Tema “incidencia del acogimiento familiar o institucional en los niñOS, niñas y adolescentes, en la ciudad de ibarra en el período 2009” introduccióN



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Declaración del programa de acción de Viena27

Este instrumento fue aprobado por la Conferencia Mundial de Derechos Humanos de 25 de Junio de 1993 y declara como formas claras de irrespeto a la dignidad humana a todo tipo de violencia y a cualquier forma de acoso y explotación sexual, derivados principalmente de prejuicios culturales y de la trata de personas. Se afirma la importancia de eliminar este tipo de actos, tanto con la adopción de medidas legislativas como con acciones nacionales y de cooperación entre estados, promoviendo a todos los gobiernos a incrementar sus esfuerzos para promoción y protección de los derechos humanos, prestando especial atención a la igualdad de género, infanticidio femenino y a todo tipo de abuso sexual.

      1. Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño, relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía28

La Comunidad Internacional, al observar el continuo y acelerado incremento de la explotación sexual de menores, así como la proliferación del turismo sexual y la pornografía infantil, especialmente por Internet; consideraron necesaria la creación de un Protocolo sobre la Protección de todos los niños/as y adolescentes para ampliar las medidas que deben tomar los Estados partes dentro de la lucha contra estos execrables delitos, definidos por este instrumento.

Un aspecto muy significativo de este Protocolo, es el reconocimiento como medio de solución para la erradicación y prevención de la explotación sexual, el adoptar acciones para contrarrestar los factores principales que conducen a ella, tales como: pobreza, falta de educación, trata de niños entre otros.

Para cumplir lo estipulado en este documento, se establecen como medidas: la obligación de los Estados de incluir este tipo de actos delictivos dentro de la legislación penal de cada país. Dentro de este tema se considera la importancia de que las naciones adopten medidas apropiadas para proteger los derechos de los menores, víctimas durante todas las fases del proceso penal así como el velar por la seguridad de los niños, sus familiares y testigos dentro de los procesos judiciales.
Reconoce también la cooperación internacional en casos de investigación, asistencia en procesos penales, actividades de recuperación de los niños y extradición, entre otras formas de ayuda, para el cumplimiento de estos derechos, pretendiendo asegurar de esta forma que los posibles infractores sean juzgados sin tener en consideración el lugar donde son encontrados, circunstancia que no fue acogida por nuestro país ya que nuestra constitución taxativamente la prohíbe. El presente instrumento fue aprobado por la Asamblea General el 25 de Mayo del 2000 y entró en vigencia en enero del 2002.


      1. Convenio 182 de la OIT, sobre las peores formas de trabajo

Entre las peores formas de trabajo infantil reconocidas en este convenio se pueden encontrar todas las formas de esclavitud, la venta y tráfico de niños, su reclutamiento para conflictos armados; la utilización, reclutamiento o la oferta de niños para la prostitución o pornografía, en definitiva cualquier trabajo que perjudique su salud, seguridad y moral.

Este documento fue aprobado en Ginebra el 17 de junio de 1999 en la Conferencia General de la OIT siendo ratificado por nuestro país en noviembre del año siguiente. Al incluir dentro de las actividades prohibidas para los menores de 18 años a “La utilización, el reclutamiento, o la oferta de niños para la prostitución, la producción de pornografía o actuaciones pornográficas”, este instrumento establece la necesidad de tomar medidas eficaces para prohibir y eliminar estas actividades.

Este Convenio busca que se incluya la elaboración y puesta en práctica de programas y acciones encaminadas a establecer sanciones penales, impedir la ocupación de los menores en estas formas de trabajo; prestándoles la asistencia directa y adecuada a los niños y adolescentes en general y con el fin de asegurar la rehabilitación de quienes se encuentran ya inmersos.

Además, este convenio da trascendental importancia al acceso de los menores a la enseñanza básica gratuita; y sugiere como identificar a los niños que están particularmente expuestos a riesgos y entrar en contacto directo con ellos, para brindarles mejores oportunidades.



      1. Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional

La finalidad de esta convención es promover la cooperación de los Estados para la prevención y lucha más efectiva contra la delincuencia organizada; destacándose acciones conjuntas para la prevención, investigación y enjuiciamiento de todo delito grave de carácter transnacional y que involucre la participación de un grupo delictivo organizado (Art. 3).

