manera:


    1. prevenir la distribución de la marihuana [cáñamo] a menores;

    2. prevenir que las ganancias por la venta de la marihuana [cáñamo] vaya dirigida a bandas criminales, pandillas y carteles;

    3. prevenir la desviación de la marihuana [cáñamo] del estado donde se haya permitido su uso legal a otros estados;

    4. prevenir que el manejo autorizado de la marihuana [cáñamo] se utilice como pretexto para ocultar el tráfico de otras drogas ilegales u otra actividad ilegal;

    5. prevenir la violencia y el uso de armas en la actividad de cultivo y distribución de la marihuana [cáñamo];

    6. prevenir el conducir drogado y la exacerbación de otras consecuencias adversas para la salud pública que se relacione con el uso de la marihuana [cáñamo];

    7. prevenir los cultivos en tierra o propiedad pública para evitar el riesgo a la seguridad pública y ambiental que ello conlleva; y

    8. prevenir la posesión o el uso de la marihuana [cáñamo] en propiedad del Gobierno federal.

En otras palabras, para evitar una intervención federal que vaya por encima de cualquier ley estatal que permita el cultivo del cáñamo, es esencial que: 1) se cumpla con las disposiciones del Farm Bill; y 2) la legislación local establezca un esquema regulador meticulosamente diseñado que impida que sus ciudadanos incurran en conducta que atente contra alguna de las prioridades, antes mencionadas, del Gobierno federal.

Justicia expone que no puede haber duda respecto a que la normativa federal en materia de control de drogas es de aplicación en nuestra jurisdicción. El Tribunal Supremo de los Estados Unidos ha determinado que las disposiciones del Controlled Substance Act son de aplicación directa a los estados como una extensión de la autoridad delegada al Congreso en la Cláusula de Comercio Interestatal. No obstante, ello no implica que las legislaciones estatales que decretan la despenalización de la marihuana y el cáñamo sean inválidas, sino que se validará la intervención de las autoridades federales conforme las disposiciones del Controlled Substance Act y, para el caso específico del cáñamo, de exceder los parámetros establecidos en el Farm Bill.

Justicia explica que, debido a la proliferación de legislaciones estatales aprobadas con el fin de permitir ciertos usos de la marihuana, el Gobierno federal se ha dado a la tarea de emitir directrices respecto al ámbito de intervención investigativa y de procesamiento criminal que interesan emprender por encima de cualquier legislación estatal.

Al presente han sido cuatro (4) los memorandos que el Departamento de Justicia Federal ha publicado a los efectos de enlazar la prohibición general de la posesión y uso de la marihuana —y, por consiguiente, el cáñamo— en la esfera federal con la proliferación de su despenalización a nivel estatal. Conviene mencionarlos para su fácil referencia: Investigations and Prosecutions in States, Authorizing the Medical Use of Marijuana de 19 de octubre de 2009; Guidance Regarding the Ogden Memo in Jurisdictions, Seeking to Authorize Marijuana for Medical Use de 29 de junio de 2011; Guidance Regarding Marijuana Enforcement de 29 de agosto de 2013; y Guidance Regarding Marijuana Related Financial Crimes de 14 de febrero de 2014.

El Departamento de Justicia Federal, por medio de estos documentos, entendió prudente atender la incertidumbre que predominaba a raíz de la nueva tendencia de los estados de flexibilizar sus leyes para permitir el uso del cannabis en sus territorios. A esos efectos, optó por aclarar cuál ha sido y seguirá siendo su plan de acción respecto a la autoridad otorgada a los fiscales federales de investigar y procesar criminalmente a los ciudadanos por la posesión de la marihuana (o cáñamo) a pesar de que la ley estatal en cuestión lo permita. El Departamento de Justicia Federal indicó que no pretende intervenir con las personas en los estados en los cuales se haya validado, a menos que esa práctica interfiera con una de las 8 prioridades anteriormente enumeradas.

