Sentencia t-919/09 derecho a la salud-fundamental autónomo derecho a la salud



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Sentencia T-919/09

 

DERECHO A LA SALUD-Fundamental autónomo

 

DERECHO A LA SALUD-Dimensiones

 

PRINCIPIO DE INTEGRALIDAD DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD-Prestación efectiva del servicio de salud y su costo debe asumirlo la entidad encargada de proporcionarlo

 

La protección del derecho fundamental a la salud, no se agota con la sola prestación del servicio, sino que, además, implica que el costo que éste demande deba ser asumido por la entidad encargada de proporcionarlo. Ello de conformidad con el principio de integralidad que rige el Sistema de Seguridad Social en Salud.

 

ACCION DE TUTELA-Procedencia excepcional para reclamar el pago de acreencias laborales

 

ACCION DE TUTELA-Procedencia excepcional para reclamar el pago de incapacidades laborales cuando se afecta el mínimo vital

 

ACCION DE TUTELA-Casos específicos en que procede para reclamar el reembolso de gastos médicos

 

Referencia: expediente T-2.344.759



 

Demandante: Olga Lucia Russi Igua

 

Demandado: Famisanar E.P.S.



 

Magistrado Ponente:

Dr. GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO

 

 



 

Bogotá D.C., siete (07) de diciembre de dos mil nueve (2009).

 

 

La Sala Cuarta de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, Jorge Ignacio Pretelt Chaljub y Mauricio González Cuervo, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, ha pronunciado lo siguiente:



 

 

SENTENCIA

 

en el proceso de revisión de los fallos de tutela proferidos por el Juzgado Setenta y Cuatro Penal Municipal y el Juzgado Treinta y Tres Penal del Circuito de Bogotá, en el trámite de la acción de amparo constitucional impetrada por la señora Olga Lucia Russi Igua contra Famisanar E.P.S.



 

 

 



 

 

I. ANTECEDENTES

 

1.      La solicitud.

 

El 21 de abril de 2009, la señora Olga Lucia Russi Igua promovió acción de tutela con el propósito de obtener el amparo de sus derechos fundamentales a la vida, a la salud, a la seguridad social y al mínimo vital que, según afirma, vienen siendo vulnerados por FAMISANAR E.P.S., al habérsele negado el tratamiento médico integral que requiere, derivado del cáncer de seno que padece; así como el reembolso del costo de los servicios médicos no autorizados y sufragados con sus propios recursos, y al no haberle cancelado las incapacidades laborales expedidas por su médico tratante.



 

2.    Reseña Fáctica.

 

2.1. La señora Olga Lucia Russi Igua, de 46 años de edad, se encuentra afiliada al Sistema General de Seguridad Social en Salud, a través de Famisanar E.P.S., en calidad de cotizante dependiente, desde el 29 de abril de 2001.



 

2.2. En el mes de octubre de 2008, la accionante consultó con su médico general, adscrito a Famisanar E.P.S, debido a un fuerte dolor en su seno izquierdo y en el área vaginal, con presencia de secreciones. Luego de efectuada la valoración de rutina, el galeno le informó que se encontraba en perfectas condiciones de salud, y en tal sentido, no la remitió al especialista como ella se lo había sugerido.

 

2.3. Posteriormente, la actora continuó con sus quebrantos de salud, y no convencida con el anterior diagnóstico, decidió consultar al Doctor Eduardo Daza Ariza, médico particular, quien de acuerdo con su patología, le ordenó la práctica de una mamografía y una citología.



 

2.4. Por tanto, la señora Olga Lucia Russi Igua le solicitó a Famisanar E.P.S.la autorización de los servicios antes referidos, los cuales le fueron negados por haber sido prescritos por médico no adscrito a dicha entidad. En consecuencia, ante la necesidad apremiante de obtener un diagnóstico oportuno, recurrió a un préstamo y se practicó los exámenes ordenados.

