Suspende Semarnat concesión a Rodenas de tierras federales en la bahía de Tenacatita Posted: abril 12, 2012 by A



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Suspende Semarnat concesión a Rodenas de tierras federales en la bahía de Tenacatita

Posted: abril 12, 2012 by Analy S. Nuño/La Jornada Jalisco

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) revocó la concesión a Inmobiliaria Rodenas de al menos 260 mil metros cuadrados de zona federal en la bahía de Tenacatita, concediéndole el permiso al ayuntamiento de La Huerta, lo que puede derivar en que en menos de 15 días el municipio ordene al dueño de la firma, José María Andrés Villalobos, retirar el bloqueo de acceso a la playa que mantiene desde agosto de 2010.

De acuerdo al decreto que el martes pasado fue publicado en el Diario Oficial de la Federación, se da por concluida la concesión de la zona federal que en 1992 fue otorgada a Rodenas para la preservación y ornato de la zona, por lo que en atención a la solicitud de destino, recibida el 19 de octubre de 2010 y firmada por la síndico municipal de La Huerta, Taide Eugenia Pérez; el titular de la Semarnat, Juan Rafael Elvira Quezada, determinó otorgar la concesión al municipio tras verificar que cumplió debidamente la solicitud. “Se destina al servicio del H. ayuntamiento del municipio de La Huerta, Jalisco, la superficie de 294 mil 126.46 m2 de zona federal marítimo terrestre y terrenos ganados al mar, ubicada en playas Tenacatita y Divisadero de Tenacatita, población El Rebalsito, municipio de La Huerta, estado de Jalisco, para uso recreativo, playa pública y malecón”, señala el acuerdo federal.

Dicho convenio –del cual La Jornada Jalisco posee copia–, firmado el 29 de febrero pasado, confiere al ayuntamiento el derecho de usar la totalidad de la extensión de la bahía únicamente para los motivos señalados, hecho que el ejido había solicitado desde varias décadas atrás, y con mayor interés, a partir del desalojo irregular ocurrido el 4 de agosto de 2010 por el propietario de Rodenas.

Para Salvador Magaña Martínez, líder social de la zona y defensor de la bahía, el decreto significa “un triunfo” para los habitantes desalojados de manera irregular por más de 150 elementos de la Policía Estatal quienes actuaron bajo la orden del empresario. Magaña indicó que en primer término, el acuerdo permite al ayuntamiento iniciar los trámites para establecer sanciones legales a Andrés Villalobos y ordenarle el retiro del bloqueo que conecta a la playa federal, pues uno de los argumentos del empresario para mantener obstruido el paso a la bahía era precisamente que poseía la concesión.

En cuanto a los comercios que tras el desalojo fueron derribados por órdenes de Andrés Villalobos, dijo que al obtener la concesión los habitantes podrán volver a instalarse, no obstante, consideró prudente que el proceso se realice con calma y con los permisos correspondientes de Semarnat, a fin de evitar que se revoque el acuerdo.

Cabe recordar que a mediados de septiembre de 2010, la Semarnat revocó a Inmobiliaria Rodenas la concesión de al menos 260 mil metros cuadrados de zona federal en la playa de Tenacatita, no obstante, Andrés Villalobos –quien pelea la titularidad de la zona– desoyó el dictamen y continuaba en posesión del lugar. Documentos del ayuntamiento –de los cuales este medio posee copia–, advierten que desde 1999 la firma no había cubierto el pago de derechos por el otorgamiento de la concesión, y que la última liquidación la efectuó por concesión para uso y aprovechamiento de agricultura en la misma zona y pago del adeudo de los cuatro años anteriores, es decir la firma no realizó los pagos en tiempo y forma y el motivo de concesión fue cambiado (La Jornada Jalisco, 16 agosto de 2010).