Por otro lado, con la aprobación del Farm Bill, el Congreso autorizó el cultivo del cáñamo industrial pero limitado a los parámetros establecidos en dicho estatuto. Posteriormente, dicha legislación encontró protección en las tres legislaciones presupuestarias que han sido adoptadas a nivel federal desde su aprobación, estas son: la Consolidated and Further Continuing Appropriations Act, 2015, la Consolidated Appropriations Act, 2016, y la Consolidated Appropriations Act, 2017. Por medio de estas tres disposiciones legales, el Congreso consistentemente le ha prohibido a cualquier agencia del orden público federal que interfiera con los estados o sus cultivadores de cáñamo, o entorpezca sus estudios agrícolas, mientras se mantengan dentro de los parámetros establecidos en el Farm Bill. A esos fines, los estatutos han recogido el mismo lenguaje: "None of the funds made available by this Act may be used in contravention of section 7606 (“Legitimacy of Industrial Hemp Research ") of the Agricultural Act of2014 (Public Law 113-79) by the Department of Justice or the Drug Enforcement Administration”.

Conforme a ello, al menos 31 estados han legislado sobre el tema del cáñamo industrial. En la mayoría de estos lo que se permite es el cultivo del cáñamo industrial con una concentración de THC no mayor al 0.3%, según establecido por el Farm Bill.

La Sección 7606 del Farm Bill dispone, entre otras cosas, que:
A pesar de lo que disponga la Controlled Substance Act, la Safe and Drug-Free Schools and Communities Act, el Capítulo 81 del Título 41 del United States Code, o cualquier otra ley federal, una institución de educación superior o un Departamento de Agricultura estatal puede sembrar o cultivar el cáñamo industrial si se cumple con los siguientes criterios:


  1. el cáñamo industrial crece o es cultivado con fines investigativos en virtud de un programa piloto u otra investigación agrícola o académica; y

  2. el crecimiento o cultivo de cáñamo industrial está permitido por las leyes del Estado en el que dicha institución de educación superior o Departamento de Agricultura estatal se encuentren. (Traducción suplida por el Departamento de Justicia)

El término "programa piloto agrícola" según la sección antes citada, es aquel que estudia el crecimiento, cultivo o comercialización de cáñamo industrial en los estados en los cuales está permitido por ley. Conforme a lo anterior, solo una institución de educación superior o el Departamento de Agricultura estatal pueden ser los encargados de sembrar y cultivar cáñamo industrial para fines investigativos. Si se trata de una institución de educación superior, ésta deberá registrarse y obtener una certificación del Departamento de Agricultura para llevar a cabo dicha labor; el Departamento de Agricultura estatal deberá aprobar la reglamentación que regule todo lo relacionado con dicho programa piloto.

Justicia menciona que, incluso reiterando la tendencia de permitir el cultivo del cáñamo industrial, el Congreso tiene sometido ante su consideración el Industrial Hemp Farming Act of 2015 (H.R. 525 y S. 134). Es esa medida la que finalmente concretaría la remoción del cáñamo de la Clasificación Núm. I del Controlled Substance Act, lo que a la vez debemos considerar como un reconocimiento del Congreso respecto a que la prohibición del cáñamo está incluida como parte de la definición de la marihuana. Ello sería entonces lo que permitiría su cultivo para fines comerciales siempre que su concentración de THC no sea mayor de 0.3%, toda vez que, en la actualidad el Farm Bill lo limita para un uso investigativo únicamente.

En el plano local, la Ley Núm. 4 de 23 de junio de 1971, según enmendada, conocida como "Ley de Sustancias Controladas de Puerto Rico" ofrece una definición idéntica a la del Controlled Substance Act, supra, para el término "marihuana". Sin embargo, el 28 de diciembre de 2015 entró en vigor la Orden Declarativa Núm. 132, emitida por la anterior Secretaria de Salud, mediante la cual removió la marihuana, los cannabinoides, el THC y el resto de los componentes químicos de la planta de la Clasificación Núm. I de la Ley de Sustancias Controladas y los reubicó en la Clasificación Núm. II. Ello lo que implica es que desde entonces en Puerto Rico legalmente se erradicó la noción de que la sustancia no posee ningún fin lícito e introdujo un cambio importante en política pública con relación al uso del cannabis y sus componentes.

