Tema “incidencia del acogimiento familiar o institucional en los niñOS, niñas y adolescentes, en la ciudad de ibarra en el período 2009” introduccióN



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Art. 69: “Constituye explotación sexual la prostitución y la pornografía infantil. Prostitución infantil es la utilización de un niño, niña o adolescente en actividades sexuales a cambio de numeración o de cualquier otra retribución. Pornografía infantil es toda representación, por cualquier medio, de un niño, niña y adolescentes en actividades sexuales explicitas, reales o simuladas; o de sus órganos genitales, con la finalidad de promover, sugerir o evocar la actividad sexual”




  • Art. 70 inc. 1: “Se entiende por tráfico de niños, niñas o adolescentes, su sustracción, traslado retención, dentro o fuera del país por cualquier medio, con el propósito de utilizarlos en la prostitución, explotación sexual o laboral, pornografía, narcotráfico, tráfico de órganos, servidumbre, adopciones ilegales u otras actividades ilícitas.”

Las medidas de protección determinadas en esta sección son complementadas y ampliadas por las fijadas en el Título VI del mismo nombre del libro tercero a partir del Art. 217 del Código de la Niñez y Adolescencia, las cuales podrán ser adoptadas mediante resolución judicial o administrativa sin perjuicio de las sanciones penales que la violación de los derechos de los menores puedan acarrear para los perpetradores.


Como podemos apreciar, dentro del marco legal de menores indudablemente hay avances en cuanto al establecimiento y definición de los derechos de los niños/as y adolescentes, pero en otros casos no sucede así, como por ejemplo, el derecho a la seguridad social declarado en el Art. 31 del Código de la Niñez, o la prestación de una vivienda segura que forma parte del derecho a la vida digna, declarado en el Art. 28 ibídem. Puesto que al no tener definido con precisión el contenido y alcance de estos derechos, resulta supremamente difícil formular una acción de exigibilidad jurídica concreta, pues las leyes nos han definido cuáles y de qué calidad son las prestaciones, bienes y servicios públicos que le son exigibles al Estado; y entonces cualquier pretensión jurídica al respecto podría ser desestimada, con el argumento de que “se hace lo que se puede con los recursos de los que se dispone”, convirtiéndose de esta forma en mera retórica.
El libro segundo se refiere a los niños en sus relaciones de familia instituyendo derechos y obligaciones entre padres e hijos recíprocamente, estableciéndose entre una de las causales de privación de la patria potestad el abuso y la explotación sexual, laboral o económica del hijo según los numerales 2 y 3 del Art. 113.
El libro tercero organiza el Sistema Nacional Descentralizado de Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia, definiéndolo en su Art. 190 como un conjunto de organismos, entidades y servicios, que definen, ejecutan, controlan y evalúan las políticas, planes, programas y acciones destinados a garantizar el ejercicio, vigencia y exigibilidad de los derechos de todos los menores establecidos en la Constitución, tratados internacionales y leyes internas.
Este sistema se encuentra integrado por organismos encargados de 1) la definición, evaluación y control de políticas; 2) la protección, defensa y exigibilidad de derechos; y, 3) la de ejecución de planes, programas y proyectos. Entre las políticas que contempla el sistema integral de la niñez y adolescencia, se encuentra una destinada a fijar directrices de protección especial para preservar y restituir los derechos de los menores que se encuentran en situaciones de amenaza o violación de sus derechos como maltrato, abuso, explotación sexual o laboral, tráfico, etc. Por lo que encontramos una medida más para la protección de los menores víctimas de la explotación sexual infantil.

El cuarto y último libro se refiere a la responsabilidad del adolescente infractor, que se aplicaría en el presente tema de disertación cuando el responsable de la explotación sexual fuera un menor adolescente, quien en este caso sería sujeto de medidas socioeducativas, mediante el procedimiento especial determinado en esta codificación ante los Jueces de la niñez y adolescencia; pero debemos considerar que son pocos los casos al respecto, pues en el contexto social y real la explotación sexual infantil es un delito que responde a una red de personas que negocian con los menores, es decir con una capacidad de dominación y negociación madura.



