Tema “incidencia del acogimiento familiar o institucional en los niñOS, niñas y adolescentes, en la ciudad de ibarra en el período 2009” introduccióN



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Suma esfuerzos con el Defensor del Pueblo, las Direcciones Nacionales y las Defensorías del Pueblo a nivel provincial.



  • Difunde y promueve los derechos de todas las personas, con énfasis en derecho de género y generacional.

  • Asesora detalladamente sobre sus derechos a mujeres, niños, niñas y adolescentes, ya que muchos de los derechos no se ejercen o reclaman por desconocimiento.



  • Defiende el respeto y cumplimiento de estos derechos frente a las transgresiones cometidas por funcionarios del sector público o privado, en cualquiera de sus instancias.




  • Utiliza los recursos constitucionales y legales para exigir y conseguir el cese de las violaciones de los derechos de mujeres, niños, niñas y jóvenes, y promueve la reparación del daño causado y/o la sanción moral a los o las responsables de la trasgresión.

Si el caso presentado es de competencia de la Dirección de la Mujer, la Niñez y la Adolescencia, se lo admite a trámite y se realizan las gestionen pertinentes de acuerdo a cada caso y al interés superior de cada uno de los grupos vulnerados, optando por la manera más ágil y eficiente de defensa de los derechos consagrados en la Constitución y en las leyes conexas. Si el caso no es de competencia de la Dirección, de todas maneras se brinda asesoría y se remite a las personas a los lugares donde puede encontrar el apoyo que busca.


Las principales limitaciones:


  • El Ecuador es un país donde la persuasión, el cumplimiento voluntario y la observación de las leyes no es una actitud espontánea ni permanente.



  • A un gran número de autoridades, independientemente de su puesto y posición, no les gusta ser requeridos, lo que revela desconocimiento de sus deberes y obligaciones constitucionales y de respeto a los derechos humanos.



  • Existen ciertos nudos institucionales, generalmente vinculados con lo que se conoce como “espíritu de cuerpo” que obstaculizan los procesos de investigación o el cumplimiento de resoluciones.



  • El ingreso de quejas y otras tareas sobrepasa la capacidad del grupo de trabajo de la Dirección.

En el país se han puesto en marcha o fortalecido varios sistemas de información, relacionados con la obtención y distribución de datos respecto a la situación de los derechos de la niñez y adolescencia. El Sistema Integrado de Indicadores Sociales del Ecuador-SIISE y sus dos sistemas asociados SINIÑEZ y SIMUJERES buscan generar un uso confiable y homogéneo, así como democratizar el acceso a la información. El SIISE está integrado al SIGOB, que es el Sistema de Información Gubernamental.


Articulados con el SIISE, y complementando información, están el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos-INEC, el Sistema Nacional de Estadísticas Educativas del Ecuador- SINEC y el Sistema de Información para la Infancia-SIPI del Ministerio de Inclusión Social, que al momento está en proceso de reestructuración con el apoyo del Programa Nuestros Niños.
Desde el último censo de población y vivienda, efectuado el año 2001, los sistemas de información contemplan ciertos datos desagregados por grupo étnico o edad, a los que hace referencia la CDN y el Código de la Niñez y Adolescencia. Sin embargo, esta desagregación no se ha realizado a todos los niveles, por lo que aún es insuficiente.
En coordinación con el Observatorio de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia, la Secretaría Ejecutiva del Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia tiene previsto desarrollar un sistema de información sobre niñez y adolescencia, que articule la información sobre niñez y adolescencia de todos los sistemas de información existentes, que además incorpore aquellos indicadores que son imprescindibles para tener una información de calidad de este sector y permita medir la ejecución del Plan Nacional Decenal de Protección Integral a la Niñez y Adolescencia; para esto se ha elaborado un proyecto que se encuentra en proceso de aprobación.
El Código de la Niñez y Adolescencia designa al Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia como el ente rector del SNDPINA, cuyas decisiones son obligatorias para todas las instancias componentes del Sistema. El Consejo empezó su funcionamiento en el mes de febrero del 2004, siendo este un paso decisivo en la organización y funcionamiento del Sistema y como ya se dijo, está integrado por instituciones del Estado y de la Sociedad Civil, que participan en la formulación y aplicación de políticas y programas para niños.
Con el propósito de fortalecer el trabajo ya existente en la construcción del Sistema, el Consejo conjuntamente con otras instituciones estatales y de la Sociedad Civil, como la Asociación de Municipalidades del Ecuador, UNICEF, INNFA, Foro por la Niñez y Adolescencia, Observatorio de los Derechos de la Niñez y Adolescencia y otros organismos nacionales e internacionales trabajan la definición de las directrices para la organización y funcionamiento del SNDPINA.
En cuanto a los Concejos Cantonales de Niñez y Adolescencia, los gobiernos locales están asumiendo con seriedad y responsabilidad este proceso. Más difícil ha sido la organización de las Juntas Cantonales de Protección de Derechos. Todavía no hay una comprensión clara dentro de las municipalidades sobre el rol de estos organismos. Sin embargo, el Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia se ha propuesto avanzar este año en su conformación y dar mayor fuerza al trabajo en relación a las Juntas Cantonales de Protección de Derechos.
Dentro del plan de trabajo para el 2005 estaba prevista la conformación del Consejo Consultivo Nacional de Niños, Niñas y Adolescentes y la coordinación a nivel local para la conformación de estos espacios.
Por otro lado, y desde el espacio de la sociedad civil, existe el Observatorio de los Derechos de la Niñez y Adolescencia en el Ecuador, proyecto que se propone recolectar, analizar y divulgar información sobre la situación actual del cumplimiento de los derechos de niños, niñas y adolescentes en el Ecuador.


