Tribunal: Corte Suprema de Justicia de la Nación(CS)



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La Ley Online
Tribunal: Corte Suprema de Justicia de la Nación(CS)

Fecha: 13/07/2007

Partes: Mazzeo, Julio L. y otros

Publicado en: LA LEY 18/07/2007, 8, con nota de Calogero Pizzolo - LA LEY 20/07/2007, 5, con nota de Eduardo S. Barcesat - LA LEY 25/07/2007, 11 - Sup.Penal 2007 (julio), 30 - DJ 08/08/2007, 1058 - LA LEY 23/10/2007, 7, con nota de Claudio D. Gómez


HECHOS:

Se dictó sobreseimiento definitivo a favor del imputado por presunta participación en hechos de homicidio, privación ilegítima de la libertad, torturas, lesiones y violaciones de domicilio, en distintas épocas y con la concurrencia de personas que formaban parte de las Fuerzas Armadas y de Seguridad del Estado, con sustento en que había sido indultado por decreto 1002/89. Diecisiete años después, a partir de una presentación conjunta de diversas personas, el juez federal actuante declaró la invalidez constitucional del decreto y privó de efectos al sobreseimiento, auto que fue revocado por la Cámara de Apelaciones. Luego, la Cámara Nacional de Casación Penal declaró la inconstitucionalidad del decreto de indulto, decisión que motivó recurso extraordinario de la defensa. La Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó el remedio federal.

SUMARIOS:

Corresponde declarar la imposibilidad constitucional de indultar a autores y partícipes de delitos de lesa humanidad, pues dicho acto de gobierno conlleva de modo inescindible la renuncia a la verdad, a la investigación, a la comprobación de los hechos, a la identificación de sus autores y a la desarticulación de los medios y recursos eficaces para evitar la impunidad


Tratándose de la investigación de delitos de lesa humanidad, resulta inocuo analizar si la facultad de indultar prevista en el art. 99 de la Constitución Nacional abarca a los procesados o si tiene características similares a la amnistía, pues, en definitiva, dicha potestad del Poder Ejecutivo, así como las amnistías, quedan reservadas para delitos de distinta naturaleza

Procede el recurso extraordinario federal y corresponde declarar inconstitucional el decreto del Poder Ejecutivo 1002/89 (Adla, XLIX-C, 2525), que dispuso el indulto del apelante, a los fines de cumplir con el deber que tiene el Estado de organizar las estructuras del aparato gubernamental a través de las cuales se manifiesta el ejercicio del poder público, de manera tal que sean capaces de asegurar jurídicamente el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos

Más allá de cuáles son los contornos precisos de la garantía que prohíbe el doble juzgamiento respecto de delitos comunes, en el derecho humanitario internacional los principios de interpretación axiológicos adquieren plena preeminencia al definir la garantía del "ne bis in idem" y la cosa juzgada, pues tanto los estatutos de los tribunales penales internacionales como los principios que inspiran la jurisdicción universal tienden a asegurar que no queden impunes hechos aberrantes, razón por la cual, sin perjuicio de dar prioridad a las autoridades nacionales para llevar a cabo los procesos, si éstos se transforman en subterfugios inspirados en la impunidad, entra a jugar la jurisdicción subsidiaria del derecho penal internacional con un nuevo proceso
Los principios que, en el ámbito nacional, se utilizan para justificar el instituto de la cosa juzgada y "ne bis in idem" no resultan aplicables respecto de los delitos contra la humanidad, porque los instrumentos internacionales que establecen esta categoría de delitos, así como el consiguiente deber para los Estados de individualizar y enjuiciar a los responsables, no contemplan, y, por ende, no admiten que esta obligación cese por el transcurso del tiempo, amnistías o cualquier otro tipo de medidas que disuelvan la posibilidad de reproche

Corresponde revocar la sentencia que declaró la inconstitucionalidad de los indultos presidenciales dispuestos por el decreto 1002/89 (Adla, XLIX-C, 2525), pues toda vez que existió una imputación determinada respecto de un individuo concreto y luego se lo sobreseyó —como consecuencia del indulto—, no hay manera de disponer la reapertura del proceso, sin vulnerar la cosa juzgada y la garantía contra la múltiple persecución. (del voto en disidencia de doctor Fayt)