Represas desplazan a 170 mil mexicanos

Érika Ramírez / Rubén Darío Betancourt, fotos / enviados Contralinea / Zapateando

Temacapulín, Jalisco. Vive a salto de mata, amenazado de muerte. Dice que su trabajo con los pobladores de seis comunidades en Mazatlán, Sinaloa, ha incomodado a funcionarios de gobierno del estado y del federal. El temor que le sobresalta se justifica luego del asesinato de 19 de sus compañeros de lucha. Las autoridades dicen que fueron víctimas del fuego cruzado en la “guerra” contra el narcotráfico, emprendida por la Presidencia de la República desde diciembre de 2006. Él lo atribuye al activismo en contra de la construcción de la presa Picachos.

Octavio Román Tirado es uno de los 4 mil desplazados de las comunidades Copales, El Placer, San Marcos, Puerta de San Marcos, Casas Viejas e Iguanas y los municipios de Mazatlán y Concordia. La migración forzada de 800 familias inició luego de que las aguas de la presa construida por la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el gobierno estatal inundaron sus viviendas en octubre pasado.

Presidente de la Comunidad de San Marcos, Román Tirado no puede regresar al lugar donde fue reubicado. Ahí dejó a su esposa e hijos, casa, ganado, empresa. “¡Tienes que quitarte de en medio; el que sigue eres tú!”, dijo una voz masculina que había marcado a su teléfono móvil. La advertencia lo dejó frío. Sabe que la amenaza podría cumplirse en cualquier momento, pues ya ha sido golpeado y allanada su vivienda. “Tenemos pueblos que fueron masacrados por un gobierno insensible, que construyó una presa sin darle a la gente lo más elemental. Son cinco años de lucha permanentemente”, dice a Contralínea.

El 22 de mayo de 2005, representantes de los tres niveles de gobierno –municipal, estatal y federal– hicieron un compromiso con los pobladores que serían afectados por la presa que se levantaría en una cortina de 35 metros de altura y una longitud de corona de 817 metros. Ofrecieron vivienda digna, desarrollo social, carreteras, pueblos urbanizados, con servicios médicos, escuelas e indemnización por las pérdidas económicas que sufrieran. La resistencia de los pueblos no se hizo esperar. Ahí comenzó todo un movimiento social que tomó las playas de Mazatlán, el Congreso estatal, avenidas principales y edificios de gobierno. Nada echó para atrás el proyecto gubernamental financiado a través del Fondo de Infraestructura Hidráulica de Sinaloa –constituido por el gobierno federal a través de la Conagua y el gobierno de Sinaloa–, y que significó una inversión de 802 millones de pesos.

La presa, concluida en 2009, se llenó con las lluvias que dejó a su paso el huracán Alex. Carente de estudio de impacto ambiental, cambio de uso de suelo y trámite expropiatorio de los terrenos afectados, las aguas de la construcción arrasaron con las primeras comunidades que se encontraban a su paso. El desalojo no sólo ocurrió por la inclemencia del tiempo. Elementos de las policías federal y estatal sacaron a los colonos de sus viviendas. “Lo hicieron con mucha violencia: con gases lacrimógenos, golpearon mujeres embarazadas, hubo compañeros a quienes les quebraron sus brazos y pies”, recuerda Octavio. “Hoy, tenemos a más de 100 personas que se tuvieron que salir del pueblo por las amenazas. Son gente que ha luchado contra el gobierno y por amenazas de muerte han tenido que huir del pueblo, para no ser asesinados”.



Millones de afectados por grandes diques

Cálculos de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente indican que, hasta 2000, en México se registraron más de 170 mil desplazados por la construcción de represas, resultado del levantamiento de tan sólo 20 de más de 4 mil proyectos que hay en el país. Mientras, los afectados por este mismo tipo de edificaciones en América Latina llegan a 580 mil 595 personas, con 62 obras de este tipo. La organización internacional –representada en México por Astrid Puentes Riaño– calcula que son 170 mil 625 mexicanos los que han tenido que abandonar sus lugares de origen para dar paso a la construcción de estos grandes diques. Es decir que el 29 por ciento de la población damnificada en Latinoamérica radica en el país.