Para una mejor comprensión, esta convención define como grupo delictivo organizado a: todo grupo estructurado de tres o más personas que exista durante cierto tiempo y que actúa concertadamente con el propósito de cometer uno o más delitos graves o delitos tipificados con arreglo a la presente convención con miras a obtener, directa o indirectamente un beneficio económico u otro beneficio de orden natural29, entre los delitos tipificados se encuentran la venta de niños para su explotación sexual, el tráfico y la oferta de menores de edad, el turismo sexual entre otros.

Se destaca dentro de este Convenio, el reconocimiento de la responsabilidad de las personas jurídicas involucradas en estos delitos, la cual podrá ser de carácter penal, civil o administrativa.

Nuestro país firmó y ratificó esta convención en los años 2000 y 2002 respectivamente, poniendo una reserva en el Art. 10 referente a la responsabilidad penal de las personas jurídicas puesto que a esa fecha no se encontraba incorporada tal figura en la legislación ecuatoriana; estipulando que cuando la normativa nacional progrese en este ámbito esa reserva sería retirada.

Actualmente el Art. (528.9) de nuestro Código Penal vigente establece de forma adicional a las sanciones estipuladas para quien promueva el turismo sexual, incluyendo el de menores de edad; la extinción de la persona jurídica o el cierre de la empresa si dichas actividades fueran ofertadas por éstas.


      1. Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional

La importancia de este Estatuto recae en el reconocimiento de los crímenes de lesa humanidad, entre los cuales se consideran: la esclavitud: la violación, la esclavitud sexual, la prostitución, la esterilización forzada, y cualquier otro tipo de violencia sexual forzada entre otros, según lo determina el Art. 7 del mencionado documento.

Así mismo se insta a los Estados a tomar las medidas necesarias para fortalecer la cooperación internacional dentro de la prevención, detección, investigación, enjuiciamiento y castigo de toda persona responsable de estos actos.



      1. Protocolo para Prevenir Reprimir y Sancionar la Trata de Personas Especialmente Mujeres Y Niñas - “Protocolo de Palermo”

Este protocolo induce a los Estados adoptar medidas para la prevención, investigación y penalización de este delito entre las cuales se menciona la adopción de medidas legislativas para la tipificación, y repatriación de las víctimas. El Ecuador firmó este documento en diciembre del 2000 y lo ratificó en septiembre del 2002.

Define en su Art. 3 a la trata de personas como la captación, el transporte, el traslado, la acogida y la recepción de personas recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, el rapto, fraude al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concepción o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación que incluirá como mínimo la explotación de la prostitución ajena y otras formas de explotación sexual, los trabajos con servicios forzados, la esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos”.30

En el caso de los menores se considera como tal a las acciones de captación, transporte, traslado, acogida o recepción de niños y adolescentes, las mismas que pueden realizarse a nivel nacional o internacional.

De la misma manera como se han firmado instrumentos internacionales se han llevado a efecto reuniones a nivel mundial, fruto de las cuales se han conseguido algunos pactos o declaraciones que sirven de referente para el quehacer global, para enfrentar esta problemática entre las principales tenemos el Primero y Segundo Congresos Mundiales sobre Explotación Infantil. 31



      1. PRIMER CONGRESO MUNDIAL sobre Explotación Sexual Infantil

Se llevó a efecto en Estocolmo en el año 1996, al cual asistieron representantes tanto gubernamentales como de la sociedad civil de 122 países; fue el primero en realizarse para el tratamiento de esta problemática a nivel mundial y a partir de éste, se estableció la Declaración y el Plan de Acción contra la explotación sexual, asumiéndose compromisos internacionales para su erradicación en 6 áreas estratégicas:

  • Coordinación y cooperación a nivel local nacional, regional y mundial.

  • Prevención

  • Protección

  • Recuperación

  • Reinserción

  • Participación de niños/as y adolescentes.



      1. SEGUNDO CONGRESO MUNDIAL sobre Explotación Sexual Infantil

Se efectuó en diciembre del 2001, en Yokohama-Japón; al terminar se concluyó que el fenómeno de la explotación sexual infantil es más amplio y complejo en la actualidad debido a los avances tecnológicos, especialmente del Internet, gracias al cual ha proliferado la pornografía y la oferta sexual; considerando además la falta de medidas legales que enfrenten el problema, convertido en delito que ha traspasado fronteras, por lo que se requieren medidas internacionales urgentes para su erradicación.

