Silvio fernando trejos bueno



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República de Colombia


Corte Suprema de Justicia


Sala de Casación Civil





CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACION CIVIL


Magistrado Ponente:

SILVIO FERNANDO TREJOS BUENO
Bogotá, D. C., veintitrés (23) de Abril de dos mil tres (2003).-

EXTRACTO JURISPRUDENCIAL – NUEVA LEGISLACIÓN.

1. La tesis que pregona el recurrente obliga a examinar si la procedencia de la acción derivada del pago de lo no debido, en los términos del artículo 2313 del C. Civil, exige que el pago haya sido efectuado por quien se consideraba deudor, o como dice el censor, bajo la idea inequívoca “de que quien paga lo hace desempeñando el papel de deudor, sin serlo en la realidad, idea que excluye, desde luego, la de que quien paga lo haga a sabiendas de que no es deudor, sino, por el contrario, de que el deudor es un tercero”, evento éste en el que considera aplicables las reglas del pago con subrogación o de la agencia oficiosa, mas no la norma citada.
2. A fin de resolver lo que corresponda, se impone previamente hacer el siguiente análisis:
1º) Según prescribe el artículo 1626 del C. Civil, “el pago efectivo es la prestación de lo que se debe”, y constituye la satisfacción del interés del acreedor, tanto si lo efectúa directamente el deudor o quien obra en su nombre, como un tercero extraño a la obligación; de allí que el artículo 1630 ibidem, habida cuenta de que no hay razón justificativa del acreedor para rechazar el pago bajo el pretexto de no provenir exactamente del deudor, cuestión que en últimas ha de resultarle indiferente, disponga de modo tajante que “puede pagar por el deudor cualquiera persona a nombre de él, aun sin su conocimiento o contra su voluntad, y aun a pesar del acreedor”, salvo que se trate de obligación de hacer en la que influya la aptitud o talento del deudor, evento en el cual “no podrá ejecutarse la obra por otra persona contra la voluntad del acreedor”.
2º) Cumple el pago, entonces, por excelencia una función de satisfacer al acreedor que, a su vez, constituye motivo de la extinción de toda obligación; por eso no llama a sorpresa que entre los medios extintivos enumerados en el artículo 1625 del C. Civil se incluya, en primer orden, “la solución o pago efectivo”, siéndolo cualquiera sea la persona que lo haga – solvens -, es decir, sea que provenga del deudor o de quien lo represente, o de un tercero. Igualmente, haciendo ecuación perfecta con lo anterior, el pago que recibe el acreedor puede ser conservado para sí por él, únicamente en la medida en que haya tenido por causa una obligación civil o natural, pues careciendo de ese preciso fundamento jurídico deviene inválido - solutio sine causa vel indebiti -, y antes que permitírsele mantener lo pagado, se le impone su devolución.
3º) Significa lo anterior que un pago adecuado, a la par que conforma o satisface al acreedor, extingue la obligación; ya liberándose al deudor del vínculo que contrajo, si fue el mismo u otro en su nombre quien hizo el pago; o ya, sin que opere tal liberación, como ocurre en aquellos casos en que el tercero que paga toma la posición del acreedor en relación con el del deudor, lo cual no obsta para reconocer el efecto extintivo definitivo respecto del original acreedor.
Ahora bien, que el pago pueda ser efectuado por un tercero no solo es una posibilidad jurídica admitida legalmente, sino que se consagran medidas tendientes a protegerlo patrimonialmente, tanto que en determinadas hipótesis no obstante ser ajeno a la obligación que le sirve de causa ingresa como sujeto activo, por vía del “pago con subrogación”, por el cual se le trasfiere, ope legis, la posición del acreedor, como ocurre cuando “paga una deuda ajena, consintiéndolo expresa o tácitamente el deudor” (art. 1668, numeral 5º, del C. Civil).
Y si el tercero paga a espaldas del deudor o inclusive contra su voluntad, tiene acción para pedir al deudor el correspondiente reembolso, a condición, sólo en último caso, de que la gestión le hubiere sido efectivamente útil al deudor, “y existiere la utilidad al tiempo de la demanda, por ejemplo, si de la gestión ha resultado la extinción de una deuda que, sin ella, hubiere debido pagar el interesado”, según se deduce de lo dispuesto en el artículo 2309 del C. Civil.
4º) En consecuencia, mirado el asunto en el contexto de las normas que regulan el pago, sobre todo a partir de que el mismo cumple sus efectos así no lo haya efectuado el mismo deudor y aun en contra de la voluntad del acreedor, no se ve por qué deba ser excluida en todos los casos la posibilidad de que un tercero que paga, aun habiendo obrado a sabiendas de que la deuda es ajena, pueda acudir a la acción de repetición, particularmente cuando, en ejercicio de una intervención legalmente aceptada, ha efectuado el pago de lo que ciertamente no se debía, siendo ella medio expedito para ser restituido en el patrimonio que de ese modo le resulta menoscabado.
