Sentencia por delito de lesa humanidad en el caso Adolfo Scilingo. Índice1



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5. SOBRE LA APLICABILIDAD GENERAL LOS CRIMENES CONTRA LA HUMANIDAD.

1. La competencia de la jurisdicción española en el caso puede ser examinada desde la doble perspectiva que se viene haciendo, desde la del derecho internacional y desde el nacional interno. Aunque las normas nacionales admitan la competencia jurisdiccional extraterritorial para la persecución penal de un delito acaecido en el territorio de otro Estado (art 23.4 y 5 LOPJ), estimamos que necesita para ser legitima en el ámbito internacional su reconocimiento en dicho espacio. En el presente caso, y como venimos afirmando, tratándose de responsabilidad individual por delitos contra la humanidad, viene reconocida esta posibilidad de ejercicio de la persecución penal a cualquier otro Estado.

2. En esta línea ha sido innovadora la argumentación del juez argentino Cavallo, en auto de 6 de marzo de 2001, que declaraba nulas las leyes de obediencia debida y punto final. En dicho auto se contienen importantes consideraciones, que hacemos totalmente nuestras:

"(..) el carácter de ius cogens y erga omnes que se les reconoce a algunas conductas consideradas como crímenes contra el Derecho de Gentes. Una primera consecuencia que surge ante la comisión de conductas de esta naturaleza es que la Humanidad en su conjunto afirma su carácter criminal, aún cuando el derecho doméstico del Estado o Estados donde tuvieron lugar no las considere prohibidas penalmente (...) Conductas como las descritas afectan por igual a toda la humanidad y por lo tanto su carácter criminal no queda librado a la voluntad de un Estado o más Estados particulares, sino que es definido en un ámbito en el que las voluntades estatales individuales se integran con otras para afirmar principios y reglas que en ciertos casos regirán para un Estado aun contra su voluntad. Tampoco el interés por el enjuiciamiento y la aplicación de sanciones penales a los responsabilidad (responsabilidad de los individuos) queda en cabeza del Estado en cuyo territorio ocurrieron los hechos. Por el contrario, toda la Humanidad y los Estados en que ésta se organiza tienen un interés equivalente e el enjuiciamiento y sanción punitiva a sus autores o partícipes. Para asegurar que tal interés sea efectivamente satisfecho, el derecho de gentes asigna competencia a todos los Estados para el enjuiciamiento de los crímenes cometidos en su contra (jurisdicción universal) (...) al enjuiciar y penar a los responsables el Estado (incluso el del territorio donde los hechos ocurrieron) actuará en interés del conjunto de la comunidad internacional, interés superior al suyo individual".

3. Al analizar los elementos del tipo de los delitos contra la humanidad, veíamos como uno de su requisitos típico-penales la exigencia de ataque contra la población civil, lo que viene a exigir en estos momentos una actuación de conformidad con políticas de Estado o de una organización no estatal pero que ejerce el poder político "de facto". También la exigencia de ataques masivos o sistemáticos o que se ejerzan en el marco de una política o plan estatal.

Esta circunstancia o característica del sujeto activo del delito, es decir que se trate de un grupo de poder, o que actúe desde el poder, o que tenga capacidad de neutralizar al poder legitimo, es uno de los elementos que internacionaliza a esta clase de delitos, de tal manera que los convierte en crimen contra la humanidad. La razón de la utilidad de la existencia de los crímenes contra la humanidad es precisamente la de garantizar su persecución esencialmente por las dificultades extremas o imposibilidad de la persecución interna de esta clase de delitos y el interés de la comunidad internacional es su persecución y castigo no siendo tan importante su concreta tipificación que puede quedar al cuidado de los derechos internos sino establecer un sistema internacional de persecución efectiva.

Muestra de ello es, por ejemplo, el que aunque el Estatuto del CPI establezca el principio de complementariedad de su actuación, la circunstancia de la persecución en el ámbito interno no opera automáticamente sino procesalmente como excepción en el art. 17, 18, siendo necesaria en todo caso la prueba de una persecución eficaz y que no entrañe fraude.

