Stc 31/2009, de 29 de enero de 2009



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STC 31/2009, de 29 de enero de 2009

La Sala Segunda del Tribunal Constitucional, compuesta por don Guillermo Jiménez Sánchez, Presidente, don Vicente Conde Martín de Hijas, doña Elisa Pérez Vera, don Eugeni Gay Montalvo, don Ramón Rodríguez Arribas y don Pascual Sala Sánchez, Magistrados, ha pronunciado
EN NOMBRE DEL REY

la siguiente
S E N T E N C I A

En el recurso de amparo núm. 8424-2008, interpuesto por el partido político Eusko Abertzale Ekintza/Acción Nacionalista Vasca (EAE/ANV), representado por la Procuradora de los Tribunales doña María Salud Jiménez Muñoz y asistido por los Letrados don Iñigo Iruin y don Adolfo Araiz, contra la Sentencia dictada por la Sala Especial del art. 61 LOPJ del Tribunal Supremo en autos acumulados 5-2008 y 6-2008, sobre ilegalización de partido político, de fecha 22 de septiembre de 2008. Han sido parte el Abogado del Estado, en la representación que legalmente ostenta, y el Ministerio Fiscal. Ha sido Ponente el Magistrado don Guillermo Jiménez Sánchez, quien expresa el parecer de la Sala.
I. Antecedentes

1. Mediante escrito registrado en este Tribunal el día 3 de noviembre de 2008 doña María Salud Jiménez Muñoz, Procuradora de los Tribunales y del partido político Eusko Abertzale Ekintza/Acción Nacionalista Vasca (EAE/ANV), interpuso recurso de amparo contra la Sentencia dictada por la Sala Especial del art. 61 LOPJ del Tribunal Supremo, en autos acumulados 5-2008 y 6-2008, sobre ilegalización de partido político, de fecha 22 de septiembre de 2008.

2. Los hechos en los que se fundamenta la demanda son, sucintamente expuestos, los que siguen:

a) Con fecha 30 de enero de 2008 el Abogado del Estado, en representación del Gobierno de la Nación, presentó demanda de ilegalización del partido ahora recurrente al amparo de lo previsto en los arts. 11 (en relación con el art. 9) y 12 de la Ley Orgánica 6/2002, de 27 de junio, de partidos políticos (LOPP), interesando que se declarase la ilegalidad de dicho partido por hallarse incurso en los supuestos del art. 9 LOPP y ser continuador o sucesor de los partidos ilegalizados Batasuna, Herri Batasuna y Euskal Herritarrok. Con fecha 31 de enero de 2008 el Ministerio Fiscal formuló demanda de ilegalización del partido hoy demandante al amparo del art. 10.2 c) LOPP. Ambas demandas fueron registradas el 31 de enero con los números 5-2008 y 6-2008, respectivamente.

b) Por sendos Autos de 1 de febrero de 2008 la Sala Especial del art. 61 del Tribunal Supremo tuvo por formuladas las demandas, acordando la formación de pieza separada para la tramitación de las medidas cautelares solicitadas por los demandantes. Mediante Auto de 8 de febrero de 2008 se acordó la acumulación de ambas demandas, cuya admisión se decretó por Auto de 25 de febrero de 2008.

c) Seguido el procedimiento por sus trámites, se dictó Sentencia de 22 de septiembre de 2008, en cuyo fallo se dispuso:

“Primero.- Declaramos la ilegalidad del partido político Eusko Abertzale Ekintza/Acción Nacionalista Vasca (EAE/ANV).

Segundo.- Declaramos la disolución de dicho partido político, con los efectos previstos en el artículo 12.1 de la Ley Orgánica 6/2002, de Partidos Políticos.

Tercero.- Ordenamos la cancelación de su inscripción en el Registro de Partidos Políticos.

Cuarto.- EAE/ANV deberá cesar de inmediato en todas las actividades que realice, una vez sea notificada la presente sentencia.

Quinto.- Procédase a la apertura de un proceso de liquidación patrimonial de Eusko Abertzale Ekintza/Acción Nacionalista Vasca (EAE/ANV), en la forma que se establece en el artículo 12.1 c de la Ley Orgánica 6/2002, de Partidos Políticos, lo que se llevará a cabo en ejecución de la presente sentencia.

Todo ello sin efectuar especial pronunciamiento respecto a las costas causadas en este proceso”.

d) La Sala fundamentó su decisión sobre la base de un material probatorio que consideró suficiente para acreditar la existencia de unas relaciones de colaboración de distinta naturaleza entre el partido político demandante de amparo, por una parte, y la organización terrorista ETA y el partido ilegalizado Batasuna, por otra. Los hechos probados y tenidos por suficientes para fundamentar la convicción judicial se ordenaron en la Sentencia impugnada en dos categorías. Por un lado, [A] Hechos acreditativos de colaboración política entre EAE/ANV y ETA/Batasuna; entre otros: 1) Anulación de 133 candidaturas presentadas por el partido recurrente a las elecciones locales de 2007. 2) Intromisión de Batasuna en la campaña electoral de EAE/ANV (2007). 3) Declaraciones y reacciones de dirigentes de Batasuna en relación con EAE/ANV. 4) Declaraciones y reacciones de dirigentes de Batasuna y de EAE/ANV tras las elecciones locales de 2007 y con ocasión de la constitución de distintos Ayuntamientos. 5) Reacción de EAE/ANV tras determinados atentados terroristas. Por otro lado [B] Hechos acreditativos de colaboración económica entre el actor y el partido ilegalizado, tales como, entre otros: 1) Facturas abonadas por miembros de Batasuna y localizadas en un archivador de EAE/ANV. 2) Factura abonada por un miembro de Batasuna en concepto de alquiler de un local para una rueda de prensa de EAE/ANV. 3) Documento acreditativo de una estrategia de gestión financiera común de Batasuna, EAE/ANV y el “Partido Comunista de las Tierras Vascas” (este último también disuelto por Sentencia de la Sala Especial del art. 61 LOPJ de 22 de septiembre de 2008, dictada en autos acumulados 3-2008 y 4-2008, sobre ilegalización de partido político).

