Trigésimo sexto período ordinario de sesiones santo domingo, república dominicana del 4 al 6 de junio de 2006 actas y documentos volumen I ag/dec. 46 a ag/dec. 51 (xxxvi-o/06) ag/res. 2158 a ag/res



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ortalecimiento de la cooperación hemisférica para prevenir, combatir y eliminar el terrorismo”, aprobada en la Vigésima Tercera Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores, celebrada en Washington, D.C., el 21 de septiembre de 2001, y la resolución 1373 (2001) aprobada por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas el 28 de septiembre de 2001;
REITERANDO el compromiso establecido en el párrafo 23 de la Declaración sobre la Seguridad en las Américas que “en el marco jurídico referido en el párrafo anterior (párrafo 22), fomentaremos en los países del Hemisferio la capacidad para prevenir, sancionar y eliminar el terrorismo. Fortaleceremos el Comité Interamericano contra el Terrorismo y la cooperación bilateral, subregional y hemisférica, a través del intercambio de información y la más amplia asistencia jurídica mutua para prevenir y reprimir la financiación del terrorismo; impedir la circulación internacional de terroristas, sin perjuicio de los compromisos internacionales aplicables al libre movimiento de personas y la facilitación del comercio; y asegurar el enjuiciamiento, de acuerdo con el derecho interno, de toda persona que participe en la planificación, preparación o comisión de actos de terrorismo y de aquellos que, directa o indirectamente, provean o recolecten fondos con la intención de que se utilicen, o a sabiendas de que serán utilizados, para cometer actos de terrorismo. Nos comprometemos a identificar y combatir las amenazas terroristas emergentes, cualquiera que sea su origen o motivación, tales como amenazas a la seguridad cibernética, el terrorismo biológico y amenazas a la infraestructura crítica”;
DESTACANDO la importancia de la cooperación entre las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley y la cooperación internacional en materia penal, incluidas la asistencia jurídica mutua y la extradición, en la lucha contra el terrorismo. Así como la importancia de observar los instrumentos internacionales adoptados por los Estados Miembros, en particular la Convención Interamericana contra el Terrorismo y los instrumentos citados en su artículo 2;
RECORDANDO que la Quinta Reunión de Ministros de Justicia o de Ministros o Procuradores Generales de las Américas (REMJA V) afirmó que “el daño que infringen y la amenaza que representan las diversas manifestaciones de la delincuencia transnacional organizada y el terrorismo, para nuestros ciudadanos, para nuestras democracias y para el desarrollo económico y social de nuestros Estados, hacen necesario y urgente continuar fortaleciendo y perfeccionando la cooperación jurídica y judicial mutua a nivel hemisférico, así como, si no lo han hecho, adoptar legislación, procedimientos y mecanismos nuevos que les permitan combatir de manera eficaz estos delitos”;
Reafirmando que la lucha contra el Terrorismo debe realizarse con pleno respeto a la ley, a los derechos humanos, al debido proceso y a las instituciones democráticas para preservar el estado de derecho, las libertades y los valores democráticos en el Hemisferio; y
Reafirmando ASIMISMO que todos los Estados Miembros tienen el deber de garantizar que todas las medidas adoptadas para luchar contra el terrorismo, incluyendo la extradición, se ajusten a sus obligaciones de derecho internacional, en particular el derecho internacional de los derechos humanos, el derecho internacional de los refugiados y el derecho internacional humanitario,
RESUELVE:


  1. Instar a todos los Estados Miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA) a cumplir con sus obligaciones establecidas en los instrumentos relevantes de los que sean parte, adoptados para el combate al terrorismo, en particular, las disposiciones aplicables en lo que se refiere a la prestación de asistencia jurídica mutua y a la extradición de cualquier persona que participe en la planificación, preparación, financiación o comisión de actos terroristas, y cuando corresponda, en la tentativa de comisión de dichos delitos.




  1. Exhortar a todos los Estados Miembros a enjuiciar y, en su caso, extraditar, de conformidad con su legislación interna y los tratados y convenciones relevantes, a toda persona que participe en la planificación, preparación, comisión, financiación de actos de terrorismo, y cuando corresponda en la tentativa de dichos delitos.




