Tribunal contencioso administrativo del huila



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TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL HUILA.

Acción :

Actor :

Accionado :

Radicación :

N° Interno :


RECLUSOS: por su condición, se les deben respetar de manera integral todos sus derechos, en razón a su especial situación de indefensión en que se encuentran/ El Inpec debe organizar a través de personal de planta o por contrato en cada institución el servicio de sanidad.

Los artículos 104 a 106 de la Ley 65 de 1993 establecieron a cargo del INPEC y en favor de los reclusos, el derecho a recibir el servicio de salud mediante la organización en cada institución del servicio de sanidad que debe “prestarse directamente a través del personal de planta o mediante contratos que se celebren con entidades públicas o privadas” a efectos de prestarles servicios “médicos, psicólogos, odontólogos, psiquiatras, terapistas, enfermeros y auxiliares de enfermería” y correspondiendo a cada director autorizar “previo concepto del médico de planta, a ordenar el traslado de un interno a un centro hospitalario en los casos de enfermedad grave o intervención quirúrgica, bajo las medidas de seguridad que cada caso amerite”.

(……)
Lo que si no puede presumirse es que a los reclusos que se citaron como afiliados a las diferentes EPS se les esté negando o amenazando el derecho a la salud por cuanto en este caso la carga de la prueba reposa en la parte actora y brilla por su ausencia la aportación de algún medio de convicción que permita a la Corporación señalar que a un determinado recluso le negaron una atención de urgencia, una cita médica, la práctica de algún examen de diagnóstico o procedimiento médico o la entrega de algún medicamento que le hubiere sido ordenado por el médico tratante y en general los servicios de salud.
Tampoco hay prueba de no contar el EPMSC de Neiva, con el personal y medios de transporte que impidan la custodia y traslado de los reclusos afiliados a EPS diferentes de Caprecom que requieran de servicios en salud o que por tal circunstancia se les haya impedido acceder a los mismos.
Por lo anterior, la solicitud de amparo no cumplió con la carga probatoria que le asistía y se quedó en meras afirmaciones en relación con el INPEC, la SPC y el EPMSC.

(……)
No obstante, para la Sala es claro que al INPEC le corresponde la elaboración actualizada de la base de datos única de los reclusos que deben ingresar al SGSSS y la elaboración del manual técnico administrativo al igual que la habilitación de las áreas donde se prestará el servicio y su inscripción, de manera que ello posibilite a la SPC la escogencia de la EPS a la que se afiliarán los reclusos para la prestación del servicio de salud, sin que haya acreditado el acatamiento de las mismas para que la SPC pueda elegir la EPS que prestará el servicio de salud a los reclusos, por eso se le prevendrá para que proceda lo más pronto posible a ello y en esa medida se adicionará la decisión impugnada.


De lo anterior deviene que no esté operando el sistema establecido en el Decreto 2496 de 2012 para la prestación del servicio de salud a los reclusos el INPEC y específicamente los del EPMSC de Neiva, por lo cual le corresponde a dicho Instituto la afiliación de los reclusos que han sido suspendidos, retirados o desafiliados por cualquier circunstancia y a quienes debe garantizarse el derecho a la salud en términos del citado estatuto y por eso la decisión del a quo en cuanto amparo tales derechos debe ser confirmada pero las medidas para su amparo deben quedar a cargo del INPEC y no del EPMSC, por eso se modificará la sentencia recurrida.

Finalmente, en lo que tiene que ver con la ESE Divino Niño de Rivera, debe tenerse en cuenta que el artículo 194 de la Ley 100 de 1993 señaló que a su cargo está la prestación de los servicios de salud en forma directa a la entidad territorial, como entidad descentralizada que hace parte del SGSSS.


Dicha entidad acreditó con la contestación y el contrato No. CR41-118-2013 de abril 1º de 2013 (f. 114 a 122) que celebró con el INPEC, que se obligó a prestar los servicios de salud a los reclusos afiliados a Caprecom con quien dicha ESE había contratado los servicios a las personas beneficiarias del régimen subsidiado y por eso no puede señalarse que ha vulnerado los derechos paran los que se reclama protección y más si se tiene en cuenta que el EPMSC señalo que dicha ESE tiene dispuesto un médico para atender a sus internos en sus instalaciones y además presta los servicios de urgencia en su sede, por eso hay lugar a la confirmación de la sentencia en este aspecto.
DECISIÓN EN EL CASO CONCRETO:
Corolario de lo expuesto es que la sentencia debe confirmarse en cuanto negó la protección del derecho a la salud de los reclusos que cuentan con afiliación a una EPS y en cuanto la ESE demandada no ha vulnerado los derechos de los reclusos, pero se modificará en cuanto se ordenó al EPMSC el amparo de los derechos de los reclusos que han sido retirados, desafiliados o suspendidos de las EPS o carecen de afiliación a ellas, que es una obligación a cargo del INPEC.
FUENTE FORMAL: Ley 1122 de 2007/ Ley 65 de 1993/Decreto 1441 de 2009/ Decreto 2496 de 2012/ Decreto 2591 de 1991/

NOTA DE RELATORÍA: Deberes del Estado/ Derecho a la salud: Sobre los deberes especiales del Estado ver la sentencia T-966 de 2000./Ver la sentencia T-578 de 2005./Ver la sentencia T-881 de 2002.
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TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA


Sala Primera Oral de Decisión

Neiva, veinticuatro (24) de enero de dos mil catorce (2014)

MAGISTRADO PONENTE : JORGE ALIRIO CORTÉS SOTO

RADICACIÓN : 41 001 33 33 003 – 2013 – 00535 – 01

ACCIONANTE : DEFENSORÍA REGIONAL DEL PUEBLO

ACCIONADO : DIRECTOR NACIONAL DEL INPEC Y OTROS

MEDIO DE CONTROL : TUTELA

SENTENCIA No. : 07 – 01 – 07 – 14 / AT – 05 – 2 – 03

ACTA No. : 006 DE LA FECHA



  1. TEMA.

Se decide la impugnación de la accionante contra la sentencia del 19 de diciembre de 2013 proferida por el Juzgado Tercero Administrativo Oral de Neiva.




