Villalba alejandro raúl c/ hospital municipal de vicente lópez prof. B. Houssay y otros s/ cobro de sumas de dinero



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424.548.- “VILLALBA ALEJANDRO RAÚL C/ HOSPITAL MUNICIPAL DE VICENTE LÓPEZ PROF .B. HOUSSAY Y OTROS S/ COBRO DE SUMAS DE DINERO” (14).-
// nos Aires, Capital de la República Argentina, a los veintiocho

días del mes de junio de dos mil cinco, reunidos en Acuerdo los Señores Jueces de la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Sala “E”, para conocer en el recurso interpuesto en los autos caratulados: “VILLALBA ALEJANDRO RAÚL C/ HOSPITAL MUNICIPAL DE VICENTE LÓPEZ PROF .B. HOUSSAY Y OTROS S/ COBRO DE SUMAS DE DINERO”, respecto de la sentencia corriente a fs. 1248, el Tribunal estableció la siguiente cuestión a resolver:

¿Es arreglada a derecho la sentencia apelada?

Practicado el sorteo resultó que la votación debía efectuarse en el siguiente orden: Señores Jueces de Cámara Doctores CALATAYUD. DUPUIS. MIRÁS.

El Señor Juez de Cámara Doctor CALATAYUD dijo:


1.- En la sentencia de fs. 1248/73, la señora juez rechazó la defensa de prescripción articulada por el hospital “Centenario” y la Dra. Lidia Teresa Iwama e hizo lugar a la demanda entablada contra ellos y contra el hospital municipal de Vicente López “Profesor Bernardo Houssay” y los Dres. Héctor Santiago Caldevilla, Bojan Botanic y Carlos Rego, a quienes los condenó a pagar al actor la suma de $ 290.000, con más sus intereses calculados a la tasa del 6% anual hasta el plazo de diez días que otorgó para el cumplimiento del citado decisorio, estableciendo la pasiva promedio que publica mensualmente el Banco Central de la República Argentina para la hipótesis de que no se cumpliera en tiempo y forma, y las costas del proceso. Dicha cantidad proviene del justiprecio que efectuara de los daños y perjuicios que se le ocasionaran a aquél derivados de la mala praxis profesional en que habrían incurrido en la prestación médica cuando Villalba fuera internado a raíz de un accidente de tránsito acaecido en la ruta internacional n 36 en la localidad de Gualeguaychú, Pcia. de Entre Ríos, con fecha 1 de febrero de 1997 y a raíz de la cual sufriera la amputación del miembro inferior izquierdo.

Contra dicha decisión, se alzan todas las partes, quienes expresan los agravios que le merece el fallo en las presentaciones de fs. 1381/82 el hospital “Centenario”, fs. 1383/96 el actor, fs. 1400/03 el hospital “Houssay”, fs. 1407/10 Carlos Rego, fs. 1412/23 Héctor Caldevilla, fs. 1423/34 Lidia Iwama y fs. 1435/36 Bojan Batinic.

2.- Por una simple cuestión metodológica, comenzaré con los agravios relativos a la defensa de prescripción, cuestión sobre la cual insiste únicamente la Dra. Iwama, alegando que, al trabajar en un hospital y desempeñarse como funcionario público, se le aplica el plazo bienal que contempla el art. 4037 del Cód. Civil.

Es verdad -como refiere- que al comentar un precedente de nuestro Máximo Tribunal, Ghersi y Lovece sostuvieron que la relación del Estado a través del hospital público con el administrado es de derecho constitucional-administrativo, y la relación médico-funcionario público con el paciente-administrado, es de derecho administrativo y/o constitucional y la responsabilidad es extracontractual, motivo por el cual el plazo de prescripción de la acción -que se inicia desde que el hecho fuente del daño es conocido por el damnificado- es el de dos años que contempla la norma de fondo recién citada (ver “Derecho constitucional a la salud. Hospital publico [La relación médico-paciente es extracontractual]”, en J.A. 1998-II-347, en especial aps. IV y V en pág. 353).



