Trigésimo sexto período ordinario de sesiones santo domingo, república dominicana del 4 al 6 de junio de 2006 actas y documentos volumen I ag/dec. 46 a ag/dec. 51 (xxxvi-o/06) ag/res. 2158 a ag/res



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3. Hacer un llamado a los Estados Miembros para que hagan efectivas las normas de cooperación judicial internacional, a efectos de que la extradición y la asistencia judicial mutua sea eficiente, expedita y eficaz a través del cumplimiento de los tratados multilaterales y bilaterales sobre extradición y asistencia judicial mutua.
AG/RES. 2223 (XXXVI-O/06)
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES AL INFORME ANUAL
DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS
(Aprobada en la cuarta sesión plenaria,

celebrada el 6 de junio de 2006)



LA ASAMBLEA GENERAL,
VISTAS las observaciones y recomendaciones del Consejo Permanente al informe anual de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (AG/doc.4637/06);
CONSIDERANDO:
Que en la Declaración de la Tercera Cumbre de las Américas, celebrada en la ciudad de Quebec, los Jefes de Estado y de Gobierno expresaron que su “compromiso de asegurar el pleno respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales se basa en principios y en convicciones compartidos” y apoyaron el “fortalecimiento y perfeccionamiento de la eficacia del sistema interamericano de derechos humanos, que incluye…la Corte Interamericana de Derechos Humanos”;
Que en la Declaración y el Plan de Acción de la Cuarta Cumbre de las Américas, celebrada en la ciudad de Mar del Plata, los Jefes de Estado y de Gobierno reconocieron la promoción y protección de los derechos humanos, con base en los principios de universalidad, indivisibilidad e interdependencia, como fundamentales para el funcionamiento de las sociedades democráticas. Asimismo, se comprometieron a “continuar respaldando y fortaleciendo el funcionamiento de los órganos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, promoviendo en los órganos políticos de la OEA, en el marco del proceso de reflexión en curso, acciones concretas para lograr, entre otros objetivos, una mayor adhesión a los instrumentos jurídicos, un efectivo cumplimiento de las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la debida consideración de las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el perfeccionamiento del acceso de las víctimas a los mecanismos del sistema, y el financiamiento adecuado de los órganos del sistema, incluyendo el fomento de contribuciones voluntarias.”;
Que el artículo 54 (f) de la Carta de la Organización de los Estados Americanos establece como atribución de la Asamblea General la consideración de las observaciones y recomendaciones que eleve el Consejo Permanente, de conformidad con el artículo 91 (f) de la Carta, sobre los informes de los órganos, organismos y entidades de la Organización;
Que el artículo 65 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece que “la Corte someterá a la consideración de la Asamblea General de la Organización en cada período ordinario de sesiones un informe sobre su labor en el año anterior. De manera especial y con las recomendaciones pertinentes, señalará los casos en que un Estado no haya dado cumplimiento a sus fallos”;
DESTACANDO CON SATISFACCIÓN la eficiente labor realizada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el ejercicio de sus funciones contenciosas y consultivas; y
AGRADECIENDO las invitaciones formuladas por los Gobiernos de Chile, Paraguay, Argentina, Brasil y El Salvador para que la Corte Interamericana de Derechos Humanos celebrase en dichos países períodos extraordinarios de sesiones, como una manera de promocionar el sistema interamericano de protección de los derechos humanos,
RESUELVE:


  1. Adoptar las observaciones y recomendaciones del Consejo Permanente al informe anual de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (AG/doc.4637/06) y transmitirlas a dicho órgano.




  1. Reafirmar el valor esencial de las labores de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para el perfeccionamiento de la protección y defensa de los derechos humanos en el Hemisferio.




  1. Reiterar que los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos son definitivos e inapelables y que los Estados Parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos se comprometen a cumplir las decisiones de la Corte en todos los casos en que sean parte.




  1. Reiterar que, con el propósito de que la Corte pueda cumplir cabalmente con la obligación de informar a la Asamblea General sobre el cumplimiento de sus fallos, es necesario que los Estados Parte le brinden oportunamente la información que ésta les requiera.