  1. ANTECEDENTES DE LA PRIMERA INSTANCIA.


2.1. Posición de la actora.
Constanza Dorian Arias Perdomo obrando como Defensora del Pueblo Regional Huila, solicitó protección para los derechos fundamentales de la salud, seguridad social, dignidad humana y derechos de las personas privadas de la libertad en conexidad directa con la vida de los señores: ACERO ROA HENRY, ACOSTA GLADYS FABIOLA, ADAMES RAMÓN FABIO, ALARCÓN AUDOR MANUEL, ALCÓCER NÚÑEZ JHON JAIRO, ALVARADO FLÓREZ YEISON JAVIER, ÁLVAREZ TRUJILLO CARLOS ARTURO, ÁLVAREZ HERNÁNDEZ DIEGO EDISON, ÁLVAREZ MONTAÑO DIEGO MARCELO, AMAYA PUENTES VÍCTOR ALFONSO, ANACONA ORDÓÑEZ OSCAR BENITO, ANACONA SALCEDO JHON JAIRO, ARAUJO MOLINA BECKY MAYER, ARBOLEDA AGUDELO JOSÉ ARMANDO, ARCE SÁNCHEZ FAUSTO GERMÁN, ARIAS CARMONA CARLOS ALBERTO, ARIAS RIVERA JOHANN, ARIAS TRILLEROS CRISTIAN CAMILO, AROCA CHAVARRO LIBARDO, AROCA GONZÁLEZ JOSÉ MILLER, ARROYO MORALES OSCAR ANDRÉS, ASPRILLA ROJAS JADER ANDRÉS, ATAHUALPA POLANCO IDELFONSO, AYA DÍAZ EDWIN ANDRES, AYALA TRIVIÑO CRISTIAN ANDRÉS, BARRAGÁN HERNÁNDEZ OSWALDO, BARRERA SANTANILLA EFRÉN, BARRERA SANTANILLA OCCIAS, BASTO NIÑO ÁNGELO FERNEY, BEDOYA CORTES MARÍA ANGÉLICA, BELTRÁN DIEGO ARMANDO, BENAVIDES CRIOLLO LIBIO RICAURTE, BERMÚDEZ MARCIALES OMAR, BERNAL ARAGÓN JUAN ANTONIO, BERNAL GUARACA CELIANO BENEDICTO, BERNAL VARÓN GENER, BETANCOURT VARGAS MARÍA STELLA, BONILLA MENDOZA HENRRY, BOTINA BURBANO JANIER ALEXANDER, BURGOS CARDOZO JAMES, CABRERA CABRERA JAIME, CABRERA DE LOSADA BLAYNI, CÁCERES VALENZUELA DIEGO ARMANDO, CÁCERES SAAVEDRA JAIME ANDRÉS, CACHAYA ROJAS ÁNGEL ANDRÉS, CAICEDO CÓRDOBA SAMAEL, CALDERÓN CALDERÓN JOSÉ MARTÍN, CALDERÓN CORREA JHON FREDY, CALDERÓN HERNÁNDEZ FABIÁN, CALDERÓN SCARPETA SERGIO, CAMACHO BLANCO NILSON FABIÁN, CAMARGO CUELLAR JUAN CARLOS, CANIZALES CASTILLO LUIS ENRIQUE, CÁRDENAS VEGA JUAN MANUEL, CARDOZO PERDOMO LUZ MILENA, CARDOZO QUINTERO LUCERO, CARMONA CÉSPEDES LUÍS EVELIO, CARMONA LONDOÑO JHON, CARO BUITRAGO ELÍAS, CARRILLO ARIAS MARÍA DEL ROCÍO, CASALINAS CASTRO TONNY, CASTAÑEDA CALDERÓN SAYONARA, CASTAÑEDA GARCÍA FERNANDO, CASTAÑEDA VARGAS CLAUDIA YESENIA, CAVIEDES CONDE CLAUDIA LORENA, CAÑÓN TRUJILLO DUVÁN, CEBALLOS OCAMPO JEINER ANTONIO, CEDEÑO LOSADA DUGLAS ALFONSO, CERTUCHE SOLÓRZANO JAVIER, CHAMBO MURCIA RODRIGO, CHAMBO RAMÍREZ HENRY, CHAMORRO RODRÍGUEZ JAQUELINE, CHARRY MAKE JOHN, CHARRY PERALTA NICOLÁS ALFONSO, CHAUX YARA JESÚS ANTONIO, CHAVARRO MOTTA RONALD YESID, CHÁVEZ CABRERA HÉCTOR MAURICIO, CHÁVEZ ISAAC, CHIMBACO ORTEGA REINALDO, CICERI CASAS ALEXÁNDER, CIFUENTES MUÑOZ EDWIN, CLAVIJO ISAZA LUCELLY, CLEVES ROJAS MARISOL, CONTRERAS VALBUENA DANIEL, COQUECO RODOLFO, CÓRDOBA CARMELO ISRAEL, CORONADO JARA CÉSAR AUGUSTO, CORREA GARCÍA JOSÉ RENÉ, CORREA VALENCIA DIDIER, CORREDOR GARCÍA MARÍA MARY, CORREDOR MOSQUERA ANDRÉS, CORTÉS EDISON, CORTÉS MOGOLLÓN HERKYS JAVIER, CORTÉS BOLAÑOS CHAYAN DIOFRETH, CORTÉS CORREA ELIÉCER, CORTÉS GARCÍA DANIEL FELIPE, CORTÉS JIMÉNEZ MIGUEL ÁNGEL, CORTÉS OVIEDO CRISTIAN DUVÁN, COTACIO FIGUEROA MAICOL YORDANO, CRUZ JAVELA WILLIAM, CUÉLLAR DE MONTEALEGRE ROSA TULIA, CUÉLLAR DÍAZ OSCAR FERNANDO, CUÉLLAR GUTIÉRREZ JUAN CARLOS, CUÉLLAR MEDINA OSCAR MAURICIO, CUÉLLAR SÁNCHEZ RICARDO, CUMBE LEYTON JULIO CÉSAR, DEVIA CLAVIJO LUIS EDUARDO, DÍAZ LUIS ALFONSO , DÍAZ ÁVILA YESID, DUQUE TAFURTH JHON JAIRO, ESCOBAR CHILITO ORLANDO, ESPAÑA PEDRO JOSÉ, ESPINAL HERNÁNDEZ JOSÉ ANTONIO, ESQUIVEL VÍCTOR LUIS ERNEY, FALLA OCHOA YON FREDY, FALLA RAMÍREZ LUIS ALBEIRO, FARFÁN REYES JHON FREDY, FIERRO ARDILA CARLOS ANDRÉS, FLÓREZ RODRÍGUEZ FLOR NUBIA, FONSECA MARTÍNEZ JOSÉ ANTONIO, FRASSER CELEMÍN ULPIANO, GAITA FIERRO LILIANA, GALLEGO MEDINA GUSTAVO ADOLFO, GARCÍA VERA MARÍA DUFAY, GARCÍA CASTILLA OSCAR IVÁN, GARCIA DIAZ OMAR EDUARDO, GARCÍA GARCÍA RUTH EMILIA, GARCÍA LARA JORGE LUÍS, GARZÓN AMOROCHO JORGE ARMANDO, GARZÓN GARZÓN HUGO HERNÁN, GARZÓN GARZÓN MISAEL, GARZÓN PORTILLO ROBINSON, GODOY CANO HORACIO, GÓMEZ JOSÉ NICOLÁS, GÓMEZ ARANGO GIOVANY, GÓMEZ BERNAL GONZALO, GÓMEZ DELGADO GERARDO, GÓMEZ MONCAYO JAKELINE, GONZÁLEZ LÓPEZ LUÍS EDUARDO, GONZÁLEZ CABRERA YIMMY ANTONIO, GONZÁLEZ CAÑÓN LUÍS ARMANDO, GONZÁLEZ GÓMEZ JHOAN SEBASTIÁN, GONZÁLEZ SILVA JOSÉ ALEXÁNDER, GUERRERO FUENTES INGRID JOHANNA, GUTIÉRREZ AULLÓN WILLIAM, GUTIÉRREZ QUINTERO JAROL, GUTIÉRREZ QUINTERO YAMIL, GUZMÁN DIEGO ARMANDO, GUZMÁN DUARTE FREDDY, GUZMÁN LOZANO LEONARDO, GUZMÁN SALCEDO JHON MARINO, HEREDIA ARCESIO, HERNÁNDEZ ADAMES VÍCTOR, HERNÁNDEZ BARRIOS ÁNGEL ALEXIS , HERNÁNDEZ PRIETO LUIS EMILIO, HERNÁNDEZ BERMÚDEZ JUAN DAVID, HERNÁNDEZ MALDONADO HORACIO, HERRERA CARLOS ANDRÉS, HERRERA BARRAGÁN JORGE ENRIQUE, HERRERA CÁDIZ OSCAR YIMI, HERRERA CARDONA BENJAMÍN, HERRERA COMETA BIBIANA ANDREA, HERRERA RIVERA DIANA ESTEFANÍA, HIDALGO MORA JUAN CARLOS, HIDROBO BASTIDAS JOSÉ LEONARDO, HORTA CHARRY RODRIGO, HORTA MUÑOZ ISRAEL, HORTA PERDOMO CARLOS MIGUEL, HORTA VARGAS ARNULFO, HUELGAS SINSAJOA MAGOLA DEL CARMEN, IPUZ CASTRO ALEX FABIÁN, IPUZ PERDOMO FAIBER ARLEY, ÍQUIRA VALENCIA LIBARDO, JIMÉNEZ CRUZ OSCAR DAVID, JIMÉNEZ SANABRIA JOSÉ ARCADIO, KOPP PÉREZ JHON MANUEL, LABRADOR ZABALA JORGE ALBERTO, LAGUNA REYES EUDY OSWALDO, LARA JOVEN DIEGO ARMANDO, LEAL HERNÁNDEZ JOSÉ RICARDO, LEÓN LÓPEZ FEYSAR RICARDO, LIZCANO RÍOS HÉCTOR ANDRÉS, LIZCANO URIBE YENIFER SARAY , LIZCANO MONTEALEGRE JUAN CAMILO, LIZCANO QUINTERO SERGIO ANDRÉS, LLANOS NARANJO NIDIA, LLANOS OCAMPO LEONARDO FABIO, LÓPEZ MORALES JULIÁN, LOSADA JAIRO, LOSADA GÓMEZ JHON ANDERSON, LOSADA HERMOSA JULIO CÉSAR, LOSADA ORTIZ PEDRO ANTONIO, LOSADA RAMÍREZ LUNIO, LUNA ZÚÑIGA LUZ MARINA, MACHUCA SILVA TOMÁS, MACUACE QUIÑONES LUIS EDUARDO, MARCA LASPRILLA NELSON YESID, MARÍN CASTRO ADONAI, MARQUÍN PICHINA RICHARD DANIEL, MARTÍNEZ SAAVEDRA MAGALY, MARTÍNEZ MADROÑERO HUGO LEONARDO, MARTÍNEZ RIVERA JOSÉ AGUSTIN, MATEUS SANCHEZ ELVIA ROSA , MATTA QUINTERO VICTOR ALFONSO, MAYORGA BUITRAGO LUIS ALIRIO, MEDINA SALAZAR JUAN CAMILO , MEJÍA CALDÓN JOHN JAIR, MÉNDEZ MARTÍNEZ MÓNICA MARÍA, MÉNDEZ PENAGOS LUIS ERNESTO, MÉNDEZ PERDOMO CRISTIAN RICARDO, MENDIETA RODRÍGUEZ NÉSTOR, MEOLA PATIÑO ERICK ALEXANDER, MOLANO PERDOMO JULIO CÉSAR, MOLINA SANTANILLA JOSÉ EDILSON, MONJE GONZÁLEZ OSCAR , MONJE OLIVEROS DEYWIN, MONTEALEGRE BRAVO ALDAIR, MONTEALEGRE GUTIÉRREZ JUAN CARLOS, MONTEALEGRE ORJUELA JOSÉ NABOR, MONTOYA COCOMA MANUEL DE JESÚS, MOPÁN DIOMEDES, MORA RODRÍGUEZ JOSÉ DAVID, MORALES FONSECA FABIÁN ANDRÉS, MOREA SUNCE YESICA CARINA, MORENO FLÓREZ JORGE LEONARDO, MORENO MORA YOFRE MARIO, MOSQUERA CACHAYA GUSTAVO ADOLFO, MURCIA ANDERSON DIOMEDES, MURCIA MARTÍNEZ YOLANDA, MURCIA CÓRDOBA ISIDORO, MURCIA MURCIA LUZ ÉLIDA, MURCIA RODRÍGUEZ GUSTAVO ANDRÉS, MUÑOZ WEIMAR, MUÑOZ CELIS NADIA, NARANJO AGUDELO DIEGO MAURICIO, NARVÁEZ CASTRO JORGE EDUARDO, NARVÁEZ MANJARRÉZ CLAUDIA MILENA, NASAYO EDGAR, NINCO ROJAS ANDRÉS FABIÁN, NOSSA CUBILLOS WILLIAM MAURICIO, NÚÑEZ CHARRY ALEJANDRO, OCHOA GUEVARA YOLIMBER, OIDOR GÓMEZ JOHN HAROLD, OLARTE PATIÑO DIEGO ARMANDO, OLAYA HORTA HÉCTOR FABIÁN, OLIVEROS GARCÍA JUAN SNEYDER, OLIVEROS TRUJILLO ELKIN LEONARDO, OMAÑA CHÁVEZ RAMÓN ESPAYBERTH, OROZCO JARAMILLO HÉCTOR FABIO, ORTIZ LOZADA JOSÉ YESID, ORTIZ SCARPETTA JESÚS MARÍA, ORTIZ USECHE MIGUEL, OSPITIA QUIROGA CARLOS DAMIÁN, OVALLE ROJAS JUAN ALBEIRO, PÁEZ EDGAR EURÍPIDES, PALOMARES FALLA JOSÉ ANTONIO, PARRA ACERO OSCAR JAVIER, PASCUAS QUIMBAYA JAVIER MAURICIO, PENNA JACOBO RÓMULO, PERDOMO BONILLA CELIANO, PERDOMO CASAGUA JUAN CARLOS, PERDOMO LOSADA JUAN CARLOS, PÉREZ SUÁREZ GERMÁN YESID, PÉREZ VÁSQUEZ POMPILIO ANDRÉS, PEÑA ESPINOSA GISELA, PEÑA TRUJILLO JOSÉ LIBORIO, PINTO GARZÓN SALVADOR, PISSO ORTIZ GILDARDO, PLAZAS PÉREZ WILLINGTON JAVIER, POLANÍA CASAGUA LUIS CARLOS, POLANÍA CASTILLO HARAK FARID, POSADA LIZARAZO HUMBERTO ALEXÁNDER , POSSO BONELO CESAR EDUARDO, PRADA ESCOBAR BREITNER, PRADA VARGAS GILDARDO, PUENTES BASTIDAS CÉSAR AUGUSTO, PUENTES CORTÉS JORGE LEONARDO, PUENTES GÓMEZ ALFONSO, QUIMBAYA CASTAÑEDA GRATINIANO, QUINTERO PÁEZ CARLOS FERNANDO, RADA PARRA SANTIAGO, RAMÍREZ ADRIANA LORENA, RAMÍREZ CARVAJAL PEDRO ALEXANDER, RAMÍREZ FIGUEROA WILMER, RAMÍREZ ORTIZ CARLOS FERNEY, RAMÍREZ PIEDRAHITA JONATAN, RENGIFO LINARES MARTHA EUGENIA, REYES REYES ARLEY, REYES VARGAS LUIS ALBERTO, RIFALDO CEBALLOS PAOLA ANDREA, RIVAS BONILLA YEISON LEONARDO, RIVERA SILVESTRE DIEGO ANDRÉS, ROA GUTIÉRREZ RULFOL, RODRÍGUEZ DANY GERMÁN, RODRÍGUEZ BUITRAGO NORBERTO, RODRÍGUEZ CASTAÑEDA JAIRO, RODRÍGUEZ GARCÍA ANDRÉS FELIPE, RODRÍGUEZ LOSADA ABELARDO, RODRÍGUEZ ROMERO HARFAID, RODRÍGUEZ TRUJILLO PEDRO DANIEL, ROJAS GORDILLO LIBARDO, ROJAS NINCO LUNIO CESAR, ROJAS PERALTA JUAN PABLO, ROJAS RAMÍREZ JUAN DAVID, ROMERO CORONADO CARLOS GERMAN, RONCANCIO VILLABA MELBA LORENA, SAAVEDRA VANEGAS GIOVANNI ORLANDO, SABOGAL MARMOLEJO JORGE LUIS, SALAZAR LLANOS DIRCEO, SALAZAR MOLANO FETNER, SALAZAR SALCEDO MARCO FERNANDO, SALCEDO ZAMORA MARÍA EMÉRITA, SALCEDO ZAMORA NEIFI, SALDAÑA GUERRERO CARLOS DANIEL, SALGUERO VARGAS JUAN SEBASTIÁN, SÁNCHEZ YARA NELLY, SÁNCHEZ CORTÉS MILTON HERNÁN, SÁNCHEZ CUBILLOS JOSÉ FIDEL, SÁNCHEZ GARRIDO SEIDAD, SÁNCHEZ LEAL JAISSON ANDRÉS, SÁNCHEZ LOSADA VÍCTOR ALFONSO, SÁNCHEZ MONTOYA MARTHA LUZMILA, SÁNCHEZ ORTIZ JOHAIN, SÁNCHEZ PERDOMO WILLIAN ANDRÉS, SANTAMARÍA CARRASCAL DIEGO JOSÉ, SCARPETA BERNAL ALEJANDRO, SERNA DUQUE CARLOS ARIEL, SERNA VILLALOBOS LUIS ANTONIO, SERRATO JOHN EDINSON, SILVA GÓMEZ DEIMER JAVIER, SILVA HERNÁNDEZ JOSÉ HÉCTOR, SILVA PEÑA SINDY YURANI, SILVA ROJAS DIEGO FERNANDO, SILVA SÁNCHEZ JORGE NELSON, SILVESTRE RAMÍREZ OSCAR IVÁN, SOTO ORTIZ CHRISTIAN JULIÁN, SOTTO ANA CRISTINA, SUÁREZ SILVA JUAN SEBASTIÁN, SUAZA ANDREA JOHANA, SUAZA ROJAS ROBERTO, TAFUR TOVAR LUIS JHON BRAYAN, TAPIAS MARTÍNEZ YEISON ARIEL, TAPIERO JIMÉNEZ JEFERSON ANDRÉS, TOBAR PENNA MAURICIO, TORRES VANEGAS MARCO ANTONIO, TOVAR JHONATAN MICHEL, TOVAR SANTOS, TOVAR ZULUAGA CRISTIAN MAURICIO, TOVAR MARQUÍN ANDERSON FABIÁN, TOVAR PERDOMO JESÚS ALIRIO, TOVAR TRUJILLO CARLOS ALBERTO, TOVAR TRUJILLO CLAUDIA LUCÍA, TREJOS MALDONADO JAIRO DE JESÚS, TRUJILLO CARVAJAL MILLER, TRUJILLO COVALEDA ALEXANDER, TRUJILLO DÍAZ NÉSTOR JAVIER, TRUJILLO MONTERO FABIÁN MIGUEL, TRUJILLO RODRÍGUEZ GELMER, TRUJILLO USMA EDGAR, USAQUÉN GONZÁLEZ LAURA MARÍA GORETTY, VALDEZ HURTADO ANDRÉS FELIPE, VALENCIA ASTUDILLO SALOMÓN , VALENCIA CULMA JOHN EDWARD, VALENZUELA MONTES ELIZABETH, VANEGAS AMÍN, VANEGAS ROJAS JUAN GABRIEL, VARGAS PERDOMO ANDRÉS, VARGAS CANIZALEZ LUÍS EDUARDO, VARGAS CANTE DIEGO ALEJANDRO, VARGAS CRUZ FABIO HERNÁN, VARGAS GAMBOA MILLER, VARGAS GUTIÉRREZ LUÍS OCTAVIO, VARGAS ROJAS OSCAR FERNANDO, VELA BAUTISTA WILSON, VELÁSQUEZ MARTÍNEZ CARLOS ALBERTO, VICARIA LUZ MERI, VILLALBA CALDERÓN CARLOS, VILLANUEVA CARRILLO GERMÁN, VILLARREAL GALEANO ALDEMAR FERNANDO, YAGUARÁ MORENO FABIÁN ARMANDO, YARA LAVAO LUÍS FERNANDO, YARURO MENESES GABRIEL ÁNGEL, YUCURO MORENO CRÍSTIAN CAMILO, ZAPATA REINEL y ZAPATA TOVAR LUIS FERNANDO.
Tales derechos los estimó vulnerados por el Director General del INPEC, el Director del EPMSC de Neiva, la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios – SPC y la E.S.E Hospital Divino Niño de Rivera (vinculada de oficio), para que se les ordene realizar los trámites administrativos necesarios para que les presten los servicios de salud, se realice el traslado de EPS, se realice la afiliación al sistema general de seguridad social en salud de los internos para que puedan acceder al servicio de manera oportuna.
