Universidad autónoma de asunción facultad de ciencias jurídicas, políticas y sociales



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UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ASUNCIÓN

FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS, POLÍTICAS Y SOCIALES

MAESTRÍA EN CIENCIAS JURÍDICAS

La Legítima Defensa De Terceros. Alcances

Sandra Beatriz Ledesma Espinosa

ASUNCIÓN, PARAGUAY


2014

ÍNDICE


INTRODUCCIÓN 3

1. TEORÍAS, ORÍGINES Y EVOLUCIÓN HISTÓRICA 4

1.1. TEORÍAS 4

1.2. ORIGENES Y EVOLUCIÓN 9


2. EL INSTITUTO JURÍDICO EN EL DERECHO PENAL PARAGUAYO 11

3. LA LEGÍTIMA DEFENSA EN LA LEGISLACIÓN EXTRANJERA 14

4. CONCLUSIONES E IMPRESIONES PERSONALES 17




INTRODUCCIÓN

La legítima defensa, constituye una de las causas de justificación más discutidas y estudiadas en las legislaciones de Latinoamérica. Como es sabida toda causa de justificación es definida como todo hecho antijurídico que pierde ese carácter en casos particulares siendo uno de estos casos la legitima defensa.


El artículo 19 del Código Penal paraguayo desarrolla esta figura penal, debemos puntualizar que muchos la confunden con las causas de exculpación o irreprochabilidad, planteándose de miedo o de una perturbación del ánimo en el que se defiende al ser objetivo de un ataque. Pero debemos tener presente que en la medida en que la defensa sea respuesta proporcionada a una agresión injusta, no cabe duda que, cualquiera sea la actitud anímica del que se defiende, existe una autentica causa de justificación que legitima defensa.
Pues bien la presente monografía desarrolla todo lo referente a la Legitima Defensa, desde el punto de vista doctrinario y a lo dispuesto en el artículo 19 del Código Penal, así como también a los excesos de la legítima defensa, los cuales se encuentran sustentados en principios de la escuela finalista del derecho penal.

