Sentencia por delito de lesa humanidad en el caso Adolfo Scilingo. Índice1



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B//CALIFICACIÓN LESA HUMANIDAD/TERRORISMO

A.CONFORME A LA LEGISLACIÓN ACTUALMENTE EN VIGOR:

1.Todos los delitos de LESA HUMANIDAD se hallan ebtre sí enuna relación de concurso ideal por lo que, en virtud de lo establecido por el artículo 77 debe sancionarse con la pena prevista para la modalidad más grave en us mitad superior procediendo imponer una pena de VEINTE AÑOS DE PRISIÓN.

A su vez, el delito de LESA HUMANIDAD se halla en una relación de concurso real con los siguientes delitos:

a)30 delitos de asesinato por los que procede imponer para cada uno de ellos la pena de 30 AÑOS DE RECLUSIÓN MAYOR.

b)93 delitos de lesiones por los que procede imponer para cada uno de ellos la pena de 6 AÑOS DE PRISIÓN MENOR.

2.Alternativamente, el delito de LESA HUMANIDAD se halla en una relación de concurso real con los siguientes delitos:


  1. 30 delitos de TERRORISMO organizado o no organizado con resultado de muerte por los que procede imponer para cada uno de ellos la pena de TREINTA AÑOS DE RECLUSIÓN O TREINTA AÑOS DE RECLUSIÓN MAYOR.

2)Por los delitos comprendidos en el apartado 5):

En relación de concurso real por 255 delitos de terrorismo ORGANIZADO O NO ORGANIZADO procede imponer la pena para cada uno de ellos de TREINTA AÑOS DE RECLUSIÓN O TREINTA AÑOS DE RECLUSIÓN MAYOR.

B.CONFORME A LA LEGISLACIÓN VIGENTE EN EL MOMENTO DE LA COMISIÓN DE LOS HECHOS:

Procede imponer las siguientes penas:

1)Por el delito contra la Humanidad:

-30 años de reclusión mayor por cada uno de los 30 delitos de asesinato.

-6 años de prisión menor por cada uno de los 93 delitos de lesiones.

2)Alternativamente, el delito CONTRA LA HUMANIDAD se halla en una relación de concurso real con los siguientes delitos:

c) 30 delitos de TERRORISMO organizado o no organizado con resultado de muerte por los que procede imponer para cada uno de ellos la pena de TREINTA AÑOS DE RECLUSIÓN O TREINTA AÑOS DE RECLUSIÓN MAYOR.

d)93 delitos de TERRORISMO organizado o no organizado con resultado de lesiones por los que procede imponer para cada uno de ellos la pena de TREINTA AÑOS DE RECLUSIÓN O TREINTA AÑOS DE RECLUSIÓN MAYOR.

2)Por los delitos comprendidos en el apartado 5):

En relación de concurso real por 255 delitos de terrorismo ORGANIZADO O NO ORGANIZADO procede imponer la pena para cada uno de ellos de TREINTA AÑOS DE RECLUSIÓN O TREINTA AÑOS DE RECLUSIÓN MAYOR.

En todos los casos, deben imponerse además las PENAS ACCESORIAS Y COSTAS del procedimiento.
*

Por la Acusación Popular ejercida en nombre de la Asociación Argentina Pro Derecho Humanos, de Izquierda Unida y de la Particular de Doña Graciela Palacio de Lois, se mantuvieron sus conclusiones provisionales modificándose alternativamente por lo que respecta a los crímenes de lesa humanidad que anteriormente han quedado debidamente reflejados por la calificación efectuada por el Ministerio Público al que nos remitimos íntegramente.

El resto de las Acusaciones Particulares y Populares que aparecen al inicio de la presente resolución mantuvieron sus conclusiones provisionales elevándolas como definitivas, y consideraron que los hechos que habían quedado probados constituían:

A)CONFORME A LA LEGISLACIÓN VIGENTE AL MOMENTO DE REALIZARSE LOS HECHOS DELICTIVOS:

1) Respecto de los resultados de muerte:

1.-Un delito de GENOCIDIO en grado de consumación previsto y penado por el artículo 137 bis, 1º del Código Penal de 1973 en concurso real con 30 delitos de asesinato en grado de consumación previstos y penados por el artículo 406 del Código Penal de 1973 en relación con el artículo 137 bis del mismo texto legal.

2.-Alternativamente: Un delito de GENOCIDIO en grado de consumación previsto y penado por el artículo 137 bis, 1º del Código Penal de 1973 en concurso real con 30 delitos de TERRORISMO ORGANIZADO en grado de consumación previstos y penados por el artículo 294 bis b), 1º del Código de Justicia Militar de 1945 o, a partir del DL 3/1977, 30 delitos de terrorismo organizado en grado de consumación previstos y penados por el Anexo 2 del Código Penal de 1973.

3.-Alternativamente respecto del terrorismo y para el caso de que no se estimara que el acusado formaba parte de una organización o grupo, 30 delitos de TERRORISMO en grado de consumación previstos y penados por los artículos 260, 1º y 261 del Código Penal de 1973.

