Trigésimo sexto período ordinario de sesiones santo domingo, república dominicana del 4 al 6 de junio de 2006 actas y documentos volumen I ag/dec. 46 a ag/dec. 51 (xxxvi-o/06) ag/res. 2158 a ag/res



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CONSIDERANDO que los Estados Miembros de la Organización de los Estados Americanos apoyan la labor desarrollada por los defensores de los derechos humanos y reconocen la valiosa contribución de los mismos en la promoción, respeto y protección de los derechos humanos y libertades fundamentales en las Américas, así como en la representación y defensa de individuos, minorías y otros grupos de personas cuyos derechos se ven amenazados o violados;
TOMANDO NOTA de lo señalado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en sus resoluciones para otorgar medidas provisionales sobre la importancia que tiene el trabajo de los defensores de derechos humanos para el desarrollo de las democracias en las Américas;
TENIENDO EN CUENTA los trabajos realizados por la Unidad sobre Defensores de Derechos Humanos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y las respuestas presentadas por los Estados Miembros al cuestionario elaborado por la citada Unidad tendiente a la preparación de un informe integral sobre la materia;

DESTACANDO que la protección y promoción de los derechos humanos es una labor legítima y que al ejercerla, los defensores de derechos humanos contribuyen decididamente al fortalecimiento de las instituciones democráticas y al perfeccionamiento de los sistemas nacionales de derechos humanos;


DESTACANDO IGUALMENTE la importancia de la función que desempeñan los defensores de los derechos humanos, mediante la promoción del diálogo, la apertura, la participación y la justicia, para contribuir a la prevención de la violencia y promover una paz y seguridad sostenibles, y la afirmación que, para ser eficaces, las estrategias internacionales en este ámbito deben prestar particular atención a la protección de los defensores de los derechos humanos; y
HABIENDO RECIBIDO el documento titulado “Informe sobre la situación de las defensoras y defensores de los derechos humanos en las Américas” (OEA/Ser.L/V/II.124, Doc. 5 rev. 1, del 7 de marzo de 2006), elaborado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos,
RESUELVE:


  1. Reiterar su respaldo a la tarea que desarrollan, en el plano nacional y regional, los defensores de los derechos humanos, y reconocer su valiosa contribución en la promoción, respeto y protección de los derechos humanos y libertades fundamentales en el Hemisferio.




  1. Reconocer que las mujeres defensoras de los derechos humanos, en virtud de sus actuaciones y necesidades específicas a su género, merecen atención especial que permita asegurar su plena protección y la eficacia de las importantes actividades que realizan.




  1. Condenar los actos que directa o indirectamente impiden o dificultan las tareas que desarrollan los defensores de los derechos humanos en las Américas.




  1. Alentar a los defensores de los derechos humanos a continuar trabajando desinteresadamente y contribuyendo para el perfeccionamiento de los sistemas nacionales de derechos humanos para el fortalecimiento de la democracia en observancia de los principios contenidos en la Declaración de las Naciones Unidas sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidos.




  1. Alentar a los Estados Miembros a que continúen o emprendan, según sea el caso, actividades de educación y divulgación dirigidas a los funcionarios del Estado, a la sociedad en general y a los medios de comunicación públicos y privados, para concienciarlos acerca de la importancia y validez del trabajo de los defensores de derechos humanos y de sus organizaciones.




  1. Exhortar a los Estados Miembros a que continúen intensificando los esfuerzos para adoptar las medidas necesarias que garanticen la vida, la libertad y la integridad personal de los defensores de derechos humanos y sus familiares, incluyendo mecanismos de protección urgentes y efectivos frente a situaciones de amenaza o riesgo inminente, y a que en todos los casos de violaciones contra los defensores de derechos humanos se realicen investigaciones y procesamientos completos e imparciales, y a que se apliquen las sanciones correspondientes.




  1. Solicitar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que:




    1. siga prestando la adecuada atención a esta materia;




    1. continúe intensificando el diálogo y la cooperación con la Representante Especial del Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas sobre Defensores de Derechos Humanos, e




    1. incluya en su informe anual, una sección sobre la labor de la Unidad sobre Defensores de Derechos Humanos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.




  1. Invitar a los Estados Miembros a que promuevan la difusión y aplicación de los instrumentos del sistema interamericano y las decisiones de sus órganos en esta materia, así como de la Declaración de las Naciones Unidas sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidos.




