Tribunal de justicia de la comunidad andina



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TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA
PROCESO 59-IP-2014


Interpretación prejudicial del artículo 13 literal c) de la Decisión 351 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; y, de oficio, de los artículos 1, 4 literal a), 9, 11 literal c), 54, 56 y 57 de la Decisión 351; con fundamento en la consulta formulada por la Octava Sala Especializada de lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú. Asunto: Derecho patrimonial de distribución de obra. Expediente Interno: 5568-2011-0-1801-JR-CA-13
Magistrado ponente: Luis José Diez Canseco Núñez

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los 22 días del mes de julio del año dos mil catorce.



VISTOS:
El Oficio 5568-2011-0/8va SECA-CSJLI-PJ de 13 de mayo de 2014, recibido en este Tribunal vía correo electrónico el mismo día, mediante el cual la Octava Sala Especializada de lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú, solicita a este Tribunal interpretación prejudicial, a fin de resolver el Proceso Interno 5568-2011-0-1801-JR-CA-13.
El Auto de 18 de junio de 2014, mediante el cual el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (en adelante, el Tribunal) admitió a trámite la solicitud de interpretación prejudicial.
LAS PARTES:
Demandante: José Hurtado Pozo
Demandado: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (INDECOPI), REPÚBLICA DEL PERÚ
Terceros interesados: Editora y Librería Jurídica Grijley E.I.R.L.

Universidad Inca Garcilaso de la Vega (UIGV)




  1. Determinación de los hechos relevantes:



Expediente 179-2010/DDA


  1. El 29 de enero de 2010, José Hurtado Pozo interpuso denuncia contra Editora y Librería Jurídica Grijley E.I.R.L. y contra la UIGV por infracción a sus derechos patrimoniales y morales en relación con su obra MANUAL DE DERECHO PENAL. PARTE GENERAL.




  1. Mediante Resolución 1 de 25 de febrero de 2010, la Secretaría Técnica de la Comisión de Derecho de Autor dispuso admitir a trámite la denuncia presentada por José Hurtado Pozo. Asimismo, ordenó bajo cuenta, costo y riesgo del denunciante la realización de diligencias de inspección sin previo aviso y en forma inmediata, a fin de verificar las presuntas infracciones invocadas en la denuncia.


Expediente 634-2010/DDA


  1. Mediante Resolución 1 de 15 de marzo de 2010, la Secretaría Técnica de la Comisión de Derecho de Autor, en atención a que José Hurtado Pozo ha interpuesto una denuncia administrativa en contra de Editora y Librería Jurídica Grijley E.I.R.L. y la UIGV por presunta infracción a los derechos patrimoniales de reproducción, distribución y comunicación pública y a los derechos morales de divulgación, integridad, modificación o variación, dispuso la acumulación del Expediente 634-2010/DDA al seguido en el Expediente 179-2010/DDA.




  1. El 30 de mayo de 2010, se llevaron a cabo las diligencias de inspección ordenadas verificándose lo siguiente:




  1. En el local del Rectorado de la UIGV se verificó la inexistencia de la obra literaria denominada MANUAL DE DERECHO PENAL, PARTE GENERAL 1, materia de la denuncia.

  2. En el local de la Librería Universitaria de la UIGV se ejecutó la medida cautelar de Incautación de 41 libros de la obra literaria MANUAL DE DERECHO PENAL. PARTE GENERAL 1, materia de la presente denuncia. El encargado refirió que los libros materia de incautación se encuentran a la venta tanto a los alumnos como al público en general a S/ 125,00 el ejemplar.

  3. En el local de Editora y Librería Jurídica Grijley E.I.R.L. se verificó la inexistencia de la obra literaria objeto de la denuncia, haciéndose referencia a que se hizo entrega de 380 ejemplares aproximadamente de la obra literaria en cuestión a la UIGV.




  1. Mediante proveído de 5 de abril de 2010, la Secretaría Técnica de la Comisión de Derecho de Autor tuvo presente la ratificación de las medidas cautelares de incautación y de cese, efectuada por la Comisión de Derecho de Autor el 26 de febrero de 2010.




