Sentencia t-025/04 agencia oficiosa en tutela-asociaciones de desplazados/agencia oficiosa en tutela



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15. Que en relación con el cumplimiento de la orden de adoptar “un programa de acción, con un cronograma preciso, encaminado a corregir las falencias en la capacidad institucional”, la Red no solicitó modificación del plazo de 3 meses concedido en el ordinal cuarto de la parte resolutiva de la sentencia T-025 de 2004. Por lo tanto, dicho plazo será mantenido.
16. Que en relación con el cumplimiento del Ministerio del Interior y de Justicia de la orden “para que promueva que los gobernadores y alcaldes a que se refiere el artículo 7º de la Ley 387 de 1997, adopten las decisiones necesarias para asegurar que exista coherencia entre las obligaciones, constitucional y legalmente definidas, de atención a la población desplazada a cargo de la respectiva entidad territorial y los recursos que debe destinar para proteger efectivamente sus derechos constitucionales” y comunicar, al Consejo Nacional de Atención Integral a la Población Desplazada las decisiones adoptadas, ni la Red de Solidaridad Social ni el Ministerio del Interior y de Justicia solicitaron una prórroga del plazo para el cumplimiento de esta orden. Sin embargo, la Sala insiste en la importancia de ese procedimiento para superar el estado de cosas inconstitucional. Por lo cual, insta a la Red de Solidaridad Social a solicitar al Ministerio del Interior y de Justicia el envío de los informes respectivos para que el Consejo Nacional de Atención Integral a la Población Desplazada pueda tenerlos en cuenta en la definición del esfuerzo presupuestal que se requiere para cumplir con los compromisos de atención definidos por la Ley 387 de 1997.
17. Que igualmente es fundamental que todas las entidades que hacen parte del Sistema Nacional de Atención Integral a la Población Desplazada, así como las entidades a las que la Red de Solidaridad Social les solicite los informes y la cooperación para la superación de la crisis humanitaria y del estado de cosas inconstitucional, presten su cooperación de manera oportuna.