1. TEORÍAS, ORÍGINES Y EVOLUCIÓN HISTÓRICA




1.1. TEORÍAS


CABANELLAS1: Causa o circunstancia eximente de la responsabilidad criminal; la de más arraigo en el Derecho Penal y la menos discutida en teoría, salvo su redacción técnica. En todo caso, configura un derecho y no un deber el de defenderse utilizando la violencia contra el agresor; porque razones circunstanciales pueden aconsejar el alejamiento o la fuga como medio más eficaz de protección individual, y sin que afecte al honor en principio. Débese ello a que, en términos generales, es preferible antes que sobreviva el malhechor a que, por imprudencia vindicativa, contribuya la víctima a su propia perdición.
Caracterización. Constituye la legítima defensa —legalizada por su admisión legislativa— una derogación de la justicia por la propia mano, ante la necesidad de actuar directamente cuando el ataque compromete de tal modo los intereses, que sólo la reacción propia puede evitar el mal o su agravación. Muy certera y lacónica es la definición dada por Soler: “La reacción necesaria contra una agresión injusta, actual y no provocada”, que se adapta a los textos positivos y comprende las tres especies capitales de la legítima defensa: la propia, la de parientes y la de extraños, que se tratan por separado.
Índole. Dentro de la clasificación técnica de las causas de exención de la responsabilidad penal, la legítima defensa se alinea entre las llamadas causas de justificación. Aun existiendo intención plena en el acto, está plenamente justificado, por la falta de malicia y por la necesidad de la acción. Para la Escuela positiva, la legítima defensa no suscita ninguna medida de seguridad (salvo los síntomas revelados en el exceso), por cuanto el sujeto no muestra peligrosidad; ya que sólo ha reaccionado ante un acto antisocial, y ejerciendo la defensa social.
Ámbito. La legítima defensa no incluye tan sólo la protección de la vida y de la integridad corporal; aun cuando constituyen éstos los casos típicos y aquellos antes los cuales la inmediación de la réplica se revela más urgente. Todos los derechos, dentro de su peculiaridad, y de la reacción adecuada, pueden ser protegidos. El problema reside en la “proporción” y en la necesidad inaplazable de la relación ofensiva.
Las complejidades de la agresión única o dual, de la unicidad o reciprocidad en ataque y defensa, se consideran con amplitud al tratar del agresor.
En la esfera internacional. El concepto de la legítima defensa se ha ampliado al Derecho Internacional y a las agresiones armadas, en que la seguridad general de los habitantes del país y la integridad sagrada del suelo patrio exigen la oposición armada y violenta a toda intromisión de Ejércitos enemigos. Incluso en el pacifismo teórico, se reconoce que ~ cabe imponer la pasividad, aun cuando pueda resultar conveniente por impotencia (como Checoslovaquia en 1938 y 1939, Dinamarca en 1940 y Suecia en 1941 ante la presión germánica), frente a la invasión extranjera.
ROXIN: El derecho a ejercer una defensa legítima despierta el más profundo interés incluso en personas que no están ligadas de modo alguno con el sistema jurídico. No resulta poco habitual que, en reiteradas ocasiones, quienes estamos relacionados de una u otra manera al estudio del derecho hayamos sido interrogados por nuestros cercanos acerca de los límites de esta causal de justificación. “Si estoy siendo víctima de un robo, ¿puedo herir al asaltante?”, “¿puedo incluso quitarle la vida si es necesario?”, “¿es lo mismo si está dentro de mi hogar?”, son los comunes cuestionamientos que nos han realizado en repetidas oportunidades. Ya expresaba esta cercanía con el derecho en comento un proyecto de ley del parlamento alemán del año 1962, manifestando que la legítima defensa es para el particular un “(…) derecho protector duro y enraizado en la convicción jurídica del pueblo”2.
Al admitir dicha convicción jurídica y aplicarla en el ámbito del sistema normativo penal a título de causal de justificación, desembocamos en una solución radical: quien ha ejercido una defensa legítima queda absolutamente eximido de responsabilidad criminal, y lo que resulta ilícito en el común de las circunstancias pasa a ser plenamente legal. La radicalidad de la eximente que trabajamos se manifiesta tanto en la magnitud de los bienes jurídicos que permite afectar, como en la no restricción bajo criterios de proporcionalidad en cuanto a la colisión de intereses jurídicos resguardados. En efecto, pueden llegar a afectarse, y de modo absoluto, la totalidad de los bienes jurídicos protegidos por el derecho. Así las cosas, a la pregunta que en el párrafo anterior anticipábamos no cabe otra respuesta que la afirmativa: Sí, en determinadas circunstancias, podemos golpear, herir y matar a nuestro agresor, y estar actuando absolutamente conforme a derecho.
MUÑOZ CONDE: “Entre las causas de justificación interesan, sobre todo, la legítima defensa y el estado de necesidad, que han sido objeto de múltiples investigaciones y trabajos monográficos. La Naturaleza de la legítima defensa como causa de justificación parece fuera de duda, aunque durante mucho tiempo estuvo confundida con las causas de exculpación, planteándose como un problema de miedo o de perturbación del ánimo en el que se defietne al ser objeto de un ataque. Pero en la medida en que la defensa sea respuesta proporcionada a una agresión injusta, no cabe duda de que, cualquiera sea la actitud anímica del que se defiende, existe una auténtica causa de justificación que legitima el acto realizado”3.
Muñoz Conde divide el punto de la legitima defensa en tres subtopicos 1) la agresión ilegítima: “Este requisito es el presupuesto de la legítima defensa y lo que la diferencia de otras causas de justificación (por ej. Del estado de necesidad). También para la eximente incompleta es requisito esencial: con él puede darse la justificación incompleta aunque falte alguno de los otros; sin él, no; 2) Necesidad racional del medio empleado para impedir o repeler la agresión. Este requisito supone la concurrencia de dos extremos distintos: La necesidad de defensa, que sólo persiste mientras la agresión dura, siempre que sea, además, la única vía posible para repelerla o impedirla. La racionalidad del medio empelado que exige la proporcioanldiad, tanto en la especie como en la medida, de los medios empleados para repeler la agresión. Es decir, la entidad de la defensa una vez que ésta sea necesaria, es preciso que se adecue a la entidad de la agresión, de lo contrario no habría justificación plena y, todo lo más, vendrá en consideración la eximente incompleta (exceso intensivo); 3) Falta de provocación suficiente por parte del defensor. En principio, una interpretación estricta de este requisito llevaría a la injusta conclusión de que, cuando la agresión es consecuencia de una previa provocación del que luego se defiende ante ella, en ningún caso cabe apreciar legítima defensa. Sin embargo, esta interpretación podría conducir a una pura responsabilidad por el resultado, si se niega toda posibilidad de defenderse a quien ciertamente provocó la agresión, pero no con la entidad con que ésta se produjo (el sujeto, por ejemplo, empuja al contrario, pero éste reacciona violentamente atacándole con un hacha)4.