  1. Mediante Resolución 320-2010/CDA-INDECOPI de 25 de mayo de 2010, la Comisión de Derecho de Autor dispuso lo siguiente:

Primero.- Declarar infundada la denuncia iniciada por José Hurtado Pozo contra Editora y Librería Jurídica Grijley y Universidad Inca Garcilaso de la Vega, respecto a los derechos morales de divulgación, integridad y modificación; y, a los derechos patrimoniales de reproducción y comunicación pública.
Segundo.- Declarar fundada la denuncia iniciada por José Hurtado Pozo contra Editora y Librería Jurídica Grijley E.I.R.L. y Universidad Inca Garcilaso de la Vega respecto al derecho patrimonial de distribución y, en consecuencia, sancionar a Editora y Librería Jurídica Grijley y Universidad Inca Garcilaso de la Vega con una multa ascendente a 8,08 UIT, la misma que será cancelada de forma solidaria por las denunciadas. Dicho monto es igual a la cantidad determinada como contraprestación en el contrato de edición suscrito entre las partes (US$ 10.000,00).
Tercero.- Denegar la solicitud de Universidad Inca Garcilaso de la Vega, respecto de la entrega de los ejemplares incautados en la diligencia de 30 de marzo de 2010.
Cuarto.- Archivar la denuncia iniciada de oficio contra Editora y Librería Jurídica Grijley en el extremo correspondiente a la infracción a los literales a) y d) del artículo 99 del Decreto Legislativo 822.
Quinto.- Otorgar la solicitud de reconocimiento de las remuneraciones devengadas solicitadas por el denunciante. Dicho monto asciende a un total de US 10 000.00 (DIEZ MIL CON 00/100 DÓLARES AMERICANOS) que tendrán que cancelar las denunciadas en forma solidaria.
Sexto.- Denegar el pago de costos y costas del procedimiento solicitado por José Hurtado Pozo.
Séptimo.- Disponer la entrega a favor del denunciante de los 41 ejemplares incautados en la diligencia de 30 de marzo de 2010”.


  1. El 8 de junio de 2010, la UIGV interpuso recurso de apelación solicitando la nulidad de la resolución apelada. El 10 de junio de 2010, Editora y Librería Jurídica Grijley E.I.R.L. también interpuso recurso de apelación.




  1. Mediante Resolución 1505-2011/TPI-INDECOPI de 18 de julio de 2011, el Tribunal del Indecopi resolvió revocar la Resolución 320-2010/CDA-INDECOPI, en el extremo que:




  1. Declaró fundada la denuncia iniciada por José Hurtado Pozo respecto al derecho patrimonial de distribución.

  2. Sancionó a Editora y Librería Jurídica Grijley y UIGV con una multa ascendente a 8,08 UIT, la misma que será cancelada de forma solidaria por las denunciadas.

  3. Reconoció a favor del denunciante el monto que asciende a la suma de US 10 000.00 (DIEZ MIL CON 00/100 DÓLARES AMERICANOS) por remuneraciones devengadas que tenían que cancelar las denunciadas en forma solidaria.

  1. En consecuencia, el Tribunal del Indecopi declaró infundada la denuncia iniciada por José Hurtado Pozo respecto al derecho patrimonial de distribución; dispuso la entrega de los ejemplares incautados en la diligencia de 30 de marzo de 2010 a favor de la universidad; y, dejó en firme la Resolución 320-2010/CDA-INDECOPI en lo demás que contiene.




  1. José Hurtado Pozo presentó demanda contencioso administrativa en contra de la Resolución 1505-2011/TPI-INDECOPI.




  1. Mediante Resolución 10 de 14 de marzo de 2013 se declaró fundada en parte la demanda, por considerar que Editora y Librería Jurídica Grijley E.I.R.L. y la UIGV han infringido el derecho de distribución del autor al haber distribuido ejemplares alterados de la obra, vulnerándose así el artículo 13 literal c) de la Decisión 351.