Establecido que no existe norma alguna en nuestro sistema constitucional que permita realizar un tratamiento diferente del instituto del indulto si éste recayera sobre delitos de lesa humanidad y que tal conclusión no resulta en pugna con el derecho de las víctimas a saber, tampoco resultan inconstitucionales ab initio los indultos presidenciales —decreto 1002/89 (Adla, XLIX-C, 2525)— por aplicación del art. 29 de la Constitución, pues sólo los legisladores pueden ser sujetos activos del delito previsto en la norma (del voto en disidencia de doctor Fayt)
Conforme el orden de prelación de los tratados establecido en la Constitución, si se concluye que la "Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad" prevé su utilización retroactiva, este precepto resultaría claramente inaplicable, pues el art. 18 de la Ley Fundamental como norma de jerarquía superior —y por lo demás más respetuosa del principio pro homine— impide que pueda derogarse retroactivamente el régimen de prescripción de la acción penal (del voto en disidencia de doctor Fayt)
A los efectos de la aplicación del principio de imprescriptibilidad —así como los demás frenos a la prohibición de persecución penal múltiple y al instituto del indulto—, no cabe inferir sobre la base del art. 118 de la Constitución que sea posible la persecución penal conforme las reglas propias del derecho penal internacional —aplicables para los tribunales internacionales—, pues en tanto no se establece cuáles son los principios y normas que rigen la persecución de crímenes iuris gentium, la norma citada no permite concluir la posibilidad de atribuir responsabilidad individual con fundamento en un derecho penal internacional que no cumpla con los mandatos del principio de legalidad (del voto en disidencia de doctor Fayt)
La protección a las víctimas establecida en los instrumentos internacionales de derechos humanos no implica necesariamente castigo penal —en el caso, a los fines de la impugnación constitucional del decreto 1002/89 (Adla, XLIX-C, 2525) que dispuso el indulto del apelante—, pues la persecución penal —sin respeto a las garantías del individuo— invertiría la función que los derechos humanos poseen en el proceso penal que, de protección del imputado frente al Estado, pasaría al fortalecimiento de su poder absoluto (del voto en disidencia de doctor Fayt)

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JURISPRUDENCIA VINCULADA (*)

CORTE SUPREMA
En"Arancibia Clavel, Enrique L.", 24/08/2004, LA LEY 10/11/2004, 8; DJ 2004-3, 162; Sup.Const 2004 (octubre), 4, sostuvo que el delito de asociación ilícita perpetrado para perseguir opositores políticos por medio de homicidios, desapariciones forzadas de personas y tormentos reviste carácter de crimen contra la humanidad y, por ende, es imprescriptible, sin que corresponda declarar extinta la acción penal aun cuando haya transcurrido el plazo previsto en el art. 62 inc. 2° en función del art. 210 del Cód. Penal, pues tal disposición resulta desplazada por el derecho internacional consuetudinario y la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad. Posteriormente, en la causa "Simón, Julio Héctor y otros", 14/06/2005, LA LEY 2005-E, 331, la doctora Argibay en su voto estableció que aquellas personas a las cuales se les atribuye la comisión de un delito no poseen un derecho a liberarse de la persecución penal por el transcurso del tiempo —en el caso, se declaró la inconstitucionalidad de las leyes 23.492 y 23.521—, porque la prescripción de la acción penal no es una expectativa con la que pueda contar, al momento del hecho, el autor de un delito.

(*) Información a la época del fallo


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No corresponde tener por configurada la cosa juzgada írrita que permite apartarse de la regla según la cual las decisiones judiciales firmes —en el caso, la que sobreseyó a un procesado en forma definitiva, por indulto, hace 17 años— tienen carácter irrevocable, si no está en duda la honradez de los magistrados que dictaron la resolución cuestionada —sin perjuicio de que se mantengan profundas diferencias jurídicas o intelectuales con éstos, con relación a la misma—, ni existen razones para pensar que hayan actuado bajo el influjo de alguna restricción a su independencia (del voto en disidencia de la doctora Argibay)

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JURISPRUDENCIA VINCULADA (*)

CORTE SUPREMA
En"Arancibia Clavel, Enrique L.", 24/08/2004, LA LEY 10/11/2004, 8; DJ 2004-3, 162; Sup.Const 2004 (octubre), 4, sostuvo que el delito de asociación ilícita perpetrado para perseguir opositores políticos por medio de homicidios, desapariciones forzadas de personas y tormentos reviste carácter de crimen contra la humanidad y, por ende, es imprescriptible, sin que corresponda declarar extinta la acción penal aun cuando haya transcurrido el plazo previsto en el art. 62 inc. 2° en función del art. 210 del Cód. Penal, pues tal disposición resulta desplazada por el derecho internacional consuetudinario y la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad. Posteriormente, en la causa "Simón, Julio Héctor y otros", 14/06/2005, LA LEY 2005-E, 331, la doctora Argibay en su voto estableció que aquellas personas a las cuales se les atribuye la comisión de un delito no poseen un derecho a liberarse de la persecución penal por el transcurso del tiempo —en el caso, se declaró la inconstitucionalidad de las leyes 23.492 y 23.521—, porque la prescripción de la acción penal no es una expectativa con la que pueda contar, al momento del hecho, el autor de un delito.