3. Se interpone recurso de amparo contra la Sentencia dictada por la Sala Especial del art. 61 LOPJ del Tribunal Supremo, en autos acumulados 5-2008 y 6-2008, sobre ilegalización de partido político, de fecha 22 de septiembre de 2008, invocando la vulneración de las libertades ideológica y de expresión y del derecho de asociación política [arts. 16.1, 20.1 a) y 22 —en relación con el art. 6— de la Constitución, y art. 11.1, en relación con el art. 10.1, del Convenio europeo para la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales].

El demandante de amparo comienza por destacar la especial trascendencia constitucional de su recurso, cifrada en la relevancia institucional propia de los partidos políticos y en el hecho de que en la Sentencia impugnada se hayan aplicado causas de disolución sobre las que no ha tenido aún ocasión de pronunciarse expresamente este Tribunal Constitucional [art. 9.3 (letras b, g y h) LOPP].

Tras unas consideraciones de orden general acerca de la función de los partidos políticos en un sistema democrático y sobre su régimen jurídico en el ordenamiento constitucional español, con especial referencia al modelo de la Ley Orgánica de partidos políticos de 2002 y a la jurisprudencia establecida al respecto en la STC 48/2003, de 12 de marzo, la demanda de amparo se centra en el examen de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en relación con el art. 11 CEDH, pasando seguidamente a examinar si la Sentencia impugnada se atiene a las exigencias derivadas de esa doctrina.

En esa línea alega el partido recurrente, en primer lugar, que no se ha cumplido en el caso la primera de las condiciones exigidas por la jurisprudencia europea, esto es, la relativa a la previsión legal de las causas de disolución, toda vez que, como por lo demás ya se admitió en la STC 48/2003, los supuestos comprendidos en el art. 9 LOPP no tienen el grado de precisión y concreción necesario, imponiéndose por ello una interpretación restrictiva y sistemática que, a juicio del actor, no se ha verificado en la Sentencia recurrida.

Tampoco se habría satisfecho, en segundo término, la exigencia referida a la existencia de un fin legítimo, pues en la Sentencia del Tribunal Supremo no se señala de manera expresa y concreta cuál de los señalados en el art. 10.2 CEDH es el que pretende garantizarse con la severa y radical medida adoptada.

Por lo que hace, en fin, al requisito de la concurrencia de una necesidad social imperiosa en una sociedad democrática, se alega en la demanda que el Tribunal Supremo no ha examinado la conformidad con el Ordenamiento del programa y los estatutos del partido recurrente. Sostiene el actor que, habiéndose pronunciado la Sala únicamente sobre las actuaciones del partido y las declaraciones públicas de sus dirigentes y cargos representativos, es preciso examinar esos elementos de juicio para verificar si efectivamente concurre aquella necesidad social. En consecuencia, el resto de la demanda se dedica al examen de la subsunción de las conductas consideradas por el Tribunal Supremo en los tipos del art. 9 LOPP, evaluando si ofrecen el nivel de relevancia, gravedad y reiteración suficiente para superar el test de proporcionalidad exigido por el Tribunal Europeo. A estos efectos el recurrente adopta el criterio de la agrupación de los hechos en razón del tipo jurídico de los apartados 2 y 3 del art. 9 LOPP en que se incardinan, tal y como figura en la Sentencia recurrida.

Así, en cuanto a los hechos incardinados en el art. 9.2 c), en relación con los arts. 9.3 b) y f), todos de la Ley Orgánica de partidos políticos, alega el actor que el Tribunal Supremo ha calificado al apartado 2 c) del art. 9 LOPP como “el centro de gravedad de la interpretación” de los tipos contenidos en los apartados 2 y 3 del propio art. 9, así como “tipo estructural de recogida”, en cuanto incluye las conductas de “complementar y apoyar políticamente las acciones de organizaciones terroristas” en forma reiterada y grave. Por ello, y dado que la ilegalización ahora discutida tiene como base la colaboración política entre el recurrente y Batasuna, es preciso reparar en que Batasuna es una organización política ilegalizada, pero no una organización terrorista, declaración ésta que sólo corresponde realizar al orden jurisdiccional penal, sin que hasta el momento exista un pronunciamiento de esa naturaleza. Por tanto, afirma el demandante, no podrá tomarse en consideración ninguna conducta cuya incardinación en alguna causa de ilegalización tenga por premisa la atribución a Batasuna de la condición de organización terrorista. En otros términos, la ilegalización de un partido ha de ser consecuencia de un apoyo directo a organizaciones terroristas, o de un apoyo indirecto en aquellos supuestos que el art. 9.3 LOPP tipifique como actividades hechas a favor de “entidades o grupos que actúan sistemáticamente de acuerdo con una organización terrorista o violenta, o que amparan o apoyan al terrorismo o a los terroristas”. Y, por último, habrá de tenerse en cuenta que la propia exposición de motivos de la Ley aclara que la ilegalización lo será por brindar “un apoyo político real y efectivo a la violencia o el terrorismo”.

