Trabajo a tiempo parcial y protección social el derecho a las prestaciones de Seguridad Social tras el rd-ley 11/2013, de 2 de agosto



Descargar 135.14 Kb.
Página1/3
Fecha de conversión04.07.2017
Tamaño135.14 Kb.
  1   2   3
TRABAJO A TIEMPO PARCIAL Y PROTECCIÓN SOCIAL

El derecho a las prestaciones de Seguridad Social tras el RD-Ley 11/2013, de 2 de agosto, de protección de los trabajadores a tiempo parcial y otras medidas urgentes de orden económico y social

Yolanda Sánchez-Urán Azaña,

Profa.Titular, Acreditada a Cátedra, de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, UCM.



  1. INTRODUCCIÓN

El Capítulo II del RDL 11/2013 (art. 5) modifica la LGSS (Disp.Adic.. 7ª), adoptando al respecto nuevas reglas relativas a la acción protectora de la Seguridad Social de los trabajadores a tiempo parcial. Acción protectora que la citada disposición legal concreta para las pensiones (jubilación, invalidez permanente, muerte y supervivencia) y para determinados subsidios, IT, Maternidad/Paternidad, dejando al margen las reglas previstas para otra prestación, la de desempleo, que se rige por lo dispuesto en el RD 625/1985.

Expresa la norma (Exposición de Motivos) que la finalidad de las nuevas reglas, y la justificación de la urgencia y necesidad de su adopción a través de un Decreto-Ley, es integrar el vacío legal que la declaración de inconstitucionalidad y anulación por parte de la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) núm. 61/2013, de 14 de marzo, de la regla segunda del apartado 1 de la D.A. séptima LGSS (que consideraba exclusivamente las cotizaciones efectuadas por los trabajadores a tiempo parcial en función de las horas trabajadas, ordinarias y complementarias, para acreditar los periodos de cotización) ha producido en orden al cómputo de los periodos de carencia, para causar derecho a las prestaciones de Seguridad Social.

Asimismo, se dice que la norma materializa el Acuerdo suscrito por el Gobierno con los interlocutores sociales el 31 de julio de 2013 sobre “mejora de las condiciones de acceso a la protección social de los trabajadores a tiempo parcial”. Acuerdo que, sólo en parte, mantiene la propuesta que el Gobierno había presentado unos días antes a la Comisión Parlamentaria del Pacto de Toledo y que, a nuestro juicio, interpretaba en términos moderados la conjunción entre los principios de contributividad y proporcionalidad, de un lado, y el principio de equidad, de otro, que como sabemos definen nuestro Sistema de Seguridad Social en el marco del principio de igualdad y no discriminación que, de acuerdo con la Constitución, condicionan la configuración de un derecho, el derecho a la Seguridad Social (o más ampliamente de la protección social), que se caracteriza por ser así expresado, un derecho de configuración legal o un derecho-prestación.

Las nuevas reglas, expresadas en una compleja fórmula, como analizaremos posteriormente, proponen exigir, proporcionalmente, el mismo esfuerzo contributivo (en su dimensión temporal) a un trabajador a jornada parcial en relación a uno a tiempo completo, atendiendo a los períodos con contrato vigente a tiempo parcial y procurando evitar que se produzcan efectos desproporcionados entre las cotizaciones realmente efectuadas por el trabajador y la cuantía de la prestación que recibe. La fórmula consiste básicamente en la introducción del denominado COEFICIENTE DE PARCIALIDAD en dos fases, una, en el cálculo del período de cotización exigido para causar derecho a las prestaciones y otra, en la determinación de la cuantía de alguna de ellas, en concreto, jubilación e incapacidad permanente.

