Sentencia t-025/04 agencia oficiosa en tutela-asociaciones de desplazados/agencia oficiosa en tutela



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4. La supuesta existencia de temeridad

De conformidad con lo que establecen los artículos 2, 4  inciso 2 , 83 y 95 –numerales 1 y 7 de la Constitución Política, el ejercicio de todo derecho y la utilización de los procedimientos constitucionales y legales previstos para su efectividad exige de sus titulares una lealtad mínima hacia el orden jurídico y el cumplimiento de deberes y cargas correlativos.


En desarrollo de estos preceptos, el artículo 38 del Decreto - ley 2591 de 1991 al regular la figura de la temeridad, señala perentoriamente que “cuando, sin motivo expresamente justificado, la misma acción de tutela sea presentada por la misma persona o su representante ante varios jueces o tribunales, se rechazarán o decidirán desfavorablemente todas las solicitudes”.7
Tal como lo ha señalado esta Corporación, el propósito de esta disposición es “propiciar la credibilidad y seriedad de la justicia y dar aplicación a los principios de la buena fe, la eficacia y la economía procesal, principios que se verían seriamente afectados por quienes desconocen los criterios de rectitud y honradez que exige un debate jurídico serio. Su consagración legal pretende, entonces, evitar el abuso desmedido de la acción de tutela,8 pues su ejercicio irracional conlleva la obtención de múltiples pronunciamientos en relación con unos mismos hechos y frente a un mismo caso, generando un perjuicio para toda la sociedad, que ve disminuida la capacidad de trabajo de la administración de justicia en relación con los requerimientos de quienes les asiste también el derecho de ejercer la acción.”9
De conformidad con la reiterada jurisprudencia de esta Corporación, un actor o su representante legal incurre en conducta temeraria cuando se presentan las siguientes circunstancias: (i) Que se presenten varias acciones de tutela por los mismos hechos y para solicitar la protección del mismo derecho;10 en oportunidades diferentes, ya sea ante distintos jueces o ante el mismo juez;11 (ii) Que las tutelas sean presentadas por la misma persona o por su representante;12 y (iii) Que la presentación reiterada de la acción de tutela se haga sin un motivo razonable, expresamente mencionado para justificar la nueva acción.13
Así, la Corte ha sancionado la actuación temeraria cuando la presentación de más de un amparo constitucional por los mismos hechos y con igual pretensión i) envuelve una actuación “torticera14; ii) denote el propósito desleal “de obtener la satisfacción del interés individual a toda costa”,15 iii) deje al descubierto un abuso deliberado del derecho de acción,16 o iv) asalte “la buena fe de los administradores de justicia.”17
No obstante lo anterior, también ha señalado la jurisprudencia que la buena fe se presume en todas las actuaciones de los particulares ante las autoridades públicas, de suerte que resulta imperativo demostrar que se incurrió, real y efectivamente en una conducta proscrita por el ordenamiento, porque la reiteración de solicitudes de amparo no tiene justificación.18
Recientemente, la Corte examinó este tema frente al caso de una mujer desplazada que asesorada por un abogado había interpuesto varias acciones de tutela por los mismos hechos. Resaltó la Corte que “la aplicación del artículo 38 del Decreto 2591 de 1991 exige al fallador detenerse en las circunstancias específicas que rodearon las presentación de dos o más demandas de tutela, por la misma persona o su representante, en solicitud de igual protección a fin de establecer si el accionante incurrió efectivamente en una actuación contraria a derecho.” 19 Agregó la Corte que “el fallador de instancia no le puede endilgar actuación temeraria alguna i) sin haberla oído al respecto, y ii) sin haber indagado sobre su situación y la de su familia, y tampoco respecto de las circunstancias que rodearon la presentación de las dos acciones - según la accionada con la asesoría de profesionales del derecho, que habitualmente asesoran a la población desplazada, a quienes nombra expresamente -.
En los procesos de tutela bajo estudio, dos circunstancias particulares han llevado a los jueces de instancia a examinar la existencia de actuaciones temerarias por parte de los tutelantes o de sus representantes. En primer lugar, frente a la interposición de acciones de tutela individuales, luego de que la acción de tutela presentada por una asociación de desplazados fue negada. En segundo lugar, la acción de tutela interpuesta por miembros de un núcleo familiar de desplazados, que se separa de éste para solicitar alguna de las ayudas que recibe la población desplazada, a pesar de que la ayuda ya había sido otorgada al núcleo familiar originario.
En el primer caso, las tutelas presentadas por las asociaciones de desplazados fueron declaradas improcedentes por los jueces de instancia por considerar que dichas acciones sólo podían ser interpuestas directamente por los demandantes o a través de apoderado judicial. Tales decisiones fueron seleccionadas para revisión por esta Corte20 y no habían sido resueltas al momento en que los actores interpusieron una segunda acción de tutela, esta vez de manera personal, para solicitar la protección de sus derechos frente a la omisión de las autoridades en dar respuesta a sus solicitudes. En relación con estas acciones de tutela, los jueces de instancia deciden denegarlas porque estaba pendiente la decisión de la Corte sobre la legitimidad de las asociaciones de desplazados para interponer acciones en nombre de ellos, con lo cual se negó la protección de los derechos de los actores.