 

2.5. Con el resultado de los mismos, acudió nuevamente al especialista, quien para clarificar el diagnóstico, consideró necesaria la práctica de una Biopsia extereotáxica. Fue así, como la actora solicitó nuevamente a Famisanar E.P.S. la autorización de dicho servicio, el cual le fue negado por tratarse de un procedimiento no incluido en el Plan Obligatorio de Salud y, en esa medida, tuvo que sufragar su costo adquiriendo un nuevo crédito.



 

2.6. El 6 de febrero de 2009, a la accionante le fue practicado el referido procedimiento, cuyo resultado fue “tumor papilar atípico en seno izquierdo”. En consecuencia, su médico tratante le ordenó, de manera urgente, la práctica de una biopsia de seno con cirugía, para lo cual, solicitó su autorización a Famisanar E.P.S., quien no accedió a lo pretendido, por considerar que fue ordenado por profesional no adscrito a la entidad y le indicó que debía asumir su costo.

 

2.7. El 18 de febrero de 2009, a la actora le fue realizada la biopsia de seno con cirugía en una IPS particular, cuyo resultado fue “CARCINOMA DUCTAL “IN SITU” Y PAPILOMAS ATÍPICOS” (Cáncer de mama), y en esa medida, su médico tratante le ordenó, la práctica de una cuadrantectomía de seno izquierdo.



 

2.8. En consecuencia, la accionante se dirigió a Famisanar E.P.S. para solicitar que le fuera autorizado el procedimiento quirúrgico prescrito. Para dicho efecto, fue evaluada por el Doctor Fernando Perry Perry, adscrito a Famisanar E.P.S., quien avaló el diagnóstico emitido por el médico particular y ordenó la práctica de la cirugía, la cual se realizó el 13 de marzo de 2009. Como parte del tratamiento postoperatorio, le fue prescrito un examen hormonal, que no fue autorizado por la entidad accionada.

 

2.9. Adicionalmente, le solicitó a Famisanar E.P.S. el reembolso del valor de los servicios médicos que, de manera particular, tuvo que asumir, ante la negativa de Famisanar E.P.S. de proporcionarle el tratamiento médico adecuado para su patología, cuyo costo asciende a la suma de tres millones quinientos mil pesos ($3.500.000), y el pago de las incapacidades laborales expedidas por el médico tratante. En respuesta a su solicitud, la accionada la informó que ello no era posible, en la medida en que dichos servicios fueron ordenados por profesional no adscrito a Famisanar E.P.S. y, en relación con las incapacidades, adujo que la actora no acreditó el número de semanas de cotización exigidas para tal efecto.



 

2.10. Por lo anterior, la señora Olga Lucia Russi Igua, instauró acción de tutela, en procura de obtener el amparo de sus derechos fundamentales a la vida, a la salud, a la seguridad social y al mínimo vital, para lo cual, solicitó que se ordenara a Famisanar E.P.S. autorizar la práctica del examen hormonal prescrito por el médico tratante, así como el pago de los treinta y nueve (39) días de incapacidad, que corresponden al periodo comprendido entre el dieciocho (18) de febrero de 2009 y el tres (3) de abril de 2009, y por último, que se le exija a la accionada efectuar el reembolso de las sumas pagadas por concepto de atención médica particular.

 

3.    Fundamentos de la acción y pretensiones.

 

La accionante comienza por señalar, que con las decisiones adoptadas por Famisanar E.P.S., de no autorizar el examen médico prescrito por el médico tratante, negar el pago de las incapacidades laborales que se generaron a consecuencia del cáncer de seno que padece y no efectuar el reembolso del costo de los servicios de salud que le fueron negados, se vulneran sus derechos fundamentales a la vida, a la salud, a la seguridad social y al mínimo vital.



 

Lo anterior, por cuanto afirma que, actualmente, se está recuperando de la práctica de una cirugía de cuadrantectomía de seno izquierdo, a la que fue sometida en el mes de marzo de 2009, para remover un tumor maligno que puso en grave riesgo su vida. Por ello, considera que el examen hormonal, ordenado por el especialista como parte del tratamiento postoperatorio, es indispensable para el restablecimiento total de su salud, que le permita llevar una vida en condiciones dignas.

