Trigésimo sexto período ordinario de sesiones santo domingo, república dominicana del 4 al 6 de junio de 2006 actas y documentos volumen I ag/dec. 46 a ag/dec. 51 (xxxvi-o/06) ag/res. 2158 a ag/res



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  1. Instar a la Secretaría General a que, a través del Departamento de Asuntos Jurídicos Internacionales difunda, entre otras cosas, el Programa Interamericano para la Promoción y Protección de los Derechos Humanos de los Migrantes, incluyendo los Trabajadores Migrantes y sus Familias.

  2. Solicitar a la Agencia Interamericana para la Cooperación y el Desarrollo (AICD) que refuerce la comunicación y coordinación con la CIDH, la OIM, la Organización Internacional del Trabajo (OIT), y otras organizaciones, organismos y entidades pertinentes y que, en ese contexto, efectúe un seguimiento especial de las actividades de cooperación solidaria para el desarrollo relacionadas con la situación de los trabajadores migratorios y miembros de sus familias que la AICD lleva a cabo de conformidad con el Plan Estratégico de Cooperación Solidaria 2002-2005.




  1. Encomendar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que:

a. Considere la conveniencia de participar en proyectos conjuntos de cooperación en la materia desarrollados por la AICD;


b. Proporcione a la Relatoría Especial sobre Trabajadores Migratorios y Miembros de sus Familias los medios necesarios y adecuados para el desempeño de sus funciones, de conformidad con los recursos asignados en el programa-presupuesto de la Organización y otros recursos; y
c. Presente al Consejo Permanente un informe sobre la situación de los derechos de los trabajadores migratorios y de sus familias antes del trigésimo séptimo período ordinario de sesiones de la Asamblea General.


  1. Invitar a los Estados Miembros, Observadores Permanentes, órganos, organismos y entidades del sistema interamericano y otras fuentes a que contribuyan al Fondo Voluntario de la Relatoría Especial sobre Trabajadores Migratorios y Miembros de sus Familias de la CIDH.




  1. Instar a los Estados Miembros a que consideren la posibilidad de invitar al Relator Especial sobre Trabajadores Migratorios y Miembros de sus Familias, a que visite sus países a fin de que pueda desempeñar con eficacia su mandato.




  1. Solicitar al Consejo Permanente que informe a la Asamblea General en su trigésimo séptimo período ordinario de sesiones sobre el cumplimiento de la presente resolución, la cual será ejecutada de acuerdo con los recursos asignados en el programa-presupuesto de la Organización y otros recursos.

AG/RES. 2225 (XXXVI-O/06)
COOPERACIÓN ENTRE LOS ESTADOS MIEMBROS DE LA ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS PARA ASEGURAR LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS Y LUCHAR CONTRA LA IMPUNIDAD
(Aprobada en la cuarta sesión plenaria,

celebrada el 6 de junio de 2006)



LA ASAMBLEA GENERAL,
CONSIDERANDO la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, denominada “Pacto de San José”, y la Convención Interamericana contra la Corrupción;
CONSIDERANDO las resoluciones AG/RES. 2072 (XXXV-O/05), 2039 (XXXIV-O/04), AG/RES. 1929 (XXXIII-O/03), AG/RES. 1900 (XXXII-O/02), AG/RES. 1771 (XXXI-O/01), AG/RES. 1770 (XXXI-O/01), AG/RES. 1706 (XXX-O/00) y AG/RES. 1619 (XXIX-O/99) que hacen referencia a la promoción de la Corte Penal Internacional”;
RECORDANDO la resolución No. 1/03 “Sobre Juzgamiento de Crímenes Internacionales”, aprobada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el 24 de octubre de 2003, así como la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en materia de impunidad;
RECORDANDO ASIMISMO la resolución No. 2005/81 “Impunidad” de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas;
TOMANDO EN CUENTA que de conformidad con los instrumentos internacionales de derechos humanos de los cuales son parte, los Estados deben respetar y garantizar a todas las personas bajo su jurisdicción los derechos humanos, y por tal motivo, deben investigar, juzgar y sancionar a los responsables de toda violación de dichos derechos que constituya delito;
RECORDANDO la importancia de la cooperación judicial entre los Estados para lograr los objetivos descritos en el párrafo anterior, especialmente con respecto a los crímenes internacionales tales como el genocidio, crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra;
OBSERVANDO que, entre otras, la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura y la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, en el ámbito de la Organización de los Estados Americanos (OEA), así como la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, la Convención Internacional contra la Toma de Rehenes, la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad, y la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito del Genocidio, obligan a los Estados Parte de las mismas a tomar medidas para juzgar en su jurisdicción estos crímenes o, de lo contrario, los obligan a extraditar a las personas acusadas para su juzgamiento; y
TENIENDO EN CUENTA los principios de cooperación internacional en la identificación, detención, extradición, y castigo de los culpables de crímenes de guerra o crímenes de lesa humanidad y el conjunto de principios para la protección y la promoción de los derechos humanos mediante la lucha contra la impunidad,
RESUELVE:


  1. Exhortar a los Estados Miembros a luchar contra la impunidad y procesar o extraditar, de acuerdo con sus obligaciones internacionales, a aquellos responsables de toda violación de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario que constituya delito, incluyendo el genocidio, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, a fin de procesarlos.




  1. Instar a los Estados Miembros a cumplir con sus compromisos de dar seguimiento a las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), así como de dar cumplimiento a las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

AG/RES. 2226 (XXXVI-O/06)


PROMOCIÓN Y RESPETO DEL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO
(Aprobada en la cuarta sesión plenaria,

celebrada el 6 de junio de 2006)



LA ASAMBLEA GENERAL,
RECORDANDO las resoluciones AG/RES. 1270 (XXIV-O/94), AG/RES. 1335 (XXV-O/95), AG/RES. 1408 (XXVI-O/96), AG/RES. 1503 (XXVII-O/97), AG/RES. 1565 (XXVIII-O/98), AG/RES. 1619 (XXIX-O/99), AG/RES. 1706 (XXX-O/00), AG/RES. 1770 (XXXI-O/01), AG/RES. 1771 (XXXI-O/01), AG/RES. 1904 (XXXII-O/02), AG/RES. 1944 (XXXIII-O/03), AG/RES. 2052 (XXXIV-O/04) y AG/RES. 2127 (XXXV-O/05);
RECORDANDO ASIMISMO que de conformidad con la Carta de la Organización de los Estados Americanos y teniendo presentes todas las disposiciones aplicables del derecho internacional humanitario y del derecho internacional de los derechos humanos, dentro de sus respectivos ámbitos de aplicación, los derechos humanos y libertades fundamentales deben ser siempre respetados, incluso en las situaciones de conflicto armado;
CONSTERNADA por las violaciones persistentes del derecho internacional humanitario que generan sufrimientos a todas las víctimas de los conflictos armados;
RECORDANDO la obligación que incumbe a todos los Estados Miembros de respetar y hacer respetar los Convenios de Ginebra de 1949 en todas las circunstancias;
RECORDANDO ASIMISMO que 33 y 32 Estados Miembros de la Organización respectivamente son parte de los Protocolos Adicionales I y II de 1977 a los Convenios de Ginebra de 1949;
CONSIDERANDO que el derecho internacional humanitario contiene normas que reflejan el derecho consuetudinario internacional que los Estados deben observar;
ACOGIENDO con beneplácito la adopción el 8 de diciembre de 2005 del Protocolo Adicional III a los Convenios de Ginebra de 1949 relativo a la aprobación de un signo distintivo adicional;
SUBRAYANDO la necesidad de fortalecer las normas del derecho internacional humanitario, mediante su aceptación universal, su más amplia difusión y la adopción de medidas nacionales de aplicación;
DESTACANDO la obligación de los Estados de castigar todas las violaciones del derecho internacional humanitario;
RECONOCIENDO la importante contribución de las comisiones o comités nacionales de derecho internacional humanitario que existen en varios Estados Miembros, en la aplicación y difusión, o adopción, según corresponda, de medidas nacionales que implementan las normas internacionales en los órdenes jurídicos internos;
TOMANDO NOTA de la celebración de la Primera Reunión de Estados Parte del Segundo Protocolo de 1999 a la Convención de La Haya de 1954 para la Protección de los Bienes Culturales en caso de Conflicto Armado, realizada en París el 26 de octubre de 2005;
EXPRESANDO su satisfacción por la cooperación entre la Organización y el Comité Internacional de la Cruz Roja en el ámbito de la promoción del respeto del derecho internacional humanitario y de los principios que sostienen dicho derecho, ejemplo de la cual ha sido la celebración en la sede de la Organización, el 2 de febrero de 2006, de una Sesión Especial de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos sobre temas de actualidad del Derecho Internacional Humanitario y tomando nota de los resultados de dicha Sesión contenidos en el Informe del Relator (CP/CAJP-2326/06);
TENIENDO EN CUENTA que en la Declaración de Mar del Plata, adoptada en el marco de la Cuarta Cumbre de las Américas, realizada en noviembre de 2005, los Jefes de Estado y de Gobierno reconocieron que “el respeto al derecho internacional, incluidos el derecho internacional humanitario, el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional de los refugiados, son fundamentales para el funcionamiento de las sociedades democráticas”;
RECORDANDO que este año se celebra la Tercera Conferencia de Examen de la Convención de 1980 de las Naciones Unidas sobre prohibiciones o restricciones del empleo de ciertas armas convencionales que puedan considerarse excesivamente nocivas o de efectos indiscriminados;
RECORDANDO IGUALMENTE que este año se celebra la Conferencia de Revisión para evaluar los progresos alcanzados en la aplicación del Programa de Acción de las Naciones Unidas para prevenir, erradicar y combatir el tráfico ilícito de armas pequeñas y ligeras en todos sus aspectos; y
DESTACANDO el papel especial que cumple el Comité Internacional de la Cruz Roja como institución neutral, imparcial e independiente, que trabaja para proteger y asistir a las víctimas de los conflictos armados y otras situaciones de violencia armada, así como para promover el respeto del derecho internacional humanitario y de sus principios,
RESUELVE:


  1. Instar a los Estados Miembros y a las partes involucradas en un conflicto armado a que respeten sus obligaciones bajo el derecho internacional humanitario, incluyendo las destinadas a la protección de la integridad y la dignidad de las víctimas, así como el trato debido a los prisioneros de guerra.




  1. Exhortar a los Estados Miembros que aún no lo hayan hecho a que consideren hacerse Parte en los siguientes tratados:




    1. La Convención de La Haya para la protección de los bienes culturales en caso de conflicto armado de 1954, y sus Protocolos de 1954 y 1999, respectivamente;




    1. La Convención sobre la prohibición del desarrollo, la producción y el almacenamiento de armas bacteriológicas (biológicas) y toxínicas y sobre su destrucción (Convención sobre Armas Biológicas) de 1972;




    1. Los Protocolos adicionales I y II de 1977 a los Convenios de Ginebra de 1949, así como el Protocolo adicional III de 2005;




    1. La Convención sobre prohibiciones o restricciones del empleo de ciertas armas convencionales que puedan considerarse excesivamente nocivas o de efectos indiscriminados de 1980, incluyendo la enmienda adoptada en 2001 a su artículo 1 y sus cinco Protocolos;




    1. La Convención sobre los Derechos del Niño, de 1989, y su Protocolo Facultativo de 2000 relativo a la participación de niños en conflictos armados;




    1. La Convención sobre la prohibición del desarrollo, la producción, el almacenamiento y el empleo de armas químicas y sobre su destrucción (Convención sobre Armas Químicas) de 1993;




    1. La Convención sobre la prohibición del empleo, almacenamiento, producción y transferencia de minas antipersonal y sobre su destrucción de 1997;




    1. El Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional de 1998;




    1. La Convención Interamericana contra la Fabricación y el Tráfico Ilícitos de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y Otros Materiales Relacionados (CIFTA) de 1997;




    1. La Convención sobre Seguridad del Personal de las Naciones Unidas de 1994.




  1. Instar a los Estados Miembros que son Parte del Protocolo adicional I de 1977 a que consideren reconocer la competencia de la Comisión Internacional Humanitaria de Encuesta mediante la declaración contemplada en el artículo 90 de dicho Protocolo, y a los Estados que lo hayan hecho, a que participen en la elección de los nuevos miembros de la Comisión.




  1. Instar a los Estados Miembros a que den la mayor difusión posible a las reglas del derecho internacional humanitario, en particular, a través de su inclusión en las doctrinas y manuales militares, así como entre toda la población civil.




  1. Instar a los Estados Miembros a que adecuen su legislación penal, a fin de cumplir con sus obligaciones legales, de acuerdo a lo dispuesto por los Convenios de Ginebra de 1949 y su Protocolo adicional I de 1977, en cuanto a la tipificación de los crímenes de guerra, la jurisdicción universal y la responsabilidad del superior.




  1. Invitar a los Estados Miembros a participar activamente en la Tercera Conferencia de Examen de la Convención de 1980 de las Naciones Unidas sobre prohibiciones o restricciones del empleo de ciertas armas convencionales que puedan considerarse excesivamente nocivas o de efectos indiscriminados.




  1. Invitar a los Estados Miembros que son Parte en el Estatuto de Roma a cooperar plenamente con la Corte Penal Internacional y a tipificar en su legislación penal los crímenes de su competencia.




  1. Exhortar a los Estados Miembros a que sus leyes prevengan los abusos de los emblemas de la cruz roja y de la media luna roja y de su denominación, así como del emblema del Protocolo adicional III del 8 de diciembre de 2005, como está dispuesto en los tratados pertinentes.




  1. Instar a los Estados Miembros a que adopten medidas efectivas para prevenir la desaparición de personas en relación con un conflicto armado u otra situación de violencia armada, esclarecer la suerte de los que han desaparecido y atender a las necesidades de sus familiares.




  1. Alentar a los Estados Miembros a que garanticen que se disponga de las medidas y mecanismos requeridos para proteger los bienes culturales contra los efectos de los conflictos armados, conforme a sus obligaciones internacionales, en particular a considerar la adopción de medidas de carácter preventivo relativas a la preparación de inventarios, la planificación de medidas de emergencia, la designación de autoridades competentes, así como en cuanto a leyes para asegurar el respeto de dichos bienes.




  1. Instar a los Estados Miembros que son Parte de la Convención sobre la prohibición del empleo, almacenamiento, producción y transferencia de minas antipersonal y sobre su destrucción, de 1997, a prevenir y reprimir cualquier actividad en ésta prohibida, cuando sea cometida por personas o en territorio bajo su jurisdicción o control y, a que brinden atención a las necesidades de las víctimas de las minas antipersonal y, cuando corresponda, a las víctimas de los residuos explosivos de guerra, considerando la asistencia médica, la rehabilitación y la integración económica de las víctimas como criterios para brindar dicha atención.




  1. Instar a los Estados Miembros a que adopten leyes para castigar los actos prohibidos por el Protocolo de Ginebra de 1925 a la Convención de la Haya de 1907, la Convención sobre Armas Biológicas de 1972 y la Convención sobre Armas Químicas de 1993.




  1. Exhortar a los Estados Miembros a que prohíban el reclutamiento obligatorio de niños menores de dieciocho años en las fuerzas armadas o grupos armados, así como a que adopten todas las medidas factibles para evitar su participación directa en las hostilidades, de acuerdo con el Protocolo Facultativo a la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la participación de niños en conflictos armados de 2000.




  1. Instar a los Estados Miembros a que consideren adoptar las medidas apropiadas a nivel nacional para abordar las graves consecuencias humanitarias que representa la disponibilidad de armas sin control, que incluya la promulgación de leyes nacionales dirigidas a reforzar el control de la fabricación y el tráfico ilícitos de armas de fuego y otros materiales relacionados, y que tengan en cuenta el Programa de Acción adoptado en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Tráfico Ilícito de Armas Pequeñas y Ligeras en Todos sus Aspectos (Nueva York, 9 al 20 de julio de 2001), e invitarlos a participar activamente en la Conferencia de Revisión del Programa de Acción de Naciones Unidas para prevenir, erradicar y combatir el tráfico ilícito de armas pequeñas y ligeras en todos sus aspectos, que se llevará a cabo en Nueva York del 26 de junio al 7 de julio de 2006, con el fin de contribuir a fortalecer el compromiso internacional adquirido en la materia.




  1. Alentar a los Estados Miembros a que establezcan procedimientos de examen para determinar, al momento de estudiar, desarrollar, adquirir o adoptar una nueva arma, o nuevos medios o métodos de guerra, si su empleo, fabricación, almacenamiento y exportación fuesen contrarios al derecho internacional humanitario y, en tal caso, no incorporarlos al uso de las fuerzas armadas ni fabricarlos para tales fines.