Estadísticas del agua en México, edición 2010. 10 años de presentar el agua en cifras, informe editado por la Conagua, indica que la infraestructura hidráulica con que cuenta el país tiene 4 mil 462 presas y bordos de almacenamiento, de las cuales 667 están clasificadas como grandes presas, de acuerdo con la definición de la Comisión Internacional de Grandes Presas.

“La capacidad de almacenamiento de las presas del país es de aproximadamente 150 mil millones de metros cúbicos”. En tanto que el volumen almacenado anualmente en las 100 principales presas representa casi el 79 por ciento a nivel nacional. Tres de la primera centena fueron edificadas en las administraciones panistas de Vicente Fox y Felipe Calderón: El Cajón, 2006; Rompepicos, 2004; Las Blancas, 2000.

El documento Proyectos estratégicos de la Conagua –elaborado por la Subdirección General de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento– indica, al 20 de agosto de este año, que entre las principales construcciones que tiene planeadas concluir la administración de Calderón se encuentran El Zapotillo y El Purgatorio, en Jalisco; El Realito, en San Luis Potosí, y Paso Ancho, en Oaxaca. Además, el 22 de octubre pasado, la CFE anunció que, durante 2011, se licitará el proyecto hidroeléctrico La Parota, en el estado de Guerrero. El director de la paraestatal, Alfredo Elías Ayub, aseguró que este proyecto es “prioritario”, por lo cual fue integrado al Presupuesto de Egresos de la Federación 2011.

Los desplazados

Gustavo Castro, director de la organización ambientalista Otros Mundos, expone que el principal impacto social que provoca la construcción de presas es el abandono del trabajo en la tierra y los diversos modos de producción que dependen de ella, y de los lugares en donde la población vive y se alimenta. “Cuando la población es desplazada, por lo general sale con lujo de violencia, con mucha represión. Los afectados son enviados a viviendas que son de muy mala calidad”, dice.

El Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF, por sus siglas en inglés), la organización ambientalista más grande del mundo, calcula que el impacto social por la construcción de represas en todo el planeta es de 500 millones de personas, según indica en su informe Planeta vivo 2010-biodiversidad, biocapacidad y desarrollo. El WWF indica que “la creciente demanda por la energía baja en carbono, el almacenamiento de agua y el control de las inundaciones son nuevas motivaciones para construir presas y otras infraestructuras en el mundo… Las infraestructuras hídricas pueden tener beneficios, pero también tienen impactos muy graves sobre los ecosistemas dulceacuícolas y sobre las personas que dependen de los servicios que proporcionan dichos ecosistemas”, muestra el documento.

Daños ambientales

El director de la organización Otros Mundos explica que también existe un impacto ambiental, ya que el agua de las presas es altamente contaminada, “consecuencia del arrastre de agroquímicos, la salinización de las obras, la muerte de peces en los embalses, la generación de gases de efecto invernadero y metano. Estos efectos tienen otras implicaciones, como problemas de salud, ya que las grandes presas generan enfermedades gastrointestinales, plagas y moscos”.

Juan Pablo Soler, integrante de la Red Latinoamericana Afectados por Represas y representante de Otros Mundos, capítulo Colombia, añade que, a nivel mundial, se ha demostrado que el impacto de las represas es el mismo en términos sociales y ambientales. El ambientalista colombiano explica que algunas de las consecuencias que trae la construcción de represas son una gran ruptura del tejido social de las comunidades: tradiciones y valores culturales. También se acaba con los medios de subsistencia o sobrevivencia que tienen las comunidades, que generalmente viven en la rivera, los ríos o el cultivo de las comunidades rurales. En Colombia, comenta, “la mayor parte de proyectos afectan a personas que carecen de ingresos, viven en extrema pobreza y no tienen títulos de propiedad. Esto ocasiona que no se les considere como afectados”.