  1. Invitar a los Estados Miembros a que consideren la elaboración e implementación de Planes Nacionales que pongan en práctica los principios contenidos en la Declaración de las Naciones Unidas mencionada en el párrafo anterior, para cuyo objetivo también podrán recurrir al asesoramiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.




  1. Solicitar al Consejo Permanente que informe sobre el cumplimiento de esta resolución a la Asamblea General en su trigésimo séptimo período ordinario de sesiones, la cual será ejecutada de acuerdo con los recursos asignados en el programa-presupuesto de la Organización y otros recursos.

AG/RES. 2178 (XXXVI-O/06)


NORMAS PARA LA CONFECCIÓN DE LOS INFORMES PERIÓDICOS
PREVISTOS EN EL PROTOCOLO DE SAN SALVADOR
(Aprobada en la cuarta sesión plenaria,

celebrada el 6 de junio de 2006)



LA ASAMBLEA GENERAL,
VISTOS el informe anual del Consejo Permanente a la Asamblea General (AG/doc.4548/06 add. 6) así como las resoluciones AG/RES. 2030 (XXXIV-O/04), AG/RES. 2041 (XXXIV-O/04) y AG/RES. 2074 (XXXV-O/05);
CONSIDERANDO las disposiciones de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, cuyo Capítulo III se refiere a los derechos económicos, sociales y culturales;
DESTACANDO la entrada en vigor, en noviembre de 1999, del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, “Protocolo de San Salvador”, y que 13 Estados Miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA) han ratificado dicho instrumento jurídico;
RECORDANDO que tanto la Convención Americana como el Protocolo de San Salvador reconocen que los derechos esenciales de la persona no nacen del hecho de ser nacional de determinado Estado, sino que tienen como fundamento los atributos de la persona humana;
TENIENDO PRESENTE que el artículo 19 del Protocolo de San Salvador dispone que los Estados Parte se comprometen a presentar, de conformidad con lo dispuesto en ese artículo y las correspondientes normas que al efecto deberá elaborar la Asamblea General de la OEA, informes periódicos respecto de medidas progresivas que hayan adoptado para asegurar el debido respeto de los derechos consagrados en el mismo Protocolo;
RECONOCIENDO que, mediante la resolución AG/RES. 2074 (XXXV-O/05), la Asamblea General aprobó las “Normas para la confección de los informes periódicos previstos en el Protocolo de San Salvador”; y
TENIENDO EN CUENTA que el Plan de Acción de la Cuarta Cumbre de las Américas, realizada en Mar del Plata, Argentina, el 5 de noviembre de 2005, exhortó a los Estados Miembros a que consideren firmar y ratificar o adherir, según sea el caso, el Protocolo de San Salvador y a que colaboren en el desarrollo de indicadores de progreso en materia de derechos económicos, sociales y culturales, de conformidad con la resolución AG/RES. 2074 (XXXV-O/05),
RESUELVE:


  1. Encomendar al Consejo Permanente que, a través de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos, continúe con su labor y presente a la brevedad posible propuestas sobre la composición y el funcionamiento del Grupo de Trabajo previsto para el análisis de los informes nacionales, de conformidad con las normas para la confección de los informes periódicos dispuestos en el artículo 19 del Protocolo de San Salvador, lo cual supondría un avance cualitativo en esta materia.




  1. Solicitar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que, de conformidad con lo establecido en las Normas mencionadas en el punto 1 de esta resolución, continúe su trabajo con miras a proponer lo antes posible al Consejo Permanente, para su eventual aprobación, los indicadores de progreso a ser empleados para cada agrupamiento de derechos protegidos sobre los que deba presentarse informe, teniendo en cuenta, entre otros, los aportes del Instituto Interamericano de Derechos Humanos.




  1. Reiterar que los plazos para la presentación de los informes nacionales de avance que deban presentar los Estados Parte del Protocolo de San Salvador correrán a partir de la aprobación, por parte del Consejo Permanente, de lo establecido en los puntos resolutivos 1 y 2 de esta resolución.




  1. Exhortar a los Estados Miembros a que consideren firmar y ratificar, ratificar o adherir, según sea el caso, el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, “Protocolo de San Salvador”.




  1. Solicitar al Consejo Permanente que informe sobre el cumplimiento de esta resolución a la Asamblea General en su trigésimo séptimo período ordinario de sesiones, la cual será ejecutada de acuerdo con los recursos asignados en el programa-presupuesto de la Organización y otros recursos.

