Tribunal contencioso administrativo del huila



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TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL HUILA.

Acción :

Actor :

Accionado :

Radicación :

N° Interno :


RESPONSABILIDAD DEL ESTADO: Prestación servicio militar obligatorio- Falla del servicio.
En el caso sub lite, el daño por el cual se solicita indemnización, esto es, la muerte del soldado profesional Yeison Steven Cabrera Cuellar está debidamente acreditada con los documentos y testimonios incorporados al proceso.
Igualmente, está debidamente probado que la muerte se dio con ocasión o durante la prestación del servicio, cuando el soldado Cabrera Cuéllar se hallaba en operaciones de reconocimiento y de presencia militar en el área donde ocurrió su muerte.

(….)


Sin embargo, en el caso concreto, considera la Sala que las mismas pruebas que obran en el expediente demuestran que también el Estado contribuyó eficazmente a la causación del daño por no haber dispuesto las medidas y elementos de seguridad necesarios para evitar la ocurrencia del hecho, en particular, por no haber dotado a los soldados de chalecos salvavidas, a pesar de haber previsto desde el principio que en el desplazamiento tendrían que cruzar el río Ambicá.
Considera la Sala que no le asiste razón a la parte demandante al afirmar que la entidad demandada incurrió en falla del servicio, basado en que la muerte del soldado Cabrera Cuéllar se causó de manera intencional y dolosa y que por tanto lo que ocurrió fue un homicidio; dado que para concluir de esa manera es absolutamente necesario demostrar no solo la muerte del individuo sino que esta se produjo o fue la consecuencia de un actuar de otro individuo que haya actuado de esa manera y en este caso, la atribución penal que en el caso concreto se requiere no se puede hacer derivar de la sola necropsia que se le practicó al cadáver del soldado; en tanto no se advierte que de la misma se pueda hacer semejante imputación y contrario sensu, a partir de las pruebas recaudadas y de la investigación penal que se adelantó se determinó, concluyó y demostró suficientemente que el soldado falleció tratando de cruzar el río Ambicá y durante una misión estrictamente de carácter militar, justo cuando el río creció y lo arrastró sin poder evitar el ahogamiento posterior.

(….)


Como se dijo anteriormente, en la demanda se afirma que al soldado Cabrera Cuellar le dieron muerte intencionalmente sus propios compañeros de servicio; sin embargo, las pruebas allegadas indican otro hecho, esto es, que el fallecimiento ocurrió en una misión del servicio, pero con ocasión de las fallas en que incurrieron los militares encargados de llevarla a cabo, con claras omisiones de la entidad estatal que contribuyeron eficazmente a la causación del daño, al exponerlo a un riesgo que no estaba en el deber jurídico de soportar, como era no tener los elementos necesarios para poder cruzar un río que presentaba precipitación o peligro inminente de creciente.
FUENTE FORMAL: Art. 90 C.P.
NOTA DE RELATORIA: Responsabilidad del Estado:Sentencia de 10 de julio de 2003, exp. 14083, C.P. María Elena Giraldo Gómez./ Sentencias de 5 de diciembre de 2006, exp, 20 621 M.P. Ruth Stella Correa Palacio y de 10 de agosto de 2005, exp, 16.205. M.P. María Elena Giraldo Gómez. /Corte Constitucional; Sentencia C-333 de 1996./Consejo de Estado; Sección Tercera; Sentencia del 13 de agosto de 2008; Exp. 17042/Consejo de Estado; Sección Tercera; Sentencia del 30 de agosto de 2007; Exp. 15932.


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TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA

SALA SEXTA DE DECISION ESCRITURAL

DESPACHO DE DESCONGESTIÓN
Neiva, siete (7) de julio de dos mil catorce (2014)


DEMANDANTE : LUIS ALFONSO CABRERA VERGARA

DEMANDADO : NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA –

EJÉRCITO NACIONAL.

ACCIÓN : REPARACIÓN DIRECTA

PROVIDENCIA : SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA No. XXX

MAG. PONENTE : Dr. JOSÉ MÍLLER LUGO BARRERO

RADICACIÓN : 41001-23-31-000-2010-00158-00

Aprobado en Acta No. 019 de la fecha.



ASUNTO

Decide esta Corporación en primera instancia el asunto de la referencia, agotadas las etapas procesales correspondientes, siendo competente para ello en razón a la naturaleza del asunto y el lugar donde ocurrieron los hechos y no observando causal de nulidad que invalide lo actuado.