Explica Justicia que, aunque con ese cambio la posesión del cáñamo continúa siendo ilegal en nuestra jurisdicción, el no conformarse al marco normativo dispuesto en la citada Orden Declarativa, no impide que se apruebe regulación local adicional a los fines de permitir el cultivo del cáñamo de manera específica. Ahora bien, para evitar intervenciones federales con quienes se den a la tarea de su siembra, resulta indispensable conformar las normas que se aprueben con las limitaciones establecidas en el Farm Bill. No puede ser para otros fines que no sean investigativos, ni dejarse en manos de personas privadas, ni permitir el cultivo de un cáñamo con un por ciento de THC mayor al 0.3%.

En atención a lo anterior, según entiende Justicia, el proyecto de ley ante consideración en algunos puntos excede de las limitaciones establecidas en el Farm Bill. Ello pone en riesgo de intervenciones federales contra las personas que, conforme a la ley que se apruebe localmente, se den a la tarea de cultivar el cáñamo. No puede perderse de vista que la Controlled Substance Act cataloga como droga ilegal al cáñamo como parte de la definición de marihuana que contiene.

Por tal motivo, Justicia entiende que resulta necesario que este proyecto de ley se enmiende de forma tal que cumpla con los parámetros establecidos en el Farm Bill. Es decir, que se disponga que el cáñamo a cultivarse no puede exceder de una concentración de THC de 0.3%; que sólo podrá ser cultivado por una institución de educación superior o el Departamento de Agricultura o bajo el control directo de éste; y únicamente para fines investigativos en virtud de un programa piloto u otra investigación agrícola o académica; entre las otras disposiciones del estatuto federal.

El Departamento de Justicia reconoce que se trata de un asunto de medular importancia para nuestra industria agrícola, por lo que merece una sujeción estricta a las normas que nos han reseñado en su memorial para que produzca el fin representado.



  1. Departamento de Agricultura

El Departamento de Agricultura, de entrada, resalta que la medida ante la consideración de estas Comisiones cumple con el compromiso programático de la presente Administración, conforme al Plan para Puerto Rico, al crear un marco legal para desarrollar la industria del Cáñamo Industrial. A esos efectos, el Departamento de Agricultura resalta que promover e incentivar proyectos agrícolas que desarrollen la actividad económica de la Isla es parte de la política pública actual y conforme a ello, es uno de los fines del Departamento. Por ello, la aludida dependencia gubernamental apoya la presente medida toda vez que insertaría a Puerto Rico en la emergente industria del cáñamo industrial, convirtiendo a Puerto Rico en el mayor productor en el Caribe y el Mundo.

Luego de resaltar los usos y beneficios derivados del cultivo del cáñamo, el Departamento resaltó que Puerto Rico tendría ventaja notable en este cultivo debido a nuestra privilegiada ubicación en el Caribe y al no tener cambios significativos en el clima. Lo anterior, según el Departamento, pondría a la Isla en posición de cosechar tres veces más, en comparación con otros países. Además, los incentivos que provee el Departamento a productores con el Certificado de Agricultor Bonafide en Puerto Rico son inigualables. La instrumentalidad compareciente enfatiza que ningún otro país cuenta con la manufactura que posee el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio de Puerto Rico (DDEC) para crear la manufactura de diferentes subproductos de la planta. A esos efectos, reiteran que la medida ante la consideración de las Comisiones que suscriben provee la oportunidad para crear en la Isla una nueva industria de alta demanda que, por nuestro bienestar económico, no debemos desaprovechar.