Hay casos, y el que ofrece este proceso constituye ejemplo rutilante, en que privar a quien paga de esa acción, únicamente por haber conocido que la deuda era ajena, significa imponerle una consecuencia patrimonial en su contra, sin reparo alguno a la circunstancia de que el pago se hizo recaer en una deuda inexistente, por cuya apariencia de ser decidió extinguirla, situación que se torna más grave cuando la ley no consagra modos distintos para hacer valer su derecho; hipótesis esta que, valga decirlo, no es extraña en otras legislaciones que la consagran como especie del pago de lo no debido, “el pago sin causa en sentido estricto (esto es: pago afectado en el antecedente del acto”1
En verdad, no puede darse el mismo tratamiento en todas las hipótesis, y sobre todo en relación con la situación fáctica que el presente caso ofrece, consistente en la inexistencia total de la obligación, declarada judicialmente en proceso anterior, punto éste que en lo que concierne con este cargo se halla por fuera de toda duda y discusión.
5º) En efecto, el pago de lo no debido puede ser de carácter objetivo cuando la obligación que le sirve de causa es totalmente inexistente, bien porque no nació a la vida jurídica, o bien porque después, a pesar de haber tenido visos de ser, llega a desplomarse su apariencia y, por lo mismo, desaparece, habiéndose de borrar todo rastro de ella; eventos en los cuales el pago efectuado por error, o sea bajo la creencia de que la obligación tiene existencia, sin darse ella respecto de ninguna persona, significa por fuerza que se ha hecho efectiva una prestación jamás debida, lo que posibilita, sin más, la restitución de lo pagado. Ciertamente que “basta probar la no existencia de la deuda; en ello consiste el error del solvens”2.
6º) Todavía más, la restitución sólo puede solicitarla la misma persona que realizó la prestación, sin importar si ésta se sustrajo del patrimonio de aquélla o de otra persona; lo cual armoniza con que, tratándose de la inexistencia total de la obligación, realmente no puede verificarse la presencia de un acreedor, de un deudor y de un tercero que paga; simplemente quien ha pagado, para cualquier efecto o con cualquiera intención, mediando el error sobre la existencia misma de la obligación, queda habilitado, per se, para pedir la repetición de lo pagado, dado que no hay una obligación civil o natural preexistente que le sirva de causa al pago; se abre paso, pues, la aplicación del artículo 2313 del C. Civil que sin referirse solamente al deudor indica que “si el que por error ha hecho un pago, prueba que no lo debía, tiene derecho para repetir lo pagado”.
No hay, pues, caso más palmario de pago de lo no debido, que pagar lo que nadie debe a nadie; ni hay proceder más alejado de la equidad que privar a quien lo hace por error, de la acción correspondiente, desde luego que remitirlo eventualmente a la acción subsidiaria del enriquecimiento sin causa, implica para él afectado demostrar el empobrecimiento padecido, el cual puede incluso no darse cuando, por ejemplo, ha pagado con bienes ajenos.
7º) Para nada influye, por lo tanto, que el supuesto tercero haya obrado a sabiendas de que su pago estaba destinado a extinguir una deuda ajena, porque lo que justifica la acción de repetición es la absoluta falta de causa del pago, es decir, precedente a conocer con certeza quiénes son sujetos de la obligación para establecer las consecuencias del pago, importa saber si hubo error en cuanto a la existencia de aquélla; no resulta lógico que si el tercero paga deuda ajena pero inexistente, deba correr, sin más, con las consecuencias patrimoniales; allí el error que predomina no es sobre a quién pertenece la deuda, sino en cuanto a que la considera existente, sin ser de ninguna persona ni para ninguna; si se quiere, tórnase indiferente saber en ese caso si se quiso pagar deuda ajena o propia. Tal cuestionamiento únicamente importa cuando la deuda existe y se paga indebidamente, evento en el cual se involucran otras instituciones relacionadas con el pago.
8º) Cabe agregar, para afianzar la idea de que cuando se paga una obligación inexistente adviene en favor del solvens la acción de pago de lo no debido, que en punto de la sustitución o cambio de acreedor se pueden presentar distintas situaciones: a) el acreedor recibe el pago de su crédito por parte del deudor y la obligación en consecuencia se extingue; b) el acreedor cede su crédito a un tercero quien en tal virtud puede exigir el pago, cumplidas las demás condiciones de la cesión, caso en el cual el cedente responde por la existencia del mismo, de modo tal que el cesionario en caso de no existir el crédito tiene acción contra su cedente para obtener la restitución de lo que haya dado o pagado por él; c) el acreedor recibe el pago de un tercero, evento en el que se extingue el vínculo que lo ata con el deudor, y quien paga, bajo determinadas circunstancias, se subroga en los derechos del acreedor; y en este último caso, tratándose de subrogación legal, el acreedor que ha recibido el pago no responde de la existencia del crédito ni de la correspondiente deuda, en ese evento el tercero que paga, como subrogado, no tiene contra el acreedor inicial sino acción del pago de lo no debido; vale decir, que el pago con subrogación exige como presupuesto la existencia de la obligación sobre la cual recayó el pago.