Resultando que numerosos procedimientos de reconocimiento de prestaciones a trabajadores a tiempo parcial habían quedado paralizados tras la sentencia del TC, la norma de urgencia prevé una regla de intertemporalidad a la inversa (Disp.Transit.1ª), de amplio alcance, retrotrayendo (retroactividad de grado máximo en algún caso) la aplicación de las nuevas reglas previstas en el RD-Ley 11/2003 en lo que refiere a la determinación del período de cotización. Retroacción que diferencia entre:


  1. las prestaciones de la Seguridad Social que con anterioridad su entrada en vigor hubiesen sido denegadas por no acreditar el período mínimo de cotización exigido conforme a la regla ahora declarada inconstitucional. En este caso si aplicadas las nuevas reglas, se cumpliera el período mínimo de cotización, el hecho causante se entenderá producido en la fecha originaria, sin perjuicio de que los efectos económicos del reconocimiento tengan una retroactividad máxima de tres meses desde la nueva solicitud, con el límite en todo caso de la fecha de entrada en vigor.

Aun cuando han surgido dudas acerca del alcance de la disposición transitoria, en nuestra opinión la norma es clara y refiere sólo a las prestaciones “denegadas” por no acreditar el periodo mínimo de cotización. Y no, por tanto, como por el contrario se ha propuesto, cabría ampliar su aplicación a aquellos expedientes ya resueltos en los que se haya reconocido una prestación cuya cuantía resultara ahora superior por aplicación de la nueva regla legal1. Porque la nulidad de la regla anterior alcanza sólo al cálculo del período de cotización y no, por tanto, a las previstas en la Disp.Adicional 7ª LGSS sobre determinación de la cuantía.

Adviértase también que si el hecho causante se entiende producido en la fecha originaria ello comporta que, salvo en lo que refiere a la regla nueva sobre cálculo del periodo de cotización, se aplicará a esas prestaciones la legislación vigente en el momento del hecho causante a otros efectos, por ejemplo, cálculo de la base reguladora y determinación de la cuantía.



  1. las prestaciones cuya solicitud se encuentre en trámite a la fecha de entrada en vigor del RD-Ley, en cuyo caso, se expresa, se regirán por lo dispuesto en el mismo y su reconocimiento tendrá efectos desde el hecho causante de la respectiva prestación.2 Aquí la aplicación de las nuevas reglas se extiende no sólo al período de cotización sino también, si fuera el caso, en la determinación del porcentaje aplicable a la BR, que, como veremos, se modifica por el RD-Ley 11/2013.



  1. APUNTE SOBRE LA EVOLUCIÓN LEGAL DE LAS REGLAS SOBRE REQUISITOS DE ACCESO Y CÁLCULO DE LAS PRESTACIONES DE LOS TRABAJADORES A TIEMPO PARCIAL

Ya en su regulación originaria, tras el reconocimiento en nuestro ordenamiento jurídico laboral del contrato a tiempo parcial (1981), se planteó cómo debía traspasarse al Sistema de Seguridad Social esta nueva forma de trabajo. Ese traspaso requería adoptar medidas legales relativas al ámbito temporal y económico de la cotización para fijar en este caso la relación de proporcionalidad entre la cotización o contribución y la cuantía de la prestación en relación al modelo tipo del trabajo a tiempo completo en el que se fundamentó dicho Sistema y respecto del que se han establecido sus reglas a lo largo de la evolución legislativa.

Este fue, y sigue siendo, el término de comparación respecto del que el legislador hubo de determinar si cabía traspasar a la Seguridad Social una diferencia de trato (razonable, justificada, proporcional) fundamentalmente en el cálculo del período de carencia para acceder a determinadas prestaciones (en especial, jubilación, desempleo y las que derivan de enfermedad común o asimiladas) respecto de las que el Sistema sigue exigiendo un aseguramiento previo. Es así como desde entonces se adoptó la regla de la proporcionalidad entendida como graduación de la regla general (período de cotización), prevista para los trabajadores a tiempo completo, atendiendo a los diferentes niveles de parcialidad de la jornada de un trabajador a tiempo parcial. No se pensaba entonces tanto adaptar la regla general a las condiciones de la jornada de trabajo real de los trabajadores a tiempo parcial como que ésta, la jornada efectiva (horas trabajadas) debía utilizarse tanto para calcular la cotización como los períodos de carencia exigidos como requisito para acceder a determinadas prestaciones.