2)Respecto de los resultados de lesiones:

1.-Un delito de GENOCIDIO en grado de consumación previsto y penado por el artículo 137 bis, 2º del Código Penal de 1973 en concurso real con 93 delitos de lesiones previstos y penados por el artículo 420 del Código Penal de 1973 en relación con el artículo 137 bis del mismo texto legal.

2.-Alternativamente: Un delito de GENOCIDIO en grado de consumación previsto y penado por el artículo 137 bis, 2º del Código Penal de 1973 en concurso real con 93 delitos de TERRORISMO ORGANIZADO en grado de consumación previstos y penados por el artículo 294 bis b, 2º del Código de Justicia Militar de 1945 o, a partir del DL 3/1977, 93 delitos de terrorismo organizado en grado de consumación previstos y penados por el Anexo 2 del Código Penal de 1973.

3.-Alternativamente, respecto del terrorismo y para el caso de que no se estimara que el acusado formaba parte de una organización o grupo, 93 delitos de TERRORISMO en grado de consumación previstos y penados por los artículos 260, 1º y 2º y 261 del Código Penal de 1973.

3)Respecto de los resultados sometimiento del grupo o cualquier de sus individuos a condiciones de existencia que pongan en peligro su vida o perturben gravemente su salud:

1.-Un delito de GENOCIDIO en grado de consumación previsto y penado por el artículo 137 bis, 3º del Código Penal de 1973.

4)Respecto de los resultados de adopción de medidas que tiendan a impedir el género de vida o reproducción de un grupo:

1.-Un delito de GENOCIDIO en grado de consumación previsto y penado por el artículo 137 bis, segundo párrafo del Código Penal de 1973.

5)Respecto de los resultados de detención ilegal y violación:

1.-255 delitos de TERRORISMO ORGANIZADO en grado de consumación previstos y penados por el artículo 294 bis b), 1º del Código de Justicia Militar de 1945 o, a partir del DL 3/1977, 255 delitos de terrorismo organizado en grado de consumación previstos y penados por el Anexo 2 del Código Penal de 1973.

2.-Alternativamente: para el caso de que no se estimara que el acusado formaba parte de una organización p grupo, 255 delitos de TERRORISMO en grado de consumación previstos y penados por los artículos 260, 3º y 261 del Código Penal de 1973.

NOTA SOBRE LA LEGISLACIÓN PENAL APLICABLE EN MATERIA DE TERRORISMO AL MOMENTO DE REALIZARSE LOS HEHCOS DELICTIVOS

Respecto a la legislación en materia antiterrorista vigente al momento de realizarse los hechos delictivos hay que tener en cuenta las siguientes disposiciones:

*Terrorismo organizado: Por Ley 42/1971, de 15 de noviembre, se introducen en el Código de Justicia Militar de 1945 los artículos 294 bis a) y ss. que se requieren expresamente que las acciones terroristas se realicen por personas que pertenezcan o actúen al servicio de organizaciones o grupos. Por Real Decreto 3/1977, de 4 de enero, se introducen en el Código Penal de 1973, como Anexos 1, 2 y 3, los artículos 294 bis a) a bis c) del Código de Justicia Militar con el mismo contenido y penalidad.

*Terrorismo no organizado: Los delitos de terrorismo del Código Penal de 1973 (artículos 260 y ss.) se reforman en virtud de lo establecido por la Ley 44/1971, de 15 de noviembre sin que se requiera, para su aplicación, que las acciones terroristas se realicen por personas que pertenezcan a organizaciones o grupos.

*DL 1975: en virtud de lo establecido por el DL 10/1975, de 26 de agosto, las penas por delitos de terrorismo deben imponerse en su grado máximo cuando se causare muerte de autoridades o funcionarios o se cause la muerte de una persona secuestrada (artículos 1 y 2). La vigencia de los preceptos señalados termina con la Ley 2/1976, de 18 de febrero.

B)CONFORME A LA LEGISLACIÓN ACTUALMENTE EN VIGOR:

1)Respecto de los resultados de muerte:

1.-Un delito de GENOCIDIO en grado de consumación previsto y penado por el artículo 607, 1, 1º del Código Penal de 1995 en concurso real con 30 delitos de asesinato previstos y penados por el artículo 139 en relación con el artículo 607, 1, 1º del mismo texto legal.

2.-Alternativamente: Un delito de GENOCIDIO en grado de consumación previsto y penado por el artículo 607, 1, 1º del Código Penal de 1995 en concurso real con 30 delitos de TERRORISMO en grado de consumación previstos y penados por el artículo 572, 1, 1º del mismo texto legal.

3.-Alternativamente al terrorismo para el caso de que no se estimara que el acusado formaba parte de una organización terrorista, 30 delitos de TERRORISMO en grado de consumación previstos y penados por el artículo 577 del Código Penal.