R E S U E L V E:
Primero.- Para el cumplimiento de la orden de “precisar la situación actual de la población desplazada inscrita en el Sistema Único de Registro, determinando su número, ubicación, necesidades y derechos según la etapa de la política correspondiente,” contenida en el ordinal segundo de la parte resolutiva de la sentencia T-025 de 2004, OTORGAR al Consejo Nacional de Atención Integral a la Población Desplazada por la Violencia plazo hasta el 30 de septiembre de 2004 e INFORMAR mensualmente al Procurador General de la Nación y al Defensor del Pueblo sobre el avance de este proceso, así como a la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados –ACNUR, y a la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento – CODHES, organizaciones que participaron durante el proceso de tutela que culminó con la sentencia T-025 de 2004, y a las demás que decida convocar para ese efecto de conformidad con lo señalado en la sentencia.
Segundo.- Para el cumplimiento de las órdenes de (ii) fijar la dimensión del esfuerzo presupuestal necesario para cumplir con la política pública encaminada a proteger los derechos fundamentales de los desplazados; (iii) definir el porcentaje de participación en la apropiación de recursos que corresponde a la Nación, a las entidades territoriales y a la cooperación internacional; (iv) indicar el mecanismo de consecución de tales recursos, y (v) prever un plan de contingencia para el evento en que los recursos provenientes de las entidades territoriales y de la cooperación internacional no lleguen en la oportunidad y en la cuantía presupuestadas, a fin de que tales faltantes sean compensados con otros medios de financiación”, contenidas en el literal a), ordinal segundo de la parte resolutiva de la sentencia T-025 de 2004, OTORGAR al Consejo Nacional de Atención Integral a la Población Desplazada por la Violencia plazo hasta el 14 de mayo de 2004, fecha en la cual, después de oír a la Defensoría del Pueblo, a la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados –ACNUR, y a la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento – CODHES, así como a las demás organizaciones interesadas que decida convocar de conformidad con lo establecido en la sentencia T-025 de 2004, informará sobre la decisión adoptada.
Tercero.- urgir al Consejo Nacional de Atención Integral a la Población Desplazada el cumplimiento inmediato de la orden de “ofrecer a las organizaciones que representan a la población desplazada oportunidades para participar de manera efectiva en la adopción de las decisiones que se tomen con el fin de superar el estado de cosas inconstitucional e informarles mensualmente de los avances alcanzados”, contenida en el literal c) del ordinal segundo de la parte resolutiva de la sentencia T-025 de 2004.
Cuarto.- URGIR al Consejo Nacional de Atención Integral a la Población Desplazada por la Violencia el cumplimiento de la orden de adoptar “un programa de acción, con un cronograma preciso, encaminado a corregir las falencias en la capacidad institucional”, contenida en el ordinal cuarto de la sentencia T-025 de 2004 dentro de los términos señalados en esa sentencia.
Quinto.- INSTAR a todas las entidades que hacen parte del Sistema Nacional de Atención Integral a la Población Desplazada y a las demás entidades del orden nacional o territorial que reciban de la Red de Solidaridad Social solicitudes de cooperación o de informes para el cumplimiento de lo resuelto en la sentencia T-025 de 2004 respecto de toda la población desplazada con miras a superar la crisis humanitaria y el estado de cosas inconstitucional, para que den respuesta oportuna a tales solicitudes. La Red citará esta orden en las solicitudes que envíe a las entidades públicas, cuando lo estime necesario para advertirles de los efectos jurídicos de su incumplimiento.
Sexto.- INSTAR al Ministerio del Interior y de Justicia el envío de los informes a los que hace referencia el ordinal tercero de la parte resolutiva de la sentencia T-025 de 2004, para que el Consejo Nacional de Atención Integral a la Población Desplazada pueda tenerlos en cuenta en la definición del esfuerzo presupuestal que se requiere para cumplir con los compromisos de atención definidos por la Ley 387 de 1997.
Séptimo.- Respecto de las demás decisiones adoptadas en la sentencia T-025 de 2004, reiterar las órdenes impartidas.
Octavo.- COMUNICAR la presente decisión al Defensor del Pueblo, para que, dentro de la órbita de sus competencias, haga un seguimiento del cumplimiento de la sentencia T-025 de 2004 y del presente auto.
Noveno.- COMUNICAR la presente decisión al Procurador General de la Nación, para que, dentro de la órbita de sus competencias, haga un seguimiento del cumplimiento de la sentencia T-025 de 2004 y del presente auto.
Décimo.- COMUNICAR el presente auto a todos las integrantes del Consejo Nacional de Atención Integral a la Población Desaplazada, es decir, el delegado del Presidente de la República, el Consejero Presidencial para los Desplazados, o quien haga sus veces, el Ministro del Interior (hoy Ministro del Interior y de la Justicia) o su delegado; el Ministro de Hacienda y Crédito Público, el Ministro de Defensa Nacional, el Ministro de Salud (hoy Ministro de Protección Social), el Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, el Ministro de Desarrollo Económico, el Director del Departamento Nacional de Planeación, el Defensor del Pueblo, el Consejero Presidencial para los Derechos Humanos, o quien haga sus veces, el Consejero Presidencial para la Política Social, o quien haga sus veces, el Gerente de la Red de Solidaridad Social o quien haga sus veces, y el Alto Comisionado para la Paz, o quien haga sus veces.
Por Secretaría General, líbrense las comunicaciones de que trata el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.
Notifíquese, comuníquese y cúmplase,

MANUEL JOSÉ CEPEDA ESPINOSA

Magistrado

JAIME CÓRDOBA TRIVIÑO

Magistrado

RODRIGO ESCOBAR GIL

Magistrado

IVAN HUMBERTO ESCRUCERIA MAYOLO

Secretario General (e)

Auto 087/04
Referencia: Sentencia T-025 de 2004
Corrección error mecanográfico en la sentencia T-025 de 2004, proferida por la Sala Tercera de Revisión
Magistrado Ponente:

MANUEL JOSE CEPEDA ESPINOSA


Bogotá, D.C. junio diecisiete (17) de dos mil cuatro (2004)
La Sala Tercera de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados Manuel José Cepeda Espinosa, Jaime Córdoba Triviño y Rodrigo Escobar Gil,
CONSIDERANDO
1. Que existió un error de carácter mecanográfico en el cuerpo de la sentencia de la referencia, que si bien no altera el fondo de la sentencia, sí amerita su corrección para evitar equívocos.
2. Que tal error consistió en la errada trascripción del nombre FIDUIFI en la parte resolutiva de la sentencia, a pesar de que en los considerandos de la sentencia siempre se hizo referencia al IFI – Instituto de Fomento Industrial. El aparte en cuestión dice lo siguiente:
DÉCIMO.- En relación con las órdenes puntuales para el otorgamiento de las ayudas previstas en los programas de vivienda y de restablecimiento socioeconómico, la Red de Solidaridad Social, el Inurbe o quien haga sus veces, FUDUIFI o quien haga sus veces, INCORA o quien haga sus veces, así como las entidades encargadas de estos programas a nivel departamental y municipal, deberán contestar de fondo, de manera clara y precisa las peticiones presentadas por los actores en el presente proceso, teniendo en cuenta los siguientes criterios (...) (resaltado fuera del texto)
3. Que en el cuerpo de la sentencia siempre se hizo referencia la Instituto de Fomento Industrial, en los siguientes apartes:
a) En el Anexo 2 de la Sentencia, donde se resumen las pruebas allegadas por las distintas entidades al proceso que culminó con la sentencia T-025 de 2004, en relación con el papel que cumplían el Instituto de Fomento Industrial y el Fondo de Financiamiento Agropecuario, en relación con la financiación de las iniciativas productivas presentadas por la población desplazada a través de la Red de Solidaridad se señaló lo siguiente:
De otra parte, en cuanto a los proyectos productivos a los que tiene acceso la población desplazada por la violencia, la Red de Solidaridad Social sostiene que en virtud del Acuerdo 003 de 2003, expedido en cumplimiento del Decreto 2569 de 2000, “en adelante la Red de Solidaridad Social no apalancará las iniciativas productivas con capital semilla, pues no es su función y las acciones se han encaminado hacia la gestión con el Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario (FINAGRO), el cual ha abierto una línea de crédito para beneficiar, entre otras, a la población en condición de desplazamiento. Dicha línea posee condiciones más favorables en cuanto a tasas de interés y garantías, especialmente, que otras líneas crediticias de la misma entidad”. La red anexa una copia de la circular reglamentaria VO 07 de 2003, donde se describen las características de la mencionada línea de crédito.
En relación con las “actividades de transformación comercio y servicios del sector urbano” el Instituto de Fomento Industrial (IFI) es la entidad responsable del financiamiento. La Red de Solidaridad Social consigna que hasta el momento, dicho organismo no ha establecido líneas de crédito para la población desplazada. También anota que el IFI está en proceso de fusión con BANCOLDEX, lo cual ha ocasionado “que no se tenga una opción real para la población que desea desarrollar alternativas de generación de ingresos urbanas”.
b) Igualmente, en el Anexo 5: LA POLÍTICA PUBLICA DE ATENCIÓN A LA POBLACIÓN DESPLAZADA. DESCRIPCIÓN Y OBSERVACIONES RELEVANTES PARA LA DECISIÓN ADOPTADA POR LA CORTE, que resume las principales falencias detectadas en el desarrollo de la Política se indicó lo siguiente:
(...) la Red de Solidaridad Social anota que, en relación con las “actividades de transformación del comercio y servicios del sector urbano” el Instituto de Fomento Industrial (IFI) era la entidad responsable del financiamiento, y que hasta el momento dicho organismo no había establecido líneas especiales de crédito para la población desplazada. Por esta razón no se habían otorgando crédito para proyectos urbanos165. Adicionalmente, el IFI fue absorbido por BANCOLDEX, sin que esta última entidad asumiera las funciones de creación e implementación de proyectos productivos urbanos para la población desplazada. Por estas razones, en el momento actual no existe un proyecto o programa que esté siendo implementado, dirigido a ofrecer facilidades para que la población desplazada urbana pueda desarrollar proyectos productivos (resaltado fuera de texto)
4. Que no obstante lo anterior, los errores mecanográficos, a pesar de no cambiar la decisión finalmente adoptada, deben ser corregidos para mayor claridad.
5. Que esta Corporación ha señalado que cuando en la trascripción del texto de una sentencia se producen errores, es aplicable el artículo 310 del CPC a fin de proceder a la corrección166, en cualquier tiempo.
RESUELVE:
CORREGIR el texto de la página 106 de la sentencia T-025 de 2004, (numeral décimo de la parte resolutiva) y en consecuencia donde dice:
DECIMO.- En relación con las órdenes puntuales para el otorgamiento de las ayudas previstas en los programas de vivienda y de restablecimiento socioeconómico, la Red de Solidaridad Social, el Inurbe o quien haga sus veces, FIDUIFI o quien haga sus veces, INCORA o quien haga sus veces, así como las entidades encargadas de estos programas a nivel departamental y municipal, deberán contestar de fondo, de manera clara y precisa las peticiones presentadas por los actores en el presente proceso, teniendo en cuenta los siguientes criterios: (...) (resaltado fuera del texto)
Corregirse por:
DECIMO.- En relación con las órdenes puntuales para el otorgamiento de las ayudas previstas en los programas de vivienda y de restablecimiento socioeconómico, la Red de Solidaridad Social, el Inurbe o quien haga sus veces, IFI o quien haga sus veces, INCORA o quien haga sus veces, así como las entidades encargadas de estos programas a nivel departamental y municipal, deberán contestar de fondo, de manera clara y precisa las peticiones presentadas por los actores en el presente proceso, teniendo en cuenta los siguientes criterios: (...) (resaltado fuera del texto)
Notifíquese, comuníquese y cúmplase,
MANUEL JOSE CEPEDA ESPINOSA