  • En el 2002, Plan Internacional, INNFA y DINAPEN, a través de un Convenio de Cooperación, desarrollaron un proceso de capacitación en legislación sobre niñez y adolescencia, Sistema de Protección Integral y sus instancias, pautas para su construcción y herramientas para información, educación y comunicación de los Comités de Gestión Local.

Este proceso permitió informar sobre el Sistema y aclarar dudas sobre su organización, funciones y alcances. También fue un momento para compartir experiencias, evaluar las acciones impulsadas en algunos cantones, para organizar los Concejos Cantonales y para proponer compromisos.




  • El proyecto Programa del Muchacho Trabajador – Foro Ecuatoriano por la Niñez y Adolescencia, que terminó en abril del 2003, tuvo como objetivo fortalecer a los Comités de Gestión Local (encargados de la vigilancia en el cumplimiento de los derechos de la niñez y adolescencia a nivel local) capacitándolos en contenidos del Código de la Niñez y Adolescencia y Derechos.



  • Durante el 2003 y el 2004 la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas capacitó a alcaldes, concejales, técnicos municipales y de instituciones locales y a personas de la sociedad civil en el Código de la Niñez y la Adolescencia y su aplicación.




  • El Ministerio de Bienestar Social, el Instituto del Niño y la Familia, el Foro de la Niñez, la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas y UNICEF durante el 2003 y 2004 capacitaron a jueces, colegios de abogados, funcionarios de centros de internamiento para adolescentes infractores, entre otros.



  • El Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia, con el apoyo de UNICEF, está desarrollando varias acciones de capacitación sobre todo en relación a la problemática de Explotación Sexual Comercial de niños, niñas y adolescentes. Hasta el momento se ha capacitado a periodistas y asambleistas.



  • En la II Consulta Nacional a la Niñez y Adolescencia, niños, niñas y adolescentes opinaron sobre la vigencia y respeto de sus derechos y las prioridades a ser consideradas por autoridades y sociedad para garantizar una mayor cobertura de sus derechos.



  • El Observatorio de los Derechos de la Niñez y Adolescencia, instancia de la sociedad civil creada en el año 2001, tiene como mandato el seguimiento y evaluación del cumplimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes ecuatorianos. Esta instancia consta de dos partes, un grupo de más de veinte líderes de distintas tendencias políticas, diferentes procedencias geográfica y ocupacionales, que cuenta además con una Secretaría Técnica. Este grupo de ciudadanos y ciudadanas, se han comprometido a trabajar en la vigilancia y veeduría a favor de los derechos. Para ello crearon una medida denominada “Índice de Cumplimiento de los Derechos de la de la Convención de los Derechos del Niño y en el Código de la Niñez ecuatoriano. Durante tres años este Observatorio ha medido cómo se cumplen los derechos de los niños, niñas y adolescentes.