En relación con el art. 9.3 b) LOPP alega el recurrente que la STC 48/2003 no se pronunció sobre su alcance, a pesar de su evidente amplitud y del hecho de que la referencia a “programas” tiene un evidente contenido de naturaleza ideológica. Entiende el actor que la Ley convierte en causa de ilicitud la coincidencia ideológica de un partido con los fines de subvertir el orden constitucional propios de una organización terrorista. El art. 9.2 c) LOPP vendría a presumir que la coincidencia de fines políticos entre un partido y una organización terrorista hace partícipe a aquél de la acción ilícita de ésta. Ello salvo que la interpretación del apartado 3 b) se hiciera proscribiendo esa técnica de la identificación entre fines y medios mediante la cual se imputa, sin posibilidad de prueba en contrario (en lo que, para el demandante, residiría el problema de constitucionalidad), a determinadas ideologías la adopción de determinados medios que se consideran antijurídicos. De lo contrario, sobre la base de la ilicitud de tales medios, se llega a la ilicitud de la ideología misma.

A propósito del art. 9.3 f) LOPP se recuerda en la demanda que la STC 48/2003 se refirió a este presupuesto de ilegalización afirmando que “no es ninguna clase de ayuda genérica, sino aquélla específica dirigida a apoyar en concreto la colaboración con el terrorismo”. En el presente caso sostiene el recurrente que la Sentencia impugnada ha incardinado en estos tipos estructurales del art. 9 LOPP una serie de hechos [relacionados en los números 1 a 7 y 16 de la letra A) del fundamento jurídico quinto] de manera global y sin especificar en cuál de ellos subsume cada una de las conductas referidas. Para el actor la participación en las listas de EAE/ANV a las elecciones municipales de 2007 de personas que en su día pudieron tener alguna relación con Batasuna, la presencia de miembros de esta formación política en los actos de la campaña electoral de EAE/ANV (no como organizadores o dirigentes, sino en su condición de particulares con plenos derechos civiles y políticos), las declaraciones de un dirigente de Batasuna sobre los resultados electorales o la crítica a la anulación de parte de las listas electorales son conductas amparadas por el legítimo ejercicio de la libertad ideológica (art. 16.1 CE) de las personas que se implican en los mismos o por el ejercicio de la libertad de expresión [art. 20.1 a) CE)].

Por otra parte alega el recurrente que la propia Comisaría General de Información ha reconocido que no hay constancia de documento estratégico alguno que explicite la coordinación y reparto de papeles entre EAE/ANV, Batasuna y Segi que, sin embargo, establece la Sentencia, en la cual, por lo demás, se imputa al actor una línea de actuación política conforme con directrices impartidas desde Batasuna y SEGI, siendo así que a la hora de concretar esa imputación sólo se reproducen actuaciones de Segi, sin citar ninguna conducta de EAE/ANV. Además bajo la expresión “acción complementaria” se han incluido hechos tales como la suscripción por Batasuna (pero también por otras muchas entidades) de un manifiesto de defensa de presos políticos promocionando la participación en una manifestación convocada por un foro ciudadano, dos comunicados remitidos a la prensa en los que se critican sendas prohibiciones judiciales, otro comunicado de apoyo a movilizaciones con el lema “No a la represión política, ¡mínimos democráticos ya!”, la participación de un miembro de Batasuna en un acto de EAE/ANV en el homenaje a los miembros de EAE/ANV fallecidos en la guerra civil, o comunicados de prensa de adhesión de EAE/ANV a diversas manifestaciones. En fin, se trataría siempre de hechos que tienen que ver con actuaciones o manifestaciones políticas de EAE/ANV desarrolladas durante o en relación con la campaña electoral; es decir, se estaría enjuiciando el libre ejercicio del derecho de expresión en el marco de la actividad política electoral, sin que en lo considerado conste el apoyo a ninguna acción o manifestación violentas. Actuaciones, pues, de la misma naturaleza que la seguida por EAE/ANV en relación con el proyecto del Tren de Alta Velocidad, aun cuando en este caso, sin embargo, el Tribunal Supremo no ha considerado que la coincidencia en este punto con ETA o Batasuna acreditara un apoyo o justificación de la organización terrorista.

En fin, concluye el actor, nos hallamos aquí en todo caso ante el libre ejercicio del derecho a la libertad de expresión de un partido, ante conductas que en el ámbito penal no han tenido la consideración de hechos relacionados con el terrorismo, pues ninguno ha dado lugar a la apertura de diligencias penales, y que, desde luego, carecen de la “singular gravedad” exigida por la STC 48/2003. Su utilización como hechos subsumibles en causas de ilegalización implicaría que no se ha respetado la exigencia de proporcionalidad a la que se refiere la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, pues no se trata de acciones que pongan en peligro el orden democrático.

La demanda de amparo se centra a continuación en el análisis de los hechos incardinados por el Tribunal Supremo en el art. 9.2 c), en relación con el art. 9.3 f) y g), siempre de la Ley de partidos, y que, recogidos en los apartados A) 13 y B) 1 d), d´) y e) del fundamento jurídico quinto de la Sentencia impugnada, han servido a la Sala Especial del art. 61 LOPJ para acreditar la existencia de una colaboración económica entre EAE/ANV y Batasuna. En primer lugar, afirma el recurrente que, mientras en el fundamento jurídico décimo de la Sentencia recurrida (folios 140 a 142) se concluye que un documento fechado el 13 de junio de 2007 acredita que sus redactores “se atribuían capacidad de decisión tanto respecto de ANV como del PCTV [Partido Comunista de las Tierras Vascas], y que en esas decisiones se incluían algunas relativas a Batasuna”, en la Sentencia de ilegalización del PCTV dictada por la misma Sala el 22 de septiembre de 2008 (autos acumulados 3-2008 y 4-2008) dicho documento no es considerado prueba bastante para acreditar la colaboración económica con Batasuna. Y en la propia Sentencia que aquí se impugna llega a admitirse que el documento en cuestión no acredita una centralización de ingresos del PCTV y de EAE/ANV para hacer frente a los gastos de Batasuna.