Sin embargo, al margen de que en dicho precedente la Corte Suprema sostuvo que los médicos de hospitales, como eran funcionarios públicos, estaban obligados a efectuar la denuncia de delito de acción pública, tal como lo dispone el actual art. 177 del Código Procesal Penal (ver J.A. 1998-II-338), por lo que -a mi juicio- no se refiere a la relación privada que se establece entre el médico que se desempeña en un nosocomio público y el paciente que concurre a éste para ser atendido por una dolencia, lo cierto es que la opinión de sus autores, como ellos mismos se encargan de aclarar en la introducción de su trabajo, es una postura netamente minoritaria (ver pág. 347, ap. I).

Es que, diría en forma casi unánime, la doctrina y jurisprudencia se orientan en el sentido de que se está en presencia de una vínculo contractual y que así debe examinarse lo atinente a la responsabilidad profesional consiguiente (ver Bueres, “Responsabilidad civil de los médicos”, pág. 41 y citas de la nota 33) y es lo que ha entendido invariablemente la Sala, sin efectuar distingos entre la prestación médica hecha en forma privada, en hospitales públicos o en clínicas o sanatorios (ver, entre muchas otras, causas 20.463 del 29-4-86, 181.789 del 23-4-96, así como también la publicada en L.L. 1979-C-19, con anterior composición).

Ello resulta suficiente para desechar los agravios vertidos sobre el punto, lo que así propicio.


3.- Con carácter previo, quiero destacar -tal como lo hiciera la señora juez de primera instancia- que en esta materia, más que en cualquier otra, la prueba pericial adquiere una relevancia especial, habida cuenta que nos encontramos en presencia de cuestiones esencialmente científicas, sobre las cuales el juzgador es un lego y depende esencialmente de la opinión de quienes son especialistas. Es así, que esta Sala tiene decidido que, si bien el perito es un auxiliar de la justicia y su misión consiste en contribuir a formar la convicción del juzgador, razón por la cual el dictamen no tiene, en principio, efecto vinculante para él (art. 477 del Cód. Procesal; CNCiv. esta Sala, en E.D. 89-495 y sus citas), la circunstancia de que el dictamen no obligue al juez -salvo en los casos en que así lo exige la ley-, no importa que éste pueda apartarse arbitrariamente de la opinión fundada del perito idóneo, en tanto la desestimación de sus conclusiones ha de ser razonable y fundada (conf. fallo citado y votos del Dr. Mirás en causas 34.389 del 9-2-88 y 188.579 del 26-3-96 y, en el mismo sentido, CNCiv. Sala “D” en E.D. 6-300; Colombo, “Código Procesal Civil y Comercial Comentado y Anotado”, 4a. ed., t. I pág. 717 y nota 551).

Y, en sentido concordante, invariablemente ha adherido a la doctrina según la cual aun cuando las normas procesales no acuerdan al dictamen pericial el carácter de prueba legal, cuando el informe comporta -como en el caso- la apreciación específica en el campo del saber del perito -conocimiento éste ajeno al hombre de derecho-, para desvirtuarlo es imprescindible contar con elementos de juicio que permitan concluir fehacientemente en el error o el inadecuado uso que el experto hubiese hecho de sus conocimientos técnicos o científicos, de los que por su profesión o título habilitante ha de suponérselo dotado (conf., entre muchas otras, causas 21.064 del 15-8-86, 11.800 del 14-10-85, 32.091 del 18-12-87, 131.829 del 29-7-93 y 169.102 del 6-6-95).



Ello aclarado, en autos se han producido dos dictámenes; uno llevado a cabo por el perito médico especialista en Ortopedia, Traumatología y Cirugía de pierna y pie, Dr. Luis León Donzis -designado de oficio por el Juzgado, con la imparcialidad que el origen de su nombramiento permite presuponer- y, otro encarado por el Dr. Primitivo Héctor Burgo, integrante del Cuerpo Médico Forense, cuya reconocida solvencia y objetividad ha sido destacada por nuestro más Alto Tribunal (ver “Fallos”, 299:265; íd., en L.L. 1978-B-290).

Y ambos han coincidido sobre los aspectos centrales de la controversia suscitada en el sub exámine. Así, están de acuerdo en que lo que desencadena el proceso que lleva a la lamentable amputación de la pierna izquierda del actor es la serie de desaciertos en cuanto a los tiempos con que se encaró desde un comienzo la lesión sufrida por Villalba y respecto de los métodos empleados. Debido al tipo de fractura sufrida, ello hacía necesario un estudio minucioso del estado vascular del miembro afectado, pues ella está asociada a lesiones de la arteria poplítea que requiere un seguimiento no sólo por eco- doppler -como se le hizo-, sino también a través de una arteriografía, estudios que debieron practicársele de inmediato, al llegar al hospital de Vicente López.