En ese momento ya se estableció por Resolución de la Subsecretaria de SS de 1 de febrero de 1982, a la que sustituyó el RD 2319/de 29 de diciembre tras la declaración “ultra vires” por el TS, en sentencia de 26 de mayo de 1994, una regla que, con ligeros o más acusados retoques, ha sido y sigue siendo la que caracteriza el fundamento de la protección social de los que el ordenamiento jurídico laboral considera trabajadores a tiempo parcial.

En efecto, a partir de ese momento se intenta proyectar en el ámbito de la Seguridad Social el tiempo de cotización real del trabajador a tiempo parcial para calcular el período de cotización exigido para determinadas prestaciones. Esto es, se optó por una correlación entre los días y horas efectivamente trabajados y el período de aseguramiento que se debía tener en cuenta para acceder a las prestaciones. Regla que en ese momento se tradujo en el cálculo de los días teóricos de cotización mediante la suma de las horas efectivamente trabajadas dividido por el número de horas de la jornada laboral habitual. Recuérdese que el TS para solventar la laguna legal que derivaba de su sentencia propuso la aplicación de la regulación entonces existente para el desempleo (RD 625/1985, art.34): cada día trabajado se consideraba día cotizado con independencia del número de horas trabajadas.

A partir de entonces, en la búsqueda del que pudiera parecer más adecuado y más equitativo requisito de proporcionalidad temporal en conexión con los parámetros que definen financieramente el Sistema de Seguridad Social, hay un precipitado de modificaciones legislativas, interpretadas por la jurisprudencia y por el TC, que pusieron en entredicho la legalidad y adecuación constitucional de la regla legal sucesivamente adoptada. Recordemos en este sentido, la regla de 1994 (Ley 10/1994), que modificó el artículo 12.4 ET, que asumió legalmente la fórmula de la Resolución de 1982 tanto para el cálculo del período mínimo de cotización previo como para el cálculo de la BR, esto es, computando exclusivamente las horas o días efectivamente trabajados. Fórmula que también dejaba al margen la protección por desempleo, que disponía de sus propias reglas.

Posteriormente la Ley 63/1997 incluye esa fórmula también en la, desde entonces, Disposición Adicional 7ª LGSS. Esta regulación, en lo que afecta al art.12.4 ET (no en lo que refiere a la Disp.Adicional 7ª LGSS) fue objeto de cuestión de inconstitucionalidad ante el TC, que dictó la sentencia 253/20043 (a la que siguieron las SSTC 49 y 50/2005) en la que (aceptando los argumentos del juez proponente de la cuestión) declaró inconstitucional la fórmula prevista en el precepto estatutario, tras repasar la evolución histórica de la regulación de la protección social del trabajo a tiempo parcial en lo que concernía a la determinación de los períodos de cotización exigibles para causar derecho a las prestaciones (pensiones) cuando hay períodos trabajados a tiempo parcial. La regla legal de proporcionalidad absoluta (también denominada proporcionalidad estricta) - que el precepto estatutario establecía para el acceso a las pensiones (jubilación e incapacidad permanente) - se estimó que vulneraba el principio de igualdad porque, si bien es razonable que las bases reguladoras se calculen en función de las cotizaciones realmente efectuadas, injustificadamente –se advertía- limitaba el acceso de los trabajadores a tiempo parcial a las prestaciones económicas puesto que, en el fondo, se les exigía un período de actividad más extenso que a los trabajadores a tiempo completo para poder causar derecho a las mismas.

Aplicando la regla de entonces sobre cómputo de período de cotización, dos ejemplos:


  • Trabajador que hubiera cotizado durante 26 años a tiempo parcial con un coeficiente de parcialidad del 40%, no podría acceder a la pensión de jubilación porque el período de cotización resultante (identificado aquí con el tiempo efectivo de trabajo) sería de 10,4 años frente a los 15 años exigidos.