A la escasa relevancia probatoria de aquel escrito, continúa la demanda, ha de sumarse el dato del examen de los testigos-peritos de la Comisaría General de Información y de la Guardia Civil, que de manera rotunda negaron la constancia de transferencias o pagos a miembros de Batasuna. Frente a ello a la Sala le habría bastado con lo que en la Sentencia se considera la existencia de una “parcial asistencia financiera” a Batasuna por parte de EAE/ANV, basada en una serie de facturas halladas en un archivador y cuya valoración, para el recurrente, ha sido “arbitraria, ilógica y errónea”, pues, a su juicio, no puede sostenerse que la presencia de tales facturas en aquel archivador obedeciera a la razón de que pertenecían a EAE/ANV “porque este partido reembolsaba a los titulares de las tarjetas de crédito el importe de los pagos efectuados”. Ello estaría en contradicción con las declaraciones de los testigos-peritos antes referidas y con la propia existencia de dinero en efectivo en el local en el que se encontraba el archivador. Tal efectivo, según se ha tenido por probado en la Sentencia de ilegalización del PCTV antes citada, pertenecía a ese otro partido. Si el dinero en metálico pertenecía al PCTV, y del examen de las cuentas bancarias de EAE/ANV no han resultado ni movimientos favorables a Batasuna ni operaciones de generación de efectivo, no cabe concluir, en opinión del recurrente, que las facturas de miembros de Batasuna encontradas en aquel archivador se hubieran satisfecho con dinero de EAE/ANV. En todo caso, alega el demandante, el local en el que se encontraron las facturas en cuestión también era ocupado por el grupo parlamentario del PCTV y, además, el montante de dichas facturas apenas superaba los 5.000 €, por lo que la subsunción de todos estos hechos en el art. 9.3 f) y g) LOPP sería improcedente al no concurrir la singular gravedad exigida por la STC 48/2003.

En relación con los hechos subsumidos en el art. 9.2 a), en relación con el art. 9.3 h) LOPP, consignados en los números 8, 9, 10, 12, 14 y 15 de la letra A) del fundamento jurídico quinto de la Sentencia objeto del presente amparo y referidos a la conducta de EAE/ANV tras determinados atentados terroristas, alega el partido recurrente lo que sigue: En primer lugar, que el texto emitido por el grupo municipal de EAE/ANV de Durango tras un atentado contra el cuartel de la Guardia Civil de esa localidad fue aportado a la causa en euskera, ignorándose la procedencia de la traducción manejada por la Sala y que para el actor es “absolutamente incorrecta y errónea”. En segundo lugar, que los objetivos de la “Comisión de represaliados” del Ayuntamiento de Elorrio sólo se han concretado en la asistencia a los familiares de los presos de ETA, lo que hace “irrazonable” la conclusión de que “sus destinatarios son los presos o condenados por delitos de terrorismo”. Por último, entiende el demandante que la técnica de acumular hechos buscando la reiteración exigida por la Ley hace que se cometan errores tales como, por ejemplo, incluir un comunicado difundido por EAE/ANV el 8 de febrero de 2006 con el que no se pretendía homenajear a un militante de ETA, sino denunciar que su fallecimiento fue resultado de torturas acreditadas por Sentencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo. Se trataría, en fin, de hechos irrelevantes a los efectos del art. 9 a) LOPP y amparados por el ejercicio de las libertades ideológica y de expresión.

Por su parte alega el recurrente que esas libertades también padecen con la sanción fundamentada por el Tribunal Supremo en la negativa a condenar atentados terroristas, denunciándose en la demanda que, contra la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, la Sala se ha servido de expresiones extraídas de discursos de responsables políticos que, descontextualizadas, no permiten advertir la verdadera intención de sus autores. Los manifiestos políticos examinados en el proceso “lamentaban” los asesinatos cometidos por ETA, por lo que sería mera especulación deducir de ahí una voluntad de exculpación de los atentados. La Sentencia impugnada habría deducido del art. 9 LOPP un deber jurídico de condena, cuando el propio Tribunal Constitucional ha excluido expresamente la existencia de un régimen de democracia militante, lo que hace imposible sostener la preexistencia de un deber constitucional de condena de los atentados sin que ello suponga una restricción de las libertades de expresión e ideológica. En consecuencia no sería de aplicación el art. 9.3 a) LOPP, por cuanto no se está ante actos concluyentes de exculpación del terrorismo ni ante llamamientos o invitaciones expresos a la violencia, sino ante el ejercicio de libertades constitucionales.

Por último la demanda de amparo examina la aplicación al caso del art. 9.3 d) LOPP, precepto que, para el actor, sólo aparentemente se habría alejado de los presupuestos de la defensa militante de la Constitución, pues la técnica legislativa utilizada termina conduciendo a “una ilicitud soterrada de los fines partidistas”. El art. 9.3 d) LOPP exige de su aplicador, en principio, que examine si los símbolos y mensajes de los partidos se asocian a la violencia o el terrorismo, pero con ello se exige del órgano judicial que identifique el contenido ideológico del símbolo o mensaje con las actividades empleadas de ordinario en su persecución, de suerte que, realizada tal identificación, ya no es posible distinguir entre los fines partidistas y los medios utilizados para su consecución. Hay, en fin, una proyección de la ilicitud de los medios a los fines, impidiendo que determinadas ideas dispongan de un ámbito para desplegarse lícitamente.