  1. Invitar a los Estados Miembros a que continúen apoyando el trabajo de los comités o comisiones nacionales encargados de la aplicación y la difusión del derecho internacional humanitario, y a que los Estados donde no los hubiere, consideren establecer tales órganos.




  1. Solicitar a la Secretaría General que, a través de Oficina de Derecho Internacional del Departamento de Asuntos Jurídicos Internacionales y en coordinación con el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), en particular a través de su Servicio de Asesoramiento, con el objeto de difundir y reforzar la implementación del derecho internacional humanitario y de las convenciones interamericanas relacionadas, considere la organización de conferencias gubernamentales, así como de cursos y seminarios dirigidos al personal de las Misiones Permanentes de los Estados Miembros ante la Organización de los Estados Americanos y de la Secretaría General.




  1. Encomendar al Consejo Permanente que, con el apoyo de la Oficina de Derecho Internacional del Departamento de Asuntos Jurídicos Internacionales de la Secretaría General y la colaboración del CICR, continúe organizando sesiones especiales sobre temas de actualidad del derecho internacional humanitario.




  1. Encomendar al Consejo Permanente que de seguimiento a esta resolución, la cual será ejecutada de acuerdo con los recursos asignados en el programa-presupuesto de la Organización y otros recursos, y que presente a la Asamblea General en su trigésimo séptimo período ordinario de sesiones un informe sobre el cumplimiento de esta resolución.

AG/RES. 2227 (XXXVI-O/06)


OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES AL INFORME ANUAL
DE LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS
(Aprobada en la cuarta sesión plenaria,

celebrada el 6 de junio de 2006)



LA ASAMBLEA GENERAL,
VISTAS las observaciones y recomendaciones del Consejo Permanente al informe anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (AG/doc.4638/06);
CONSIDERANDO:
Que en la Carta de la Organización de los Estados Americanos (OEA), los Estados Miembros han proclamado como uno de sus principios, el respeto de los derechos fundamentales de la persona humana sin distinción de raza, nacionalidad, credo o sexo, y que de acuerdo con dicha Carta y con la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) tiene como función principal promover la observancia y defensa de los derechos humanos; y
Que en la Declaración y el Plan de Acción de la Cuarta Cumbre de las Américas, celebrada en Mar del Plata, Argentina, los Jefes de Estado y de Gobierno reconocieron la promoción y protección de los derechos humanos, con base en los principios de universalidad, indivisibilidad e interdependencia, como fundamentales para el funcionamiento de las sociedades democráticas, así como la necesidad de continuar fortaleciendo y perfeccionando la eficacia del sistema interamericano de derechos humanos para conseguir, entre otros objetivos, una mayor adhesión a los instrumentos jurídicos, un efectivo cumplimiento de las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la debida consideración de las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos;
AGRADECIENDO la invitación formulada por los Gobiernos de Guatemala y Paraguay para que la CIDH celebre en dichos países períodos extraordinarios de sesiones, como una manera de promocionar el sistema interamericano de derechos humanos; y
AGRADECIENDO ASIMISMO, las invitaciones abiertas y permanentes que han extendido a la CIDH para que ésta visite sus países el Gobierno de Argentina a partir de marzo de 2006 y, en anteriores oportunidades, los gobiernos de Brasil, Colombia y México.
RESUELVE:


  1. Adoptar las observaciones y recomendaciones del Consejo Permanente al informe anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (AG/doc.4638/06) y transmitirlas a dicho órgano.




  1. Reafirmar el valor esencial de las labores que realiza la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para el perfeccionamiento de la protección y promoción de los derechos humanos y el fortalecimiento del estado de derecho en el Hemisferio.




  1. Alentar a los Estados Miembros de la Organización a que:




    1. Consideren la firma y ratificación, ratificación o adhesión, según sea el caso, de todos los instrumentos jurídicos del sistema interamericano de derechos humanos;




    1. Den seguimiento a las recomendaciones de la CIDH, incluyendo, entre otras, las medidas cautelares;




    1. Continúen otorgando el tratamiento que corresponda a los informes anuales de la CIDH, en el marco del Consejo Permanente y la Asamblea General de la Organización.




  1. Tomar nota con satisfacción de la decisión de los gobiernos de los Estados Miembros que han invitado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a visitar sus respectivos países y alentar a todos los Estados Miembros a que continúen esta práctica.




  1. Alentar a los Estados Miembros a que continúen invitando a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a celebrar períodos extraordinarios de sesiones fuera de su sede.

6. Reiterar a la CIDH que presente, para el conocimiento de los Estados Miembros, un informe detallado del período extraordinario de sesiones celebrado del 19 al 23 de julio de 2004 en México con la participación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.


7. Instar a la CIDH, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el Instituto Interamericano de Derechos Humanos a que sigan realizando seminarios especializados para funcionarios estatales, sobre el sistema interamericano de promoción y protección de derechos humanos.
8. Reiterar la importancia que tiene la aplicación del mecanismo de las soluciones amistosas entre las partes interesadas,  de conformidad con lo dispuesto en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Estatuto y el Reglamento de la CIDH.
9. Con respecto al financiamiento de la CIDH:


    1. Encomendar al Consejo Permanente que continúe analizando los medios para lograr un incremento efectivo de los recursos económicos asignados a la CIDH en el programa-presupuesto de la Organización. Para estos efectos, agradecer el trabajo realizado por el Secretario General de la Organización, e instarlo a que continúe sus esfuerzos y presente propuestas adicionales tendientes a lograr el financiamiento adecuado de la CIDH en dicho programa-presupuesto;

    2. Agradecer a los Estados Miembros, a los Observadores Permanentes y otras instituciones que han realizado contribuciones voluntarias a la CIDH;




    1. Invitar a los Estados Miembros de la Organización a que contribuyan al Fondo Específico para el Fortalecimiento del Sistema Interamericano de Protección y Promoción de los Derechos Humanos;




    1. Sugerir a los donantes que, en la medida de lo posible, aporten parte de sus contribuciones voluntarias sin fines específicos, para dar flexibilidad a la CIDH en la asignación de recursos entre sus diferentes actividades y proyectos.

10. Invitar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a que:


a. Continúe teniendo en cuenta las observaciones y recomendaciones de los Estados Miembros a su informe anual y adopte las medidas que considere pertinentes con base en dichas observaciones y recomendaciones;
b. Continúe publicando en su página de Internet, cuando los Estados Miembros así lo soliciten, sus observaciones y recomendaciones al informe anual de la CIDH a la Asamblea General;
c. Continúe, según lo dispuesto en el artículo 15 de su Reglamento, fortaleciendo las relatorías y unidades funcionales existentes, de la manera más equitativa posible y dentro de sus recursos disponibles;
d. Continúe participando, a través de sus comisionados, en el diálogo con los Estados Miembros en el ámbito de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos (CAJP), con el propósito de hacer seguimiento a las observaciones y comentarios de los Estados recogidos en los Informes de la Reunión celebrada el 26 de octubre de 2004, (CP/CAJP/SA.412/04 corr. 1 y CP/CAJP/INF.17/04), y el 9 de marzo de 2006 (CP/CAJP-2311/05 add. 2 y add. 2-a); en particular, las referentes a los criterios utilizados en sus principales mecanismos de protección de los derechos humanos y en la aplicación de su  reglamento al sistema de casos individuales, así como en los mecanismos de observación de carácter general y la publicación de informes. Asimismo, sobre el papel de la CIDH en el procedimiento ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
11. Encomendar a la CAJP que, con el objeto de dar cumplimiento al párrafo resolutivo 10.d, programe reuniones a fin de mantener su diálogo con los  comisionados de la CIDH.
12. Solicitar al Consejo Permanente que informe a la Asamblea General en su trigésimo séptimo período ordinario de sesiones sobre el cumplimiento de esta resolución, la cual será ejecutada de acuerdo con los recursos asignados en el programa-presupuesto de la Organización y otros recursos.