En definitiva, una de las características esenciales de los delitos contra la humanidad, desde nuestro punto de vista la que verdaderamente los singulariza, es su perseguibilidad internacional mas allá del principio de territorialidad. Resulta cierto que lo mas neutral y menos complicado desde el punto de vista de las relaciones internacionales entre Estados, es que sea un Tribunal Internacional general o "da hoc" el que los persiga, sin embargo, lo esencial, reiteramos, es que esa persecución internacional, aunque sea complementaria o subsidiaria de la interna inefectiva o inexistente, se produzca, de tal manera que cuando no se ha podido producir, bien sea por inexistencia, o por otra causa de actuación de un tribunal internacional, el principio de necesaria persecución y de posibilidad de persecución internacional de estos delitos sigue indemne, por lo que resulta procedente que en estos casos actúe una jurisdiccional nacional en sustitución de la internacional y haciendo funciones de ésta. En la esencia, existen pocos diferencias de fondo o substancia entre una y otra situación, ya que lo que es determinante es la internacionalidad del delito y la necesidad asumida desde la comunidad internacional de que sea perseguido, y si la comunidad internacional no pone directamente los medios, y no deroga estos principios básicos de convivencia, puede decirse que no solo esta consintiendo de facto, sino de iure, esta actuación de jurisdicciones nacionales en actuación internacional, al menos en este especifico aspecto referido a la misión de defensa y protección de los derechos humanos contra los ataques mas bárbaros de que puede ser objeto. Es necesario reconocer que, aunque "lo internacional" ciertamente tiene aspectos mas pragmáticos y menos de principios, nos estamos refiriendo a las exigencias de las buenas relaciones internacionales entre los Estados, hay situaciones inadmisibles y que de ninguna manera pueden tener la consideración de injerencias de unos Estados en los asuntos de otros, sino de la propia Comunidad internacional, que además se preocupa en el establecimiento de puras y simples responsabilidades individuales de los sujetos.

Estimamos, pues, que resulta legitimo en estos casos que un Estado asuma la defensa de los intereses de la comunidad internacional y persiga penalmente a individuos en virtud del principio de responsabilidad individual.

A todo ello se puede añadir, como importante elemento coadyuvante, y de extraordinaria importancia en este caso, la defensa de los propios intereses en la defensa de sus nacionales victimas del delito. Lo que de ninguna manera tiene a nuestro juicio justificación es la impunidad en el ámbito internacional.

4. Existen importantes precedentes internacionales en la actuación de la jurisdicción universal por varias clases de delitos, entre ellos recogemos los siguientes:

a) En relación con los Convenios de Ginebra, los primeros supuestos de ejercicio de la jurisdicción universal por infracciones graves previstas en dichos Convenios, el primero de ellos lo constituye el asunto relativo a Refik Saric, en el que un tribunal danés condenó el 25 de noviembre de 1994 a ocho años de prisión a un guardia del campo de prisioneros croata de Dretelj (Bosnia) que había solicitado refugio en Dinamarca, por los maltratos inferidos a tres detenidos, de los cuales dos habían fallecido. La jurisdicción danesa en el caso se basó en el art. 8.5 del Código penal danés y en los artículos relativos a la represión de las infracciones graves de los Convenios III (arts. 129 y 130) y IV (arts. 146 y 147) de Ginebra. La validez del enjuiciamiento y de la condena fue confirmada por el Tribunal Supremo danés el 15 de agosto de 1995.

En el asunto Novislav Djajic un tribunal alemán (el Oberlandesgericht de Munich) condenaba el 23 de mayo de 1997 a Novislav Djajic a cinco años de prisión por su participación en la detención, en junio de 1992, de catorce civiles bosnio-musulmanes que serían más tarde fusilados como represalia por la muerte días antes de diez soldados serbios por la explosión de una mina. La jurisdicción alemana basó su jurisdicción en el art. 6.9 del StGB por remisión a los preceptos correspondientes del IV Convenio de Ginebra (arts. 146 y 147) y al Protocolo I (art. 85). El Tribunal de Munich consideró que el de Bosnia-Herzegovina era un conflicto armado internacional al que resultaban de aplicación los Convenios de Ginebra.

También la jurisdicción alemana se ha ocupado de otros casos relativos también al conflicto bosnio (asuntos Jorgic, Sokolovic o Kusljic), en los que los tribunales de aquel país han ejercido la jurisdicción universal sobre casos de limpieza étnica que han merecido la calificación de genocidio.

El Tribunal Supremo holandés ha sostenido en decisión de 11 de noviembre de 1997 que los tribunales militares de los Países Bajos eran competentes para enjuiciar, en virtud de la War Crimes Act de 1952, a Darko Knesevic, un serbo-bosnio integrante de las milicias serbias que operaban en el área de Prijedor, acusado de dos asesinatos, tentativa de violación y deportaciones a campos de detención, en violación de las disposiciones de la IV Convención de Ginebra.