AG/RES. 2179 (XXXVI-O/06)


CONVENCIÓN INTERAMERICANA CONTRA LA FABRICACIÓN Y
EL TRÁFICO ILÍCITOS DE ARMAS DE FUEGO, MUNICIONES,
EXPLOSIVOS Y OTROS MATERIALES RELACIONADOS
(Aprobada en la cuarta sesión plenaria,

celebrada el 6 de junio de 2006)

LA ASAMBLEA GENERAL,
VISTO el informe anual del Consejo Permanente a la Asamblea General, en particular la sección que se refiere a los asuntos asignados a la Comisión de Seguridad Hemisférica (AG/doc. 4548/06 add. 2-c);
REITERANDO la urgente necesidad de que todos los Estados Miembros tomen las medidas apropiadas y cooperen entre ellos para impedir, combatir y erradicar la fabricación y el tráfico ilícitos de armas de fuego, municiones, explosivos y otros materiales relacionados, por los efectos nocivos de estas actividades para la seguridad de cada Estado y de la región en su conjunto, que ponen en riesgo el bienestar de los pueblos, su desarrollo social y económico, y su derecho a vivir en paz;  
DESTACANDO la importancia de la Convención Interamericana contra la Fabricación y el Tráfico Ilícitos de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y Otros Materiales Relacionados (CIFTA) para promover y facilitar la cooperación y el intercambio de información y de experiencias entre los Estados Parte con el fin de impedir, combatir y erradicar la fabricación y el tráfico ilícitos de armas de fuego, municiones, explosivos y otros materiales relacionados;  
REITERANDO la trascendencia de las decisiones adoptadas por la Primera Conferencia de los Estados Parte de la CIFTA, celebrada en la ciudad de Bogotá, Colombia, los días 8 y 9 de marzo de 2004, y en particular de los compromisos y acciones acordados en la Declaración de Bogotá sobre el Funcionamiento y Aplicación de la Convención Interamericana contra la Fabricación y el Tráfico Ilícitos de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y otros Materiales Relacionados;
RECORDANDO que los Jefes de Estado y de Gobierno de las Américas elegidos democráticamente, reunidos en la Cumbre Extraordinaria en la ciudad de Monterrey, México, expresaron en la Declaración de Nuevo León, adoptada el 13 de enero de 2004, su compromiso de luchar contra todas las formas de delincuencia transnacional, incluido el tráfico ilícito de armas;  
CONSIDERANDO que en la Declaración sobre Seguridad en las Américas, adoptada el 28 de octubre de 2003 en la ciudad de México, los Estados del Hemisferio reconocieron que la fabricación y el tráfico ilícitos de armas de fuego, municiones, explosivos y otros materiales relacionados son una amenaza a la seguridad hemisférica, que al ser usados por terroristas y criminales socavan el estado de derecho, engendran violencia y en algunos casos impunidad, exacerban los conflictos y representan un serio peligro para la seguridad de las personas, y que acordaron combatir la fabricación y el tráfico ilícitos de armas de fuego, municiones, explosivos y otros materiales relacionados;

TENIENDO PRESENTE el Programa de Acción de las Naciones Unidas para prevenir, combatir y eliminar el tráfico ilícito de armas pequeñas y ligeras en todos sus aspectos y la contribución hemisférica a su implementación, y la importancia de dar pasos concretos en el Hemisferio hacia la implementación de los elementos nacionales, regionales y mundiales de dicho Programa de Acción; 