  1. LA DEMANDA (fls. 05 a 11 C. principal).

LUIS ALFONSO CABRERA VERGARA, obrando en nombre propio y en representación de su menor hija DAINNA ANDREINA CABRERA VARGAS, mediante apoderado judicial y en ejercicio de la acción de reparación directa, solicita que se declare a la NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA - EJÉRCITO NACIONAL- administrativamente responsable de la muerte del soldado profesional YEISON STEVEN CABRERA CUELLAR, hijo y hermano de la menor DAINNA ANDREINA.


En concreto pretende que se condene a la entidad demandada a pagarle todos los perjuicios morales que les fueron ocasionados, así como al pago de los intereses moratorios que se generen a partir de la ejecutoria de la sentencia y se dé cumplimiento a misma dentro del término señalado en el artículo 176 y 177 y 178 del C.C.A., así como a las costas del proceso.


    1. Relata los siguientes HECHOS:

  • Que Yeison Steven Cabrera Cuellar se desempeñaba como soldado profesional del Ejército Nacional, adscrito al Batallón de Contraguerrilla No. 9 “Los Panches” jurisdicción del Departamento del Huila.




  • El 6 de junio de 2009, según el agricultor Israel Rodríguez, Yeison Steven apareció flotando en aguas de un río Ambicá en la Vereda “Santa Bárbara” finca “El Milagro” procediendo a rescatar su cuerpo.




  • Que según versiones de los militares recogidas por la Fiscalía, cuyas entrevistas no aparecen registradas, el soldado pereció en las aguas del río citado cuando pretendía cruzarlo y que por ello, la Fiscalía ordenó el archivo de la investigación al entender que no había manos criminales y por tanto, que murió ahogado, sin que hubiese una entrevista que lo confirmara en la investigación penal.




  • Que a Yeison Steven Cabrera Cuellar, encontrándose en actividades propias del servicio, se le dio muerte por manos criminales tal como lo revela el protocolo de necropsia, del cual se determina que la causa de la muerte no fue por ahogamiento, que el homicidio se registró a las 11:00 horas y el cadáver fue rescatado hacia las 17:00 horas, siendo extraño que tal como consta en las escasas averiguaciones del proceso penal, el río se cruzara sin fusil de asalto, lo cual permite preguntar ¿cómo podía cumplir sus funciones el soldado profesional sin armamento de dotación oficial?




  • Concluye que la muerte de Yeison Steven Cabrera Cuellar, es atribuible a la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional, por cuanto se encontraba en la prestación de la función oficial, con un destacamento militar, luego por extensión podría predicarse que se encontraba dentro una instalación militar, en cuyo caso para el Estado surge la obligación de garantizar la vida e integridad física y mental.




    1. Fundamentos de derecho:

Invoca los artículos 2, 5, 6, 11, 13, 90 y 217 de la Constitución Política, artículos 86, 131, 265, 1613 al 1617 y 2341 del Código Civil, 217 del C.C.A., 4 y 8 de la ley 153 de 1887, Ley 446 de 1998, Decreto 85 de 1989 y Ley 1285 de de 2009.


La Declaración Universal de los Derechos Humanos artículos 1, 3, 5, 7, 8, 9, 11, 13, 16, 23, 26, Convención Americana de Derechos Humanos artículos 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 14, 17, 24, Ley 16 de 1972 por medio de la cual se aprueba la Convención Americana de Derechos Humanos “Pacto de San José de Costa Rica”, Pacto internacional de Derechos Civiles y Políticos artículos 2, 7, 9, 12, 17, 23, 24, 26 (Ley 74 de 1968).
Indica que indudablemente la imputación jurídica surge de la FALLA EN EL SERVICIO, pues si el soldado no murió ahogado tiene que concluirse que fue víctima de un asesinato a manos de sus propios compañeros.
Aduce que conforme a la jurisprudencia, la responsabilidad se estructura - cuando dicho daño se haya producido por falla del servicio o cuando se someta al funcionario a un riesgo excepcional diferente o mayor al que deban afrontar sus demás compañeros -, de igual manera transcribe apartes de la sentencia del 25 de julio de 2002, en la cual se precisan los daños que se salen de la órbita de los riesgos propios del servicio, concluyendo que la muerte del soldado no obedeció a un riego propio del servicio para el cual fue vinculado al Ejército Nacional en calidad de profesional, sino que fue víctima de atentado criminal.