Sin embargo, la practica judicial francesa ha sido muy reacia a aplicar la jurisdicción Universal. Así en el Asunto Javor, la decisión de un juez de instrucción del Tribunal de Grande Instance de París de procesar a un serbo-bosnio por, entre otros cargos, infracciones graves al III Convenio de Ginebra supuestamente cometidas en varios campos de concentración en Bosnia (Omarska, Trenopolje y Keraterm), fue anulada el 24 de octubre de 1994 por el Tribunal de apelación de París (Cour d´appel). La anulación se basó -además de en otros motivos- en que el régimen de jurisdicción universal previsto en los Convenios de Ginebra no resulta de aplicación directa en Francia en base simplemente al art. 689 del Código de Procedimiento Penal. El hecho de que dicho precepto omita toda referencia a los Convenios de Ginebra fue interpretado en el sentido de que la jurisdicción universal implícita en sus disposiciones sobre infracciones graves requería, para su operatividad en Francia, un desarrollo legislativo adicional. La decisión, ha sido confirmada el 26 de marzo de 1996 por el Tribunal Supremo (Cour de Cassation).

No obstante, a diferencia de lo ocurrido con los Convenios de Ginebra, la previsión expresa del Convenio de Naciones Unidas contra la Tortura en el art. 689 del Code de Procédure Pénale, ha hecho posible que sus disposiciones constituyeran una de las bases empleadas por la Corte de Casación para afirmar la jurisdicción universal francesa en el asunto F. Munyeshyaka sacerdote ruandés, enjuiciado por los malos tratos supuestamente causados a un grupo de individuos de la etnia tutsi que se habían refugiado en una iglesia de Kigali y que habían acabado siendo entregados a las milicias hutus en 1994. La base de jurisdicción universal francesa afirmada en el asunto Munyeshyaka parece haber quedado confirmada en el asunto Ely Ould Dha, referido a un oficial mauritano acusado de prácticas de tortura contra ciudadanos mauritanos negro-africanos en la prisión de Jreïda, detenido por orden de un juez de Montpellier mientras asistía a un curso de formación en la academia de infantería de esa ciudad. Tanto la orden del juez de instrucción como la decisión de la Cour d´appel de Montpellier de 14 de marzo de 2000 basan la competencia de las autoridades judiciales francesas en el art. 689-2 del Code de Procédure Pénal y en el Convenio de Naciones Unidas contra la tortura.

En el asunto relativo a Goran Grabetz, un tribunal militar de Lausanne afirmó su jurisdicción para enjuiciar a un serbobosnio residente en Suiza, solicitante de asilo político, por su presunta participación en los maltratos causados a civiles prisioneros en los campos de detención de Omarska y Keraterm (Bosnia-Herzegovina) en 1992. Tal decisión se fundamentó en el art. 2.9 del Código Penal Militar suizo, que reconoce jurisdicción universal a los tribunales militares del país alpino, incluso sobre civiles, cuando una norma de Derecho internacional humanitario así lo prevé. En ella se consideró que la guerra de Bosnia constituía un conflicto armado internacional al que resultaba aplicable, por tanto, el régimen de infracciones graves de los Convenios de Ginebra.

En materia de delito de tortura, aparte del asunto ya visto el asunto del sacerdote ruandés F. Munyeshyaka. También se ha de citar la decisión del Segundo Comité de Apelación de la Cámara de los Lores en el caso Pinochet, en este mismo procedimiento, si bien con las limitaciones ratione materia y temporis (la extradición de Pinochet sólo resultaría posible a partir del 29 de septiembre de 1988, fecha de entrada en vigor de la ley -Criminal Justice Act- en la que, al incorporar el Convenio, se reconocía jurisdicción universal a los tribunales británicos respecto de los delitos de tortura).