En los hechos indicó que el 18 de octubre de 2013 recibió correo electrónico proveniente de la Coordinadora de Planeación del EPMSC de Neiva, dando traslado del comunicado enviado por el Subgerente de la ESE Hospital Divino Niño de Rivera, en donde le informaba que la prestación del servicio de salud se limitaba a los internos afiliados a Caprecom EPS-S, con quien contrató la prestación de servicios de salud, de tal suerte que a los demás internos afiliados a otras entidades de salud no les prestaría el servicio.
Señaló que el EPMSC no cuenta con el personal de guardia y vehículos suficientes para trasladar a los internos al lugar de operación de sus distintas EPS y además por orientaciones de la Dirección General del INPEC, los traslados de reclusos a EPS se habían restringido por fugas presentadas en dichos procedimientos.
Refirió que el 6 de septiembre de 2013 en una reunión en la Secretaría de Salud Departamental del Huila con funcionarios de la Procuraduría, Caprecom, EPMSC, ESE Divino Niño de Rivera, Saludcoop y Cafesalud se establecieron algunos compromisos, lo que no ocurrió en la reunión llevada a cabo el 22 de octubre de 2013, ante la ausencia de las demás EPS.
En la última reunión mencionada, se aportó por el EPMSC el listado de internos y sus afiliaciones, encontrando más de 500 internos vinculados a otras EPS diferentes de Caprecom y 120 sin afiliación por aparecer retirados, suspendido, desafiliados o fallecidos, haciendo una discriminación pormenorizada de las EPS y personal afiliado, retirado o suspendido en cada una de ellas, ratificando que no se les está prestando el servicio de salud a quienes no están con Caprecom.
Indicó que de conformidad con los Decretos 2277 de 2010 y 2496 de 2012, los internos no afiliados al POS unificado deben ser financiados con los recursos del INPEC, lo que debe hacerse con los 4 internos que aparecen como fallecidos y no se ha logrado su plena identificación y con los que están retirados, suspendidos o desafiliados.
2.2. Posición de la demandada.
La tutela fue admitida el 14 de junio de 2013 contra el director del INPEC, el director del Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario EPMSC de Neiva, la Unidad de Servicios Penitenciarios y carcelarios - USPC y la ESE Hospital Divino Niño de Rivera quienes fueron notificados en debida forma (f. 56 a 79 y 86) y contestaron como aparece.
2.2.1. Unidad de Servicio Penitenciarios y carcelarios – SPC (f. 89 a 91)
Solicitó se declare la falta de legitimación en la causa pasiva que le asiste para que se le desvincule de la tutela puesto que a través del Decreto 4150 de 2011 se creó la SPC como entidad descentralizada e independiente del INPEC, correspondiéndole gestionar y operar el suministro de bienes y la prestación de servicios, la infraestructura y brindar el apoyo logístico y administrativo requeridos para el adecuado funcionamiento de los servicios penitenciarios y carcelarios a cargo del INPEC.
Además, el Decreto 2496 de 2012 (normas para la operación y aseguramiento en salud de la población reclusa) estableció que los reclusos a cargo del INPEC serán afiliados al régimen subsidiado a través de una o varias EPS públicas o privadas, tanto del régimen subsidiado como contributivo autorizadas que determine la SPC (en el artículo 2º), sin que dicha obligación la asumiera de manera automática pero el seguimiento y control en la prestación del servicio si corresponde al INPEC.
Dicho decreto consagró una serie de actuaciones previas para que la SPC determinara la EPS, entre ellas, la determinación de la UPC por el Ministerio de Salud (artículo 12), el modelo de atención y servicios por el Ministerio del Interior (artículo 5 y 6-1 parágrafo), el manual técnico administrativo para la prestación de los servicios a cargo del INPEC (artículo 6-1) y el censo de reclusos por parte del INPEC (artículo 3º), al no estar los citados modelos y manuales, la SPC no ha podido contratar a las EPS y aunque se emitieran los mismos, una vez la SPC determine las EPS que asumirán el servicio, el seguimiento y control en la prestación del servicio le corresponde al INPEC según lo regla el artículo 4o
Por lo anotado, opera la transición prevista en el artículo 13 que obliga a la EPS que afilia a los internos (en este caso Caprecom), a continuar con la prestación ininterrumpida del servicio hasta que culmine el proceso de afiliación y traslado que regula dicho estatuto pero el seguimiento y control está a cargo del INPEC por ser su objeto ejercer la vigilancia, custodia, tratamiento y atención de los reclusos (Ley 65 de 1993 y Decreto 4151 de 2011 – artículos 1, 7, 18, 19 y 20).
2.2.2. EPMSC de Neiva (f. 92 y 93).
Por conducto de la directora encargada (Erika Losada Molina) solicitó declarar improcedente la tutela por haberse vulnerado su derecho a la contradicción por cuanto no le fue remitidas la demanda de tutela y en la copia enviada al EPMSC de Neiva no son claras las pretensiones incoadas ni los hechos para que se evidencie la vulneración de los derechos de los internos relacionados en la demanda, trayendo en apoyo cita de la sentencia T-148/10.
Posteriormente, luego de subsanada la deficiencia señalada a través del proveído de noviembre 18 de 2013 (f. 99 y 100), contestó en forma extemporánea (f. 138 a 141) para señalar que la ESE Divino Niño de Rivera presta el servicio de salud con un médico al interior de la institución durante 5 horas de lunes a viernes al igual que el servicio hospitalario de urgencias de primer nivel y además logró la colaboración institucional con entidades prestadoras del servicio de salud para consulta externa y cirugías de la población carcelaria en ella recluida.
