Sentencia c-595/10



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“3. Estos principios de conservación se aplicarán a todas las partes de la superficie terrestre, tanto en la tierra como en el mar; se concederá protección especial a aquellas de carácter singular, a los ejemplares representativos de todos los diferentes tipos de ecosistemas y a los hábitats de las especies o en peligro.

“4. Los ecosistemas y los organismos, así como los recursos terrestres, marinos y atmosféricos que son utilizados por el hombre, se administrarán de manera tal de lograr y mantener su productividad óptima y continua sin por ello poner en peligro la integridad de los otros ecosistemas y especies con los que coexistan.



“5. Se protegerá a la naturaleza de la destrucción que causan las guerras u otros actos de hostilidad”.

48 16 de septiembre de 2009.

49 Anexa al informe de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el medio ambiente y el desarrollo, celebrada en la ciudad de Río de Janeiro, del 3 al 14 de junio de 1992. Contiene 27 principios que, aunque pretenden desarrollar los valores de la Declaración de Estocolmo, se reducen a pautas sobre desarrollo sostenible.

50 “Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el Sector Público encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA y se dictan otras disposiciones”.

51 Sentencias C-071 de 2003, C-988 de 2004, T-299 de 2008 y T-360 de 2010.

52 Aprobatoria de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático.

53 Por medio de la cual se aprueba la ‘Enmienda del Protocolo de Montreal aprobada por la Novena Reunión de las Partes’, suscrita en Montreal el 17 de septiembre de 1997.

54 Esta Corporación se pronunció sobre una demanda en contra de los artículos 1º, numeral 6º (parcial); y, 85, numeral 2º y parágrafo 3º (parcial), de la Ley 99 de 1993, “Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el Sector Público encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables, se reorganiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA, y se dictan otras disposiciones.”

55 Por medio de la cual se aprueba el “Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología del Convenio sobre la Diversidad Biológica”, hecho en Montreal, el veintinueve (29) de enero de dos mil (2000).

56 Por la cual se dictan normas relacionadas con los agroquímicos genérico. Artículos 1º, 3º parcial, 4º parcial y 6º parcial.

57 Sentencia C-073 de 1995.

58 Sentencias C-071 de 2003 y C-988 de 2004.

59 En el caso Gabcíkovo-Nagymaros, entre Eslovaquia y Hungría por el incumplimiento de esta última del tratado firmado por ambos Estados para la construcción de una represa en su zona limítrofe, aduciendo incertidumbre de los efectos que podría tener sobre el medio ambiente, la Corte Internacional de Justicia resolvió que las partes estaban obligadas a tomar todas las medidas indispensables para obtener la protección del medio ambiente, en particular sobre la calidad de las aguas, la naturaleza y la pesca. Se refirió al concepto de estado de necesidad para justificar la terminación del tratado de 1977. (Información extraída del texto “Derecho Internacional Ambiental”. Diego Uribe Vargas y Fabián Augusto Cárdenas Castañeda. Colaboración de Felipe Cadena García para la primera edición. Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano. Edición 2010. Págs. 194, 199 y 200 (tener en cuenta pág. 191). Se cita “Sands, Philippe, óp. Cit., supra nota 3, p. 275”).

60 Política y Sociedad. 2003. Vol. 4. Núm. 3. Departamento de Derecho Internacional Público y Privado, Universidad Complutense de Madrid. Págs. 7-22.

61 “La evolución actual del Derecho Internacional Ambiental tiende a convertir el desarrollo sostenible de objetivo último, o también denominado ´matriz conceptual´, a auténtico principio, mas principio que tiene una doble faceta: por una parte, estructurante de todo este sector del derecho internacional público, por otra, con un contenido, si no plenamente normativo, sí con una tendencia hacia su propia normatividad, ya que su constante mención en instrumentos jurídicos pone en evidencia una opinio iuris que se ha ido consolidando a lo largo del tiempo. […] El de equidad intergeneracional, ha ido adquiriendo una importancia muy particular. Existe, en efecto, una relación muy estrecha entre uno y otra, porque si el desarrollo sostenible es, en síntesis, aquél que se ejerce de tal modo que satisfaga tanto las necesidades de desarrollo, o sea, de mejora socio-económica, como las ambientales, de las generaciones presentes y futuras, lo cierto es que tal satisfacción se debe llevar a cabo de manera justa o equitativa. Esto significa que la satisfacción de las necesidades de las generaciones presentes no puede amenazar o impedir que las generaciones futuras satisfagan sus necesidades tanto de desarrollo como de protección ambiental.”