1.2. ORIGENES Y EVOLUCIÓN


La legítima defensa es como en términos de precisión dice el maestro Luis Jiménez de Asúa5 la “repulsa de la agresión ilegítima, actual o inminente, por el atacado o tercera persona, contra el agresor, sin traspasar la necesidad de la defensa y dentro de la racional proporción de los medios, empleados para impedirla a repelerla.
El reconocimiento del derecho a ejercerla, arranca sin dudas de las edades más primitivas. Ello es lo que quiso indicar Geib6, con su célebre frase: “la legítima defensa no tiene historia”. Elocuentemente lo señalará Don Joaquín Francisco Pacheco, al escribir que la tesis que proclama su licitud, ingénita en nuestro ánimo y en nuestra conciencia, deducida delo más íntimo de la naturaleza humana, ha sido consignada en todos los tiempos y por todos los Códigos, con más o menos perfección, pero siempre de un modo explicito y terminante. Siempre se ha comprendido que a la cabeza de todos nuestros deberes están los que tenemos para con nosotros mismos; y que toda obligación, respecto a un extraño, se eclipsa ante un derecho propio que necesariamente haya de contrariarla y de ser con ella inconciliable. Aún la ley suprema de la moral que nos preceptúa el amor de nuestros semejantes, nos lo encarga como igual al que nos tenemos, nos dice, empero, como regla, que los hayamos de amar más que nos amamos a nosotros mismos’. “La defensa es, pues, un acto licito. Se cumple un deber consigo propio, y se ejerce un derecho respectivamente a los demás ejercitándola y poniéndola por obra. La ley misma, por celosa que sea de su ministerio y de sus atribuciones, no pueden desconocer la legitimidad que a aquella le acompaña. La ley no puede mandar al hombre que no se defienda, cuando ella no la puede defender. La ley no puede inculpar al que se ha defendido, toda vez que no evitaba la agresión de que aquél era víctima. Porque la ley tiene que respetar la naturaleza humana; porque la ley no puede incriminar acciones que aquella declara inocentes; y nuestra naturaleza nos ha inspirado el sentimiento de la propia conservación, como el más espontáneo, el más instintivo, el primero y el irresistible de todos los sentimientos». y si “el instinto de la propia conservación, el sentimiento de la personalidad, obligan al hombre a defenderse a si propio y a sus derechos: el amor de la familia la arrastra a defender a sus parientes; la generosidad, el amor de lo justo, la sublevación natural contra la opresión que el fuerte ejercida en el débil, la impelen, a su vez a defender a los extraños... ».
En la Alta Edad medía española, Fueros municipales (por ej. los de Daroca y 1142, Soria, San Emeterio de 1187, etc.) y Constituciones de Cortes (como las de las Cortes de Huesca de 1188 y la carta magna leonesa del mismo año, otorgada por el rey Don Alfonso de León y Galicia) previeron la justa defensa, aunque sujetándola a limitaciones algunas de tales ordenamientos7.
El Código de las siete Partidas, la legislo con perfección no superada hasta la Codificación moderna, refiriéndola en primer término a supuestos concretos como la defensa de la vida contra el injusto atacante actual e insistente la muerte dada al forzador de la propia mujer, de la hija o de la hermana, y a la mujer adultera o la hija deshonesta; la inferida al que de noche incendiare o destruyere de otra guisa, leo campos o la causa del que en reacción contra ese ataque la matara lo mismo que al ladrón diurno y nocturno que usare de la fuerza. Más adelante en la ley 7Q (tít. X, p. VII) la enunció en general como reacción de uno frente a cualquier daño que quisieren causar a sus cosas8.