  1. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA. (fls. 38 a 41):

La entidad demandada se opuso a todas y cada una de las pretensiones, aduciendo que la demanda carece de hechos concretos y pruebas que demuestre la responsabilidad de la entidad por la muerte del soldado SLP. Yeison Steven Cabrera Cuellar, ocurrida el 6 de junio de 2009.


Sobre los hechos aduce que nada se prueba y en consecuencia le corresponderá al actor, sobre las concretas circunstancias de modo, tiempo y lugar demostrar que lo ocurrido no fue un ahogamiento y con base en qué reclama responsabilidad en cabeza de la entidad demandada. De igual manera deberá probar las calidades personales y familiares del occiso, vínculos familiares, emocionales y económicos existentes entre este y los poderdantes, la actividad económica a la cual se dedicaba en vida, los ingresos que esta le generaba y el destino que le daba a los mismos, así como los supuestos perjuicios ocasionados con el hecho.
Aduce que la parte actora afirma que el hecho se produjo por manos criminales, sin embargo, conoce la entidad que no se presentó ninguna irregularidad de los miembros del Ejército Nacional, relacionados con los hechos en desarrollo de los cuales el SLP resultó muerto y que hubieran tenido la entidad suficiente para producir el conocido resultado, pues los que se sabe es que murió ahogado.
Con base en lo anterior, propuso como excepciones la “ausencia de prueba de los presupuestos de hecho” y la de “Ausencia de responsabilidad –riesgos propios del servicio”, fundada en que el daño motivo de demanda fue causado en desarrollo de actividades propias del servicio, no se generó por algún comportamiento irregular o negligente que efectuara algún agente del Estado, pues según se afirma en la misma demanda el suceso ocurrió en medio de un desplazamiento acuático, que no se está frente a un daño antijurídico debido a que no se debió a una carga especial e injusta al demandante en relación con las demás personas, pues las circunstancias que rodearon los hechos son las normales propias de las funciones que diariamente realizan los soldados profesionales en desplazamiento o entrenamiento. Por tanto, concluye que según lo reiterado por el Consejo de Estado la muerte del SLP ocurrió cuando desempeñaba funciones propias de su cargo, sometido a los riesgos inherentes al servicio, por lo que no existe fundamento alguno para responsabilizar a la administración por este hecho.
Alega que no haya prueba de los perjuicios y que conforme a la carga de la prueba, no hay elementos de juicio suficientes que conduzcan inequívocamente a establecer la responsabilidad de la entidad demandada sobre algún hecho dañoso.



  1. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN



    1. De la parte demandante (fls. 07 - 08 del Cdno de 2ª Instancia).

Luego de realizar un análisis de las pruebas recaudadas, concluye que las mismas son suficientes para declarar la falla del servicio, dado el riesgo superior al que fuera sometido el soldado profesional y debiendo responder la demandada por la posición de garante que tenía frente a la víctima, pues las medidas de seguridad se encuentran en cabeza de la Nación, en tanto era a quien le correspondía suministrar los elementos de trabajo necesarios para las diferentes actividades.