2)Respecto de los resultados de lesiones y agresiones sexuales:

1.-Un delito de GENOCIDIO en grado de consumación previsto y penado por el artículo 607, 1, 2º, 3º y 5º del Código Penal de 1995 en concurso real con 93 delitos de lesiones en grado de consumación previstos y penados por le artículo 148, en relación con el artículo 607, del mismo texto legal.

2.-Alternativamente: Un delito de GENOCIDIO en grado de consumación previsto y penado por el artículo 607, 1, 2º, 3º y 5º del Código Penal de 1995 en concurso real con 93 delitos de TERRORISMO en grado de consumación previstos y penados por el artículo 572, 1, 2º y 3º del Código Penal de 1995.

3.-Alternativamente: para el caso de que no se estimara que el acusado formaba parte de una organización terrorista, 93 delitos de TERRORISMO en grado de consumación previstos y penados por el artículo 577 del Código Penal.

3)Respecto de los resultados sometimiento del grupo o cualquiera de sus individuos o condiciones de existencia que pongan en peligro su vida o perturben gravemente su salud:

1.-Un delito de GENOCIDIO en grado de consumación previsto y penado por el artículo 607, 1, 3º.

4)Respecto de los resultados de adopción de medidas que tiendan a impedir el género de vida o reproducción de un grupo:

1.Un delito de GENOCIDIO en grado de consumación previsto y penado por el artículo 607, 1, 4º.

5)Respecto de los resultados de detención ilegal:

1.-255 delitos de TERRORISMO en grado de consumación previstos y penados por el artículo 572, 2º y 3º del Código Penal de 1995.

2.-Alternativamente al supuesto de terrorismo para el caso de que no se estimara que el acusado formaba parte de una organización o grupo, 255 delitos de terrorismo previstos y penados por el artículo 577 del Código Penal de 1995.

6)Respecto de los resultados atentados contra la integridad moral:

1.-286 delitos de TORTURA en grado de consumación previstos y penados por el artículo 174, 1 del Código Penal de 1995.

De los expresados delitos es responsable criminalmente el acusado en concepto de autor en virtud de lo establecido en los artículos 14,1 del Código Penal de 1973 o artículo 28 del Código Penal de 1995.

En la ejecución de los hechos son de apreciar las siguientes circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal:

A)Conforme al Código de Justicia Militar de 1945 y Código Penal de 1973:

1.-Ejecutar el hecho con alevosía (artículos 187,1 CJM y 10,1 del CP)

2.-Prevalerse del carácter público del culpable (artículos 187,9 CJM y 10,10 CP)

3.-Para el supuesto de que no se aprecie el concurso con delito de tortura: ensañamiento (artículos 187,4 CJM y 10,5 CP)

B)Conforme al Código Penal de 1995:

1.-Ejecutar el hecho con alevosía (artículo 22,1)

2.-Prevalerse del carácter público del culpable (artículo 22,7)

3.-Para el supuesto de que no se aprecie el concurso con el delito de tortura: ensañamiento (artículo 22,5)

Procede que se imponga al acusado las siguientes penas:

A)CONFORME A LA LEGISLACIÓN VIGENTE AL MOMENTO DE REALIZARSE LOS HECHOS DELICTIVOS:

1)Por los delitos comprendidos en los apartados 1), 2), 3) y 4):

1.-Todos los delitos de GENOCIDIO se hallan entre sí en una relación de concurso ideal por lo que, en virtud de lo previsto por el artículo 71, en relación con el artículo 137 bis, del Código Penal de 1973, debe sancionarse por la realización de un único delito de genocidio, el más grave, en su grado máximo procediendo imponer una pena de TREINTA AÑOS DE RECLUSIÓN MAYOR.

A su vez, el delito de Genocidio se halla en relación de concurso real (artículos 69 y ss. del Código Penal de 1973) con los siguientes delitos:

a)30 delitos de asesinato por los que procede imponer cada uno de ellos la pena de TREINTA AÑOS DE RECLUSIÓN MAYOR.

b)93 delitos de lesiones por los que procede imponer para cada uno de ellos la pena de SEIS AÑOS DE PRISIÓN MENOR.

2.-Alternativamente, el delito de GENOCIDIO se halla en una relación de concurso real con los siguientes delitos:

a)30 delitos de TERRORISMO organizado o no organizado con resultado de muerte por los que procede imponer para cada uno de ellos la pena de TREINTA AÑOS DE RECLUSIÓN O TREINTA AÑOS DE RECLUSIÓN MAYOR.

b)93 delitos de TERRORISMO organizado o no organizado con resultado de lesiones por los que procede imponer para cada uno de ellos la pena de TREINTA AÑOS DE RECLUSIÓN O TREINTA AÑOS DE RECLUSIÓN MAYOR.

2)Por los delitos comprendidos en el apartado 5):

1.-En relación de concurso real (artículos 69 y ss. CP 1973 y artículo 237 del CJM de 1945) con lo anteriormente establecido, por 255 delitos de TERRORISMO organizado o no organizado procede imponer para cada uno de ellos la pena de TREINTA AÑOS DE RECLUSIÓN O TREINTA AÑOS DE RECLUSIÓN MAYOR.