Adviértase -tal como lo hace el Dr. Donzis- que de la historia clínica de este último nosocomio surge que ya el día 3 de febrero (el paciente había arribado el 1 del mismo mes) el Dr. Sotelano advierte sobre la posibilidad de sufrimiento vascular del pie, el día 7 reitera la existencia de signos de isquemia en el pulpejo del Hallux izquierdo con sensibilidad abolida, los días 9 y 10 señala isquemia progresiva de los dedos del pie izquierdo, los días 17, 18, 19 y 20, siempre de febrero, informa la presencia de signos de necrosis de los cinco dedos, con disminución de sensibilidad en la cara dorsal y plantar de ese pie. No obstante estas advertencias, recién el 10 del mismo mes de febrero se ordena un eco-doppler que, como hemos visto, no era el único estudio aconsejable, máxime ante las señales destacadas por otro profesional del mismo hospital que -reitero- apuntaban claramente hacia la posibilidad de un compromiso vascular. Por último, es finalmente el 24 de febrero que se deriva al actor a la clínica “Olivos” para efectuársele una arteriografía, la que da como resultado obstrucción total a nivel del tercio medio de la arteria poplítea, visualizándose una recanalización a nivel del origen del tronco tibio peróneo (ver fs. 685).

Ambos profesionales son concluyentes, entonces, en que debe quedar perfectamente en claro que la conducta médica seguida en autos no fue la adecuada en relación a la lesión vascular que padecía el enfermo. Ello así, por cuanto desde un comienzo estaban presentes signos de isquemia -que, por otra parte, constaban en la historia clínica del hospital de Gualeguaychú-, aclarando el Dr. Burgo que la arteriografía debió ser realizada simultáneamente con la estabilización del foco fracturario. El día décimo contado a partir del accidente la pierna era isquémica y tarde para cualquier tratamiento, pues el estado era irreversible, de manera que el estudio efectuado por el Dr. Caldevilla del día 10 de febrero, además de ser inútil por tardío, expresa una conclusión errónea, pues señala que no hay lesión arterial troncular, cuando la obstruida era la poplítea. Advierte también este médico forense que el temperamento quirúrgico vascular se debió tomar al ingreso del enfermo en el hospital o, en el peor de los casos, 24 horas después, en un intento desesperado por ofrecer alguna alternativa positiva.

En suma, sostiene el Dr. Burgo que la cascada de hechos irreversibles que desembocan en la amputación comienza desde la tardía derivación de doce horas después del accidente y se acrecienta a partir del ingreso en el hospital de Vicente López en las 24 horas siguientes por falta de una conducta diligente frente a la complicación vascular, motivo por el cual, si no se estaba en condiciones médicas, se debió haber dispuesto su derivación inmediata a un centro de mayor complejidad.

Se encuentra absolutamente claro, entonces, que ambos profesionales comparten la conclusión en orden a la serie de errores médicos que condujeron al lamentable desenlace o, al menos, que coartaron las posibilidades de ofrecer una solución a la grave lesión que padecía Villalba.


Es verdad que el Dr. Burgo mencionó que todos los autores están de acuerdo en aceptar que los músculos toleran bien cuatro horas de isquemia, que después de seis horas el resultado es incierto y, tras ocho horas, el daño es irreversible (ver fs. 964) -aspecto éste sobre el que hacen hincapié varios de los demandados apelantes para señalar que la magistrada no tuvo en cuenta la irreparabilidad del daño-, así como también que la derivación del hospital “Centenario” y posterior llegada del paciente demoró más del tiempo límite aludido, pues lo hizo aproximadamente unas 12 horas después del suceso, pero igualmente lo es que el forense aludido insistentemente señaló, una y otra vez, en que en el hospital “Houssay” no se adoptaron las conductas médicas apropiadas, no sólo en materia de tiempo, sino tampoco en los estudios a encarar, que seguramente habrían conducido a ofrecer al paciente una alternativa, sobre lo que -reitero- coincide también el Dr. Donzis. Es decir, al no haberse observado las reglas del arte de curar apropiadas, no se conoce con certeza el real alcance de la evolución de la lesión de Villalba para aseverar que, en su caso particular, el daño ya no podía ser reparado.