 

Adicionalmente, en cuanto a la negativa de la entidad accionada de reconocer y pagar las incapacidades laborales que se generaron a consecuencia del cáncer de seno que la aqueja, manifiesta que, con dicho proceder de vulnera su derecho al mínimo vital, en la medida en que su salario constituía la única fuente de ingresos durante el periodo de convalecencia.



 

Por otro lado, refiere que se vio obligada a consultar un médico particular, ante la negligencia de la EPS de brindarle, de manera oportuna, los servicios de salud que requería con urgencia para tratar la grave enfermedad que padece. En esa medida, aduce que tuvo que solicitar un préstamo para que le fueran practicados los exámenes prescritos, ante el riesgo inminente de perder su vida y  que, actualmente, no cuenta con capacidad económica para el cumplimiento de dicha obligación, en razón, a que devenga un salario de $650.000 que sólo le permite satisfacer sus necesidades básicas y contribuir a los gastos de su hogar y al sostenimiento de sus dos menores hijos, por lo que el reembolso del dinero invertido es una opción para garantizar su mínimo vital.

 

4.    Oposición a la demanda de tutela.

 

La acción de tutela de la referencia,  fue conocida, en primera instancia, por el Juzgado Setenta y Cuatro Penal Municipal de Bogotá, despacho que a través de Auto del Veintiuno (21) de abril de 2009, resolvió admitirla y correr traslado a la entidad demanda, para efectos de ejercer su derecho a la defensa.



 

4.1. Famisanar E.P.S.

 

El veinticuatro (24) de abril de dos mil nueve (2009), durante el término otorgado para el efecto, la Representante Legal de Famisanar E.P.S. dio respuesta a la acción de tutela, mediante escrito en el que solicitó desestimar las pretensiones de la demanda.



 

De manera preliminar, indica que la señora Olga Lucia Russi Igua se encuentra afiliada al Sistema General de Seguridad Social en Salud, a través de FAMISANAR E.P.S, en calidad de cotizante.

 

Sostiene que en la base de datos de la entidad, no existe registro de solicitudes de servicios por parte de la accionante ante el Comité Técnico Científico, para que le fueran autorizados servicios no contemplados en el Plan Obligatorio de Salud, por lo que sugiere que ésta, puede acudir ante dicho comité para que se decida acerca de su suministro.



 

De igual manera, refiere que no existe prueba de la incapacidad económica de la accionante para asumir el costo del servicio solicitado a través de la presente acción.

 

En relación con la solicitud de rembolso del dinero que pagó la actora por atención médica particular, manifiesta que la acción de tutela no es el mecanismo idóneo para tal efecto, en la medida en que se trata de prestaciones de contenido pecuniario para cuyo reconocimiento el legislador ha dispuesto de otros medios de defensa.



 

Por último, en lo que al pago de la incapacidad laboral se refiere, indica que la actora no cotizó de forma ininterrumpida durante las cuatro semanas inmediatamente anteriores a la fecha en que se causó el derecho y, adicionalmente, señala que dicha prestación “debe ser solicitada en la sede principal de FAMISANAR E.P.S. ubicada en la carrera 13ª No. 77ª- 63, Piso 1”.

 

5.    Pruebas que obran en el expediente.

 

Durante el trámite de la acción de tutela, las partes allegaron los siguientes documentos:



 

       Copia del contrato individual de trabajo a término fijo, inferior a un año, de la señora Olga Lucia Russi Igua, donde consta que percibe un salario de $650.000 mensuales como docente de un jardín infantil (Folio 13)

       Copia de la cédula de ciudadanía y carné de afiliación de la señora Olga Lucia Russi Igua a Famisanar E.P.S. (Folio16).

       Copia de la historia clínica de la señora Olga Lucia Russi Igua (Folio 18 a 24).