  1. Exhortar a los Estados Miembros a que, de acuerdo con los artículos 12 y 13 de la Convención Interamericana contra el Terrorismo, según sea aplicable, tomen las medidas que corresponda, de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho interno e internacional para asegurar que la condición de refugiado y asilado no se reconozca a las personas respecto de las cuales haya motivos fundados para considerar que han cometido un delito establecido en los instrumentos internacionales enumerados en el artículo 2 de la mencionada convención.




  1. Exhortar asimismo a los Estados Miembros a que, de acuerdo con la resolución 1373 (2001) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, a que denieguen refugio a quienes financian, planifican o cometen actos de terrorismo, o prestan apoyo a esos actos, o proporcionan refugios.




  1. En el cumplimiento de esta resolución, los Estados Miembros tendrán en consideración lo dispuesto en el artículo 15.2. de la Convención Interamericana contra el Terrorismo, el cual afirma: “Nada de lo dispuesto en la presente Convención se interpretara en sentido de que menoscaba otros derechos y obligaciones de los Estados y de las personas conforme al derecho internacional, en particular la Carta de las Naciones Unidas, la Carta de la OEA, el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional de los refugiados”.




  1. Respaldar el esfuerzo y el trabajo realizado por los Estados Miembros y los órganos, organismo y entidades de la OEA, en concordancia con los mecanismos creados para combatir el terrorismo.




  1. Ratificar las recomendaciones formuladas en la Quinta Reunión de Ministros de Justicia o de Ministros o Procuradores de las Américas (REMJA V), en el sentido de continuar la consideración de acciones para fortalecer la cooperación jurídica hemisférica en materia de extradición, incluyendo la extradición temporal cuando proceda, de acuerdo con la legislación nacional, y proceder a la preparación de las secciones relativas a la cooperación jurídica y judicial mutua de un plan de acción hemisférico para el combate contra la delincuencia organizada transnacional y contra el terrorismo, incluyendo medidas de administración de casos por el Estado requirente para no sobrecargar al Estado requerido.

8. Acoger las recomendaciones en materia de extradición de la Segunda Reunión de las Autoridades Centrales y otros Expertos en Asistencia Mutua en Materia Penal y Extradición, celebrada en Brasilia, Brasil, del 1 al 3 de septiembre de 2005, endosadas por la REMJA VI, en particular que la cooperación en ese campo sea efectiva, eficiente y diligente.


9. Instar a los Estados Miembros a asegurar que ninguna persona recibida en extradición será sometida a violaciones de derechos humanos o a penas crueles, inhumanas y degradantes, en el marco de sus compromisos internacionales.

AG/RES. 2250 (XXXVI-O/06)


OBLIGACIÓN DE LOS ESTADOS MIEMBROS DE RESPETAR
LAS NORMAS Y PRINCIPIOS DEL DERECHO INTERNACIONAL CONTENIDOS
EN LA CARTA DE LA ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS

PARA PRESERVAR Y FORTALECER LA PAZ CONTINENTAL16/


(Aprobada en la cuarta sesión plenaria,

celebrada el 6 de junio de 2006)

LA ASAMBLEA GENERAL,
RECORDANDO que los fundamentos históricos, jurídicos y políticos de la Organización de los Estados Americanos tienen entre sus antecedentes la Unión Panamericana, que surgió del Congreso Anfictiónico de Panamá, cuyo objetivo fue preservar la independencia de las repúblicas americanas, promover la paz, la solidaridad, afianzar la soberanía y promover el desarrollo económico, social y cultural de los pueblos del continente americano;
RECORDANDO IGUALMENTE principios enunciados en la Carta de la Organización de los Estados Americanos y en la Carta de las Naciones Unidas;
REAFIRMANDO en los términos de la Carta de la OEA que el derecho internacional es norma de conducta de los Estados en sus relaciones recíprocas y que el ordenamiento jurídico internacional está esencialmente constituido por el pleno respeto a la igualdad jurídica de los Estados, la soberanía, la no intervención, la independencia y el fiel cumplimiento de las obligaciones emanadas de los tratados y otras fuentes del derecho internacional, así como el cumplimiento de buena fe de las obligaciones internacionales;
REAFIRMANDO TAMBIÉN que la debida observancia de los siguientes propósitos esenciales contenidos en la Carta de la OEA constituye un medio eficaz para afianzar la paz y la seguridad del Hemisferio: Procurar la solución de los problemas políticos, jurídicos y económicos que se susciten entre los Estados; prevenir las posibles causas de dificultades y asegurar la solución pacífica de controversias que surjan entre los Estados Miembros;
AFIRMANDO que una de las normas de obligatorio cumplimiento para la preservación de la paz regional, en la cual se fundamenta la existencia jurídica de la Organización de los Estados Americanos, es que todo Estado tiene derecho a elegir, sin injerencias externas, su sistema político, económico y social, y a organizarse en la forma que más le convenga, y tiene el deber de no intervenir en los asuntos de otros Estados; y
DESTACANDO los principios de cooperación y solidaridad, fomento de la amistad entre los Estados,
RESUELVE:


  1. Reiterar el contenido del artículo 3 de la Carta de la Organización de los Estados Americanos (OEA) en que se mencionan, entre otros, los siguientes principios que garantizan la paz regional y se constituyen en fundamentos de la Organización de los Estados Americanos: el pleno respeto a la igualdad jurídica de los Estados, la soberanía, la independencia política, la integridad territorial y la no intervención.

2. Exhortar a los Estados Miembros a continuar sus esfuerzos para promover la solidaridad, la cooperación y la participación en condiciones de igualdad para alcanzar la justicia social.


3. Reiterar el mandato al Consejo Permanente de que, a través de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos, celebre una sesión especial sobre los principios de derecho internacional contenidos en la Carta de la OEA.
4. Solicitar al Secretario General que brinde el apoyo para el cumplimiento de esta resolución y que presente un informe al trigésimo séptimo período ordinario de sesiones de la Asamblea General.
AG/RES. 2251 (XXXVI-O/06)
PROMOCIÓN DE LA COOPERACIÓN REGIONAL PARA LA APLICACIÓN DE LA
CARTA DEMOCRÁTICA INTERAMERICANA EN OCASIÓN DE SU QUINTO ANIVERSARIO

(Aprobada en la cuarta sesión plenaria,

celebrada el 6 de junio de 2006)

LA ASAMBLEA GENERAL,


VISTAS la resolución AG/RES. 2154 (XXXV-O/05) “Promoción de la Cooperación Regional para la Aplicación de la Carta Democrática Interamericana” y la “Declaración de Florida: Hacer realidad los beneficios de la democracia” (AG/DEC. 41 (XXXV-O/05)), ambas aprobadas por la Asamblea General, reunida en Fort Lauderdale, Estados Unidos;
CONSIDERANDO:
Que la Carta de la Organización de los Estados Americanos (OEA) establece la importancia de promover y consolidar la democracia representativa dentro del respeto al principio de no intervención;
Que la Carta Democrática Interamericana declara que los pueblos de las Américas tienen derecho a la democracia y sus gobiernos la obligación de promoverla y defenderla, y que la democracia es esencial para el desarrollo social, político y económico de los pueblos de las Américas;
Que la democracia representativa es condición indispensable para la estabilidad, la paz y el desarrollo de la región; y
Que en el año 2006 se cumple el quinto aniversario de la aprobación de la Carta Democrática Interamericana;
REITERANDO:
Que la democracia, la inclusión social, la movilidad social y el desarrollo económico son interdependientes y se refuerzan mutuamente;
Que la cooperación multilateral juega un papel importante en el apoyo a los esfuerzos nacionales para promover la gobernabilidad y los principios de la democracia, y facilita el diálogo en los ámbitos político, económico, social y cultural; y
Que la democracia representativa se refuerza y profundiza con la participación permanente, ética y responsable de la ciudadanía en un marco de legalidad conforme al respectivo orden constitucional;
RECONOCIENDO la labor de otras instituciones regionales y subregionales, y la necesidad de trabajar en coordinación con las mismas;

RECONOCIENDO TAMBIÉN la importancia de la participación de las organizaciones de la sociedad civil;


