Tema “incidencia del acogimiento familiar o institucional en los niñOS, niñas y adolescentes, en la ciudad de ibarra en el período 2009” introduccióN



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PARTICULARIDADES PARA EFECTUARSE EL ACOGIMIENTO

Son varios los factores relativos los niños, niñas y adolescentes acogidos que la investigación ha encontrado estar significativamente relacionados con el desarrollo de los acogimientos.


El género de los acogidos no ha encontrado como un determinante con el desarrollo de los acogimientos. Son muchas las investigaciones que no han encontrado una relación significativa entre el hecho de ser niño o niña y la forma en que el proceso ha funcionado y se ha desarrollado.
Muy diferente es lo que ocurre con relación con la edad de los niños, niñas y adolescentes en acogimiento. Según investigaciones realizadas en 2007 a 2008 se repite el mismo patrón, según el cual cuanto mayores son los niños, niñas y adolescentes en el momento de iniciarse el acogimiento, tanto mayor es el riesgo de que este resulte problemático y, con alguna frecuencia, interrumpido antes de lo previsto en el plan de intervención inicial. Pero estas dificultades no están por completo ausentes de los acogimientos con niños o niñas más pequeños, ni el tener más de una cierta edad hace imposible que las cosas vayan bien, aunque evidentemente las hace algo más complicadas.
En sentido contrario, aquellos niños, niñas y adolescentes con buenas capacidades de apego, no agresivos, bien adaptados y con experiencias previas de maltrato, facilitan enormemente el proceso de acogimiento y tienen escasas probabilidades de interrupciones no deseadas.
Los factores presentados edad y los problemas de conducta, guardan relación entres si, de manera que, en general, cuanto mayor es el niño, niña o adolescente el momento del acogimiento, tanto más probable es que haya estado sometido durante más tiempo a situaciones traumatizantes y de escasa o inadecuada estimulación, que sucede también con niños de corta edad, no excluyen esta situación a los que no han pasado sin graves problemas, ya sea por su resistencia a las tensiones y a las dificultades hayan estado menos presentes durante más o menos tiempo o menos cronificada.
Esta es una de las consecuencias de lo que ya hemos venido repitiendo de los trastornos del apego que es una de las más repetidas y comunes secuelas de maltrato en la infancia, particularmente porque afectan negativamente, ya que el niño, niña o adolescente se hacen la pregunta de ¿en qué medida pueden confiar en los demás como fuente segura y estable de apoyo y afecto en la vida cotidiana y, particularmente, en caso de necesidad?
Cuando un niño, niña o adolescente ha tenido repetidas experiencias de fracaso en sus relaciones con los adultos en los que tal vez pusiera inicialmente su confianza y sus ilusiones, sus capacidades para establecer posteriores relaciones de apego seguras y confiadas se ven con toda probabilidad disminuidas, lo que afecta a las relaciones interpersonales así como a la confianza y a la espontaneidad con que se implica en nuevas relaciones.
Por eso, resulta tan importante que estos niños, niñas y adolescentes puedan tener una percepción lo más ajustada posible de las circunstancias que les han llevado a la separación familiar, de su situación actual y de sus perspectivas de futuro.


    1. ENTIDADES ESTATALES QUE PARTICIPAN EN EL ACOGIMIENTO

El Estado ecuatoriano asumió la responsabilidad de garantizar los derechos de niños, niñas y adolescentes a través de la promulgación del Código de la Niñez y de la Adolescencia, publicado en el R.O. 737 de 3 de julio del 2003. Inspirado en la doctrina de protección integral, este nuevo instrumento jurídico establece claramente la responsabilidad del Estado, la sociedad y la familia de garantizar los derechos de niños, niñas y adolescentes.


La vigencia del Código de la Niñez y la Adolescencia marca el inicio de una nueva etapa en el Ecuador en cuanto al modo de enfocar el tratamiento político, económico, cultural y social de niños, niñas y adolescentes, incorporando en sus contenidos los mandatos constitucionales vigentes que reconocen para la niñez y la adolescencia la titularidad de todos los derechos humanos y las garantías constitucionales. Se resalta el hecho de que niños, niñas y adolescentes son ciudadanos y, por tanto, sujetos de derechos y obligaciones. Incluye reformas sustanciales en cuanto a los derechos de la niñez y adolescencia relativos a trabajo infantil y de adolescentes, abuso y explotación sexual, protección especial, adopciones, responsabilidad del adolescente infractor, relaciones de familia.