  • Trabajador con 30 años de cotización y con un coeficiente de parcialidad durante toda su vida laboral del 30% tampoco tendría derecho a la pensión de jubilación porque acreditaría, conforme a esa regla de proporcionalidad, 9 años de cotización, frente a los 15 años de cotización. Lo que quiere decir que a menor jornada de trabajo (menor índice de parcialidad) mayor tiempo se requiere para cubrir el período mínimo de cotización exigido conforme a la fórmula adoptada,

Entre tanto, se dictó el RD-Ley 15/1998, que, como ahora, trajo su causa de un acuerdo, el Acuerdo sobre Trabajo a Tiempo Parcial y Fomento de su Estabilidad, lo que, dicho sea, la voluntad entonces del Gobierno y de los interlocutores sociales era adoptar medidas, incluidas la de protección social, que permitieran revitalizar este tipo de trabajo. Casi una década después, el TS consideró que la nueva fórmula legal (contenida en la regla 2ª del apartado primero de la Disp.Adic.7ª LGSS) no contenía disposición discriminatoria alguna en relación con los trabajadores a tiempo completo (SSTS de 16 de octubre de 2007 y 10 de junio de 2008) porque, además de tener en cuenta inicialmente los períodos realmente cotizados (lo que se traducía entonces ya en un Coeficiente de Parcialidad), se aumentaban, para las prestaciones de jubilación e incapacidad permanente, en un 50%. Esto es, el número de días teóricos (horas trabajadas efectivamente dividas entre 5, cómputo diario de 1826 horas anuales) se incrementaba por un coeficiente multiplicador del 1,5.

En los casos anteriores (en relación con la pensión de jubilación):



  • El trabajador a tiempo parcial con 26 años de cotización accedería a la pensión de jubilación porque cubriría un período de carencia de 15,6 años (26 x 0,40=10,4 x 1,5=15,6 años)

  • En el segundo caso, el de trabajador con 30 años de cotización a tiempo parcial y con coeficiente de parcialidad del 30%, la regla no permitía el acceso porque 30 x 0,30= 9 x 1,5= 13,5 años de período de carencia (cuando el período de carencia para causar derecho a la pensión de jubilación es de 15 años).

Téngase en cuenta que la aplicación de ese coeficiente multiplicador podía de hecho transformar un contrato a tiempo parcial en un contrato a tiempo completo a efectos de causar derecho a la prestación de jubilación e IP. Por ejemplo, un trabajador con coeficiente de parcialidad del 66% obtendría un período de cotización computable del 100% (66 x 1,5= 99.99%).

Esta regla de proporcionalidad limitada (la de la determinación de días teóricos de cotización y aplicación del coeficiente multiplicador de 1,5, en lugar de computar cada día trabajado, en alta, como día completo) fue desarrollada por el RD 144/1999 y se incorporó posteriormente al RD 1131/2002. Y es la que ha estado en vigor hasta que el TJUE, primero, en sentencia de 22 de noviembre de 2013 (Caso C-385-2011, Asunto Elbal Moreno) y el TC, después, en sentencia 61/2013, de 14 de marzo (y posteriores SSTC 71 y 72/2013, de 8 de abril, y 116 y 117/2013, de 20 de mayo) estiman que la fórmula sobre el cálculo del período de cotización para acceder a las prestaciones económicas, respecto de los períodos de cotización acreditados a tiempo parcial en relación a los trabajadores a tiempo completo (apartado a de la regla segunda del apartado primero de la Disp.Adic.7ª LGSS), provocan una diferencia de trato desprovista de una justificación razonable que guarde la debida proporcionalidad entre la medida adoptada, el resultado producido y la finalidad perseguida. Añadiendo que originan también una discriminación indirecta por razón de sexo4. De hecho, la STJUE analiza las cuestiones prejudiciales planteadas sólo desde la perspectiva de la Directiva 79/7/CEE de 19 de diciembre de 1978, relativa al principio de igualdad de hombres y mujeres en materia de Seguridad Social, y descarta las cuestiones planteadas en relación con la Directiva 97/81, de 15 de diciembre, sobre Acuerdo Marco sobre el Trabajo a Tiempo Parcial, y con la Directiva 2006/54 de 5 de julio sobre igualdad entre mujeres y hombres en asuntos de empleo y ocupación. Afirma el TJUE que