B)CONFORME A LA LEGISLACIÓN ACTUALMENTE EN VIGOR:

1)Por los delitos comprendidos en los apartados 1), 2), 3) y 4):

1.- Todos los delitos de GENOCIDIO se hallan entre sí en una relación de concurso ideal por lo que, en virtud de lo establecido por el artículo 77, en relación con el artículo 607, 1, 1º, 2º, 3º y 5º, del Código Penal de 1995, debe sancionarse con la pena prevista para la modalidad más grave en su mitad superior procediendo imponer una pena de VEINTE AÑOS DE PRISIÓN.

A su vez, el delito de Genocidio se halla en una relación de concurso real (artículos 73 y ss. CP 1995) con los siguientes delitos:

a)30 delitos de asesinato por los que procede imponer para cada uno de ellos la pena de VEINTE AÑOS DE PRISIÓN.

b)93 delitos de lesiones por los que procede imponer para cada uno de ellos la pena de CINCO AÑOS DE PRISIÓN.

2.- Alternativamente el delito de Genocidio se halla en una relación de concurso real con los siguientes delitos:

a)30 delitos de TERRORISMO organizado con resultado de muerte por los que procede imponer para cada uno de ellos la pena de TREINTA AÑOS DE PRISIÓN.

b)93 delitos de TERRORISMO organizado con resultado de lesiones por los que procede imponer para cada uno de ellos la pena de QUINCE AÑOS DE PRISIÓN.

3.-Alternativamente, para el caso de que se estimara la calificación de TERRORISMO no organizado, procede imponer las siguientes penas:

a)por 30 delitos de TERRORISMO con resultado de muerte para cada uno de ellos la pena de VEINTE AÑOS DE PRISIÓN.

b)por 93 delitos de TERRORISMO con resultado de lesiones para cada uno de ellos la pena de CINCO AÑOS DE PRISIÓN.

2)Por los delitos comprendidos en el apartado 5):

1.-En relación de concurso real (artículos 73 y ss. CP 1995) con lo anteriormente establecido, por 255 delitos de TERRORISMO organizado procede imponer para cada uno de ellos la pena de QUINCE AÑOS DE PRISIÓN.

2.-Alternativamente, por 255 delitos de TERRORISMO no organizado procede imponer para cada uno de ellos la pena de OCHO AÑOS DE PRISIÓN.

3)Por los delitos comprendidos en el apartado 6):

1.-En relación de concurso real (artículos 73 y ss. CP 1995) con lo anteriormente establecido, por 286 delitos de TORTURA procede imponer para cada uno de ellos las penas de SEIS AÑOS DE PRISIÓN Y DOCE AÑOS DE INHABILITACIÓN ABSOLUTA.

En todos los casos, deben imponerse además las PENAS ACCESORIAS Y COSTAS del procedimiento.

La defensa del acusado solicitó la libre absolución de su defendido.

II. HECHOS PROBADOS.

PRIMERO. EL CONTEXTO. EL PLAN SISTEMATICO

1. ANTECEDENTES DEL GOLPE MILITAR.

En la República Argentina, a lo largo de todo el año 1.975, e incluso con anterioridad, los responsables militares de cada una de las armas del Ejército, con la ayuda de las Fuerzas Policiales y los Servicios de Inteligencia y apoyo de grupos de civiles, tomaron la decisión no sólo de derrocar a la Presidenta constitucional, María Estela Martínez de Perón, mediante un golpe de Estado, que se materializó el 24 de marzo de 1.976, sino también de diseñar, desarrollar y ejecutar un plan criminal sistemático de secuestro, tortura, desaparición y, finalmente, eliminación física de toda aquella parte de la ciudadanía que reputaban sospechosa de ser "subversiva", entendiendo por tal las que por su forma de pensar, actividades, relaciones o adscripción política resultaban en apariencia incompatibles con su proyecto político y social. La selección de quienes tendrían la consideración de subversivos se haría en función de su adscripción a determinadas actividades y sectores, fundamentalmente por motivos políticos e ideológicos, aunque también influirían los étnicos y religiosos.

Una vez conseguido el objetivo de extender en la sociedad argentina la sensación generalizada de vivir en un estado de absoluto desastre institucional, económico y social, el siguiente paso en el esquema diseñado fue presentar a la Presidenta de la Nación como una persona incapaz de dirigir el país, situación que ésta aceptó, permitiendo de facto que los militares dirigiesen la situación y diesen cobertura "legal" a la represión, iniciada con el Decreto número 261/75, de 5 de febrero de 1.975 (tomos 52 y 94 de la Pieza Separada de Documentación), en el que se establecía una estructura funcional para todos los organismos de inteligencia y por el que se autorizaba al Ejército de Tierra a ejecutar las operaciones necesarias para neutralizar o aniquilar toda acción de los elementos subversivos que actuasen en la Provincia de Tucumán; y la Orden secreta de 5 de febrero de 1.975 (tomo 94), del General Jorge Rafael Videla, en la que se dió luz verde a las operaciones de represión en esa Provincia y al llamado "Operativo Independencia", que se inició el día 9 de febrero de 1.975, dirigido por el General Vilas, y, que constituyó el inicio de lo que un año después desembocaría en el golpe militar.