Se ha propuesto al Congreso Nacional la reforma al Código Penal existente. En la reforma se solicita incorporar tipos penales claros en relación a los delitos sexuales cometidos contra personas menores de 18 años, a fin de sancionar la explotación sexual comercial, teniendo presente que el bien jurídico afectado en estos casos es la “dignidad humana y el derecho al sano desarrollo de su sexualidad” y que estos actos de violencia interrumpen su desarrollo integral: cognoscitivo, físico, emocional y psicológico de manera definitiva, provocando daños irreparables en la vida de los niños, niñas y adolescentes.


De igual manera, el Consejo de la Niñez y Adolescencia, juntamente con el Comité Nacional para la Erradicación Progresiva del Trabajo Infantil (CONEPTI), ha presentado una serie de reformas al Código de Trabajo, con el propósito de que éste tenga coherencia con el Código de la Niñez y Adolescencia en lo que respecta al trabajo de niños, niñas y adolescentes. Este proyecto de ley se encuentra en el Congreso para su discusión y aprobación definitiva.
Tanto las propuestas de reformas al Código Penal como las del Código de Trabajo buscan armonizar la legislación con lo dispuesto en el Código de la Niñez y la Adolescencia y los Convenios Internacionales.
Asimismo, el Consejo ha propuesto incorporar reformas específicas a la Ley Orgánica de la Función Judicial. Se plantea la necesidad de que los nuevos jueces de niñez y adolescencia tengan capacitación específica en el tema y que se establezcan requisitos específicos para el ejercicio de esta judicatura. Se propone también especializar a los jueces de niñez y adolescencia para que las causas civiles y las de adolescentes infractores sean conocidas por jueces distintos. Finalmente, se reitera la necesidad de garantizar el derecho de gratuidad de la justicia y la organización de la defensoría pública para todos los procesos en que estén involucrados derechos de niños, niñas y adolescentes.
La Convención de los Derechos del Niño fue ratificada por el Ecuador el 7 de marzo de 1990. Jerárquicamente está ubicada después de la Constitución y sobre las Leyes Orgánicas, que son las que siguen en importancia a la Constitución. Es decir, en el ordenamiento jurídico nacional, sólo la Constitución tiene mayor rango que la Convención. La Constitución establece la obligatoriedad y vigencia de los instrumentos jurídicos internacionales. Estos pueden invocarse directamente ante los tribunales, pero este procedimiento no es aceptado de manera generalizada por todos los funcionarios judiciales ecuatorianos.
El Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia inició su funcionamiento en febrero del 2004. Es el organismo rector del Sistema Nacional Descentralizado de Protección Integral a la Niñez y Adolescencia a nivel nacional. En noviembre del mismo año se nombró a la Secretaria Ejecutiva Nacional, con cuya designación se da paso a un proceso de fortalecimiento institucional de este organismo, en la coordinación del Consejo Nacional con los organismos a nivel local y otras instituciones vinculadas con el tema de la niñez y la adolescencia, a fin de garantizar que las políticas nacionales de protección integral sean debidamente aplicadas. El Plan Nacional Decenal de Protección Integral a la Niñez y la Adolescencia es el marco nacional de las políticas de protección integral. Constituye una herramienta de todos los sectores para la aplicación de las políticas para la niñez y adolescencia. De la misma manera, los planes especializados como el de Protección Especial, que está en proceso de elaboración con diferentes actores públicos y privados, dan directrices que buscan garantizar la vigencia y restitución de derechos de la niñez y la adolescencia.
El Código de la Niñez y Adolescencia, al igual que la Constitución Política disponen la creación del Sistema Nacional Descentralizado de Protección Integral a la Niñez y Adolescencia. Este Sistema, en los ámbitos nacional y local, estará integrado por tres niveles de organismos: a) los de definición y evaluación de políticas; b) los de protección, defensa y exigibilidad de derechos; y, c) los de ejecución de políticas, planes, programas y proyectos.

En lo que se refiere al ámbito local, los Concejos Cantonales de la Niñez y Adolescencia son los órganos de definición de políticas y las Juntas Cantonales de Protección de Derechos son los organismos de defensa, protección y exigibilidad de derechos. En ambos casos, son los municipios los responsables de la organización de dichos organismos en cada cantón.