“el artículo 4 de la Directiva 79/7 debe interpretarse en el sentido de que se opone, en circunstancias como las del litigio principal, a una normativa de un Estado miembro que exige a los trabajadores a tiempo parcial, en su inmensa mayoría mujeres, en comparación con los trabajadores a tiempo completo, un período de cotización proporcionalmente mayor para acceder, en su caso, a una pensión de jubilación contributiva en cuantía proporcionalmente reducida a la parcialidad de su jornada».

En lo que refiere a los elementos configuradores del modelo de Seguridad Social español, las resoluciones del TC citadas han de valorarse desde la perspectiva del principio de igualdad como límite infranqueable a la configuración del Sistema, que el Alto Tribunal reconoce corresponde al legislador. Desde esta vertiente, se analiza la regla legal relativa al cómputo del período de cotización para causar derecho a la pensión de jubilación en su regulación actual, que ha adoptado un criterio de proporcionalidad limitada, puesto que la determinación del período de cotización acreditado en función de las horas de trabajo realmente realizadas se flexibiliza con la aplicación del coeficiente multiplicador 1,5. En este sentido el TC estima que la diferencia de trato no supera el juicio de proporcionalidad que, conforme a su doctrina, exige la aplicación efectiva del principio de igualdad constitucionalidad. No es, a juicio del Alto Tribunal, una regla legal justificada y proporcional porque las medidas correctoras “no consiguen evitar los resultados especialmente gravosos y desmesurados a que la norma puede conducir” al tomar como referencia para el cálculo del período teórico de cotización la jornada máxima legal (y no la jornada máxima real en la actividad el trabajador de que se trate) y, en lo que al coeficiente multiplicador refiere, al no solucionar los supuestos en que el trabajo a tiempo parcial de jornada muy reducida pueda ser el trabajo habitual del trabajador/ra que pretenda acceder a la pensión de jubilación. Concluye, en lo que refiere a la libertad del legislador para configurar el Sistema y, en concreto, sobre el principio de contributividad que lo define, que

“éste permitirá explicar que las cotizaciones ingresadas determinen la cuantía de su prestación contributiva de jubilación, pero, en cambio, no justifica que, previamente, el criterio seguido en el cómputo de los períodos de carencia necesarios para acceder a dicha prestación resulte diferente al establecido para los trabajadores a tiempo completo, sin que, como ya se ha dicho, la regla correctora introducida evite que a estos trabajadores a tiempo parcial se les exijan períodos cotizados de actividad más amplios, con los efectos gravosos y desproporcionados a que la norma cuestionada puede dar lugar”

Declarada la nulidad de la regla, la cuestión que a lo largo de estos meses se ha planteado y ahora pretende resolver la fórmula legal adoptada es cómo adecuar o ensamblar correctamente las exigencias constitucionales, en concreto, las que en esta materia derivan del principio de igualdad con las que definen el modelo profesional-contributivo de Seguridad Social que no se ha cuestionado (tampoco en esta ocasión) por el TC y que requiere, en tanto no se modifique el parámetro temporal de la contributividad (período de cotización o carencia previa) para acceder a determinadas prestaciones, adaptar el principio legal a los trabajos a tiempo parcial evitando que el Sistema fuera, sea ahora y lo sea en el futuro, un factor que limitara o restringiera un tipo de contratación, la de a tiempo parcial, que ya entonces y también ahora se pretende fomentar o incentivar.



  1. PROPUESTA DEL GOBIERNO HASTA LOS ÚLTIMOS DÍAS DE JULIO DE 2013

El Secretario de Estado de Seguridad Social presentó a la Comisión Parlamentaria del Pacto de Toledo la propuesta de modificación legal sobre protección de Seguridad Social de los Trabajadores a Tiempo Parcial con el objetivo, se decía, de lograr la PROPORCIONALIDAD, tanto en el acceso a derecho a las prestaciones como en su cuantía.