      1. LEGISLACION NACIONAL

De lo analizado, podemos apreciar que gracias a la adopción de estas normas y compromisos internacionales, nuestro país se vio forzado a adecuar nuestra normativa interna, así como a adoptar medidas de carácter político para combatir las actividades relacionadas con la explotación sexual de niño/as y adolescentes.

2.6.13.1. CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR
En 1990, nuestro país suscribe la Convención de los Derechos del Niño, la cual por su carácter vinculante, implicó el compromiso del Estado Ecuatoriano de hacer efectivos los derechos consagrados en este instrumento internacional, convertido en ley nacional. De esta manera, el país asumió la responsabilidad de respetar los derechos enunciados en dicha Convención y asegurar su aplicación a cada niño sujeto a su jurisdicción, sin distinción alguna.
Los compromisos jurídicos y políticos asumidos por el país, al adherirse a tales convenios y acuerdos internacionales, configuraron un escenario en el cual era indispensable armonizar la legislación nacional. En este contexto, en agosto de 1998 entra en vigencia una nueva Constitución, que define el estado ecuatoriano, como un Estado Social de Derecho, lo que implica que tiene entre otras obligaciones, desplegar todos sus recursos a la vigencia de los derechos fundamentales de las personas, y garantizar el cumplimiento de las aspiraciones de dignidad, libertad e igualdad de sus habitantes.
Es así que en materia de menores, entre sus disposiciones se consagraron: la ciudadanía de los niños y niñas; su condición de sujetos de los derechos comunes a todas las personas, además de los derechos propios de su edad; la corresponsabilidad del Estado, la sociedad y la familia en la garantía de los derechos de la niñez y la adolescencia y la obligación de promover con la máxima prioridad su desarrollo integral.
De igual manera, esta Constitución establecía principios fundamentales que debían orientar la elaboración y ejecución de las políticas públicas, programas y proyectos públicos y privados y disponía medidas de protección especial para situaciones de violación de los derechos de la niñez y la adolescencia relacionados con la explotación económica, explotación sexual, violencia, negligencia, discapacidades. Dispuso, además, el traslado del Sistema Judicial de Menores a la Función Judicial, la organización del Sistema Nacional Descentralizado de Protección Integral para la Niñez y Adolescencia, y la obligación de los gobiernos seccionales de formular políticas locales para la niñez y adolescencia y para destinar recursos preferentes para este sector.
En su Título II, capítulo tercero “Derechos de las personas y grupos de atención prioritaria” establecía de manera pormenorizada los derechos y garantías propios de algunos grupos como las mujeres embarazadas, niños, niñas y adolescentes; de los cuales son relativos a nuestro estudio en términos generales los principios de respeto, ejercicio libre y eficaz de los Derechos Humanos; entre los cuales tenemos el derecho a la integridad personal, con la prohibición de todo tipo de procedimiento que implique violencia física, psíquica, sexual o coacción moral, dándole especial relevancia a la violencia ejercida contra niños/as, adolescente, mujeres y personas de la tercera edad; de igual forma se prohíbe la esclavitud, la servidumbre y el tráfico de seres humanos.
La sección quinta del Capítulo tercero del Título ll ya mencionado habla particularmente de los niños, niñas y adolescentes habla de forma general que el estado atenderá el interés superior del niño y sus derechos prevalecerán sobre las demás personas.
Además habla de salvaguardar los derechos comunes del ser humano, a velar por la integridad física y psíquica; a su identidad entre otros derechos básicos que son violentados.
La prevención y atención contra el maltrato, negligencia, discriminación y violencia." medidas con las cuales el Ecuador adopta los principios consagrados en la Convención de los Derechos del Niño, mediante las cuales pretende proteger al niño/a contra toda forma de perjuicio o abuso físico, sexual o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación.
El Art. 44 además de fijar este principio, determina y clarifica la definición de desarrollo integral al decir, “Las niñas, niños y adolescentes tendrán derecho a su desarrollo integral, entendido como proceso de crecimiento, maduración y despliegue de su intelecto y capacidades, potencialidades y aspiraciones, en un entorno familiar, escolar, social y comunitario de afectividad y seguridad”. De esta forma podemos concluir claramente que los delitos relativos a la explotación sexual infantil afectan directamente a este desarrollo y por ende a los derechos establecidos dentro de la Constitución para los menores de 18 años.