Desde el año 2003 en que entró en vigencia el nuevo Código de la Niñez y Adolescencia se han conformado varios Consejos y Juntas Cantonales, dentro del universo de 219 cantones que existen en la República. En forma previa, se ha hecho un proceso de difusión y persuasión con las autoridades locales, a fin de introducir la protección integral a la niñez y adolescencia como prioridad en los planes municipales, llevados adelante por alcaldes, concejales y personal técnico de los municipios. En este proceso han participado instituciones gubernamentales y de la sociedad civil que trabajan con niñez y adolescencia, creando espacios de corresponsabilidad y construcción de ciudadanía con el enfoque de derechos.
Según información de la AME, en el primer trimestre del año 2005 se cuenta con 14 Concejos Cantonales de la Niñez y Adolescencia y 5 Juntas Cantonales de Protección de Derechos. Este dato da una idea de lo incipiente que aún se encuentra la creación de sistemas locales de protección, aunque se estima que con la puesta en marcha del Plan Nacional Decenal de Protección Integral a la Niñez y Adolescencia y la natural emulación que se da entre autoridades locales, el proceso se acelerará en los próximos años.
Para lograr la constitución de estos organismos ha sido preciso contar con:


  • la voluntad política del alcalde para incorporar en la gestión municipal el trabajo por niños, niñas y adolescentes y disponibilidad para aprobar políticas públicas en relación a la niñez y la adolescencia.




  • la existencia de institucionalidad en el cantón y que ésta y la sociedad civil estén organizadas y comprometidas en el trabajo por la niñez de manera coordinada.




  • conocimiento de la población respecto a derechos de niños, niñas y adolescentes y prácticas activas de participación ciudadana en la toma de decisiones.

Casi dos años después de haber sido publicado el Código de la Niñez y Adolescencia, se ha logrado un amplio proceso de difusión. Sin embargo, su aplicación encuentra dificultades, relacionadas con:




  1. Falta de apoyo político;

ii) Debilidad de los gobiernos locales para asumir competencias en lo social, además de un débil proceso de descentralización;
iii) Falta de recursos económicos, humanos y técnicos;
iv) Debilidad en la administración de justicia en cuanto al reconocimiento de la ciudadanía de niños, niñas y adolescentes.
Se han iniciado los estudios para la creación del Fondo Nacional de Protección a la Niñez y Adolescencia que está destinado a financiar los programas y proyectos de atención a la niñez y adolescencia y los estudios e investigaciones sobre niñez y adolescencia. El Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia está en consulta con especialistas a fin de determinar la manera más idónea de administración y canalización de tales recursos, los cuales, de conformidad con el mandato del Código, se destinarán a la atención de niños, niñas y adolescentes, con un manejo descentralizado.
En relación a la Justicia Especializada de la Niñez y la Adolescencia, a mediados del 2003, los antiguos Tribunales de Menores que pertenecían al Ministerio de Bienestar Social (hoy Ministerio de Inclusión Social) se integraron a la Función Judicial como Jueces Especializados de la Niñez y la Adolescencia, sin embargo, no hay Jueces de Niñez y Adolescencia en todos los lugares del Ecuador.
La competencia de estos juzgados, además de llevar los casos de adolescentes en conflicto con la ley, también trata asuntos relacionados con familia, alimentos, paternidad, tenencias, visitas, maltrato, medidas de protección judiciales como el acogimiento familiar e institucional y la adopción. El Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia ha propuesto al Congreso Nacional que en las reformas a la Ley Orgánica de la Función Judicial se separe en la Justicia Especializada de la Niñez y Adolescencia los ámbitos penal y civil.
En otro aspecto, mediante una colaboración bilateral del Consejo Nacional de las Mujeres (CONAMU) y la Dirección Nacional de Policía Especializada en Niñez y Adolescencia (DINAPEN) se elaboró una ficha de registro para recolección de datos de los y las adolescentes en situación de explotación sexual a fin de obtener información que permita elaborar un perfil de las características de las víctimas y de los explotadores. Información a partir de la cual se hará posible la adopción de medidas adecuadas para atender y combatir esta problemática. De igual manera, el CONAMU en el marco de coordinación con organismos internacionales ha mantenido reuniones de trabajo con OIT, ACNUR y UNICEF, lo que ha permitido concretar apoyo financiero de la OIT para ejecutar un proyecto para el “Fortalecimiento de Capacidades Locales para Coordinación de Acciones en torno a la Erradicación de la Explotación Sexual de Niños, Niñas y Adolescentes”. Además, el CONAMU brinda asistencia técnica a UNICEF en la elaboración de un diagnóstico sobre explotación sexual de niños, niñas y adolescentes en bares y cantinas del cantón Nueva Loja, Lago Agrio, Provincia de Sucumbíos, proyecto ejecutado a través de la Iglesia de San Miguel de Sucumbíos, ISAMIS.
El SNDPINA es un conjunto articulado y coordinado de organismos, entidades y servicios, públicos y privados, definen, ejecutan, controlan y evalúan las políticas, planes, programas y acciones, con el propósito de garantizar la protección integral de la niñez y adolescencia; define medidas, procedimientos, sanciones y recursos, en todos los ámbitos, para asegurar la vigencia, ejercicio, exigibilidad y restitución de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, establecidos en la Constitución Política (Arts. 49, 50, 51), el Código de la Niñez Adolescencia y los instrumentos jurídicos internacionales.
Está integrado por tres niveles de organismos36


