Trigésimo sexto período ordinario de sesiones santo domingo, república dominicana del 4 al 6 de junio de 2006 actas y documentos volumen I ag/dec. 46 a ag/dec. 51 (xxxvi-o/06) ag/res. 2158 a ag/res



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Encomendar al Consejo Permanente que observe de cerca el trabajo de la RIAD y que convoque la próxima reunión ministerial, tomando en cuenta los recursos disponibles en el programa-presupuesto de la Organización y otros recursos.




  1. Solicitar al Secretario General que presente un informe sobre el cumplimiento de esta resolución al trigésimo séptimo período ordinario de sesiones de la Asamblea General.

AG/RES. 2174 (XXXVI-O/06)
PROGRAMA INTERAMERICANO PARA EL DESARROLLO DEL
DERECHO INTERNACIONAL
(Aprobada en la cuarta sesión plenaria,

celebrada el 6 de junio de 2006)



LA ASAMBLEA GENERAL,
VISTO el informe anual del Consejo Permanente a la Asamblea General (AG/doc.4548/06 add. 6), en particular en lo que se refiere al cumplimiento de la resolución AG/RES. 2070 (XXXV-O/05) “Programa Interamericano para el Desarrollo del Derecho Internacional”;
CONSIDERANDO que la Asamblea General adoptó, en 1996, la Declaración de Panamá sobre la contribución interamericana al desarrollo y la codificación del derecho internacional (AG/DEC. 12 (XXVI-O/96)) y en 1997 adoptó, mediante la resolución AG/RES. 1471 (XXVII-O/97), el Programa Interamericano para el Desarrollo del Derecho Internacional;
CONSIDERANDO ASIMISMO que la Asamblea General ha venido reafirmando su apoyo a dicho Programa a través de las resoluciones AG/RES. 1557 (XXVIII-O/98), AG/RES. 1617 (XXIX-O/99), AG/RES. 1705 (XXX-O/00), AG/RES. 1766 (XXXI-O/01), AG/RES. 1845 (XXXII-O/02), AG/RES. 1921 (XXXIII-O/03), AG/RES. 2032 (XXXIV-O/04) y AG/RES. 2070 (XXXV-O/05);
TOMANDO NOTA del informe sobre el Programa Interamericano para el Desarrollo del Derecho Internacional “Actividades realizadas por el Departamento de Asuntos Jurídicos Internacionales (abril 2005 – febrero 2006)” contenido en el documento CP/CAJP-2332/06 y presentado en cumplimiento de dicho Programa; y
TOMANDO NOTA CON SATISFACCIÓN de la celebración de la Reunión de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos para intercambiar experiencias sobre el tratamiento que las academias diplomáticas y otros centros de formación de funcionarios públicos le otorgan al derecho interamericano, celebrada en la sede de la Organización de los Estados Americanos el 19 de enero de 2006, cuyo informe final fuera presentado por el Presidente de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos (CP/CAJP-2324/06 corr. 1),
RESUELVE:


  1. Reafirmar la importancia del Programa Interamericano para el Desarrollo del Derecho Internacional, reiterar su apoyo al mismo y solicitar al Departamento de Asuntos Jurídicos Internacionales de la Secretaría General que continúe con la ejecución de las acciones enumeradas en dicho Programa.




  1. Instar a la Secretaría General a que, a través de la Oficina de Derecho Internacional del Departamento de Asuntos Jurídicos Internacionales, continúe realizando las Jornadas de Derecho Internacional y el Curso de Derecho Internacional en Río de Janeiro, brinde apoyo a las actividades encaminadas al mejor conocimiento del derecho internacional con especial énfasis en el sistema interamericano, así como a aquellas relativas a la difusión de la información jurídica y el estado de firmas y ratificaciones de los tratados interamericanos depositados en la Secretaría General, a través de publicaciones, medios electrónicos y la Internet, en todos los idiomas oficiales de la Organización de los Estados Americanos (OEA).




  1. Tomar nota del informe de la Reunión de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos para intercambiar experiencias sobre el tratamiento que las academias diplomáticas y otros centros de formación de funcionarios públicos le otorgan al derecho interamericano, y solicitar a la Oficina de Derecho Internacional que continúe apoyando a la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos (CAJP) en la organización de estos eventos y establezca una base de datos en su página de Internet sobre las academias diplomáticas del Hemisferio en atención a las recomendaciones de la citada reunión.