62 “La cooperación aparece a nuestros ojos como la principal vía para la solución de los problemas ambientales. Y esto resulta de la razón expuesta: el ´gap´ entre la dimensión espacial del problema y su solución: el único remedio es cooperar. Precisamente porque la tierra es un único ecosistema, los problemas que la afectan deben solventarse en el nivel institucional adecuado a dicho ecosistema, o sea, el nivel internacional; pero dado que no existe en este plano una autoridad capaz de imponer un orden jurídico, éste tiene que surgir de la cooperación entre los sujetos internacionales: Estados y Organizaciones Internacionales. Además, porque se trata de un ´patrimonio recibido y que hay que transmitir´, requiere de la solidaridad mundial.

63 “1. La política de la Comunidad en el ámbito del medio ambiente contribuirá a alcanzar los siguientes objetivos: La conservación, la protección y la mejora de la calidad del medio ambiente; La protección de la salud de las personas; La utilización prudente y racional de los recursos naturales; El fomento de medidas a escala internacional destinadas a hacer frente a los problemas regionales o mundiales del medio ambiente. 2. La política de la Comunidad en el ámbito del medio ambiente tendrá como objetivo alcanzar un nivel de protección elevado, teniendo presente la diversidad de situaciones existentes en las distintas regiones de la Comunidad. Se basará en los principios de cautela y de acción preventiva, en el principio de corrección de los atentados al medio ambiente, preferentemente en la fuente misma, y en el principio de quien contamina paga”.

64 Derecho comunitario del medio ambiente. Marco institucional, regulación sectorial y aplicación en España. Ángel Manuel Moreno Molina. Universidad Carlos III de Madrid. Departamento de Derecho Público del Estado. Marcial Pons. 2006. Págs. 45-56.

65 También se señala que “el principio de cautela ´se produce por definición en un contexto de incertidumbre científica´. Y ahí viene la cuestión central: ¿hasta qué punto y con qué extensión están las instituciones obligadas a probar que existe el riesgo? Éste es el nudo gordiano del principio de cautela: ¿es la administración la que tiene que probar que un producto es peligroso para poder acto seguido desautorizar su comercialización, o es la empresa interesada la que tiene que probar que su producto es inocuo antes de conseguir la autorización”. El Tribunal ha dicho que “no cabe exigir que la evaluación de riesgos aporte obligatoriamente a las instituciones comunitarias pruebas científicas concluyentes de la realidad del riesgo y de la gravedad de los efectos perjudiciales potenciales en el supuesto de que el riesgo se materializara (…) el principio de cautela sólo puede aplicarse por tanto cuando exista un riesgo, y en particular un riesgo para la salud humana, que, sin estar basado en meras hipótesis no verificadas científicamente, aún no ha podido ser plenamente demostrado”.

66 La siguiente cita es al margen del texto en comento: hoy se habla de los efectos perversos del principio “el que contamina paga” toda vez que en ocasiones los empresarios industriales prefieren pagar el impuesto, canon o multa, a tener que realizar inversiones para evitar la contaminación (Extraído del libro “Derechos Ambientales en Perspectiva de Integralidad”. Concepto y fundamentación de nuevas demandas y resistencias actuales hacia el ´Estado Ambiental de Derecho´. 2ª edición. Gregorio Mesa Cuadros. Universidad Nacional de Colombia. Serie de investigaciones jurídico-políticas. Sede Bogotá. 2010. Pág. 120).