       Copia de los certificados de incapacidad laboral desde el 18 de febrero de 2009, hasta 3 de abril de 2009, para un total de 39 días (Folio 25 a 27).

       Copia de la orden médica para la práctica de una mamografía digital y su correspondiente recibo de pago, por valor de $90.000 (Folio 28).

       Copia del informe mamográfico en que se diagnostica “Microcalcificaciones sospechosas en región retroareolar del seno izquierdo” (Folio29).

       Copia de la orden médica para la práctica de una Biopsia y su correspondiente factura de venta, por valor de $950.000 (Folio31)

       Copia del recibo de pago del estudio patológico, por valor de $100.000 (Folio 32).

       Copia del informe anatomopatológico, en el que se diagnostica “Hiperplasia ductal atípica, tumor papilar atípico” y se recomienda la extirpación total de la lesión (Folio 33).

       Copia de las letras de cambio donde consta la obligación crediticia que contrajo, para asumir el costo del tratamiento médico contra el cáncer que padece. (Folios 41 y 42 del cuaderno 1).

 

II. DECISIONES JUDICIALES QUE SE REVISAN

 

1. Decisión de primera instancia.

 

El Juzgado Setenta y Cuatro Penal Municipal de Bogotá, mediante providencia proferida el cinco (5) de mayo de dos mil nueve (2009), resolvió amparar únicamente los derechos fundamentales a la vida y a la salud de la accionante. Para tal efecto, ordenó a Famisanar E.P.S. que autorizara la práctica del examen médico prescrito y el tratamiento médico integral que requiere.



 

Como fundamento de su decisión, señaló que con el actuar desplegado por la entidad accionada, se vulneraron los derechos fundamentales de la actora, en la medida en que no se le brindó, de manera oportuna, el tratamiento médico que su grave enfermedad requería, poniendo así en grave riesgo su vida.

 

Adicionalmente, indicó que en aplicación del principio de integralidad, es deber de Famisanar E.P.S. suministrar todo tratamiento, procedimiento o medicamento que la accionante requiera para el total restablecimiento de su salud, sin que para ello se le exijan cargas administrativas que no está en obligación de asumir.



 

En relación con el reembolso del dinero que pago la accionante por concepto de tratamiento médico particular, reiteró que la acción de tutela no es el mecanismo idóneo para tal efecto, como quiera que se trata de prestaciones de carácter económico que deben ser ventiladas en un proceso ordinario.

 

2. Impugnación

 

La señora Olga Lucia Russi Igual, mediante escrito de fecha once (11) de mayo de dos mil nueve (2009), impugnó parcialmente la anterior decisión, y reiteró que no cuenta con los recursos económicos suficientes para asumir el pago de la obligación que adquirió para sufragar el costo de los procedimientos y medicamentos ordenados por el médico tratante y que fueron negados por Famisanar E.P.S., habida cuenta de que su esposo se encuentra desempleado y su salario sólo le alcanza para satisfacer sus necesidades básicas y proveer el sustento a su hogar.



 

Fue enfática en señalar, que de no haber obtenido oportunamente atención médica particular, luego de haber solicitado previamente a Famisanar E.P.S. la autorización de los servicios requeridos, habría fallecido sin que dicha entidad se apersonara de su situación.

 

3. Decisión de segunda instancia.

 

El Juzgado Treinta y Tres Penal del Circuito de Bogotá, en sentencia del veinticinco (25) de junio de dos mil nueve (2009), confirmó el fallo proferido por el a-quo, al considerar que el derecho a la salud es fundamental autónomo y, por tanto, emerge la obligación de las Entidades Promotoras de Salud de proporcionar a sus afiliados los servicios de salud que requieran con necesidad y que hayan sido prescritos por el médico tratante.



 

Por otra parte, sostuvo el fallador que la acción de tutela no es el mecanismo idóneo para el reconocimiento de prestaciones de carácter pecuniario, por existir otro medio de defensa judicial, como es, acudir a la jurisdicción ordinaria, máxime cuando no se acreditó la ocurrencia de un perjuicio irremediable.