  1. Organismos de definición, planificación, control y evaluación de políticas:




  1. Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia.

  2. Consejos Cantonales de la Niñez y Adolescencia.




  1. Organismos de protección, defensa y exigibilidad de derechos:




  1. Juntas Cantonales de Protección de Derechos.

  2. Administración de Justicia Especializada de la Niñez y Adolescencia, Jueces de la Niñez y Adolescencia, Procurador de Adolescentes Infractores DINAPEN.

  3. Otros organismos: Defensoría del Pueblo, Defensorías comunitarias.




  1. Organismos de ejecución del Sistema Nacional de Protección (ejecución de políticas, planes, programas y proyectos):




    1. Entidades públicas de atención.

    2. Entidades privadas de atención.

Como ya se dijo en el numeral 2, el Sistema Nacional Descentralizado de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia, se puso en marcha desde julio de 2003 con la vigencia del Código de la Niñez y la Adolescencia y está integrado por tres niveles:



El Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia es el organismo rector de la política nacional para la garantía de los derechos de la niñez y adolescencia. Está integrado de manera paritaria por representantes del Estado y de la sociedad civil.
Por el Estado sus integrantes son:


  • Ministro de Inclusión Social o su delegado permanente.

  • El Ministro de Educación o su delegado permanente.

  • Ministro de Salud o su delegado permanente.

  • Ministro de Trabajo o su delegado permanente.

  • El Presidente de la Asociación de Municipalidades del Ecuador o su delegado permanente.

Por la sociedad civil:




  • El representante legal del INNFA; y,

  • Cuatro representantes de las distintas organizaciones no gubernamentales y comunitarias legalmente constituidas, que tienen como finalidad la atención, protección y defensa de los derechos de la niñez y adolescencia.

Los representantes de las organizaciones no gubernamentales y comunitarias fueron electos en un proceso democrático. Se eligieron ocho representantes: cuatro principales y cuatro suplentes.