67 Se señala: “por ejemplo, para evitar los residuos de envases habría que prohibir o limitar seriamente que hubiera envases, o, para evitar la contaminación industrial, no autorizar ninguna instalación nueva, o sólo autorizar las que contaminen cero.”

68 Del texto “Derechos Ambientales en Perspectiva de Integralidad”, del profesor Gregorio Mesa Cuadros, págs. 127 a 138, puede extraerse algunos de los principios ambientales más destacados en el debate nacional y global: principio de realidad, principio de globalidad e interdependencia, principio de solidaridad, principio de regulación jurídica integral, principio de responsabilidad, principio de la introducción de la variable ambiental en la toma de decisiones, principio de transpersonalización de las normas jurídicas, principio el que contamina paga, principio de precaución, principio de sostenibilidad, principio de participación ambiental, principios de los derechos intra e intergeracionales, principio de conjunción de aspectos colectivos e individuales y principio de gradación normativa, rigor subsidiario y armonía regional.

69 Derecho administrativo sancionador. Una aproximación dogmática. Jaime Ossa Arbeláez. Segunda Edición. Legis. Págs. 719-745. En el texto se trae a colación a España y Brasil, veamos: “España, por ejemplo con la Ley 26 del 23 de octubre del 2007, dictada en cumplimiento de la Directiva 2004/35 CE del Parlamento Europeo y del Consejo del 21 de abril del 2004 sobre responsabilidad medio ambiental en relación con la prevención y reparación de daños medioambientales, debido principalmente a los graves episodios de contaminación que vive Europa, es un ejemplo de lo que viene diciéndose. La responsabilidad objetiva está allí establecida. “Es objetiva la responsabilidad porque las obligaciones se imponen al operador al margen de cualquier tipo de culpa, dolo o negligencia, según información de Internet. Se esgrime como razón para implantar este tipo de responsabilidad, la de que el damnificado con los perjuicios ambientales es la comunidad que carece de personalidad visible y por lo tanto se vuelve un tercero desconocido que no tiene dolientes. Nadie lo cuida ni de él nadie se preocupa. Por lo demás, en el Brasil el artículo 225-3 de la Constitución Federal consagra, así mismo, la responsabilidad objetiva en el medio ambiente.”

70 Ley 19.300. Bases Generales del Medio Ambiente. Promulgada el 1º de marzo de 1994. Artículo 52. Se presume legalmente la responsabilidad del autor del daño ambiental, si existe infracción a las normas de calidad ambiental, a las normas de emisiones, a los planes de prevención o de descontaminación, a las regulaciones especiales para los casos de emergencia ambiental o a las normas sobre protección, preservación o conservación ambientales, establecidas en la presente ley o en otras disposiciones legales o reglamentarias. Con todo, sólo habrá lugar a la indemnización, en este evento, si se acreditare relación de causa a efecto entre la infracción y el daño producido. www.bienes.cl/recursos/t_activa/archivos.

71 Ley número 41 de 1998. Artículo 109. toda persona natural o jurídica que emita, vierta, disponga o descargue sustancias o desechos que afecten o puedan afectar la salud humana, pongan en riesgo o causen daño al ambiente, afecten o puedan afectar los procesos ecológicos esenciales o la calidad de vida de la población, tendrá responsabilidad objetiva por los daños que puedan ocasionar graves perjuicios, de conformidad con lo que dispongan las leyes especiales relacionadas con el ambiente. www.lawyers-abogados.net/.../Panama.

72 Programa Estudios Socioambientales FLACSO, Sede Ecuador. Artículo sobre la responsabilidad objetiva por daños ambientales y la inversión de la carga de la prueba en la nueva Constitución. Ricardo Crespo Plaza. http://www.flacsoandes.org/web/images

73 Sentencias C-506 de 2002 y SU.1010 de 2008.

74 Ibídem.

75 Sentencia C-506 de 2002.

76 Sentencia SU.1010 de 2008.

77 Sentencias SU.1010 de 2008 y C-506 de 2002.

78 “Corresponde al Congreso hacer las leyes. Por medio de ellas ejerce las siguientes funciones: 8. Expedir las normas a las cuales debe sujetarse el gobierno para el ejercicio de las funciones de inspección y vigilancia que le señala la Constitución.”