Además, mencionó que el primer nivel de atención en salud subsidiada se presta al interior del establecimiento por parte de la EPS-S Caprecom a cuyo cargo se encuentran las instalaciones de salud que existen dentro de los centros de reclusión y también pone a disposición de los reclusos los servicios externos con los que cuenta, mientras que los procedimientos y los procedimientos y medicamentos que están por fuera del POS y no asume dicha EPS, son cubiertos por la aseguradora QBE SEGUROS S.A., de acuerdo con los contratos celebrados con administración independiente, con autonomía administrativa y financiera con lo cual cumple sus obligaciones de garantizar el servicio de salud de los internos.
Indicó que por lo anterior, está a su cargo únicamente garantizar la seguridad y custodia de los internos en los traslados a las EPS para los tratamientos que requieran, sin que por tanto tenga conocimiento las acciones médicas que tienen pendientes de realizar.
2.2.3. INPEC (f. 96 a 98).
Solicitó su desvinculación porque no ha amenazado ni vulnerado los derechos de los internos ni es la responsable de garantizarles la debida prestación de servicio de salud sino que ello corresponde al Ministerio de Salud y Protección Social junto con la Superintendencia Nacional de Salud, por eso pidió su vinculación y constituir el litisconsorcio necesario.
El fundamento de su defensa radica en que al tenor de los artículos 6 y 121 de la Carta solo le corresponden las obligaciones fijadas en la constitución y la ley y en esa medida la prestación del servicio de salud a los internos radica en: a) El director del establecimiento por ser el jefe de gobierno del establecimiento según el artículo 35 de la Ley 65 de 1993; b) La EPS a la cual se encuentre afiliado el interno pues es quien tiene la historia clínica y debe prestarle el servicio y c) La SPC por ser la garante de que los reclusos estén afiliados al sistema de salud.
Lo anterior, porque la Ley 1122 de 2007 dispuso que los internos deben estar afiliados al sistema de salud y que le corresponde al gobierno indicar los mecanismos para la operatividad y adecuada prestación del servicio, en virtud de lo cual a través del Decreto 4150 de 2011 se creó la Unidad de Servicio Penitenciarios y carcelarios a quien le asignó, mediante el Decreto 2496 de 2012, la determinación de las EPS a que debe afiliarse la población reclusa (artículo 2º), por eso al INPEC no le corresponde atender dicho servicio como lo había previsto la Ley 65 de 1993.
Así, la EPS seleccionadas tiene a su cargo la prestación del servicio de salud a los internos (artículos 6.2 del Decreto 2496 de 2012, 178-3 de la Ley 100 de 1993 y 2º del Decreto 1485 de 1994), teniendo en cuenta las áreas de sanidad de los establecimientos que deben ser acondicionadas por la SPC (artículo 7.1) y la dirección, coordinación y evaluación del sistema de salud está a cargo del Ministerio de Salud y Protección Social (Decreto 4107 de 2011) y la supervisión a cargo de la Superintendencia Nacional de Salud (Decreto 2496 de 2012, artículo 14).
Finalmente, que por Resolución No. 1505 de 2013 se declaró el estado de emergencia penitenciaria y carcelaria en todos los establecimientos del país entre el 31 de mayo y 31 de octubre de 2013 para conjurar la grave situación de salud y a su amparo la dirección del INPEC emitió la circular 030 de junio 27 de 2013 indicando que los servicios de sanidad de los establecimientos deben supervisar la prestación del servicio contratado con Caprecom.
2.2.4. ESE Hospital Divino Niño de Rivera (f. 112 a 113).
Manifestó que en la actualidad solo posee contrato de prestación de servicios de salud integral en el primer nivel de atención No. CR41-118-2013 con CAPRECOM, para la atención de baja complejidad, promoción de la salud pública, detección temprana, protección específica, atención de enfermedades de interés en salud pública y aplicación del plan de beneficios adoptados por el Ministerio de Salud y Protección Social definidos en el Acuerdo 029 de diciembre 28 de 2011, para las personas del régimen subsidiado afiliadas a dicha EPS-S en el municipio de Rivera.
Agregó que cuenta con el personal para la ejecución del contrato en las instalaciones del INPEC, de acuerdo con las obligaciones pactadas y también la atención por urgencias en la sede de la ESE.
2.3. La sentencia de primera instancia.
El a quo (f. 123 a 137) negó la tutela de los derechos invocados para los actores que en la actualidad se encuentran afiliados a las distintas EPS del régimen contributivo y subsidiado, al igual que para aquellos que figuran en estado de fallecidos, pero amparó los derechos invocados para los actores que se encuentran en estado de retirados, suspendidos o desafiliados de las EPS y ordenó al EPMSC de Neiva que en 48 horas adelantara las gestiones administrativas para que a dichos reclusos se les suministre el servicio de salud y se proceda a afiliarlos al sistema de seguridad social en salud.
Para concluir de tal manera, luego de referirse a la tutela como mecanismo de defensa constitucional y consagrar la noción jurisprudencial de cada uno de los derechos invocados, en especial el derecho a la salud,1 estimó que de acuerdo al ordenamiento jurídico es deber del Estado garantizar a todas las personas el acceso a los servicios de promoción, protección y recuperación de la salud, para lo cual, a través de la estructura estatal se ha de determinar la competencia, dirección y reglamentación para su prestación, máxime cuando el ser humano necesita sostener ciertos niveles de salud para sobrevivir y desempeñarse.
Señaló que siguiendo esos objetivos se expidió la Ley 100 de 1993 y con ella se creó el sistema general de seguridad social integral, estableciendo las condiciones de operatividad y regulándose la forma de prestación del servicio de salud y el acceso a este servicio.