  • La Convención de los Derechos del Niño, los Informes Periódicos Primero, Segundo y Tercero del Estado ecuatoriano sobre su aplicación y las observaciones al Primer Informe Periódico formuladas por el Comité de los Derechos del Niño, han sido difundidos ampliamente por el Ministerio de Relaciones Exteriores, en la página web de la Comisión de Coordinación Pública para los Derechos Humanos, organismo creado en el año 2002, para elaborar los informes del Estado de aplicación de los tratados internacionales de derechos humanos y dar seguimiento a las observaciones de los Comités de Supervisión de Tratados de Naciones Unidas.

El Ecuador en un país históricamente caracterizado por profundas inequidades sociales, étnicas y regionales. Los programas gubernamentales no han logrado superar el estancamiento económico. Por el contrario, ha habido un incremento de la desigualdad social y ha continuado la pobreza y el desempleo. Para el 2004, la pobreza en el campo fue del 76% y la de las ciudades del 42%15. Más de la mitad de la población en situación de pobreza es menor de 18 años.
En esta situación, los niños, niñas y adolescentes son los que más sufren la crisis. Según la Encuesta EMEDINHO 2000 el 63% de todos los niños vive en situación de pobreza, es decir, más de 3 millones de niños. Esto implica que la mayoría de niños, niñas y adolescentes ecuatorianos requieren atención en todas las áreas relacionadas con su desarrollo. Sin embargo, consideramos que las prioridades son las siguientes:


  • Acceso efectivo, universal y obligatorio a todos los niños y niñas a la educación pública, gratuita y de calidad bajo los principios de equidad, interculturalidad, pluralidad, solidaridad.

Sólo la educación garantiza a niños, niñas y adolescentes un futuro en igualdad de condiciones. Pese a que el Ecuador ha dado pasos importantes para la universalización de la educación básica, todavía existe un gran número de niños y adolescentes que abandonan el sistema educativo antes de concluir los ciclos de enseñanza, en muchos casos ocasionados por la falta de motivación que tienen los estudiantes ante un sistema educativo que no les motiva a aprender. Es obligación del Estado brindar una educación que promueva el progreso de sus estudiantes en una amplia gama de logros intelectuales, sociales, morales y emocionales, teniendo en cuenta su nivel socioeconómico, su medio familiar y su aprendizaje previo.


  • Erradicación progresiva del trabajo infantil.

En el 2004 había aproximadamente 560.000 niños y niñas que realizaban actividades laborales o productivas. Esta cifra representa un aumento en comparación con aquella de cuatro años atrás: la proporción de niños/as trabajadores subió de 13% en el 2000 a 15% en el 2004. El incremento ocurrió en el campo, en donde pasó del 20% al 27% en cuatro años; en las ciudades en cambio, se observa una ligera reducción (del 9% al 7%). Casi tres de cada 10 niños/as residentes en las áreas rurales trabaja (27%), cuatro veces más que en las ciudades (7%). De todos los niños/as trabajadores en el país entre cinco y 17 años de edad, el 69% vive en el campo y el 31 % en las ciudades.


El trabajo en la niñez es más frecuente en la Sierra rural. El 34% de los niños/as del campo de las provincias serranas trabaja, en contraste con el 19% en las áreas rurales costeñas. Entre las ciudades grandes, Cuenca y Machala tienen la mayor proporción de niños/as en el mercado de trabajo (9% y 7%, respectivamente); en Quito y Guayaquil, la cantidad era algo menor (5%).


  • Prevención, protección y atención de toda forma de maltrato, violencia, abuso, acoso sexual, tráfico y explotación sexual comercial.

Lamentablemente en el Ecuador los índices de maltrato a niños, niñas y adolescentes son altos (43.60%). Sucede tanto en el hogar como en la escuela. Por otro lado, la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes no es nueva en el Ecuador. A raíz del descubrimiento del caso de explotación sexual en Galápagos el tema salta a la luz pública y se comienzan a tomar medidas de prevención, protección y restitución de derechos a las personas que han sufrido este tipo de delitos. En el Ecuador existen quince Sistemas Integrados de Encuestas de Hogares ENEMDU, 2004. Fundación Observatorio Social del Ecuador. Niños 2004. Observatorio de los Derechos de la Niñez y Adolescencia estudios pequeños sobre este tema.