Toda edificación de los contenedores de agua o generación de energía eléctrica, dice, “se basa en el discurso del desarrollo, de la atracción de progreso a las comunidades; en el marco de lo que plantea el Banco Mundial: los países tienen que ser competitivos e insertarse en la economía global”.



Luchas sociales

Marco Ramírez, originario de la comunidad de Ixcan, Guatemala, dice que, en el país centroamericano, actualmente la población se enfrenta a “cinco grandes problemas” y por los que luchan comunidades enteras. El gobierno guatemalteco, dice, tiene planeada la construcción de las represas hidroeléctricas Xalalá y San Luis, mismas que hasta ahora están detenidas debido a la movilización social que se ha generado en esta zona. Éstas despojarían de sus tierras a alrededor de 50 comunidades, una población cercana a los 10 mil habitantes. “Además, la construcción de una carretera que conforma la franja transversal del Norte. La siembra de la planta africana está provocando la venta de tierras a gente rica. A ello se suma el problema de la militarización y el narcotráfico; se está militarizando Ixcan con la intención de darle protección a estas empresas”.

El ambientalista chileno Antonio Belmar, de la Agrupación por Defensa del Corredor Biológico Nevado de Chillán, dice que, en el país suramericano, el agua se ha convertido en “un bien comercial, ya que el 99 por ciento de las aguas de los ríos está en manos de empresas extranjeras. La mayoría de los proyectos en Chile está financiado por fondos internacionales de Europa, principalmente con capitales de España, Noruega e Italia”.

Como efecto de la construcción de represas en Chile, dice Antonio Belmar, han sido desplazados los territorios mapuche, se han inundado cementerios y aldeas enteras, pese a la promesa de la Organización de las Naciones Unidas de que no se volverían a construir más diques en la zona. Alcides Díaz, afectado por el proyecto hidroeléctrico San Francisco, en Ecuador, comenta que esta obra ha despojado a 700 personas en aquel país. “Se abandonaron los terrenos y ahora terminan con la minería y el petróleo que se generaba en la zona”. Dice que el gobierno de Rafael Correa tiene contemplado instalar nueve hidroeléctricas más en la comunidad de Baños, una de las localidades más visitadas a nivel mundial. Con estos diques, critica, “de aquí a unos 15 años los niños van a tener que comprar garrafones de agua para poderse bañar”. Esto demuestra que “no existe la democracia. Todo es un despilfarro de dinero. Favorecen a los que están al frente y el resto de la gente no les importa. Somos utilizados cada año que vienen las votaciones”.



Violaciones a los derechos ambientales y humanos

Los daños ambientales por la construcción de represas causan un “impacto grave y repetido a los derechos humanos de las personas y comunidades afectadas”, dice el informe Grandes represas en América. ¿Peor el remedio que la enfermedad?, de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente. La organización indica que este tipo de proyectos desconocen las normas del derecho internacional ambiental, así como diversos estándares internacionales sobre el desarrollo y operación de represas.

Entre los impactos, destaca: afectaciones a la salud, pérdida de fuentes de alimentación y formas de vida tradicionales, desplazamientos forzados, inexistencia de evaluaciones de impacto ambiental y social integrales, carencia de procesos de consulta y participación pública, falta de acceso a la información, afectación a los derechos de los pueblos indígenas y tribales, criminalización de la protesta social, hostigamiento de las personas y comunidades que defiende sus derechos.

Los daños al ambiente

El informe Grandes represas en América. ¿Peor el remedio que la enfermedad?, editado por la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente con la organización International Rivers, indica que los principales impactos ambientales de las grandes represas son:

• Empeoramiento de la calidad y salubridad de las aguas, río arriba y río abajo por la modificación artificial de las cuencas hidrográficas.

• Degradación de los ecosistemas acuáticos. Al menos 400 mil kilómetros cuadrados de los ecosistemas ribereños más diversos del mundo se han perdido al ser inundados para crear represas.

