Trigésimo sexto período ordinario de sesiones santo domingo, república dominicana del 4 al 6 de junio de 2006 actas y documentos volumen I ag/dec. 46 a ag/dec. 51 (xxxvi-o/06) ag/res. 2158 a ag/res



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  1. Agradecer a los gobiernos de Brasil, Canadá, Estados Unidos, Guatemala y Nicaragua, así como Finlandia, sus valiosos aportes al Fondo Específico para apoyar la elaboración de la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas e instar a los demás Estados Miembros, Observadores Permanentes e instituciones a que contribuyan con sus aportes a los objetivos de dicho Fondo.




  1. Solicitar al Secretario General que continúe apoyando las labores del Grupo de Trabajo y realice las gestiones pertinentes ante organizaciones multilaterales, agencias y bancos de desarrollo, entidades especializadas multilaterales y otras fuentes de financiamiento con el objeto de obtener los recursos necesarios para que el Fondo Específico cumpla con sus objetivos.




  1. Solicitar a la Junta de Selección del Fondo Específico que continúe trabajando, conforme a los principios establecidos en la resolución CP/RES. 873 (1459/04) “Enmiendas al Fondo Específico para apoyar la elaboración de la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas”, a fin de asegurar una mayor transparencia y, amplíe en su informe las razones específicas por las cuales se ha seleccionado a cada beneficiario.




  1. Agradecer asimismo a los gobiernos de Guatemala y Brasil la exitosa organización de la Sexta y Séptima Reuniones de Negociación para la Búsqueda de Consensos del Grupo de Trabajo Encargado de Elaborar el Proyecto de Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.




  1. Agradecer el ofrecimiento del Gobierno de Bolivia para ser sede de una de las próximas Reuniones de Negociación para la Búsqueda de Consensos, y encomendar al Consejo Permanente que considere la convocatoria de dicha reunión en la ciudad de La Paz, Bolivia, en marzo de 2007.




  1. Felicitar a los gobiernos que han realizado consultas con sus respectivos pueblos indígenas en relación con el Proyecto de Declaración e invitar a todos los Estados Miembros para que continúen realizando dichas consultas.




  1. Solicitar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a su Relatoría Especial sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, así como a la Secretaría General de la Organización, que sigan prestando su valioso apoyo al proceso de elaboración de la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y agradecerles su permanente contribución al mismo.

  2. Solicitar al Consejo Permanente que dé seguimiento a esta resolución, la cual será ejecutada de acuerdo con los recursos asignados en el programa-presupuesto de la Organización y otros recursos, y que presente un informe sobre su cumplimiento a la Asamblea General en su trigésimo séptimo período ordinario de sesiones.

AG/RES. 2235 (XXXVI-O/06)
SEDE Y FECHA DEL TRIGÉSIMO OCTAVO PERÍODO ORDINARIO
DE SESIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL
(Aprobada en la cuarta sesión plenaria,

celebrada el 6 de junio de 2006)

LA ASAMBLEA GENERAL,
TOMANDO EN CUENTA los artículos 43 y 44 del Reglamento de la Asamblea General relativos a la celebración de períodos ordinarios de sesiones de la Asamblea General y la fijación de sede de los mismos; y
CONSIDERANDO:
Que mediante la resolución AG/RES. 939 (XVIII-O/88) se recomendó que se fije el primer lunes de junio de cada año como fecha de inicio de los períodos ordinarios de sesiones; y
Que el 5 de junio de 2006, con ocasión de la segunda sesión plenaria del trigésimo sexto período ordinario de sesiones de la Asamblea General, el Gobierno de la República de Colombia ofreció ser sede del trigésimo octavo período ordinario de sesiones de la Asamblea General en el año 2008;
RESUELVE:


    1. Agradecer y aceptar el generoso ofrecimiento del Gobierno de la República de Colombia para ser sede del trigésimo octavo período ordinario de sesiones de la Asamblea General.




    1. Determinar que el trigésimo octavo período ordinario de sesiones de la Asamblea General se iniciará el primer lunes de junio del año 2008 en la República de Colombia, en un lugar que oportunamente se determinará.

AG/RES. 2236 (XXXVI-O/06)


SEDE Y FECHA DEL TRIGÉSIMO NOVENO PERÍODO ORDINARIO
DE SESIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL
(Aprobada en la cuarta sesión plenaria,

celebrada el 6 de junio de 2006)

LA ASAMBLEA GENERAL,
TOMANDO EN CUENTA los artículos 43 y 44 del Reglamento de la Asamblea General relativos a la celebración de períodos ordinarios de sesiones de la Asamblea General y la fijación de sede de los mismos; y
CONSIDERANDO:
Que mediante la resolución AG/RES. 939 (XVIII-O/88) se recomendó que se fije el primer lunes de junio de cada año como fecha de inicio de los períodos ordinarios de sesiones; y
Que atendiendo al ofrecimiento de sede presentado por el Gobierno de Honduras para el trigésimo noveno período ordinario de sesiones de la Asamblea General en el año 2009,
RESUELVE:
1. Agradecer y aceptar el generoso ofrecimiento del Gobierno Honduras para ser sede del trigésimo noveno período ordinario de sesiones de la Asamblea General.
2. Determinar que el trigésimo noveno período ordinario de sesiones de la Asamblea General se iniciará el primer lunes de junio del año 2009 en Honduras, en un lugar que oportunamente se determinará.

AG/RES. 2237 (XXXVI-O/06)


DERECHO A LA LIBERTAD DE PENSAMIENTO
Y EXPRESIÓN Y LA IMPORTANCIA DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
(Aprobada en la cuarta sesión plenaria,

celebrada el 6 de junio de 2006)



LA ASAMBLEA GENERAL,
VISTO el informe anual del Consejo Permanente a la Asamblea General (AG/doc.4548/06 add. 6);
TOMANDO en cuenta la resolución AG/RES. 2149 (XXXV-O/05), “Derecho a la libertad de pensamiento y expresión y la importancia de los medios de comunicación”;
RECORDANDO que el derecho a la libertad de pensamiento y expresión que comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole está reconocido en la Declaración Americana sobre Derechos y Deberes del Hombre (artículo IV), la Convención Americana sobre Derechos Humanos (artículo 13), la Carta Democrática Interamericana (incluido el artículo 4), la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y en otros instrumentos internacionales y constituciones nacionales, así como en la Resolución 59 (I) de la Asamblea General de las Naciones Unidas y la Resolución 104 adoptada por la Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO);
RECORDANDO TAMBIÉN que el artículo IV de la Declaración Americana sobre Derechos y Deberes del Hombre declara que “toda persona tiene derecho a la libertad de investigación, de opinión y de expresión y difusión del pensamiento por cualquier medio”;
RECORDANDO ASIMISMO que el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos dispone que:
“1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección.
2. El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar sujeto a previa censura sino a responsabilidades ulteriores, las que deben estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para asegurar:


        1. el respeto a los derechos o a la reputación de los demás, o




        1. la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas;

3. No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas, o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o por cualesquiera otros medios encaminados a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones.
4. Los espectáculos públicos pueden ser sometidos por la ley a censura previa con el exclusivo objeto de regular el acceso a ellos para la protección moral de la infancia y la adolescencia, sin perjuicio de lo establecido en el inciso 2.
5. Estará prohibida por la ley toda propaganda en favor de la guerra y toda apología del odio nacional, racial o religioso que constituyan incitaciones a la violencia o cualquier otra acción ilegal similar contra cualquier persona o grupo de personas, por ningún motivo, inclusive los de raza, color, religión, idioma u origen nacional”;
RECORDANDO ADEMÁS los volúmenes pertinentes de los Informes Anuales de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos correspondientes a los años 2004 y 2005 sobre la libertad de expresión;
TOMANDO EN CUENTA las resoluciones 2004/42 y 2005/38 “El Derecho a la Libertad de Opinión y de Expresión” de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas; y
RECORDANDO el valor de los estudios y aportes aprobados por la UNESCO en relación a la contribución de los medios de comunicación al fortalecimiento de la paz, la tolerancia y la comprensión internacional, a la promoción de los derechos humanos y a la lucha contra el racismo y la incitación a la guerra,
RESUELVE:


  1. Reafirmar el derecho a la libertad de expresión y hacer un llamado a los Estados Miembros a respetar y garantizar el respeto de este derecho, de conformidad con los instrumentos internacionales de derechos humanos de los que sean parte, tales como, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, entre otros.




  1. Reafirmar que la libertad de expresión y difusión de ideas son fundamentales para el ejercicio de la democracia.




  1. Instar a los Estados Miembros a que aseguren, dentro del marco de los instrumentos internacionales de los que sean parte, el respeto a la libertad de expresión en los medios de comunicación, incluyendo radio y televisión, y en particular, el respeto a la independencia y libertad editorial de los medios de comunicación.




  1. Exhortar a los Estados Miembros que aún no lo hayan hecho, a que consideren firmar, ratificar o adherir, según sea el caso, la Convención Americana sobre Derechos Humanos.




  1. Reafirmar que los medios de comunicación son fundamentales para la democracia, para la promoción del pluralismo, la tolerancia y la libertad de pensamiento y expresión, y para la facilitación de un diálogo y un debate libre y abierto entre todos los sectores de la sociedad, sin discriminación de ningún tipo.

6. Instar a los Estados Miembros a que promuevan un enfoque pluralista de la información y múltiples puntos de vista mediante el fomento del pleno ejercicio de la libertad de expresión y de pensamiento, el acceso a los medios de comunicación y la diversidad de propietarios de medios de comunicación y fuentes de información a través de, entre otros, sistemas transparentes de concesión de licencias y, según proceda, reglamentos eficaces que impidan la concentración indebida de la propiedad de los medios de comunicación.