No puede concluirse que estamos frente a un riesgo propio del servicio, cuando tal como lo admite el Mayor Comandante Góngora Castro, su inferior decidió motu proprio cruzar el río, sin los elementos necesarios para garantizar la seguridad de los militares y como si fuera poco sobrecargados con el morral o equipo de campaña, fusil, lanzagranadas, granadas, munición y granadas de mano, luego era de esperarse el suceso ocurrido.
Los elementos no se circunscriben a una soga o lazo, pues se trataba del cruce de un río, actividad que entraña un riesgo relativo, resultando injustificada la desobediencia a los parámetros fijados por la doctrina militar que ordena el porte y uso de elementos previamente determinados, para que el militar no solo vaya agarrado con sus manos a la cuerda, sino sujetado por la eslinga, de tal manera que al zafarse flote sobre las aguas, sujetado a la cuerda, mientras se auxilia, como si fuera poco faltaron los chalecos salvavidas y los elementos de rescate que no podían limitarse a dos militares corriendo por las orillas del río para lanzarse a las aguas en procura de un rescate que resultaba más arriesgado.
Respecto a la imputación jurídica afirma que como el daño se produjo por fuera de los riesgos normales o previsibles del servicios, surge la imputación en contra del estado; que en este caso, la muerte del soldado profesional resulta analizable desde la perspectiva de la falla del servicio desde dos puntos de vista como lo es el accidente derivado del cruce del río o el homicidio.
Entre las dos perspectivas se ve involucrado el tema de la disciplina como una condición esencial para la existencia de toda fuerza militar; pues los medios preventivos están dirigidos a preservar el cumplimiento estricto de los deberes, mientras que los represivos llevan como finalidad la corrección de quienes han infringido las normas profesionales para evitar la reincidencia en las faltas.
En el presente caso, se conjugan varios factores para imputar la responsabilidad de la entidad demandada, por cuanto se desconoció el manual de normas de seguridad contra accidentes o manual EJC12, disposición No. 00005 de 1978, no solo en la forma como debía desplegarse la actividad sino la falta de elementos necesarios para tal fin, amen que el comandante tiene dos responsabilidades básicas el cumplimiento de su misión y el bienestar de sus hombres, por lo anterior, se advierte que la prevención de accidentes es tan importante como la misma productividad.
Transcribe la noción de seguridad industrial y acto inseguro, de las cuales concluye que el procedimiento adelantado por los Comandantes fue violatorio de las normas de seguridad, incurriendo en una condición insegura con los resultados ya conocidos, adicionalmente los militares no estaban provistos de los elementos necesarios como eran las cuerdas habilitadas para el cruce de ríos y de eslingas, amen a los chalecos salvavidas.
Nada justificaba que fuera sometido a tan gravísimo riesgo los soldados profesionales, máxime si no se encontraban en una situación de urgencia, sino en un operativo militar, debidamente preparado, debiendo portar los elementos necesarios para la actividad ordenada irregularmente, como lo fue el cruce de un caudaloso río.
El acto inseguro y la condición insegura, cobra especial importancia por tratarse de un soldado voluntario o profesional, existiendo de parte de sus superiores el deber de dotarlos de los elementos necesarios para cumplir con sus funciones, de instruirlos adecuadamente y de protegerlos, todo lo cual se traduce en las órdenes que se impartan, las cuales deben consultar este canon.
Indudablemente, el riesgo mayúsculo a que fueron sometidos los soldados profesionales, no hacían parte de los comunes u ordinarios, ya que son vinculados para contrarrestar la insurgencia, el paramilitarismo, los narcotraficantes, entre otros, pero no para morir absurdamente como resultado de un defectuoso procedimiento carente de elementos de seguridad y de la prudencia mínima que debe observar el comandante.
Se rompió, el principio de igualdad frente a las cargas públicas, pues es evidente que los demás integrantes del cuerpo armado no se encontraban en las mismas condiciones para el momento de estos hechos. Que esta forma de responsabilidad se edifica sobre la base de que la administración en ejercicio de una actividad legítima quebranta la igualdad debida a los ciudadanos -entre los que se encuentran los funcionarios públicos-, obligándose por consiguiente a reparar las consecuencias dañinas, por haberse generado un riesgo anormal.

Se concluye entonces que hubo falla del servicio, por cuanto el comandante no atendió el Manual de Medidas de Seguridad para evitar accidentes que le ordenaba proteger adecuadamente a sus hombres, sin someterlos a una condición insegura.


Una segunda perspectiva de responsabilidad, fue anunciada como un posible homicidio, tema que no resulta nada ilógico si se acude al protocolo de necropsia, en el que se lee que la causa de la muerte se derivó de una hemorragia subaracnoidea y trauma cráneo encefálico, evidenciándose equimosis en la región frontal derecha, nasal, labial superior, mentón, orejas, escapular izquierda, cadera izquierda, tema que obligó desde luego a interrogar a los forenses encargados de la necropsia.
Pudo suceder que la víctima fuera agredida brutalmente tal como lo revelan los hallazgos del forense en la necropsia, para luego ser arrojado a las aguas del río Ambicá, con la complicidad de los militares, quienes sin profundizar en detalles han repetido una y otra vez que el soldado profesional se resbaló de la cuerda siendo arrastrado por las aguas turbulentas.
El comportamiento de los militares resulta altamente sospechoso, pues aunque se plantee como hipótesis que la víctima pudo ser golpeada con un tronco o con una piedra, cuando se encontraba atravesando el río, resulta cierto que su muerte no podía producirse de manera instantánea, inmediata, de tal manera que no respirara una sola vez, mientras era arrastrado por el río. Es decir, que bajo esa hipótesis de recibir el trauma, por lo que arrastraba el río, tendría necesariamente que haberse encontrado agua en sus pulmones y no aire.
Sin que nos interese el tema de la individualización del autor o responsable del homicidio, por tratarse de una falta anónima, las pretensiones de la demanda tendrán que despacharse favorablemente, por cuanto la víctima falleció por riesgos muy diferentes a los del servicio.