En este evento, no se está ante una actuación de mala fe, ni los actores interpusieron una segunda acción de tutela por los mismos hechos. Todo lo contrario, los actores de los expedientes T-681418, T-689206 y T-697902, quienes habían presentado inicialmente una acción de tutela a través de ASDECOL y ASOFADECOL, tuvieron en cuenta lo decidido por los jueces de instancia y cumplieron con lo decidido por éstos, para lo cual presentaron las acciones directamente Por lo tanto, no existe en estas circunstancias actuación temeraria.
En el segundo evento, los actores interponen una nueva acción de tutela para solicitar una ayuda determinada (i) utilizando un documento de identidad distinto a aquel con el que fueron registrados –ya sea porque fueron registrados con tarjeta de identidad y, luego de alcanzar la mayoría de edad, obtienen su cédula de ciudadanía, o porque estaban indocumentados y obtienen del Estado la cédula de ciudadanía definitiva, o porque emplean una cédula de ciudadanía distinta – y solicitan una ayuda ya otorgada o una distinta a la obtenida por el núcleo familiar original; (ii) se separan del núcleo familiar con el cual fueron inscritos como desplazados, para conformar uno propio, o para unirse al núcleo familiar al cual pertenecen verdaderamente, e interponen la acción de tutela por los mismo hechos y para solicitar las mismas ayudas.
En el primer caso, tres elementos indican una actuación contraria al principio de buena fe: (i) la utilización de un documento de identificación distinto a aquel con el cual fueron registrados; (ii) no informar a las autoridades que hacían parte de otro núcleo familiar ya registrado; y (iii) no advertir a las autoridades que el núcleo al cual pertenecían había presentado otra acción de tutela por los mismos hechos.
Esto fue lo que ocurrió en los expedientes T-679482 y T-680805. Los actores en dichos procesos actuaron de manera torticera con el fin de obtener una ayuda estatal que ya habían recibido. Este comportamiento constituye una actuación temeraria y así lo declarará la Sala en la parte resolutiva de esta sentencia, y tiene como consecuencia denegar la acción de tutela impetrada. Teniendo en cuenta que en el expediente T-679482, cuando la actora presentó una cédula distinta a la que aparece en el registro para solicitar la ayuda vía tutela, pudo haber incurrido en un posible fraude, la Sala comunicará de este hecho tanto a la Registraduría del Estado Civil como a la Red para el examen de esta situación irregular y su remisión a las autoridades correspondientes.
En el segundo caso planteado, cuando los tutelantes interponen la acción de tutela con base en los mismos hechos, para obtener ayudas ya entregadas al núcleo familiar con el cual fueron inscritos o auxilios no solicitados por ese núcleo, es posible distinguir varias situaciones: (i) la de quienes desean separarse del núcleo familiar con el fin de aumentar las posibilidades de ayuda; (ii) la de quienes por las condiciones mismas del desplazamiento interno son separados de su núcleo familiar, se reencuentran posteriormente con él y desean unirse para solicitar las ayudas previstas para la población desplazada; (iii) la de quienes han formado un nuevo núcleo familiar al constituirse como pareja estable con hijos o como madre cabeza de familia, pero separada de su esposo o compañero permanente.
En el primer evento, dada la complejidad administrativa que implicaría permitir el cambio de inscripción por la mera voluntad del desplazado o el riesgo de que ello sea solicitado estratégicamente con el fin de aumentar la ayuda recibida, resulta razonable que no sea posible obtener un nuevo registro, máxime si se tiene en cuenta que en todo caso, las ayudas se canalizarán a través del núcleo familiar con el cual fueron registrados. En el segundo evento, especialmente cuando se trata de menores de edad y de ancianos que se reencuentran con su familia, las autoridades deben tomar medidas para garantizar que éstas personas puedan reunirse con sus allegados y, cuando sea necesario, modificar la información del registro para garantizar que estos núcleos familiares reciban la ayuda adecuada y proporcionalmente mayor que se le brinda a la población desplazada. La especial protección constitucional de los derechos de los niños, de las mujeres cabeza de familia, o de personas de la tercera edad, así como de la familia y su manifestación a través del derecho de la población desplazada a la reunificación familiar, de conformidad con el Principio Rector 16, justifican esta autorización especial. Estas mismas razones justifican que se permita, como lo prevé el tercer evento, la modificación del registro para que mujeres cabeza de familia o parejas nuevas con hijos puedan constituir núcleos familiares de desplazados con registro autónomo y diferente al originario, y de esta manera, obtener la ayuda que les permita existir independientemente como familias.
Bajo este último evento descrito, se encuentra la actora del expediente T-686751, quien como mujer cabeza de familia, solicita ser separada del núcleo familiar bajo el cual quedó registrada, para inscribirse como un núcleo familiar independiente con ella a la cabeza, con su hijo. Por lo cual la Sala tutelará sus derechos y ordenará a la Red modificar el registro de su inscripción como desplazada, y permitirle como mujer cabeza de familia el acceso a las ayudas previstas para la población desplazada.
En todo caso, las circunstancias mencionadas, no necesariamente implican una actuación temeraria. Ante la ausencia de elementos que indiquen la mala fe de los actores, debe el juez de tutela examinar de manera cuidadosa las circunstancias del caso y antes de declarar la existencia de temeridad, (a) debe escuchar al actor o actora sobre las razones de interposición de la segunda tutela, y (b) indagar sobre su situación y la de su núcleo familiar, tal como lo señaló esta Corte en la sentencia T-721 de 2003, MP: Álvaro Tafur Galvis, para determinar la existencia de temeridad.

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