Significaciones de la sexualidad y diferencias sociales en chile: el caso del gran concepcióN



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SIGNIFICACIONES DE LA SEXUALIDAD Y DIFERENCIAS SOCIALES EN CHILE: EL CASO DEL GRAN CONCEPCIÓN

Esau Figueroa Silva

Chile

Programa Doctorado en Ciencias Sociales Universidad de Chile



Resumen

Chile se ha erigido como un país moderno que sin embargo ha debido sortear diversas dificultades para enfrentar los cambios en materia de sexualidad. Aun así, y gracias a la lucha de ciertos actores, se han logrado variados avances para temas como la homosexualidad, derechos sexuales y reproductivos, divorcio, etc. Esto ha conformado una nueva política que hoy por hoy se avoca a temas complejos como el aborto. Desde esta perspectiva se podría pensar que la sociedad chilena se encuentra en un relativo estado de mejora o avance para estos problemas. No obstante, se debe considerar que el país también es uno de los más desiguales de la región, cuestión que podría afectar la forma con que los distintos grupos sociales significan o resienten los cambios normativos en esta materia, más aún si se asume que la propia sexualidad ha sido históricamente considerada una forma de distinción social o diferenciación.



Introducción-problematización

Chile ha experimentado un conjunto de transformaciones desde el retorno de la democracia1. Entre las más relevantes se encuentran aquellas de carácter económico, político, sociocultural, etc. (Joignant y Güell, 2009), las cuales han conllevado a posicionar al país como un lugar moderno y pujante.

Si bien la sexualidad ha sido planteada tradicionalmente como una dimensión acotada y compleja de abordar desde la esfera pública (y desde allí restringida principalmente al área de la salud), culturalmente no ha estado exenta del conjunto de cambios recién aludido, más aún si se consideran las consecuencias políticas y sociales que implicó el traspaso desde la dictadura militar (1973-1989), durante la cual fue relegada al espacio de lo estrictamente privado y regulada por el mercado, hacia un escenario democrático en el cual, por lo menos en términos discursivos, existió la promesa de mayores libertades e integración.

De este modo, se ha planteado que la sexualidad de la población en Chile ha cambiado desde 1990, premisa avalada por variados estudios empíricos que dan cuenta de ciertas tendencias favorables para problemas que hasta no hace mucho tiempo eran considerados moralmente cuestionables, tales como las relaciones prematrimoniales, la diversidad de estructuras familiares, la temprana edad de inicio de la vida sexual, la participación laboral femenina, el mayor control de la fecundidad, el embarazo adolescente, la homosexualidad, la anticoncepción de emergencia, el aborto en situación de riesgo para la madre y violación, entre otros (Schiappacasse, Vidal, Casas, Dides y Diaz, 2003; World Values Survey, 2006; Dides, Benavente y Sáez, 2010; ICSO, 2011-2013).

En la misma lógica, diversos acontecimientos políticos-legislativos parecen confirmar de forma complementaria este planteamiento, destacándose entre ellos la despenalización de la sodomía con la derogación del artículo 365 en 1998; la promulgación de la ley 18.668 que aseguró la continuidad de estudios para estudiantes embarazadas en 2000 ; la legalización del divorcio en 2004; la Ley 20.418 que fijó normas sobre Información, orientación y prestaciones en materia de regulación de la fertilidad en 2010; la promulgación de la ley 20.609 antidiscriminación en 2012; la ley de Acuerdo de Unión Civil (AUC)2 o unión civil entre personas del mismo sexo a principios de 2015; y más recientemente la aceptación para la discusión de un proyecto de aborto en el congreso en Julio de 20153. Estos, entre otros hitos importantes que han marcado puntos de ruptura respecto del tradicional sistema normativo sexual en el país.