En cuanto a la especificidad de la medida, el Departamento de Agricultura está de acuerdo en ser responsables de la clasificación de herbicidas y pesticidas permitidos, al igual que propiciar y fomentar la participación de agricultores locales, según expone la medida. Igualmente, la dependencia favorece que la Junta del Cáñamo esté compuesta por representantes de cinco agencias y dos personas de interés público, ya que cada uno aportará un área de pericia necesaria para realizar trabajos de la misma.

De otra parte, con relación a las semillas, el Departamento de Agricultura establece que coordinará con el United States Department of Agriculture (USDA) los procesos de importación, cumpliendo así con las leyes y reglamentos federales. A esos efectos, el Departamento explicó que toda semilla que se importe a la Isla tiene que venir acompañada de una certificación fitosanitaria requerida por la división de Sanidad Vegetal de la oficina de Secretaría Auxiliar de Integridad del Departamento de Agricultura.

El Departamento de Agricultura concluye que Puerto Rico atraviesa momentos históricos que dependen del desarrollo económico, la creación de empleos y el apoyo al sector privado y éstos deben ser prioridad. Así, crear una nueva industria emergente con las condiciones idóneas para su desarrollo es una oportunidad extraordinaria que no debemos aprovechar. En conclusión, el Departamento avala la medida ante la consideración de las Comisiones comparecientes.


  1. Happy Garden Solutions CRL, AASMM Management Group LLC., y PRINORE Holdings LLC.:

Happy Garden Solutions CRL ("HGS") es una compañía nativa con la expectativa de iniciar proyectos de cultivo y manejo de cáñamo industrial en un futuro cercano. Además, HGS cultiva alianzas estratégicas con el Michigan Compassion Center y el Strains Hemp Seedbank de España, entre otras, con el fin de compartir experiencias y hacer análisis sobre el desarrollo de la industria del cannabis y del cáñamo en nuestra jurisdicción. AASMM Management Group LLC ("AMG") y PRINORE Holdings LLC ("PRINORE") son compañías nativas que están exiliadas en el estado de Oregón quienes pretenden establecer proyectos de cáñamo en Cayey y en Utuado tan pronto como el esquema legal así les permita. En esta ocasión HGS une esfuerzos con AMG y PRINORE para presentar comentarios en apoyo a los intereses de los empresarios nativos que exigen ser parte del despunte de la economía del cáñamo.

Según HGS, hay que establecer un sistema de registro que garantice la participación y fiscalización de todo empresario que esté interesado en cultivar cáñamo responsablemente, sea pequeño o mediano, joven o viejo, experimentado o principiante, hombre o mujer. Para ello recomiendan que el PC 1071 sea enmendado para añadir un sistema de registro comercial que coexista con el esquema planteado en el Farm Bill federal.

HGS expuso un contexto jurídico y legal del cual enumeró, según su interpretación, aquello que se puede comercializar localmente.


  1. Se puede crecer cáñamo para propósitos estrictamente comerciales ajustándose a los 8 criterios establecidos en los memorandos del Departamento de Justicia Federal, tal y como ocurre actualmente en Puerto Rico con el caso del Cannabis sativa L. que se cultiva legalmente para propósitos medicinales siguiendo dichos criterios.

  2. La DEA y el 9no Circuito coinciden en que los productos hechos de cáñamo con aquellas partes de la Cannabis sativa L. que están excluidas de la definición de marihuana en el CSA, y que no sean para consumo humano, pueden estar en el mercado libremente toda vez que no son sustancias controladas.

  3. No obstante, el 9no Circuito fue más allá al decidir, y la DEA no recurrió al Tribunal Supremo para retar la decisión, que los productos hechos de cáñamo con aquellas partes de la Cannabis sativa L., que están excluidas de la definición de marihuana en el CSA, pueden estar en el mercado libremente toda vez que no son sustancias controladas, independientemente de que sean para consumo humano.