    1. Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional (fls. 376 a 379 C.1)

El apoderado de la entidad ratifica los argumentos expuestos en la contestación de la demanda.





    1. El Agente del Ministerio Público. No emitió concepto alguno.



CONSIDERACIONES



  1. PROBLEMA JURÍDICO:


¿La Sala deberá determinar si la NACIÓN-MINISTERIO DE DEFENSA – EJÉRCITO NACIONAL es responsable administrativamente de los daños morales que reclama el señor Luis Alfonso Cabrera Vergara y la menor Dainna Andreina Cabrera Vargas, que se le ocasionaron por la muerte de su hijo y hermano Yeison Steven Cabrera Cuellar cuando prestaba servicios a tal entidad en calidad de soldado profesional?



  1. LEGITIMACIÓN.

Se encuentran legitimados por activa LUIS ALFONSO CABRERA VERGARA, en calidad de padre y la menor DAINNA ANDREIA CABRERA VARGAS en calidad de hermana del soldado fallecido Yeison Steven Cabrera Cuellar; conforme a los registros civiles de nacimiento anexos a folios 3 y 4 C. principal.


En cuanto a la entidad demandada, Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional, se considera que tiene legitimación por pasiva de hecho para actuar en este proceso, pues el SLP. Yeison Steven Cabrera Cuellar se encontraba vinculado a esa entidad al momento de su fallecimiento en calidad de soldado profesional.
Ahora bien, por expresa disposición del ordenamiento superior, al Ministerio público le asiste legitimidad para ser parte dentro de este proceso.



  1. EXCEPCIONES

La Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional propuso como excepciones las que denominó: “Ausencia de prueba en los supuestos de hecho”, “Ausencia de responsabilidad – riesgos propios del servicio”, “Inexistencia de prueba de los perjuicios y de la carga de la prueba”, las cuales no constituyen verdaderas excepciones de fondo sino argumentos de defensa de la parte demandada, razón por la cual serán examinadas cuando se analice en concreto el presente asunto.





  1. DE LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO/ACTIVIDADES MILITARES/RIESGOS PROPIOS DEL SERVICIO DE LOS SOLDADOS PROFESIONALES.

A partir de la expedición de la Constitución de 1991, la responsabilidad del Estado se define de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 90, en virtud del cual el Estado es patrimonialmente responsable por los daños antijurídicos causados por la acción u omisión imputable a sus agentes.