AG/RES. 2228 (XXXVI-O/06)


REUNIÓN DE MINISTROS DE JUSTICIA O DE
MINISTROS O PROCURADORES GENERALES DE LAS AMÉRICAS
(Aprobada en la cuarta sesión plenaria,

celebrada el 6 de junio de 2006)



LA ASAMBLEA GENERAL,
VISTO el informe anual del Consejo Permanente a la Asamblea General (AG/doc.4548/06 add. 6) en particular en lo que se refiere al cumplimiento de la resolución AG/RES. 2068 (XXXV-O/05), “Reunión de Ministros de Justicia o de Ministros o Procuradores Generales de las Américas”;
RECORDANDO que en el Plan de Acción de la Tercera Cumbre de las Américas, celebrada en la ciudad de Quebec, Canadá, en abril de 2001, los Jefes de Estado y de Gobierno decidieron continuar apoyando el trabajo realizado en el marco de las Reuniones de Ministros de Justicia o de Ministros o Procuradores Generales de las Américas (REMJA) y la implementación de sus conclusiones y recomendaciones;
RECORDANDO ASIMISMO que en la Declaración de Nuevo León, aprobada en la Cumbre Extraordinaria de las Américas, celebrada en Monterrey, México, en enero de 2004, los Jefes de Estado y de Gobierno instaron a todos los países “a participar activamente en la Red de asistencia jurídica mutua en materia penal”, la cual constituye uno de los desarrollos concretos dados en el marco de las REMJA;
TENIENDO PRESENTE que, en la Declaración sobre Seguridad en las Américas, aprobada en la ciudad de México en octubre de 2003, los Estados del Hemisferio reafirmaron “que las Reuniones de Ministros de Justicia o Ministros o Procuradores Generales de las Américas (REMJA) y otras reuniones de autoridades en materia de justicia penal son foros importantes y eficaces para la promoción y el fortalecimiento del entendimiento mutuo, la confianza, el diálogo y la cooperación en la formulación de políticas en materia de justicia penal y de respuestas para hacer frente a las nuevas amenazas a la seguridad”; y
TENIENDO EN CUENTA que la REMJA V recomendó que “la Sexta Reunión de Ministros de Justicia o de Ministros o Procuradores Generales de las Américas (REMJA VI) se realice en el año 2006 y que la Asamblea General de la OEA encargue al Consejo Permanente de la Organización de fijar la fecha y sede de la misma”,
RESUELVE:


  1. Expresar su satisfacción por los resultados de la Sexta Reunión de Ministros de Justicia o de Ministros o Procuradores Generales de las Américas (REMJA VI), celebrada en la ciudad de Santo Domingo, República Dominicana, del 24 al 26 de abril de 2006, así como de las reuniones técnicas realizadas con anterioridad a ella, en el marco del proceso de las REMJA.




  1. Agradecer al Gobierno de la República Dominicana la exitosa organización de la Reunión Ministerial precitada.




  1. Hacer suyas las “Conclusiones y Recomendaciones de la Sexta Reunión de Ministros de Justicia o de Ministros o Procuradores Generales de las Américas”, que figuran en el Anexo y son parte integrante de la presente resolución.




  1. Encomendar al Consejo Permanente que dé el seguimiento apropiado al cumplimiento de las conclusiones y recomendaciones emanadas de la REMJA VI y convoque las reuniones a las que se refieren, las cuales se realizarán de acuerdo con los recursos asignados en el programa-presupuesto de la Organización y otros recursos.




  1. Encomendar al Consejo Permanente que presente un informe sobre el cumplimiento de la presente resolución a la Asamblea General en su trigésimo séptimo período ordinario de sesiones.

ANEXO
SEXTA REUNIÓN DE MINISTROS DE JUSTICIA OEA/Ser.K/XXXIV.6

O DE MINISTROS O PROCURADORES GENERALES REMJA-VI/doc.21/06 rev. 1

DE LAS AMÉRICAS 4 agosto 2006

24 al 26 de abril de 2006 Original: español

Santo Domingo, República Dominicana

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES


(Aprobadas en la quinta sesión plenaria celebrada el 26 de abril de 2006

y revisadas por la Comisión de Estilo en las sesiones celebradas

los días 19 y 21 de julio y 3 de agosto de 2006)

NOTA EXPLICATIVA DE LA COMISIÓN DE ESTILO

Las presentes “Conclusiones y Recomendaciones de la REMJA-VI” fueron revisadas por la Comisión de Estilo en sus sesiones celebradas los días 19 y 21 de julio y 3 de agosto de 2006.


La Comisión de Estilo destaca que, en relación con el capítulo X de estas Conclusiones y Recomendaciones, el informe final de la REMJA-VI (REMJA-VI/doc.24/06 rev. 1) da cuenta de las consideraciones expresadas sobre este tema en la tercera sesión plenaria y transcribe verbatim las intervenciones realizadas sobre la creación de un grupo coordinador integrado por la Presidencia actual de la REMJA, conjuntamente con un representante del país que ejerció la presidencia anterior y con un representante del que será sede de la próxima REMJA.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA REMJA-VI


Al finalizar los debates sobre los diferentes puntos comprendidos en su temario, la Sexta Reunión de Ministros de Justicia o de Ministros o Procuradores Generales de las Américas (REMJA VI), convocada en el marco de la Organización de los Estados Americanos (OEA), aprobó las siguientes conclusiones y recomendaciones para ser transmitidas, a través del Consejo Permanente, al trigésimo sexto período ordinario de sesiones de la Asamblea General de la OEA:



  1. PROYECTO DE PLAN DE ACCIÓN HEMISFÉRICO CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA TRANSNACIONAL




    1. Expresar su satisfacción con los progresos realizados en el proceso de elaboración del Proyecto de Plan de Acción Hemisférico contra la Delincuencia Organizada Transnacional, e instar a los Estados a que continúen avanzando con el fin de que las negociaciones en relación con el mismo puedan concluir a la brevedad posible.




    1. Que una vez se concluya el proceso de negociaciones, el texto acordado en relación con el Proyecto de Plan de Acción Hemisférico contra la Delincuencia Organizada Transnacional sea transmitido al próximo período ordinario de sesiones de la Asamblea General de la OEA, de conformidad con lo establecido en las resoluciones AG/RES. 2026 (XXXIV-O/04) y AG/RES. 2116 (XXXV-O/05), para su aprobación y se avance en su implementación.




    1. Que el tema de la cooperación hemisférica contra la delincuencia organizada transnacional se mantenga en el temario de la REMJA y se informe a la REMJA VII sobre el contenido del Plan de Acción que se acuerde en esta materia y las actividades concretas realizadas en desarrollo de dicho Plan.




    1. Que se dedique especial atención a no duplicar esfuerzos con otras instancias internacionales que tratan del tema, especialmente de las Naciones Unidas. En ese sentido, instar a los Estados Miembros a que participen coordinadamente en el próximo período de sesiones de la Conferencia de las Partes en la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, en atención a los párrafos “g” y “h” de la Decisión 2/2 de su segundo período de sesiones.



  1. POLÍTICAS PENITENCIARIAS Y CARCELARIAS




    1. Que se continúe fortaleciendo el intercambio de información y la cooperación entre las autoridades responsables de las políticas penitenciarias y carcelarias de los Estados Miembros de la OEA. Asimismo, que se fortalezca el intercambio de información sobre los programas, metodologías y sistemas de capacitación de las Escuelas de Ciencias Criminológicas y Penitenciarias de los Estados Miembros, con el fin de facilitar la coordinación de actividades entre éstas y planificar actividades conjuntas de capacitación.




    1. Que se convoque a la brevedad posible y con anterioridad a la REMJA-VII, la Segunda Reunión de Autoridades Responsables de las Políticas Penitenciarias y Carcelarias de los Estados Miembros de la OEA.




    1. Que en el marco de la próxima reunión entre dichas autoridades, se profundice en el intercambio de información y experiencias, así como en el fortalecimiento de la cooperación mutua sobre soluciones prácticas para los problemas que tienen los Estados, en relación, entre otras, con las siguientes materias acordadas en la Primera Reunión (recomendación 3): sobrepoblación carcelaria; participación del sector privado en la construcción y mantenimiento de centros de reclusión, así como la participación de dicho sector y las organizaciones no gubernamentales en la provisión de bienes y servicios; programas de capacitación, rehabilitación y resocialización de los internos; capacitación y régimen de los empleados de los sistemas penitenciarios y carcelarios, con énfasis en la transparencia, la sujeción al estado de derecho y el respeto de los derechos humanos; criminalidad en los centros de reclusión; alternativas al encarcelamiento; e integración de la política penitenciaria en la política criminal del Estado. Asimismo que, de conformidad con lo previsto en la recomendación 4 de la Primera Reunión, considere y formule recomendaciones para la consolidación y perfeccionamiento del sistema de información a través de Internet en este campo.