  1. Reafirmar la importancia de:




    1. La función consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para el desarrollo de la jurisprudencia interamericana y el derecho internacional de los derechos humanos y, en este contexto, tomar nota de la Opinión Consultiva OC-19/05 “Control de legalidad en el ejercicio de las atribuciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”; y




    1. La jurisprudencia desarrollada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos para la efectiva vigencia y respeto de los derechos humanos en el Hemisferio y, por consiguiente, la importancia de la difusión de sus decisiones por los Estados Miembros según lo entiendan apropiado.




  1. Encomendar al Consejo Permanente que:




    1. Continúe la consideración del tema “Acceso de la víctima a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (jus standi) y su puesta en práctica”, incluyendo sus implicaciones financieras y presupuestarias, teniendo en cuenta el informe de la Corte Interamericana de Derechos Humanos “Bases para un Proyecto de Protocolo a la Convención Americana sobre Derechos Humanos para fortalecer su mecanismo de protección (Tomo II)”, la propuesta del Gobierno de Costa Rica “Proyecto de Protocolo Facultativo a la Convención Americana sobre Derechos Humanos”, las reformas reglamentarias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y teniendo en cuenta la necesidad tanto de preservar el equilibrio procesal como de redefinir el papel de la CIDH en el procedimiento ante la Corte.




    1. Continúe la consideración de medios para promover el mejor cumplimiento de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por parte de los Estados Miembros.




    1. Encomendar al Consejo Permanente que continúe analizando los medios para lograr un incremento efectivo de los recursos económicos asignados a la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el programa-presupuesto de la Organización. Para estos efectos, agradecer el trabajo realizado por el Secretario General de la Organización, e instarlo a que continúe sus esfuerzos y presente propuestas adicionales tendientes a lograr el financiamiento adecuado de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en dicho programa-presupuesto.




  1. Expresar su agradecimiento a los Estados Miembros (Brasil, Colombia, Costa Rica México y Paraguay) y a las instituciones (el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, el Banco Interamericano de Desarrollo y la Unión Europea) que han realizado contribuciones voluntarias a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Asimismo, instar a los Estados Miembros a que contribuyan al Fondo Específico para el Fortalecimiento del Sistema Interamericano de Protección y Promoción de los Derechos Humanos, y a los Observadores Permanentes e instituciones a que realicen contribuciones voluntarias al Tribunal.




  1. Alentar a los Estados Miembros a que continúen invitando a la Corte Interamericana de Derechos Humanos a celebrar períodos extraordinarios de sesiones fuera de su sede.




  1. Instar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Instituto Interamericano de Derechos Humanos a que sigan realizando seminarios especializados sobre el sistema interamericano de promoción y protección de derechos humanos para funcionarios estatales.




  1. Invitar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos a que continué participando, con sus jueces, en el diálogo con los Estados Miembros en el marco del proceso de reflexión sobre el fortalecimiento del sistema interamericano de derechos humanos, en el ámbito de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos.




  1. Instar a los Estados Miembros a que consideren, según sea el caso, la firma y ratificación, ratificación o adhesión a la Convención Americana sobre Derechos Humanos y demás instrumentos del sistema, incluyendo la aceptación de la jurisdicción obligatoria de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.




  1. Solicitar al Consejo Permanente que informe sobre el cumplimiento de esta resolución a la Asamblea General en su trigésimo séptimo período ordinario de sesiones, la cual será ejecutada de acuerdo con los recursos asignados en el programa-presupuesto de la Organización y otros recursos.