En efecto, son dos los postulados que fundamentan dicha responsabilidad estatal: (i) El daño antijurídico, y (ii) la imputación del mismo a la administración, “sin que sea posible predicar la existencia y necesidad y/o valoración y análisis de otro tipo de componentes a efectos de configurar la responsabilidad”1.
Al respecto, la Corte Constitucional ha dicho que “la fuente de la responsabilidad patrimonial del Estado es un daño que debe ser antijurídico, no porque la conducta del autor sea contraria al derecho, sino porque el sujeto que lo sufre no tiene el deber jurídico de soportar el perjuicio, razón por la cual se reputa indemnizable”2.
Sobre la noción de daño antijurídico, el Consejo de Estado ha definido que “consistirá siempre en la lesión patrimonial o extra-patrimonial que la víctima no está en el deber jurídico de soportar”3. En este sentido, el daño ocasionado a un bien jurídicamente tutelado, impone el deber de indemnizar el consecuente detrimento con el objetivo de garantizar el principio de igualdad ante las cargas públicas.
En lo relativo a la imputación, se entiende que se trata de la “atribución de la respectiva lesión”4; en consecuencia, “la denominada imputación jurídica (imputatio iure o subjetiva) supone el establecer el fundamento o razón de la obligación de reparar o indemnizar determinado perjuicio derivado de la materialización de un daño antijurídico, y allí es donde intervienen los títulos de imputación que corresponden a los diferentes sistemas de responsabilidad que tienen cabida tal como lo ha dicho la jurisprudencia en el artículo 90 de la Constitución Política”5.
Al respecto, el Consejo de Estado ha reiterado que:
“…la imputación fáctica supone un estudio conexo o conjunto entre la causalidad material y las herramientas normativas propias de la imputación objetiva que han sido delineadas precisamente para establecer cuándo un resultado, en el plano material, es atribuible a un sujeto. De otro lado, la concreción de la imputación fáctica no supone por sí misma, el surgimiento de la obligación de reparar, ya que se requiere un estudio de segundo nivel, denominado imputación jurídica, escenario en el que el juez determina si además de la atribución en el plano fáctico existe una obligación jurídica de reparar el daño antijurídico; se trata, por ende, de un estudio estrictamente jurídico en el que se establece si el demandado debe o no resarcir los perjuicios bien a partir de la verificación de una culpa (falla), o por la concreción de un riesgo excepcional al que es sometido el administrado, o de un daño especial que frente a los demás asociados es anormal y que parte del rompimiento de la igualdad frente a las cargas públicas”6.
En un caso de prestación de servicios militares, esta Corporación en sentencia del 11 de febrero de 2011, precisó7:
20. Cuando se trata de personal que voluntaria o profesionalmente ingresa a los cuerpos o fuerzas de seguridad del Estado, el régimen aplicable varía y se encuadra en la falla del servicio debido a que la conducta haya sido negligente o indiferente, de tal manera que se deja al personal expuesto a una situación de indefensión. En este segundo supuesto, el precedente de la Sala emplea como premisa el concepto de “acto propio” o de “riesgo propio del servicio”8 (que como se dijo, dadas las especiales circunstancias del ataque a la Estación de la Policía Nacional de Barbacoas, puede resultar contradictorio con los expresos mandatos constitucionales, que puede derivar en el incumplimiento de las obligaciones de protección de los derechos humanos), que ha llevado a plantear que los
“…derechos a la vida y a la integridad personal del militar profesional constituye un riesgo propio de la actividad que dichos servidores públicos ordinariamente despliegan, riesgo que se concreta, por vía de ejemplo, en eventos en los cuales infortunadamente tiene lugar el deceso o la ocurrencia de lesiones como consecuencia de combates, emboscadas, ataques de grupos subversivos, desarrollo de operaciones de inteligencia”9.
21. De acuerdo con el mismo precedente, el común denominador del daño antijurídico reclamado como consecuencia de la muerte o de las lesiones de miembros de las fuerzas armadas es el de la “exposición a un elevado nivel de riesgo para la integridad personal”. Esto indica, pues, que quien ingresa voluntaria o profesionalmente a las fuerzas armadas está advertido que debe afrontar situaciones de alta peligrosidad, entre las que cabe encuadrar el eventual enfrentamiento con la delincuencia10. En ese sentido, el precedente de la Sala indica que las fuerzas militares y los cuerpos de seguridad del Estado se
“… encuentran expuestos en sus “actividades operativas, de inteligencia o, en general, de restauración y mantenimiento del orden público… conllevan la necesidad de afrontar situaciones de alta peligrosidad, entre ellas el eventual enfrentamiento con la delincuencia de la más diversa índole o la utilización de armas”11.
22. Como consecuencia de lo anterior, se establece un régimen prestacional especial, que reconoce la circunstancia del particular riesgo a que se somete a todo aquel que ingresó voluntaria y profesionalmente12, a lo que se agrega que dicho régimen se encuentra ligado a la presencia de una vinculación o relación laboral para con la institución armada13. Esto llevará a que se active la denominada “indemnización a for-fait”14, lo que no excluye la posibilidad que pueda deducirse la responsabilidad y por tanto la obligación de reparar el daño causado15, si se demuestra que el daño fue causado por falla del servicio o por exposición de la víctima a un riesgo excepcional16.
En reciente precedente de la Sala se reiteró que debe haberse sometido a los miembros de la fuerza pública “a asumir riesgos superiores a los que normalmente deben afrontar como consecuencia de las acciones u omisiones imputables al Estado”17. Precisamente, y siguiendo el mismo precedente, la “… asunción voluntaria de los riesgos propios de esas actividades modifica las condiciones en las cuales el Estado responde por los daños que éstos puedan llegar a sufrir”18.


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