Esta cobertura se consumó con los Decretos que, a instancia de los responsables militares -que de hecho gobernaban el país-, firmó el Presidente interino Italo Luder, el 6 de octubre de 1.975, con los números 2.770/75, por el que se constituyó el Consejo de Seguridad Interior y Consejo de Defensa (tomo 94); número 2.771/75, por el que se dispusieron los medios necesarios para la lucha contra la subversión (tomo 94); y número 2.772/75, por el que se libraron órdenes de ejecución de operaciones militares y de seguridad para eliminar o aniquilar la acción de todos los elementos subversivos en todo el territorio del país (tomo 94) -continuación, por tanto, del Decreto 261/75, de 5 de febrero-.



2.EL PLAN DE EJÉRCITO Y LA IDEOLOGÍA DEL PROCESO DE RECONSTRUCCIÓN NACIONAL.- DECLARACIONES Y ARENGAS.- DECRETOS Y ÓRDENES SECRETAS.

A pesar de que, como ha quedado expresado, durante el gobierno constitucional se habían dictado numerosas y severísimas leyes represivas para combatir las actividades subversivas, agravándose penas, creándose nuevas figuras penales, aplicándose normas restrictivas para salir del país y dictándose varios decretos contra la lucha subversiva, de forma que ya todas las fuerzas armadas, de seguridad, policiales, etc., habían quedado bajo la responsabilidad primaria del ejército para la lucha anti-subversiva y que los grupos violentos revolucionarios, en realidad, estaban ya notablemente desarticulados, ello no era suficiente para los fines de quienes habrían de ejecutar el inminente golpe militar, que estimaban necesaria la eliminación física del grupo nacional opositor a su ideología o a su proyecto.

Por ello, a partir de aquella fecha -6 de octubre de 1.975- los responsables militares máximos de los tres ejércitos y los policiales y de los Servicios de Inteligencia ultimaron los preparativos en forma coordinada para la toma del Poder y el desarrollo a gran escala del plan de eliminación y desaparición sistemática de personas de los diferentes bloques de población, clasificándolas bien por su profesión, adscripción ideológica, religiosa, sindical, gremial o intelectual, e incluso étnica y que afectaría a estudiantes, trabajadores, amas de casa, niños, minusválidos o discapacitados, políticos, sindicalistas, abogados, judíos y, en general, cualquier persona o sector que entendían opuesto a la selección realizada, so pretexto de desarrollar o participar en actividades supuestamente terroristas y contrarias a lo que denominaban "la moral occidental y cristiana", y que incluso dio pie también a la represión por motivos religiosos contra todos aquéllos que no perteneciesen o discrepasen de la doctrina "oficial" católica, según la entendía la cúpula militar.

Así, el General Videla había anunciado en la 11ª Conferencia de Ejércitos Americanos (Montevideo, 1.975): "en la Argentina van a tener que morir todas las personas que sean necesarias para lograr la seguridad del país".

En los días inmediatamente previos al golpe, hacia el día de 10 de marzo de 1.976, el almirante Luis María Mendía, Comandante de Operaciones Navales, siguiendo órdenes del Comandante en Jefe Emilio Eduardo Massera, y con conocimiento y conformidad de la alta jerarquía de la Armada, en desarrollo del plan previamente establecido por los responsables de las Fuerzas Armadas, convocó a toda la Plana Mayor del Area Naval de Puerto Belgrano, en número de 900 marinos aproximadamente, y los arengó en el sentido de que el país estaba lleno de "delincuentes subversivos" y que se les debía combatir para conseguir, según decía Horacio Hernán Berdine --compañero y asesor de psicología de Massera--, un país distinto, pacificado, con orden y economía espectacular.

Pocos días después del golpe militar el mismo almirante Mendía convocó una nueva reunión en el cine de Puerto Belgrano en la que marcó los lugares en los que se encontraban los "subversivos" y le comunicó a la Plana Mayor que la Armada no iba a ser ajena al combate antisubversivo y que integraría el Grupo de Tareas 3.3.2, constituido por la Compañía de Ceremonial reestructurada, con un área de operaciones que se extendería a la zona norte de Capital Federal y Gran Buenos Aires. Asimismo les indicó que se combatiría todo lo que fuera "contrario a la ideología occidental y cristiana", todo ello con el beneplácito de la jerarquía católica castrense, y con el apoyo de un gabinete especial creado por Massera.