• Impactos a la biodiversidad: afectaciones a especies de peces migratorios.

• Impactos en el cambio climático por el aumento en la emisión de gases de efecto invernadero, causados por la descomposición de materia orgánica inundada por la obra.

• Efectos sísmicos que las grandes represas y los embalses pueden producir por la alta presión del agua del embalse, lo cual puede lubricar las fallas tectónicas y reducir el rozamiento entre las superficies de las rocas subterráneas.

ONU estudia a México

Carlos de la Torre Martínez, oficial de Derechos Humanos de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, anuncia que la organización mundial emitirá en 2011 un estudio sobre el derecho a la consulta en México. El informe tendrá como eje principal la construcción de la presa El Zapotillo, en Temacapulín, Jalisco –que despojará de su lugar de origen a unas 800 personas–, y 10 proyectos más que se desarrollan en México, relacionados con presas, minas, concesiones de agua. Lo que la oficina ha observado, dice de la Torre Martínez, “es que este tipo de proyectos tiene un impacto muy fuerte en las comunidades: se afectan su derechos al agua, a la vivienda, a la educación y a un nivel de vida adecuado.

“Desde el derecho internacional de los derechos humanos se ha construido un derecho a la consulta que les permite a las comunidades tener un diálogo directo con las autoridades, para ser tomados en cuenta cuando se hacen estos proyectos. En México, existe un vacío, es decir, nuestra Constitución tiene un reconocimiento débil de este derecho a la consulta. “El impacto social que tienen estos proyectos tienen que ser parte de la política pública del Estado. No se rechaza la construcción de grandes proyectos, pero éstos deben de estar en el marco de la protección a los derechos humanos y de las personas”, dice el funcionario de la ONU.

Por octava ocasión arde El Nixticuil en terrenos de los Tecos

Posted by cronicadesociales 12 de Abril de 2012 Boletín no 3/2012

http://comitesalvabosquetigre2.blogspot.mx/

Ayer, alrededor de las 17 hrs. fue divisada una columna de humo dentro de las 51 hectáreas del bosque El Nixticuil ubicadas en propiedad de la Universidad Autónoma de Guadalajara; por ello, miembros de nuestra brigada comunitaria, cuestionamos en dos ocasiones al guardia que se en la entrada del Hospital Ángel Leaño, a lo que respondieron por radio que algunos de los guardias del hospital estaban por sofocarlo y no necesitaban nuestro apoyo.

No pasaron más de 15 minutos cuando las llamas se expandieron sin control por los dos cerros adjuntos al hospital de los Tecos, generando una columna de humo que se pudo divisar en toda la ciudad. Fue a las 17:15 hrs. que nuestra brigada comunitaria entró a combatir el incendio, 5 minutos después llegaron brigadistas de Zapopan, junto con los cuales logramos sofocar el primer flanco del fuego, y empezar a construir un cortafuego para detener la cabeza del incendio. En los minutos siguientes se sumaron otras dos brigadas forestales. En colaboración con las 3 brigadas forestales de Zapopan, el fuego logró extinguirse a las 20 horas, sin embargo se expandió por alrededor de 15 hectáreas en las cuáles decenas de árboles de pino y encino, adultos y de renuevo, fueron calcinados.

Durante las tres horas de combate fue prácticamente nula la participación (solo una persona de forma intermitente) de los guardias de la UAG; además los múltiples alambrados (por lo menos 3), cadenas y candados que se han colocado de forma arbitraria, dificultaron la llegada de las brigadas a la zonas donde había fuego. La cabeza del incendio estaba prácticamente encerrada por todos los flancos, como si se tratara de evitar su sofocación.