79 “Corresponde al Presidente de la República como Jefe de Estado, Jefe del Gobierno y Suprema Autoridad Administrativa: 21. Ejercer la inspección y vigilancia de la enseñanza conforme a la ley.”

80 “Ejercer la inspección y vigilancia de la prestación de los servicios públicos.”

81 “Ejercer, de acuerdo con la ley, la inspección, vigilancia y control sobre las personas que realicen actividades financiera, bursátil, aseguradora y cualquier otra relacionada con el manejo, aprovechamiento o inversión de recursos captados del públicos. Así mismo sobre las entidades cooperativas y las sociedades mercantiles.”

82 “Ejercer la inspección y vigilancia sobre instituciones de utilidad común para que sus rentas se conserven y sean debidamente aplicadas y para que en todo lo esencial se cumpla con la voluntad de los fundadores.”

83 “La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones. Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado. La administración pública, en todos sus órdenes, tendrá un control interno que se ejercerá en los términos que señale la ley.”

84 “La dirección general de la economía estará a cargo del Estado. Este intervendrá, por mandato de la ley, en la explotación de los recursos naturales, en el uso del suelo, en la producción, distribución, utilización y consumo de los bienes, y en los servicios públicos y privados, para racionalizar la economía con el fin de conseguir el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes, la distribución equitativa de las oportunidades y los beneficios del desarrollo y la preservación de un ambiente sano.”

85 “Los servicios públicos son inherentes a la finalidad social del Estado. Es deber del Estado asegurar su prestación eficiente a todos los habitantes del territorio nacional. Los servicios públicos estarán sometidos al régimen jurídico que fije la ley, podrán ser prestados por el Estado, directa o indirectamente, por comunidades organizadas, o por particulares. En todo caso, el Estado mantendrá la regulación, el control y la vigilancia de dichos servicios. Si por razones de soberanía o de interés social, mediante ley aprobada por la mayoría de los miembros de una y otra cámara, por iniciativa del Gobierno decida reservarse determinadas actividades estratégicas o servicios públicos, deberá indemnizar previa y plenamente a las personas que en virtud de dicha ley, queden privadas del ejercicio de una actividad lícita.”

86 “El bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la población son finalidades sociales del Estado. Será objetivo fundamental de su actividad la solución de las necesidades insatisfechas de salud, de educación, de saneamiento ambiental y de agua potable. Para tales efectos, en los planes y presupuestos de la Nación y de las entidades territoriales, el gasto público social tendrá prioridad sobre cualquier otra asignación.”

87 “Corresponde al Presidente de la República señalar, con sujeción a la ley, las políticas generales de administración y control de eficiencia de los servicios públicos domiciliarios y ejercer por medio de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, el control, la inspección y vigilancia de las entidades que los presten.”

88 Corte Suprema de Justicia. Salvamento parcial de voto a la sentencia número 51 del 14 de abril de 1983, por los magistrados Manuel Gaona Cruz, José María Esguerra Samper, Dante Luis Fiorillo Porras, José Eduardo Gnecco Correa (adhiere), Gustavo Gómez Velásquez (con adición de salvamento), Alvaro Luna Gómez y Pedro Elías Serrano Abadía.

89 Sentencia C-506 de 2002.

90 Sentencia C-214 de 1994. En este punto, la Corte se apoyó en: Eduardo García de Enterría, Tomás Ramón Fernández, Curso de Derecho Administrativo, Editorial Civitas, Madrid, 1986.

91 Ibídem.

92 Sentencia C-506 de 2002.

93 Ibídem.

94 Sentencia C-597 de 1996, Ibíd.

95 Sentencia C-827 de 2001.

96 Ibídem.

97 Sentencia C-597 de 1996.

98 Ibídem.

99 Sentencia C-214 de 1994.

100 Sentencias C-530 de 2003 y C-597 de 1996.

101 Curso de Derecho Administrativo II. Eduardo García de Enterría y Tomás-Ramón Fernández. Novena Edición. Thomson. Civitas. 2004. Pág. 163.