Magistrado


JAIME CORDOBA TRIVIÑO RODRIGO ESCOBAR GIL

Magistrado Magistrado


IVAN HUMBERTO ESCRUCERIA MAYOLO

Secretario General (e)


EL SUSCRITO SECRETARIO GENERAL DE LA

CORTE CONSTITUCIONAL


HACE CONSTAR:
Que el H. Magistrado Rodrigo Escobar Gil, no firma la presente sentencia por encontrarse con permiso debidamente autorizado.
IVAN HUMBERTO ESCRUCERIA MAYOLO

Secretario General (e)


Se corrige la anotación anterior, indicando que el H. Magistrado Rodrigo Escobar Gil, no firma el presente auto, por encontrarse con permiso debidamente autorizado.
IVAN HUMBERTO ESCRUCERIA MAYOLO

Secretario General (e)




1 Los detalles particulares de cada expediente acumulado al proceso T-653010 aparecen relacionados en el cuadro Anexo 1 del presente fallo, el cual hace parte integral del mismo.

2 Algunos de los accionantes interpusieron la acción de tutela para ser inscritos en el Registro Único de Población Desplazada, sus nombres aparecen detallados en la parte resolutiva de esta sentencia.

3 Los nombres de los accionantes que a la fecha de la interposición de la tutela no habían recibido la ayuda humanitaria de emergencia, a pesar de encontrarse inscritos en el Registro Único de Población Desplazada se encuentran detallados en la parte resolutiva de esta sentencia.

4 La información detallada sobre las sentencias revisadas por la Corte Constitucional en la presente acción de tutela se encuentra en el Anexo 1 de esta sentencia.

5 Ver entre otras, las sentencias Sentencia C-037 de 1996, MP Vladimiro Naranjo Mesa, T-088 de 1999. M.P. José Gregorio Hernández Galindo y el Auto 031A del 30 de abril de 2002, MP: Eduardo Montealegre Lynett.

6 Estas tutelas fueron interpuestas por alguna de las siguientes asociaciones de desplazados: Fundación Ayudémonos –FUNDAYUDE; Asociación Humanitaria de Colombia; Asociación de familias desplazadas de Colombia –ASOFADECOL, y la Asociación de Desplazados de Fonseca, Guajira – ADESFONGUA, Asociación de Desplazados del Caribe Colombiano, Asociación por un mejor vivir feliz, Asociación Nueva Vida, Asociación Nuevo Horizonte, Asociación Desplazados Unidos, Asociación de Desplazados de la Comunidad Cristiana Pentecostal - Asodespente, Asociación Justicia y Paz, y Asociación Renacer.

7 El artículo 38 del Decreto 2591 de 1991, fue declarado exequible mediante sentencia C-054 de 1993, MP: Alejandro Martínez Caballero.