El significativo caso por tratarse de una jurisdicción de país no enmarcado en el conjunto de los occidentales desarrollados, es el referido al antiguo dirigente del Chad, Hissène Habré, en el que un juez del Tribunal regional de Dakar, el 3 de febrero de 2000, admitió una querella promovida por una asociación chadiana de víctimas y decretó el arresto domiciliario de H. Habré. En ella se le acusaba de ser el responsable de cerca de cuarenta mil asesinatos y torturas cometidos contra disidentes políticos durante el periodo en que ocupó la presidencia de la República del Chad (1982-1990). La jurisdicción de los tribunales senegaleses trató de fundamentarse en el Convenio contra la tortura, ratificado por Senegal en 1987. Recurrida, sin embargo, la decisión del juez Kandji, la Sala de acusación del Tribunal de apelación de Dakar dictó sentencia el 4 de julio de 2000, anulando la orden de detención y el procedimiento abierto por entender que las autoridades senegalesas no tenían competencia para conocer de hechos acaecidos fuera de su territorio, inspirándose claramente en la ya vista doctrina sentada por los tribunales franceses en el asunto Javor.

b) En materia de persecución universal de delitos de terrorismo, se encuentra el relativo al enjuiciamiento y condena a cadena perpetua en Alemania en 1989, tras denegarse su extradición a Estados Unidos, del terrorista libanés Ali Hamadé, por su participación en el secuestro de un avión de pasajeros norteamericano durante diecisiete días y el asesinato de uno de ellos.

Resultan dudosas las invocaciones al principio de Universalidad en la persecución penal por delitos de terrorismo de las pretensiones de la justicia norteamericana -parecen fundarse mas en el principio de personalidad pasiva, dada la nacionalidad norteamericana de las víctimas - en los casos de A. Abbas, presunto responsable del secuestro del crucero Achille Lauro en 1985 (las autoridades italianas no autorizaron su extradición), y en el del libanés F. Yunis por el secuestro en Líbano y posterior desvío a Amman, en 1985, de un avión jordano en el que viajaban varias decenas de norteamericanos.

Sin embargo, el enjuiciamiento de los sospechosos del atentado contra el vuelo 103 de la Pan Am en el caso Lockerbie, pese a verificarse en Holanda en virtud de la Resolución del Consejo de Seguridad 1192 (1998) fue realizado por un tribunal escocés (259).

No se cuestiona y es cada vez más frecuente en España y otros países el ejercicio de la jurisdicción universal para la represión del tráfico de estupefacientes y sustancias psicotrópicas en caso de apresamientos de buques practicados, previa autorización del Estado del pabellón, en alta mar. (La sentencia del Tribunal Supremo de 21 de julio de 1987 señala al respecto: «Es reiterada la doctrina... en orden a que no existe necesidad de razonar que el tráfico tenía a España como destino final, en virtud del principio de universalidad o de comunidad de intereses propio de esta clase de delitos contra la salud pública que se recoge en el art. 23.4.f) de la Ley Orgánica del Poder Judicial»).



6. La no persecución penal de los hechos en Argentina como elemento justificante de segundo grado de la actuación de la jurisdicción española.

6.1. Si a tenor de lo que hasta ahora venimos exponiendo resulta incuestionable la universalidad en la persecución de los crímenes contra la humanidad sobre todo cuando viene ejercida por Tribunales internacionales, lo que implica el reconocimiento de la vigencia de este principio mas allá del de territorialidad, sin embargo tampoco cabe en principio excluir éste, en cuanto que aparece como el primero y mas natural de los principios de actuación jurisdiccional. No obstante, esta regla tiene excepciones, por ejemplo en el caso de los Estatutos para los Tribunales de la ExYugoslavia y Ruanda en los que la competencia viene establecida en primer grado a dichos Tribunales "ad hoc", siendo el principio de territorialidad puramente funcional.

Sin embargo, pierde justificación la actuación jurisdiccional internacional cuando actúan eficazmente los tribunales del territorio en el ejercicio de su jurisdicción y se satisfacen de forma adecuada las necesidades de justicia. En ese caso estimamos no será posible o al menos no resulta adecuada la actuación de la jurisdicción internacional, salvo en el caso de que ésta esté expresamente reservada para los Tribunales internacionales.

Esta regla resulta igualmente aplicable cuando lo que se ejerce es la jurisdicción internacional por una jurisdicción nacional. La actuación eficaz de las autoridades competentes territorialmente vacía de contenido a la jurisdicción universal. El mayor problema que se plantea en este caso es determinar cuando efectivamente se ha ejercido jurisdicción eficaz. A este respecto, resultan útiles los criterios contenidos en el art. 17 del Estatuto de la Corte Penal Internacional a la hora determinar si se ha ejercido o se está ejerciendo jurisdicción efectiva por parte del Estado en cuestión, a los efectos de actuación del principio de complementariedad.