  1. La UIGV presentó recurso de apelación en contra de la sentencia de primera instancia.




  1. La Octava Sala Especializada de lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú, suspendió el proceso y solicitó a este Tribunal interpretación prejudicial sobre:

“Cómo debe analizarse e interpretarse el literal c) del artículo 13 de la Decisión 351 respecto a cuáles son los alcances y límites del derecho patrimonial de distribución respecto a la facultad del editor de modificar el diseño de una obra sin afectar el contenido de la misma”.




  1. Fundamentos de la demanda:

El demandante José Hurtado Pozo argumentó lo siguiente:




  1. En la Revista Jurídica 280 de 8 de diciembre de 2009, publicada con el Diario Oficial “El Peruano” fue promocionada una nueva edición de su libro MANUAL DE DERECHO PENAL, PARTE GENERAL 1, en la que se puede apreciar el “lanzamiento” de la nueva edición del libro de su supuesta auditoría, como un cuaderno de rectorado de la UIGV.




  1. La empresa Grijley ha reconocido mediante carta de 22 de diciembre de 2009 haber reemplazado, flagrantemente y sin su autorización, las cubierta originales de la obra por otras en las que aparece como publicación de la UIGV, así como haber incluido en la obra un texto denominado “Liminar” dirigido a los profesores y estudiantes de dicha universidad, reconociendo además haber comercializado indebidamente 380 ejemplares de la obra.




  1. Los actos mencionados vulneran el derecho moral a la integridad de la obra debido a que se la ha modificado y alterado sin autorización.




  1. La UIGV también es responsable de la infracción que se viene cometiendo al consentir una edición irregular de un libro de su autoría con el agravante de que no tiene ninguna relación laboral o contractual con la universidad que permite que se utilice incluso los logos y las marcas de terceros en la tapa y en la primera página del libro infractor como son el logo de la Universidad de Friburgo, Suiza y el logo de la Pontificia Universidad Católica del Perú, presentándose además dicha nueva edición como una edición “aumentada y corregida”, lo cual es falso.




  1. Fundamentos de la contestación a la demanda:

El Indecopi contestó la demanda alegando lo siguiente:




  1. Defiende la legalidad de la Resolución 1505-2011/TPI-INDECOPI de 18 de julio de 2011.




  1. Se debe declarar infundada la denuncia iniciada por José Hurtado Pozo respecto al derecho patrimonial de distribución.




  1. La obra del señor Hurtado está conformada por el texto denominado MANUAL DE DERECHO PENAL. Sin embargo, su obra no incluye ni la carátula del libro ni el libro que la contiene, ya que éstas no fueron creadas por él. La obra en sí misma (texto) no ha sido modificada. Lo que ha ocurrido es que se ha modificado la presentación de la obra; es decir, la edición, en aplicación del artículo 10 del contrato de edición, el cual faculta a la editora a decidir sobre la calidad y el tipo de materiales, diseños, arte gráfico y diagramación.




  1. Cambiar la carátula del libro no constituye una modificación a la obra, sino a la edición. En tal sentido, dado que la obra nunca fue modificada, la obra que se distribuyó fue siempre la autorizada para edición y comercialización por el autor mediante el contrato de edición.

La UIGV contesta la demanda manifestando lo siguiente:




  1. Editora y Librería Jurídica Grijley E.I.R.L. le ofreció las referidas obras indicando en todo momento que contaba con las facultades del caso, por lo que los libros han sido adquiridos de buena fe sin ningún interés mercantil.




  1. Antes de admitir la denuncia se debió requerir el contrato de edición celebrado con la empresa Editora y Librería Jurídica Grijley E.I.R.L. para verificar si es que efectivamente se había transgredido dicho contrato o los pormenores del mismo, puesto que mediante dicho contrato Editora y Librería Jurídica Grijley E.I.R.L. les puso en conocimiento que se les ofrecía 500 ejemplares, sin ningún ánimo de piratería.




  1. Editora y Librería Jurídica Grijley E.I.R.L. les ofreció el producto materia del presente procedimiento, por lo que accedieron a la adquisición del mismo para destinarlo a fines netamente académicos y sin fines de lucro.

  2. Conforme se desprende de la copia del libro que proporciona el mismo denunciante, no se indica que las autorizaciones se soliciten al autor sino que se indica que todo contacto se debe realizar con la editorial.