Se proponía, en definitiva, un nuevo retoque en las reglas legales sin, por el contrario, plantear un cambio sustancial en el fundamento de la protección en el Sistema para los trabajadores a tiempo parcial.

El punto de partida seguía siendo el mismo, a saber, la utilización de un término de comparación, el trabajo a tiempo completo, pero se pretendía orientar más claramente hacia la adaptación de la fórmula legal a la situación real de la actividad del trabajador a tiempo parcial siguiendo al respecto la directriz que habían adoptado tanto el TJUE como el TC, a saber, facilitar el acceso de estos trabajadores a las prestaciones cumpliendo así las exigencias del principio de igualdad.

Fórmula propuesta que, de nuevo, formalmente se asentaba en los rasgos que definen el Sistema de Seguridad Social, contributividad, proporcionalidad y equidad, levemente reorientados aquí desde el objetivo de la adecuación de cobertura (a todas las personas que realizan una actividad laboral o profesional, sea a tiempo completo o a tiempo parcial) y la evitación de situaciones fraudulentas o irregulares y la desincentivación de la cotización (readaptando los complementos a mínimos atendiendo también a un criterio de proporcionalidad).

La propuesta, como a continuación se verá, seguía pivotando sobre la correlación entre horas trabajadas y períodos de aseguramiento, y, en consecuencia, sobre la consideración de días de aseguramiento a efectos de reconocimiento de prestaciones. No se replanteaba en ningún caso el requisito de aseguramiento previo a efectos de reconocimiento de determinadas prestaciones cuando, por el contrario, en el Sistema se han introducido elementos que lo distorsionan (por ejemplo, la integración de lagunas) y, aceptándolo, no lo reorientaba hacia un único modelo de cómputo de los días de aseguramiento con independencia de la forma de trabajo. Modelo que o bien pudiera consistir en computar para todos los trabajadores los días en que haya cotizaciones (cualquiera que sea la jornada real efectiva) o bien computar los días en que se esté formalmente en alta, haya o no trabajo efectivo

Por el contrario, y con fundamento en el principio de contributividad, ningún cambio se proponía en lo que refiere a las reglas de cotización de los trabajadores a tiempo parcial, y, de nuevo, se buscaba aquella fórmula que pudiera entenderse ahora más equitativa en lo que afecta al derecho de acceso a las prestaciones como a la cuantía de las mismas. Así, el período de contribución al Sistema derivado del alta (valoración del tiempo de trabajo como tiempo de trabajo-cotizado) se tiene en cuenta en al menos dos elementos en la relación jurídica de protección:

Uno, en lo que respecta al derecho de acceso a las prestaciones, exigiendo para muchas de ellas y en especial para la pensión de jubilación, un período mínimo de cotización (cifrado en un determinado período de días de cotización efectiva). En algún caso, también en especial para acceder a la pensión de jubilación, el período de carencia general (número total de días de cotización) se acompaña de la exigencia de un período de carencia específico (obligación de que una parte del período de carencia general se cubra en un período de tiempo determinado en relación con el momento en que se produce el hecho causante).

Otro, en lo que respecta a la determinación de la cuantía efectiva de la prestación, y, en consecuencia, en el cálculo de la BR, que se determina en función de la cuantía de lo cotizado durante un período de tiempo determinado y en la determinación del porcentaje aplicable a aquélla, que también en el algún caso, en especial en la pensión de jubilación, varía en función del período de cotización efectiva del solicitante.

Así, en relación a cada uno de los elementos del régimen jurídico y utilizando como ejemplo la pensión de jubilación (por su mayor complejidad), se propuso a la Comisión Parlamentaria:

1) Período mínimo de cotización o cotización efectiva del beneficiario en el período que se haya de tener en cuenta para determinar el derecho a la pensión. Para calcular el período de carencia exigido a los trabajadores a tiempo parcial, se proponía aplicar al período de permanencia en alta el COEFICIENTE DE PARCIALIDAD. Este coeficiente que aparece en la Vida Laboral del trabajador, Fichero General de Afiliación, y proviene de la información que transmite el empresario, se define en la propuesta como el porcentaje que representa la jornada de trabajo efectiva del trabajador a tiempo parcial respecto de la jornada a tiempo completo comparable. Por tanto, habrá tantos coeficientes de parcialidad como períodos de trabajo a tiempo parcial aparezcan en la vida laboral del trabajador.