  4. Conforme a la regla de la DEA, podríamos producir y exportar productos de cáñamo hechos con las partes de la planta excluidas de la definición de marihuana en el CSA, siempre que éstos no sean para consumo humano, pues no constituyen una sustancia controlada.

  5. No obstante, observamos que en Puerto Rico se podrían comerciar internamente los productos de cáñamo para consumo humano basándonos en el marco de acción delineado por los memorandos del Departamento de Justicia Federal; y limitando la exportación a aquellos productos que no sean para consumo humano, siguiendo así la regla de la DEA que no ha sido invalidada en el 1er Circuito, foro apelativo en el cual se dirimen controversias originadas en la Corte Federal de Distrito para el Distrito de Puerto Rico.

Así, según HGS, Puerto Rico puede adelantarse en el campo de los productos para consumo humano y estar a la vanguardia para el momento en que, finalmente, quede claro que no hay impedimento federal a que los mismos sean exportados.

Oregón y Vermont son ejemplos de estados que han establecido un sistema de registro o licenciamiento para la producción del cáñamo al margen de las oportunidades creadas por el Farm Bill. Estos sistemas de registro o licenciamiento garantizan la participación de todo empresario que esté dispuesto a cultivar cáñamo responsablemente, o sea, manteniendo los niveles de concentración de THC en 0.3% o menos. Hay que destacar que, tanto en Oregón como en Vermont, el agricultor recibe su permiso para cultivar cáñamo el mismo día en que presenta la solicitud correspondiente al Departamento de Agricultura. Es bien sencillo. Asimismo, cabe destacar que Oregón también es ejemplo de un estado que permite el comercio del cáñamo para consumo humano.

Por tal motivo, HGS propone tener un registro de agricultores bajo el Farm Bill para propósitos investigativos y un registro de agricultores para propósitos estrictamente comerciales amparado en los memorandos del Departamento de Justicia Federal.

HGS enfatiza que no pretenden que la presente medida abandone el esquema al amparo del Farm Bill, pues ese esquema crea un niche importantísimo para el desarrollo investigativo y para la academia. Lo que proponen es que se cree un sistema de registro comercial paralelo para aquellos empresarios que no interesen ser parte de un proyecto investigativo o para aquellos que, pudiendo crecer cáñamo responsablemente, no consiguieron la colaboración de una universidad en primera instancia o la aprobación de la Junta Reglamentadora posteriormente.

Como bien reconoce Hemp Industries, y como bien se desprende de la regla de la DEA invalidada en ese caso, la intención del Congreso no es prohibir la producción del cáñamo, sino evitar que la ciudadanía se exponga al efecto psicoactivo del THC. Ello quedaría garantizado con un registro estrictamente comercial, siempre que el cáñamo salga de la finca con concentraciones de THC de 0.3% o menos.

HGS argumenta que no hay razón para que existan licencias de manufactura si el cáñamo que sale de la finca es incapaz de tener efecto psicoactivo. Lo importante es que los manufactureros reciban de parte del agricultor, y conserven para inspección, la certificación correspondiente en cuanto a que el cáñamo que manipulan ha cumplido con los niveles de THC al momento de la cosecha.

HGS, AMG y PRINORE apoyan 100% que se permita cultivar el cáñamo comercialmente en Puerto Rico. Por tanto, apoyan el PC 1071 única y exclusivamente si se enmienda para establecer un registro de agricultores que: 1) requiera el pago de derechos anuales razonables, como en Vermont; y 2) no dependa de ganar la aprobación de una institución o de una junta reglamentadora, sino que baste con presentar una solicitud completa con la información correspondiente al Departamento de Agricultura.