CONSCIENTE de que los pueblos del Hemisferio tienen derecho a las libertades fundamentales, los derechos humanos, el respeto por la dignidad y el valor de la persona humana, la igualdad de derechos de hombres y mujeres, y 1a promoción de la justicia social, y mejores estándares de vida;
CONSCIENTE ASIMISMO de la necesidad de dotar a la Organización de procedimientos que faciliten la cooperación para el cumplimiento de las normas y principios contenidos en la Carta Democrática Interamericana, de modo que contribuya efectivamente a la preservación y consolidación de la democracia en los países del Hemisferio;
RECONOCIENDO que el cumplimiento efectivo de 1a Carta Democrática Interamericana constituye un objetivo permanente para los pueblos y gobiernos de las Américas;
RECORDANDO que la promoción y observancia de los derechos económicos, sociales y culturales son consustanciales al desarrollo integral, al crecimiento económico con equidad y a la consolidación de la democracia en los Estados del Hemisferio;
TENIENDO PRESENTE:
Que en la Declaración de Mar del Plata de la Cuarta Cumbre de las Américas, los Jefes de Estado y de Gobierno de las Américas reiteraron su compromiso con la Carta de la OEA y la Carta Democrática Interamericana y reafirmaron su resolución de fortalecer su plena y efectiva implementación; y
Que en Mar del Plata, los Jefes de Estado y de Gobierno de las Américas respaldaron también los compromisos asumidos en la “Declaración de Florida: Hacer realidad los beneficios de la democracia” (AG/DEC. 41 (XXXV-O/05)), adoptada por la Asamblea General, reunida en Fort Lauderdale, Estados Unidos, y solicitaron a los órganos políticos y a la Secretaría General de la OEA que continúen avanzando en la efectiva implementación de dicha Declaración,
RESUELVE:
1. Reiterar la vigencia de los mandatos contenidos en la resolución AG/RES. 2154 (XXXV-O/05) “Promoción de la Cooperación Regional para la aplicación de la Carta Democrática Interamericana”.
2. Reafirmar que el Secretario General, en el ejercicio de las funciones que le confiere la Carta de la Organización de los Estados Americanos y en aplicación de la Carta Democrática Interamericana, podrá llevar a la atención del Consejo Permanente aquellas situaciones que pueden requerir acción, de conformidad con dichos instrumentos.
3. Encomendar al Secretario General que, a solicitud de los Estados Miembros, facilite y refuerce actividades que incluyan capacitación y cooperación técnica que coadyuven al fortalecimiento democrático institucional en la región. A tal efecto, se podrá intercambiar información y experiencias con otros organismos.
4. Encomendar al Consejo Permanente que convoque una sesión especial para conmemorar el quinto aniversario de la aprobación de la Carta Democrática Interamericana.
5. Solicitar al Consejo Permanente que informe a la Asamblea General en su trigésimo séptimo periodo ordinario de sesiones sobre el estado de cumplimiento de la presente resolución.
AG/RES. 2252 (XXXVI-O/06)
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA: FORTALECIMIENTO DE LA DEMOCRACIA17/
(Aprobada en la cuarta sesión plenaria,

celebrada el 6 de junio de 2006)