Una lectura rápida de estos datos daría cuenta de un auspicioso contexto para el establecimiento de una sexualidad más libre en sus prácticas y normativamente más flexible; inclusiva, receptiva y adaptada a las necesidades propias del desarrollo social y cultural; políticamente reconocida en su diversidad y por supuesto extensiva al conjunto de la población.

No obstante, lo cierto es que el desarrollo de una sexualidad provista de estas características parece más un ideal que una realidad factible en un país que ha sido internacionalmente catalogado como “conservador en lo valórico” (Informe MORI World Values Survey, 2006). Esto, entre otras cosas, por los intrincados obstáculos que han debido sortear los cambios prescriptivos en esta materia, levantados por instituciones y sectores influyentes de la sociedad4, los cuales han resistido a las transformaciones, gatillando así extensos procesos legislativos5 generados por una elite política estancada en las contradicciones culturales determinadas por las relaciones de poder vigentes.

Por otra parte, también resulta relevante considerar las características específicas de la sociedad chilena, la cual parece incapaz de asumir integralmente su sexualidad, invisibilizando y hasta combatiendo, por ejemplo, cuestiones centrales como la referida al goce y el placer, el cual ha sido históricamente asociado con diversos vicios y una amenazante degradación moral (Collyer, 2014). Esto siempre y cuando estas cuestiones se encuentren desvinculadas del mercado, espacio en que la hedonización del sexo ha sido productivamente legitimada e incluso exaltada.

De este modo, es posible observar como fuera de la esfera mercantil los temas y problemas asociados a la sexualidad se han presentado en formatos constreñidos por ciertos marcos discursivos plagados de eufemismos6 y requerimientos productivo-morales, propios de un sistema tradicionalmente cimentado sobre la institución familiar, la cual se presenta como marco integrador y eje sintomático de una sociedad atrapada en los límites normativos que ella misma ha construido o ha sido inducida a construir.

El cuestionamiento de esta especie de “statu quo” moral (a propósito de un contexto que resiste los cambios) ha conllevado al establecimiento de una verdadera disputa7 en torno a la sexualidad (Araujo, 2005). Incipiente y apenas visible desde la recuperación de la democracia, hoy (2015) parece cobrar fuerza frente a la posibilidad de legislar en torno a proyectos reivindicativos como es la despenalización del aborto bajo ciertas causales y la ley de identidad de género, adquiriendo así una amplia relevancia comunicacional y llegando incluso a marcar la pauta y agenda política del país8.

En este sentido, son varios los actores que se han erigido como protagonistas de dicha lucha: organizaciones de la sociedad civil, partidos políticos, legisladores, mediadores sociales, especialistas, medios de comunicación, etc. Sin embargo, cabría preguntarse ¿En qué medida la sociedad ha podido hacerse parte de dicha disputa? ¿Qué rol ha jugado en este proceso de cambio y cómo ha visto afectada su sexualidad en el transcurso del mismo? Y ¿Qué tan claras y homogéneas son las posiciones adoptadas en su interior? Del mismo modo vale la pena reflexiona ¿en qué medida la normatividad prescriptiva es capaz de cambiar las percepciones o modificar los comportamientos sociales referidos a los diversos problemas de la sexualidad en el país? ¿Cómo interactúan entonces la normatividad legislativa y la social para generar reales transformaciones? Si bien se ha establecido que la legislación es el soporte donde se perpetúa el orden de género imperante y sus relaciones de poder (Valdés, 2012) ¿qué tan conveniente será jugar la disputa por la sexualidad solo en este terreno normativo? Y ¿Cómo responde la sociedad chilena frente a las transformaciones allí generadas?

En base a lo anterior, resulta necesario preguntarse como las personas y diferentes grupos se ven afectados por los cambios normativos sexuales. Quizás un buen ejemplo para graficar dicho cuestionamiento lo constituya la trayectoria vital de un individuo homosexual radicado en un sector socioeconómicamente vulnerable versus la de otro con la misma orientación sexual pero que resida en un sector acomodado de una misma ciudad. En dicha comparación emergerán con mayor o menor intensidad diversas situaciones y factores, tales como las relaciones de poder-dominación asociadas a las variaciones del sistema sexo-género imperante; los recursos económicos y simbólicos de los que se disponga; la violencia física y simbólica a la que se esté expuesto; las expectativas que se esté dispuesto a albergar; el funcionamiento de las instituciones en dichos contextos; etc.