 

III. CONSIDERACIONES

 

1. Competencia.

 

Es competente esta Sala de la Corte Constitucional para revisar la decisión proferida dentro de la acción de tutela de la referencia, con fundamento en los artículos 86 y 241-9 de la Constitución Política, en concordancia con los artículos 33, 34 y 35 del Decreto 2591 de 1991.



 

2. Procedibilidad de la Acción de Tutela

 

2.1. Legitimación activa

 

El artículo 86 de la Constitución Política establece que la acción de tutela es un mecanismo de defensa judicial al que puede acudir cualquier persona para reclamar la protección inmediata de sus derechos fundamentales. En el caso bajo estudio, la accionante, mayor de edad, actúa en defensa de sus derechos fundamentales, razón por la cual se encuentra legitimada para presentar la acción.



 

2.2. Legitimación pasiva

 

FAMISANAR E.P.S., como entidad privada encargada de la prestación del servicio público de salud, está legitimada como parte pasiva en el presente asunto, al tenor de lo dispuesto en los artículos 5 y 42 del Decreto 2591 de 1991, debido a que se le atribuye la violación de los derechos fundamentales en discusión.



 

3. Problema Jurídico

 

Con fundamento en la reseña fáctica expuesta y las decisiones adoptadas por los jueces de instancia en el trámite de la presente acción de tutela, le corresponde a esta Sala de Revisión determinar, si la entidad accionada, vulneró los derechos fundamentales a la salud, al mínimo vital y a la seguridad social de la actora, por el hecho de: (i) no autorizar el examen hormonal prescrito por su médico  tratante a consecuencia del cáncer de seno que padece; (ii) no acceder al reconocimiento y el pago de treinta y nueve (39) días de incapacidad laboral que se generaron por dicha enfermedad; y (iii) no efectuar el reembolso de las sumas pagadas por concepto de los servicios médicos particulares que debió asumir.



 

Para dar solución a la controversia planteada, la Sala abordará los temas relacionados con: (i) el derecho fundamental a la salud y (ii) la procedencia excepcional de la acción de tutela para reclamar el pago de acreencias laborales y el reembolso de gastos médicos, para posteriormente, a partir de dicha argumentación, analizar y resolver el caso concreto.

 

4. El derecho fundamental a la Salud y los contenidos del Plan Obligatorio de Salud. Reiteración de la Jurisprudencia.

 

De acuerdo con el artículo 48 de la Constitución Política, la seguridad social goza de una doble connotación jurídica. Por una parte, es considerada un servicio público de carácter obligatorio, que debe ser prestado bajo la dirección, coordinación y control del Estado, en acatamiento de los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad. Y, por otra, se erige como un derecho irrenunciable, que debe ser garantizado a todas las personas sin distinción alguna y que comporta diversos aspectos, dentro de los que se encuentra el acceso a los servicios de salud.



 

A su vez, el artículo 49 Superior, establece que la Salud hace parte de la Seguridad Social y como tal, se constituye en un servicio público y en un derecho en cabeza de todas las personas.

 

Bajo esta perspectiva, la jurisprudencia constitucional ha definido, que una primera faceta del derecho a la salud es su naturaleza prestacional, cuya garantía debe materializarse de manera programática y progresiva. Lo anterior, implica que para su efectivo cumplimiento se requiere de un amplio desarrollo legal y de la implementación de políticas encaminadas a la obtención de los recursos necesarios para su materialización.



 

Por tal razón, en la medida en que a este derecho de naturaleza asistencial se le va dotando de contenido, a través de los mecanismos confiados al legislador y a los órganos del Sistema General de Seguridad Social para definir las prestaciones debidas a los ciudadanos, se crean las condiciones para que las personas exijan del Estado el cumplimiento de tales garantías.