2. EL INSTITUTO JURÍDICO EN EL DERECHO PENAL PARAGUAYO


En nuestro Derecho es necesario diferenciar entre los requisitos o presupuestos esenciales en el art. 19 del CP. En consecuencia, ésta será también la sistemática que seguiremos en este caso en la exposición de los requisitos de la legítima defensa, y para plantear después la delimitación entre el denominado exceso extensivo y el exceso intensivo en la legítima defensa.
A) Requisito esencial: rechazar o desviar una agresión, presente y antijurídica
Al mencionar el articulo 19 las palabras rechazar o desviar una agresión, presente y antijurídica, ha de entenderse, la acción o conducta humana, dolosa, que pone en peligro el bien jurídico, sin que haya llegado aún a lesionarlo o, en segundo lugar, que haya lesionado ya el bien jurídico pero concurre el peligro de una lesión ulterior (necesidad de impedir o repeler la agresión). La acción ha de ser antijurídica y además penalmente típica, es decir, que ha de afectar a bienes jurídicopenalmente protegidos, quedando excluidos de la eximente los ataques a bienes jurídicos supraindividuales o colectivos. Finalmente, la agresión ha de ser actual, y comienza a serlo desde el momento en que el peligro que crea haga preciso e inaplazable actuar, pues de lo contrario hay riesgo de que una posterior defensa sea insegura o ineficaz, y sigue siendo actual mientras subsista el peligro de lesión o de ulteriores lesiones.

B) Requisito inesencial: cuando ella fuera necesaria y racional


El medio de defensa será necesario cuando se trate del medio menos lesivo posible para el agresor, pero que al mismo tiempo resulte igualmente seguro y suficiente para impedir o repeler la agresión, es decir, que la acción defensiva ha de ser cuantitativamente idónea para rechazar la agresión; la defensa podrá ir aumentando en intensidad si aumenta la de la agresión o si ésta no cesa con el primer medio defensivo interpuesto. En principio la intensidad necesaria en el procedimiento defensivo habrá de ser proporcional a la entidad, intensidad y peligrosidad de la agresión; esto significa que ante una agresión poco importante será bastante y seguro utilizar un procedimiento poco lesivo, o al menos se podrá probar primero con éste sin riesgo antes de pasar a otro medio más lesivo, y al revés, cuando la agresión sea muy peligrosa para bienes jurídicos importantes normalmente habrá que recurrir, por ser los únicos seguros, a medios defensivos muy duros. Pero esto no significa que siempre haya de ser así.
La necesidad del medio defensivo es objeto de una ampliación legitimadora a través del calificativo referido a lo razonable, calificación que se refiere a la necesidad de la defensa, no al medio de defensa, y significa una ampliación del ámbito de la justificación, pues basta con la creencia objetiva y racionalmente fundada ex ante en que era preciso recurrir a ese medio de defensa para que nos encontremos ante un medio defensivo necesario, aunque a posteriori se compruebe que realmente éste no era necesario. Se trata, por tanto, de un error objetivamente invencible sobre la necesidad de la defensa, error en el que puede incurrir el hombre medio ideal empleando toda la diligencia debida en esa situación, y por tal razón se puede afirmar que existía «necesidad racional».
Esto significa que, de manera excepcional, la ley está equiparando el error objetivamente invencible sobre el requisito inesencial de la legítima defensa con la concurrencia objetiva de este requisito.
Si el sujeto no emplea el medio defensivo necesario, porque podía haber utilizado otro igualmente seguro pero menos lesivo para el agresor, habrá cometido un exceso intensivo, que podrá ser doloso o imprudente, y no podrá estar plenamente justificado el hecho realizado, por faltar este requisito inesencial de la legítima defensa.