Se impondría, por ello, renunciar a la técnica de la identificación y optar por el examen de la licitud de las concretas manifestaciones realizadas. Esa es, para el recurrente, la perspectiva desde la que debe entenderse la interpretación dada por la STC 48/2003 al art. 9.3 d) LOPP, del que excluyó que su supuesto de hecho pudiera ser “una simple manifestación ideológica”, imponiendo que se tratara de “un acto de colaboración con el terrorismo o la violencia”. En definitiva, ha de tratarse de una “actuación instrumental que sirva a la realización de conductas descritas en el art. 9.2”.

Los hechos encuadrados en el art. 9.3 d) LOPP son los recogidos en los apartados A) 10 y 11 del fundamento jurídico quinto de la Sentencia impugnada: inserción de un anuncio en una publicación local con motivo de la Semana Grande de Bilbao; utilización del lema “Euskal Herria Demokrazia Zero” y empleo por la alcaldesa de Hernani de la expresión “Jo ta ke irabazi arte” (“Sin descanso hasta ganar”) al final de una intervención pública. Sobre la base del uso de tales lemas (que, por lo demás, ni son exclusivos de Batasuna ni contienen en sí mismos referencias al uso de la violencia) se imputa al partido recurrente la adopción de medios antijurídicos (terrorismo), construyéndose sobre la ilicitud de esos medios la ilicitud de la ideología misma. Sin embargo, alega el recurrente, no procede la aplicación del art. 9.3 d) LOPP, por cuanto los hechos considerados carecen de la “singular gravedad” exigida por la STC 48/2003, encuentran cobertura bajo las libertades ideológica y de expresión y no han sido calificados en el ámbito penal como hechos constitutivos de colaboración con el terrorismo.

Tras recordar la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en el asunto Refah Partisi y otros contra Turquía (STEDH de 31 de julio de 2001), alega el demandante que ninguno de los hechos atendidos por el Tribunal Supremo pone de manifiesto que EAE/ANV haga uso de medios o métodos de acción política que no sean legales y democráticos. Por el contrario, la actuación del partido desde su fundación en 1930 ha sido la de una formación que, en el marco de la legalidad, siempre ha propuesto cambios compatibles con los principios democráticos.

Por tanto, siendo la cuestión principal a resolver en este proceso si la ilegalización combatida puede ser considerada “necesaria en una sociedad democrática” para alcanzar uno o varios de los fines legítimos consignados en el art. 11.2 CEDH y, más precisamente, si esa medida responde a “una necesidad social imperiosa”, concluye el demandante de amparo que la conclusión sólo puede ser negativa. La disolución del partido EAE/ANV no habría sido fruto de una “interpretación estricta”, ni se habría reducido a un “estrecho margen de actuación” sentando una “apreciación adecuada de los hechos” que haya ponderado “razones convincentes e inaplazables” para tamaña restricción de la libertad, por lo que supone una restricción desproporcionada del derecho de asociación y, por tanto, de los arts. 6 y 22 CE en relación con el art. 11.1 CEDH.

Por lo expuesto se interesa la admisión de la demanda y que por el Tribunal se dicte Sentencia estimatoria en la que acuerde el reconocimiento del derecho del recurrente a “la libertad de asociación, en relación con el principio de proporcionalidad, y los derechos a la libertad ideológica y a la libertad de expresión”, así como la nulidad de la Sentencia impugnada, cuya ejecución se interesa sea suspendida, de conformidad con el art. 56 LOTC, sin afianzamiento ni condición.

4. Por providencia de 2 de diciembre de 2008 la Sala Segunda acordó admitir a trámite el recurso de amparo, de conformidad con lo previsto en el art. 50.1 LOTC y, en aplicación de lo dispuesto en el art. 51 LOTC, dirigir comunicación a la Sala Especial del art. 61 LOPJ del Tribunal Supremo a fin de que, en plazo que no excediera de diez días, remitiese certificación o fotocopia adverada de las actuaciones correspondientes a los autos acumulados núms. 5-2008 y 6-2008, debiendo previamente emplazarse, para que si lo desearan pudieran comparecer en el plazo de diez días, a quienes hubieran sido parte en el procedimiento, con exclusión del demandante de amparo.

Asimismo se acordó habilitar los sábados 6, 13, 20 y 27 de diciembre de 2008 y 3, 10 y 17 de enero de 2009, a tenor de lo dispuesto en el art. 183 LOPJ y en el art. 80 LOTC, en relación con el art. 4 del Acuerdo del Pleno de 15 de junio de 1982, reformado por los Acuerdos de 17 de junio de 1999 y 18 de enero de 2001.

Por último se acordó formar pieza separada para la sustanciación del incidente de suspensión.

Dicha providencia fue notificada al Abogado del Estado el 2 de diciembre de 2008 y al demandante de amparo y al Ministerio Fiscal el día 4 siguiente.

5. Por Auto de 22 de diciembre de 2008 la Sala acordó denegar la suspensión de la Sentencia recurrida. Dicho Auto se notificó al recurrente el 4 de enero de 2009 y al Ministerio Fiscal el día 5 siguiente.

6. El escrito de alegaciones del representante del Gobierno de la Nación se registró en el Tribunal el 9 de enero de 2009. Sostiene, en primer lugar, que la posible infracción del art. 6 CE sólo puede examinarse en este proceso de amparo en relación con el art. 22 CE, debiendo excluirse asimismo todo análisis de la Sentencia recurrida desde la perspectiva de su respeto al Convenio de Roma. Para el Abogado del Estado la vulneración “central, troncal o radical” que aquí ha de analizarse es la relativa al derecho de asociación (art. 22.1 CE), en los términos de la STC 5/2004, de 16 de enero, FJ 16.