  1. Solicitar a la Oficina de Derecho Internacional del Departamento de Asuntos Jurídicos Internacionales que diseñe un curso general modelo sobre el sistema interamericano, destinado a las academias diplomáticas, otros centros de formación de funcionarios públicos y demás centros de enseñanza del derecho en el Hemisferio, en el marco de los mandatos del Programa de Desarrollo para el Derecho Internacional sobre la promoción y difusión del sistema interamericano y de las recomendaciones de la reunión de la CAJP sobre el tratamiento del derecho interamericano.




  1. Solicitar al Consejo Permanente que dé seguimiento al cumplimiento de esta resolución de acuerdo con los recursos asignados en el programa-presupuesto de la Organización y otros recursos, y que informe a la Asamblea General en su trigésimo séptimo período ordinario de sesiones.

AG/RES. 2175 (XXXVI-O/06)


EL DERECHO A LA VERDAD2/
(Aprobada en la cuarta sesión plenaria,

celebrada el 6 de junio de 2006)



LA ASAMBLEA GENERAL,
CONSIDERANDO la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, la Convención Americana sobre Derechos Humanos “Pacto de San José de Costa Rica”, la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura y la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas;
CONSIDERANDO PARTICULARMENTE los artículos 25, 8, 13 y 1.1. de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, relativos al derecho a la protección judicial, al debido proceso y garantías judiciales, a la libertad de expresión y al deber de los Estados de respetar y garantizar los derechos humanos, respectivamente;
CONSIDERANDO TAMBIÉN las disposiciones contenidas en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, los Convenios de Ginebra de 1949 y sus Protocolos Adicionales de 1977, y otros instrumentos pertinentes de la normativa internacional de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, así como la Declaración y Programa de Acción de Viena;
TOMANDO NOTA de la universalidad, interdependencia, indivisibilidad e interrelación de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales;
OBSERVANDO los artículos 32 y 33 del Protocolo Adicional I, adoptado el 8 de junio de 1977, a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados internacionales, que reconocen el derecho que asiste a las familias a conocer, tan pronto las circunstancias lo permitan, la suerte de las personas desaparecidas en conflictos armados;
DESTACANDO que también se deberían adoptar las medidas adecuadas para identificar a las víctimas en las situaciones que no equivalgan a conflicto armado, en especial en los casos de violaciones graves o sistemáticas de los derechos humanos;
RECORDANDO la resolución 2005/66 de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas sobre el derecho a la verdad;
RECORDANDO TAMBIÉN la resolución AG/RES. 445 (IX-O/79) sobre la promoción de los derechos humanos, así como las resoluciones AG/RES. 510 (X-O/80), AG/RES. 618 (XII-O/82), AG/RES. 666 (XIII-O/83) y AG/RES. 742 (XIV-O/84) sobre desapariciones forzadas;
TENIENDO EN CUENTA la resolución AG/RES. 2134 (XXXV-O/05) sobre personas desaparecidas;
OBSERVANDO que la Asamblea General ha recibido informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la situación de los derechos humanos en ciertos países de la región, que se refieren al derecho a la verdad y reconocen que la desaparición de personas causa sufrimiento y penurias, especialmente a los familiares y a cualquier persona con interés legítimo, por la incertidumbre en que se encuentran sobre su suerte, y por la imposibilidad en que se hallan de proporcionarles asistencia legal, moral y material;
OBSERVANDO TAMBIÉN que la Comisión y la Corte Interamericanas de Derechos Humanos han reconocido el derecho a la verdad en el marco de las recomendaciones y sentencias adoptadas, respectivamente, sobre varios casos individuales de violaciones a los derechos humanos;
CONSCIENTE de que el derecho a la verdad puede caracterizarse de manera diferente en algunos sistemas jurídicos como derecho a saber o a ser informado o libertad de información;
TOMANDO NOTA de las conclusiones del seminario regional “Memoria, verdad y justicia de nuestro pasado reciente”, realizado en el marco de la Reunión de Altas Autoridades Competentes en Derechos Humanos y Cancillerías del MERCOSUR y Estados Asociados, en noviembre de 2005, que reconocen la dimensión colectiva del derecho a la verdad;
DESTACANDO el compromiso que debe adoptar la comunidad regional a favor del reconocimiento del derecho que asiste a las víctimas de violaciones manifiestas a los derechos humanos y violaciones graves al derecho internacional humanitario, así como a sus familias y a la sociedad en su conjunto, de conocer la verdad sobre tales violaciones de la manera más completa posible, en particular la identidad de los autores y las causas, los hechos y las circunstancias en que se produjeron;
DESTACANDO TAMBIÉN la importancia de que los Estados provean mecanismos efectivos para toda la sociedad y, en particular, para los familiares de las víctimas, con el fin de conocer la verdad con respecto a violaciones manifiestas de los derechos humanos y violaciones graves del derecho internacional humanitario; y
CONVENCIDA de que los Estados deben, dentro de sus propios marcos jurídicos internos, preservar los archivos y otras pruebas relativas a violaciones manifiestas de los derechos humanos y violaciones graves del derecho internacional humanitario para facilitar el conocimiento de tales violaciones, investigar las denuncias y proporcionar a las víctimas acceso a un recurso efectivo, de conformidad con el derecho internacional, a fin de evitar, entre otros motivos, que estas violaciones vuelvan a ocurrir en el futuro,