7. Instar a los Estados Miembros a que consideren la importancia de incluir, en el marco de sus respectivos ordenamientos jurídicos, normativa sobre la creación de medios de comunicación alternativos o comunitarios que asegure el funcionamiento independiente de los mismos, como una manera de ampliar la difusión de información y opiniones, fortaleciendo así la libertad de expresión.
8. Instar a los Estados Miembros a que adopten todas las medidas necesarias para evitar las violaciones del derecho a la libertad de pensamiento y expresión, y creen las condiciones necesarias con tal propósito, incluso asegurando que la legislación nacional pertinente se ajusta a sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos y se aplique con eficacia.
9. Instar a los Estados Miembros a examinar sus procedimientos, prácticas y legislación, según sea necesario, para garantizar que toda limitación que se pueda imponer al derecho a la libertad de opinión y expresión esté expresamente fijada por la ley y sea necesaria para asegurar el respeto de los derechos o la reputación de los demás o para la protección de la seguridad nacional, del orden público o la salud o la moral públicas.
10. Reconocer la valiosa contribución de las tecnologías de la información y la comunicación, tales como la Internet, al ejercicio del derecho a la libertad de expresión y a la habilidad de las personas para buscar, recibir y difundir información, así como los aportes que puedan ofrecer en la lucha contra el racismo, la discriminación racial, la xenofobia y las formas conexas y contemporáneas de intolerancia, y en la prevención de los abusos contra los derechos humanos.
11. Reiterar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), tanto el seguimiento adecuado como la profundización del estudio de los temas contenidos en los volúmenes pertinentes de sus informes anuales correspondientes a los años 2004 y 2005 sobre la libertad de expresión, tomando como base, entre otros, los insumos que sobre la materia reciba de los Estados Miembros.
12. Reiterar al Consejo Permanente que, a través de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos, celebre una sesión especial de dos días con miras a profundizar el estudio de la jurisprudencia internacional existente relativa al tema contenido en el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos e incluir en el orden del día de dicha sesión los siguientes puntos:


  1. Manifestaciones públicas como ejercicio del derecho a la libertad de expresión;




  1. El tema del artículo 11 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Los invitados a dicha sesión incluirán miembros de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, incluido el Relator Especial sobre la Libertad de Expresión, y expertos de los Estados Miembros con el fin de que puedan intercambiar experiencias sobre estos temas.


13. Solicitar al Consejo Permanente que informe sobre el cumplimiento de esta resolución a la Asamblea General en su trigésimo séptimo período ordinario de sesiones, la cual será ejecutada de acuerdo con los recursos asignados en el programa-presupuesto de la Organización y otros recursos.

AG/RES. 2238 (XXXVI-O/06)


LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS Y
LIBERTADES FUNDAMENTALES EN LA LUCHA CONTRA EL TERRORISMO

(Aprobada en la cuarta sesión plenaria,

celebrada el 6 de junio de 2006)



LA ASAMBLEA GENERAL,
RECORDANDO sus resoluciones AG/RES. 1840 (XXXII-O/02), AG/RES. 1906 (XXXII-O/02), AG/RES. 1931 (XXXIII-O/03), AG/RES. 2035 (XXXIV-O/04) y AG/RES. 2143 (XXXV-O/05), así como el Informe sobre Terrorismo y Derechos Humanos elaborado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (OEA/Ser.L/V/II.116 – Doc.5 rev. 1);
REAFIRMANDO los principios y propósitos de la Carta de la Organización de los Estados Americanos y la Carta de las Naciones Unidas;
DESTACANDO que todas las personas nacen libres y tienen los derechos humanos y libertades fundamentales reconocidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición, y que esto es válido en todas las circunstancias, de conformidad con el derecho internacional;
REITERANDO que todas las personas son iguales ante la ley y tienen los derechos y deberes consagrados en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, sin distinción de raza, sexo, idioma, credo ni otra alguna;
CONSIDERANDO que el terrorismo constituye una grave amenaza a la seguridad, las instituciones, los valores democráticos de los Estados y el bienestar de nuestros pueblos, y afecta el pleno goce y ejercicio de los derechos humanos;
TENIENDO EN CUENTA:
Que en la Declaración de San Carlos sobre la cooperación hemisférica para enfrentar el terrorismo de manera integral, adoptada el 24 de marzo de 2006, los Estados Miembros reafirmaron que el terrorismo en todas sus formas y manifestaciones, cualquiera sea su origen y motivación, no tiene justificación alguna, afecta el pleno goce y ejercicio de los derechos humanos y constituye una grave amenaza a la paz y la seguridad internacionales, las instituciones y valores democráticos y la estabilidad y prosperidad de los países de la región;
Que en la Declaración sobre Seguridad en las Américas, los Estados del Hemisferio ratificaron su compromiso, reiterado en la Declaración de San Carlos de luchar contra el terrorismo y su financiamiento con el pleno respeto al estado de derecho y al derecho internacional, incluidos el derecho internacional humanitario, el derecho internacional de los derechos humanos, el derecho internacional de los refugiados, la Convención Interamericana contra el Terrorismo y la Resolución 1373 (2001) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas;
Que en la Declaración de Mar del Plata de la Cuarta Cumbre de las Américas y en la Declaración de Nuevo León de la Cumbre Extraordinaria de las Américas, los Jefes de Estado y de Gobierno acordaron tomar todas las medidas necesarias para prevenir y combatir el terrorismo y su financiamiento, en cumplimiento pleno de sus compromisos en el marco del derecho internacional, incluidos el derecho internacional de los derechos humanos, el derecho internacional de los refugiados y el derecho internacional humanitario;
ACOGIENDO CON SATISFACCIÓN que la Convención Interamericana contra el Terrorismo entró en vigor el 10 de julio de 2003, que Antigua y Barbuda, Canadá, Chile, Dominica, El Salvador, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú y Venezuela se convirtieron en Estados Parte de dicha Convención antes del año 2005, y que Argentina, Brasil, Estados Unidos, Guatemala, y Trinidad y Tobago se convirtieron en Estados Parte de dicha Convención durante los años 2005 y 2006, con lo que la Convención ya ha sido ratificada en la actualidad por 17 países;
CONSIDERANDO el informe de la Reunión de Expertos Gubernamentales sobre las mejores prácticas y experiencias nacionales en la adopción de medidas contra el terrorismo, bajo la perspectiva de los derechos humanos, celebrada del 12 al 13 de febrero de 2004 (CP/CAJP-2140/04);
HABIENDO RECIBIDO el documento “Recomendaciones para la protección de los derechos humanos por parte de los Estados Miembros de la OEA en la lucha contra el terrorismo” (CP/doc.4117/06), elaborado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos;
REAFIRMANDO que en la lucha contra el terrorismo cualquier persona detenida que se encuentre presuntamente involucrada en un acto terrorista, gozara de los derechos y garantías que le otorga el derecho internacional aplicable, en particular, el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario;
REAFIRMANDO asimismo que los medios que el Estado puede utilizar para proteger su seguridad o la de sus ciudadanos en la lucha contra el terrorismo deben ser en toda circunstancia acordes con el derecho internacional aplicable, en particular, el derecho internacional de los derechos humanos, el derecho internacional humanitario y el derecho internacional de los refugiados; y
RECORDANDO que, de conformidad con el artículo 27 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y con el artículo 4 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, se reconoce que algunos derechos no son derogables en ninguna circunstancia y que, con respecto a los derechos que pueden estar sujetos a derogación, los Estados pueden adoptar medidas que deroguen sus obligaciones de acuerdo con esas Convenciones en la medida estrictamente requerida por las exigencias de la situación y, en el caso de la Convención Americana, durante el período de tiempo requerido, siempre que dichas medidas sean compatibles con los demás derechos y obligaciones que impone el derecho internacional; y enfatizando que, en el sistema interamericano, la protección de derechos inderogables incluye garantías judiciales esenciales para la protección de dichos derechos,
RESUELVE:


  1. Reafirmar que la lucha contra el terrorismo debe realizarse con el pleno respeto de la ley, incluyendo el cumplimiento del debido proceso, y de los derechos humanos, que abarcan los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, así como a las instituciones democráticas para preservar el estado de derecho, las libertades y los valores democráticos en el Hemisferio.




  1. Reafirmar que todos los Estados Miembros tienen el deber de garantizar que todas las medidas adoptadas en la lucha contra el terrorismo se ajustan a sus obligaciones, de conformidad con el derecho internacional, en particular, el derecho internacional de los derechos humanos, el derecho internacional de los refugiados y el derecho internacional humanitario.




  1. Exhortar a todos los Estados Miembros a que, con el fin de cumplir con los compromisos adoptados en esta resolución, consideren firmar y ratificar, ratificar o adherir, a la brevedad posible, la Convención Interamericana contra el Terrorismo y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, según sea el caso, y a los Estados Parte que adopten las medidas que sean pertinentes a fin de implementar las disposiciones de estos tratados.




  1. Solicitar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que continúe promoviendo el respeto y la defensa de los derechos humanos y facilitando los esfuerzos de los Estados Miembros para cumplir debidamente con sus compromisos internacionales en materia de derechos humanos cuando desarrollen y ejecuten medidas contra el terrorismo, incluyendo los derechos de las personas que podrían estar en desventaja, en situación de discriminación y de vulnerabilidad como resultado de la violencia terrorista o iniciativas antiterroristas, y que informe al Consejo Permanente sobre la conveniencia de realizar un estudio de seguimiento.




  1. Solicitar al Consejo Permanente que, habiendo recibido el documento “Recomendaciones para la protección de los derechos humanos por parte de los Estados Miembros de la OEA en la lucha contra el terrorismo” (CP/doc.4117/06), elaborado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), realice consultas con el Comité Interamericano contra el Terrorismo (CICTE) y con los Estados Miembros, con el fin de concluir el proceso de elaboración de las recomendaciones previsto en el párrafo resolutivo 5 de la resolución AG/RES.2143 (XXXV-O/05), párrafo operativo 5.




  1. Con base en las “Recomendaciones para la protección de los derechos humanos por parte de los Estados Miembros de la OEA en la lucha contra el terrorismo” formuladas por la CIDH y en los resultados de las consultas con el CICTE y los Estados Miembros, el Consejo Permanente podrá considerar la preparación de un proyecto de términos de referencia comunes para la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo, que compile los estándares internacionales vigentes, con fundamento en el derecho internacional aplicable, así como las mejores prácticas, para la consideración de la Asamblea General.