  1. Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC) y la Compañía de Fomento Industrial (PRIDCO, por sus siglas en inglés):

El DDEC y PRIDCO indican que el cáñamo industrial puede ser cultivado de distintas maneras y que diferentes partes de la planta sirven para manufacturar distintos productos. Por ello, se utiliza como base para manufacturar un sinnúmero de productos, incluyendo telas y textiles, fibras para hilos e hilados, vestimenta, papel, alfombras, muebles, materiales de construcción y de aislamiento, piezas de automóviles, compuestos, alimentos para el consumo humano y para animales, productos del hogar, productos terapéuticos y medicinales incluyendo farmacéuticos, muebles, aceites, jabones, aislantes, plásticos y pinturas y barnices. Además, se utiliza para combustibles, como campos de cultivo para la purificación del agua y enriquecimiento del suelo y como biomasa para calefacción. En fin, el cáñamo industrial se puede utilizar como materia prima para más de 25,000 productos en nueve sub-mercados, a saber: agricultura, textiles, reciclaje, automóviles, mueblería, alimentos y bebidas, papel, materiales de construcción y cuidado e higiene personal.

Por la naturaleza de la industria, en Puerto Rico todavía no hay estimados oficiales publicados por el Gobierno de los Estados Unidos. Sin embargo, a pesar de que actualmente existen limitaciones a nivel federal para producir cáñamo industrial en los Estados Unidos, conforme a la data ofrecida por el Hemp Industries Association, se estima que las ventas al detal de productos derivados del cáñamo industrial en los Estados Unidos representaron un total aproximado de casi $600 millones para el año 2015. Además, se estima que la industria del cáñamo ha ido creciendo más de 15% anualmente entre el año 2010 y el año 2015. De estas ventas, es preciso notar que aproximadamente un 60% corresponde a productos para el cuerpo humano, suplementos dietéticos y alimentos.

Comentan el DDEC y PRIDCO que, en la actualidad, más de treinta países cultivan y crecen cáñamo industrial, incluyendo China, Canadá, Corea del Sur, Rusia y varios países europeos, entre los que se encuentran Francia, Lituania y los Países Bajos, que han podido convertirse en líderes del mercado, elaborando productos de cáñamo industrial y utilizándolos en una multitud de aplicaciones industriales. En el caso de Canadá, en donde todavía se regula estrictamente la industria, las ventas al detal de todos los productos derivados del cáñamo industrial se estiman entre unos $20 a $40 millones anuales. Además, junto con China, son unos de los mayores exportadores de cáñamo industrial a los Estados Unidos.

En el caso de Puerto Rico, todavía no contamos con datos específicos sobre el impacto del cáñamo industrial en Puerto Rico, pues estaríamos viabilizando dicha industria mediante la medida que hoy discutimos. No obstante, destacamos que la nueva actividad económica que habrá de traer el cáñamo industrial habrá de producir ingresos adicionales al Departamento de Hacienda, incluyendo el cobro de aranceles por licencias, y recaudos por concepto de contribución sobre ingresos, IVU y arbitrios.

Así las cosas, según el DDEC y PRIDCO, no existe razón alguna para que Puerto Rico continúe quedando fuera de la industria del cáñamo. Nuestra Isla cuenta con las condiciones climatológicas para sembrar cáñamo durante todo o gran parte del año. Asimismo, debido a nuestra larga historia en el sector industrial, Puerto Rico cuenta con la pericia, los recursos humanos y el andamiaje necesario para insertarnos en esta vertiente de la bioeconomía y utilizar recursos sostenibles para sembrar, manufacturar y exportar cáñamo al exterior de manera exitosa, manteniendo todo el ciclo de producción localmente, lo cual redunda en grandes beneficios para nuestra economía. Cónsono con ello, para maximizar el potencial que tiene el cáñamo industrial en Puerto Rico, es imperativo que se integre el sector privado en toda la cadena de producción, incluyendo la siembra y cultivo, la investigación y desarrollo, la manufactura y eventual exportación de productos derivados del cáñamo.