Los Concejos Cantonales de la Niñez y la Adolescencia son los encargados de elaborar y proponer políticas a nivel local. Están presididos por el Alcalde y constituidos de manera paritaria por miembros de la sociedad civil y del Estado.
Tanto el Consejo Nacional como el Concejo Cantonal tienen una Secretaría Ejecutiva encargada de la coordinación y gestión operativa. En el caso del Consejo Nacional, la Secretaría Ejecutiva juega un doble rol: por un lado es líder y estratega que da orientaciones técnicas a los integrantes del Consejo para que cumplan sus funciones y por otro es un mediador político que permite articular los diferentes intereses y propuestas emanadas desde los delegados al Consejo Nacional.
El Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia ha conformado Comisiones Especializadas, integradas por miembros de este organismo y representantes del sector público y de la sociedad civil, conforme al mandato del Código de la Niñez y Adolescencia. Estas Comisiones son: Adopciones: para la definición de la política nacional de adopciones. Además, se han incorporado los diferentes actores que intervienen como las entidades de acogimiento, agencias de adopción, Ministerio de Bienestar Social. Protección Especial, que se encuentra elaborando el Plan Nacional de Protección Especial, integrada por más de treinta representantes de organizaciones públicas y privadas. Consejo Consultivo: integrado por el Tribunal Electoral de Niños, Niñas y Adolescentes, Foro de la Niñez y miembros del Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia. Su labor se desarrolla en los diferentes ámbitos de políticas definidas por el Código.
Las Juntas Cantonales de Protección de Derechos constituyen el organismo de defensa, protección y exigibilidad de derechos a nivel cantonal. Son las encargadas de vigilar y exigir la garantía y el respeto de los derechos de niños, niñas y adolescentes en ámbitos familiares, comunitarios, educativos, de servicios públicos, medios de comunicación y vida cotidiana en general. Están integradas por un equipo de tres profesionales seleccionados por el Concejo Cantonal de la Niñez y Adolescencia. Los candidatos a miembros de la Junta Cantonal son propuestos por organismos de la sociedad civil. La Junta Cantonal toma conocimiento de situaciones de violación de derechos, vigila y controla el cumplimiento de sus medidas administrativas de protección y restitución de derechos. Puede, además, con el apoyo de las entidades autorizadas, propiciar la conciliación en los asuntos que permita la ley o solicitar la intervención de entidades especializadas en mediación, así como remitir los casos que rebasen su competencia a los Juzgados de Niñez y Adolescencia.
Cabe mencionar que en la ciudad de Ibarra inició sus actividades la Junta Cantonal de Protección de Derechos, en el mes de diciembre del 2008. Alrededor de esta Junta se ha conformado una red de servicios de apoyo que contribuye a la ejecución de sus labores.
Las Defensorías Comunitarias son espacios organizados de la comunidad, parroquia, barrios y sectores rurales que difunden, defienden y vigilan el cumplimiento de los derechos de niños, niñas y adolescentes. Intervienen en los casos de violación a los derechos de la niñez y adolescencia y ejercen las acciones administrativas y judiciales que están a su alcance. Su trabajo lo realizan en coordinación con la Defensoría del Pueblo.
Las entidades de atención participan en la definición y ejecución de políticas y en la formulación de proyectos que coordina el Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia.
La Presidencia de la República, respondiendo al mandato del Código de la Niñez y Adolescencia y a los compromisos internacionales adquiridos en función de la Convención de los Derechos del Niño, solicitó el diseño y elaboración del Plan Nacional Decenal de Protección Integral a la Niñez y la Adolescencia a la Secretaría Técnica del Frente Social; solicitud ratificada posteriormente por el Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia. Para su elaboración, se invitó a participar a diversos actores nacionales y locales quienes fueron consultados en sus respectivas áreas técnicas y políticas. Este proceso tuvo un carácter integrador de planteamientos, propuestas y comentarios a cargo de un equipo técnico de trabajo.
El 20 de octubre del 2004, mediante Resolución No. 22 publicada en el Registro Oficial No. 475 el 3 de diciembre del mismo año, el Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia aprobó el Plan Nacional Decenal de Protección Integral a la Niñez y Adolescencia el cual fundamenta y define las políticas, metas y estrategias que orientarán la acción pública y privada a favor del ejercicio de sus derechos. En tal sentido, constituye una herramienta fundamental para la realización de planes, programas y proyectos encaminados a proteger a niños, niñas y adolescentes.
Los objetivos del Plan Decenal son:


      1. Implantar las condiciones necesarias para que niños, niñas y adolescentes se encuentren protegidos y accedan favorablemente a una vida saludable.

      2. Promover el acceso universal de niños, niñas y adolescentes a los servicios de educación conforme a su edad.

      3. Promover una cultura de buen trato y respeto a los individuales requerimientos y expresiones culturales de niños, niñas y adolescentes.

      4. Fortalecer las capacidades y vínculos afectivos de las familias, como espacio sustancial que cumple el papel fundamental de protección a niños, niñas y adolescentes.

      5. Asegurar la restitución de los derechos a niños, niñas y adolescentes que han sido privados de los mismos, por razones de violencia, maltrato, abuso, explotación o situaciones de desastre.

      6. Promover una cultura de respeto y fortalecimiento de la participación de niños, niñas y adolescentes, como actores con capacidades para opinar, tomar la iniciativa y acordar sobre sus propios requerimientos.

      7. Fortalecer las capacidades y mecanismos de exigibilidad ciudadana para garantizar el cumplimiento y aplicación de los derechos de niñas, niños y adolescentes.


La Defensoría del Pueblo tiene la misión de excitar y defender en el ámbito de su competencia la observancia y vigencia de los derechos humanos individuales y colectivos por parte del Estado y de las entidades privadas obligadas a ello. Con el propósito de brindar un servicio especializado, se creó la Dirección de la Mujer, la Niñez y la Adolescencia que atiende los casos relacionados con este grupo poblacional. Se accede a la Dirección a través de la presentación de una queja escrita, vía telefónica o requiriendo personalmente el asesoramiento para superar una situación de crisis o vulneración.
La Dirección Nacional de Defensa de los Derechos de las Mujeres, la Niñez y la

Adolescencia:



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