  1. Reiterar la importancia de intensificar el diálogo entre el CICTE, la CIDH y otras áreas pertinentes de la Organización, con miras a mejorar y fortalecer su colaboración permanente en el tema de la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo.

  2. Instar a los Estados Miembros a que, en el marco de sus obligaciones, respeten los derechos humanos de todas las personas privadas de libertad en los centros de detención de control efectivo, de manera particular la observancia del debido proceso.




  1. Solicitar al Consejo Permanente que presente a la Asamblea General en su trigésimo séptimo período ordinario de sesiones de la Asamblea General un informe sobre el cumplimiento de esta resolución, la cual será ejecutada con los recursos asignados en el programa-presupuesto de la Organización y otros recursos.

AG/RES. 2239 (XXXVI-O/06)


LIBERTAD DE COMERCIO E INVERSIÓN EN EL HEMISFERIO15/
(Aprobada en la cuarta sesión plenaria,

celebrada el 6 de junio de 2006)

LA ASAMBLEA GENERAL,
RECORDANDO la resolución AG/RES. 1364 (XXVI-O/96), “Libertad de comercio e inversión en el Hemisferio”, en la cual encomendó al Comité Jurídico Interamericano que realizara un estudio sobre el tema;
R

ECONOCIENDO la opinión del Comité Jurídico Interamericano (CJI/RES. II-14/96) en la que se afirma que el Comité concluyó unánimemente que “los fundamentos y la eventual aplicación de la legislación objeto de esta opinión, en las áreas significativas anteriormente descritas, no guardan conformidad con el derecho internacional”;


TENIENDO EN CUENTA las resoluciones AG/RES. 1447 (XXVII-O/97), AG/RES. 1532 (XXVIII-O/98), AG/RES. 1614 (XXIX-O/99), AG/RES. 1700 (XXX-O/00), AG/RES. 1826 (XXXI-O/01), AG/RES. 1884 (XXXII-O/02), AG/RES. 1914 (XXXIII-O/03), AG/RES. 1976 (XXXIV-O/04) y AG/RES. 2063 (XXXV-O/05); y
CONSIDERANDO el informe del Consejo Permanente sobre libertad de comercio e inversión en el Hemisferio (AG/doc.4588/06),
RESUELVE:


  1. Tomar nota del informe del Consejo Permanente sobre libertad de comercio e inversión en el Hemisferio, en cumplimiento de la resolución AG/RES. 2063 (XXXV-O/05).

2. Solicitar al Consejo Permanente que informe a la Asamblea General en su trigésimo séptimo período ordinario de sesiones sobre los desarrollos relativos a este asunto.


AG/RES. 2240 (XXXVI-O/06)


COMBATE A LA EXPLOTACIÓN SEXUAL COMERCIAL, EL TRÁFICO ILÍCITO
Y LA TRATA DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN EL HEMISFERIO
(Aprobada en la cuarta sesión plenaria,

celebrada el 6 de junio de 2006)



LA ASAMBLEA GENERAL,
CONSIDERANDO la importancia de asegurar una protección integral y efectiva de los niños, niñas y adolescentes por medio de mecanismos adecuados que permitan garantizar el respeto de sus derechos;
RECONOCIENDO que hoy en día la explotación sexual comercial, incluida la divulgación de pornografía infantil a través de la Internet y otros medios de difusión masiva, y el tráfico ilícito y trata de los niños, niñas y adolescentes constituye una preocupación tanto a nivel regional como universal y que es un fenómeno que atenta contra los derechos de los niños, niñas y adolescentes consagrados en diversos instrumentos internacionales;
TENIENDO EN CUENTA la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre;
TENIENDO EN CUENTA IGUALMENTE la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en particular las disposiciones relativas a la protección del niño, la niña y adolescentes, y la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, mediante la cual los Estados Parte, entre otras cosas, se comprometen a proteger al niño, la niña y adolescentes contra todas las formas de explotación y abuso sexuales (artículo 34 de la Convención);
TENIENDO EN CUENTA TAMBIÉN otros instrumentos internacionales que guardan relación con el combate a la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes y la lucha contra el tráfico ilícito y trata de niños, niñas y adolescentes en el Hemisferio, entre ellos, el Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la Venta de Niños, la Prostitución Infantil y la Utilización de Niños en la Pornografía (adoptado en 2000); la Convención sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores (adoptada en 1980), la Convención Interamericana sobre el Tráfico Internacional de Menores (adoptada en 1994), la Convención Interamericana sobre Restitución Internacional de Menores (adoptada en 1989), el Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, Especialmente Mujeres y Niños, y el Protocolo contra el Tráfico Ilícito de Migrantes por Tierra, Mar y Aire, a la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, y el Convenio 182 de la Organización Internacional del Trabajo sobre las Peores Formas de Trabajo Infantil;
TENIENDO EN CUENTA ADEMÁS las Conclusiones y Recomendaciones aprobadas en la Reunión de Autoridades Nacionales en Materia de Trata de Personas realizada en Isla Margarita, República Bolivariana de Venezuela, del 14 al 17 de marzo de 2006;
TENIENDO PRESENTE los esfuerzos que sobre la materia se realizan ya en diversos órganos, organismos y entidades de la Organización y otras instancias, en especial, la consideración del tema por parte del Comité Jurídico Interamericano (CJI) en el año 2000 que concluyó en la necesidad de contar con la mayor información posible antes de considerar la necesidad de una convención interamericana para la represión extraterritorial de los delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes; la estrategia de coordinación que viene desarrollando el Departamento de Prevención de Amenazas contra la Seguridad Pública en coordinación con la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM) sobre la trata de mujeres y niños para fines de explotación sexual en las Américas; y los talleres subregionales que organiza el Instituto Interamericano del Niño (IIN) sobre la trata de niños, niñas y adolescentes con fines de explotación sexual y pornografía infantil; y
RECONOCIENDO que, para asegurar el éxito en el combate a la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes y en la lucha contra el tráfico ilícito y la trata de niños, niñas y adolescentes en el Hemisferio, se requiere adoptar un enfoque global que permita hacer frente a todos los factores que contribuyen a dicha problemática, entre ellos la pobreza y la exclusión social, así como medidas que faciliten la cooperación internacional, tanto jurídica como judicial, para asegurar una eficaz protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes,
RESUELVE:


  1. Reafirmar que los principios y normas consagrados en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y en la Convención Americana sobre Derechos Humanos adquieren particular relevancia en relación con la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes.




  1. Instar a los Estados Miembros a que consideren la firma y ratificación, ratificación o adhesión, según sea el caso, de los instrumentos internacionales que guardan relación con el combate a la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes y con la lucha contra el tráfico ilícito y la trata de niños, niñas y adolescentes en el Hemisferio, entre ellos, la Convención sobre los Derechos del Niño (adoptada en 1989), el Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la Venta de Niños, la Prostitución Infantil y la Utilización de Niños en la Pornografía (adoptado en 2000), la Convención sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores (adoptada en 1980), la Convención Interamericana sobre el Tráfico Internacional de Menores (adoptada en 1994) y la Convención Interamericana sobre Restitución Internacional de Menores (adoptada en 1989), e instar a los Estados Parte a que tomen las medidas necesarias para garantizar los derechos contenidos en dichos instrumentos.




  1. Solicitar al Departamento de Prevención de Amenazas contra la Seguridad Pública que, en coordinación con la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM) y el Instituto Interamericano del Niño, la Niña y Adolescentes (IIN), continúe trabajando en esta materia y en el proyecto sobre el tráfico ilícito y la trata de mujeres, niños, niñas y adolescentes para fines de explotación sexual en las Américas.




  1. Reconocer y agradecer la labor del IIN y las contribuciones de los Estados Miembros por la preparación del informe sobre la trata de personas presentado al Consejo Permanente en 2005.




  1. Solicitar al Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA) que remita al Consejo Permanente, a través del Departamento de Prevención de Amenazas contra la Seguridad Pública, antes del trigésimo séptimo período ordinario de sesiones de la Asamblea General, para su consideración y en la medida en que haya financiamiento disponible, un informe sobre la capacidad actual de los sistemas judiciales de los Estados Miembros para atender los problemas relativos a la explotación sexual comercial, el tráfico ilícito y la trata de niños, niñas y adolescentes en el Hemisferio y la aplicación por parte de los mismos de la normativa interna e internacional.




  1. Encomendar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que continúe apoyando los avances sobre esta importante materia, de conformidad con la Opinión Consultiva OC 17/2002, “Condición Jurídica y Derechos Humanos del Niño”, emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos el 28 de agosto de 2002, con miras a elaborar un estudio sobre los alcances de las conclusiones de dicha Opinión Consultiva para el sistema interamericano de protección y promoción de los derechos humano.




  1. Solicitar a la CIM, al IIN, al CEJA, a la CIDH y al Departamento de Prevención de Amenazas contra la Seguridad Pública que cooperen en la elaboración de estos estudios.




  1. Encomendar al Consejo Permanente que, en una sesión durante el curso del período 2006 – 2007, se consideren los documentos remitidos por la CIM, el IIN, el CEJA, la Reunión de Ministros de Justicia o de Ministros o Procuradores Generales de las Américas (REMJA) y la CIDH, y formule las recomendaciones de acciones futuras a adoptar con relación a este tema, teniendo en cuenta los resultados de la reunión de autoridades nacionales en materia de trata de personas, con el objetivo de darle al tratamiento del tema una perspectiva integral y transversal dentro del marco de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, e invitar a las organizaciones e instituciones pertinentes que trabajan en estas áreas, tales como la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), la Relatoría Especial sobre Derechos del Niño de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y otras, a participar en esta reunión.




  1. Solicitar al Consejo Permanente que informe a la Asamblea General en su trigésimo séptimo período ordinario de sesiones sobre el cumplimiento de la presente resolución, la cual será ejecutada de acuerdo con los recursos asignados en el programa-presupuesto de la Organización y otros recursos.