En esa reunión Mendía explicó el método de "lucha contra la subversión" e indicó que se actuase con ropa civil, operaciones rápidas, interrogatorios intensos, práctica de torturas y sistema de eliminación física a través de los aviones que, en vuelo, arrojarían los cuerpos vivos y narcotizados al vacío, proporcionándoles de esta forma una "muerte cristiana".

Igualmente Mendía, siguiendo órdenes de Massera, expresó que otro método de depuración a seguir sería que las detenidas embarazadas permanecerían con vida hasta el alumbramiento de los bebés, los cuales serían entregados a familiares de marinos, militares o civiles que previamente lo solicitasen a través del orden establecido en la Escuela Mecánica de la Armada (E.S.M.A.). Con ello se pretendía conseguir evitar la "contaminación" que supondría devolver los hijos a sus familias biológicas.

Inmediatamente producido el golpe militar, el General Viola ordenó "que la evacuación de los detenidos se producirá con la mayor rapidez, previa separación por grupos: jefes, hombres, mujeres y niños, inmediatamente después de las capturas".

En 30 de abril de 1.976 el General Luciano Benjamín Menéndez, afirmó que la actividad de los intelectuales y artistas discrepantes constituía "un veneno para el alma de la nacionalidad argentina", añadiendo que "de la misma manera que destruimos por el fuego la documentación perniciosa que afecta al intelectual y a nuestra manera de ser cristiana, serán destruidos los enemigos del alma argentina".

Desde el 24 de marzo de 1.976 -fecha del golpe de Estado- hasta 10 de diciembre de 1.983, las Fuerzas Armadas argentinas usurparon ilegalmente el gobierno y pusieron en marcha el llamado "Proceso de Reorganización Nacional" (P.R.N.) y la denominada "Lucha contra la subversión" (L.C.S.), cuya finalidad, en realidad, era la destrucción sistemática de personas que se opusiesen a la concepción de nación sostenida por los militares golpistas, y a las que se identificaría como opuestas a la "Civilización Occidental y Cristiana".

Tales designios se exponían y detallaban extensamente en el denominado Plan General del Ejército, que desarrollaba el Plan de Seguridad Nacional, y que se definía en la Orden Secreta de Febrero de 1.976, en la que se contenía la doctrina y las acciones concretas para tomar por la fuerza el poder político e imponer el terror generalizado a través de la tortura masiva y la eliminación física ó desaparición forzada de miles de personas que se opusieran a las doctrinas emanadas de la cúpula militar.

Tal manera de proceder suponía la secreta derogación de las normas legales en vigor, respondía a planes aprobados y ordenados a sus respectivas fuerzas por los Comandantes militares, según las disposiciones de las Juntas Militares y se tradujo en la implantación de todo un organigrama de grupos, organizaciones y bandas armadas, que, subvirtiendo el orden constitucional y alterando gravemente la paz pública, cometieron toda una cadena de hechos violentos e ilegales que desembocaron en una represión generalizada y en un estado de absoluto terror de toda la población.

En el apartado "Detención de Personas", punto 4 (Fases: 2) de la referida Orden Secreta de febrero de 1.976 se disponía que:



"La operación consistirá en detener... a todas aquellas personas que la Junta de Comandantes Generales establezca o apruebe para cada jurisdicción...

La planificación respecto a los elementos a detener... deberá contar con la aprobación de la Junta de Comandantes Generales".

En la referida Orden se plasmaba una metodología clandestina e ilegal en la siguiente forma:



"La incomunicación caracterizará todo el proceso de detención de los inculpados y solamente podrá ser levantada por la Junta de Comandantes Generales.

No se permitirá la intervención de personas extrañas a las FF.AA. en defensa de los detenidos.

La composición de los equipos especiales de detención, y todo el accionar de los mismos será registrado en documentos secretos, a elaborar dentro del más estricto marco de seguridad y de secreto militar.

Dichos documentos deberán estar permanentemente a disposición de la Junta de Comandantes Generales y elevados toda vez que ésta los requiera.

Ningún integrante del equipo está facultado para suministrar información alguna a la prensa y vinculada al cumplimiento de esta operación, ello será facultad exclusiva de la Junta de Comandantes Generales".

Por tanto, el secuestrado perdía toda conexión con el exterior. Paralelamente, nadie podía conocer en qué Centro Clandestino de Detención se hallaba el mismo.

El Plan del Ejército fue complementado por la Orden de Operaciones nº 2/76 (tomo 150), que disponía:

"1) DETENCIÓN DE PERSONAS: se continuará con la detención de personas que aun se encuentren prófugas, según las listas.... Las de prioridad ...estará a cargo del Servicio de Inteligencia del Estado (S.I.D.E.), Policía Federal Argentina (P.F.A.) y Policía Provincial: Delincuentes comunes y económicos insertos en lista de prioridad 1;

"En cuanto a los Delincuentes subversivos: además de los organismos citados... en la detención de este tipo de delincuentes intervendrán los elementos técnicos de Inteligencia del Ejército".