RESUELVE:




  1. Reconocer la importancia de respetar y garantizar el derecho a la verdad para contribuir a acabar con la impunidad y promover y proteger los derechos humanos.




  1. Acoger con satisfacción la creación en varios Estados de mecanismos judiciales específicos, así como otros mecanismos extrajudiciales o ad-hoc, como las comisiones de la verdad y la reconciliación, que complementan el sistema judicial, para contribuir en la investigacion de las violaciones de los derechos humanos y las del derecho internacional humanitario, y valorar la preparación y publicación de los informes y decisiones de esos órganos.




  1. Alentar a los Estados interesados a difundir y aplicar las recomendaciones formuladas por mecanismos nacionales extrajudiciales o ad-hoc, como las comisiones de la verdad y la reconciliación, y a vigilar su implementación en el ámbito interno, así como a informar sobre la observancia de las decisiones de los mecanismos judiciales.




  1. Alentar a otros Estados a que estudien la posibilidad de crear mecanismos judiciales específicos y, según proceda, comisiones de la verdad u otras de similar naturaleza, que complementen el sistema judicial para contribuir a investigar y castigar las violaciones manifiestas de los derechos humanos y las violaciones graves del derecho internacional humanitario.




  1. Alentar a los Estados, y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dentro del ámbito de su competencia, a que presten a los Estados que así lo soliciten, la asistencia necesaria y adecuada sobre el derecho a la verdad, a través de, entre otras acciones, la cooperación técnica y el intercambio de información relativa a medidas administrativas, legislativas y judiciales nacionales aplicadas, así como de experiencias y mejores prácticas que tienen por objeto la protección, promoción y aplicación de este derecho.




  1. Solicitar a la CIDH que elabore un informe, para su presentación al Consejo Permanente, sobre el desarrollo del derecho a la verdad en el Hemisferio, que incluya los mecanismos y experiencias nacionales en este tema.




  1. Alentar a todos los Estados a tomar las medidas pertinentes para establecer mecanismos o instituciones que divulguen la información sobre violaciones de los derechos humanos y aseguren el acceso adecuado de los ciudadanos a esta información, con el fin de promover el ejercicio del derecho a la verdad y la prevención de futuras violaciones de los derechos humanos, así como para lograr la determinación de responsabilidades en esta materia.




  1. Solicitar al Consejo Permanente que dé seguimiento a la presente resolución, la cual será ejecutada de acuerdo con los recursos asignados en el programa-presupuesto de la Organización y otros recursos, y que presente un informe sobre su cumplimiento a la Asamblea General en su trigésimo séptimo período ordinario de sesiones.

AG/RES. 2176 (XXXVI-O/06)
PROMOCIÓN DE LA CORTE PENAL INTERNACIONAL3/
(Aprobada en la cuarta sesión plenaria,

celebrada el 6 de junio de 2006)