La actuación de la jurisdicción española en actuación del principio de universalidad ha venido determinada por la falta de actuación eficaz de la justicia argentina que ha dado lugar a una situación de impunidad de los responsables penales de los hechos, situación que de forma diferente a lo acontecido en otros países ha devenido, salvo en el caso de que queden definitivamente anuladas las leyes de punto final y obediencia debida, irreversibles.

6.2. El advenimiento de la democracia en Argentina tras el fin de la dictadura militar trajo consigo acciones concretas tanto en ámbito judicial como fuera para restablecer el orden jurídico profundamente perturbado por las violaciones masivas de los derechos humanos más elementales acontecidas durante la época anterior. La derogación por Ley 23040 de 22.12.1983 de la Ley 22924 de "Pacificación Nacional" o de autoamnistía adoptada por la Cuarta Junta Militar inmediatamente antes a la entrega del poder al Gobierno democrático sucesor. La creación de la "Comisión Nacional para la desaparición de personas" (CONADEP) presidida por D. Ernesto Sábato, y el importantísimo informe "Nunca más" sobre cuya elaboración prestó testimonio el referido testigo. Las diversas modificación en diversos sentidos del Código de Justicia Militar. Todos ellos fueron factores que permitieron que con base en dicha legislación se llevara a cabo en 1985 el juicio contra nueve generales miembros de las tres primeras Juntas Militares en la Causa 13/84, que desembocó en la condena de cinco de los acusados a penas que oscilaban entre los cuatro años y medio de prisión y la prisión perpetua, por sentencia de 9 de diciembre de 1985. Esta sentencia fue confirmada por otra de 30 de diciembre de 1986 de la Corte Suprema, que se limitó a realizar leves modificaciones de las condenas. Este importante proceso fue seguido también por otros entre los que resultan dignos de mención el que se entabló también por la Cámara Federal contra el Coronel Ramón J. Camps, Jefe de la Policía de Buenos Aires desde abril de 1976 hasta diciembre de 1977, y contra cinco oficiales de la policía, en el que el referido fue condenado por Sentencia de fecha de 2 de diciembre de 1986 como autor responsable de los delitos de tormentos reiterados en 73 oportunidades, a la pena de 25 años de reclusión. Sin embargo, la decidida acción judicial se encontró con el obstáculo de la Ley 23.492 de "Punto Final" (Sancionada el 23/12/86; promulgada el 24/12/86; publicada en el Boletín Oficial el 29/12/8), que establecía un término de 60 días como plazo para la presentación de recursos judiciales por crímenes cometidos antes del 10 de diciembre de 1986 vinculados a la "instauración de formas violentas de acción política ", exceptuándose los delitos de sustitución de estado civil y de sustracción y ocultación de menores. La acciones penales existentes a la finalización de dicho periodo se vieron definitivamente cercenadas en cuanto a su viabilidad por la Ley 23.521 de Obediencia Debida (Sancionada el 4/6/87; promulgada el 8/6/87; publicada en el Boletín Oficial el 9/6/87), que establece en su Art. 1 que "Se presume sin admitir prueba en contrario que quienes a la fecha de comisión del hecho revistaban como oficiales jefes, oficiales subalternos, suboficiales y personal de tropa de las fuerzas armadas, de seguridad, policiales y penitenciarias, no son punibles por los delitos a que se refiere el art. 10, punto 1 de la ley 23.049 por haber obrado en virtud de obediencia debida."…., "En tales casos se considerará de pleno derecho que las personas mencionadas obraron en estado de coerción bajo subordinación a la autoridad superior y en cumplimiento de ordenes, sin facultad o posibilidad de inspección, oposición o resistencia a ellas en cuanto a su oportunidad y legitimidad". Excluyéndose de dicha presunción respecto de los delitos de violación, sustracción y ocultación de menores o sustitución de su estado civil y apropiación extorsiva de inmuebles. Estas dos leyes que prácticamente impedían para el futuro llevar a cabo ninguna clase de persecución penal de militares de graduación intermedia en Argentina por los horribles crímenes perpetrados durante la dictadura, con excepción de los delitos expresados se vieron definitivamente complementadas por los decretos de los indultos concedidos por el presidente constitucional de la República, Decretos 1002/89, de fecha 7 de octubre en el que se indultaron a la totalidad de los altos jefes militares procesados y que no fueron beneficiados por las leyes de Punto Final y Obediencia Debida sancionadas durante la presidencia de Raúl Alfonsín, con excepción del ex-general Carlos Guillermo Suárez Mason, extraditado de los Estados Unidos). Decreto 2741 /90, por el que se indulta a: Jorge Rafael Videla, Emilio Eduardo Massera, Orlando Ramón Agosti, Roberto Eduardo Viola y Armando Lambruschini, ex-miembros de las juntas militares; y Juan Ramón Alberto Camps y Ovidio Pablo Riccheri, antiguos jefes de policía de la provincia de Buenos Aires. Todos ellos condenados en Sentencias dictadas por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal en 1985 en las causas incoadas por los decretos 158/83 y 280/84 del presidente Alfonsín. Por Decreto 2743/90 se indulta a Carlos Guillermo Suárez Mason ex-jefe del primer cuerpo de ejército que huyó de Argentina, detenido en los Estados Unidos y extraditado a la Argentina por solicitud cursada por la justicia argentina durante la presidencia de Alfonsín, encontrándose próxima la celebración de juicio en el que era acusado de graves crímenes.