        1. DECRETOS, PLANES Y POLITICAS ADOPTADAS

La Protección Integral es la doctrina que sustenta el deber del Estado, la sociedad y la familia de garantizar que todos los niños, niñas y adolescentes logren su desarrollo integral y el disfrute pleno de sus derechos, en un marco de libertad, dignidad y equidad.


Para conseguir la efectiva consecución de esta responsabilidad, asumida por el Estado mediante tratados internacionales, además de haber reformado su ordenamiento jurídico interno debe definir, evaluar y ejecutar políticas, programas y acciones tendientes a garantizarla, tal es así que ha elaborado algunos planes y ha expedido decretos que establecen compromisos y políticas públicas al respecto, entre ellos tenemos:


  • Plan Nacional de Derechos Humanos; publicado en el R.O. 346 del 24 de junio de 1998, mediante el cual dentro de la problemática estudiada, el Estado se compromete a instaurar políticas públicas basadas entre otros principios en el interés superior de los niños y niñas; así también a establecer y promover políticas de protección especial orientados a niños/as que se encuentran en situación de riesgo o/y sufriendo una violación de sus derechos por: maltrato, explotación sexual, laboral, tráfico de menores o desplazamiento de refugiados/as.



  • Plan Decenal de Protección Integral a la Niñez y Adolescencia; elaborado por el Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia, creado en el 2003 como órgano rector del Sistema Nacional Descentralizado de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia el cual establece algunas políticas de protección especial entre las cuales se menciona en el numeral 26 la protección contra el maltrato, el abuso sexual, el tráfico y la explotación sexual comercial, definiendo a su vez estrategias para combatirlos. Este plan fue aprobado mediante resolución No. 22 publicada en el R.O. No. 475 de 3 de diciembre de 2004.



  • Plan de Igualdad de Oportunidades; expedido mediante Decreto Ejecutivo No. 1207-A en el R.O. No. 234 de 22 de marzo de 2006 con la finalidad de proteger y garantizar los derechos de las mujeres niñas y adolescentes y la igualdad de género en el país. Este plan en lo referente a nuestra investigación establece que el Estado Ecuatoriano asume como prioridad nacional la prevención y erradicación del abuso, acoso y explotación sexual de niñas y adolescentes ya sea comercial o en condiciones de servilismo.



  • Plan Nacional para combatir la trata, explotación sexual, laboral y otros medios de explotación de personas, en particular mujeres, niños, niñas y adolescentes, elaborado en el año 2006 por Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia, el Consejo Nacional de Mujeres, UNICEF, OIT entre otros organismos. Este instrumento establece entre sus principios el del interés superior de niños, niñas y adolescentes y el de prioridad absoluta de la niñez y adolescencia en la formulación y ejecución de políticas públicas y provisión de recursos. Fija además como ejes de trabajo para combatir los delitos a los cuales se refiere la prevención; investigación y sanción; protección; y, reparación y restitución de los derechos de las víctimas, para tal efecto establece precisiones conceptuales, jurídicas y procesales de los mismos.

La promulgación de algunos de estos planes obedece a que el Ecuador declaró como política de Estado combatir al plagio de personas, tráfico ilegal de migrantes, explotación sexual y laboral, y otros modos de explotación y prostitución de mujeres, niños/as y adolescentes, pornografía infantil y corrupción de menores mediante Decreto Ejecutivo 1981 de 31 de agosto de 2004. Sin embargo de ello, las condiciones jurídicas actuales no viabilizan la exigibilidad de las políticas establecidas, ya que éstas por sí mismas, no constituyen instrumentos legales que obliguen a las autoridades y funcionarios públicos identificados como responsables de la aplicación de los distintos planes, a respetar y cumplir con sus metas y estrategias. En tal sentido, constituye un desafío fundamental del país, generar las condiciones necesarias y de diversa índole para garantizar la exigibilidad que presupone su desarrollo.




        1. Contradicciones de la ley

Con todo lo expuesto dentro del presente trabajo, podemos observar que el Ecuador ha hechos grandes esfuerzos por adaptarse a la normativa internacional ratificada respecto del tema de protección infantil puesto que no solo ha adecuado la legislación interna sino que ha implementado programas y políticas tendientes a que el ejercicio y goce de los derechos de los niños/as y adolescentes sean más plenos y efectivos.