LA ASAMBLEA GENERAL,
RECORDANDO las resoluciones AG/RES. 1619 (XXIX-O/99), AG/RES. 1706 (XXX-O/00), AG/RES. 1709 (XXX-O/00), AG/RES. 1770 (XXXI-O/01), AG/RES. 1771 (XXXI-O/01), AG/RES. 1900 (XXXII-O/02), AG/RES. 1929 (XXXIII-O/03), AG/RES. 2039 (XXXIV-O/04) y AG/RES. 2072 (XXXV-O/05);
RECORDANDO TAMBIÉN la recomendación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (OEA/Ser.L/V/II.102, Doc. 6 rev., del 16 de abril de 1999, Cap. VII, 21.3.B), así como su resolución No. 1/03 sobre juzgamiento de crímenes internacionales y el documento “Marco de referencia para la acción de la OEA con respecto a la Corte Penal Internacional” (AG/INF.248/00);
RECONOCIENDO que la aprobación del Estatuto de la Corte Penal Internacional, el 17 de julio de 1998 en Roma, marca un hito en la lucha contra la impunidad y que la Corte constituye un instrumento eficaz para la consolidación de la justicia y la paz internacionales;
PROFUNDAMENTE CONSTERNADA por las persistentes violaciones al derecho internacional humanitario y al derecho internacional de los derechos humanos, y reafirmando que todos los Estados tienen la obligación primordial de juzgar y castigar tales violaciones a fin de prevenir su repetición y evitar la impunidad de los perpetradores de tales crímenes;
CONVENCIDA de la importancia de preservar la efectividad e integridad jurídica del Estatuto de Roma y la jurisdicción de la Corte Penal Internacional y reconociendo la firme voluntad de sus Estados Parte para preservarlas;
CONVENCIDA IGUALMENTE de la importancia que tiene la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados para la preservación de la efectividad e integridad jurídica del Estatuto de Roma;
CONGRATULÁNDOSE porque, con la entrada en vigor del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional el 1 de julio de 2002, la Corte Penal Internacional se constituyó en la instancia judicial que complementa los esfuerzos de las jurisdicciones nacionales para enjuiciar a los responsables de los crímenes más graves de trascendencia internacional, tales como el genocidio, los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra;
CONSCIENTE de que el funcionamiento efectivo de la Corte Penal Internacional requiere de la cooperación de los Estados, de las organizaciones internacionales y regionales, así como del apoyo de la sociedad civil;
ACOGIENDO CON SATISFACCIÓN que con la ratificación de México se ha alcanzado el número de 100 Estados que han ratificado o se han adherido al Estatuto de Roma, entre ellos 22 miembros de la Organización de los Estados Americanos y que 139 Estados lo firmaron, entre ellos 27 pertenecientes a la Organización;
TOMANDO NOTA CON AGRADO de que 17 Estados del Hemisferio han firmado el Acuerdo sobre Privilegios e Inmunidades de la Corte Penal Internacional, siete Estados lo han ratificado o se han adherido al mismo, y otros están en proceso de hacerlo;
SUBRAYANDO la contribución que hace la Asamblea de los Estados Parte del Estatuto de Roma para fortalecer la cooperación de los Estados y mejorar el funcionamiento de la Corte Penal Internacional;
TOMANDO NOTA de los resultados del cuarto período de sesiones de la Asamblea de los Estados Parte del Estatuto de Roma, realizado del 28 de noviembre al 3 de diciembre de 2005, y contenidos en el documento ICC-ASP/4/32 de la Corte Penal Internacional;
EXPRESANDO su satisfacción por los progresos alcanzados por la Corte Penal Internacional para consolidarse como una instancia judicial plenamente operativa;
HABIENDO VISTO el informe del Comité Jurídico Interamericano presentado en cumplimiento de la resolución AG/RES. 2072 (XXXV-O/05), contenido en el documento CP/doc.4111/06;
EXPRESANDO su satisfacción por la celebración en la sede de la Organización, el 3 de febrero de 2006, de la “Sesión de Trabajo sobre las medidas adecuadas que los Estados deben tomar para cooperar con la Corte Penal Internacional en la investigación, enjuiciamiento y sanción de los responsables de haber cometido crímenes de guerra, lesa humanidad y genocidio y delitos en contra de la administración de justicia de la Corte Penal Internacional”, en el marco de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos, en la cual participaron representantes de la Corte Penal Internacional, del Comité Internacional de la Cruz Roja y de organizaciones de la sociedad civil, y tomando nota de los resultados de dicha sesión contenidos en el Informe del Relator (CP/CAJP-2327/06 corr. 1); y
TOMANDO NOTA del informe anual del Consejo Permanente a la Asamblea General contenido en el documento AG/doc.4548/06 add. 6,
RESUELVE:


  1. Exhortar a los Estados Miembros de la Organización que aún no lo hayan hecho a que consideren la ratificación o adhesión, según sea el caso, del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.




  1. Exhortar a todos los Estados Miembros de la Organización a que continúen participando constructivamente en la Asamblea de los Estados Parte del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional y fomentar la participación de los Estados que todavía no son parte.




  1. Exhortar a los Estados Miembros de la Organización que sean parte o signatarios del Estatuto de Roma a que promuevan y respeten su objeto y su fin, con miras a preservar su efectividad e integridad.