El CONAMU realizó uno en Lago Agrio, provincia de Sucumbíos y el INNFA desarrolló un Proyecto en Santa Cruz, provincia de Galápagos a raíz de las violaciones ocurridas en esa Isla. No existen estudios nacionales sobre el tema y la ausencia de servicios para atención y restitución a las víctimas se agrava por la falta de recursos desde el Presupuesto General del Estado.


  • Garantizar servicios públicos destinados a restituir derechos y protección frente al maltrato, el abuso, el trabajo infantil, privación del medio familiar y pérdida de niños y niñas.



  • Acceso de todos los niños y niñas a salud, nutrición y a servicios, programas y proyectos de desarrollo infantil con calidad.

La única manera de garantizar una vida saludable es ofrecer a niños y niñas menores de cinco años alimentación y servicios de salud adecuados. Una adecuada nutrición, vacunación y cuidado será determinante para que niños y niñas gocen de las garantías de un buen comienzo en sus vidas.


  • Garantizar el acceso a servicios básicos a niños y niñas en situación de extrema pobreza o víctimas de desastres.

Con el propósito de evitar que los niños extremadamente pobres sufran aún más las consecuencias de su situación, es obligación del Estado brindarles nutrición, vacunación, educación y servicios generales de atención. De la misma manera, establecer como prioridad la atención a niños y niñas víctimas de desastres naturales.


  • Alcanzar los mejores niveles de salud y el ejercicio responsable de los derechos sexuales y reproductivos en los y las adolescentes.

Las adolescentes son el 20.9% de las mujeres en edad fértil del país. La evolución de la fecundidad de las adolescentes muestra un incremento considerable desde los años 90 (de 84 x 1000 en 1989 a 100 x 1000 en el 2004), en contraste con la tasa de fecundidad general que ha mantenido una tendencia constante al descenso. El hecho que se haya incrementado la fecundidad de las mujeres adolescentes es preocupante y significa que las acciones emprendidas para evitar los embarazos precoces no están dando los resultados deseados.




  • Fortalecimiento del sistema de justicia y de aplicación de medidas socio-educativas destinadas a adolescentes infractores.

La importancia de garantizar a los adolescentes infractores un adecuado sistema de justicia y la aplicación de medidas socioeducativas es un tema prioritario. El sistema de justicia no tiene recursos ni personal calificado. Los mismos jueces de niñez y adolescencia carecen de una comprensión integral sobre la problemática de los adolescentes infractores.


Según la Constitución Política el castellano es el idioma oficial, y el kichwa, shuar y los demás idiomas ancestrales son de uso oficial para los pueblos indígenas. Sin embargo, únicamente existen textos en castellano de la Convención.




  • Proyecto de reformas al Código Penal, que incorpora delitos no contemplados en el actual Código como la explotación sexual, el abuso sexual, el turismo sexual, la pornografía infantil y la rufianería, entre otros. Además plantea el endurecimiento de penas y el castigo al “cliente” o al demandante. Se encuentra con informe para segundo debate.



  • Proyecto de reformas al Código de Trabajo, que busca armonizar el actual Código con las disposiciones del Código de la Niñez y Adolescencia sobre trabajo infantil. Se encuentra con informe para segundo debate.



  • Proyecto de reformas a la Ley Orgánica de la Función Judicial, que busca especializar a los Juzgados de la Niñez y la Adolescencia y capacitar a sus jueces.



  • Proyecto de reforma a la Ley de Maternidad Gratuita y atención a la infancia. Aprobado. Garantiza la transferencia inmediata de recursos económicos a la cuenta Fondo Solidario de Salud que el Ministerio de Salud mantiene en el Banco Central del Ecuador.




    1. Las nuevas instituciones.

La Constitución Política de la República del Ecuador en su Art. 52 ordena al Estado la conformación del Sistema Nacional Descentralizado de Protección Integral a la Niñez y Adolescencia y dispone la conformación de un organismo rector del Sistema, el cual debe estar integrado paritariamente por representantes del Estado y la sociedad civil.