8 Cfr Conforme se indicó en la sentencia T-655/98 M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz, sobre el artículo 38 del Decreto-Ley 2591/91 y las distintas condiciones que determinan la actuación temeraria, pueden estudiarse entre otras, las Sentencias T-10 de 1992, MP. Alejandro Martínez Caballero; T-327 de 1993 MP. Antonio Barrera Carbonell, T-007 de 1994 M.P. Alejandro Martínez; T-014 de 1994 M.P. José Gregorio Hernández Galindo; T-053 de 1994 M.P. Fabio Morón Díaz; T-574 de 1994 MP. José Gregorio Hernández Galindo; T-308 1995 MP. José Gregorio Hernández Galindo; T-091 de 1996 M.P. Vladimiro Naranjo Mesa; T-001 de 1997 M.P. José Gregorio Hernández Galindo; T-080 de 1998 MP. Hernando Herrera Vergara; T-881 de 2001 M.P. Eduardo Montealegre Lynett; T-145 y T-172 de 2002 M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.

9 Corte Constitucional. Sentencia T-091 de 1996 MP. Vladimiro Naranjo Mesa.

10 La Corte Constitucional ha señalado que no existe temeridad cuando la acción de tutela es presentada por la misma persona y para proteger el mismo derecho, pero por hechos diferentes a los inicialmente planteados. Así lo hizo en la sentencia T-387 de 1995, MP: Hernando Herrera Vergara, donde luego de que la actora lograra la tutela del derecho de su hija menor de edad a recibir tratamiento y medicamentos de manera permanente de parte del ISS de Medellín, ella y su hija se trasladan a Barranquilla, en donde se les negó el derecho a recibir el medicamento. La actora interpuso una nueva acción de tutela y el juez de instancia la negó por temeraria. La Corte consideró que en ese evento se trataba de hechos nuevos y por lo tanto no había temeridad.

11 Corte Constitucional, Sentencia T-007/94, MP: Alejandro Martínez Caballero. En esa oportunidad la Corte declaró que la conducta del actor era temeraria al presentar en tres oportunidades distintas la misma acción de tutela.

12 La conducta temeraria se predica tanto del actor como de su apoderado. Ver T-014 de 1996, MP: Alejandro Martínez Caballero. El actor había presentado dos acciones de tutela distintas por los mismos hechos y contra el mismo demandado, incluyendo algunos elementos adicionales en una de las tutelas para distraer la atención del juez. En ese evento, la Corte rechazó las pretensiones del actor.

13 La Corte ha considerado que existe justificación para la presentación de una nueva acción de tutela sin que constituya temeridad cuando se invocan nuevos hechos, como cuando la autoridad demandada continúa vulnerando los derechos del tutelante, cuando aparecen nuevas circunstancias (T-387/95) o cuando el rechazo de la primera tutela es atribuible a errores en el trámite de la tutela atribuible al juez (T-574/94, MP: José Gregorio Hernández Galindo).

14 T-149 de 1995 MP. Eduardo Cifuentes Muñoz. Dos trabajadores sindicalizados a quienes por el hecho de estar sindicalizados se les marginaba de los beneficios contenidos en un pacto colectivo que ofrecía mejores condiciones laborales para los trabajadores no sindicalizados y, además, se les descontaba más del 50% de su salario para cubrir la cuota de asociación sindical, interponen dos acciones de tutela en dos momentos diferentes: 1) Para obtener los recibos de pago del salario, por considerar que esta omisión implicaba una vulneración de sus derechos de petición, igualdad y trabajo. 2) Para corregir el acto discriminatorio de la reducción salarial, que presuntamente desconoce el derecho a la igualdad y a la asociación sindical. Los tribunales de instancia consideraron que como las acción de tutelas se basaban en hechos similares y relacionados entre sí, los actores habían fraccionado la acción de tutela para obtener la protección constitucional de sus derechos y, por ello, habían incurrido en actuación temeraria. La Corte consideró que en el caso no existía una actuación de mala fe, pues las acciones de tutela, si bien estaban originadas por hechos comunes, habían sido interpuestas para proteger derechos diferentes.

15 T-308 de 1995 MP. José Gregorio Hernández Galindo. Dos de los tutelantes habían presentado de manera sucesiva varias acciones de tutela, por los mismos hechos y ante distintos jueces, unas directamente y otras por conducto de la Defensoría del Pueblo, sin que existiera un motivo razonable y válido para hacerlo. La Corte consideró que para que ésta circunstancia fuera admitida, debía hallarse claramente probada la justificación.