Según el DDEC y PRIDCO, el proyecto ante la consideración de estas Comisiones, de convertirse en ley, tendría el efecto de viabilizar una nueva industria en Puerto Rico, generando nuevos empleos de valor añadido y dinero nuevo a nuestra economía. El DDEC, como agencia ejecutiva a cargo de impulsar e implementar la política pública sobre desarrollo económico en general, y PRIDCO, como componente de desarrollo económico y entidad gubernamental con la función de promover la industria en Puerto Rico, felicitan a esta Asamblea Legislativa por reconocer el potencial del cáñamo industrial como instrumento de desarrollo económico. Asimismo, el DDEC y PRIDCO y todo su equipo de trabajo se comprometen con esta Asamblea Legislativa en liderar y asegurar, desde la Rama Ejecutiva, la implementación y éxito de esta loable iniciativa.

Por todo lo antes expuesto, el DDEC y PRIDCO proveen su endoso y recomiendan la aprobación del P. de la C. 1071.


  1. Centro de Investigación de Política Pública (CIPP):

Como grupo de investigación en el tema del cannabis para uso medicinal e industrial, el CIPP lleva más de un año trabajando en colaboración con el Centro de Ciencias Moleculares de la UPR. Con el apoyo del Rector del Recinto de Río Piedras, Dr. Luis A. Ferrao Delgado, han conformado el CIPP. Actualmente, siguen desarrollando líneas de investigación relacionadas al cáñamo industrial, por lo que entienden se podrían establecer acuerdos de colaboración entre las Comisiones y el CIPP. A continuación, se presentan algunos de los estudios que, según ellos, se deberían llevar a cabo para establecer de manera eficaz la política pública relacionada al cáñamo industrial. También, proponen que los estudios se realicen en fases, según su prioridad en el establecimiento de las medidas aprobadas.

FASE 1: Evaluación de la situación actual en términos de recursos y tecnología que Puerto Rico posee o puede desarrollar, para identificar los productos derivados del cáñamo industrial. La cantidad de productos derivados del cáñamo en forma de fibra, semillas y astillas (shives), es amplia, al igual que las industrias involucradas en su producción. Por lo tanto, es recomendable estudiar en qué sectores Puerto Rico posee ventajas competitivas y puede aprovechar el estímulo que representaría la aprobación de la presente medida. Esta necesidad es imperante tanto para la agricultura como para los sectores manufactureros y el vínculo entre ambos con la actividad agroindustrial.


Para esto, se pueden llevar a cabo los siguientes estudios:

  • Efectos de transmisión del impacto económico del cáñamo industrial en Puerto Rico

  • Potencial de producción del cáñamo industrial para la demanda local e internacional

  • Desarrollo de modelos óptimos de negocios para la siembra de la planta y la comercialización de productos derivados del cáñamo

FASE 2: Una vez se conozcan las posibilidades de producción de cáñamo industrial para Puerto Rico y su posible impacto, es necesario identificar los estímulos e incentivos a aplicarse a las distintas actividades y sus posibles implicaciones. El P. de la C. 1071 establece que se debe implantar un conjunto de incentivos para las empresas interesadas en la producción con cáñamo industrial. Es indispensable evaluar las necesidades de las empresas en las distintas industrias y si los incentivos económicos existentes pueden ser aplicados para satisfacerlas y generar un beneficio cuantificable para Puerto Rico. Además, evaluar la posibilidad de incentivos distintos a los existentes. A continuación, se mencionan algunas de las investigaciones que se podrían desarrollar:




  • Incentivos al cáñamo industrial y su posible efecto en el establecimiento de empresas

  • Asignación del arbitrio especial del cáñamo industrial y su impacto en las agencias vinculadas en Puerto Rico

  • Análisis costo/beneficio de los incentivos considerados para el cáñamo industrial en Puerto Rico