Lo anterior es claro indicio de que el fuego provocado intencionalmente dañar el arbolado de la zona. Esta ha sido una práctica constante de los Tecos en los últimos 6 años. La historia de incendios provocados en el predio de la familia Leaño, no es distinta a la del resto de predios del bosque que se quieren urbanizar, pues contando el del día de ayer, desde el 2007 han sido provocados ocho incendios que han afectado un total acumulado de 50.75 hectáreas, siendo el incendio de ayer, el segundo más grande desde los dos que fueron provocados en la última noche del año 2007, en el que quemaron casi 30 hectáreas.

Los intereses tras los constantes fuegos provocados en el predio de los Leaño tienen que ver con la pretensión de construir el Parque de Investigación Científica y Tecnológica que tienen planeado construir desde el 2005. Por esta misma razón, las 51 hectáreas propiedad del Corporativo de la UAG, fueron excluidas del Decreto de Protección del Área Natural Protegida del bosque El Nixticuil -San Esteban- El Diente (BENSEDI) un día antes de que éste fuera emitido por el Ayuntamiento de Zapopan. Es debido a este proyecto que, en el primer semestre de 2007, nos damos cuenta de que la familia Leaño marcó más de 17 mil árboles dentro del bosque con el posible propósito de cuantificarlos para ser talados.

Nuestra comunidad exige públicamente al Corporativo de la UAG y a Antonio Leaño que cese de forma inmediata sus acciones de terrorismo ambiental y se dejen de provocar incendios forestales en el Nixticuil. Es en nuestra lucha una prioridad la defensa de esta parte del bosque constituida por las 51 hectáreas del bosque El Nixticuil, hoy en propiedad de la UAG, cuya anexión al Decreto de Protección del BENSEDI debería ser promovida por el gobierno municipal. Los incendios forestales no son solo motivo de multa administrativa; con estos sucesos, se está incurriendo en un delito grave en materia ambiental según lo estipulado en:

 Las fracciones VIII y XXI del artículo 163 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, el cual establece que es infracción: “VIII. Omitir realizar guardarrayas de protección contra el fuego en terrenos preferentemente forestales, de acuerdo con lo previsto en esta ley; así como XXI. Provocar intencionalmente o por imprudencia, incendios en terrenos forestales o preferentemente forestales”.

 Y en el artículo 420 Bis. Del Código Penal Federal, que señala a la letra: “Se impondrá pena de dos a diez años de prisión y por el equivalente de trescientos a tres mil días multa, a quien ilícitamente: […]IV. Provoque un incendio en un bosque, selva, vegetación natural o terrenos forestales, que dañe elementos naturales, flora, fauna, los ecosistemas o al ambiente. Se aplicará una pena adicional hasta de dos años de prisión y hasta mil días multa adicionales, cuando las conductas descritas en el presente artículo se realicen en o afecten un área natural protegida, o el autor o partícipe del delito previsto en la fracción IV, realice la conducta para obtener un lucro o beneficio económico”.

Anexos: 1. Breve relación cronológica de los incendios provocados dentro de la propiedad de los Leaño

2. Fotogalería del incendio forestal provocado el día d hoy por la UAG en el bosque Nixticuil. Comité Salvabosque En Defensa del Bosque El Nixticuil

Quieren agua en La Parota

Posted: abril 12, 2012 by cronicadesociales Juan José Ríos Ríos /El Occidental

ZAPOTLÁN EL GRANDE, Jalisco (OEM-Informex).- La falta de agua potable y el nulo interés por apoyarlos por parte de las autoridades municipales de Tolimán, en zona de El Bajo del sur de Jalisco, obliga a los vecinos de la comunidad de La Parota a recurrir a la denuncia pública, en espera de que alguna autoridad competente haga algo por ellos para resolver este grave problema que les afecta desde muchos años. “Tratamos de ser escuchados, a través de la denuncia pública, por alguna autoridad competente, pues nuestras autoridades locales durante años han demostrado su incapacidad para poder resolver a fondo la carencia de agua potable que venimos padeciendo desde hace muchos años”, exponen en escrito dirigido a este medio informativo por Baudelia Juárez Ruiz, Gustavo Bolaños Bartolo y María Sagrario Mojica.