    1. Que asimismo, en el marco de la Segunda Reunión de Autoridades Responsables de las Políticas Penitenciarias y Carcelarias, los Estados Miembros empiecen a considerar, entre otros, los siguientes temas:




      1. Con el apoyo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a través de su Relator Especial para las Personas Privadas de Libertad, comenzar un análisis de la realidad penitenciaria y realizar coordinaciones sobre las mejores prácticas y las normas mínimas de reclusión.




      1. La factibilidad de elaborar un manual hemisférico sobre derechos penitenciarios, tomando como base las reglas mínimas de las Naciones Unidas para el tratamiento de los reclusos;




      1. Acciones para promover el aprovechamiento, por parte de los internos extranjeros que cumplan una condena penal en sus recintos, de los derechos y beneficios que les son reconocidos en virtud de los tratados bilaterales y multilaterales en materia de traslados de personas condenadas, especialmente la Convención Interamericana para el Cumplimiento de Condenas Penales en el Extranjero y la Convención del Consejo de Europa sobre Traslado de Personas Condenadas, y realizar un estudio sobre la mejor forma de extender el cumplimiento de la pena, en su país de origen o residencia habitual, de sentencias penales distintas a la privación de la libertad;




      1. Los derechos, deberes y la atención de las personas sometidas a cualquier forma de detención y reclusión, con miras a considerar una eventual declaración interamericana en la materia.

      2. La evaluación del papel de los jueces de ejecución de penas.




    1. Tomar nota de la presentación del Relator Especial de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para las Personas Privadas de Libertad sobre mejores prácticas y reforma penitenciaria en el Hemisferio, a efectos de que pueda ser considerada por la citada reunión.




    1. Tomando en cuenta los respectivos sistemas jurídicos y estructuras constitucionales, solicitar que, en lo posible, las autoridades judiciales en asuntos penales examinen las prácticas actuales en materia de detención preventiva y penas privativas de la libertad.



  1. DELITO CIBERNÉTICO




    1. Expresar su satisfacción por los resultados de la Cuarta Reunión del Grupo de Expertos Gubernamentales en Materia de Delito Cibernético, celebrada en la sede de la OEA, los días 27 y 28 de febrero de 2006, en cumplimiento de lo acordado en la REMJA-V.




    1. Adoptar las recomendaciones formuladas por el Grupo de Expertos Gubernamentales (OEA/Ser.K/XXXIV.6, REMJA-VI/doc.10/06) y solicitarle que, a través de su Presidencia, informe a la próxima REMJA sobre los avances logrados en relación con éstas.




    1. Que, teniendo en cuenta las recomendaciones adoptadas por el Grupo de Expertos Gubernamentales y por la REMJA-V y los avances alcanzados entre esa y la presente reunión, se continúe fortaleciendo la cooperación con el Consejo de Europa con el fin de facilitar que los Estados Miembros de la OEA consideren la aplicación de los principios de la Convención del Consejo de Europa sobre la Delincuencia Cibernética y la adhesión a ésta, así como la adopción de las medidas legales y de otra naturaleza que sean necesarias para su implementación. Asimismo, que se continúen fortaleciendo los mecanismos que permitan el intercambio de información y la cooperación con otras organizaciones e instancias internacionales en materia de delito cibernético, tales como las Naciones Unidas, la Unión Europea, el Foro de Cooperación Económica del Pacífico Asiático, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), el G-8, el Commonwealth y la INTERPOL, de manera que los Estados Miembros de la OEA puedan aprovechar los desarrollos dados en dichos ámbitos.




    1. Que los Estados Miembros creen unidades especializadas de investigación de los delitos cibernéticos, se identifiquen las autoridades que servirán como puntos de contacto sobre la materia y se agilice el intercambio de información y la obtención de pruebas. Asimismo, fomentar la cooperación entre las autoridades gubernamentales y los proveedores de servicios de Internet, y otras empresas del sector privado que presten servicios de transmisión de datos, en los esfuerzos por combatir los delitos cibernéticos.

  1. ASISTENCIA MUTUA EN MATERIA PENAL Y EXTRADICIÓN




        1. Expresar su satisfacción con los resultados alcanzados en la Segunda Reunión de Autoridades Centrales y Otros Expertos en Asistencia Mutua en Materia Penal y Extradición, celebrada en Brasilia, Brasil, del 1 al 3 de septiembre de 2005, y en las reuniones del Grupo de Trabajo de la OEA/REMJA sobre Asistencia Mutua en Materia Penal y Extradición, celebradas en la sede de la OEA los días 5 y 6 de mayo y 9 y 10 de noviembre de 2005, y en Puerto España, Trinidad y Tobago, los días 5 y 6 de abril de 2006. Recomendar, en la medida en que las conclusiones y recomendaciones específicas de la Segunda Reunión no hayan sido superadas por los trabajos de las reuniones subsiguientes del Grupo de Trabajo sobre Asistencia Mutua en Materia Penal y Extradición, la aprobación de esas conclusiones y recomendaciones y al respecto, en particular, recomendar:




  1. Que los Estados Miembros que aún no lo hayan hecho, tomen las medidas pertinentes para la efectiva aplicación de las recomendaciones adoptadas en la Primera Reunión de Autoridades Centrales y Otros Expertos en Asistencia Judicial Mutua en Materia Penal, teniendo como objetivo la implementación integral de las mismas antes de la Tercera Reunión y que en ésta los Estados informen sobre las decisiones que hayan tomado en la materia.




  1. Aceptar el ofrecimiento de Canadá de continuar coordinando los trabajos del Grupo de Trabajo hasta la próxima reunión de las Autoridades Centrales o hasta que se designe un nuevo coordinador.




  1. Que los Estados Miembros, coordinados por la Delegación de Argentina, continúen las discusiones y concluyan la elaboración de legislación modelo en asistencia mutua en materia penal, incluidos los aspectos relacionados con la utilización en este campo de la videoconferencia; y que los Estados Miembros participantes en dicha iniciativa analicen la propuesta de legislación modelo y lleguen a un acuerdo sobre ésta en la Tercera Reunión para su presentación y consideración en la REMJA-VII.




  1. Que los Estados Miembros continúen avanzando en los trabajos coordinados por las delegaciones de Brasil y México en lo que se refiere a los estudios y lineamientos destinados a fortalecer la cooperación hemisférica en materia de extradición; y que la Tercera Reunión reciba un informe y su presidencia notifique a la REMJA-VII sobre los avances en este proyecto.




  1. Que los Estados Miembros coordinados por la Delegación de Trinidad y Tobago continúen las discusiones de la propuesta relacionada con la elaboración de legislación modelo sobre las órdenes de arresto (“backing of warrants”) en el área de extradición; y que la Presidencia de la Tercera Reunión informe a la REMJA-VII sobre los avances en este proyecto.




  1. Que los Estados Miembros coordinados por la Delegación de Canadá continúen las discusiones y concluyan la elaboración de una Guía de Mejores Prácticas en Asistencia Mutua en Materia Penal; que la propuesta sea considerada en la Tercera Reunión; y que la Presidencia de la Reunión informe a la REMJA-VII sobre los avances en este proyecto.




  1. Que los Estados Miembros que aún no lo hayan hecho, antes de la Tercera Reunión, suministren a la Secretaría Técnica la información sobre los términos jurídicos de uso común en sus países en el campo de la asistencia mutua en materia penal y extradición; y que la Secretaría Técnica los continúe sistematizando y los difunda a través de la página privada en Internet de la Red Hemisférica de Intercambio de Información para la Asistencia Mutua en Materia Penal y Extradición; así como que se informe a la REMJA-VII sobre los avances en esta materia.




  1. Agradecer y aceptar el ofrecimiento de la Delegación de Colombia para ser sede de la Tercera Reunión de Autoridades Centrales y Otros Expertos en Asistencia Mutua en Materia Penal y Extradición.



        1. Que se continúe consolidando y fortaleciendo la Red Hemisférica de Intercambio de Información para la Asistencia Mutua en Materia Penal y Extradición, en sus componentes público, privado y del sistema de comunicación electrónico seguro, y al respecto:




    1. Expresar su reconocimiento a Canadá por el liderazgo ejercido para que esta Red sea una realidad, y por el apoyo y financiamiento brindados para su establecimiento y funcionamiento.




    1. Solicitar a la Secretaría General de la OEA que, en coordinación con el Grupo de Trabajo, continúe prestando los servicios para seguir completando y actualizando la información de la Red en sus componentes público y privado, así como prestando asistencia técnica y capacitación en relación con el sistema de comunicación electrónico seguro.