Nuestra normativa interna se ha ido adecuando poco a poco a los diversos requerimientos internacionales plasmados en algunos instrumentos de la materia, que exigían una mayor protección estatal frente a esta clase de delitos. Prueba de ello como analizamos anteriormente, fue el reconocimiento de los menores como sujetos progresivos de derechos que necesitaban de protección especial debido a su vulnerabilidad y proceso de formación, planteándose para el efecto una serie de principios y normas plasmadas inicialmente en la Constitución del 98, las cuales se mantienen hasta la actualidad; el Código de la Niñez y Adolescencia; la Ley Sustantiva Penal; planes y programas nacionales; sin embargo de ello, con el estudio realizado me he podido percatar que todavía existen algunos vacíos y contradicciones entre estas normas, a continuación expongo las que considero trascendentes:


  • Tanto la Convención sobre los Derechos del Niño, el Convenio Número 182 de la OIT, como el Protocolo de Palermo, comprometen a los Estados a adoptar medidas para promover la recuperación física y mental de los menores víctimas de estos crímenes, prestándoles asistencia directa y adecuada que asegure la rehabilitación de quienes se encuentran ya inmersos en ellos. Lamentablemente nuestro ordenamiento jurídico así como las políticas implantadas dentro de esta temática poco o nada dicen al respecto de la rehabilitación de víctimas; si bien en algunos planes nacionales mencionan este punto se establecen programas concretos en este aspecto. La poca asistencia que existe en este contexto la realizan ONGs, cuyo trabajo ni siquiera es difundido y que ni siquiera tienen la cobertura suficiente dentro del territorio nacional, puesto que como estudiamos anteriormente existe gran presencia de explotación sexual infantil (prostitución, turismo sexual, trata) en algunas localidades de la costa y poblaciones fronterizas y no solo en ciudades grandes como Quito y Guayaquil.



  • Nuestra Constitución vigente, estipula medidas que aseguren el cumplimiento de las garantías de los menores, entre ellas el numeral cuarto del Art. 46 señala la protección y atención contra todo tipo de violencia, maltrato, explotación sexual o de cualquier otra índole, o contra la negligencia que provoque tales situaciones. Diferenciándose de lo previsto en la anterior norma suprema, cuya disposición respecto de esta problemática era más amplia al contemplar expresamente la protección contra el tráfico de menores, pornografía, prostitución y explotación sexual infantil.



  • El actual Código de la Niñez y Adolescencia si bien recoge los principales principios, derechos y garantías de los niños/as y adolescentes, constituyendo un avance y un instrumento bastante completo en esta materia en general y concretamente en el tema que nos ocupa; en muchos casos se convierte en enunciados meramente declarativos como por ejemplo, el derecho a la seguridad social o la prestación de una vivienda segura que forma parte del derecho a la vida digna, ya que, al no tener definido con precisión el contenido y alcance de estos derechos, resulta supremamente difícil formular una acción de exigibilidad jurídica concreta, pues no se han definido cuáles y de qué calidad son las prestaciones, bienes y servicios públicos que le son exigibles al Estado. Si bien es cierto esta cuestión no compete directamente a explotación sexual infantil considero que si la protección del Estado y de la sociedad es proteger y garantizar a los niños la integralidad de sus derechos, es importante definir mecanismos adecuados para que sean exigibles todos y cada uno de ellos, de lo contrario es infructuoso y hasta engañoso estipularlos ya que generan falsas expectativas.

Pese a que estas observaciones pudieran ser acogidas o se adopten nuevas normas que garanticen en su totalidad y de manera efectiva los derechos de los niños/as y adolescentes en esta materia, nada lograremos si Estado, sociedad y familia no asumimos nuestro rol de proteger a los menores contra toda clase de maltratos y abuso o si no visibilizamos y tomamos conciencia el impacto que este tipo de delitos genera en la comunidad y en cada víctima, ocasionándole consecuencias irreparables que pueden terminar en la reproducción de esta clase de crímenes o por lo menos en la perpetuación del círculo de violencia.