AG/RES. 2224 (XXXVI-O/06)


LOS DERECHOS HUMANOS DE TODOS LOS TRABAJADORES
MIGRATORIOS Y DE SUS FAMILIAS
(Aprobada en la cuarta sesión plenaria,

celebrada el 6 de junio de 2006)



LA ASAMBLEA GENERAL,
VISTO el informe que sobre este tema hace parte del Informe Anual del Consejo Permanente a la Asamblea General (AG/doc.4548/06 add.6);
EXPRESANDO SU SATISFACCIÓN por la aprobación del “Programa Interamericano para la Promoción y Protección de los Derechos Humanos de las Personas Migrantes, incluyendo a los Trabajadores Migratorios y sus Familias”, mediante la resolución AG/RES. 2141 (XXXV-O/05);
TOMANDO NOTA de la sesión especial de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos del Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA), celebrada el 16 de marzo de 2006, sobre la implementación del Programa Interamericano y de las propuestas para nuevas actividades por parte de los Estados, así como las presentaciones de los órganos, organismos y entidades de la OEA;
REAFIRMANDO que la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre proclama que todas las personas son iguales ante la ley y tienen los derechos y deberes que consagra sin distinción de raza, sexo, idioma, credo ni otra alguna;
DESTACANDO que la Convención Americana sobre Derechos Humanos reconoce que los derechos esenciales del hombre no nacen del hecho de ser nacional de determinado Estado, sino que tienen como fundamento los atributos de la persona humana;
REAFIRMANDO que los principios y normas consagrados en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y en la Convención Americana sobre Derechos Humanos adquieren particular relevancia en relación con la protección de los derechos humanos de los trabajadores migratorios y sus familias;
TENIENDO EN CUENTA:
Las resoluciones AG/RES. 1717 (XXX-O/00), AG/RES. 1775 (XXXI-O/01), AG/RES. 1898 (XXXII-O/02), AG/RES. 1928 (XXXIII-O/03), AG/RES. 2027 (XXXIV-O/04) y AG/RES. 2130 (XXXV-O/05); y
El informe anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en particular el capítulo relativo a la situación de los trabajadores migratorios y miembros de sus familias en el Hemisferio (CP/doc.4088/06 add.1);
CONSIDERANDO:
Que los Jefes de Estado y de Gobierno reunidos en la Tercera Cumbre de las Américas, reconocieron las contribuciones económicas y culturales que aportan los migrantes a las sociedades de destino y a sus comunidades de origen y se comprometieron a asegurar un tratamiento digno y humano con protección legal adecuada y a fortalecer los mecanismos de cooperación hemisféricos para atender sus legítimas necesidades;
Que en la Declaración de Nuevo León de la Cumbre Extraordinaria de las Américas, los Jefes de Estado y de Gobierno destacaron la importancia de la cooperación entre países de origen, tránsito y destino para asegurar la plena protección de los derechos humanos de todos los migrantes, incluidos los trabajadores migratorios y sus familias, la defensa de los derechos humanos y condiciones de trabajo seguras y saludables para los migrantes, y a adoptar medidas eficaces contra la trata de seres humanos;
Que los Jefes de Estado y de Gobierno reunidos en la Cuarta Cumbre de las Américas, adoptaron la Declaración de Mar del Plata “Crear trabajo para enfrentar la pobreza y fortalecer la gobernabilidad democrática” y su Plan de Acción, en los cuales reafirmaron, entre otros, importantes compromisos relativos a los derechos humanos de los trabajadores migratorios;
Que prácticamente todos los países del Hemisferio son países de origen, tránsito y destino de migrantes, y están facultados para reglamentar la inmigración de personas que ingresan en su territorio, de conformidad con el derecho internacional aplicable, incluyendo el derecho internacional de los derechos humanos, el derecho internacional humanitario y el derecho internacional de los refugiados;
Los programas sobre migrantes adoptados por algunos países, que permiten su integración en los países de acogida, facilitan la reunificación familiar y promueven un ambiente de armonía, tolerancia y respeto;
Las contribuciones positivas que con frecuencia aportan los migrantes tanto a los Estados de origen como a los de tránsito o destino, y su integración con el tiempo en la sociedad que los acoge; así como los esfuerzos que algunos países de tránsito o acogida realizan tanto para atender las necesidades de los migrantes como para atender las de la comunidad receptora o local;
La entrada en vigor de la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares, el 1 de julio de 2003, la instalación e inicio de los trabajos del Comité para la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares, así como la entrada en vigor del Protocolo contra el Tráfico Ilícito de Migrantes por Tierra, Mar y Aire, el 28 de enero de 2004, y del Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, especialmente Mujeres y Niños, adicionales a la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional (Convención de Palermo);
La Opinión Consultiva OC-16/99, “El derecho a la información sobre la asistencia consular en el marco de las garantías del debido proceso legal”, emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos el 1 de octubre de 1999;
La Opinión Consultiva OC-18/03, “La condición jurídica y derechos de los migrantes indocumentados”, emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos el 17 de septiembre de 2003; y
El fallo de la Corte Internacional de Justicia del 31 de marzo de 2004 en el caso Avena y otros nacionales mexicanos;
TENIENDO EN CUENTA:
Que el Plan Estratégico de Cooperación Solidaria 2002-2005 del Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral (CIDI) identifica como prioritario el apoyo para grupos vulnerables como los trabajadores migratorios, en la implementación de políticas y programas destinados a facilitar el acceso al mercado laboral y mejorar las condiciones de trabajo; y
Que el Plan de Acción de la Tercera Cumbre de las Américas determinó el establecimiento de un programa interamericano en el marco de la OEA para la promoción y protección de los derechos humanos de los migrantes, incluyendo los trabajadores migrantes y sus familias, tomando en cuenta las actividades de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y apoyando la labor encomendada a su Relatoría Especial sobre Trabajadores Migratorios y Miembros de sus Familias y de la Relatoría Especial de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos de los Migrantes;
PREOCUPADA por la grave situación de vulnerabilidad en que se encuentran muchos de los trabajadores migratorios y sus familias en el Hemisferio, y por los persistentes obstáculos que les impiden disfrutar plenamente de sus derechos humanos;
TENIENDO PRESENTE que los migrantes suelen ser víctimas de delitos, malos tratos y actos de discriminación, racismo y xenofobia en los países de tránsito y destino, y que las mujeres migrantes solas o jefes de familia son particularmente vulnerables a la violencia de género y otros tipos de explotación sexual y laboral, lo que hace necesaria una amplia cooperación entre los Estados para combatir estas situaciones, así como la situación de posible vulnerabilidad en la que quedarían las familias de los migrantes en los países de origen;
TOMANDO NOTA de las iniciativas, actividades y programas que a nivel regional desarrolla la Conferencia Regional de Migración (Proceso de Puebla), en Norteamérica, los países de América Central y República Dominicana, así como del diálogo de Ministros de Países Mesoamericanos, República Dominicana, Ecuador y Colombia; y
TENIENDO PRESENTE que todos los migrantes y sus defensores tienen el deber y la obligación de obedecer todas las leyes de los países de origen, tránsito y destino,
RESUELVE:


  1. Condenar enérgicamente las manifestaciones o actos de racismo, discriminación racial, xenofobia y formas conexas de intolerancia contra los migrantes, así como todas las formas de racismo, discriminación racial, xenofobia y formas conexas de intolerancia relacionadas con el acceso al empleo, la formación profesional, la vivienda, la instrucción, los servicios de atención de la salud, los servicios sociales y los destinados al uso público.




  1. Reafirmar el deber de los Estados Parte en la Convención de Viena de 1963 sobre Relaciones Consulares de cumplir dicha Convención, incluida la obligación de los Estados Parte en cuyo territorio ocurre la detención de nacionales extranjeros de informar a éstos sobre su derecho a comunicarse con sus oficiales consulares y, en ese sentido, llamar a la atención de los Estados la Opinión Consultiva OC-16/99 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, así como el fallo de la Corte Internacional de Justicia del 31 de marzo de 2004, en el caso Avena y otros nacionales mexicanos, relativos a la obligatoriedad del cumplimiento del artículo 36 de la Convención de Viena.




  1. Llamar a la atención de los Estados la Opinión Consultiva OC-18/03, emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos que sostiene que “la calidad migratoria de una persona no puede constituir una justificación para privarla del goce y ejercicio de sus derechos humanos, entre ellos los de carácter laboral”.




  1. Alentar a los Estados Miembros a que consideren la adopción de programas para lograr la integración de los migrantes en sus sociedades, con el objeto de promover un ambiente de armonía, tolerancia y respeto.