Por tanto, no resulta de aplicación el precedente citado por el representante de aquella institución hospitalaria, habida cuenta que -como surge de sus constancias- se trataba de un supuesto de una enfermedad terminal en donde estaba acreditado que el paciente falleció habiendo ingresado ya en estado crítico a la clínica a la que pretendía imputársele responsabilidad, cuando la situación fatal ya se había desencadenado y, se hiciere lo que se hiciere, el desenlace era el mismo (ver CNCiv. Sala “F”, voto de la Dra. Highton de Nolasco, causa 331.362 del 15-8-02, in re: “Matina Radamés Roberto y otro c/ IOMA y otros s/ Daños y perjuicios - Resp. Prof. Médicos y Aux.”). Y, en la especie -tal como he señalado-, no se tenía la tal certeza.

En lo que atañe a la débil defensa que ensaya el hospital “Centenario” en orden a que el plazo de derivación no fue excesivo, como acertadamente apunta el médico forense, no obstante detectarse signos de compromiso vascular en ese nosocomio -temperatura disminuida debajo de la rodilla y disminución de los pulsos de las arterias pedias y tibial posterior- existió demora en la derivación a un centro de mayor complejidad, toda vez que la lesión diagnosticada no admitía tardanza alguna, ello ameritaba el inmediato traslado, posponiendo para horas vespertinas el tratamiento de la fractura expuesta de la mano -y no de inmediato como se hizo en Gualeguaychú-, acondicionando el miembro afectado en férulas adecuadas simplemente escayoladas, considerando razonable que se pudo disponer aquel traslado hacia las 8 o 9 horas de la mañana, lo que hubiera permitido arribar a Vicente López no más allá de las 12 o 13 horas y no a las 16 -como llegó-, considerando todas las dificultades que en el viaje pudieran existir. Por ello, aun cuando se tratase -como se afirma- de un “modesto hospital provinciano”, la demora ha tenido su incidencia causal en el desenlace final.


Por consiguiente, contrariamente a lo sostenido por el Dr. Rego -médico de guardia del hospital de Vicente López que recibió a Villalba-, por lo antes expresado no procedió de acuerdo a la lex artis. Es que -como se destacara-, había sido derivado del hospital de la provincia de Entre Ríos por la existencia de signos claros de compromiso vascular, de manera que no debió limitarse a realizar un eco doppler, adoptando una conducta expectante, sino que era indispensable encarar la realización de un estudio arteriográfico para determinar si existía obstrucción de la arteria poplítea o sospechar fundadamente el diagnóstico de síndrome compartimental, para lo cual debió pedir consulta con cirugía vascular de inmediato.

Ello establecido, es claro entonces que ha existido responsabilidad de todos los involucrados, la que -como ha sido solicitado- deberá ser distinguida según el grado de incidencia causal, dado que no se está en presencia de solidaridad entre los intervinientes, sino de un supuesto de obligaciones concurrentes. Más allá de que la discriminación en la graduación no haya sido reclamada especialmente al juez de primera instancia, en los supuestos que se haya demandado -como en el caso- a todos los participantes, es conveniente que la sentencia establezca los porcentajes de culpabilidad que se imputa a cada uno de aquéllos, lo que será de utilidad para que haga cosa juzgada en el caso de que se inicie un juicio de reintegro posterior (conf. Kemelmajer de Carlucci en Belluscio, “Código Civil y leyes complementarias comentado, anotado y concordado”, t. 5 pág. 380 y fallos citados en nota 176).