 

Así las cosas, a través de la provisión de los contenidos del Plan Obligatorio de Salud de los Regímenes Contributivo y Subsidiado, cuya regulación se halla inmersa en la Ley 100 de 1993 y las correspondientes disposiciones que la complementan, se ha delimitado el conjunto de prestaciones concretas a cargo de las entidades que conforman el Sistema y de las cuales es posible exigir su cumplimiento.



Para la Corte Constitucional, la expedición de la Ley 100 de 1993 y sus normas complementarias, produjo como consecuencia la materialización de una serie de derechos subjetivos que les son inherentes a las personas en cuanto a tratamientos y medicamentos incluidos dentro del Plan Obligatorio de Salud, con lo que se superó la etapa de la indeterminación propia de los derechos de desarrollo progresivo[1].

Por lo anterior, la Corte ha señalado que el acceso a cualquier servicio de salud cuya prestación se requiera y que se encuentre previsto en los Planes Obligatorios de Salud (P.O.S), es un derecho fundamental autónomo, de tal suerte que su negación, comporta la vulneración del derecho fundamental a la salud, y, en esa medida, la acción de tutela es procedente para obtener su amparo.

Bajo esta premisa, el derecho fundamental a la salud, frente a los contenidos del P.O.S, comprende dos dimensiones: “(i) de una parte, el derecho a obtener la prestación real, efectiva y oportuna del servicio médico incluido dentro del P.O.S. y, (ii) de otra, la asunción total de los costos del servicio, por cuenta de las entidades que tienen a su cargo la prestación de los mismos”.[2]

En efecto, lo servicios contenidos en el P.O.S., no sólo se satisfacen a través de su prestación material, sino también con el deber que le asiste a la Entidades Promotoras de Salud de asumir los costos que estos demanden, sin que tal obligación le pueda ser trasladada al afiliado. Por tal razón, en cuanto a la segunda dimensión, la Corte ha señalado que aunque pareciere que los problemas que surgen en torno a la asunción del costo del servicio son de carácter económico, y, en tal sentido, exceden la órbita de competencia del juez constitucional, dicha apreciación no es del todo cierta, como quiera que, la cobertura económica de un servicio incluido en el P.O.S, hace parte del aspecto fundamental del derecho a la salud.

La anterior consideración, fue abordada por la Corte Constitucional en la Sentencia T-594 de 2007, M.P. Rodrigo Escobar Gil, en los siguientes términos:

El derecho fundamental a la salud en materia de los servicios médicos consagrados en el Manual de Procedimientos del P.O.S. y demás normas complementarias, comprende dos dimensiones: (i) de una parte, el derecho a obtener la prestación real, efectiva y oportuna del servicio médico incluido dentro del P.O.S. y, (ii) de otra, la asunción total de los costos del servicio, por cuenta de las entidades que tienen a su cargo la prestación de los mismos.

En efecto, es claro que las prestaciones establecidas en el P.O.S. no solamente implican la concreción material del servicio mismo, sino también el cubrimiento de los costos que éste genere, obligación que de ninguna manera puede ser traslada al afectado. Por tal razón, respecto de la segunda de las dimensiones señaladas, esta Corporación ha sostenido que “aun cuando las controversias en torno a la responsabilidad patrimonial respecto de los servicios incluidos dentro del Manual de procedimientos del POS., parecieran de índole netamente económica y por tanto ajenas a la esfera de competencia de la acción de tutela, ello no es del todo cierto, por cuanto la cobertura económica del servicio, cuando éste se encuentra incluido en el plan de atención médica correspondiente (v.g. el POS), hace parte de la dimensión iusfundamental del derecho a la salud[3]

A partir de lo expuesto, una conclusión se impone: la protección del derecho fundamental a la salud, no se agota con la sola prestación del servicio, sino que, además, implica que el costo que éste demande deba ser asumido por la entidad encargada de proporcionarlo. Ello de conformidad con el principio de integralidad que rige el Sistema de Seguridad Social en Salud.

 

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