Esto introduce un componente complejo y siempre incómodo en la discusión política en el país, no obstante fundamental para entender el problema a cabalidad, tal como es la desigualdad generalizada que parece caracterizar a la sociedad chilena y como los cambios normativos en materia de sexualidad configuran significados en función de esta desigualdad.

Fundamental es aclarar que en lo relativo al problema aquí tratado no solo se debe vincular la desigualdad a cuestiones un tanto obvias, como es el género, y a otras no tanto, como quizás es la orientación sexual, sino también a un conjunto integrado de variables. Al respecto, ha sido la desigualdad por ingresos una de las más problemáticas en el país (Larragaña y Herrera, 2008)9, no obstante, es posible desagregar el fenómeno a través de otros criterios como es por ejemplo, el territorio, el nivel educativo, la ocupación, etc.

De este modo es posible comprender particularidades como que los grupos más pobres sean también más vulnerables en cuanto al respeto de sus derechos sexuales y reproductivos10. En el contexto local esto puede observarse en la situación de vulnerabilidad de las adolescentes de sectores pobres, las cuales se presentan claramente más propensas a la maternidad temprana (Rodríguez y Robledo, 2011), o que prácticamente no exista representación estadística de mujeres transgénero en clases acomodadas (ONUSIDA, 2012). Del mismo modo, llama profundamente la atención (si bien es esperable) que los sectores altos y medios sean quienes poseen mayor conciencia de la desigualdad de género entre hombres y mujeres (MIDEPLAN-Universidad de Chile, 2000) aun cuando los hogares con jefaturas femeninas (y todo lo que esta situación implica) se encuentren mayoritariamente en los estratos más pobres y vulnerables (Hardy, 2014).

De este modo resulta legítimo preguntarse ¿Qué significado posee la sexualidad para los distintos grupos que componen la sociedad chilena? ¿Cómo han repercutido los cambios prescriptivos llevados a cabo desde 1990 a la fecha en estos grupos? ¿Qué características distintivas es posible identificar en su valoración, prácticas y relaciones sociales de la sexualidad? ¿En qué medida se articulan prácticas y normas? Etc.



Objetivo general

Establecer los significados que ha adquirido la sexualidad en sujetos y sujetas de grupos sociales acomodados y populares residentes en la comuna de Concepción respecto de los cambios prescriptivos acontecidos en Chile entre 1990 y 2015



Objetivos específicos

1. Describir diferentes valores conferidos a la sexualidad por parte de los sujetos y sujetas de grupos sociales acomodados y populares residentes en la comuna de Concepción.

2. Describir los procesos de integración entre norma y práctica sexual en sujetos y sujetas de grupos sociales acomodados y populares residentes en la comuna de Concepción.

3. Explorar las percepciones de los sujetos y sujetas de grupos sociales acomodados y populares residentes en la comuna de Concepción respecto de los procesos de cambio normativo en materia de sexualidad en Chile entre 1990 y 2015.

4. Descubrir el impacto que han tenido los cambios prescriptivos en materia de sexualidad llevados a cabo en Chile entre 1990 y 2015 en sujetos y sujetas de grupos sociales acomodados y populares residentes en la comuna de Concepción.

Consideraciones académico-metodológicas

Este estudio se desprende de mi investigación doctoral, la cual se encuentra en pleno proceso de trabajo de campo. Por ello, y para fines del congreso, trabajaré solo con una parte de la muestra total proyectada, esperando que al momento de que este se realice ya cuente con el análisis y conclusiones correspondientes.