3. LA LEGÍTIMA DEFENSA EN LA LEGISLACIÓN EXTRANJERA


En dos grandes grupos, declara Jiménez de Asúa, pueden clasificarse las legislaciones vigentes, por lo que atañe al sistema que han seguido al enclavar en su articulado la legitima defensa.
El primero de esos grupos, como las antiguas complicaciones de leyes y costumbres, la emplaza al tratar del homicidio y de las lesiones. Encabeza loe Códigos fieles a tan arcaica sistemática, e francés napoleónico (arts. 328 y 329), seguido por el belga (arts.41 8 y 417).
Sin embargo, ya a fines del siglo XVIII, en Alemania, Globig y Huster en 1783, Erhard en 1739 y Tittmann en 1798, la desligaron en sus sistemas científicos de homicidio y de los atentados a la integridad corporal, para incluirla en la Parte general como causa excluyente de la responsabilidad. Luego Fuerbach, hizo lo mismo al redactar el que seria Código Penal para Baviera, de 1813. Y ésta fue la señal de la victoria definitiva en orden al correcto emplazamiento de la legítima defensa. Siguiente hoy la generalidad de los Códigos en vigor desde los viejos como el alemán, a los modernos cual el italiano de 1930 (art. 52), y los más recientes de Checoslovaquia (1950), Grecia (1950), Yugoslavia (1951), Bulgaria (1951).
El Código Penal español de 1848, acorde con la sistemática correcta, reglamentó en su libro primero, incisos 40, 50 y 60 del art. 80, la legítima defensa propia, de un pariente y de un extraño y sus preceptos pasaron, con redacción idéntica, a los de 1870 y de 1932. el actual de 1944, la mantiene, con dos desdichadísimos añadidos.
Por lo que a la sistemática de los Códigos Iberoamericanos hace mérito ella responde a la filiación de sus modelos europeos, salvo la del de Puerto Rico, de inspiración anglo-americana.
De esta suerte, el más que centenario de Bolivia (que reproduce el español de 1822) y el de República Dominicana (copia del francés) se ocupan de la legítima defensa en la Parte especial, al tratar del homicidio y de las lesiones. Los demás la tratan en la Parte general, aunque el panameño (art. 322, a y b) y el venezolano (art. 425) legislan sobre la defensa de los bienes al estatuir las normas relativas al homicidio, y el cubano de defensa contra la autoridad, sus agentes o funcionarios públicos que se extralimitasen en el desempeño de sus funciones (art. 258 y 260).

4. CONCLUSIONES E IMPRESIONES PERSONALES

La legítima defensa es una causa de justificación, un permiso, constituye un ejercicio de derechos. Se traduce en un medio adecuado para lograr la convivencia social, fin que el Estado regula.