Para establecer políticas y programas que garanticen el ejercicio y garantía de los derechos de los menores de 18 años este cuerpo legal crea el Sistema Nacional Descentralizado de Protección de Niñez y Adolescencia cuyo órgano rector es el Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia. Para finalizar el Art. 163 estipulaba la supremacía de los tratados internacionales sobre otras normas promulgados en el Registro Oficial, de menor de menor jerarquía.
Como se mencionó anteriormente, en este marco legal los menores continúan gozando de los derechos comunes al ser humano y de los propios de su edad, así lo reafirma el Art. 45 de la actual Constitución, el cual enumera a su vez algunas de estas prerrogativas: el derecho a la vida; cuidado y protección desde su concepción; a la integridad física y psíquica; a su libertad, nombre y ciudadanía; a la salud integral y a la nutrición; a la educación y cultura; al deporte y recreación; a la seguridad social; a tener una familia y disfrutar de la convivencia familiar y comunitaria; a la participación social; al respeto de su libertad y dignidad; a ser consultados en los asuntos que les afecten; a educarse de manera prioritaria en su idioma y en los contextos propios de sus pueblos y nacionalidades; a recibir información acerca de sus progenitores y familiares ausentes, salvo que sea perjudicial para su bienestar; y a la libertad de expresión y asociación.”
A su vez, en el Art. 46 se tratan las medidas que aseguren el cumplimiento de las garantías de los menores, entre ellas el numeral cuarto señala: “Protección y atención contra todo tipo de violencia, maltrato, explotación sexual o de cualquier otra índole, o contra la negligencia que provoque tales situaciones.” Como se puede apreciar, dentro de este ámbito la disposición contenida en la anterior constitución era más amplia al contemplar la protección contra el tráfico de menores, pornografía, prostitución y explotación sexual
Dentro de la sección denominada “Derechos de libertad” se confunden los relativos a la misma con los de integridad, igualdad, reserva, asociación, intimidad, identidad, trabajo, propiedad, familia etc., en definitiva fija todos los derechos civiles, económicos y sociales contemplados con mayor claridad y orden en la anterior Constitución; de los cuales también son titulares los niños/as y adolescentes, cabe mencionar que en el numeral 29 del Art. 66 de la Carta Magna vigente, se fija la obligación estatal de adoptar medidas de prevención y erradicación de la trata de personas así como la reincorporación social de sus víctimas.
A su vez, el Capítulo Octavo relativo a los “Derechos de protección” fija los principios y garantías del debido proceso, dentro de los cuales es necesario destacar que el Art. 81 estipula que la ley establecerá procedimientos especiales y expeditos para el juzgamiento y sanción de los delitos de violencia intrafamiliar, sexual, crímenes de odio y los que se cometan contra niñas/os y adolescentes jóvenes, discapacitados, personas de la tercera edad y personas que por sus particularidades requieran especial protección; debiéndose nombrar fiscales y defensores especializados para estas causas. Avance que consideró un acierto puesto que para el tratamiento de ciertas infracciones especialmente los relacionados con delitos sexuales y en los cuales las víctimas sean menores de edad y otras personas vulnerables, necesitan efectuarse reformas en cuanto a su procedimiento de juzgamiento para evitar sobre todo el re victimizar a los sujetos pasivos de los mismos.
De igual forma se mantiene el Sistema Nacional Descentralizado de Protección de la Niñez y Adolescencia como el encargado de asegurar el ejercicio de los derechos de los niños/as y adolescentes, el mismo que estará integrado por instituciones públicas, privadas y comunitarias, esta determinación se encuentra dentro del Art. 341, correspondiente al Título VII relativo al “Régimen del buen vivir”.
Para terminar, en lo concerniente a “tratados e instrumentos internacionales relativos a Derechos Humanos se aplicarán los principios pro- ser humano, de no restricción de derechos, de aplicabilidad directa y de cláusula abierta establecidos en la Constitución”. según lo instituye su Art. 417, a su vez el Art. 424 ibídem, estipula que los tratados internacionales ratificados por el Ecuador que reconozcan derechos humanos más favorables que los contenidos en la Constitución, prevalecerán sobre cualquier otra norma jurídica o acto del poder público, ratificándose de esta forma el principio pro- ser humano citado anteriormente.

        1. CÓDIGO ORGÁNICO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA

Como se ha mencionado reiteradamente, fue gracias a la ratificación por parte del estado ecuatoriano de la Convención de los Derechos del Niño que el país adquirió la responsabilidad de adecuar su marco legal y tomar las medidas políticas y sociales necesarias para garantizar el ejercicio y la protección eficaz de los derechos de los menores consagrados en dicho instrumento.