AG/RES. 2241 (XXXVI-O/06)


CARTA SOCIAL DE LAS AMÉRICAS: RENOVACIÓN DEL COMPROMISO HEMISFÉRICO DEL COMBATE A LA POBREZA EXTREMA EN LA REGIÓN
(Aprobada en la cuarta sesión plenaria,

celebrada el 6 de junio de 2006)



LA ASAMBLEA GENERAL,
VISTOS:
Las resoluciones AG/RES. 2139 (XXXV-O/05) y AG/RES. 2056 (XXXIV-O/04), “Proyecto de Carta Social de las Américas: Renovación del compromiso hemisférico del combate a la pobreza extrema en la región”;
El informe sobre la implementación de la resolución AG/RES. 2139 (XXXV-O/05), contenido en el documento GTC/CASA/doc.29/06 rev. 1;
CONSIDERANDO que la Carta de la Organización de los Estados Americanos (OEA), establece como uno de sus propósitos esenciales erradicar la pobreza crítica, que constituye un obstáculo al pleno desarrollo democrático de los pueblos del Hemisferio;
TENIENDO PRESENTE:
Que la Carta Democrática Interamericana establece que la democracia es esencial para el desarrollo social, político y económico de los pueblos de las Américas;
Que la Carta Democrática Interamericana señala igualmente que la pobreza, el analfabetismo y los bajos niveles de desarrollo humano son factores que inciden negativamente en la consolidación de la democracia; y
Que la promoción y observancia de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales son consustanciales al desarrollo integral y al crecimiento económico con equidad;
RECORDANDO las Declaraciones de las Cumbres de las Américas, la Declaración de Margarita sobre pobreza, equidad e inclusión social, el Consenso de Monterrey y otros documentos pertinentes de la Organización de los Estados Americanos;
TOMANDO EN CUENTA que la eliminación de la pobreza crítica es parte esencial de la promoción y consolidación del ordenamiento democrático y constituye responsabilidad común y compartida de los Estados americanos;
TENIENDO PRESENTE que los Jefes de Estado y de Gobierno de las Américas, mediante la Declaración de Mar del Plata, adoptada en la Cuarta Cumbre de las Américas, alientan los trabajos de la OEA en la elaboración de la Carta Social de las Américas y su Plan de Acción, “cuyos principios y objetivos estarán dirigidos al logro, por parte de los Estados Miembros, de sociedades que ofrezcan a todos nuestros ciudadanos más oportunidades para beneficiarse del desarrollo sostenible con equidad e inclusión social”;
TOMANDO NOTA de la propuesta de la República Bolivariana de Venezuela de que al concluirse los trabajos de la Carta Social de las Américas y su Plan de Acción, se celebre un período extraordinario de sesiones de la Asamblea General para aprobarlos;
RECIBIENDO CON APRECIO el ofrecimiento de la República Bolivariana de Venezuela para ser sede del referido período ordinario de sesiones de la Asamblea General; y
CONSIDERANDO:
Que la Asamblea General, mediante la resolución AG/RES. 2056 (XXXIV-O/04), encomendó al Consejo Permanente y a la Comisión Ejecutiva Permanente del Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral (CEPCIDI) que conjuntamente elaboraran un proyecto de Carta Social de las Américas y un Plan de Acción que incluya los principios de desarrollo social y establezca metas y objetivos específicos que refuercen los instrumentos existentes en la OEA sobre democracia, desarrollo integral y combate a la pobreza, y que presenten los resultados a la consideración del próximo período de sesiones de la Asamblea General; y
Que el Consejo Permanente y la CEPCIDI establecieron el Grupo de Trabajo Conjunto para llevar a cabo el mandato contenido en la resolución mencionada anteriormente, y que dicho grupo concluyó una primera lectura del proyecto de preámbulo de la Carta Social de las Américas, (GTC/CASA/doc.24/06 rev. 11),
RESUELVE:


  1. Tomar nota del informe sobre la implementación de la resolución AG/RES. 2139 (XXXV-O/05), “Proyecto de Carta Social de las Américas: Renovación del Compromiso Hemisférico del Combate a la Pobreza Extrema en la Región”, y del trabajo realizado por el Grupo de Trabajo Conjunto del Consejo Permanente y la Comisión Ejecutiva Permanente del Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral (CEPCIDI) en cumplimiento del mandato contenido en dicha resolución.




  1. Reiterar el mandato al Consejo Permanente y la CEPCIDI para que preparen conjuntamente un Proyecto de Carta Social de las Américas y un Plan de Acción, que incluya los principios de desarrollo social y establezca metas y objetivos específicos que refuercen los instrumentos existentes en la Organización de los Estados Americanos sobre democracia, desarrollo integral y combate a la pobreza.




  1. Encomendar al Grupo de Trabajo que desarrolle una metodología que le permita avanzar rápidamente en la consideración del Proyecto de Carta Social de las Américas y su Plan de Acción.




  1. Encomendar al Grupo de Trabajo Conjunto del Consejo Permanente y la CEPCIDI sobre el Proyecto de Carta Social de las Américas que trabaje intensamente a fin de terminar las negociaciones de dichos documentos, y expresar la sincera voluntad política de todos nuestros países de concluir y adoptar la Carta Social de las Américas y su Plan de Acción antes de finalizar el año 2007.




  1. Solicitar al Consejo Permanente y la CEPCIDI que presenten los resultados de sus trabajos a la Asamblea General para su consideración y aprobación.

AG/RES. 2242 (XXXVI-O/06)


INFLUENZA AVIAR: COOPERACIÓN INTERAMERICANA
PARA ENFRENTAR UNA AMENAZA MUNDIAL
(Aprobada en la cuarta sesión plenaria,

celebrada el 6 de junio de 2006)

LA ASAMBLEA GENERAL,
HABIENDO VISTO el informe anual del Consejo Permanente a la Asamblea General (AG/doc.4548/06);
RECORDANDO:
Que en la Cuarta Cumbre de las Américas, en noviembre de 2005, los Jefes de Estado y de Gobierno reiteraron su compromiso de fortalecer la cooperación y los intercambios de información en la lucha contra enfermedades crónicas, así como enfermedades emergentes y re-emergentes; y
Que los Estados Miembros en la Conferencia Especial sobre Seguridad, celebrada en la Ciudad de México, México, en octubre de 2003, identificaron las pandemias como un desafío a la estabilidad de muchos de los Estados del Hemisferio y exhortaron a que se realizaran acciones de cooperación para hacer frente a este desafío;
RECONOCIENDO el riesgo potencial que una pandemia debida a nuevos virus de influenza, como la cepa altamente patógena H5N1 de la influenza aviar, representaría para nuestras sociedades y ciudadanos, y las posibles consecuencias graves para la salud animal y humana, la economía y la estabilidad mundial;
CONSCIENTES de las dificultades que las autoridades de la salud pública han encontrado en el pasado para contrarrestar las pandemias de influenza;
SUMAMENTE PREOCUPADOS por la vulnerabilidad en que se encuentran los Estados Miembros y sus pueblos ante una posible pandemia de influenza;
CONSIDERANDO la Conferencia Hemisférica de Vigilancia y Prevención de la Influenza Aviar, celebrada el 2 de diciembre de 2005 en Brasilia, Brasil, que centró su atención en esta amenaza emergente y en la necesidad de apoyar el compromiso político, técnico y financiero necesario para la preparación, prevención y respuesta ante una pandemia de influenza aviar, así como la Declaración de los Países Sudamericanos en la que solicitan el apoyo internacional y de los donantes para la región, adoptada en la reunión de donantes celebrada en Ginebra, Suiza, del 7 al 9 de noviembre de 2005;
CONSIDERANDO TAMBIÉN la reunión de la Asociación Internacional sobre la Influenza Aviar y Pandémica, celebrada en Washington, D.C., el 6 y 7 de octubre de 2005, y la Reunión Internacional de Ministros de Salud sobre Preparación ante una Pandemia Mundial de Influenza, celebrada en Ottawa, Canadá, el 24 y 25 de octubre de 2005;

RECORDANDO que la 59 Asamblea Mundial de la Salud consideró que la aplicación del Reglamento Sanitario Internacional (2005) es un mecanismo que establece procedimientos para el fortalecimiento de acciones para la preparación y respuesta en caso de una gripe pandémica;


CONSCIENTES de la sesión informativa para los Representantes Permanentes ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), ofrecida por la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), sobre la gripe aviar y la influenza pandémica, que se celebró en Washington, D.C., el 31 de marzo de 2006, y la sesión del Consejo Permanente del 15 de diciembre de 2005 sobre gripe aviar e influenza pandémica;
ACOGIENDO CON BENEPLÁCITO los esfuerzos realizados por Canadá, México y Estados Unidos para hacer frente a la amenaza de la gripe aviar e influenza pandémica a través de la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte;
TOMANDO NOTA de la resolución XVII aprobada por el Organismo Andino de la Salud, Hipólito Unánue, mediante la cual se aprueba la propuesta de un Plan Andino de Preparación y Respuesta a una Pandemia de Influenza (Bogotá, Colombia, marzo de 2006);
TOMANDO NOTA ADEMÁS del Consenso de Buenos Aires (2005) sobre el Reglamento Sanitario Internacional y las “Estrategias conjuntas de fortalecimiento de acciones para enfrentar los riesgos de una pandemia de gripe aviar”, adoptadas en la Reunión Ministerial del MERCOSUR y Estados Asociados (Montevideo, Uruguay, noviembre de 2005); y
ENCOMIANDO los recientes esfuerzos realizados por la OPS y el IICA para forjar una respuesta interamericana ante una posible pandemia de influenza aviar,
RESUELVE:


  1. Afirmar el compromiso de los Estados Miembros de trabajar en forma conjunta en la lucha contra la influenza aviar y pandémica, y a identificar áreas prioritarias de acción.




  1. Instar a los Estados Miembros a que respondan al riesgo que representa una pandemia de influenza mediante la adopción de las siguientes medidas:




  1. Respaldar a los órganos internacionales y regionales, como la Organización Mundial de la Salud (OMS) y su brazo regional, la Organización Panamericana de la Salud (OPS), la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) y la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) en sus esfuerzos por coordinar la respuesta mundial y regional ante una pandemia de influenza;




  1. Desarrollar y poner en práctica, de acuerdo a la capacidad nacional, planes nacionales y regionales de preparación y respuesta en caso de influenza aviar e influenza pandémica;




  1. Apoyar a los Estados Miembros a abordar desafíos relacionados con la infraestructura de sanidad animal y salud pública para enfrentar una posible pandemia de influenza, así como considerar y fortalecer, según sea apropiado, las capacidades nacionales para la implementación del Reglamento Sanitario Internacional; y




  1. Promover la cooperación técnica y financiera entre los Estados Miembros para fortalecer la capacidad de preparación y respuesta nacional y regional para enfrentar la influenza aviar y una pandemia de influenza.