(*) Información a la época del fallo


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Ni la Corte Suprema de Justicia de la Nación ni ningún otro tribunal de justicia pueden eludir los efectos de la cosa juzgada —en el caso, la que emana del sobreseimiento definitivo firme de una persona, por indulto—, pues, de lo contrario, se estarían poniendo las condiciones para que dicho fallo, en el futuro, sea también revocado con argumentos contrarios —esto es, alegando error, injusticia, etcétera—, haciendo con ello que el carácter final de las decisiones judiciales venga a significar apenas más que nada, pues sólo sería respetado por los jueces futuros en la medida que fueran compartidas por ellos (del voto en disidencia de la doctora Argibay)

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JURISPRUDENCIA VINCULADA (*)

CORTE SUPREMA
En"Arancibia Clavel, Enrique L.", 24/08/2004, LA LEY 10/11/2004, 8; DJ 2004-3, 162; Sup.Const 2004 (octubre), 4, sostuvo que el delito de asociación ilícita perpetrado para perseguir opositores políticos por medio de homicidios, desapariciones forzadas de personas y tormentos reviste carácter de crimen contra la humanidad y, por ende, es imprescriptible, sin que corresponda declarar extinta la acción penal aun cuando haya transcurrido el plazo previsto en el art. 62 inc. 2° en función del art. 210 del Cód. Penal, pues tal disposición resulta desplazada por el derecho internacional consuetudinario y la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad. Posteriormente, en la causa "Simón, Julio Héctor y otros", 14/06/2005, LA LEY 2005-E, 331, la doctora Argibay en su voto estableció que aquellas personas a las cuales se les atribuye la comisión de un delito no poseen un derecho a liberarse de la persecución penal por el transcurso del tiempo —en el caso, se declaró la inconstitucionalidad de las leyes 23.492 y 23.521—, porque la prescripción de la acción penal no es una expectativa con la que pueda contar, al momento del hecho, el autor de un delito.

(*) Información a la época del fallo


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Una vez pronunciado un fallo judicial y agotados los recursos para su revisión, son irrevocables sus efectos —en el caso, sobreseimiento definitivo por indulto a favor de una persona procesada—, conocidos bajo la expresión de cosa juzgada, constituyendo una garantía constitucional de los derechos individuales que debe ser respetada incluso por los tres poderes del Estado (del voto en disidencia de la doctora Argibay)

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CORTE SUPREMA
En"Arancibia Clavel, Enrique L.", 24/08/2004, LA LEY 10/11/2004, 8; DJ 2004-3, 162; Sup.Const 2004 (octubre), 4, sostuvo que el delito de asociación ilícita perpetrado para perseguir opositores políticos por medio de homicidios, desapariciones forzadas de personas y tormentos reviste carácter de crimen contra la humanidad y, por ende, es imprescriptible, sin que corresponda declarar extinta la acción penal aun cuando haya transcurrido el plazo previsto en el art. 62 inc. 2° en función del art. 210 del Cód. Penal, pues tal disposición resulta desplazada por el derecho internacional consuetudinario y la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad. Posteriormente, en la causa "Simón, Julio Héctor y otros", 14/06/2005, LA LEY 2005-E, 331, la doctora Argibay en su voto estableció que aquellas personas a las cuales se les atribuye la comisión de un delito no poseen un derecho a liberarse de la persecución penal por el transcurso del tiempo —en el caso, se declaró la inconstitucionalidad de las leyes 23.492 y 23.521—, porque la prescripción de la acción penal no es una expectativa con la que pueda contar, al momento del hecho, el autor de un delito.