Pero este derecho no se concede ilimitadamente, su existencia como derecho está sujeta a la concurrencia de requisitos objetivos y subjetivos.
La legitimidad de algunas acciones defensivas privadas no deriva de algún principio simple sino de una pluralidad de consideraciones de moralidad social: la necesidad de preservar derecho básicos de los individuos; la necesidad de minimizar el daño para la sociedad en conjunto; la posibilidad de adscribir al consentimiento de los individuos que emprenden conscientemente actos de agresión la pérdida de la inmunidad contra las lesiones a sus bienes que son necesarias para contener tal agresión; los efectos disuasorios de la comisión de delitos que pueden obtenerse con la permisión de acciones defensivas privadas, etcétera.
La aplicación de las reglas de la legitima defensa se halla sujeta a condicionamientos invariables, muchas de las cuales presentan matices diferentes conforme la interpretación surja de una u otra corriente, en particular, en referencia al requisito temporal de la legítima defensa, podemos afirmar: es una cuestión que aún no ha sido debidamente precisada. No hay acuerdo unánime en cuanto a su determinación, y prueba de ello son las diferentes posturas y teorías que se han esgrimido en la doctrina científica sobre el tema.
No obstante lo dicho precedentemente, hemos llegado a las siguientes conclusiones:
En nuestro derecho el acto de la legítima defensa está sujeto a dos límites temporales: Impedir la afectación jurídica del bien, aun ejercitando conductas típicas que analizadas en contextos sean necesarias y racional y
Con dicha acción repeler la afectación al bien jurídico ya existente, que puede asumir la forma de peligro o lesión.
Desaparece el derecho de defensa cuando desaparece la agresión con respecto al peligro ya pasado, es unánime la doctrina en negar carácter lícito de defensa a la acción cumplida en esa oportunidad.
Una agresión antijurídica es actual, nuestra normativa utiliza la expresión presente, requiere en tal sentido que se este ante un estado de afectación del bien jurídico que ya se ha concretado en lesión o puesta en peligro del bien jurídico, sin haber concluido tal afectación, o crea un estado que procede a esa afectación.
La jurisprudencia y doctrina nacional requieren la agresión presente y antijurídica, a un bien jurídico propio o ajeno.
Por lo que respecta a la agresión ilegítima, esta se presenta, según entendemos, no como una estructura cerrada sino como un concepto permeable a la diversidad de posiciones teóricas, al ritmo de los contrastes evolutivos de la categoría de la antijuridicidad, en directa dependencia siempre con la función o alcance que se haya querido asignar a la legítima defensa en el sistema. Los planteamientos post-finalistas aquí adoptados y la consideración a la graduación del injusto personal del ataque permiten adoptar un tratamiento diferencial –traducido en una respuesta defensiva limitada- combinándose también postulados de solidaridad humana y argumentos de menor necesidad preventivo-general en la afirmación del Derecho ante agresiones inculpables o con culpabilidad notablemente disminuida, agresiones insignificantes o de bagatela y, en determinados aspectos, a las controversias teóricas y político-sociales que plantean las actuaciones arbitrarias procedentes del poder público.
Cambiantes oscilaciones histórico-culturales se han manifestado igualmente en la concepción –amplia o restringida- de un concepto tan elástico como es el de la “actualidad” de la agresión. Así, se han ido alternando soluciones restrictivas que retardaban las posibilidades de intervención defensiva o momentos críticos de agravación del peligro inminente con otras soluciones que apostaban por una protección anticipada y eficaz para los intereses del agredido, hasta el extremo de ampliar –peligrosamente estimamos- la cobertura justificante a las denominadas “situaciones análogas a la legítima defensa”; estos casos los encuadramos como hipótesis de exceso extensivo anticipado, a distinguir de los excesos cronológicos posteriores, plenamente justificados, si entre el cese de la genuina actualidad del ataque y la reacción defensiva posterior existe una íntima conexión temporal que permite valorar unitariamente todo el suceso. Se pretendió asimismo en el presente trabajo poner énfasis sobre los bienes defendibles habiéndose afirmado en tal sentido que las reglas de la legitima defensa son aplicables a todo tipo de bienes jurídicos sean propios o ajenos, la aseveración nos permite inferir que cualquier bien jurídico puede ser justificada cuando se emplee una conducta típica en condiciones de necesariedad y racionalidad para desviar