El Código de la Niñez y la Adolescencia, vigente desde julio del 2003, en su artículo 94, crea el Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia. El Consejo es un organismo colegiado de nivel nacional, integrado paritariamente por representantes del Estado y de la sociedad civil, encargado de velar por el cumplimiento de los derechos establecidos en el Código de la Niñez y la Adolescencia. Goza de personería jurídica de derecho público y autonomía orgánica, funcional y presupuestaria. Entre las principales funciones están:

  • Definir y evaluar el cumplimiento de la Política Nacional de Protección Integral a la Niñez y Adolescencia; asegurar la correspondencia de las políticas sectoriales y seccionales con la política nacional de protección integral; y, exigir de los organismos responsables su cumplimiento.



  • Aprobar el Plan Nacional Decenal de Protección Integral a la Niñez y la Adolescencia.



  • Denunciar ante los órganos competentes las acciones u omisiones de servicios públicos y privados que amenacen o violen los derechos de los niños, niñas y adolescentes.



  • Difundir los derechos, garantías, deberes y responsabilidades de la niñez y adolescencia.



  • Vigilar que todos los actos ejecutivos, judiciales, legislativos y administrativos respeten y garanticen los derechos de niños, niñas y adolescentes.



  • Establecer un sistema de control de calidad y valores en los mensajes y programas de los medios de comunicación, en función del mejor interés del niño, niña o adolescente.



  • Crear y desarrollar mecanismos de coordinación y colaboración con los organismos internacionales, públicos o privados, que se relacionen con los derechos de la niñez y adolescencia.

De igual manera, el Código de la Niñez y Adolescencia manda la organización de los Concejos Cantonales de la Niñez y Adolescencia y las Juntas Cantonales de Protección de Derechos.


Los Concejos Cantonales de la Niñez y Adolescencia son los encargados de elaborar y proponer políticas locales y planes de aplicación local para la protección de los derechos de la niñez y vigilar su cumplimiento y ejecución. Las Juntas Cantonales de Protección de Derechos conocen los casos de amenaza o violación de derechos de niños, niñas y adolescentes y disponen las medidas administrativas de protección que sean necesarias para proteger el derecho amenazado o restituir el derecho violado.
Mediante un convenio con AME y UNICEF, el Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia trabaja en la conformación de estos organismos.
























      1. Políticas destinadas a la universalización de los diez años de educación básica.




  • Garantizar el acceso efectivo, universal y obligatorio a todos los niños, niñas y adolescentes a una educación de calidad bajo los principios de equidad, interculturalidad, pluralidad y solidaridad.




      1. Políticas de protección especial para la erradicación del plagio de personas, tráfico ilegal de migrantes, explotación sexual y laboral y otros modos de explotación y prostitución de mujeres, niños, niñas y adolescentes, pornografía infantil y corrupción de menores.




  • Prevención y atención a toda forma de maltrato, violencia, abuso y explotación.

  • Garantizar servicios públicos destinados a restituir derechos y protección frente al maltrato, el abuso, el trabajo infantil, la privación del medio familiar y la pérdida de niños y niñas.

  • Erradicar progresivamente el trabajo infantil nocivo, peligroso o de riesgo y protección contra la explotación laboral.


      1. Políticas contempladas en el Plan Nacional Decenal de Protección Integral a la Niñez y Adolescencia:




  • Protección y cuidado de la salud de la mujer en edad reproductiva, mediante la atención gratuita y universal durante el embarazo, parto y postparto.

  • Garantizar el acceso de niños, niñas y adolescentes a servicios, programas y proyectos de desarrollo infantil con calidad.

  • Garantizar el acceso a servicios básicos a niños, niñas y adolescentes en extrema pobreza o víctimas de desastres naturales.

  • Asegurar condiciones nutricionales adecuadas y oportunas a todos los niños y niñas.

  • Garantizar que las familias cuenten con los conocimientos y destrezas necesarias que les permitan criar a sus hijos e hijas, promoviendo al máximo sus capacidades emocionales, intelectuales, sociales y morales con sentido de equidad e inclusión en un ambiente de afecto y estimulación.

  • Promover la recreación, el juego a favor del desarrollo físico, emocional y social de niños y niñas, así como a las diversas formas y manifestaciones del arte y la cultura.

  • Promover una cultura de respeto y promoción de la participación de los niños y niñas.

  • Alcanzar los mejores niveles de salud y el ejercicio responsable de los derechos sexuales y reproductivos en los y las adolescentes.

  • Fortalecimiento del sistema de justicia y de aplicación de medidas socio-educativas destinadas a adolescentes infractores.



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