(*) Información a la época del fallo


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Es admisible el recurso extraordinario deducido contra la sentencia de la Cámara Nacional de Casación Penal que declaró la inconstitucionalidad del decreto 1002/89 (Adla, XLIX-C, 2525), ordenando proseguir las actuaciones seguidas contra una persona indultada a tenor de este decreto, pese al sobreseimiento definitivo que anteriormente había puesto fin a la causa con sustento en el indulto, toda vez que está en discusión la inteligencia de los principios de juez natural, legalidad, cosa juzgada y la garantía de "ne bis in idem", mientras que la decisión recurrida ha sido contraria a la validez del derecho que la parte recurrente ha fundado en ellos —art. 14 inc. 3°, ley 48 (Adla, 1852-1880, 364)— (del voto en disidencia de la doctora Argibay)

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CORTE SUPREMA
En"Arancibia Clavel, Enrique L.", 24/08/2004, LA LEY 10/11/2004, 8; DJ 2004-3, 162; Sup.Const 2004 (octubre), 4, sostuvo que el delito de asociación ilícita perpetrado para perseguir opositores políticos por medio de homicidios, desapariciones forzadas de personas y tormentos reviste carácter de crimen contra la humanidad y, por ende, es imprescriptible, sin que corresponda declarar extinta la acción penal aun cuando haya transcurrido el plazo previsto en el art. 62 inc. 2° en función del art. 210 del Cód. Penal, pues tal disposición resulta desplazada por el derecho internacional consuetudinario y la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad. Posteriormente, en la causa "Simón, Julio Héctor y otros", 14/06/2005, LA LEY 2005-E, 331, la doctora Argibay en su voto estableció que aquellas personas a las cuales se les atribuye la comisión de un delito no poseen un derecho a liberarse de la persecución penal por el transcurso del tiempo —en el caso, se declaró la inconstitucionalidad de las leyes 23.492 y 23.521—, porque la prescripción de la acción penal no es una expectativa con la que pueda contar, al momento del hecho, el autor de un delito.

(*) Información a la época del fallo


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Si bien no pone fin al pleito, a los fines del recurso extraordinario —art. 14, ley 48 (Adla, 1852-1880, 364)—, es equiparable a definitiva la sentencia de la Cámara Nacional de Casación Penal que declaró la inconstitucionalidad del decreto 1002/89 (Adla, XLIX-C, 2525), ordenando proseguir la causa contra una persona indultada a tenor de este decreto, pese a su anterior sobreseimiento definitivo, ya que las garantías de juez natural, legalidad, cosa juzgada y "ne bis in idem" están destinadas a gobernar decisiones previas al fallo final, por lo que resultaría inoficioso examinar el agravio invocado al momento de su dictado, pues, para entonces, el riesgo de ser sometido a juicio ya se habría consumado irremediablemente (del voto en disidencia de la doctora Argibay)

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En"Arancibia Clavel, Enrique L.", 24/08/2004, LA LEY 10/11/2004, 8; DJ 2004-3, 162; Sup.Const 2004 (octubre), 4, sostuvo que el delito de asociación ilícita perpetrado para perseguir opositores políticos por medio de homicidios, desapariciones forzadas de personas y tormentos reviste carácter de crimen contra la humanidad y, por ende, es imprescriptible, sin que corresponda declarar extinta la acción penal aun cuando haya transcurrido el plazo previsto en el art. 62 inc. 2° en función del art. 210 del Cód. Penal, pues tal disposición resulta desplazada por el derecho internacional consuetudinario y la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad. Posteriormente, en la causa "Simón, Julio Héctor y otros", 14/06/2005, LA LEY 2005-E, 331, la doctora Argibay en su voto estableció que aquellas personas a las cuales se les atribuye la comisión de un delito no poseen un derecho a liberarse de la persecución penal por el transcurso del tiempo —en el caso, se declaró la inconstitucionalidad de las leyes 23.492 y 23.521—, porque la prescripción de la acción penal no es una expectativa con la que pueda contar, al momento del hecho, el autor de un delito.

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TEXTO COMPLETO:

Buenos Aires, julio 13 de 2007.

Considerando: 1) Que la presente causa se ha iniciado por la presentación efectuada en forma conjunta por Sara de Castiñeiras, Iris Pereyra de Avellaneda, Floreal Avellaneda; Juan Manuel Castiñeiras y Ana María Astudillo, juntamente con sus representantes letrados y Alicia Palmero, en representación de la Liga Argentina por los Derechos Humanos, quienes solicitaron la declaración de inconstitucionalidad del decreto 1002/89, mediante el cual el Poder Ejecutivo Nacional indultó, entre otros, a Santiago Omar Riveros, por los hechos a él imputados en la ex causa 85 de la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín (fs. 1/6).

2) Que el Juzgado Federal N° 2 de San Martín hizo lugar a la presentación, declarando la inconstitucionalidad del decreto 1002/89, y dispuso privar de efectos, dentro de las actuaciones principales, la totalidad de actos y resoluciones dictadas como consecuencia del decreto mencionado. Fundó su decisión en diversas consideraciones y en los arts. 16, 18, 29, 31, 75 inc. 22, 99 inc. 5°, 109, 116 y 118 de la Constitución Nacional.