una agresión presente al bien jurídico. Decíamos que el código penal actual introduce una innovación positiva al establecer reglas abiertas para la interpretación de la legitima defensa, resulta en tal sentido correcto determinar que la legitima defensa es un tipo permisivo abierto, el juez deberá evaluar en el caso concreto la legitimidad del acto de defensa, teniendo en cuenta las diversas circunstancias que rodearon el hecho, especialmente las referidas al arma utilizada, el lugar, características personales del agresor y de quien se defiende. El concepto de actualidad no puede aplicarse severamente como una regla invariable para todos los casos. No es posible solucionar los diversos casos que presenta la realidad con una línea de razonamiento uniforme; contrariamente a lo que sostenía el código penal anterior, la posición en la normativa derogada respecto a las normas de la legitima defensa limitaba su aplicación a ciertos tipos de bienes jurídicos como ser la vida, la libertad personal o el pudor (Art. 22 Código Penal derogado), al abordar el análisis de los bienes defendibles en los párrafos anteriores se analizó la vigencia de las reglas de la legitima defensa en la protección de los bienes comunitarios, los intereses difusos como bienes jurídicos pertenecientes a una pluralidad de sujetos en cuanto a integrantes de grupos, clases sociales o categorías de personas, ligadas entre sí en la pretensión de goce de estos bienes jurídicos, confiriendo iguales prerrogativas a los sujetos pertenecientes a la universalidad, si bien no se conoce de antecedentes en la jurisprudencia nacional de la aplicación de las reglas de la legítima defensa a tales casos su validación queda expedita pues el tipo permisivo descrito en el Art. 19 refiere que cuando la defensa se ejercite a un bien jurídico propio o ajeno cobra vigencia, siempre y cuando se las utilice para desviar una agresión presente y antijurídica. Por ende cualquier ciudadano se halla legitimado para asumir conductas típicas permisivas en los términos del Art. 19 de manera a evitar el quebrantamiento del bien jurídico, medio ambiente o cualquier otro bien jurídico que se halla estrechamente vinculado a ello, la misma Constitución consagra que toda persona tiene derecho a habitar en un ambiente saludable y ecológicamente equilibrado, asimismo el Art. 38 determina que toda persona tiene derecho, individual o colectivamente a reclamar a las autoridades públicas medidas para la defensa del ambiente, de la integridad del hábitat, de la salubridad pública, del acervo cultural nacional, de los intereses del consumidor y de otros que por su naturaleza política pertenezcan a la comunidad y hagan relación con la calidad de vida y el patrimonio colectivo; surge con meridiana claridad que los intereses difusos reviste la categoría de bien jurídico, se encuentran legalmente tutelados, lo cual de manera categórica introduce la posibilidad de ejercitar su defensa individual o colectivamente cuando tales bienes jurídicos estén afectados por una agresión presente, quizás como aporte significativo no resulte redundante establecer de manera explícita en el Art. 19 del Código Penal la posibilidad de consignar expresamente la vigencia de la presente regla a la protección de los intereses difusos pudiendo en tal sentido redactarse la normativa en los siguientes términos “No obra antijurídicamente quien realizara una conducta descrita en el tipo legal de un hecho punible, cuando ella fuera necesaria y racional para rechazar o desviar una agresión, presente y antijurídica, a un bien jurídico propio, incluyendo la presente expresión los llamados bienes comunitarios representados por la defensa del ambiente, de la integridad del hábitat, de la salubridad pública, del acervo cultural nacional, de los intereses del consumidor y de otros que por su naturaleza política pertenezcan a la comunidad y hagan relación con la calidad de vida y el patrimonio colectivo o a bienes jurídicos ajenos”.

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1 Cabanellas, Guillermo, ob. cit. pp. 206-210.

2 Boletín del Parlamento alemán IV/650, 157p. citado en ROXIN, Claus, Derecho Penal Parte General, Traducción de la 2da Edición alemana, Ed. Civitas, Madrid, 1997. 608p.

3 Muñoz Conde. Derecho Penal Parte Genera. 3ra. Edic. Tirant lo Blanch, libros. Valencia 1998.

4 Muñoz Conde, ob. cit. pp. 359 y 362.

5 Jimenez De Asua, Luis; “PRINCIPIOS DE DERECHO PENAL, LA LEY Y EL DELITO”, Editorial Abelardo Perrot, Sudamericana, tercera reimpresión Buenos Aires 1977.

6 En Jimenez de Asúa, ob. cit. p. 197

7 Jimenez de Asúa, ob. cit. p. 198

8 Idem. p. 202


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