Transformación de la sexualidad y tensiones modernas

La sexualidad fue considerada desde la antigüedad (historia occidental), primero como un objeto de preocupación moral (Weeks, 1986), y más tarde (s. XVIII) científico-gubernamental11 (Foucault, 2012). No obstante, hasta hace poco se ha aceptado su importancia en ámbitos que trascienden lo meramente reproductivo, psicológico o clínico (áreas donde tradicionalmente ha sido estudiada científicamente), dejando de ser concebida solamente como un concepto relativo a cuestiones de carácter moral (placer) y vida (reproducción) para posicionarse como catalizadora de un conjunto de cuestiones de carácter social y político (Ceballos, 2010). Así, la sexualidad se sitúa como un elemento referencial en lo que respecta a “las realidades y debates acerca de la familia, el lugar de la mujer dentro de la sociedad, la autodeterminación reproductiva- en especial el aborto- los significados de la masculinidad y las expresiones y corrupciones del poder político” (Parker, Petchesky & Sember, 2008, p. 14).

Desde otra perspectiva, necesario es considerar también que la resignificación de la sexualidad no se yergue como un elemento aislado de los diversos cambios de las sociedades contemporáneas, definiéndose a la luz de diversos acontecimientos y fenómenos que cruzan variables culturales, sociales, económicas y políticas. De este modo, en el plano macro es posible citar cuestiones como las consecuencias de la modernidad, la globalización, el cambio cultural y los efectos directos e indirectos del sistema económico imperante (libre mercado) (Giddens, 1993; Beck, 1997; Lechner, 2002; Altman, 2006; Bajoit, 2010).

Al respecto, Dennis Altman (2006) plantea como las transformaciones globales de las últimas décadas han conllevado a notorias modificaciones tales como el cuestionamiento de las relaciones de poder entre hombres y mujeres y la politización de la vida personal de estas últimas; la creciente demanda de libertad para disfrutar la sexualidad; la globalización de las identidades sexuales; el surgimiento de una nueva cultura de culto a los cuerpos; el mayor acceso (y demanda) por tecnologías y procedimientos de reproducción asistida, cirugías de reasignación y comunicación, etc.

Como es posible de inferir, la materialización de estos cambios ha conllevado al establecimiento de diversas tensiones, las cuales se han estructurado en función de “un reordenamiento de los límites de lo legítimo e ilegítimo” (Araujo, 2005, p. 110). Estas tensiones se configuran a través de posiciones contrarias relativas a estos cambios, los cuales para ciertos actores como grupos feministas, pro-diversidad, pacifistas, etc., representa una vía para mayores niveles de libertad, mientras que para otros tales como instituciones religiosas y grupos conservadores, se constituye como un verdadero peligro (Weeks, 1986). Así, en términos de interacción estas tensiones se presentan como luchas por mantener o cambiar un orden preestablecido de carácter heteronormativo (Warner, 1991) androcentrico (Bourdieu, 1998) y tradicional (Durkheim, 1967).

Sexualidad y desigualdad en Chile

La sexualidad está lejos de ser un tema, un concepto o un ámbito desvinculado del devenir histórico, político y cultural de un pueblo. Muy por el contrario, en países como Chile ha sido una forma de diferenciación social existente desde la conquista y colonia, utilizándose primero para diferenciar a europeos de indígenas y criollos, y luego a elite de masas populares (Collyer, 2014; Illanes, 2010), marcando esta cuestión profundamente en la idiosincrasia moral de una sociedad que hasta el día de hoy asume con dificultad e incluso culpa las situaciones y realidades vinculadas al placer, la autonomía, instituciones, etc.