3) Que dicho pronunciamiento fue apelado por el abogado defensor de Santiago Omar Riveros, con fundamento, entre otros, en que la excepción de cosa juzgada en relación al sobreseimiento dictado a fs. 1553 se encontraba firme (fs. 68/70 y 114/129).

4) Que la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín, acogió el recurso de la defensa con sustento en que ese tribunal ya se había expedido en la causa 85 acerca de la validez del indulto presidencial. Entre otras ponderaciones señaló que el indulto era un acto privativo del presidente de la República, una potestad discrecional que podía concederse incluso a los procesados. Agregó que aunque la solución de autos pudiera presentarse como repudiable desde el punto de vista estrictamente moral, ni el alcance otorgado al marco normativo vigente al momento de dictarse el indulto, ni los elementos incorporados referentes al nuevo contexto internacional jurídico del país, tenían relevancia para revisar los efectos derivados de la vigencia y aplicación de aquél, ya que generó derechos en cabeza de sus beneficiarios, cuya situación habría quedado entonces consolidada. Invocó además lo decidido por la Corte Suprema en los casos publicados en Fallos: 313:1392, 1398; 315:2421 (fs. 131/139).

5) Que apelado dicho pronunciamiento, por distintos grupos de querellantes, la Sala II de la Cámara Nacional de Casación Penal se pronunció por la inconstitucionalidad del decreto de indulto 1002/89.

Para así decidir rechazó la supuesta afectación del principio del juez natural alegada por la defensa, y consideró incompetente a la Justicia Militar para resolver el sub lite. Para ello citó el precedente de esta Corte in re: "Videla, Jorge Rafael s/incidente de excepción de cosa juzgada y falta de jurisdicción", de Fallos: 326:2805 y el publicado en Fallos: 323:2035. También desestimó la falta de acción de los querellantes -invocada por la defensa de Riveros- con sustento en el pronunciamiento de esta Corte en la causa "Hagelin, Ragnar Erland" (Fallos: 326:3268) (LA LEY, 2003-F, 955); así como en el caso "Velásquez Rodríguez" de la Corte Interamericana -sentencia CIDH Serie C N- 7, del 21 de julio de 1989).

En cuanto al fondo de la cuestión -entre otras exhaustivas consideraciones- el a quo recordó que la reforma constitucional de 1994 acordó jerarquía constitucional a la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; la Declaración Universal de Derechos Humanos; la Convención Americana sobre Derechos Humanos; el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y su Protocolo Facultativo; la Convención sobre la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio; la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial; la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer; la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes; y la Convención sobre los Derechos del Niño (art. 75, inc. 22 de la Constitución Nacional). Señaló que si bien el decreto de indulto 1002/98 fue dictado con anterioridad al reconocimiento de la jerarquía constitucional de tales instrumentos internacionales, lo cierto era que tratándose de delitos de lesa humanidad, no existían limitaciones a su juzgamiento en tiempo y espacio, y tampoco podía concederse indultos o dictarse leyes de prescripción que impidan su juzgamiento y condena. Citó para ello jurisprudencia de la Corte Europea de Derechos Humanos.

Puso de relieve, además, la relevancia en la vigencia cronológica de estos principios internacionales, tanto de la Carta del Tribunal Internacional de Nüremberg de 1945; de la resolución 95 de la Asamblea General de las Naciones Unidas del 11 de diciembre de 1946; de los principios 4° y 6° de la Comisión de Derecho Internacional de las Naciones Unidas y la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, mediante resolución 2391 del 26 de noviembre de 1968.

Destacó, además, la evolución del derecho de gentes y su vinculación al principio del ius cogens. Mencionó las cuatro convenciones de Ginebra del 12 de agosto de 1949 ratificadas por nuestra República mediante ley 14.467. Analizó el Estatuto del Tribunal Internacional para Ruanda, creado por el Consejo de Seguridad en virtud del Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas, la resolución 827/93 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que adoptó el Estatuto del Tribunal Internacional para juzgar a los presuntos responsables de graves violaciones del derecho internacional humanitario cometidas en el territorio de la ex-Yugoslavia a partir de 1991 y el Preámbulo del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, adoptado el 17 de julio de 1998 -ley 25.390- instaurando medidas tendientes a que "los crímenes más graves de trascendencia para la comunidad internacional en su conjunto" "no queden sin castigo", de manera de "poner fin a la impunidad de los autores de esos crímenes y a contribuir así a la prevención de nuevos crímenes".

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