RECORDANDO las resoluciones AG/RES. 1 (XXIV-E/97); AG/RES. 1621 (XXIX-O/99), AG/RES. 1750 (XXX-O/00), AG/RES. 1800 (XXXI-O/01), AG/RES. 1874 (XXXII-O/02), AG/RES. 1972 (XXXIII-O/03), AG/RES. 1999 (XXXIV-O/04) y AG/RES. 2094 (XXXV-O/05) relacionadas con la CIFTA;
CONSIDERANDO los importantes avances alcanzados por el Comité Consultivo de la CIFTA, en particular por las decisiones adoptadas durante su séptima reunión ordinaria, celebrada el 6 de abril de 2006;
TENIENDO PRESENTE la resolución del Consejo Permanente CP/RES. 906 (1550/06), “Convocatoria de la Segunda Reunión del Grupo de Expertos CIFTA-CICAD para la elaboración de legislación modelo en relación con las áreas a que se refiere la CIFTA”, adoptada en cumplimiento de la resolución AG/RES. 2094 (XXXV-O/05);
TOMANDO NOTA CON SATISFACCIÓN:
De los resultados de la Primera Reunión del Grupo de Expertos CIFTA-CICAD para la elaboración de legislación modelo en relación con las áreas a que se refiere la CIFTA celebrada los días 6 y 7 de febrero de 2006 en la sede de la Organización en Washington, D.C.;
Del Programa de Trabajo 2006-2007 del Comité Consultivo de la CIFTA, aprobado por dicho Comité en su séptima reunión ordinaria;
De los resultados de la Primera Reunión de Autoridades Nacionales directamente responsables del otorgamiento de las autorizaciones o licencias de importación, exportación y tránsito de armas de fuego, municiones y explosivos y otros materiales relacionados, realizada los días 6 y 7 de octubre de 2005 en la sede de la Organización;
De los resultados y las recomendaciones de la Segunda Reunión de Autoridades Centrales y Otros Expertos en Asistencia Jurídica Mutua en Materia Penal y Extradición en el marco de la Reunión de Ministros de Justicia o de Ministros o Procuradores Generales de las Américas (REMJA), que tuvo lugar en la ciudad de Brasilia, Brasil, del 1 al 3 de septiembre de 2005; y
De la participación del Comité Consultivo de la CIFTA, a través de su Secretaría Pro Tempore, en la Segunda Reunión Bienal de los Estados para examinar la ejecución del Programa de Acción para prevenir, combatir y eliminar el tráfico ilícito de armas pequeñas y ligeras en todos sus aspectos, celebrada del 11 al 15 de julio de 2005 en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York;
VISTO el informe del Secretario General sobre el estado de firmas y ratificaciones de la CIFTA y tomando nota del hecho de que esta Convención ha sido firmada por 33 Estados Miembros y ratificada por 26 de ellos; y

REAFIRMANDO la importancia de que la CIFTA entre en vigor en todos los Estados Miembros a la brevedad posible, con el fin de facilitar y asegurar el cumplimiento de sus propósitos en todo el Hemisferio, 


RESUELVE:


  1. Exhortar a los Estados Miembros que aún no lo hayan hecho a que den pronta consideración a la ratificación o adhesión, según sea el caso, de la Convención Interamericana contra la Fabricación y el Tráfico Ilícitos de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y Otros Materiales Relacionados (CIFTA), así como a la adopción de las medidas que sean necesarias para su efectiva implementación.




  1. Respaldar la realización, en el marco del Comité Consultivo de la CIFTA, de la Segunda Reunión del Grupo de Expertos CIFTA-CICAD, prevista para los días 11, 12 y 13 de octubre de 2006, para culminar, el primer día, la elaboración del proyecto de legislación modelo sobre marcaje y rastreo de armas, así como para iniciar la elaboración del proyecto de legislación modelo sobre el fortalecimiento de los controles en los puntos de exportación, de acuerdo con lo previsto en las resoluciones del Consejo Permanente CP/RES. 884 (1484/05) y CP/RES. 906(1550/06).




  1. Solicitar al Consejo Permanente que considere, y según sea apropiado, adopte ad referéndum del trigésimo séptimo periodo ordinario de sesiones de la Asamblea General, la legislación modelo sobre marcaje y rastreo de armas, mencionada en el párrafo dispositivo 2 de esta resolución.




  1. Felicitar al Comité Consultivo de la CIFTA por la adopción de parámetros generales para ordenar y dar un formato común a los informes que deberán presentar los Estados sobre los artículos VIII, IX, X y XIII de la CIFTA, con el fin de fortalecer el seguimiento de la implementación de la Convención.




  1. Hacer suya la recomendación de la Segunda Reunión de Autoridades Centrales y Otros Expertos en Asistencia Jurídica Mutua en Materia Penal y Extradición en el marco de la Reunión de Ministros de Justicia o de Ministros o Procuradores Generales de las Américas (REMJA), (Brasil, septiembre de 2005) para que en las próximas reuniones de autoridades centrales y otros expertos en asistencia mutua en materia penal y extradición, se considere el fortalecimiento de la cooperación en estas áreas en el marco de la CIFTA y con respecto a actos de corrupción, en cumplimiento a los compromisos consignados en los párrafos 9 y 10 de la Declaración de Bogotá sobre el Funcionamiento y Aplicación de la Convención Interamericana contra la Fabricación y el Tráfico Ilícitos de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y otros Materiales Relacionados (Declaración de Bogotá).