FASE 3: El establecimiento de empresas nuevas en las actividades productivas relacionadas al cáñamo implica posibilidades de crecimiento para el sector financiero, tanto tradicional como cooperativista. Es necesario identificar las necesidades y condiciones de financiamiento en una actividad que a nivel agrícola estará altamente regulada por el uso de la planta de cannabis. Sin embargo, la posibilidad de financiamiento para las empresas de los sectores manufactureros es más amplia, ya que no hay restricción de los productos. Esto representa una oportunidad para el sector financiero en Puerto Rico. Es necesario orientar al respecto tanto a este sector, como a los futuros empresarios. Para esto, se pueden hacer distintos estudios y ofrecer los siguientes talleres:




  • Aspectos financieros relacionados al cáñamo industrial

  • Posibilidades para la banca comercial y las cooperativas en Puerto Rico: cáñamo industrial

  • Talleres de capacitación a futuros empresarios: modelos de negocios y estrategias de comercialización, entre otros

Otro aspecto importante que debe revisarse en la medida, según el CIPP, es la relación de estas actividades y el desarrollo económico de Puerto Rico. En el Proyecto se establece como uno de los objetivos principales la contribución al desarrollo económico. No obstante, no se establecen medidas de redistribución de ingresos que materialicen mejores condiciones de vida para los residentes en la Isla. El CIPP entiende que es indispensable identificar estrategias de redistribución y proyectos a los que pueden ser dirigidos esos fondos por parte del Gobierno; es decir, los beneficios generados por el cáñamo industrial y su vínculo con el desarrollo económico de Puerto Rico.

Para llevar a cabo estas investigaciones es necesario establecer líneas de colaboración entre el CIPP y las Comisiones e identificar fondos que puedan dirigirse a este fin. El CIPP indica que están en la mejor disposición de preparar propuestas que puedan satisfacer las necesidades de evaluación que se presentan en las fases propuestas para la consideración.


  1. Walter Marrero, Esq.:

El Lcdo. Walter Marrero nos expone que es de las pocas personas en Puerto Rico que tiene la experiencia y el conocimiento en la creación de legislación sobre el Hemp/ Cáñamo Industrial, y que ve las posibilidades reales de este proyecto. En su memorial explicativo enumeró varias enmiendas, las cuales fueron atendidas e incorporadas al texto final de aprobación.
IMPACTO FISCAL

Las Comisiones de Revitalización Social y Económica y de Agricultura del Senado de Puerto Rico, luego de evaluar los memoriales explicativos y el informe positivo del cuerpo hermano, la Cámara de Representantes, concluye que la presente medida, como bien dicta el aludido informe, es una que propenderá al desarrollo económico con un efecto multiplicador. A esos efectos, estas Comisiones concluyen que la medida ante nuestra consideración no tiene impacto fiscal.


CONCLUSIÓN

Las Comisiones de Revitalización Social y Económica y de Agricultura entienden que la medida legislativa ante nuestra consideración es una que facilita la recuperación económica de nuestro sector agrícola, que tan necesario se hace luego del paso de los huracanes Irma y María. A esos efectos, se analizaron y estudiaron minuciosamente los memoriales que forman parte del expediente de la Cámara de Representantes. Así, estas Comisiones entienden que la medida, según aprobada en la Cámara de Representantes provee unas salvaguardas de seguridad y control que viabilizan su ejecución de manera cónsona con el plan programático de esta administración.

Por tal motivo, las Comisiones de Revitalización Social y Económica y de Agricultura del Senado de Puerto Rico rinden el presente Informe Positivo recomendando la aprobación del Proyecto de la Cámara 1071, sin enmiendas.
Respetuosamente sometido,

Hon. Zoé Laboy Alvarado Hon. Luis Berdiel Rivera

Presidenta Presidente

Comisión de Revitalización Social y Económica Comisión de Agricultura



Senado de Puerto Rico Senado de Puerto Rico

1 Hash Marihuana & Hemp Museum, El conocimiento y los hechos sobre el cannabis > Cáñamo Industrial, http://hashmuseum.com/es/la-planta/canamo-industrial




La base de datos está protegida por derechos de autor ©bazica.org 2016
enviar mensaje

    Página principal