Así las cosas, es mi convicción, a tales efectos, que es diferente la incidencia causal que le cupo a los profesionales que intervinieron en un primer momento, integrantes del staff del hospital “Centenario” de Gualeguaychú, quienes si bien no procedieron con la premura que las circunstancias imponían, incurriendo en cierta tardanza en la derivación del enfermo hacia un centro de mayor complejidad, de todas maneras lo hicieron sin dilatarla en demasía. Pero el mayor grado de responsabilidad habrá de recaer, sin hesitación, sobre los profesionales que dependían del hospital “Bernardo Houssay” de Vicente López, provincia de Buenos Aires, los que, pese a contar con elementos que llevaban a sospechar fundadamente, desde un primer momento, acerca de la existencia de isquemia en la pierna afectada del paciente, incompresiblemente no asumieron la conducta médica adecuada, tardando sobremanera, no obstante, además, de que uno de los médicos de la misma institución ya había alertado -en más de una oportunidad- sobre dicha posibilidad. Juzgo, pues, que el primer nosocomio habrá de responder en un 20%, en tanto los restantes demandados deberán asumirla en el 80% restante.

4.- En lo que se refiere a la condena que contiene el pronunciamiento del Dr. Bojan Batinic, tal como lo requiere deberá revocársela, toda vez que -como apunta- a fs. 1161 el actor desistió de la acción y del derecho en su contra, lo que así éste admite al contestar los agravios del citado profesional (ver ap. VII a fs. 1468 vta.).

5.- Corresponde, a esta altura, proceder a examinar las quejas vertidas sobre los montos indemnizatorios, aclarando, desde ya, que las expuestas por los codemandados hospital “Centenario” y Dres. Caldevilla e Iwama no reúnen, ni siquiera en mínima medida, los recaudos exigidos por el art. 265 del Cód. Procesal, por lo que no podrán ser atendidos en esta instancia. Es que, la doctrina y jurisprudencia, interpretando la norma legal mencionada, han establecido como principio que no constituye una verdadera expresión de agravios el escrito que sólo contiene afirmaciones dogmáticas sin una verdadera crítica (conf. Fassi y Yáñez, “Código Procesal Civil y Comercial de la Nación Comentado, Anotado y Concordado”, 3a. ed., t. 2 pág. 483 nº 15 y jurisprudencia citada en nota nº 18; Palacio, “Derecho Procesal Civil”, t. V pág. 267 notas 6 a 8; CNCiv. esta Sala, mis votos en causas 134.750 del 17-9-93 y 162.820 del 3-4-93). E, igualmente, decidió que, en ausencia de argumentos específicamente referidos a las consideraciones determinantes de la decisión adversa a las pretensiones del recurrente, no hay agravios que atender en la Alzada (conf. CNCiv. esta Sala, mis votos en causas 140.830 del 26-11-93, 138.762 del 9-12-93 y 165.681 del 26-4-95, entre muchas otras).


Y mencionar simplemente que los importes son elevados (ver fs. 1382, n 3), o que exceden los reconocidos por los fallos judiciales o imputándole a la magistrada que se ha fundado exclusivamente en manifestaciones unilaterales del propio interesado cuando -como se verá más adelante- ello no es exactamente así (ver fs. 1421, punto 6.3, y fs. 1433 vta., punto 7.3) es, sin lugar a dudas, incurrir en la falencia argumental antes aludida.

Por ende, sólo analizaré las críticas que, sobre las diferentes partidas, expone el actor.

A) Incapacidad sobreviniente. Tal como destaca el apelante citando un precedente de la Sala, es doctrina del Tribunal que ella abarca cualquier disminución física o psíquica que afecte tanto la capacidad laborativa del individuo, como aquélla que se traduce en un menoscabo en cualquier tipo de actividad que desarrollaba con la debida amplitud y libertad (conf. Kemelmajer de Carlucci en Belluscio, op. y loc. cits., pág. 219 nº 13; CNCiv. esta Sala, causas 24.116 del 20-10-86, 43.169 del 18-4-89 y 66.946 del 18-5-90, entre muchas otras). Es que la integridad corporal de la persona tiene, por lo común, un valor económico instrumental, como capital destinado a ser fuente de beneficios, tanto económicos como de otra índole. Por ello, su afectación se proyecta necesariamente al futuro, cercenando o menoscabando probabilidades de desenvolvimiento, éxito e inserción en el mundo de relación (conf. Zavala de González, “Daños a las personas - Integridad sicofísica”, t. 2a pág. 41; CNCiv. esta Sala, causa 124.883 del 22-3-93).