      1. Mediación

La Convención sobre los Derechos del Niño en su art. 29 hoy demanda que la Educación esté encaminada hacia el desarrollo integral del educando, es decir, que en una constante construcción y mediante la intervención pedagógica del docente se logra el perfil de hombre, claramente establecido en dicho tratado y el Art. 190 de la sección octava habla” Medios Alternativos de solución de conflictos del capitula tercero del Título lV de la Constitución Ecuatoriana que siguen sus lineamientos.


Nos encontramos así con una realidad que nos plantea grandes desafíos, sobre todo en el hecho educativo pues el par de tensiones entre los valores de la realidad social post-moderna y los valores establecidos en las leyes citadas generan conflictos áulicos e institucionales, ante los cuales los docentes se sienten muchas veces impotentes por no contar con herramientas necesarias.


Los Procedimientos de Resolución Alternativa de Disputas, en especial la negociación y la mediación pueden aportar elementos útiles para la gestión de los conflictos.




Los desafíos de La Convención Sobre Los Derechos Del Niño.

La Convención sobre los Derechos del Niño en su art. 12 establece que "Los Estados Partes garantizarán al niño que esté en condiciones de formarse un juicio propio, el derecho de expresar su opinión libremente en todos los asuntos que afectan al niño, teniéndose en cuenta las opiniones del niño, en función de la edad y de la madurez del niño".


Abordar los conflictos escolares desde los Procedimientos de RESOLUCION ALTERNATIVA DE DISPUTAS entre ellas la negociación y la mediación, permitirían generar un sistema que tome el conflicto como parte de la vida, alentando además el protagonismo de las partes en la gestión de los conflictos y estimulando los valores de solidaridad, tolerancia, igualdad y alentando el juicio crítico y la capacidad creadora de nuevas soluciones.





  • NEGOCIACIÓN: Es un procedimiento por el cual las partes intentan resolver sus conflictos sin la intervención de un tercero. En general los autores ven a la negociación como un proceso de: 1)Resolución de conflictos en el que no se acude a la fuerza; 2)Comunicación; 3) Mutua influencia; 4)En el que deben analizarse las relaciones de poder y; 5) Tiene como finalidad la obtención de un acuerdo.




  • MEDIACIÓN: es un procedimiento en el cual un tercero neutral, que no tiene facultades de decisión ayuda a las partes a resolver sus conflictos-Negociación asistida por un tercero.



  • CONCILIACIÓN: Está prevista en los Códigos de Procedimientos y se realiza ante el Juez. Existe otra acepción de esta palabra en el sentido de un procedimiento similar al de la mediación en el que el conciliador puede proponer fórmulas de arreglo conservando las partes el poder de aceptarlas o no.



  • ARBITRAJE: Es un procedimiento en el cual la decisión de la disputa se delega en un tercero (árbitro). Las partes plantean sus posiciones, se puede producir pruebas o no y se dicta un laudo. De alguna manera comparte similitudes con el juicio aunque permite una resolución más rápida.

Entre los objetivos propuestos por el proyecto, relacionados con el tema de la resolución de conflictos encontramos:

  • Propiciar la inclusión de aquellos valores a que adhieren los miembros de la comunidad en el proyecto institucional para reafirmar los positivos y transformar los que fueran necesarios, coherentes con el mundo democrático. Para lograr este objetivo se consensuó en talleres entre padres y docentes, sobre los valores a favorecer para que el niño los construya. Las evaluaciones se realizaron desde lo auténtico, destacando los aciertos, y explicitando los errores, dudas, conflictos sin buscar culpables, tomando la experiencia de los mismos. Estos talleres permitieron fundamentalmente que los padres encontraran un espacio para expresar las barreras que le impedían "sentirse parte" y valorar el hacer educativo de la institución.

Por otra parte les ha permitido visualizar los problemas institucionales y participar activamente en la búsqueda de las soluciones en la construcción del Proyecto Institucional.

  • Enseñar a los niños a cuidar los materiales (como parte del proyecto, no como algo aislado). Para ello se ha trabajado con la técnica de "ponerse en el lugar del otro" para valorar lo que siente el compañero que recibe el material deteriorado. También se alienta a los alumnos a reparar el material roto (por ejemplo: libros).