LA ASAMBLEA GENERAL,
VISTOS el informe anual del Consejo Permanente a la Asamblea General (AG/doc.4548/06 add. 6) sobre el estado de cumplimiento de la resolución AG/RES. 2121 (XXXV-O/05) “Acceso a la información pública: Fortalecimiento de la democracia”;
CONSIDERANDO que la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece en su artículo 13 que “Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión.  Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección”;
CONSIDERANDO TAMBIÉN que el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos incluye el derecho “de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión”;
RECORDANDO que el Plan de Acción de la Tercera Cumbre de las Américas, celebrada en la ciudad de Quebec en 2001, señala que los Gobiernos asegurarán que sus legislaciones nacionales se apliquen de igual manera para todos, respetando la libertad de expresión y el acceso de todos los ciudadanos a la información pública;
DESTACANDO que la Carta Democrática Interamericana señala en su artículo 4 que son componentes fundamentales del ejercicio de la democracia: la transparencia de las actividades gubernamentales, la probidad, la responsabilidad de los gobiernos en la gestión pública, el respeto por los derechos sociales y la libertad de expresión y de prensa;
CONSTATANDO que los Jefes de Estado  manifestaron en la Declaración de Nuevo León que el acceso a la información en poder del Estado, con el debido respeto a las normas constitucionales y legales, incluidas las de privacidad y confidencialidad, es condición indispensable para la participación ciudadana y promueve el respeto efectivo de los derechos humanos y que, en tal sentido, se comprometieron a contar también con los marcos jurídicos y normativos, así como con las estructuras y condiciones necesarias, para garantizar el derecho al acceso a la información pública;
TENIENDO EN CUENTA la adopción de la Declaración de Santiago sobre democracia y confianza ciudadana: Un nuevo compromiso de gobernabilidad para las Américas” (AG/DEC.31 (XXXIII-O/03)), así como la resolución AG/RES. 1960 (XXXIII-O/03), “Programa de gobernabilidad democrática en las Américas”;
CONSIDERANDO que la Agencia Interamericana para la Cooperación y el Desarrollo (AICD) ha venido identificando y facilitando el acceso a los gobiernos de los Estados Miembros a las prácticas de gobierno electrónico que facilitan la aplicación de las tecnologías de la información y la comunicación a los procesos gubernamentales;
CONSIDERANDO TAMBIÉN que la Oficina para la Promoción de la Democracia  (OPD) ha venido apoyando a los gobiernos de los Estados Miembros en el tratamiento  del tema del acceso a la información pública;
TOMANDO NOTA de los trabajos realizados por el Comité Jurídico Interamericano (CJI) sobre el tema, en particular el documento “Derecho de la información: acceso y protección de la información y datos personales en formato electrónico” (CJI/doc.25/00 rev. 1);
RECONOCIENDO que la meta de lograr una ciudadanía informada debe compatibilizarse con otros objetivos de bien común, tales como la seguridad nacional, el orden público y la protección de la privacidad de las personas, conforme a las leyes adoptadas a tal efecto;
RECONOCIENDO también que la democracia se fortalece con el pleno respeto a la libertad de expresión, al acceso a la información pública y a la libre difusión de las ideas, y que todos los sectores de la sociedad, incluidos los medios de comunicación, a través de la información pública que difunden a la ciudadanía, pueden contribuir a un ambiente de tolerancia de todas las opiniones, propiciar una cultura de paz y fortalecer la gobernabilidad democrática;
TENIENDO EN CUENTA el importante papel que puede desempeñar la sociedad civil en promover un amplio acceso a la información pública;
TOMANDO NOTA de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), así como de la Declaración Conjunta sobre Acceso a la Información del Relator Especial de las Naciones Unidas para la Libertad de Opinión y Expresión, el Representante de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa para la Libertad de los Medios de Comunicación y el Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos adoptada en 2005;
TOMANDO NOTA ASIMISMO de los informes del Relator Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH sobre la situación del acceso a la información en el Hemisferio correspondientes a los años 2003, 2004 y 2005;
RECORDANDO las iniciativas adoptadas por la sociedad civil relativas al acceso a la información pública, particularmente la Declaración de Chapultepec, los Principios de Johannesburgo, los Principios de Lima y la Declaración SOCIUS Perú 2003: Acceso a la Información, así como el Foro Regional Acceso a la Información Pública: Retos para el Derecho a la Información en el Continente, realizado en la ciudad de Lima, Perú, los días 20 y 21 de enero del 2004;
RECORDANDO ASIMISMO que los medios de comunicación, el sector privado y los partidos políticos también pueden jugar un importante papel en la facilitación del acceso de los ciudadanos a la información en poder del Estado; y
TENIENDO EN CONSIDERACIÓN el informe del Consejo Permanente sobre la implementación de la resolución AG/RES. 2121 (XXXV-O/05) “Acceso a la información pública: Fortalecimiento de la democracia”,
RESUELVE:


  1. Reafirmar que toda persona tiene la libertad de buscar, recibir, acceder y difundir informaciones y que el acceso a la información pública es requisito indispensable para el funcionamiento mismo de la democracia.




  1. Instar a los Estados Miembros a que respeten y hagan respetar el acceso de todas las personas a la información pública y promuevan la adopción de las disposiciones legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para asegurar su reconocimiento y aplicación efectiva.




  1. Alentar a los Estados Miembros a que, de acuerdo con el compromiso asumido en la Declaración de Nuevo León y con el debido respeto a las normas constitucionales y legales, elaboren y/o adapten, de ser el caso, los respectivos marcos jurídicos y normativos, para brindar a los ciudadanos el amplio acceso a la información pública.




  1. Alentar, asimismo, a los Estados Miembros a que, cuando elaboren y/o adapten, de ser el caso, los respectivos marcos jurídicos normativos, brinden a la sociedad civil la oportunidad de participar en dicho proceso e instar a los Estados Miembros a que, cuando elaboren y adapten su legislación nacional, tengan en cuenta criterios de excepción claros y transparentes.




  1. Alentar a los Estados Miembros a que tomen las medidas necesarias, a través de sus respectivas legislaciones nacionales y otros medios apropiados, para facilitar la disponibilidad de dicha información a través de medios electrónicos o de cualquier otro medio que permita un fácil acceso a la información pública. 




  1. Encomendar a la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y al Departamento para la Promoción de la Gobernabilidad que:
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