El Dr. Donzis estimó el grado de incapacidad física, parcial y permanente, en el 70%, para lo cual empleó los baremos de Romano y Fernández Blanco (ver fs. 743/8), en tanto el Dr. Burgo la calculó en un 50% (ver fs. 953/87), mientras que, la licenciada en psicología -integrante también del Cuerpo Médico Forense- concluyó que el actor padecía de una moderada reacción anormal neurótica, con manifestación depresiva, subyacente, que según Baremo Nacional le corresponde un 30% de incapacidad psíquica (ver fs. 950/52).

Ello establecido, se ha resuelto que, para fijar el respectivo quántum indemnizatorio, debe atenderse a la naturaleza de las lesiones sufridas, así como también a la edad del damnificado, su estado civil y demás condiciones personales, cómo habrán aquéllas de influir negativamente en sus posibilidades de vida futura e, igualmente, la específica disminución de sus aptitudes laborales (conf. Kemelmajer de Carlucci en Belluscio, op. y loc. cits., pág. 220 y citas de la nota 87; Llambías, “Tratado de Derecho Civil - Obligaciones”, t. IV-A pág. 120; CNCiv. Sala “F” en E.D. 105-452; íd., en E.D. 102-330; esta Sala, causas anteriormente citadas).

De la misma manera, no resulta ocioso recordar que se ha resuelto reiteradamente que los porcentajes de incapacidad que otorgan los diferentes baremos representan meras pautas para el juzgador, y no lo vinculan (ver CNCiv. esta Sala, causas 169.316 del 8-6-95, 170.721 del 20-6-95 y 173.810 del 20-7-95, entre otras), debiendo aquí pronunciarse sobre la incidencia en la vida de relación de la víctima de las dolencias verificadas y, a partir de estas comprobaciones, fijar la cuantía resarcitoria de la partida en examen (conf. CNCiv. esta Sala, votos del Dr. Mirás en causas 113.816 del 28-8-92 y 114.858 del 30-9-92).

Así las cosas, habida cuenta que Villalba contaba, a la época del accidente, con 29 años de edad y, si bien era soltero a ese momento, con posterioridad contrajo matrimonio, del cual hubo una hija menor de edad; que ambos esposos trabajan contando con un ingreso mensual aproximado de $ 1.100, siendo de presumir el nivel socio-económico del grupo familiar (ver constancias del incidente sobre beneficio de litigar sin gastos), la suma reconocida en la sentencia resulta, a mi juicio, equitativa y adecuada a las circunstancias que he puntualizado.



B) Daño estético. Ha sostenido este Tribunal que la falta de un criterio matemático o inequívoco a los fines de la fijación del quántum por daño estético, obliga a recurrir a otros parámetros, como lo son la edad de la víctima, el sexo, su carácter psicológico, el círculo de su actuación y demás condiciones personales (conf. voto del Dr. Dupuis en causa 15.594 del 20-9-85, con cita de fallos de la CNCiv. Sala “B” en E.D. 58-282; Sala “C” en E.D. 56-453; Sala “F”, causas 213.201 del 23-8-77 y 6.008 del 28-9-84; Sala “G”, causa 8.187 del 3-10-84).

Ello así, en atención a las particularidades que presenta el supuesto de autos y las demás condiciones personales que he destacado anteriormente, también en este caso el importe fijado por este concepto aparece como justo y apropiado, de manera que deberán ser desestimadas las críticas vertidas sobre el punto.

C) Gastos médicos -pasados y futuros- y anexos. La limitación probatoria de la que ahora se lamenta el actor fue dispuesta por la señora juez a quo a fs. 649, en decisión que fue por él consentida, mientras que tampoco en esta instancia intentó reiterar, en los términos del art. 260 del Cód. Procesal, la que oportunamente ofreciera y le fuera denegada por inoficiosa, de manera que su queja deviene tardía.

Es verdad- come refiere- que, en lo que atañe a tales erogaciones, la Sala ha resuelto reiteradamente que ellos no requieren prueba documen­tal, debiendo ser admitidos siempre que resulten vero­símiles en relación con las lesiones provo­cadas por el evento dañoso (conf. mi votos en causas 157.723 del 1-3-96 y 204.192 del 23-12-96; voto del Dr. Mirás en causa 69.534 del 13-7-90; votos del Dr. Dupuis en causas 44.825 del 2-5-89 y 138.134 del 3-2-95, entre muchas otras).