  1. Adjuntó medios de prueba a fin de acreditar sus argumentos y solicitó que se le entreguen los libros incautados.




  1. Editora y Librería Jurídica Grijley E.I.R.L. no ha contestado la demanda y ha sido declarada rebelde.



  1. Fundamentos de la sentencia de primera instancia judicial:




  1. Mediante Resolución 10 de 14 de marzo de 2013 se declaró fundada en parte la demanda, por considerar que Editora y Librería Jurídica Grijley E.I.R.L. y la UIGV han infringido el derecho de distribución del autor al haber distribuido ejemplares alterados de la obra, vulnerándose así el artículo 13 literal c) de la Decisión 351. La codemandada sin autorización previa del autor procedió a modificar unilateralmente la presentación primigenia de la obra, la cual por obligación contractual debía mantener las mismas características del primer tiraje que fue producto del consenso de las partes. No se puede modificar unilateralmente la presentación de la obra. La editora al haber distribuido los ejemplares alterados sin autorización del autor ha infringido el derecho de distribución del autor.




  1. Fundamentos del recurso de apelación:

29. La UIGV presentó recurso de apelación en contra de la sentencia de primera instancia, de la siguiente manera:


El texto denominado “Liminar” incluido en las ediciones con carátula reemplazada no forma parte del texto originario de la obra, el cual ha sido mantenido en forma íntegra, no pudiendo tampoco afirmarse que el reemplazo de las carátulas de la obra constituya en sí una afectación a la obra.


  1. Reitera los argumentos presentados en la contestación a la demanda.


CONSIDERANDO:
Competencia del Tribunal
31. Que, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 1 literal c) del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, la norma cuya interpretación se solicita forma parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina.
32. Que, a tenor de la disposición señalada en el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, en correspondencia con lo establecido en los artículos 4, 121 y 2 del Estatuto, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que integran el ordenamiento jurídico de dicha Comunidad.
Normas del ordenamiento JURÍDICO comunitario a ser interpretadas


  1. El Juez Consultante solicita la interpretación prejudicial del artículo 13 literal c) de la Decisión 351 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Procede la interpretación solicitada y, de oficio, se interpretarán los artículos: 1, 4 literal a), 9, 11 literal c), 54, 56 y 57 de la Decisión 351.


DECISIÓN 351
“(…)
Artículo 1.- Las disposiciones de la presente Decisión tienen por finalidad reconocer una adecuada y efectiva protección a los autores y demás titulares de derechos, sobre las obras del ingenio, en el campo literario, artístico o científico, cualquiera que sea el género o forma de expresión y sin importar el mérito literario o artístico ni su destino. Asimismo, se protegen los Derechos Conexos a que hace referencia el Capítulo X de la presente Decisión.
(…)
Artículo 4.- La protección reconocida por la presente Decisión recae sobre todas las obras literarias, artísticas y científicas que puedan reproducirse o divulgarse por cualquier forma o medio conocido o por conocer, y que incluye, entre otras, las siguientes:


  1. Las obras expresadas por escrito, es decir, los libros, folletos y cualquier tipo de obra expresada mediante letras, signos o marcas convencionales;

(…)
Artículo 9.- Una persona natural o jurídica, distinta del autor, podrá ostentar la titularidad de los derechos patrimoniales sobre la obra de conformidad con lo dispuesto por las legislaciones internas de los Países Miembros.


(…)
Artículo 11.- El autor tiene el derecho inalienable, inembargable, imprescriptible e irrenunciable de:
(…)
c) Oponerse a toda deformación, mutilación o modificación que atente contra el decoro de la obra o la reputación del autor.
(…)
Artículo 13.- El autor o, en su caso, sus derechohabientes, tienen el derecho exclusivo de realizar, autorizar o prohibir:
(…)


  1. La distribución pública de ejemplares o copias de la obra mediante la venta, arrendamiento o alquiler;

(…)
Artículo 54.- Ninguna autoridad ni persona natural o jurídica, podrá autorizar la utilización de una obra, interpretación, producción fonográfica o emisión de radiodifusión o prestar su apoyo para su utilización, si el usuario no cuenta con la autorización expresa previa del titular del derecho o de su representante. En caso de incumplimiento será solidariamente responsable.