  1. Solicitar a la Secretaría Pro Tempore del Comité Consultivo de la CIFTA que participe activamente en la Conferencia de las Naciones Unidas para revisar el progreso alcanzado en la implementación del Programa de Acción de las Naciones Unidas para prevenir, combatir y erradicar el tráfico ilícito de armas pequeñas y ligeras en todos sus aspectos, la cual tendrá lugar en Nueva York del 26 de junio al 7 de julio del 2006.




  1. Solicitar a la Secretaria General que continúe los acercamientos con el Departamento de Asuntos de Desarme (DAD) de las Naciones Unidas, el Centro Regional de las Naciones Unidas para la Paz, el Desarme y el Desarrollo de América Latina y el Caribe (UN-LiREC) y sus asociados, y la Junta Interamericana de Defensa (JID) a través del Colegio Interamericano de Defensa, para preparar y dictar cursos especializados en la destrucción de armas pequeñas, armas ligeras, y municiones, así como en la gestión de arsenales.




  1. Solicitar asimismo a la Secretaría General que continúe los acercamientos con el DAD de las Naciones Unidas y el UN-LiREC y sus asociados para preparar y dictar cursos especializados para entrenar a instructores en técnicas especiales para la investigación de la fabricación y el tráfico ilícitos de armas de fuego y municiones, y, cuando sea apropiado, sobre registros nacionales.




  1. Invitar al Comité Consultivo de la CIFTA a que continúe informando periódicamente a la Comisión de Seguridad Hemisférica del Consejo Permanente sobre los desarrollos dados en cumplimiento de lo previsto en la Declaración de Bogotá, con el fin de que dicha Comisión los pueda tener en cuenta para la elaboración de estrategias coordinadas y planes de acción integrados relacionados con las nuevas amenazas, preocupaciones, y otros desafíos a la seguridad hemisférica.




  1. Invitar a los Estados Parte de la CIFTA a hacer contribuciones voluntarias al Comité Consultivo de la CIFTA con el fin de apoyar las actividades establecidas en el Programa de Trabajo de ese Comité en cumplimiento de la Declaración de Bogotá.




  1. Solicitar a los Estados Miembros y Estados Observadores de la OEA, y a las organizaciones internacionales, regionales, y subregionales interesadas en la materia, así como la comunidad internacional, que consideren la posibilidad de prestar asistencia técnica, financiera y educativa en apoyo a la implementación de medidas para prevenir, combatir y erradicar la fabricación y el tráfico ilícitos de armas de fuego, municiones, explosivos y otros materiales relacionados.




  1. Disponer que las reuniones del Comité Consultivo de la CIFTA, incluidas las que se realicen para los efectos dispuestos en el párrafo resolutivo 2 de la presente resolución, se lleven a cabo de acuerdo con los recursos asignados en el programa-presupuesto de la Organización y otros recursos, y solicitar a la Secretaría General que brinde el apoyo administrativo y de secretaría técnica requeridos para estos efectos.




  1. Solicitar al Secretario General que presente un informe sobre el estado de firmas y ratificaciones de la CIFTA a la Asamblea General en su trigésimo séptimo período ordinario de sesiones.




  1. Solicitar al Consejo Permanente que informe a la Asamblea General en su trigésimo séptimo período ordinario de sesiones sobre la implementación de la presente resolución.

AG/RES. 2180 (XXXVI-O/06)


LAS AMÉRICAS COMO ZONA LIBRE DE MINAS TERRESTRES ANTIPERSONAL4/
(Aprobada en la cuarta sesión plenaria,

celebrada el 6 de junio de 2006)



LA ASAMBLEA GENERAL,
REITERANDO su profunda preocupación por la presencia en las Américas de miles de minas terrestres antipersonal y de otros dispositivos explosivos sin detonar;
TENIENDO PRESENTE:
La grave amenaza que representan las minas y otros artefactos explosivos sin detonar para la seguridad, la salud y la vida de las poblaciones civiles locales, así como del personal que participa en los programas y operaciones humanitarios, de mantenimiento de la paz y de rehabilitación;
Que la presencia de minas es un factor que impide el desarrollo económico y social en zonas rurales y urbanas; y
Que su eliminación constituye una obligación y una condición necesaria para el desarrollo e integración de los pueblos, en especial de las poblaciones fronterizas, y contribuye a afianzar una estrategia común de lucha contra la pobreza;
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