Ante este grave problema de la falta de agua potable y de la nula respuesta de la autoridad municipal de Tolimán: “Nos vemos obligados a recurrir a la denuncia pública, pues la fuerte demanda que tenemos del vital líquido hace que se eleven los costos para su acarreo, el cual se tiene que hacer desde lugares lejanos, y dada nuestra precaria situación económica cada día nos es más difícil satisfacer las necesidades mínimas de agua para el uso doméstico”, concluyen los quejosos
El outsourcing funciona a costa de los derechos laborales

Posted: abril 13, 2012 by cronicadesociales Informador Redacción / HJ/El informador

Las fuentes de trabajo se deterioran con esquemas como la subcontratación. El modelo favorece la competitividad. En Jalisco ha llegado a niveles “antiéticos”. También las empresas transnacionales violentan los derechos laborales, afirma el Centro de Reflexión y Acción Laboral (Cereal). En su informe “Derechos laborales en tiempos de crisis”, el organismo de defensa laboral plantea que muchas empresas abusaron de la pasada crisis económica mundial para despedir a miles sin liquidaciones; “otros fueron recontratados con un salario menor y una mayor sobrecarga de trabajo”.

De las 50 empresas más importantes de este sector en México, 18 están ubicadas en Jalisco: los principales sectores de la industria electrónica en México son electrónica de consumo, computadoras personales y equipo de telecomunicaciones, aunque el equipo industrial y médico ha crecido a tasas mayores que el promedio de la industria. Jorge Barajas Martínez, coordinador del Cereal Guadalajara, afirma: “El problema es que 60% de los empleados es contratado por agencias con contratos temporales seriados, pero está prohibido por la ley; es decir, piden un contrato temporal por cada 15 o 30 días, o por tres o seis meses. Esto es una artimaña para decirle al trabajador que al término del contrato todo se acabó; entonces, no le dan liquidación, sólo un finiquito, que en promedio es de mil a dos mil pesos.

¿El Gobierno estatal no interviene en estas anomalías?

—Es cómplice. El actuar irregular de la industria es parte de la política económica del actual Gobierno, la cual camina bajo la bandera de la competitividad entre comillas, y esa competitividad significa menor impartición de justicia laboral. La autoridad es cómplice con el fin de proteger a esas inversiones y empresas extranjeras. Es muy criticable que el empleo que se genera en Jalisco sea temporal, mal pagado y con trato indigno.

¿En otros estados es similar esta situación?

—Sí, pero Jalisco es la capital mundial del outsourcing: hay empresas que subcontratan hasta 90% de sus trabajadores. En general, 60% de las empresas de Jalisco subcontratan, hasta el Gobierno subcontrata temporalmente. Es lamentable que se apueste por el deterioro de las fuentes de trabajo supuestamente en aras de una supuesta competitividad. Existe competitividad, pero a costa de los trabajadores. No hay una cadena productiva local que redunde en el bienestar de los jaliscienses.

Se dice que la llegada de las primeras transnacionales en la década de los setenta del siglo pasado trajo cosas positivas a la ciudad…

—Cuando llegaron las grandes maquiladoras, buscaban pagar menos costos laborales y fiscales que en sus países, pero ahora es una lógica más salvaje que la de entonces. Ahora la búsqueda se ha vuelto antiética: nada les importa y pagan 90 pesos por día a los empleados.

¿Qué pasa con los líderes sindicales?

—En Jalisco la mafia sindical optó por actuar en secreto. En la industria electrónica 90% es sindicalizado, pero no lo sabe, no conoce a sus líderes. Hablamos de la CROC y la CTM. De todos. En el Norte del país son sindicatos visibles; aquí, el trato entre el sindicato y la empresa se hace en secreto, a espaldas de los trabajadores, ni siquiera se les rebaja a los empleados las cuotas, la empresa les paga en secreto a los sindicatos, quienes se comprometen a mantener a los trabajadores a “raya”. Los sindicatos mantienen el contrato actualizado ante la Junta de Conciliación y Arbitraje para evitar que los trabajadores funden un sindicato activo; por eso somos la capital de sindicatos “fantasma”. Somos la capital del sindicalismo invisible porque aquí se lleva de manera discrecional.