La creación de un Código que ampare a los niños/as y adolescentes es un importante paso que nuestra legislación ha dado, pese a las falencias que este nuevo instrumento legal tiene, su fondo intenta proteger y amparar a los niños aunque, en muchos casos, la parte adjetiva no concuerde con la organización de algunas instituciones jurídicas.

Considerando que en el año 1992 se expidieron reformas al Código de Menores vigente a esa fecha, las cuales si bien recogieron algunos principios de la Convención, no se proveyeron ni organizaron mecanismos de exigibilidad que permitiesen la garantía y respeto de los derechos del niño. Por esta razón y por cuanto la Constitución de 1998 exigía ajustar las normas secundarias de la materia y organizar el Sistema Nacional de Protección Integral de la Niñez; era imperativo crear una nueva normativa que regule lo referente a menores. Así nace el Código de la Niñez y Adolescencia, publicado en el Registro Oficial # 737 de 3 de enero de 2003 y entra en vigencia desde el 3 de julio del 2003.
El objetivo de este cuerpo legal es regular la protección integral que el Estado, la sociedad y la familia deben garantizar a todos los niños/as y adolescentes, con la finalidad de lograr su desarrollo integral y el disfrute de sus derechos de forma libre, digna y equitativa; para tal efecto regula el ejercicio de los derechos, deberes y responsabilidades de los menores y los medios para hacerlos efectivos, así lo determina el Art. 1 del CNYA. 32 De igual manera instituye al principio de interés superior del niño como orientador del actuar de todas las autoridades administrativas y judiciales, así como de instituciones públicas y privadas.

Este cuerpo legal conformado por 4 libros manifiesta en el libro primero se refiere a los principios fundamentales que orientan el Código; mediante los cuales se reconoce al niño como sujeto de derechos. El Código de la Niñez y Adolescencia exige tratar en forma diferenciada a niños y a adolescentes, tanto que los caracteriza como sujetos jurídicos: “Niño o niña es la persona que no ha cumplido 12 años. Adolescente es la persona de ambos sexos entre doce y dieciocho años de edad” (Art. 4); esta diferenciación en la edad no es una cuestión meramente cronológica, sino que se inspira en la concepción de sujetos y personas que tienen una historia en movimiento, en la que la dimensión temporal se traduce directamente en crecimiento, desarrollo y ciudadanía. Tanto es así que prescribe como principio fundamental el “ejercicio progresivo de derechos, de acuerdo a su grado de desarrollo y madurez” (Art. 13).


Es decir, que el Código de la Niñez y Adolescencia no concibe a niños y a adolescentes como un gran continuo temporal que va desde 0 a 18 años, sino que reconociendo implícitamente el ciclo vital les presenta como sujetos diferenciados, siendo esta diferenciación mandatoria -y no discrecional- si se trata de otorgar a esos sujetos la prioridad absoluta “en la formulación y ejecución de las políticas públicas y en la provisión de recursos...” (Art. 12).
De igual forma este apartado establece los derechos, deberes y garantías de los menores de edad; cuyo ejercicio será progresivo como señalamos en el párrafo precedente. A su vez los derechos se encuentran agrupados en diversos capítulos relativos a la supervivencia; el desarrollo; participación y protección; es dentro de este último conjunto que se encuentran el derecho a la integridad personal, física, psicológica, afectiva, cultural y sexual; a la libertad, dignidad, reputación, honor, del niño entre otros enunciados.
Dentro de este contexto, establece prohibiciones relacionadas con la dignidad de los niños/as y adolescentes, para el presente trabajo nos interesa la contenida en el numeral 1 del Art. 52 que reza “Se prohíbe 1.- La participación de niños, niñas y adolescentes en programas, mensajes, publicitarios, en producciones de contenido pornográfico y en espectáculos cuyos contenidos sean inadecuados para su edad.”
De una forma más pormenorizada, el Título IV del presente libro trata sobre la protección contra el maltrato, abuso, explotación sexual, tráfico y pérdida de niños/as y adolescentes; para tal efecto primero define estos términos y posteriormente determina medidas para combatirlos. En este punto es importante señalar los conceptos aportados por este código respecto de las modalidades de la ESCNNA., a saber:


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