  1. Reiterar el llamado a los Estados Miembros de la Organización que sean Parte del Estatuto de Roma a adaptar o realizar los cambios necesarios en su legislación interna para su efectiva e íntegra implementación, incluyendo las disposiciones relevantes del derecho internacional de los derechos humanos y/o del derecho internacional humanitario.




  1. Exhortar a aquellos Estados Miembros que no sean Parte del Estatuto de Roma a adecuar su legislación interna de conformidad con los instrumentos de derecho internacional de los derechos humanos y de derecho internacional humanitario que les sean aplicables.




  1. Exhortar a los Estados Miembros de la Organización a que consideren la ratificación o adhesión, según sea el caso, del Acuerdo sobre Privilegios e Inmunidades de la Corte Penal Internacional y, en el caso de aquellos Estados que ya son parte de dicho Acuerdo, a realizar lo conducente para su efectiva e íntegra aplicación en el ámbito nacional.




  1. Alentar a los Estados a que contribuyan al Fondo Fiduciario establecido por las Naciones Unidas en beneficio de las víctimas de crímenes que son de la competencia de la Corte Penal Internacional, así como en beneficio de sus familias, y al Fondo para facilitar la participación de los países menos adelantados.




  1. Solicitar al Comité Jurídico Interamericano que, sobre la base de los resultados del informe presentado (CP/doc. 4111/06), elabore un documento de recomendaciones a los Estados Miembros de la OEA, sobre la forma de fortalecer la cooperación con la Corte Penal Internacional, así como los avances que se registren al respecto, y que lo presente al Consejo Permanente para que éste a su vez lo haga llegar al trigésimo séptimo período ordinario de sesiones de la Asamblea General de la Organización.




  1. Instar a los Estados Miembros de la Organización a que cooperen entre sí y según sea el caso, con la Corte Penal Internacional a fin de evitar la impunidad de los responsables de haber cometido los crímenes más graves de trascendencia internacional, tales como los crímenes de guerra, lesa humanidad y genocidio, asegurándose de que su legislación nacional facilita dicha cooperación y contempla los delitos de la competencia de la Corte Penal Internacional.




  1. Solicitar al Consejo Permanente que, con el apoyo de la Secretaría General, celebre una sesión de trabajo sobre las medidas adecuadas que los Estados deben tomar para cooperar con la Corte Penal Internacional en la investigación, enjuiciamiento y sanción de los responsables de haber cometido crímenes de guerra, lesa humanidad y genocidio y delitos en contra de la administración de justicia de la Corte Penal Internacional. Se invitará a la Corte Penal Internacional, organizaciones internacionales y organizaciones no gubernamentales a que cooperen y participen en esta sesión de trabajo.




  1. Solicitar al Consejo Permanente que incluya el tema de la implementación del Estatuto de Roma y del Acuerdo de Privilegios e Inmunidades en la agenda de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos.




  1. Solicitar al Secretario General que presente un informe sobre el cumplimiento de esta resolución al trigésimo séptimo período ordinario de sesiones de la Asamblea General.

AG/RES. 2177 (XXXVI-O/06)


DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS:
APOYO A LAS TAREAS QUE DESARROLLAN LAS PERSONAS, GRUPOS Y
ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL PARA LA PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS EN LAS AMÉRICAS
(Aprobada en la cuarta sesión plenaria,

celebrada el 6 de junio de 2006)

LA ASAMBLEA GENERAL,
VISTOS el informe anual del Consejo Permanente a la Asamblea General (AG/doc.4548/06 add. 3) en lo que se refiere a este tema y la resolución AG/RES. 2067 (XXXV-O/05) “Defensores de derechos humanos: apoyo a las tareas que desarrollan las personas, grupos y organizaciones de la sociedad civil para la promoción y protección de los derechos humanos en las Américas”;
RECORDANDO la Declaración de las Naciones Unidas sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidos;
PREOCUPADA porque en las Américas persisten situaciones que, directa o indirectamente, impiden o dificultan las tareas de las personas, grupos u organizaciones que trabajan en la protección y promoción de los derechos humanos y libertades fundamentales;
TENIENDO EN CUENTA QUE en la resolución 60/161 de la Asamblea General de las Naciones Unidas y la resolución 2005/67 de la Comisión de Derechos Humanos de dicha Organización, los Estados Miembros de las Naciones Unidas observaron “con honda preocupación que, en muchos países, las personas y organizaciones que se dedican a promover y defender los derechos humanos y las libertades fundamentales son objeto de amenazas, hostigamiento, acoso e inseguridad como consecuencia de esas actividades”;

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