    1. Recomendar que la Secretaría General de la OEA identifique los medios para financiar y mantener la Red, y explore fuentes adicionales de financiamiento permanente y exhortar a los Estados Miembros a que consideren aportar contribuciones para asegurar la continuidad y mejoramiento de esta importante y útil iniciativa.




    1. Alentar a la Tercera Reunión a que considere la formulación de recomendaciones para desarrollar cooperación recíproca entre la Red y otras redes de intercambio de información, incluyendo la “IberRED”.



  1. DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE JUSTICIA EN LA REGIÓN

La REMJA-VI manifiesta su satisfacción con el Reporte sobre la Justicia en las Américas 2004-2005, realizado y presentado por el Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA) y le encomienda continuar contribuyendo con la investigación, evaluación, difusión, capacitación y apoyo técnico a los procesos de reforma y mejoramiento de los sistemas de justicia criminal de los Estados Miembros. En este sentido se insta al Centro a que continúe con la publicación del reporte señalado.





  1. CENTRO DE ESTUDIOS DE JUSTICIA DE LAS AMÉRICAS (CEJA)




  1. Expresar su reconocimiento por los esfuerzos y las labores del CEJA reflejados en su Informe de Actividades y alentar al Centro a que continúe su valioso trabajo.




  1. Reconocer que el Plan de Financiamiento presentado por encargo de la REMJA-V, contempla un plan de contribuciones voluntarias sugeridas a los Estados Miembros.




  1. Recomendar que el plan de contribuciones voluntarias propuesto sea elevado para su consideración en el próximo periodo ordinario de sesiones de la Asamblea General de la OEA, teniendo en cuenta que las contribuciones voluntarias de los Estados Miembros son indispensables para financiar los gastos básicos de funcionamiento del Centro.




  1. Solicitar al Centro que incluya en sus planes de trabajo actividades adicionales previstas por la REMJA, en la medida que se provean los recursos adicionales para ello.



  1. COOPERACIÓN HEMISFÉRICA CONTRA EL DELITO DE TRATA DE PERSONAS




    1. Expresar su satisfacción por la celebración de la Reunión de Autoridades Nacionales en Materia de Trata de Personas, celebrada en la Isla Margarita, República Bolivariana Venezuela, del 14 al 17 de marzo de 2006, de conformidad con la recomendación de la REMJA-V y los mandatos de la Asamblea General de la OEA, contenidos en las resoluciones AG/RES. 2019 (XXXIV-O/04), AG/RES. 2026 (XXXIV-O/04) y AG/RES. 2118 (XXXV-O/05). Expresar su agradecimiento al Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela por haber auspiciado esta reunión y acogen las Conclusiones y Recomendaciones de la mencionada reunión, contenidas en el documento OEA/Ser.K/XXXIV.6, REMJA-VI/doc.8/06. Los órganos, organismos, entidades y mecanismos ejecutantes de estas recomendaciones deberán adoptar un enfoque integral y transversal con respecto del tema de la trata de personas, así como con relación a otras manifestaciones de la delincuencia organizada transnacional.




    1. Mantener el tema de la trata de personas en la agenda de la REMJA y solicitar que se informe en la REMJA-VII sobre los avances realizados en relación a las Conclusiones y Recomendaciones de la Reunión de Autoridades Nacionales en Materia de Trata de Personas.




    1. Que aquellos Estados que aún no lo han hecho, consideren firmar, ratificar o adherir, según sea el caso, los instrumentos internacionales relacionados con la lucha contra la trata de personas, en especial el Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, especialmente Mujeres y Niños, y que como un primer paso para su implementación, tipifiquen en su legislación interna el delito de trata de personas de conformidad con sus disposiciones.



  1. COOPERACIÓN HEMISFÉRICA EN MATERIA DE INVESTIGACIÓN FORENSE




    1. Exhortar a la Secretaría General de la OEA a que coordine las actividades de capacitación, formación profesional y cooperación en materia de investigación forense cuando sea solicitada oportunamente por los Estados Miembros. Entre otros temas relacionados con esta área, los Estados Miembros podrán concentrar la atención en lo siguiente:




      1. Temática de gestión, prácticas y necesidades relacionadas con la investigación forense.




      1. Establecer mecanismos de cooperación interinstitucional en el área de la ciencia forense, incluido el intercambio entre los Estados Miembros de pruebas forenses y capacidades técnicas adquiridas.




      1. Capacitación y formación profesional en varios campos de la ciencia forense, incluida la química, la tecnología de la información, el análisis y la medicina forenses.




      1. Convocar, a la brevedad posible y antes de la REMJA-VII, una reunión de especialistas forenses, con el objeto de evaluar, entre otros temas, los avances registrados en la ciencia forense en el Hemisferio, con el propósito de promover el intercambio de información y la cooperación de prácticas en este campo y la posible preparación de una base de datos sobre industrias especializadas en la venta de equipo de laboratorio forense, con el fin de aprovechar las opciones de compra más favorables.



  1. COOPERACIÓN JURÍDICA HEMISFÉRICA EN MATERIA DE DERECHO CIVIL COMERCIAL Y DE LA FAMILIA: EL ROL DE LAS AUTORIDADES CENTRALES




    1. Considerar la promoción del intercambio de experiencias nacionales y la cooperación jurídica y judicial en el marco del sistema interamericano, para aquellos Estados Miembros que son parte de las diversas convenciones interamericanas en materia de derecho civil, comercial y de la familia.




    1. Recomendar a los Estados Miembros la designación de autoridades centrales en relación con las diversas convenciones del sistema interamericano que así lo requieran y de las que sean parte.




    1. Solicitar a la Secretaría General de la OEA la recopilación y difusión de esa información en la página de Internet de la OEA.



  1. PROCESO DE LAS REMJA

La REMJA-VI recomienda que se continúe avanzando en la consolidación de los procesos de cooperación hemisférica que se han desarrollado en el marco de las REMJA, y para el efecto acuerda lo siguiente:




  1. Entre las sucesivas REMJA el Presidente de la REMJA más reciente continuaría actuando en esa capacidad hasta la elección de su sucesor en la REMJA siguiente. Las REMJA celebrarán reuniones bienales.




  1. La Presidencia de la REMJA convocará, conjuntamente con el país que ejerció la presidencia anterior, una reunión técnica, de composición abierta a todos los Estados Miembros, con el apoyo de la Secretaría General de la OEA, que elaborará un proyecto de documento integral sobre el proceso de las REMJA y lo someterá a consideración de la REMJA-VII. Este proyecto deberá referirse, entre otros, a los siguientes aspectos:




    1. La organización y el funcionamiento de la REMJA y los mecanismos y procedimientos para el establecimiento de su agenda y el seguimiento de sus recomendaciones.




    1. Las relaciones entre la REMJA y los diversos grupos que ésta haya establecido, pueda establecer o eliminar, según corresponda. La reglamentación de cada grupo tomará en cuenta, inter alia, sus respectivas esferas de competencia.




    1. Las relaciones de coordinación y/o cooperación con los órganos, organismos, entidades y mecanismos pertinentes de la OEA.




    1. Las relaciones de coordinación y/o cooperación con otros procesos de cooperación relacionados, tales como los que se desarrollan entre las autoridades de los poderes judiciales, así como los que se llevan a cabo a nivel subregional o en el ámbito de otras organizaciones internacionales.




    1. Las relaciones entre la REMJA y el Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA).

    2. El apoyo de secretaría técnica y administrativa de la REMJA a través de la Secretaría General de la OEA.




  1. Aceptar el ofrecimiento de la Delegación de Canadá de convocar una Reunión Extraordinaria del Grupo de Trabajo de la OEA/REMJA sobre Asistencia Mutua en Materia Penal y Extradición para considerar la forma de organizar el trabajo de la REMJA relacionado con el fortalecimiento de la asistencia mutua y extradición en las Américas, reconociendo como fuente para la discusión las recomendaciones de la Segunda Reunión de Autoridades Centrales y Otros Expertos en Asistencia Mutua en Materia Penal y Extradición, y que informe a la reunión técnica que se menciona en el párrafo 2 o la REMJA-VII, la que se realice primero.




  1. Sujeto a los recursos existentes y fuentes extrapresupuestales, que el apoyo técnico y administrativo a las reuniones mencionadas en los párrafos 2 y 3 sea suministrado por la Secretaría General de la OEA.