2)OCUPACIÓN Y CLAUSURA DE EDIFICIOS PÚBLICOS Y SEDES SINDICALES... se desalojará a todo el personal que se encuentre en el edificio... sobre este personal se deberá ejercer un rígido control... apostará un guardia militar para el acceso... se efectuará un estricto control de todo movimiento... Toda persona de cualquier índole que transgreda estas normas será detenida y puesta a disposición del Gobierno Militar...

3) CONTROL DE GRANDES CENTROS URBANOS Y CIERRE DE AEROPUERT0S, AERODROMOS Y PISTAS: La finalidad es... impedir la salida del país de personas que el Gobierno Militar disponga sean investigadas.

4) VIGILANCIA DE FRONTERAS: ...se ejecutarán las acciones militares necesarias para impedir la salida del país a través de la frontera terrestre..."

5) SEGURIDAD DE ESTABLECIMIENTOS CARCELARIOS... Se deberá impedir todo tipo de comunicación con el exterior por parte de los detenidos...

8) CONTROL DE ACCESO A SEDES DIPLOMÁTICAS. Se ejercerá la vigilancia exterior del edificio que ocupa la representación diplomática seleccionada a efectos de impedir el acceso de personas ajenas a la misma, con el propósito de solicitar asilo político".

En el Anexo 2 (INTELIGENCIA) del Plan del Ejército (tomo 150) se incluían como oponentes activos o potenciales a todo el espectro social:

1.- Las organizaciones político militares.

2.- Las organizaciones políticas y colaterales.

3.- Las organizaciones gremiales.

4.- Las organizaciones estudiantiles.

5.- Las organizaciones religiosas.

6.- Las personas "vinculadas", descritas como aquellas «relacionadas al quehacer nacional, provincial, municipal o a alguna de las organizaciones señaladas: existen personas con responsabilidad imputable al caos por el que atraviesa la Nación e igualmente podrán surgir otras de igual vinculación que pretendieran entorpecer y hasta afectar el proceso de recuperación del país.



A tales elementos, debidamente individualizados, se los encuadrará conforme a las previsiones establecidas en el documento "Detención de personas" o normas que específicamente pudiera establecer la Junta de Comandantes Generales».

El Reglamento RC-9-1 (1.977) especificaba que no se utilizará jamás la denominación de "guerrilla ni guerrillero". "Quienes participen en sus acciones serán considerados delincuentes comunes (subversivos). Las organizaciones que integren serán calificadas como bandas de delincuentes subversivos, a los que hay que eliminar".

La Orden Parcial nº 405, de 21 de mayo de 1.976 (tomo 150, f. 29832 a 29854), de reestructuración de jurisdicciones y adecuación orgánica para intensificar las operaciones contra la subversión, reiteraba la necesidad de centralizar la conducción de las acciones de inteligencia en las operaciones con unidad de comando.

La Directiva del Comandante en Jefe del Ejército nº 504/77 (tomo 150) ("Continuación de la ofensiva contra la subversión durante el período de 1.977-78") expresaba:



"3) La acción militar directa ha producido un virtual aniquilamiento de las organizaciones subversivas, con un desgaste aproximado al 90% de su personal encuadrado, mientras la acción militar de apoyo a las estrategias sectoriales de cada Ministerio, actuando sin la conveniente orientación que le hubiera dado un planeamiento adecuado del sector gubernamental en lo que hace a la Lucha contra la Subversión, ha conseguido sólo una temporaria normalización de los ámbitos prioritarios, donde, precisamente ha reforzado su accionar el oponente".

"4) Este cambio de la delincuencia subversiva y la existencia de problemas económico-laborales que aún inciden negativamente sobre la población, exige de la acción de gobierno una preferente atención para superar frustraciones que el oponente esgrime como causas de lucha, y de la acción militar".

Y a estos efectos, en los Anexos (tomo 150) se ordenaba la persecución de los oponentes, que ahora pasan a denominarse "delincuentes terroristas", en los ámbitos educacional, religioso, barrial y de la comunicación social, estableciendo (Anexo 5 bis) que "la estrategia global del oponente dirige su esfuerzo principal a la acción insurreccional de masas como una vía económica, aunque más lenta que la armada, en la que la población hábilmente instrumentada se levanta contra el orden legal y alcanza el poder luego de producir una "crisis revolucionaria.



La acción es realizada en todos los ámbitos, pero prioritariamente en el educacional para reclutar futuros dirigentes; en el industrial para paralizar la economía, en el religioso para confundir y neutralizar las virtudes morales e ideas filosóficas y quitar la mayor base de unión y en el territorial o barrial, para conquistar a las masas populares, ponerlas sentimentalmente de su parte y enfrentarlas al orden legal existente.

El ejército accionará selectivamente sobre organizaciones religiosas, culturales, deportivas de fomento y otras formas de nucleamientos de tipo barrial, en coordinación con organismos estatales, especialmente de nivel municipal, para prevenir o neutralizar situaciones conflictivas explotables por la subversión, detectar y erradicar sus elementos infiltrados y apoyar a las autoridades y organizaciones que colaboran con las Fuerzas Legales, a fin de impedir la agitación y acción insurreccional de masas y contribuir de esta forma al normal desenvolvimiento de las actividades de gobierno y al logro de la adhesión de la población".