9º) De otro lado, puede darse un pago indebido de carácter subjetivo, o sea cuando el error se produce en la persona, bien porque el pago se hace por el deudor o un tercero pero en favor de quien no es el acreedor; o bien porque lo hace quien no es el deudor, pagándose deuda ajena. En tales hipótesis no está en duda la existencia misma de la obligación, la disconformidad se halla en los sujetos que verdaderamente lo son de la obligación. Allí sí, cuando interviene el tercero para pagar una deuda ajena que existe, pero a sabiendas de que no es suya, la situación se regula por las normas previstas a partir del artículo 1630 del C. Civil, incluido, claro está, el pago con subrogación, cuando sea del caso; en efecto, simplemente un tercero puede pagar una deuda ajena, y cuando obra “consintiéndolo expresa o tácitamente el deudor” se produce el fenómeno de la subrogación legal que importa la “trasmisión”, o mejor dicho la sustitución, de los derechos del acreedor al tercero que le paga, según lo dispuesto en los artículos 1666 y 1668, numeral 5o. ibidem.
Y si lo hace porque se cree deudor sin serlo, o sea convencido de que debe y resulta pagando deuda ajena, puede ejercitar la acción de repetición de que trata el artículo 2313 ibidem, “salvo contra el que, a consecuencia del pago, ha suprimido o cancelado un título necesario para el cobro de su crédito”, hipótesis en que se le permite subrogarse en las acciones del acreedor; y si obra a sabiendas de que es ajena, pero equivocándose del deudor que ha querido favorecer, quiere decir que obra como tercero respecto de la obligación que extingue equivocadamente, en cuyo caso se aplican las normas que regulan el pago sin conocimiento del deudor, a que se refiere el artículo 1631 del C. Civil.
En todo caso, en la subrogación, sea legal o convencional, concurren simultáneamente el pago de lo debido y la sustitución del acreedor por el tercero; es decir, para que opere tal fenómeno se requiere que la obligación a cuya extinción se provee tenga existencia como tal.
10º) A lo anterior se suma, como antes se explicó, que cuando el tercero paga una deuda ajena inexistente no adviene la subrogación en los derechos del acreedor, a quien justamente se le puede reclamar el pago de lo no debido, ni las consecuencias jurídicas de una agencia oficiosa puesto que, en la especie de este proceso, ni por asomo se vislumbra la intención del demandante de gestionar un negocio ajeno que signifique utilidad para el agenciado, y dado que, como se dirá al despachar el cargo siguiente se haya demostrado que el demandante como tercero pagó equivocadamente una deuda inexistente; tener conciencia, pues, de que se paga deuda ajena, no excluye el pago de lo no debido, si el tercero lo hace convencido pero equivocadamente de que existe la obligación, como vínculo que ata a una persona con otra.
11º) Por lo demás, esta Corporación en pronunciamientos anteriores se ha referido al solvens, o a quien paga, sea el deudor mismo o no, como la persona legitimada para proponer la acción de repetición de que aquí se trata. En ese sentido, ha señalado: ”Ahora bien, por el aspecto activo, el titular o legitimado para pedir la restitución por pago de lo no debido corresponde a la persona que lo hizo (solvens) y, por el aspecto pasivo, quien debe responder de tal reclamo, es la persona que recibió el pago (accipiens)” (G. J. CC, No. 2439, página 100); y en otra oportunidad reiteró que “puede señalarse que está habilitado para la repetición quien demuestre que hizo un pago al demandado, sin ninguna razón que lo justifique” (G.J. CCXII, No. 2451, p. 258)
3. Síguese en consecuencia que la hipótesis desarrollada a propósito de este litigio y la definición judicial que se dio encuadran en la acción de repetición de lo pagado prevista en el artículo 2313 del C. Civil, norma que, entonces, no resulta quebrantada.
Referencia: Expediente No. 7651

Se decide por la Corte el recurso de casación interpuesto por la sociedad demandada contra la sentencia de 10 de diciembre de 1998, proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, dentro del proceso ordinario promovido por MARIO URIBE ISAZA contra CINE COLOMBIA S. A.



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