Se trata el problema de la integración de niños con disfunción cerebral y malos tratos familiares, desde el análisis de las diferencias, la agresividad, la discriminación, la posibilidad de ver el conflicto sin buscar culpables.

CAPÍTULO III

METODOLOGÍA




    1. Tipo de Investigación

Esta investigación es de tipo exploratoria por cuanto se apoya en material teórico y científico. Además es descriptiva porque utilizamos la observación de hechos, fenómenos y casos reales actuales, sucedidos en la ciudad de Ibarra. El fin de esta investigación es realizar una interpretación racional y objetiva de los mismos. Adicional, la investigación es propositiva por cuanto trata de proponer soluciones al problema planteado, a través de la implementación de una fundación que apoye a los niños, niñas y adolescentes que se encuentran en el sistema de acogimiento institucional.




    1. Diseño de la Investigación

Se ha decidido seguir con una investigación no experimental debido a que se realizó un diseño flexible de carácter social, que se acople a las necesidades de las niñas, niños y adolescentes que se encuentran en programas de acogimiento institucional. La finalidad de esta investigación es la de brindar un propuesta, basada en hechos reales que afectan en la ciudad de Ibarra.


La presente investigación se enmarca dentro del diseño transversal, sabiendo que este estudio se lo realizó dentro de un determinado periodo de tiempo para conocer la actual situación, y encontrar una solución factible de poner en marcha.


    1. Población

La población en la cual se apoya esta investigación, son las niñas, niños y adolescentes que se encuentran viviendo en la Fundación Cristo de la Calle, de la ciudad de Ibarra, quienes conforman un grupo de alrededor de 27 niños de diversas edades, los cuales nos ayudaran con información respecto de su pensamiento y de su situación, conocer cuáles son sus metas y perspectivas frente a la situación que están atravesando.


No fue posible entrevistar a la serie de niños abandonados que deambulan en los mercados de la ciudad a fin de averiguar si actual situación.


    1. Métodos y Técnicas

      1. Métodos




      1. MÉTODO INDUCTIVO: En el entendido que es un proceso analítico sintético mediante el cual se parte del estudio de casos, hechos o fenómenos particulares para llegar al descubrimiento de un principio o ley general que los rige.

Este método se utilizó para obtener principios generales del modelo de atención a las niñas, niños y adolescentes, y si este modelo es necesario o se debe modificar para complementar mejor su función.




      1. METODO DEDUCTIVO: Contrario al método anterior, el deductivo va de lo general a lo particular, es decir, mediante una teoría general que explica los fenómenos que se investiga, debiendo seguirse para este método la sintetización específica que implica la necesidad de implementar , atendiendo que existen conceptos, principios, definiciones, convenios internacionales, leyes etc. de las cuales pueden extraerse conclusiones.

Este método se usó para describir cómo opera la Fundación Cristo de la Calle, su marco legal y en qué organismos apoya su labor.


      1. MÉTODO DESCRIPTIVO: A través de este método se expuso el estado actual del tema investigado y los fenómenos que lo generaron, fue la observación minuciosa y actual de hechos, fenómenos y casos procurando una interpretación racional y el análisis objetivo de los mismos, con la finalidad de cumplir los objetivos específicos ya señalados. Se refiere a una interpretación de la realidad tal cual es.



      1. MÉTODO ANALÍTICO –SINTÉTICO



  • Método Analítico: Mediante su aplicación se pondrá énfasis en el acogimiento familiar en vez del institucional. Mediante este método se logró hacer un acabado análisis crítico del tema investigando a fin de alcanzar una comprensión total del mismo.




  • Método Sintético: Aplicando todo lo relacionado con la variedad de factores que provocan la crisis del internamiento de las niñas, niños y adolescentes, la eficacia o ineficacia de las normas que la sustentan y su cumplimiento, se llegará a un todo concreto



      1. MÉTODOS EMPÍRICOS: Esto permitió recolectar información del campo a través de entrevistas o encuestas, para conocer más de cerca las situaciones que afectan a los niños, niñas y adolescentes involucrados en la investigación.


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