  1. Alentar el diálogo constructivo y la cooperación entre los Estados Miembros para perfeccionar sus políticas y prácticas migratorias para contemplar la protección adecuada de todos los migrantes, incluyendo los trabajadores migratorios y sus familias, así como para promover procesos migratorios de acuerdo con el orden jurídico interno de cada Estado y el derecho internacional aplicable.




  1. Instar a los Estados Miembros a que consideren la firma y ratificación, ratificación o adhesión, según sea el caso, de los instrumentos del sistema interamericano de derechos humanos, y a que tomen las medidas necesarias para garantizar los derechos humanos de todos los migrantes, incluidos los trabajadores migratorios y sus familias.




  1. Exhortar a los Estados Miembros a que consideren la firma y ratificación de la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares.




  1. Encomendar al Consejo Permanente que continúe apoyando los trabajos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre esta materia y a que tenga en cuenta los esfuerzos de otros organismos internacionales en favor de los trabajadores migratorios y de sus familias, con miras a contribuir a mejorar su situación en el Hemisferio, y en particular, en lo que fuere apropiado, los de la Relatoría Especial de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos de los Migrantes, así como los de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).




  1. Alentar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a que, a través de su Relatoría Especial sobre Trabajadores Migratorios y Miembros de sus Familias, realice una presentación sobre los derechos humanos de los migrantes, incluyendo los trabajadores migrantes y sus familias, así como sobre el Programa Interamericano para la Promoción y Protección de los Derechos Humanos de los Migrantes, incluyendo los Trabajadores Migrantes y sus Familias, en el Diálogo de Alto Nivel sobre migración internacional y desarrollo de la Asamblea General de las Naciones Unidas en septiembre de 2006.




  1. Solicitar al Secretario General que, de conformidad con lo establecido en el párrafo V (A) del Programa Interamericano y con la colaboración de los órganos, organismos y entidades pertinentes de la Organización de los Estados Americanos (OEA), elabore y presente el Plan de Trabajo necesario para dar seguimiento a las actividades específicas previstas por dicho Programa Interamericano.




  1. Encomendar a los órganos, organismos y entidades pertinentes de la Organización que apoyen la ejecución y, cuando sea el caso, implementen el Programa Interamericano para la Promoción y Protección de los Derechos Humanos de los Migrantes, incluyendo los Trabajadores Migrantes y sus Familias.




  1. Alentar a los Estados a que en el diseño, ejecución y evaluacion de sus políticas migratorias consideren las actividades recomendadas en el Programa Interamericano para la Promocion y Protección de los Derechos Humanos de los Migrantes, incluyendo los Trabajadores Migrantes y sus Familias.




  1. Convocar, conforme a lo establecido en el Programa Interamericano, una sesión de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos (CAJP) en el primer semestre de 2007, con la participación de expertos gubernamentales, representantes de los órganos, organismos y entidades del sistema interamericano, de otras organizaciones internacionales y de la sociedad civil, con el propósito de poder intercambiar mejores prácticas y actividades llevadas a cabo durante el pasado año en apoyo del Programa, así como nuevas propuestas que puedan incorporarse al Programa.




  1. Solicitar a los órganos, organismos y entidades pertinentes de la Organización que incluyan en sus informes anuales a la Asamblea General, sus acciones dirigidas a la implementación de las actividades enunciadas en el Programa.




  1. Solicitar a la CAJP que convoque periódicamente y según corresponda a los órganos, organismos y entidades de la OEA, con el fin de facilitar un diálogo fluido con los Estados Miembros sobre la implementación de las actividades asignadas a la Organización por el Programa Interamericano.




  1. Encomendar al Consejo Permanente que constituya un fondo específico de contribuciones voluntarias, “Fondo para el Programa Interamericano para la Promoción y Protección de los Derechos Humanos de los Migrantes, incluyendo a los Trabajadores Migrantes y sus Familias”, para contribuir a la financiación de las actividades asignadas a los órganos, organismos y entidades de la OEA en apoyo de este Programa, y exhortar a los Estados Miembros, Observadores Permanentes, organizaciones regionales, internacionales y de la sociedad civil a contribuir al mismo.
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