Además, se estableció un sistema de delación y control absoluto en todo el ámbito educativo y cultural, ordenando el general Albano Harguindeguy, Ministro del Interior, al asumir interinamente el Ministerio de Cultura y Educación en 1.978, que «las autoridades educativas, culturales y de ciencia y tecnología deberán informar las novedades sobre la detección de agentes o presuntas actividades subversivas a que diera origen el personal a sus órdenes, a las autoridades militares de su jurisdicción...».

El citado Reglamento RC-9-1 (1.977) establecía, en su página 86: "El concepto es prevenir y no "curar", impidiendo mediante la eliminación de los agitadores, posibles acciones insurreccionales masivas. En tal sentido, la detención de los activistas o subversivos localizados deberá ser una preocupación permanente en todos los niveles del comando. Ellos deben ser capturados de inmediato en el lugar en que se encuentren, ya sea el domicilio, la vía pública o el trabajo (fábrica, oficina, establecimiento de enseñanza, etc.)... El ataque permite aniquilar la subversión en su inicio y mostrar a la población que las tropas son las que dominan la situación". Recomendando «aplicar el poder de combate actuando con la máxima violencia para aniquilar a los delincuentes subversivos donde se encuentren. El logro de la adhesión de la población, aspecto fundamental en el ambiente operacional subversivo, se consigue no sólo guardándole todas las consideraciones, sino también infundiéndoles respeto.

El ciudadano debe saber que las FF.AA. no molestan a quien cumple la ley y es honesto, pero aplican todo su poder de combate contra los enemigos del país. Respecto a éstos y a los proclives a serlo, es necesario que comprendan que es más conveniente apoyar a las fuerzas legales que oponérseles. Se debe tener presente que los agitadores o subversivos potenciales pueden abandonar posturas pasivas y adoptar procederes activos, si no perciben una firme actitud que les inspire respeto y temor.

La acción militar es siempre violenta y sangrienta, pero debe tener su justificación y el apoyo de operaciones psicológicas. Para graduar la violencia están las fuerzas de seguridad y policiales. El concepto rector será que el delincuente subversivo que empuña armas debe ser aniquilado, dado que cuando las FFAA entran en operaciones contra estos delincuentes, no deben interrumpir el combate ni aceptar rendiciones».

La regulación de la acción represiva se completaba, con relación a la Armada, con el Plan de Actividades de Comandos de Operaciones Navales, de 1976.

Por último, se completaba la estrategia global de terror y exterminio mediante la aplicación del "Manual de Acción Psicológica" (RC-5-1) (tomo 94), que propugnaba la utilización de información y propaganda falsas. Ha sido puesto de manifiesto la existencia de numerosos supuestos de enfrentamientos que, posteriormente, se determinaron inexistentes, y solamente aducidos por la propaganda militar para justificar el asesinato de opositores.

El propio Manual de Acción Psicológica reconocía que la finalidad de la propaganda era "permitir un encubrimiento natural de los fines" (artículo 2.010, inciso 5), expresando que "la presión insta por acción compulsiva, apelando casi siempre al factor miedo. La presión psicológica generará angustia, la angustia masiva y generalizada podrá derivar en terror y eso basta para tener al público (blanco) a merced de cualquier influencia posterior" (artículo 2.004).

La estructura represiva organizada funcionó según estaba proyectada, respetándose en todo momento la jerarquía de la escala de mando. Así, los propios comandantes reconocieron en el juicio al que fueron sometidos al fin de la dictadura (Causa 13/84), haber tenido el control efectivo de sus fuerzas. Los jefes y oficiales, que la lucha anti-subversiva se ajustó estrictamente a las órdenes de los comandantes superiores, y que el sistema operativo puesto en práctica fue sustancialmente idéntico en todo el territorio de la nación y prolongado en el tiempo, sin que fuera posible la instalación de centros de detención en dependencias militares o policiales sin existencia de órdenes superiores que lo permitieran, así como tampoco la asignación o movimiento del personal, arsenal, vehículos y combustibles a las operaciones anti-subversivas, que se desarrollaron aprovechando la estructura funcional preexistente de las Fuerzas Armadas. Finalmente, fueron las Fuerzas Armadas quienes se atribuyeron la "victoria" sobre la subversión, explicándola mediante el concepto de "guerra sucia o atípica" y emitiendo un llamado "Documento Final", donde se trataba de dar una explicación a la ciudadanía acerca de la suerte de los desaparecidos, admitiendo, a través de un lenguaje oscuro, que fue necesario utilizar "procedimientos inéditos" e imponer el más estricto secreto sobre la información relacionada con las acciones militares, ratificando que todo lo actuado fue realizado en cumplimiento de las órdenes propias del servicio.

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