  1. Manifestar su satisfacción y respaldo a la labor realizada por la OPS y el IICA, por su apoyo a los Estados Miembros en la preparación, prevención y respuesta ante una potencial pandemia de influenza, así como por el apoyo continuo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco Mundial, la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), la Agencia Canadiense para el Desarrollo Internacional (ACDI), la FAO, la OIE y otros socios.




  1. Encomendar al Secretario General que lleve a cabo las actividades mencionadas en esta resolución, de acuerdo con los recursos asignados en el programa-presupuesto de la Organización y otros recursos.




  1. Solicitar a la OPS y al IICA que informen al Consejo Permanente sobre la implementación de esta resolución.




  1. Solicitar al Consejo Permanente que informe a la Asamblea General en su trigésimo séptimo período ordinario de sesiones sobre la implementación de la presente resolución.

AG/RES. 2243 (XXXVI-O/06)


APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN DE SANTO DOMINGO
(Aprobada en la cuarta sesión plenaria,

celebrada el 6 de junio de 2006)



LA ASAMBLEA GENERAL,
REITERANDO los compromisos asumidos en la Declaración de Santo Domingo: Gobernabilidad y desarrollo en la sociedad del conocimiento;
RECORDANDO los compromisos asumidos por nuestros países en el proceso de la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información (CMSI) y teniendo en cuenta el Plan de Acción para la Sociedad de la Información en América Latina y el Caribe (eLac 2007) adoptado en la Conferencia Ministerial preparatoria para América Latina y el Caribe de la segunda fase de la CMSI, celebrada en Río de Janeiro del 8 al 10 de junio de 2003;
CONSIDERANDO que la importancia de integrar las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en los esfuerzos de desarrollo político, económico y social de la región fue apoyada en el contexto de las Cumbres de las Américas desde Miami en 1994, enfatizada por la declaración sobre conectividad de la Tercera Cumbre de las Américas, celebrada en la ciudad de Quebec en 2001, y reafirmada en la Cuarta Cumbre de las Américas, celebrada en Mar del Plata, Argentina, en noviembre de 2005;
REITERANDO lo establecido en las resoluciones de la Asamblea General, tales como las resoluciones AG/RES. 2119 (XXXV-O/05) y AG/RES. 2135 (XXXV-O/05), sobre el papel de las TIC y la participación de la Organización de los Estados Americanos (OEA) en el proceso de la CMSI;
TOMANDO NOTA de los programas e iniciativas llevados a cabo por la Secretaría General de la OEA que contribuyen al avance de la Sociedad del Conocimiento en las Américas;
CONVENCIDOS de que, para evitar duplicaciones de esfuerzos y facilitar complementariedades y sinergias en un contexto de recursos limitados, es necesario lograr una mejor coordinación entre los distintos actores regionales e internacionales, tales como el Instituto para la Conectividad en las Américas (ICA), las instituciones financieras internacionales como el BID y los organismos del sistema de las Naciones Unidas; y
TOMANDO NOTA de las experiencias existentes en la región y reiterando su interés en aprovechar las mismas,
RESUELVE:


  1. Instar a las autoridades de los gobiernos de los Estados Miembros a continuar promoviendo el desarrollo, incorporación y uso de las tecnologías de la información y de la comunicación (TIC) tanto a nivel de las instituciones públicas como de la sociedad en general y solicitar a la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) que apoye estos esfuerzos.




  1. Alentar a los gobiernos a que identifiquen, en sus presupuestos nacionales, mecanismos y fuentes de financiamiento apropiadas para, aprovechando las sinergias sectoriales, diseñar e implementar estrategias que promuevan el desarrollo de la Sociedad del Conocimiento, priorizando programas y proyectos que mejoren la capacidad de los ciudadanos para enfrentar los desafíos y aprovechar las oportunidades de dicha Sociedad.




  1. Solicitar a la Secretaría General de la OEA que continúe apoyando activamente, con el Instituto para la Conectividad en las Américas (ICA), las actividades de la Red de Líderes de Gobierno Electrónico de América Latina y el Caribe (Red GEALC) con el respaldo de los organismos internacionales de cooperación y financiamiento, y promueva la activa participación de todos los países en las diversas actividades de la Red.




  1. Reiterar su apoyo y voluntad de cooperar para el fortalecimiento y la expansión de la infraestructura de redes avanzadas para la ciencia, la tecnología, la educación y la innovación, así como trabajar para su estabilidad, tanto a nivel regional, como la Red de Cooperación Latino Americana de Redes Avanzadas (CLARA), promoviendo la inclusión del Caribe en ésta última, como a nivel interno de los países, conforme a lo establecido en eLAC 2007 y lo recomendado por la Cumbre de Ministros de Ciencia y Tecnología del Hemisferio, celebrada en Lima en noviembre de 2004.




  1. Instar a los Estados Miembros a incrementar su apoyo a la Red de Portales Educativos de las Américas (RELPE), realizando los esfuerzos necesarios para incorporar de forma efectiva y plena a los países del Caribe en esta iniciativa regional, reconociendo así la importancia que el acceso a contenido educativo actualizado e innovador reviste en la educación primaria y secundaria, y reforzando los compromisos adoptados durante la Cuarta Reunión de Ministros de Educación que tuvo lugar en agosto de 2005 en Scarborough, Trinidad y Tobago.




  1. Instar a los Estados Miembros a que, con el apoyo de la Secretaría General, y con el fin de contribuir a cerrar la brecha digital, identifiquen y respalden iniciativas y programas de alfabetización digital que apoyen la educación formal, la educación continua y para adultos, de acuerdo con su legislación nacional, y con especial énfasis en las poblaciones con mayores limitaciones de acceso y uso de las TIC.




  1. Instar a los Estados Miembros a que den prioridad y continúen apoyando la ejecución de la segunda fase de la Agenda de Conectividad para las Américas y Plan de Acción de Quito (ACAPAQ), y conforme a lo contenido en este documento, que continúen adoptando políticas y regulaciones que promuevan el desarrollo, expansión y acceso a la infraestructura, especialmente en las zonas rurales, remotas y menos favorecidas.




  1. Instar a los Estados Miembros a que, bajo principios de universalidad, equidad y accesibilidad financiera, adopten políticas y regulaciones que promuevan y faciliten el acceso y la provisión de información y servicios de gobierno en línea, el desarrollo, despliegue y acceso a tecnologías de banda ancha y a otros servicios nuevos e innovadores.

  2. Encomendar a la Secretaría General de la OEA que, en coordinación con otros organismos internacionales que integran el Comité Interamericano para la Reducción de Desastres Naturales (CIRDN), y otras instituciones regionales, como la Asociación de Estados del Caribe (AEC), promueva el establecimiento de sistemas nacionales y regionales de alerta temprana y de prevención de desastres que aprovechen las posibilidades que ofrecen las TIC.




  1. Solicitar asimismo a la Secretaría General que, en cooperación, colaboración y coordinación con otros organismos subregionales, regionales y multilaterales apoye y estimule alianzas estratégicas entre gobierno, sector privado y sociedad civil, que promuevan la adopción de las TIC para mejorar y fortalecer la competitividad de los sectores productivos, particularmente las micro, pequeñas y medianas empresas y otras unidades de producción.




  1. Solicitar a la Secretaría General que, para promover la inclusión digital, desarrolle programas e identifique fuentes de financiamiento para la implementación de iniciativas relacionadas con la Declaración de Santo Domingo y esta resolución, poniendo especial énfasis en el impulso de la responsabilidad social de las empresas en pro del desarrollo de una Sociedad del Conocimiento más justa, democrática, inclusiva y equitativa.




  1. Recomendar al Secretario General que tome las medidas pertinentes para fortalecer la coordinación de los programas y las políticas de la OEA en materia de Sociedad del Conocimiento.




  1. Solicitar al Secretario General que presente propuestas e iniciativas al Consejo Permanente, tomando en consideración los insumos y recursos de la Secretaría General, así como los puntos de vista de todas las partes interesadas, incluyendo el sector privado, la sociedad civil, y las instituciones regionales e internacionales, incluidas las instituciones financieras, para la implementación efectiva de los compromisos de la Declaración de Santo Domingo.




  1. Solicitar al Consejo Permanente, tomando en cuenta las propuestas e iniciativas del Secretario General en esta área, que considere convocar una reunión especializada, con la participación de autoridades nacionales, expertos gubernamentales y todos los actores relevantes, con el propósito de facilitar la cooperación regional hacia el cumplimiento de los objetivos de la Declaración de Santo Domingo.




  1. Encomendar a la Secretaría General que realice todos los esfuerzos posibles para mejorar el uso de las TIC en sus operaciones diarias, con el fin de promover un manejo más ágil y eficiente de sus responsabilidades y, de esa manera, facilitar el trabajo de la OEA y de sus Estados Miembros.




  1. Recomendar a la Secretaría General que continúe mejorando el sitio Web de la OEA, y desarrolle espacios y herramientas dedicados a los ciudadanos de las Américas, facilitando su acceso y usabilidad.




  1. Solicitar a la Secretaría General que implemente esta Resolución con los recursos asignados en el programa-presupuesto de la organización y otros recursos, y que informe al Consejo Permanente sobre el cumplimiento de la misma para que éste, a su vez, informe al trigésimo séptimo período ordinario de sesiones de la Asamblea General.