Si bien se ha establecido que “la sexualidad es siempre pensada y practicada de manera diferente en distintas sociedades” (Mora, 2009, p. 117), también parecería posible aplicar dicha premisa a los distintos grupos presentes al interior de cada sociedad, en función de sus particularidades y las desigualdades que las determinen. Al respecto, la ex diputada María Antonieta Saa (2009) se refirió a la sociedad chilena como “progresista”, a propósito de la dificultad radicada, desde su punto de vista, exclusivamente en la clase política del país para avanzar en temas concernientes a la sexualidad. No obstante, cabría preguntarse si efectivamente se puede hablar de una sociedad que en su conjunto percibe las discusiones e integra los cambios en esta materia de forma más menos homogénea, o muy por el contrario, considerando el contexto de las diversas y marcadas desigualdades, lo hace de forma también desigual y probablemente inequitativa.

Necesario es también consideran algunas peculiaridades presentes en la sociedad chilena, como es por ejemplo la plasmada en el concepto de “doble moral” (Shepard, 2000), entendida esta como la manera en que las personas han podido estratégicamente sobrellevar las desigualdades e injusticias generadas por la falta de coherencia entre una normatividad a todas luces represiva y unas prácticas que parecen distanciarse de ella12. Esto es relevante, pues dicha estrategia, a la luz de un análisis menos profundo, podría solapar la existencia de dichas inequidades13, como es la situación del aborto en el país, el cual desde 1989 se constituye como delito en todas sus modalidades, no obstante, sigue siendo una práctica frecuente (ilegal) en la sociedad chilena.



Normatividad y sexualidad

Para entender las formas materiales que adquiere la resignificación de la sexualidad es necesario remitirnos al concepto de norma. Así pues, esta es definida como “aquellas reglas que regulan las conductas de las personas en situaciones particulares y específicas” (Ceballos, 2010, p. 78), siendo posible reconocer dos tipos, tales como son las formales prescriptivas, representadas en las leyes y por tanto, en la jurisprudencia del Estado, y por otra parte las “creencias normativas”, vinculadas con las representaciones sociales, basadas en valores e informalmente transmitidas por instituciones como la familia. La fundamentación de estas reglas en lo referente a la sexualidad puede ser encontrada en el concepto de sistema sexo-género, el cual designa las disposiciones a través de las cuales una sociedad transforma la sexualidad biológica en productos de la actividad humana (Rubin, 2013).

Como ya se mencionó, la sexualidad en Chile ha cambiado desde 1990 a la fecha. Lo complejo, no obstante, es que los gobiernos democráticos no hicieron un reconocimiento de esta nueva sexualidad14, conllevando a una complejización de la normatividad social, la cual se ha tornado contradictoria e incluso ambigua (Barrientos, 2005). A esto se debe sumar como la discusión y cursos de acción para la resolución de los problemas públicos derivados de estas transformaciones han debido sortear una disputa ideológica relacionada con el resguardo o cambio del orden establecido (Dides, 2013), la cual permea la normatividad, provocando así un proceso de transformación contradictorio en el que se entremezclan elementos tradicionales y emergentes. Esto podría incidir en una falta de sintonía entre las prácticas y las creencias normativas que rigen el comportamiento moral de las personas, y al mismo tiempo, entre la normatividad social y las prescripciones legales establecidas en el país.

Propuesta metodológica: Datos primarios y técnicas de producción

Este estudio se define como cualitativo. El instrumento de recolección de información será el grupo de discusión. La elección de esta técnica responde a un criterio básico como es la construcción social del discurso en torno a la sexualidad en Chile. Desde esta óptica, el grupo de discusión se presenta como idóneo, ya que estudia lo que hay de normatividad o modelo de moral en una sociedad (Canales, 2006), asumiendo así que la significación de la sexualidad, independiente de los grupos socioeconómicos donde se estudie, está definida profundamente por un criterio moral que subyace en constitución social chilena.

La conformación de la muestra será de carácter estructural y obedecerá a criterios de homogeneidad y heterogeneidad plausibles de ser combinados en esta conversación. Todo esto aplicado en la inter-comuna de Concepción, región del Biobío.