102 Cft. Sentencias SU.1010 de 2008, C-229 de 1995 y C-214 de 1994.

103 Sentencia C-506 de 2002.

104 Sentencias C-506 de 2002 y C-214 de 1994. En la sentencia T-145 de 1993, se señaló que el poder de policía se predica igualmente del poder sancionatorio de la administración.

105 Sentencia C-599 de 1992.

106 Ibídem.

107 Sentencias C-599 de 1992, T-145 de 1993, C-597 de 1996, C-506 de 2002, C-827 de 2001, C-616 de 2002, C-530 de 2003 y SU.1010 de 2008.

108 Sentencia SU.1010 de 2008.

109 En el mismo sentido, en la sentencia T-145 de 1993 la Corte sostuvo: “El Constituyente colombiano hizo extensivo el derecho al debido proceso a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas (CP 29). Las garantías mínimas del debido proceso penal son aplicables, con algunas atenuaciones, a las actuaciones administrativas sancionatorias. (…) La no total aplicabilidad de las garantías del derecho penal al campo administrativo obedece a que mientras en el primero se protege el orden social en abstracto y su ejercicio persigue fines retributivos, preventivos y resocializadores, la potestad sancionatoria de la administración se orienta más a la propia protección de su organización y funcionamiento, lo cual en ocasiones justifica la aplicación restringida de estas garantías - quedando a salvo su núcleo esencial - en función de la importancia del interés público amenazado o desconocido”.

110 Sentencia C-616 de 2002.

111 Juan Alfonso Santamaría Pastor. Principios de Derecho Administrativo. Volumen II. Ed. Centro de Estudios Ramón Areces. Madrid. Tomo II. Segunda Edición. 2000.

112 Ver Ramón Parada Vásquez. Derecho Administrativo. Tomo I Marcial Pons. Madrid 1996. Luis Morell Ocaña. Curso de Derecho Administrativo. Tomo II “La actividad de las administraciones públicas. Su control administrativo y jurisdiccional”. Arandazi. Madrid. 1996.

113 Cft. Sentencia SU.1010 de 2008 y T-145 de 1993.

114 Derecho Administrativo Sancionador. Una aproximación dogmática. Jaime Ossa Arbeláez. Segunda Edición. Legis. 2009. Págs. 187 a 424.

115 Ver, artículo 3º de la Ley 489 de 1998.

116 Sentencia SU.1010 de 2008.

117 Ibídem.

118 Derecho Administrativo Sancionador. Una aproximación dogmática. Jaime Ossa Arbeláez. Segunda Edición. Legis. 2009. Págs. 141 a 143.

119 Sentencia C-626 de 1996.

120 En esta decisión la Corte examinó la constitucionalidad del artículo 41 (sanción de clausura de establecimiento de comercio) de la Ley 633 de 2000, "Por la cual se expiden normas en materia tributaria, se dictan disposiciones sobre el tratamiento a los fondos obligatorios para la vivienda de interés social y se introducen normas para fortalecer las finanzas de la Rama Judicial."

121 En el análisis comparado la Corte consultó los siguientes libros: Franck Moderne, Sanctions Administratives et Justice Constitutionnelle, Economica, 1993. Juan Alfonso Santamaría Pastor, Principios de Derecho Administrativo, Vol. II, 2da Edición, Centro de estudios Ramón Areces, 2000. Alejandro Nieto, Derecho Administrativo Sancionador, 2ª Edición, Tecnos, Madrid, 2000. Giannini Massimo Severo, Diritto Amministrativo, I Vol., 3ª Edición, Dott. A. Giuffrè Editore, Milán, 1993 y Eduardo García de Enterría y Tomás-Ramón Fernandez, Curso de Derecho Administrativo, II Vol., Civitas, Madrid, 1991.
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