AG/RES. 2244 (XXXVI-O/06)
PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN DEL SECTOR PRIVADO
EN LAS ACTIVIDADES DE LA ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS
(Aprobada en la cuarta sesión plenaria,

celebrada el 6 de junio de 2006)

LA ASAMBLEA GENERAL,
RECORDANDO que en la Carta de la Organización de los Estados Americanos (OEA), los Estados Miembros convinieron que la igualdad de oportunidades, la eliminación de la pobreza crítica y la distribución equitativa de la riqueza y del ingreso, así como la plena participación de sus pueblos en las decisiones relativas a su propio desarrollo son, entre otros, objetivos básicos del desarrollo integral y que, para lograrlos, acordaron dedicar sus máximos esfuerzos a alcanzar una serie de metas básicas, incluyendo, entre otras, la promoción de la iniciativa y la inversión privada en armonía con la acción del sector público;
CONSIDERANDO que en la Cumbre Extraordinaria de Nuevo León, los Jefes de Estado y de Gobierno de las Américas declararon que alentarían la participación de la sociedad civil en el proceso de Cumbres de las Américas, proponiéndose específicamente institucionalizar los encuentros con la sociedad civil, el sector académico y el sector privado, y teniendo en cuenta asimismo los contenidos de la Declaración de Nuevo León bajo el titulo “Gobernabilidad democrática”, especialmente lo dispuesto en los párrafos 49 a 52, relacionados con el combate a la corrupción;
TOMANDO EN CUENTA que, en la Cuarta Cumbre de las Américas, los Jefes de Estado y de Gobierno coincidieron en la importancia de la participación del sector empresarial en el logro de sus objetivos;
CONSIDERANDO ASIMISMO que en el Plan de Acción de la Cuarta Cumbre de las Américas se resolvió solicitar a la Secretaría General de la OEA que presente para la consideración de los órganos políticos de la Organización, antes de 2007, un programa interamericano de intercambio de experiencias y mejores prácticas para fortalecer y perfeccionar en nuestros países los mecanismos de participación y colaboración de las organizaciones de la sociedad civil, el sector privado y la ciudadanía general en la gestión del Estado, en particular en el desarrollo de políticas públicas para la generación de empleo y combate a la pobreza, incluyendo los gobiernos locales, en un marco de diálogo social inclusivo que tenga en cuenta la vulnerabilidad de los sectores más excluidos de nuestras sociedades;
TENIENDO EN CUENTA las deliberaciones y conclusiones del Segundo Foro del Sector Privado de las Américas, organizado por la OEA y reunido en Buenos Aires en noviembre de 2005, en ocasión de la realización de la Cuarta Cumbre de las Américas, con el propósito de que se formulen recomendaciones que contribuyan a mejorar las condiciones de inversión, competitividad y generación de empleo y a consolidar la democracia en el Hemisferio, así como las deliberaciones y conclusiones del III Foro del Sector Privado, reunido en Santo Domingo los días 2 y 3 de junio de 2006, en ocasión del trigésimo sexto período ordinario de sesiones de la Asamblea General; y

TENIENDO PRESENTE que la Secretaría General de la OEA suscribió el 11 de abril de 2006 un acuerdo de cooperación con representantes del sector privado,


RESUELVE:
1. Invitar a los Estados Miembros a continuar el diálogo con el sector privado y fortalecer las instancias de diálogo con dicho sector, tanto a nivel nacional como en las actividades de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y el proceso de Cumbres de las Américas.
2. Continuar apoyando el diálogo con los Ministros de Relaciones Exteriores antes de las sesiones inaugurales de la Asamblea General de la OEA y de las Cumbres de las Américas, a fin de que el sector privado formule recomendaciones, incluyendo propuestas de iniciativas relacionadas con el tema de la Asamblea o la Cumbre, y dirigidas a los Estados Miembros y a la OEA.


  1. Continuar explorando las formas en que la vinculación con el sector privado puede contribuir a alcanzar los propósitos esenciales de la Organización, en particular aquellos relacionados con el desarrollo integral, incluyendo actividades vinculadas con el desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas.




  1. Expresar su agradecimiento a los Estados Unidos por hospedar la sesión inaugural del Foro del Sector Privado de las Américas, celebrado en Fort Lauderdale, Estados Unidos, en junio de 2005, en ocasión del trigésimo quinto período ordinario de sesiones de la Asamblea General de la OEA, y tomar nota con satisfacción de la realización del Tercer Foro del Sector Privado de las Américas, en Santo Domingo, República Dominicana, los días 2 y 3 de junio de 2006, agradeciendo asimismo los esfuerzos de la República Dominicana, como anfitrión de la reunión, para facilitarla y organizarla.




  1. Tomar nota asimismo de que el Cuarta Foro del Sector Privado de las Américas tendrá lugar en la Ciudad de Panamá, en junio de 2007, en ocasión del trigésimo séptimo período ordinario de sesiones de la Asamblea General.




  1. Encomendar a la Secretaría General que, según corresponda, preste apoyo técnico en las actividades relacionadas con la participación del sector privado en acciones e iniciativas en el marco de la OEA.




  1. Instar a los Estados Miembros a que promuevan programas e iniciativas sobre responsabilidad social de las empresas, de aplicación voluntaria y de conformidad con las características propias de cada país.




  1. Fortalecer especialmente los programas e iniciativas en el marco de la OEA que, con la participación del sector privado, contribuyan al desarrollo integral de los Estados del Hemisferio, así como a promover prácticas éticas que eviten posibles efectos perjudiciales para sus economías.




  1. Solicitar a la Secretaría General que informe al Consejo Permanente de la Organización antes del trigésimo séptimo período ordinario de sesiones de la Asamblea General acerca de la implementación de la presente resolución.

AG/RES. 2245 (XXXVI-O/06)


CONSOLIDACIÓN DEL RÉGIMEN ESTABLECIDO EN EL TRATADO PARA
LA PROSCRIPCIÓN DE LAS ARMAS NUCLEARES EN LA AMÉRICA LATINA
Y EL CARIBE (TRATADO DE TLATELOLCO)
(Aprobada en la cuarta sesión plenaria,

celebrada el 6 de junio de 2006)

LA ASAMBLEA GENERAL,
VISTO el informe anual del Consejo Permanente a la Asamblea General, en particular la sección que se refiere a la Comisión de Seguridad Hemisférica (AG/doc.4548/06 add. 2);
RECORDANDO las resoluciones anteriores sobre el tema, en particular las resoluciones AG/RES. 1499 (XXVII-O/97), AG/RES. 1571 (XXVIII-O/98), AG/RES. 1622 (XXIX-O/99), AG/RES. 1748 (XXX-O/00), AG/RES. 1798 (XXXI-O/01), AG/RES. 1903 (XXXII-O/02), AG/RES. 1937 (XXXIII-O/03), AG/RES. 2009 (XXXIV-O/04) y AG/RES. 2104 (XXXV-O/05);
TOMANDO NOTA CON SATISFACCIÓN del pronunciamiento emitido por los Estados del Hemisferio en la Declaración sobre Seguridad en las Américas, en la que afirmaron que la consolidación de la primera zona libre de armas nucleares en un área densamente poblada, a través del Tratado para la Proscripción de las Armas Nucleares en la América Latina y el Caribe (Tratado de Tlatelolco) y sus Protocolos, constituye una contribución sustancial a la paz, la seguridad y la estabilidad internacionales;
AFIRMANDO que la consolidación de la Zona Libre de Armas Nucleares consagrada en el Tratado de Tlatelolco constituye una firme demostración del compromiso de América Latina y el Caribe con la causa del desarme nuclear completo y verificable y la no proliferación de las armas nucleares, de conformidad con los principios y propósitos de la Carta de las Naciones Unidas;
CONSIDERANDO que en el artículo 1 del Tratado de Tlatelolco “las Partes Contratantes se comprometen a utilizar exclusivamente con fines pacíficos el material y las instalaciones nucleares sometidos a su jurisdicción, y a prohibir e impedir en sus respectivos territorios: a) El ensayo, uso, fabricación, producción o adquisición, por cualquier medio, de toda arma nuclear, por si mismas, directa o indirectamente, por mandato de terceros o en cualquier otra forma, y b) El recibo, almacenamiento, instalación, emplazamiento o cualquier forma de posesión de toda arma nuclear, directa o indirectamente, por si mismas, por mandato a terceros o de cualquier otro modo”, y que “las Partes Contratantes se comprometen, asimismo, a abstenerse de realizar, fomentar o autorizar, directa o indirectamente, el ensayo, el uso, la fabricación, la producción, la posesión o el domino de toda arma nuclear o de participar en ello de cualquier manera”;
CONSIDERANDO ASIMISMO que el artículo 17 de dicho Tratado señala que ninguna de sus disposiciones “menoscaba los derechos de las Partes Contratantes para usar, en conformidad con este instrumento, la energía nuclear con fines pacíficos, de modo particular en su desarrollo económico y progreso social”;

TOMANDO NOTA del diálogo iniciado por el Organismo para la Proscripción de las Armas Nucleares en la América Latina y el Caribe (OPANAL) con los Estados poseedores de armas nucleares que son parte de los Protocolos Adicionales I y II del Tratado de Tlatelolco, en relación con la solicitud de que modifiquen o retiren sus declaraciones a dichos Protocolos Adicionales;


CONSIDERANDO la Declaración de Santiago de Chile, adoptada por el XIX Período Ordinario de Sesiones de la Conferencia General del OPANAL (Santiago de Chile, 7 y 8 de noviembre de 2005);
TOMANDO NOTA de los trabajos de coordinación que realiza el OPANAL con otras zonas desnuclearizadas, de conformidad con los acuerdos de la Declaración de la Conferencia de Estados Parte y Signatarios de Tratados que establecen Zonas Libres de Armas Nucleares (ciudad de México, del 26 al 28 de abril de 2005);
TOMANDO NOTA CON SATISFACCIÓN que la República de Haití depositó el instrumento de ratificación correspondiente a los Acuerdos de Salvaguardias del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), con lo que los 33 Estados Parte del Tratado de Tlatelolco están sujetos a verificación internacional;
CONVENCIDA:
De que el establecimiento de zonas libres de armas nucleares que cumplan con los criterios internacionales constituye una importante medida que fortalece significativamente el régimen internacional de no proliferación en todos sus aspectos, contribuyendo al mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales; y
De que tal como lo establece el Tratado de Tlatelolco en su preámbulo, las zonas militarmente desnuclearizadas no constituyen un fin en sí mismas, sino un medio para alcanzar en una etapa ulterior el desarme general y completo;
RECONOCIENDO que el Tratado de Tlatelolco se ha constituido en el modelo para el establecimiento de otras zonas libres de armas nucleares en diferentes regiones del mundo, tales como la del Pacífico Sur (Tratado de Rarotonga), la del Sudeste Asiático (Tratado de Bangkok) y la de África (Tratado de Pelindaba), las cuales una vez en vigor cubren más de la mitad de los países del mundo y todos los territorios del Hemisferio Sur; y
ENFATIZANDO su decidido apoyo a todas las acciones emprendidas por los Estados Parte, los Estados vinculados y el OPANAL orientadas a fortalecer el régimen de desnuclearización previsto en el Tratado de Tlatelolco,
RESUELVE:


  1. Exhortar a los Estados de la región que aún no lo hayan hecho a que firmen o ratifiquen las enmiendas al Tratado para la Proscripción de las Armas Nucleares en la América Latina y el Caribe (Tratado de Tlatelolco), aprobadas por la Conferencia General del Organismo para la Proscripción de las Armas Nucleares en la América Latina y el Caribe (OPANAL) mediante sus resoluciones 267 (E-V), 268 (XII) y 290 (E-VII).