Con base en precedente constitucional,2 indicó que el Estado a través de las autoridades penitenciarias es el garante de la prestación del servicio de salud de la población carcelaria, dada la especial relación de sujeción que se predica de los reclusos por estar inmersos en un régimen jurídico especial, donde la Administración tiene la facultad de modular y restringir el ejercicio de algunos derechos fundamentales.


Indicó que en el caso en concreto no se demostró que las entidades accionadas estén impidiendo la prestación de los servicios de salud a los reclusos que cuentan con afiliación activa a EPS distintas de CAPRECOM, pues si bien es cierto se suspendió el servicio para ellos por parte de la ESE Hospital Divino Niño de Rivera, también lo es que ellos pueden ser atendidos a través de sus EPS.
De otro parte, advirtió que aquellos reclusos que figuran como retirados, suspendidos o desafiliados de sus EPS, debe garantizárseles la prestación del servicio de salud por el EPMSC de Neiva, ya que es la autoridad encargada de su cuidado y vigilancia y no se ha desvirtuado la falta de acceso a los servicios de salud, tal como lo consagra el artículo 106 de la Ley 65 de 1993 y el artículo 14-m de la Ley 1122 de 2007.
En cuanto a los reclusos que aparecen fallecidos en sus EPS, señaló que en la demanda se precisa que no están plenamente identificados, por eso no se encontró demostrada la vulneración o amenaza de sus derechos.
Señaló que del INPEC, la ESE de Rivera y la USP no se acreditó la vulneración de los derechos fundamentales invocados.
2.4. La impugnación.
La Defensoría Regional del Pueblo impugnó en término el fallo (f. 162 a 170), solicitando revocar la providencia para que se acceda a las pretensiones, dada la desprotección en que se encuentran los reclusos al no prestarles los servicios de salud al interior del establecimiento carcelario ni en la ESE Hospital Divino Niño de Rivera y tampoco es posible su traslado a las distintas EPS por carecer el EPMSC de Neiva del personal suficiente para ello e iría en contravía de las instrucciones impartidas desde la Dirección General del INPEC ante los riesgos de fuga
Señaló que no se tuvo en cuenta que las EPS diferentes a CAPRECOM, se han mostrado distantes de esta problemática y que hay presos que se encuentran afiliados a EPS que no prestan sus servicios en el territorio huilense.
De igual manera, indicó que con base en lo preceptuado por el Decreto 1141 de 2009, modificado por el Decreto 2777 de 2010, es obligación del INPEC garantizar la prestación de los servicios de salud a los internos mediante su afiliación al sistema de seguridad social en salud, debiendo adelantar todas las gestiones administrativas tendientes a proveer una garantía real de protección de su salud contratando la EPS-S de nivel nacional y coordinar con las otras EPS la prestación del servicio para los internos afiliados a ellas, así como hacer el reporte de novedades por cambio de municipio del recluso y la suscripción del contrato de aseguramiento, entre otras.
Por último, iteró el incumplimiento del INPEC en reportar las novedades en el traslado de reclusos para que al lugar de destino se les afilie a una EPS que les preste el servicio de salud y, el incumplimiento de la SPC en acatar lo ordenado en el Decreto 4150 de 2011, de asignar la EPS que afiliará a las reclusos al régimen subsidiado de ahí que no debió imponerse obligación alguna en tal sentido al director del EPMSC de Neiva.