Tras referirse a la estructura y planteamiento de la demanda de amparo, alega que el recurso carece de fundamentación adecuada en normas de Derecho constitucional español, infringiendo así los arts. 49.1 y 85.1 LOTC. Considera que lo que el actor propone a este Tribunal es que verifique si concurren los requisitos que dice establecidos por otra jurisdicción, la europea de derechos humanos, para que sea aceptable la disolución de los partidos políticos desde el punto de vista del Convenio de Roma, con lo que, “muy probablemente, quiere poner de relieve su desprecio por la Constitución Española y por la jurisdicción de amparo que ejerce este Tribunal, al que acude para agotar así las vías internas de recurso antes de plantear su caso ante el Tribunal de Estrasburgo (art. 35.1 CEDH)”. Ello no obstante, habiéndose admitido el recurso de amparo, entiende el Abogado del Estado que procede examinar la solidez constitucional de la demanda, “lo que en alguna medida supone ‘refundamentar’ in Constitutione su … fundamento de fondo y en ese sentido reconstruirla en beneficio del recurrente”.

El escrito de alegaciones destaca que la impugnación de la Sentencia del Tribunal Supremo se mueve en tres planos: a) valoración de la prueba; b) subsunción de los hechos en el art. 9.2 y 3 LOPP; y c) discusión de la interpretación judicial de algunas de las letras del art. 9.2 y 3 LOPP. El representante del Gobierno recuerda que, con arreglo a la STC 5/2004, es claro que la jurisdicción de amparo no puede revisar la valoración judicial de la prueba en los términos pretendidos por el recurrente (FJ 10), ni extender su control sobre la subsunción más allá de la comprobación de que no es irrazonable ni incurre en error patente o se ha verificado con infracción de derechos fundamentales sustantivos (FJ 18). En lo que hace a la interpretación de las causas de ilegalización aplicadas al caso, afirma que este Tribunal sólo puede excluir las interpretaciones judiciales que se demuestren injustificadamente lesivas de derechos fundamentales, debiendo tenerse en cuenta que una cosa es la valoración penal de las conductas y otra, muy distinta, la apreciación de las causas disolutorias propias del Derecho de partidos (STC 5/2004, FFJJ 9 y 15).

Sentado lo anterior el Abogado del Estado pasa a dar contestación a las alegaciones del demandante. En relación con la queja relativa a la supuesta falta de “previsibilidad suficiente” de las causas del art. 9.3 LOPP y al hecho de que la Sentencia recurrida no ha precisado el “fin legítimo” perseguido con la disolución afirma que se trata de cuestiones ya resueltas por la STC 48/2003, de 12 de marzo, a cuya fundamentación se remite (FFJJ 10 a 13). Por lo que hace a la circunstancia de que el Tribunal Supremo no haya tenido en cuenta que en los estatutos del partido recurrente se repudia la violencia, alega que lo juzgado han sido hechos posteriores al día 1 de mayo de 2007 que expresan una trayectoria que se ha demostrado contraria a los principios contenidos en unos estatutos presentados en el año 1977.

El escrito de alegaciones se detiene a continuación en el examen de las distintas causas de disolución advertidas por el Tribunal Supremo, respondiendo a las críticas objetadas por el recurrente. Por lo que hace a los hechos constitutivos del supuesto del art. 9.2 c) LOPP en relación con el art. 9.3 f) LOPP, alega que el actor pasa por alto que este último precepto sólo exige la colaboración habitual, no ya con un grupo armado terrorista, sino simplemente con “entidades o grupos que actúan de forma sistemática de acuerdo con una organización terrorista o violenta o [entidades o grupos] que amparan o apoyan al terrorismo o a los terroristas”, enunciado aplicable a Batasuna a tenor de la Sentencia de la Sala del art. 61 LOPJ de 27 de marzo de 2003 y de la STC 5/2004 (FFJJ 17 a 19). Basta, pues, una conexión mediata con el terrorismo, una “complicidad en la complicidad” (STC 48/2003, FJ 11). Para el representante del Gobierno “[d]iáfano acto de colaboración y apoyo político a una organización terrorista es contribuir a defraudar una sentencia que disuelve a un partido político precisamente por haber actuado al servicio de los terroristas”.

El dato de la anulación de 133 de las 245 listas presentadas por EAE/ANV en las elecciones locales y forales de 2007 (continúa el escrito de alegaciones) ya permitió afirmar en la STC 112/2007, de 10 de mayo, que, acreditando una instrumentalización parcial de EAE/ANV al servicio de Batasuna, podía dar lugar en el futuro, en unión de otros datos y circunstancias, a la ilegalización del primero de los indicados partidos políticos, siendo precisamente eso lo que ha sucedido ahora, una vez que el Tribunal Supremo ha tenido por concurrentes determinados datos que no pudieron acreditarse antes. Por su lado los hechos que la Sala ha valorado como expresivos de una relación política entre EAE/ANV y Batasuna demuestran (para el Abogado del Estado) una voluntad de colaboración entre ambos partidos y no una simple coincidencia ideológica: suscripción conjunta de manifiestos, adhesión de EAE/ANV a movilizaciones convocadas por Batasuna, críticas de EAE/ANV deslegitimadoras de resoluciones judiciales que impiden la continuidad de Batasuna, apoyo a organizaciones dependientes de ETA, conductas y reacciones de EAE/ANV y ETA/Batasuna durante la campaña y tras las elecciones municipales y forales de 2007. Hechos todos ellos que, considera el representante del Gobierno, han sido objeto de una apreciación razonable y ponderada por el Tribunal Supremo.