En relación con los anteriores Decretos, es necesario decir que, si bien, según el artículo 86.6 de la Constitución Nacional argentina, el Presidente de la Nación Argentina tenía la atribución de indultar y conmutar las penas por delitos sujetos a la jurisdicción federal, y por tanto eran, en el plano formal, legales, ello no implica que constituyan derecho justo (hacemos de nuevo referencia a la cláusula Radbruch, utilizada por los Tribunales en el referido "Caso de los disparos en el muro de Berlin") . La injusticia material de las medidas de indulto, junto con las anteriores Leyes de Punto Final y Obediencia Debida, determinan un inadmisible estado de impunidad que se mantiene subsistente hasta el presente y que, a tenor de los criterios expresados en el mencionado art. 17 del Estatuto de la CPI, permiten afirmar la falta de efectividad o inexistencia, por injerencias no legítimas de los otros poderes del Estado, de la respuesta judicial esperable.

6.3. Creemos que todo el anterior relato resulta suficientemente expresivo y pone de manifiesto la justificación de la actuación del derecho penal internacional para la persecución penal de gravísimos hechos, cuando ésta no es posible en el ámbito interno, precisamente por situaciones de secuestro de la justicia incluso muchos años después de haberse producido los hechos.

En este caso, además, se justifica complementariamente la actuación de la jurisdicción española para la persecución penal de hechos, por la existencia de víctimas españolas. La existencia de dichas víctimas queda constatada en el relato de hechos probados, al tratarse de personas que consta estuvieron detenidos en la ESMA en la época en que prestó sus servicios en ella el acusado. Es cierto que no consta exactamente que éste tuviera ninguna clase de directa relación con ellas, pero si se vieron directamente afectadas por los actos de éste, imbricados en el tantas veces indicado contexto de "guerra sucia organizada contra la subversión".

7. Otro de los elementos que justifican la actuación de la jurisdicción española para este especifico caso es precisamente la sujeción del encausado a la misma, al encontrase en territorio español una vez que el propio acusado decidió ponerse a disposición de la misma.

8. Por último, no deja de ser relevante que aunque pueda decirse que haya quedado constatada la incapacidad de las autoridades argentinas para a lo largo de los años de dar una respuesta judicial aceptable a las demanda de justicia de las victimas; sin embargo, y también es necesario decirlo, la cooperación judicial prestada tanto por la Administración pública argentina como desde el poder judicial argentino en este momento para la realización del presente enjuiciamiento ha sido absolutamente ejemplar. Desde luego, mención especial merece la eficacísima labor del Juez de la Cámara Federal de Buenos Aires D. Claudio Bonadío, que ha llevado a cabo actos modélicos -en el fondo y en la forma- de cooperación judicial con este Tribunal.

Se produce, por tanto, una tremenda contradicción entre esa modélica colaboración para que la jurisdicción de otro Estado juzgue hechos ocurridos en propio territorio, y la imposibilidad de ejercer la propia, por causa de inadmisibles -ilegales- normas, en el plano del derecho internacional, que tuvieron como único objeto procurar la impunidad de los culpables, al haber éstos proyectado su poder de coacción mas allá del momento en que ocupaban éste y se produjeron los hechos. Mas allá de cualquier otra, es esta circunstancia de imposibilidad o de dificultad extrema en la persecución penal de hechos singularmente graves, la que determina que sea la comunidad internacional la que asuma la incumbencia de hacer propios esta clase de crimines para asegurar su castigo.

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