  1. AGRADECIMIENTOS

Agradecer a las autoridades de la República Dominicana los extraordinarios esfuerzos y el trabajo eficiente realizado por la Presidencia del Plenario, así como por la Presidencia del Grupo de Trabajo de Redacción, a cargo del Embajador Roberto Álvarez, ambas diligentemente desempeñadas por el país anfitrión, que resultaron fundamentales para el éxito de esta reunión.

AG/RES. 2229 (XXXVI-O/06)
DESPLAZADOS INTERNOS
(Aprobada en la cuarta sesión plenaria,

celebrada el 6 de junio de 2006)



LA ASAMBLEA GENERAL,
RECORDANDO las resoluciones AG/RES. 1971 (XXXIII-O/03) “La protección de refugiados, repatriados, apátridas y desplazados internos en las Américas”, AG/RES. 774 (XV-O/85), AG/RES. 838 (XVI-O/86), AG/RES. 951 (XVIII-O/88), AG/RES. 1021 (XIX-O/89), AG/RES.1039 (XX-O/90), AG/RES.1040 (XX-O/90), AG/RES. 1103 (XXI-O/91), AG/RES. 1170 (XXII-O/92), AG/RES. 1214 (XXIII-O/93), AG/RES. 1273 (XXIV-O/94), AG/RES. 1336 (XXV-O/95), AG/RES. 1416 (XXVI-O/96), AG/RES. 1504 (XXVII-O/97), AG/RES. 1602 (XXVIII-O/98), AG/RES. 1892 (XXXII-O/02), AG/RES. 2055 (XXXIV-O/04) y en particular la resolución AG/RES. 2140 (XXXV-O/05) “Desplazados internos”;
REITERANDO los principios establecidos en la Carta de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y en la Carta Democrática Interamericana, especialmente aquellos mencionados en su Capítulo III, “Democracia, desarrollo integral y combate a la pobreza”;
RECORDANDO la normativa internacional pertinente incluyendo sobre el derecho internacional de los derechos humanos, el derecho internacional humanitario y derecho internacional de los refugiados, y reconociendo que la protección de los desplazados internos se ha visto reforzada mediante la determinación, la reafirmación y la reunión de las normas específicas de protección, en particular mediante los Principios Rectores de los Desplazamientos Internos elaborados por el Representante del Secretario General de las Naciones Unidas para las personas internamente desplazadas;
RECORDANDO TAMBIÉN que, de acuerdo con esos principios rectores, se entiende por desplazados internos “las personas o grupos de personas que se han visto forzadas u obligadas a escapar o huir de su hogar o de su lugar de residencia habitual, en particular como resultado o para evitar los efectos de un conflicto armado, de situaciones de violencia generalizada, de violaciones de los derechos humanos o de catástrofes naturales o provocadas por el ser humano, y que no han cruzado una frontera estatal internacionalmente reconocida”;
RESALTANDO que los Estados tienen la responsabilidad fundamental de proporcionar protección y asistencia a las personas internamente desplazadas dentro de su jurisdicción, así como atender, según corresponda, las causas de la problemática del desplazamiento interno y, cuando lo requieran, en cooperación con la comunidad internacional;
TOMANDO NOTA de que varios países del Hemisferio están utilizando los Principios Rectores de los Desplazamientos Internos y los están incluyendo en el desarrollo de políticas y estrategias nacionales;
TENIENDO EN CUENTA que el problema de las personas internamente desplazadas es de grandes dimensiones y que sus necesidades, en particular en cuanto a protección y asistencia, requieren atención inmediata;
RESALTANDO la importancia de implementar políticas efectivas para prevenir y evitar el desplazamiento forzado interno y para la protección y asistencia de los desplazados durante el desplazamiento y durante el retorno o reasentamiento y la reintegración; y
SUBRAYANDO que para promover una mejor protección a las personas internamente desplazadas se necesitan estrategias integrales y soluciones duraderas que incluyan, entre otros aspectos, el retorno seguro, digno y voluntario de las personas internamente desplazadas, la promoción y protección de sus derechos humanos, su reasentamiento y reintegración, ya sea en su lugar de origen o en la comunidad receptora, y en este contexto reafirmando la importancia de la cooperación internacional,
RESUELVE:


  1. Instar a los Estados Miembros a que, cuando corresponda, incluyan en sus planes, políticas y programas sectoriales las necesidades especiales de los desplazados internos, en particular en la elaboración de programas de desarrollo y de combate a la pobreza.




  1. Instar a los Estados Miembros a que consideren utilizar los Principios Rectores de los Desplazamientos Internos elaborados por el Representante del Secretario General de las Naciones Unidas para las personas internamente desplazadas, como base para sus planes, políticas y programas en apoyo a estas personas y, de acuerdo con el derecho internacional, a las comunidades indígenas y afrodescendientes, entre otras, así como a las necesidades específicas que requieren los niños, las mujeres, los ancianos y las personas con discapacidad.




  1. Alentar a los Estados Miembros a que, con el fin de evitar los desplazamientos internos, atiendan las causas que les dan origen y establezcan políticas de prevención de dichas causas, tales como la alerta temprana, teniendo en cuenta que el diálogo con todos los actores involucrados es esencial para alcanzar soluciones duraderas.




  1. Instar a los Estados Miembros a que, en atención a su responsabilidad frente a los desplazados internos, a partir de estrategias integrales, se comprometan a brindarles protección y asistencia durante el desplazamiento, a través de las instituciones nacionales competentes, así como invitarlos a que asuman el compromiso de buscar soluciones duraderas, que incluyan el retorno seguro y voluntario de las personas internamente desplazadas, su reasentamiento y reintegración, ya sea en su lugar de origen o en la comunidad receptora.




  1. Hacer un llamado a los Estados para que protejan los derechos de los desplazados internos en situaciones de desastres naturales y provocados por el ser humano y utilicen un enfoque para el socorro en casos de desastre y la reconstrucción, de conformidad con el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho interno, y tomando en cuenta los Principios Rectores de los Desplazamientos Internos y las mejores prácticas.




  1. Hacer un llamado a las agencias de las Naciones Unidas y del sistema interamericano pertinentes, a otras organizaciones humanitarias y a la comunidad internacional, para que brinden el apoyo y/o asistencia que los Estados soliciten, con el fin de atender las distintas causas que dan origen al desplazamiento interno, así como a las personas afectadas por el mismo en todas sus etapas, en donde, de requerir asistencia humanitaria de emergencia, tengan en cuenta los Principios Rectores sobre el Fortalecimiento de la Coordinación de la Asistencia Humanitaria de Emergencia (resolución 46/182 de la Asamblea General de las Naciones Unidas).




  1. Instar a los Estados a que cooperen completamente con la comunidad internacional en la atención de la situación de los desplazados internos, en particular con el Representante del Secretario General de las Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos de las Personas Internamente Desplazadas, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados y la División Interinstitucional de Desplazados Internos de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios.




  1. Instar a los Estados Miembros a que consideren la adopción e implementación en su orden interno, de los Principios Rectores de los Desplazamientos Internos, que reflejan aspectos de la normativa internacional de derechos humanos y el derecho internacional humanitario.