¿Qué pruebas tiene para demostrar eso?

—Tenemos copias de los contratos de los empleados en la industria electrónica. Los contratos están depositados, nadie los conoce, en la Junta de Conciliación y Arbitraje. Nuestra estadística surge de las asesorías jurídicas: en 2009 se atendieron cuatro mil quejas de trabajadores despedidos, de la cuales 90% se arreglaron en la conciliación y 10% en juicios hasta sus últimas consecuencias.

¿Qué se necesita para que esto cambie?

—Más que una reacción de las autoridades, se requiere de una reacción de las empresas, que se han promocionado como socialmente responsables. Tengo menos esperanza de que el Gobierno haga algo para mejorarlo porque es su política económica. En Jalisco, en empleos estamos estables, pero los derechos laborales se han ido deteriorando en los últimos años.


Peligro para la antigüedad laboral

Uno de los abusos más frecuentes contra los trabajadores en el marco del outsourcing es “la falta de reconocimiento del tiempo trabajado en una empresa”, es decir, el derecho a generar antigüedad laboral. Así, por ejemplo, los empleados de la industria manufacturera —que suelen trabajar lo suficiente para generar antigüedad— no pueden reclamar este derecho, aunque su actividad no sea la misma que la de un empleado contratado para un proyecto o una responsabilidad específica.


Luchamos por los empleados, afirma la CROC en el Estado

En Jalisco no hay “sindicalismo fantasma”, según el líder de la confederación La Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC) niega que en Jalisco exista un “sindicalismo fantasma”. Antonio Álvarez Esparza, líder de la organización en Jalisco, arguye que el aumento de empresas outsourcing “es un convenio de carácter internacional, paralelo al Tratado de Libre Comercio, de lo que no se dio cuenta la nación. Sabemos que existe, pero no sabemos en qué consiste, y ya vimos los efectos de darle facilidades a empresas “tercializadoras”, llamadas outsourcing, “que es una política internacional aceptada en México para dar salvaguarda al capital internacional para aprovechar mano de obra barata”.

¿Qué opina de que Jalisco sea la capital del “outsourcing”?

—No debe aumentar, debe reducirse este modelo. En principio aceptábamos la tercialización en algunos servicios, como acero, transporte, basura, atención a máquina y equipo, lavandería, que era lógico que se tenía que hacer por empresas externas, pero hemos visto cómo se ha abusado y avanza en áreas de la producción y esto no debe avanzar: se debe permitir que los empleados sean sindicalizados.

¿Qué hace la Confederación para evitar esto?

—Hemos hecho muchas cosas: la mayoría de sindicatos se mantienen contra estas prácticas, por ello el outsourcing no ha llegado a 100%. Estamos trabajando contra estos fenómenos de trabajo de empleabilidad y no de estabilidad. Quiero destacar que los sindicatos hemos abonado a un clima de estabilidad laboral y hemos sacrificado muchas cosas para que la empresa siga adelante. Los patrones han sacrificado utilidades, que son más bajas que las de hace muchos años. El Gobierno estatal sí ayuda para que no haya tantos despidos de trabajadores y nuevas empresas. En Jalisco, los salarios de los trabajadores están por arriba de 2.5 salarios mínimos en promedio, pero hay prestaciones que suman en total los tres salarios gracias al trabajo que hemos hecho, que ha sido discreto, no hay manifestaciones como en otro tiempo. No estamos en el mejor lugar; en prestaciones y salarios estamos por debajo de Monterrey y la Ciudad de México, me refiero a los salarios más remuneratorios, salarios integrados.


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