  2. Reafirmar la importancia de que el OPANAL se fortalezca como el foro jurídico-político idóneo para asegurar el irrestricto respeto al Tratado de Tlatelolco en su zona de aplicación y para impulsar la cooperación con los organismos establecidos al amparo de otras zonas libres de armas nucleares.




  1. Reafirmar su compromiso de continuar promoviendo la búsqueda de un régimen universal, genuino y no discriminatorio de desarme y no proliferación en todos sus aspectos.




  1. Exhortar al OPANAL a que, en el ámbito de su competencia, continúe manteniendo un apropiado enlace o comunicación con la Comisión de Seguridad Hemisférica (CSH) de la Organización de los Estados Americanos e informe periódicamente a ésta sobre el cumplimiento de los compromisos asumidos por los Estados de la región en esta resolución y en la Declaración sobre Seguridad en las Américas, en particular el párrafo 11 de ésta, relativos a la no proliferación de armas nucleares.




  1. Encomendar al Consejo Permanente que, en el marco de la CSH, se celebre una reunión sobre la consolidación del régimen establecido en el Tratado de Tlatelolco, con el apoyo del OPANAL y la participación de las Naciones Unidas y otras instituciones internacionales competentes en la materia.




  1. Reconocer la labor desempeñada por el OPANAL al asegurar el cumplimiento de las obligaciones del Tratado de Tlatelolco.




  1. Respaldar los mecanismos de cooperación y coordinación que realiza el OPANAL con los Tratados de Rarotonga, Bangkok y Pelindaba y con Mongolia, y con los que en el futuro se establezcan, así como con sus respectivos organismos, a fin de acelerar el logro de los objetivos comunes, tal como fuera acordado por la Conferencia de Estados Parte y Signatarios de Tratados que establecen Zonas Libres de Armas Nucleares, celebrada en la ciudad de México en abril de 2005.




  1. Solicitar al Consejo Permanente que informe a la Asamblea General en su trigésimo séptimo período ordinario de sesiones sobre la implementación de la presente resolución.




  1. Solicitar al Secretario General que transmita la presente resolución al Secretario General de las Naciones Unidas y al Secretario General del OPANAL.

AG/RES. 2246 (XXXVI-O/06)


COOPERACIÓN EN ALGUNOS TEMAS DE SEGURIDAD EN EL HEMISFERIO
(Aprobada en la cuarta sesión plenaria,

celebrada el 6 de junio de 2006)



LA ASAMBLEA GENERAL,
VISTO el informe anual del Consejo Permanente sobre las actividades de la Comisión de Seguridad Hemisférica (AG/doc.4548/06 add. 2);
RECORDANDO las resoluciones AG/RES. 2107 (XXXV-O/05) “Las Américas como región libre de armas biológicas y químicas”, AG/RES. 2108 (XXXV-O/05) “Proliferación y tráfico ilícito de armas pequeñas y armas ligeras en todos sus aspectos”, AG/RES. 2110 (XXXV-O/05) “Convención Interamericana sobre Transparencia en las Adquisiciones de Armas Convencionales”, AG/RES. 2113 (XXXV-O/05) “Transparencia y fomento de la confianza y la seguridad en las Américas” y AG/RES. 2145 (XXXV-O/05) “Negar MANPADS a terroristas: Control y seguridad de los sistemas portátiles de defensa aérea”;
REAFIRMANDO que los programas, actividades y tareas establecidas en las resoluciones mencionadas son necesarias para el cumplimiento del propósito esencial de la Organización, consagrado en la Carta, de afianzar la paz y la seguridad en el Hemisferio, y que la cooperación entre los Estados Miembros es fundamental para el cumplimiento de esa meta;
REITERANDO el artículo 2 de la Declaración sobre Seguridad en las Américas, adoptada en la Ciudad de México en octubre de 2003, el cual establece que la “nueva concepción de la seguridad en el Hemisferio es de alcance multidimensional, incluye las amenazas tradicionales y las nuevas amenazas, preocupaciones y otros desafíos a la seguridad de los Estados del Hemisferio, incorpora las prioridades de cada Estado, contribuye a la consolidación de la paz, al desarrollo integral y a la justicia social, y se basa en valores democráticos, el respeto, la promoción y defensa de los derechos humanos, la solidaridad, la cooperación y el respeto a la soberanía nacional”;
REITERANDO ASIMISMO, el artículo 4, literal (a) de la Declaración sobre Seguridad en las Américas, expresa que “Cada Estado tiene el derecho soberano de identificar sus propias prioridades nacionales de seguridad y definir las estrategias, planes y acciones para hacer frente a las amenazas a su seguridad, conforme a su ordenamiento jurídico, y con el pleno respeto del derecho internacional y las normas y principios de la Carta de la OEA y la Carta de las Naciones Unidas”; y
RECORDANDO:
Que en la Cuarta Cumbre de las Américas, en noviembre de 2005, los Jefes de Estado y de Gobierno reiteraron su compromiso con los objetivos y propósitos contenidos en la Declaración sobre Seguridad en las Américas e instaron a la continua implementación de la Declaración; y
La importancia de que los Estados Miembros apliquen, de la manera que consideren más adecuada, las recomendaciones que figuran en la Declaración de Santiago y la Declaración de San Salvador sobre Medidas de Fomento de la Confianza y de la Seguridad, en el Consenso de Miami: Declaración de los Expertos sobre Medidas de Fomento de la Confianza y la Seguridad: Recomendaciones para la Conferencia Especial sobre Seguridad dispuesta por la Cumbre, y en las secciones pertinentes de la Declaración de Kingstown sobre la Seguridad de los Pequeños Estados Insulares,
RESUELVE:


  1. Reiterar sus mandatos al Consejo Permanente y a la Secretaría General contenidos en las siguientes resoluciones e instar a los Estados Miembros a que continúen contribuyendo al logro de los objetivos establecidos en las siguientes resoluciones a través del desarrollo y ejecución de actividades, la presentación de informes, el intercambio de información, la adopción de medidas y políticas, y la cooperación y el apoyo y asistencia mutua:




    1. AG/RES. 2107 (XXXV-O/05) “Las Américas como región libre de armas biológicas y químicas”;




    1. AG/RES. 2108 (XXXV-O/05) “Proliferación y tráfico ilícito de armas pequeñas y armas ligeras en todos sus aspectos”;




    1. AG/RES. 2110 (XXXV-O/05) “Convención Interamericana sobre Transparencia en las Adquisiciones de Armas Convencionales”;




    1. AG/RES. 2113 (XXXV-O/05) “Transparencia y fomento de la confianza y la seguridad en las Américas”; y




    1. AG/RES. 2145 (XXXV-O/05) “Negar MANPADS a los terroristas: Control y seguridad de los sistemas portátiles de defensa aérea”.




  1. Instar a los Estados Miembros y Observadores Permanentes a que contribuyan al nuevo fondo establecido por el trigésimo quinto periodo ordinario de sesiones de la Asamblea General dedicado a encauzar recursos financieros a los Estados Miembros para la recolección y destrucción de armas pequeñas y ligeras, y programas de capacitación relacionados.




  1. Considerar todos los aspectos relacionados con la proliferación y el tráfico ilícito de armas pequeñas y armas ligeras, y con este propósito, solicitar a la Secretaría Pro Témpore del Comité Consultivo de la Convención Interamericana contra la Fabricación y el Tráfico Ilícitos de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y Otros Materiales Relacionados (CIFTA) que informe a la Comisión de Seguridad Hemisférica (CSH) sobre los resultados de la Conferencia de Revisión de las Naciones Unidas sobre el Tráfico Ilícito de Armas Pequeñas y Armas Ligeras en Todos Sus Aspectos, programada para el 2006.




  1. Solicitar al Consejo Permanente que convoque una reunión el 12 de febrero de 2007, a nivel de la CSH y en coordinación con el Comité Interamericano contra el Terrorismo (CICTE) y el Comité Consultivo de la CIFTA, sobre estrategias eficaces para mitigar la amenaza de las MANPADS, en el marco de la resolución AG/RES. 2145 (XXXV-O/05).




  1. Cumplir concretamente con el compromiso compartido por los Estados Miembros de convertir a las Américas en una región libre de armas biológicas y químicas, y con este fin:




    1. Celebrar el 11 de diciembre de 2006 una reunión especial a nivel de la CSH, dedicada a la promoción de la adhesión universal a la Convención sobre la prohibición del desarrollo, la producción, el almacenamiento y el empleo de armas químicas y sobre su destrucción, y al intercambio de información sobre experiencias en cuanto a las medidas legislativas y administrativas necesarias para implementar dicha Convención y sobre los esfuerzos de los Estados Miembros para dar cumplimiento a su compromiso con una región libre de armas biológicas y químicas; y




    1. Celebrar el 12 de diciembre de 2006 una reunión especial a nivel de la CSH, dedicada al combate de la proliferación de las armas nucleares, químicas y biológicas, sus sistemas vectores y materiales relacionados, dentro del marco de la resolución 1540 (2004) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.