(…)
Artículo 56.- La autoridad nacional competente, podrá ordenar las medidas cautelares siguientes:


  1. El cese inmediato de la actividad ilícita;

b) La incautación, el embargo, decomiso o secuestro preventivo, según corresponda, de los ejemplares producidos con infracción de cualquiera de los derechos reconocidos en la presente Decisión;




  1. La incautación, embargo, decomiso o secuestro, de los aparatos o medios utilizados para la comisión del ilícito.

Las medidas cautelares no se aplicarán respecto del ejemplar adquirido de buena fe y para el exclusivo uso personal.


Artículo 57.- La autoridad nacional competente, podrá asimismo ordenar lo siguiente:
a) El pago al titular del derecho infringido de una reparación o indemnización adecuada en compensación por los daños y perjuicios sufridos con motivo de la violación de su derecho;
b) Que el infractor asuma el pago de las costas del proceso en que haya incurrido el titular del derecho infringido;
c) El retiro definitivo de los canales comerciales, de los ejemplares que constituyan infracción del derecho;
d) Las sanciones penales equivalentes a aquellas que se aplican a delitos de similar magnitud.
(…)”.


  1. PRIMACÍA DEL DERECHO COMUNITARIO ANDINO FRENTE A LAS NORMAS DE DERECHO INTERNO DE LOS PAÍSES MIEMBROS Y DE DERECHO INTERNACIONAL. DEL PRINCIPIO DE COMPLEMENTO INDISPENSABLE.




  1. En el presente caso, se alegó la aplicación del Decreto Legislativo 822, por lo que resulta necesario referirse al principio de la primacía del Derecho comunitario andino, el mismo que encuentra su apoyo en otros, como son el efecto directo, la aplicación inmediata y la autonomía del ordenamiento jurídico andino.




  1. Este Tribunal ha manifestado en reiterada jurisprudencia la prevalencia del ordenamiento comunitario andino respecto de los ordenamientos jurídicos de los Países Miembros y respecto de las normas de derecho internacional, en relación con las materias que regula el orden comunitario. En este marco ha establecido que en caso de presentarse antinomias entre el derecho comunitario andino y el derecho interno de los Países Miembros, prevalece el primero, al igual que al presentarse antinomias ente el derecho comunitario y las normas de derecho internacional.




  1. En virtud de los principios de autonomía y primacía, las normas del ordenamiento comunitario —tanto las primarias como las derivadas— deben surtir la plenitud de sus efectos, de manera uniforme, en todos los Países Miembros. Por lo tanto, las normas de los ordenamientos nacionales, sean de origen interno o internacional, no pueden menoscabar o contrariar los imperativos comunitarios. De allí que la Comunidad, si bien no se encuentra vinculada por los tratados que celebren individualmente los Países Miembros, como ha sido el caso del Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas, puede tomarlo como una referencia, ya que los cuatro Países Miembros son parte del mismo.




  1. Sin embargo resulta importante tener en cuenta que en virtud del principio de complemento indispensable, la norma nacional podría abordar legislativamente temas que no se encuentren regulados por la norma comunitaria andina, con objeto de lograr una correcta aplicación de la normativa comunitaria andina. Sobre este principio el Tribunal ha manifestado lo siguiente:

“No es posible la expedición de normas nacionales sobre el mismo asunto, salvo que sean necesarias para la correcta aplicación de aquéllas. Lo anterior quiere decir que los Países Miembros no pueden expedir normas sobre asuntos regulados por las normas comunitarias, salvo que sean necesarias para su correcta ejecución y, en consecuencia, no pueden, so pretexto de reglamentar normas comunitarias, establecer nuevos derechos u obligaciones o modificar los ya existentes y previstos en las normas comunitarias. Así pues, el País Miembro sólo podría haber regulado dicho asunto cuando la propia norma comunitaria explícitamente lo hubiera previsto, o cuando sobre dicho asunto hubiese guardado silencio” (Interpretación Prejudicial expedida el 25 de febrero de 2010, dentro del Proceso 115-IP-2009).


B. DEL OBJETO DE LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE AUTOR.
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