  1. LA SEGUNDA INSTANCIA, CONSIDERACIONES.



3.1. Competencia y validez.
La Corporación es competente para dirimir esta instancia, de conformidad con el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991 y por cuanto no se avizoran circunstancias que invaliden lo actuado.
3.2. Problema jurídico.
Se plantea al Tribunal el siguiente problema jurídico: ¿Debe revocarse la decisión de primera instancia, para amparar los derechos fundamentales de los reclusos por estar siendo vulnerados o amenazados por las demandadas al no garantizarles la prestación de los servicios de salud?
La Corporación considera que no se debe revocar la decisión recurrida, porque no se demostró que a los internos del EPMSC de Neiva que se encuentran afiliados al sistema general de seguridad social en salud, no les están prestando dichos servicios, pero se modificará para ordenarle al INPEC que cumpla sus obligaciones de afiliar el personal que carece de ella y coordinar lo pertinente con los reclusos trasladados a la EPMSC de Neiva para que tengan cobertura en dicha ciudad.
Para sustentar lo anterior se analizarán los derechos de los reclusos y las obligaciones que tienen las demandadas en torno a la prestación de los servicios de salud a los reclusos del EPMSC de Neiva y el caso concreto.
3.3. Derechos de los reclusos.
Los internos son sujetos de especial protección por las condiciones de indefensión que les genera su internamiento penitenciario, ya que las personas privadas de la libertad se encuentran vinculadas con el Estado por una especial relación de sujeción que dota a las autoridades carcelarias y penitenciarias de la potestad de limitar algunos derechos fundamentales (libertad de locomoción, intimidad familiar y libre desarrollo de la personalidad), sin embargo se les deben respetar y garantizar integralmente otra serie de derechos que no admiten restricciones o limitaciones, como la vida, la dignidad humana y la salud, tal como lo ha sentado la doctrina constitucional:
Como consecuencia de la subordinación, surgen ciertos derechos especiales3 (relacionados con las condiciones materiales de existencia: alimentación, habitación, servicios públicos, salud) en cabeza de los reclusos, los cuales deben ser4 especialmente garantizados por el Estado.”5
En conclusión, ésta especial relación de sujeción resulta ser determinante del nivel de protección de los derechos fundamentales de los reclusos e, igualmente, acentúa las obligaciones de la administración pues le impone un deber positivo de asegurar el goce efectivo de los derechos fundamentales que no permiten limitación en razón a la especial situación de indefensión en la que se encuentran los reclusos6”.
3.4. Derecho a la salud de los reclusos.
Los artículos 104 a 106 de la Ley 65 de 1993 establecieron a cargo del INPEC y en favor de los reclusos, el derecho a recibir el servicio de salud mediante la organización en cada institución del servicio de sanidad que debe “prestarse directamente a través del personal de planta o mediante contratos que se celebren con entidades públicas o privadas” a efectos de prestarles servicios “médicos, psicólogos, odontólogos, psiquiatras, terapistas, enfermeros y auxiliares de enfermería” y correspondiendo a cada director autorizar “previo concepto del médico de planta, a ordenar el traslado de un interno a un centro hospitalario en los casos de enfermedad grave o intervención quirúrgica, bajo las medidas de seguridad que cada caso amerite”.

Posteriormente, la prestación del servicio de salud para la población reclusa fue regulado por la Ley 1122 de 2007, la cual dispuso en el artículo 14-m: “La población reclusa del país se afiliará al Sistema General de Seguridad Social en Salud. El Gobierno Nacional determinará los mecanismos que permitan la operatividad para que esta población reciba adecuadamente sus servicios”.


Dicha ley fue reglamentada por el Decreto 1141 de 2009 en cuyo artículo 2º se consignó que la afiliación de los reclusos al SGSSS “se realizará al régimen subsidiado mediante subsidio total, a través de una entidad promotora de salud del régimen subsidiado de naturaleza pública del orden nacional” y además asignó al Ministerio de Hacienda e INPEC, adelantar las actuaciones administrativas para la afiliación de los reclusos, además de precisar en el parágrafo 2º de dicha norma, que la afiliación está a cargo del INPEC.
Dicho estatuto fue derogado por el Decreto 2496 de 2012 (estableció las normas para la operación del aseguramiento en salud de la población reclusa) pero iteró la afiliación de los reclusos al régimen subsidiado a través de una o varias EPS públicas o privadas, tanto del Régimen Subsidiado como del Régimen Contributivo, autorizadas para operar el Régimen Subsidiado, adicionando que su elección corresponde a la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios – SPC.
El trámite para la afiliación de los reclusos fue regulado en el artículo 3º:

Artículo 3. Trámite para la afiliación de la población reclusa a cargo del INPEC al Sistema General de Seguridad Social en Salud. Para la afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud de la población reclusa a cargo del INPEC, dicho Instituto elaborará el listado censal de la población de acuerdo con las especificaciones técnicas establecidas por el Ministerio de Salud y Protección Social que permitan la inclusión de la información en la Base de Datos Única de Afiliados -BDUA o el instrumento que lo sustituya. Igualmente, garantizará el registro y reporte oportuno de las novedades que afecten dicho listado.
Para efectos de la aplicación del presente decreto, se entenderá como domicilio del recluso el municipio o distrito donde esté localizado el respectivo establecimiento de reclusión o el municipio o distrito donde fije su domicilio el recluso beneficiado con detención o prisión domiciliaria o bajo un sistema de vigilancia electrónica.
Parágrafo 1. Cuando el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario -INPEC determine el traslado de alguna de las personas que hace parte de la población que está a su cargo a un lugar de reclusión donde no opere la Entidad Promotora de Salud -EPS-en la que se encuentra afiliado, informará de tal hecho tanto a esa entidad como a la Entidad Promotora de Salud -EPS-que opere en el nuevo lugar de reclusión y que lo afiliará, a efecto de que ambas entidades adelanten el procedimiento establecido en la normatividad vigente para actualizar la Base de Datos Única de Afiliados BDUA. Este traslado no estará sujeto a períodos de permanencia a determinada Entidad Promotora de Salud EPS.
Parágrafo 2. Los traslados de EPS de la población que está a cargo del INPEC serán informados por dicho Instituto tanto a la EPS a la cual estaba afiliada la persona como a la EPS que deberá afiliarlo. A partir de la comunicación a la EPS de procedencia, la EPS asignada recibirá la UPC correspondiente al recluso trasladado.
Parágrafo 3. El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC-, al momento de efectuar el traslado de un recluso, deberá tener en cuenta la estrategia de gestión del riesgo que se haya definido en el manual técnico -administrativo para la prestación de los servicios de salud.
Parágrafo 4. En el evento en que el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC evidencie situaciones que impidan el reconocimiento y pago de la Unidad de Pago por Capitación -UPC-, deberá adelantar ante las autoridades competentes, en un término no mayor a un año, la gestión correspondiente a fin de resolverlas.
(…)”
Igualmente, se asigna al INPEC el seguimiento y control del aseguramiento de los afiliados para garantizar el acceso oportuno y calidad de los beneficiarios (artículo 4º) y la organización para la prestación del servicio (artículo 6º) requiere además de la elaboración de las listas actualizadas o base de datos única, la elaboración de un manual técnico administrativo por parte del INPEC, a cuyo cargo también está habilitar las áreas donde se prestará el servicio y realizar la inscripción de las áreas de sanidad en el Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud de las Secretarías Departamentales y Distritales de Salud.
Finalmente en él se consagró un régimen de transición mientras empieza a operar el sistema en él previsto que quedó consignado en el parágrafo del artículo 13, así:
“Parágrafo. En todo caso, la Entidad Promotora de Salud -EPS que se encuentre garantizando la afiliación y prestación de servicios de salud a la población reclusa no cesará en su responsabilidad hasta tanto se culmine el procedimiento de afiliación y traslado aquí dispuesto”.
3.5. Caso concreto.
La calidad de reclusos de las personas citadas por la Defensoría del Pueblo se encuentra demostrada con la presunción de verdad que consagra el artículo 20 del Decreto 2591 de 1991, dado que ninguna de las entidades se pronunció al respecto, no obstante las solicitudes que en tal sentido le formulara el a quo (f. 68 a 79).
De igual manera ha de presumirse la afiliación al sistema general de seguridad social en salud de los mencionados reclusos conforme se indicó en la demanda, al igual que el retiro, suspensión y desafiliación de quienes allí se señalaron (ver f. 8 a 23).
Lo que si no puede presumirse es que a los reclusos que se citaron como afiliados a las diferentes EPS se les esté negando o amenazando el derecho a la salud por cuanto en este caso la carga de la prueba reposa en la parte actora y brilla por su ausencia la aportación de algún medio de convicción que permita a la Corporación señalar que a un determinado recluso le negaron una atención de urgencia, una cita médica, la práctica de algún examen de diagnóstico o procedimiento médico o la entrega de algún medicamento que le hubiere sido ordenado por el médico tratante y en general los servicios de salud.
Tampoco hay prueba de no contar el EPMSC de Neiva, con el personal y medios de transporte que impidan la custodia y traslado de los reclusos afiliados a EPS diferentes de Caprecom que requieran de servicios en salud o que por tal circunstancia se les haya impedido acceder a los mismos.
Por lo anterior, la solicitud de amparo no cumplió con la carga probatoria que le asistía y se quedó en meras afirmaciones en relación con el INPEC, la SPC y el EPMSC.
No obstante, para la Sala es claro que al INPEC le corresponde la elaboración actualizada de la base de datos única de los reclusos que deben ingresar al SGSSS y la elaboración del manual técnico administrativo al igual que la habilitación de las áreas donde se prestará el servicio y su inscripción, de manera que ello posibilite a la SPC la escogencia de la EPS a la que se afiliarán los reclusos para la prestación del servicio de salud, sin que haya acreditado el acatamiento de las mismas para que la SPC pueda elegir la EPS que prestará el servicio de salud a los reclusos, por eso se le prevendrá para que proceda lo más pronto posible a ello y en esa medida se adicionará la decisión impugnada.
De lo anterior deviene que no esté operando el sistema establecido en el Decreto 2496 de 2012 para la prestación del servicio de salud a los reclusos el INPEC y específicamente los del EPMSC de Neiva, por lo cual le corresponde a dicho Instituto la afiliación de los reclusos que han sido suspendidos, retirados o desafiliados por cualquier circunstancia y a quienes debe garantizarse el derecho a la salud en términos del citado estatuto y por eso la decisión del a quo en cuanto amparo tales derechos debe ser confirmada pero las medidas para su amparo deben quedar a cargo del INPEC y no del EPMSC, por eso se modificará la sentencia recurrida.

Finalmente, en lo que tiene que ver con la ESE Divino Niño de Rivera, debe tenerse en cuenta que el artículo 194 de la Ley 100 de 1993 señaló que a su cargo está la prestación de los servicios de salud en forma directa a la entidad territorial, como entidad descentralizada que hace parte del SGSSS.


Dicha entidad acreditó con la contestación y el contrato No. CR41-118-2013 de abril 1º de 2013 (f. 114 a 122) que celebró con el INPEC, que se obligó a prestar los servicios de salud a los reclusos afiliados a Caprecom con quien dicha ESE había contratado los servicios a las personas beneficiarias del régimen subsidiado y por eso no puede señalarse que ha vulnerado los derechos paran los que se reclama protección y más si se tiene en cuenta que el EPMSC señalo que dicha ESE tiene dispuesto un médico para atender a sus internos en sus instalaciones y además presta los servicios de urgencia en su sede, por eso hay lugar a la confirmación de la sentencia en este aspecto.
Corolario de lo expuesto es que la sentencia debe confirmarse en cuanto negó la protección del derecho a la salud de los reclusos que cuentan con afiliación a una EPS y en cuanto la ESE demandada no ha vulnerado los derechos de los reclusos, pero se modificará en cuanto se ordenó al EPMSC el amparo de los derechos de los reclusos que han sido retirados, desafiliados o suspendidos de las EPS o carecen de afiliación a ellas, que es una obligación a cargo del INPEC.

4. DECISIÓN.
Por lo expuesto, la Sala Primera Oral de Decisión del Tribunal Administrativo del Huila, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
DECIDE:
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de noviembre 19 de 2013 proferida por el Juzgado Tercero Administrativo Oral de Neiva en cuanto negó el amparo deprecado por la vulneración de los derechos de los reclusos de la EPMSC de Neiva que cuentan con afiliación a alguna EPS y en cuanto amparó los derechos de aquellos que carecen de afiliación o han sido retirados, suspendidos o desafiliados de las EPS.
SEGUNDO: MODIFICAR el resolutivo segundo de la sentencia recurrida en el sentido de ORDENAR al INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO – INPEC que dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación de esta providencia, proceda a afiliar a los reclusos del EPMSC de Neiva que aparecen relacionados en la demanda como retirados, suspendidos o desafiliados de las EPS que les prestaban los servicios de salud y garantizarles de esa manera sus derechos fundamentales objeto de protección que por tal circunstancia resultan vulnerados.
TERCERO: ADICIONAR la sentencia recurrida para conminar al INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO – INPEC para que de no haberlo hecho aún, proceda a la elaboración actualizada de la base de datos única de los reclusos que deben ingresar al SGSSS; la elaboración del manual técnico administrativo al igual que la habilitación de las áreas donde se prestará el servicio y su inscripción, de manera que ello posibilite a la SPC la escogencia de la EPS a la que se afiliarán los reclusos para la prestación del servicio de salud.
CUARTO: ORDENAR que se envíe copia de este fallo al Juzgado de origen.
QUINTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, dentro de los 10 días siguientes a la ejecutoria de esta providencia.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
Los magistrados,

JORGE ALIRIO CORTÉS SOTO ENRIQUE DUSSÁN CABRERA

RAMIRO APONTE PINO

Impedido

1 Sentencia T-760/08

2 Sentencia T-163/12

3 Entre los especiales derechos de los presos y su correlato, los deberes del Estado, como consecuencia del establecimiento de una relación especial de sujeción, se encuentran “el deber de trato humano y digno, del deber de proporcionar alimentación suficiente, agua potable, vestuario, utensilios de higiene, lugar de habitación en condiciones de higiene y salud adecuadas, el deber de asistencia médica, y el derecho al descanso nocturno, entre otros”, citada de la sentencia T-596 de 1992.

4 Sobre los deberes especiales del Estado ver la sentencia T-966 de 2000.

5 Ver la sentencia T-578 de 2005.

6 Ver la sentencia T-881 de 2002.


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