  1. Encomendar al Consejo Permanente que dé el seguimiento que considere apropiado a la presente resolución.

AG/RES. 2230 (XXXVI-O/06)


PROGRAMA DE ACCIÓN PARA EL DECENIO DE LAS AMÉRICAS
POR LOS DERECHOS Y LA DIGNIDAD DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
(2006-2016)
(Aprobada en la cuarta sesión plenaria,

celebrada el 6 de junio de 2006)



LA ASAMBLEA GENERAL,
RECORDANDO las resoluciones AG/RES. 1249 (XXIII-O/93) “Situación de las Personas con Discapacidad en el Continente Americano”, AG/RES. 1356 (XXV-O/95) “Situación de los Discapacitados en el Continente Americano” y AG/RES. 1369 (XXVI-O/96) “Compromiso de Panamá con las Personas con Discapacidad en el Continente Americano”;
TOMANDO EN CUENTA que en el Plan de Acción de la Cuarta Cumbre de las Américas (Mar del Plata, Argentina, 5 de noviembre de 2005), los Jefes de Estado y de Gobierno encomendaron a la Organización de los Estados Americanos (OEA) “considerar en el próximo período ordinario de sesiones de la Asamblea General de la OEA, a celebrarse en República Dominicana, una Declaración del Decenio de las Américas de las Personas con Discapacidad (2006-2016), con un Programa de Acción”;
REITERANDO la constante necesidad de promover el derecho de las personas con discapacidad de participar plenamente en la vida social y en el desarrollo de sus sociedades, de disfrutar de condiciones de vida, en pie de igualdad con los demás, así como de la mejora de estas condiciones como resultado del desarrollo económico y social, respetando sus necesidades especiales;
RECONOCIENDO que nuestra región ha elaborado instrumentos y políticas regionales tales como la Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad y la Declaración del Año Iberoamericano de la Discapacidad, que requieren ser impulsados y concretados en un programa de acción de alcance y dimensiones regionales, lo que contribuirá asimismo a combatir el problema de la desigualdad en la región;
RECORDANDO otros instrumentos internacionales de importancia, tales como la Declaración de los Derechos del Retrasado Mental (resolución 2856 (XXVI) de la Asamblea General de las Naciones Unidas, 20 de diciembre de 1971), la Declaración de los Derechos de los Impedidos (resolución 3447 (XXX) de la Asamblea General de las Naciones Unidas, 9 de diciembre de 1975), el Programa de Acción Mundial para los Impedidos (resolución 37/52 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, 3 de diciembre de 1982), el Convenio sobre la Readaptación Profesional y el Empleo de Personas Inválidas de la Organización Internacional del Trabajo (Convenio 159), la Recomendación R168 de la Organización Internacional del Trabajo (1983), los Principios para la Protección de los Enfermos Mentales y para el Mejoramiento de la Atención de la Salud Mental (resolución 46/119 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, 17 de diciembre de 1991), las Normas Uniformes sobre Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad (resolución 48/96 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, 20 de diciembre de 1993), y recordando el trabajo que está realizando el Comité Especial encargado de preparar una Convención Internacional Amplia e Integral para Proteger y Promover los Derechos y la Dignidad de las Personas con Discapacidad (2001), todos los cuales proporcionan asimismo bases de trabajo a largo plazo, en un horizonte de desarrollo inclusivo y con un enfoque de derechos;
TENIENDO PRESENTE la “Declaración del Decenio de las Américas por los derechos y la dignidad de las personas con discapacidad (2006-2016)” (AG/DEC.50 (XXXVI-O/06)), aprobada en el presente período ordinario de sesiones de la Asamblea General, la cual dará un impulso genuino y significativo a las actividades relacionadas con la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad, así como a la prevención de discapacidades y la rehabilitación de estas personas en todos sus niveles; y
TOMANDO NOTA del documento titulado “Proyecto de Programa de Acción para la Década de las Américas de las Personas con Discapacidad (2006-2016)” presentado por el Perú (CP/CAJP-2362/06),
RESUELVE:
1. Solicitar al Consejo Permanente que, en el marco de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos, establezca un Grupo de Trabajo encargado de elaborar un Programa de Acción para el Decenio de las Américas por los derechos y la dignidad de las personas con discapacidad (2006-2016), tomando en cuenta el documento “Proyecto de Programa de Acción para la Década de las Américas de las Personas con Discapacidad (2006-2016)” (CP/CAJP-2362/06), presentado por el Perú, así como las contribuciones que se reciban durante la sesión especial a que se refiere el párrafo resolutivo 3 de esta resolución. El documento final será presentado para su adopción durante el trigésimo séptimo período ordinario de sesiones de la Asamblea General.
2. Agradecer al Perú la presentación del documento “Proyecto de Programa de Acción para el Decenio de las Américas de las Personas con Discapacidad (2006-2016)”.
3. Solicitar al Grupo de Trabajo que, durante el segundo semestre de 2006, celebre una sesión especial para recibir aportes sobre el Proyecto de Programa de Acción por parte de los Estados Miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA), los órganos, organismos y entidades pertinentes de la OEA y otros organismos regionales e internacionales, así como las organizaciones de la sociedad civil, incluyendo las organizaciones de las personas con discapacidad y de sus familias.
4. Solicitar a la Secretaría General que, a través de la Oficina de Derecho Internacional del Departamento de Asuntos Jurídicos Internacionales, dé el más amplio apoyo a las labores del Grupo de Trabajo.
5. Encomendar al Consejo Permanente que de seguimiento a la presente resolución, la cual será ejecutada de acuerdo con los recursos asignados en el programa-presupuesto de la Organización y otros recursos, y que presente un informe sobre su cumplimiento a la Asamblea General en su trigésimo séptimo período ordinario de sesiones.

AG/RES. 2231 (XXXVI-O/06)


LAS PERSONAS DESAPARECIDAS Y LA ASISTENCIA A SUS FAMILIARES
(Aprobada en la cuarta sesión plenaria,

celebrada el 6 de junio de 2006)



LA ASAMBLEA GENERAL,
RECORDANDO las resoluciones AG/RES. 1904 (XXXII-O/02), AG/RES. 1944 (XXXIII-O/03), AG/RES. 2052 (XXXIV-O/04), AG/RES. 2127 (XXXV-O/05) y AG/RES. 2134 (XXXV-O/05);
TENIENDO EN CUENTA que el problema de las personas desaparecidas y la asistencia a sus familiares es abordado tanto por el derecho internacional humanitario como por el derecho internacional de los derechos humanos desde sus respectivos ámbitos de aplicación, siendo marcos jurídicos distintos;
PROFUNDAMENTE PREOCUPADA por los sufrimientos que generan tanto las desapariciones de personas a raíz de un conflicto armado o de otras situaciones de violencia armada como las desapariciones forzadas;
RECONOCIENDO la necesidad de aliviar la ansiedad e incertidumbre que sufren los familiares de las personas dadas por desaparecidas;
CONSCIENTE de la necesidad de prevenir la desaparición de personas, de averiguar la suerte de los que han desaparecido y de responder a las necesidades de sus familiares, tanto en situaciones de conflicto armado o en otras situaciones de violencia armada, así como en el caso de desapariciones forzadas;
TENIENDO EN CUENTA la resolución 59/189 “Las personas desaparecidas”, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 diciembre de 2004, la resolución 2005/66 “Derecho a la Verdad”, aprobada por la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas el 20 de abril de 2005, la resolución 2005/26 “Los derechos humanos y la ciencia forense”, aprobada por la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas el 19 de abril de 2005, y los Principios y Directrices Básicos sobre el Derecho de las Víctimas de Violaciones Manifiestas de las Normas Internacionales de Derechos Humanos y de Violaciones Graves del Derecho Internacional Humanitario a Interponer Recursos y Obtener Reparaciones, aprobados por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 16 de diciembre de 2005;
RECORDANDO la Declaración y el Programa de Acción Humanitaria adoptados por la Resolución 1 de la XXVIII Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, celebrada en Ginebra, Suiza, del 2 al 6 de diciembre de 2003, los cuales abordan la cuestión de las personas desaparecidas a raíz de un conflicto armado o de otras situaciones de violencia armada;
RECORDANDO TAMBIÉN la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, adoptada el 9 de junio de 1994;
CONVENCIDA de que el cumplimiento del derecho internacional humanitario por todas las partes en conflicto armado prevendría en alto grado las desapariciones, e igualmente convencida de que los Estados Miembros tienen la obligación de respetar y proteger los derechos humanos para evitar las desapariciones forzadas; y
CONVENCIDA ADEMÁS de que es necesario continuar o desarrollar la aplicación de mecanismos nacionales efectivos dirigidos a la prevención y sanción de la desaparición de personas, y a la búsqueda y localización de los desaparecidos,
RESUELVE:


  1. Instar a todas las partes en situaciones de conflicto armado u otras situaciones de violencia armada, a prevenir la desaparición de personas, de conformidad con las disposiciones aplicables del derecho internacional humanitario, e instar asimismo a los Estados Miembros a respetar y proteger los derechos humanos, para evitar las desapariciones forzadas.




  1. Alentar a los Estados Miembros a que continúen avanzando en la prevención de las desapariciones forzadas de personas, considerando, según corresponda, la adopción de leyes, reglamentos y/o instrucciones que obliguen al establecimiento de registros oficiales en los cuales se lleve el control de todas las personas que hayan sido objeto de detención, para entre otras razones, permitir, según corresponda, a sus familiares, a otras personas interesadas, así como al poder judicial y/o, a organismos que tengan un mandato reconocido para la protección de las personas privadas de libertad, a tomar conocimiento en un período corto de tiempo
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