Este Coeficiente de Parcialidad (o estos coeficientes de parcialidad) es el que va a determinar el posterior COEFICIENTE GLOBAL DE PARCIALIDAD, que permite aplicar la regla de proporcionalidad de lo cotizado realmente por el trabajador a tiempo parcial en relación a su situación de parcialidad en el trabajo y en relación a toda la vida laboral del trabajador , es decir, ha de tenerse en cuenta a lo largo de su vida laboral los diferentes períodos de parcialidad en el trabajo que pudiera haber así como los distintos períodos alternativos, a tiempo parcial y a tiempo completo, que pudieran existir en el total de la vida laboral de ese trabajador. Lo que exige sumar el número total de días cotizados resultante de cada uno de los coeficientes de parcialidad y hallar la proporcionalidad total de esta suma en relación al número total de días en alta de este trabajador.

Y es el que permite hallar la proporción (mediante una operación de regla de tres) del período de cotización que se va a exigir a ese trabajador para causar derecho a la prestación en relación al período mínimo de cotización de la LGSS exige para esa prestación concreta.

De la misma manera el coeficiente general o global de parcialidad es el que se va aplicar para hallar el período específico de carencia (si lo hubiera) que se va a exigir al trabajador a tiempo parcial. Operación que también consiste en una regla de tres.

En esta fórmula propuesta desaparece en el cómputo del período de cotización la aplicación de coeficiente multiplicador de 1,5 para las pensiones de jubilación e incapacidad temporal

2) Cálculo de la Base reguladora: se proponía un cálculo idéntico al que con carácter general establecen las normas de Seguridad Social, cualquiera que sea la prestación correspondiente. Quería expresar la propuesta que no se iba a aplicar coeficiente corrector alguno; dicho de otra forma, en el cálculo de las cotizaciones a tener en cuenta para hallar la BR se tendrían en cuenta sólo las cotizaciones efectivamente realizadas por el trabajador.

3) Cuantía efectiva a percibir: porcentaje aplicable a la BR y cuantía mínima real

En lo que refiere al porcentaje aplicable, de especial incidencia en la pensión de jubilación, el coeficiente global de parcialidad volvía a aplicarse aquí. Es decir se partía del período mínimo de cotización que se fuera a exigir a ese trabajador en función de su coeficiente global de parcialidad; a ese período mínimo exigible se le aplicaría el porcentaje mínimo aplicable correspondiente a la prestación de que se trate; y a partir de ese mínimo, si fuera el caso, se incrementaría el porcentaje en función de la escala general prevista para la prestación correspondiente, aplicable por cada mes adicional de cotización. Lo que quiere decir que aquí en este elemento tampoco se preveía aplicar regla especial o excepcional alguna.

En lo que refiere a la cuantía mínima, la propuesta advertía de la necesidad de aplicar también regla de proporcionalidad para calcular la cuantía de los complementos a mínimos cuando en la cuantía de la pensión que resultara de las reglas anteriores no se lograra llegar a la pensión mínima establecida con carácter general (Se decía: …” observar una regulación de los complementos a mínimos de las pensiones atendiendo a un criterio de proporcionalidad. De esta forma, se garantizaría el respeto a los principios de justicia y de equidad respecto de los trabajadores a tiempo completo, evitando agravios comparativos y que trabajadores con esfuerzos muy distintos al final obtuviesen iguales cantidades de pensión”)

Esta regla de proporcionalidad se proponía aplicar también para causar derecho a los subsidios de IT y de Maternidad/Paternidad.

  1   2   3


La base de datos está protegida por derechos de autor ©bazica.org 2016
enviar mensaje

    Página principal