  1. Encomendar al Consejo Permanente que, a través de la CSH, continúe participando, realizando consultas e intercambiando experiencias e información con otros foros regionales e internacionales, entre ellos, las Conferencias de Ministros de Defensa de las Américas, tal como se menciona en la resolución AG/RES. 2113 (XXXV-O/05), celebre a través de la Comisión la próxima ronda de intercambio de experiencias entre la Organización de los Estados Americanos y la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), y procure establecer un intercambio de experiencias con el Foro Regional de ASEAN en 2007.




  1. Encomendar al Consejo Permanente que convoque una reunión del Foro sobre Medidas de Fomento de la Confianza y la Seguridad para el 29 de noviembre de 2006, para evaluar la aplicación de la Lista Ilustrativa de Medidas de Fomento de la Confianza y la Seguridad, adoptada en la Reunión de Expertos sobre Medidas de Fomento de la Confianza y la Seguridad, en Miami, en febrero de 2003.




  1. Continuar avanzando en la confianza mutua mediante la convocatoria de una reunión de alto nivel sobre medidas de fomento de la confianza y la seguridad, a más tardar en 2008, con el fin de considerar los próximos pasos a tomar para consolidar en mayor profundidad la confianza mutua.




  1. Encomendar a la Secretaría General que lleve a cabo las actividades mencionadas en la presente resolución, de acuerdo con los recursos asignados en el programa-presupuesto y otros recursos.




  1. Solicitar al Consejo Permanente que informe a la Asamblea General en su trigésimo séptimo período ordinario de sesiones sobre el cumplimiento de la presente resolución.




  1. Encomendar a la Secretaría General que informe a la Asamblea General en su trigésimo séptimo período ordinario de sesiones sobre el cumplimiento de la presente resolución.

AG/RES. 2247 (XXXVI-O/06)


PROMOCIÓN DE LA COOPERACIÓN HEMISFÉRICA PARA EL TRATAMIENTO DE LAS PANDILLAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DELICTIVAS
(Aprobada en la cuarta sesión plenaria,

celebrada el 6 de junio de 2006)



LA ASAMBLEA GENERAL,
TOMANDO EN CONSIDERACIÓN los resultados de los estudios realizados por diferentes organismos internacionales y por algunos Estados Miembros sobre el tema de las pandillas, los cuales concluyen que se trata de un tema muy complejo, el cual debe abordarse desde un enfoque integral, que incluya entre otros, la prevención, el apoyo social, el respeto y la protección de los derechos humanos, y la asistencia legal mutua en materia internacional;
RECONOCIENDO que las pandillas constituyen un fenómeno que comparten muchos países del Hemisferio y que exige un profundo análisis, ya que representa un desafío que requiere reconocer antes que nada la conveniencia y urgencia de incrementar el conocimiento sobre el tema;
PREOCUPADA por los problemas sociales contemporáneos que tienen incidencia en la seguridad ciudadana, los cuales afectan negativamente las comunidades y la calidad de vida de sus habitantes;
RECORDANDO la resolución AG/RES. 2144 (XXXV-O/05) “Promoción de la cooperación hemisférica para el tratamiento de las pandillas”;
DESTACANDO que en la Declaración de Mar del Plata de la Cuarta Cumbre de las Américas, los Jefes de Estado y de Gobierno enfatizaron su preocupación por el problema de las pandillas delictivas y sus aspectos conexos, así como sus efectos en el entorno económico y social que ponen en riesgo los progresos alcanzados por nuestras sociedades en el proceso de estabilidad, democratización y desarrollo sostenible, situación que requiere una acción complementaria y urgente para promover la prevención de hechos delictivos, enjuiciar a aquellos que los cometan, rehabilitarlos, reinsertarlos, así como crear oportunidades para facilitar el acceso de los jóvenes al trabajo decente, como lo expresaron en los artículos 2 y 3 del Plan de Acción de la Cuarta Cumbre de las Américas;
VISTAS las conclusiones y recomendaciones emanadas de la “Reunión sobre pandillas delictivas transnacionales: características, importancia y políticas públicas, y su relación con el problema de las drogas en el contexto de la delincuencia organizada transnacional”, celebrada en Tapachula, Chiapas, México, en junio de 2005, por iniciativa de la Secretaría General, y del “Primer Foro Regional sobre prevención social de la violencia, rehabilitación y reinserción de jóvenes en situación de riesgo o en conflicto con la ley”, realizado en San Salvador, en septiembre del mismo año, por iniciativa de El Salvador, para contribuir a la búsqueda de soluciones a dicho fenómeno desde su perspectiva social y humana; y
TOMANDO NOTA de la creación de la Subsecretaría de Seguridad Multidimensional, y dentro de ella, del Departamento de Prevención de Amenazas contra la Seguridad Pública, responsable, entre otros, de coordinar los esfuerzos de la Secretaría General en temas relacionados con la seguridad ciudadana,
RESUELVE:


  1. Encomendar a la Secretaría General que a través de los órganos de la Organización de los Estados Americanos competentes en el tema:




  1. Apoye a los Estados Miembros que comparten el problema de las pandillas relacionadas con actividades delictivas en la organización de reuniones que puedan realizar en los ámbitos regional, subregional y nacional sobre los diferentes aspectos de dichas pandillas con un enfoque transversal e integral, consolide y difunda sus resultados, y dé seguimiento en lo pertinente a sus conclusiones.




  1. C

    oordine sus trabajos sobre pandillas relacionadas con actividades delictivas con los de otros organismos internacionales, organismos de derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil, incluyendo en éstas últimas a la empresa privada para promover la prevención de hechos delictivos, enjuiciar a aquellos que los cometan, rehabilitarlos y reinsertarlos, así como crear oportunidades para facilitar el acceso de los jóvenes al trabajo decente.






  1. Encomendar a la Secretaría General que lleve a cabo, según corresponda, las actividades mencionadas en la presente resolución, en coordinación con los países que comparten el problema de las pandillas relacionadas con actividades delictivas, de acuerdo con los recursos asignados en el programa-presupuesto de la Organización y otros recursos.




  1. Encomendar al Consejo Permanente que de seguimiento a la presente resolución y presente un informe sobre su cumplimento a la Asamblea General en su trigésimo séptimo período ordinario de sesiones.

AG/RES. 2248 (XXXVI-O/06)


POBLACIONES MIGRATORIAS Y FLUJOS DE MIGRACIÓN EN LAS AMÉRICAS
(Aprobada en la cuarta sesión plenaria,

celebrada el 6 de junio de 2006)



LA ASAMBLEA GENERAL,
RECORDANDO el importante trabajo que la Organización de los Estados Americanos (OEA) realiza para la promoción y protección de los derechos humanos de los trabajadores migrantes y sus familias, con base entre otras en las resoluciones AG/RES. 1717 (XXX-O/00), AG/RES. 1775 (XXXI-O/01), AG/RES. 1898 (XXXII-O/02), AG/RES. 1928 (XXXIII-O/03), AG/RES. 2027 (XXXIV-O/04) y AG/RES. 2130 (XXXV-O/05);
RECORDANDO ASIMISMO la adopción, mediante la resolución AG/RES. 2141 (XXXV-O/05), del Programa Interamericano para la Promoción y Protección de los Derechos Humanos de los Migrantes, incluyendo los Trabajadores Migrantes y sus Familias;
CONSIDERANDO la importancia de ampliar la discusión y el análisis sobre la migración humana, regular e irregular, y los flujos migratorios en las Américas, las causas y el impacto de los mismos en todos los Estados Miembros de la OEA;
RECONOCIENDO que la migración es también un reflejo integral de los procesos de integración y globalización, así como una consecuencia de la disminución de las barreras tradicionales a la movilización de las poblaciones, tales como el tiempo que toma viajar y las largas distancias;
TENIENDO EN CUENTA la importancia social y económica que tienen las migraciones en los países de origen, tránsito y destino de migrantes; y
TENIENDO EN CUENTA ADEMÁS que estos flujos migratorios muy probablemente incrementarán como resultado de varios factores sociales, económicos y demográficos, incluyendo los esfuerzos de integración subregional,
RESUELVE:


  1. Encomendar al Consejo Permanente que celebre una sesión especial en el segundo semestre de 2006 para considerar, analizar y discutir los flujos de migración humana, su impacto en los Estados Miembros y su relación con los derechos humanos de los trabajadores migratorios y de sus familias, con la participación de todas las partes relevantes, incluyendo el Relator Especial sobre Trabajadores Migratorios y Miembros de sus Familias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).




  1. Solicitar al Consejo Permanente que procure establecer una Comisión Especial de Asuntos Migratorios, como una Comisión Especializada del Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA), para analizar temas y flujos de migración desde una perspectiva integral, teniendo en cuenta las disposiciones pertinentes del derecho internacional, en particular el derecho internacional de los derechos humanos.




  1. Instar a los Estados Miembros a que realicen contribuciones voluntarias para las actividades del Relator Especial sobre Trabajadores Migratorios y Miembros de sus Familias de la CIDH, y el Programa Interamericano para la Promoción y Protección de los Derechos Humanos de los Migrantes, incluyendo los Trabajadores Migrantes y sus Familias.




  1. Solicitar al Consejo Permanente que informe a la Asamblea General en su trigésimo séptimo período ordinario de sesiones sobre la ejecución de esta resolución.

AG/RES. 2249 (XXXVI-O/06)


LA EXTRADICIÓN Y LA DENEGACIÓN DE REFUGIO A LOS TERRORISTAS:
MECANISMOS DE COOPERACIÓN EN LA LUCHA CONTRA EL TERRORISMO
(Aprobada en la cuarta sesión plenaria,

celebrada el 6 de junio de 2006)



LA ASAMBLEA GENERAL,
VISTOS, con satisfacción, los instrumentos adoptados en el marco de la Organización de los Estados Americanos, como expresión de la voluntad política de los Estados Miembros para fortalecer la cooperación recíproca en la lucha contra el terrorismo;
RECORDANDO la Convención Interamericana contra el Terrorismo, la resolución RC.23/RES. 1/01/rev. 1 corr. 1, “F
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