En cuanto a los hechos subsumidos en el art. 9.2 c) LOPP en relación con el art. 9.3 b) y f) LOPP, afirma el Abogado del Estado que las amenazas y coacciones para impedir o dificultar la constitución de los Ayuntamientos son perfectamente subsumibles en las causas aplicadas por el Tribunal Supremo, sin que pueda aceptarse que, como pretende el actor, el art. 9.3 b) LOPP convierta la coincidencia ideológica en causa de disolución, pues lo proscrito por la Ley y sancionado por el Tribunal Supremo son los actos que entrañan violencia intimidatoria y crean un ambiente de coacción dirigido a privar a los electos de sus libertades.

El escrito de alegaciones pasa seguidamente a examinar los hechos acreditativos de la relación financiera existente entre EAE/ANV y Batasuna, afirmando, como consideración previa, que la invocación del art. 9.3 g) LOPP por el Tribunal Supremo responde seguramente a una errata, siendo evidente que la referencia que concuerda con el razonamiento de la Sala es a la letra e) de dicho precepto. En cuanto a la prueba practicada y valorada, aduce, por lo que hace al llamado acta o documento de Usúrbil de 13 de junio de 2007, que el actor (que no ha invocado ningún motivo de amparo fundado en el art. 24.1 CE) no aporta la Sentencia de disolución del partido EHAK/PCTV y, además, hace una cita parcial de la misma, afirmando el representante del Gobierno que aquella Sentencia, interpretada en relación con un documento de la llamada Izquierda Abertzale de Sestao y con el testimonio de la encargada de la contabilidad electoral de EAE/ANV, ha permitido inferir, de manera razonable, que el recurrente colaboraba en una estructura superior al servicio de Batasuna. E igualmente considera razonable y fundada la valoración judicial de las facturas encontradas en el archivador de EAE/ANV, descalificando cada una de las objeciones opuestas por el recurrente sobre el particular.

En cuanto a la causa de disolución basada en la posición de EAE/ANV frente a atentados terroristas, el Abogado del Estado comienza por afirmar que las inexactitudes señaladas en la demanda en relación al texto del grupo municipal de EAE/ANV en Durango serían imputables al propio recurrente, pues a él se debe la traducción aportada. De otro lado, a su juicio, como quiera que en la jerga proterrorista “represaliados” son los condenados por crímenes enlazados con la actividad de ETA, no es irrazonable afirmar que la Comisión de Represaliados de Elorrio se centra en quienes cometen acciones terroristas. Además, quien se dice en la demanda homenajeado como víctima de un delito también lo habría sido como miembro de ETA. A continuación sostiene que la Sentencia recurrida está en línea con la doctrina constitucional, invocando la establecida en las SSTC 5/2004, de 16 de enero, FJ 18; 99/2004, de 27 de mayo, FJ 19; y 68/2005, de 31 de marzo, FJ 16. El significado que la Sala ha asignado a los actos enjuiciados no tiene (para el representante del Gobierno) nada de especulación o presunción, y “la demanda de amparo, si prescindimos de los abstractos tópicos sobre la ‘naturaleza subjetiva’ de la intención, no rebate —porque no puede, ni probablemente quiere— el sentido, totalmente exacto, dado en el fundamento 13 de la Sentencia impugnada a los hechos de los números 8, 9, 10, 12, 14 y 15 del apartado A) del fundamento 5”.

El escrito de alegaciones finaliza con el examen de la causa disolutoria del art. 9.3 d) LOPP, en la que, para el Abogado del Estado, se han subsumido perfectamente los lemas y símbolos tenidos en cuenta por el Tribunal Supremo. El precepto en cuestión, por lo demás, no proscribe, según entiende, ningún contenido ideológico, sino una forma de apoyar las acciones terroristas identificándose con ellas o representándolas mediante el uso de sus símbolos y mensajes. “Es indiferente que las palabras o imágenes en sí mismas —es decir: hecha abstracción del contexto terrorista— puedan ser inocuas o directamente estúpidas, porque lo verdaderamente importante es el significado que socialmente se les atribuye como lema terrorista o asociado al terrorismo y su capacidad para inducir emociones y conductas de identificación con los terroristas y el terrorismo en quienes perciben el símbolo o mensaje”.

El representante del Gobierno concluye afirmando que son varios los supuestos del art. 9.2 y 3 LOPP que la Sentencia impugnada considera concurrentes para fundamentar la ilegalización del actor, pero que si alguna de ellas decayera no por ello debería invalidarse la parte dispositiva de la resolución. Basta con que concurra uno solo de los supuestos del art. 9.2 LOPP en relación con uno solo de los del art. 9.3 LOPP para que esté jurídicamente fundada la disolución del partido, pues el primero de los preceptos sólo exige que se dé “alguna de las siguientes conductas”. Y el art. 9.3 LOPP establece que se entenderá que concurren las circunstancias del art. 9.2 “cuando se produzca la repetición o acumulación de alguna de las conductas siguientes”.

Por lo expuesto el Abogado del Estado interesa que se dicte Sentencia totalmente desestimatoria del amparo pretendido.

