Sentencia t-025/04 agencia oficiosa en tutela-asociaciones de desplazados/agencia oficiosa en tutela



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2. Las decisiones que se revisan

A continuación se resume de manera general el sentido de las decisiones que se revisan en la presente tutela. La mayoría de los jueces de instancia denegaron las tutelas presentadas por los actores, por alguna de las siguientes razones:4


1. En cuanto a la legitimación para interponer la acción de tutela, los jueces de instancia denegaron la tutela (i) porque las asociaciones de accionantes no tienen legitimación para promover la acción de tutela para la protección de los derechos de los desplazados; (ii) porque el demandante no era abogado para poder apoderar a los desplazados en la interposición de la tutela; (iii) porque la persona que interpuso la tutela no acreditó ser el representante legal de la asociación de desplazados.
2. Por razones de improcedencia, los jueces de instancia denegaron la tutela: (i) porque la tutela no es procedente para obligar la ejecución del Decreto 951 de 2001, sobre auxilio para vivienda, y lo que corresponde es interponer la acción de cumplimiento; (ii) porque la acción de tutela no fue establecida como mecanismo para alterar el orden de las instituciones estatales, en la distribución interna de sus competencias y funciones; (iii) porque la petición debió dirigirse primero a la Red de Solidaridad, para que fuera esta entidad la que lo incluyera en el programa o ayuda solicitado; (iv) porque la vivienda es un derecho de segunda generación cuya protección no procede por vía de tutela; (v) porque ya se le reconoció su inscripción como desplazado y se dieron instrucciones para la inscripción del núcleo familiar y su postulación para obtener los beneficios a que tienen derecho; (vi) porque mediante tutela no se puede alterar el orden en que se otorgue el beneficio porque ello vulneraría los derechos de los desplazados que no interponen la tutela y esperan a que llegue su turno el cual debe ser respetado.
3. En cuanto a fallas en la carga probatoria cumplida por el demandante, los jueces de instancia denegaron la tutela: (i) porque no se acreditó de manera concreta la vulneración de los derechos fundamentales por una conducta arbitraria de las autoridades; (ii) no se demostró que la entidad hubiera dejado de cumplir con sus responsabilidades sin justa causa; (iii) porque el accionante no expuso hecho alguno imputable a los demandados; (iv) porque el caso del demandante no se ajusta a la definición de desplazado; (v) porque el actor no probó la vulneración de sus derechos fundamentales por parte de las demandadas; (vi) porque no se demostró conexidad suficiente entre el derecho a la vivienda y un derecho fundamental.
4. En relación con la ausencia de vulneración a los derechos, los jueces de instancia denegaron la tutela: (i) porque lo que presentó el demandante ante la entidad demandada fue un formato de proyecto individual y no un derecho de petición, el cual no cumple con ninguno de los requisitos del artículo 5 del CCA; (ii) porque al no haberse postulado para acceder al auxilio de vivienda, no puede alegar violación de sus derechos; (iii) porque se le han concedido a los desplazados las ayudas mínimas previstas en la ley; (iv) porque los hechos del desplazamiento ocurrieron hace dos o cuatro años y no en fechas recientes; (v) porque la Red de Solidaridad Social actuó en concordancia con la normatividad vigente acerca de protección de desplazados; (vi) porque la Red de Solidaridad Social no puede proteger a personas por fuera de su competencia; (vii) porque ha transcurrido un tiempo muy breve (menos de un mes) desde su inscripción como desplazado, para que se considere que las entidades encargadas de otorgar la ayuda humanitaria de emergencia hayan incumplido con su responsabilidad; (viii) porque la tardanza de la Red en responder se justifica por el exceso de trabajo, y porque no podía dar una respuesta de fondo que aprobara el proyecto porque no estaba en su competencia hacerlo; (ix) porque la simple condición de desplazado no da derecho automático a un subsidio; (x) porque la negativa del INURBE no cierra las puertas a futuras postulaciones por haber sido calificados los actores como elegibles; (xi) porque el peticionario ya se encuentra inscrito para recibir el subsidio de vivienda y el auxilio para proyecto de sostenibilidad y, sólo resta esperar la finalización del procedimiento; (xii) porque el demandante no acreditó haber adelantado las gestiones necesarias para obtener subsidio de vivienda y apoyo al proyecto productivo.
5. Por la supuesta existencia de temeridad, los jueces de instancia denegaron la tutela: (i) porque la persona desplazada ya recibió la ayuda solicitada como parte de otro núcleo familiar que había interpuesto acción de tutela para obtenerla; (ii) porque está pendiente de revisión por parte de la Corte Constitucional una acción de tutela presentada por los actores por los mismos hechos y contra los mismos demandados.
6. Por razón de las limitaciones de lo que se puede ordenar mediante la tutela frente a los desplazados, los jueces de instancia denegaron la tutela: (i) porque se debe esperar a que las entidades tengan los recursos suficientes para facilitar el subsidio de vivienda, en concordancia con las postulaciones para dicho beneficio; (ii) porque existen otros desplazados que no han siquiera recibido ayuda humanitaria de primer orden; (iii) porque si bien hay descoordinación entre las entidades competentes, la Red de Solidaridad Social no puede cumplir funciones asignadas a otras entidades; (iv) porque no es posible que mediante tutela se ordene los funcionarios encargados cumplir con los programas de educación, vivienda, alimentación y trabajo, ni para que desembolsen dineros con el fin de que se dote de recursos a la Red de Solidaridad Social; (v) porque las limitaciones presupuestales no se pueden salvar por vía de tutela; (vi) porque el juez de tutela no es ordenador del gasto ni coadministrador de la gestión ni de la política del Ejecutivo; (vii) porque no se puede por vía de tutela alterar el orden legal de asignación de subsidios sin que medien actos discriminatorios por el INURBE; (viii) porque el juez de tutela no puede ordenar a las autoridades públicas que lleven a cabo actos para los que no tienen los recursos necesarios.
Algunos de los jueces de instancia concedieron la tutela para la protección de los derechos de la población desplazada, entre otras razones, por considerar que en un Estado Social de Derecho es necesario que se llegue a una solución definitiva del problema del desplazamiento y, porque el comportamiento omisivo asumido por la Red de Solidaridad y de otras entidades responsables de la atención de la población desplazada, deja al descubierto la vulneración de las garantías constitucionales de las cuales son titulares los peticionarios.


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