De esta forma, las variables operacionalizadas para la muestra serán:

- Estratificación por grupos social: La operacionalización de esta variable resulta especialmente compleja. Aun así, y en vista de la necesidad de construir un marco comparativo en términos sociales, es que esta variable se planteará en función de dos grupos: alto o acomodado y bajo o popular. Los subvariables que los definen se basan en ingreso per cápita por hogar, zona de residencia y nivel educativo. Para definir la muestra se utilizó un estudio de segregación territorial en el que se clasificaron las comunas del Gran Concepción en función de su nivel de marginalidad urbana (Baeriswil, 2013).

- Edad. Tres grupos en esta variable: jóvenes/adultos.

- Sexo: hombres/mujeres

En lo concerniente a la presentación del Congreso ALAS Costa Rica 2015 se trabajará con dos grupos de discusión: uno, con personas entre 20 y 39 años, perteneciente al grupo social acomodado y estudios superiores; otro con personas entre 20 y 39 años, perteneciente al grupo social popular y sin estudios superiores.



La técnica de explotación de datos será el análisis crítico de discurso.

Bibliografìa

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1 En 1990

2 Hasta 2014 llamada “Acuerdo de Vida en pareja (AVP) y luego Pacto de Unión Civil (PUC).

3 Desde 1990 el aborto es completamente ilegal en Chile, por lo que el ingreso y aceptación de este proyecto, el cual apela a tres causales (peligro de vida para la madre, inviabilidad del feto y violación) es un hecho trascendental desde el retorno a la democracia.

4 Principalmente por la iglesia católica (y recientemente la iglesia evangélica) junto a grupos sociales y políticos conservadores.

5 Sin ir más lejos, la citada Ley Antidiscriminación “durmió” más de seis años en el congreso antes de poder ser comulgada. Un caso aún más extremo fue la ley de divorcio (10 años).

6 Generalmente referidos a la salud reproductiva.

7 Entendida como una disputa ideológica relacionada con el resguardo o cambio del orden establecido (Dides, 2013), la cual permea la normatividad social, provocando así un proceso de transformación contradictorio en el que se entremezclan elementos tradicionales y emergentes (Canales, 1994).

8 Las elecciones presidenciales de 2013 tocaron en los principales debates cuestiones relativas a la legalización del aborto o el matrimonio entre parejas del mismo sexo. Del mismo modo, en reiteradas ocasiones ha sido la contingencia noticiosa la que ha abierto las ventanas de oportunidad para la inserción de variados sexuales temas en la agenda política.

9 Chile es considerado el país más desigual de los actuales miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

10 Entendidos principalmente en el ámbito reproductivo como el “reconocimiento del derecho básico de todas las parejas e individuos a decidir libre y responsablemente el número de hijos, el espaciamiento de los nacimientos y el intervalo entre éstos, y a disponer de la información y de los medios para ello y el derecho a alcanzar el nivel más elevado de salud sexual y reproductiva. También incluye el derecho a adoptar decisiones relativas a la reproducción sin sufrir discriminación, coacciones ni violencia, de conformidad con lo establecido en los documentos de derechos humanos” (Turner, 2001, p. 209).

11 dispositivo de control discursivo, el cual se ejerció desde el ámbito mismo del poder a través de la observación, la interrogación y la formulación, y aun cuando siguió siendo confinada a la esfera privada de los sujetos: “lo propio de las sociedades modernas no es que hayan obligado al sexo a permanecer en la sombra, sino que ellas se hayan volcado a hablar del sexo siempre, haciéndolo valer, poniéndolo de relieve como el secreto” (Foucault, 2012, p. 36)

12 Y según el autor de esta investigación, también acceso

13 La doble moral implica válvulas de escape que permiten soportar la norma, incumpliéndola desde una ilegalidad que de hecho hace que funcione el marco legal prescriptivo.

14 En términos de leyes y políticas públicas coherentes con los cambios.


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