7. El Ministerio Fiscal presentó su escrito de alegaciones el 16 de enero de 2009. Tras afirmar que, en razón del ámbito propio del recurso de amparo, deben quedar fuera del enjuiciamiento a efectuar en el presente procedimiento las pretendidas lesiones del art. 6 CE y de los arts. 10.1 y 11.1 CEDH, y después de remitirse y dar por reproducidos los antecedentes de hecho de la Sentencia impugnada, el Ministerio público considera oportuno, antes de entrar en el examen de las vulneraciones denunciadas en la demanda, traer a colación algunas referencias jurisprudenciales que estima de interés para el caso. En particular la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (por todos, asunto Linkov) sobre los límites al ejercicio de los derechos en el ámbito del asociacionismo político, en la que se desenvuelve el marco normativo recogido en la Ley Orgánica 6/2002, de partidos políticos, que da perfecta cobertura a cualquier proyecto o ideología con la sola condición de que no se defienda mediante actividades o conductas vulneradoras de los principios democráticos o de los derechos fundamentales, según ha corroborado, por lo demás, este Tribunal Constitucional en la STC 48/2003, de 12 de marzo.

De acuerdo con la jurisprudencia constitucional, alega el Fiscal, el examen de la Sentencia recurrida en amparo debe ajustarse a una serie de principios fundamentales. En primer lugar, la prueba de los hechos aportados a la causa debe ser objeto de una valoración de conjunto (SSTC 5/2004, de 16 de enero, FJ 14; 99/2004, de 27 de mayo, FJ 17; 112/2007, de 10 de mayo, FJ 9). En segundo término, la subsunción de los hechos en las causas de ilegalización constituye una función de estricta legalidad ordinaria (STC 5/2004, FJ 17), debiendo tenerse siempre presente la literalidad del art. 9.2 c) LOPP en relación con el art. 9.3 b) y f) LOPP.

En relación ya con las quejas deducidas en la demanda contra la aplicación de las causas de ilegalización llevada a cabo en la Sentencia objeto del presente recurso, alega el Ministerio público que, por lo que hace a los hechos cuya valoración ha llevado a la Sala del art. 61 LOPJ a tener por probada la relación política entre EAE/ANV y Batasuna, la lectura de la Sentencia del Tribunal Supremo deja claro que el órgano judicial ha valorado razonable y motivadamente una serie de hechos que no han sido objeto de un análisis genérico e impreciso, sino específico y detallado, sin que pueda admitirse que no haya podido demostrarse otra cosa que una simple identidad ideológica entre el actor y Batasuna, pues han quedado probadas conductas intimidatorias contrarias a la libertad de electores y concejales que no encuentran cobertura en la libertad de expresión o en el derecho de asociación y que se enmarcan en una actividad reiterada a favor de un grupo terrorista más allá de toda consideración ideológica. En particular, por lo que hace a la conclusión del Tribunal Supremo a propósito de la coincidencia advertida entre EAE/ANV y ETA en relación con el proyecto del tren de alta velocidad, alega que, no compartiendo el criterio de la Sala en el sentido de que ese dato no podía ser considerado suficiente como causa de ilegalización, tampoco admite que, como pretende el demandante, ese mismo criterio deba ser aplicado a los hechos que, por el contrario, la Sala sí ha considerado dignos de subsunción en las causas aplicadas.

En cuanto a los hechos que han llevado al Tribunal Supremo a la convicción de que entre EAE/ANV y Batasuna existía una relación de orden económico, afirma el Fiscal que el demandante hace de nuevo una exposición parcial e interesada del material probatorio, siendo lo procedente, en cambio, la valoración de conjunto, razonable y motivada, practicada por el Tribunal Supremo a partir de un examen particularizado de los distintos hechos y documentos aportados al proceso. Por lo demás las supuestas contradicciones denunciadas por el actor deben contrastarse con los detallados razonamientos de la Sentencia recurrida en relación con las facturas y testimonios manejados en el proceso, así como con la fundamentación sobre la que razonablemente hace descansar su convicción acerca de la veracidad de la relación económica que pretendía probarse.

El Ministerio público se opone seguidamente a los razonamientos esgrimidos en la demanda contra las conclusiones alcanzadas por el Tribunal Supremo a partir de la posición observada por EAE/ANV ante la comisión de determinados atentados terroristas. Para el Fiscal, de nuevo el Tribunal Supremo ha analizado acciones y omisiones patentes y reiteradas de EAE/ANV, concluyendo de manera razonable y razonada que el partido no ha tenido intención de condenar el terrorismo, lo que constituye un hecho grave cuya reiteración justifica la aplicación al caso del art. 9.2 a) LOPP. Por otro lado, alega, no consta que el actor hubiera reclamado en su momento Frente a los errores de traducción que ahora denuncia.

En lo que hace, por último, a la aplicación del art. 9.3 d) LOPP por la utilización de símbolos y lemas coincidentes con los empleados habitualmente por Batasuna, el Ministerio público se remite a la doctrina establecida en la STC 48/2003, FJ 10, concluyendo que, aplicada correctamente al caso por el Tribunal Supremo, desvirtúa los argumentos deducidos en la demanda contra la valoración de unos hechos que razonablemente han dado pie a la convicción judicial que ahora se discute.

En definitiva, concluye el Fiscal, la Sentencia impugnada, al declarar probados unos hechos que aparecen definitivamente acreditados y subsumirlos de manera razonable y proporcionada en determinadas causas legales de ilegalización, no ha lesionado el derecho de asociación ni las libertades ideológica y de expresión, cuyo límite se encuentra, precisamente, en la realización por el partido de actividades que vulneren grave y reiteradamente los principios democráticos o los derechos fundamentales de los ciudadanos.

En consecuencia, el Ministerio público interesa la desestimación del amparo solicitado.

8. Por diligencia de 22 de enero de 2009, el Secretario de Justicia hace constar que las alegaciones recibidas en el proceso son las presentadas por el Abogado del Estado y el Ministerio Fiscal.

9. Mediante providencia de 22 de enero de 2009 se acordó señalar el siguiente día 29 para la deliberación y votación de la presente Sentencia, quedando conclusa con esta fecha.


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