16 T-443 de 1995 MP. Alejandro Martínez Caballero. La Corte condena en costas por actuación temeraria al personero municipal que había interpuesto una acción de tutela de manera injustificada a favor de un joven que solicitaba ser devuelto a la jornada diurna, pues el plantel lo había trasladado a la jornada nocturna para evitar los constantes asedios cometidos por éste contra varias estudiantes del plantel y para permitir que pudiera cumplir con sus deberes de padre en relación con las dos estudiantes que habían quedado embarazadas por el estudiante. El personero interpone la acción a favor de este estudiante, “desprotegiendo a quien ha debido proteger y defendiendo posiciones injustas y contrarias a la Constitución”.

17 T-001 de 1997 MP. José Gregorio Hernández Galindo. La Corte encuentra que hubo actuación temeraria cuando varios trabajadores de Foncolpuertos interpusieron en varias ocasiones acciones de tutela para obtener la protección de sus derechos, por las mismas razones, mostrando un palmario e inconcebible abuso de la acción de tutela. Las cifras analizadas por la Corte mostraron que de los 34 expedientes analizados en esta tutela: 1) 470 personas ejercieron la acción de tutela. De ellas, 391 presentaron demanda una sola vez. 2) Un total de 73 accionantes ejercieron la misma acción en dos oportunidades; 3) 6 de los peticionarios ejercieron la misma acción tres veces; 4) A 366 personas les fue concedido una sola vez el amparo solicitado. 5) A 69 accionantes se les concedió la tutela en dos oportunidades. 6) A 6 peticionarios se les concedió la protección judicial tres veces

18 T-300 de 1996 MP. Antonio Barrera Carbonell. Véanse, también las sentencias T-082 de 1997 MP. Hernando Herrera Vergara; T-080 de 1998 MP. Hernando Herrera Vergara, T-303 de 1998 MP. José Gregorio Hernández Galindo.

19 T-721 de 2003, MP: Álvaro Tafur Galvis, ya citada.

20 Los procesos a los que se hace referencia fueron repartidos a la Sala Séptima de Revisión.

21 Naciones Unidas, Doc E/CN.4/1998/53/Add.2, 11 de febrero de 1998. Informe del Representante Especial del Secretario General de Naciones Unidas para el tema de los Desplazamientos Internos de Personas, Francis Deng.

22 Diversos organismos e instancias internacionales han recomendado la aplicación de estos principios por parte de las diversas autoridades de los Estados en los que se presente el problema del desplazamiento interno forzado, tales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Comisión de Derechos Humanos del Consejo Económico y Social de la Organización de Naciones Unidas, el Secretario General de la Organización de Naciones Unidas, la Organización de la Unión Africana, la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa, la Organización del Commonwealth y diversos gobiernos.

23 Corte Constitucional, Sentencia T-227 de 1997, MP: Alejandro Martínez Caballero, donde la Corte tuteló los derechos de un grupo de desplazados de la Hacienda Bellacruz que luego de invadir las instalaciones del Incora firman un acuerdo con el gobierno para ser reubicados en un predio. Mientras se lograba la ejecución del acuerdo, se propone el alojamiento temporal de los campesinos en un hotel del municipio de la Mesa, pero a raíz de las declaraciones de la gobernadora de Cundinamarca en donde acusaba a los desplazados de estar vinculados a la guerrilla, de generar problemas de orden público, y de ordenar a los alcaldes del departamento tomar medidas para evitar problemas de orden público, incluida la limitación a la circulación de los campesinos desplazados, se frustra el proceso de reubicación de los campesinos de Bellacruz.

24 Las tres expresiones fueron usadas en la sentencia SU-1150 de 2000, MP: Eduardo Cifuentes Muñoz.

25 Las tres expresiones fueron usadas en la sentencia T-215 de 2002, MP: Jaime Córdoba Triviño.

26 T-1346 de 2001 (MP. Rodrigo Escobar Gil). En la sentencia T-268 de 2003 (MP. Marco Gerardo Monroy Cabra) se acogió la definición de desplazados que consagran los Principios Rectores del Desplazamiento Forzado Interno
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