No obsta a la admisión de la partida la perte­nen­cia de la víctima a una obra social, adhesión a un sistema de salud pre-pago o su atención en hospi­tal público, pues existe siempre una serie de gastos que se en­cuen­tra a cargo de los afiliados o parientes y que aque­llos no cubren, sin perjuicio de que, cuando existe total o par­cial orfandad de prueba documental, en el monto a fijar­se deben ser consideradas tales circunstancias (conf. esta Sala, causas 107.157 del 30-4-92, 113.652 del 24-8-92, 127.547 del 19-4-93, 119.174 del 15-12-92, 146.808 del 18-5-94, 154.150 del 6-10-94 y 164.495 del 23-3-95; Sala "M", causa 61.766 del 27-3-91; Sala "C", causa 129.891 del 2-11-93).

De la misma manera, es reiterada la jurisprudencia que ha admitido la procedencia de los gastos de traslado en función de la prerrogativa del art. 165 del ritual, cuando puede presumirse, dada la índole de las lesiones, que la víctima se ha visto necesitada de recurrir a gastos extraordinarios de movilidad, como podría ser, por ejemplo, la utilización de autos taxímetros (conf. CNCiv. Sala “D” en E.D. 34-328; esta Sala, causas 81.236 del 25-4-91, 96.383 del 13-11-91 y 121.482 del 14-12-92, entre otras).

También es cierto que, a estar a lo informado por el perito de oficio, el precio de una prótesis oscila entre los $ 7.000 y $ 12.000 (ver fs. 747, punto 39) o entre los $ 5.000 y $ 7.000 según el médico forense (ver fs. 974, punto 39), en tanto no obra, contrariamente a lo que sostiene el apelante, prueba fehaciente y objetiva -más que la opinión del consultor técnico de parte que, como tal, resulta interesada- que deba ser

-como afirma- repuesta cada 4 años o requiera de un service habitual. Por tanto, si se considera que la magistrada de la anterior instancia reconoció por estos conceptos la suma de $ 30.000, ese importe aparece como razonable y adecuado a la naturaleza y entidad de las lesiones, máxime ante la orfandad probatoria que presenta el proceso.

D) Daño moral. Se entiende por tal cualquier lesión a los sentimientos o afecciones legítimas de una persona, o cuando se le ocasionan perjuicios que se traducen en padecimientos físicos o, en fin, cuando de una manera u otra se han perturbado la tranquilidad y el ritmo normal de vida del damnificado (conf. CNCiv. Sala “D” en E.D. 61-779; íd., en E.D. 69-377; Sala “F” en E.D. 42-311; íd., en E.D. 53-350; Sala “G” en E.D. 100-300; esta Sala, causas 502 del 26-12-83, 66.984 del 30-5-90 y 77.842 del 7-11-90).


Es de señalar que, a los fines de establecer su cuantía, se hace imprescindible valorar un cúmulo de factores, entre los que merecen ser destacados, a modo de ejemplo, la gravedad de la culpa del autor del hecho, la existencia y cuantía de los perjuicios materiales, las condiciones personales de aquél y las de la víctima, etc., factores todos que quedan librados al prudente arbitrio judicial (conf. CNCiv. Sala “B” en E.D. 57-455; Sala “D” en E.D. 43-740; esta Sala, causas 19.073 del 13-3-86 y 124.140 del 16-11-94).

A la luz de tales principios, habida cuenta la importancia de las lesiones y sus secuelas, el dolor y sufrimiento que seguramente ha debido atravesar Villalba, quien al tiempo de sufrir el accidente y con motivo de la mala praxis médica perdió uno de sus miembros inferiores, con los inconvenientes y padecimientos que ello le trajo aparejado, condiciones personales que he puntualizado, la cantidad por la cual prosperara este ítem resulta, en mi concepto, una equitativa y apropiada ponderación del perjuicio.

E) Intereses. Es doctrina de la Sala, aquella que dispone que, cuando el sentenciante omitió -como en autos- mencionar la fecha en que ha calculado los valores de las diferentes partidas, precisamente por esa circunstancia es que debe interpretarse que ellos han sido fijados a la época del dictado del pronunciamiento, habida cuenta que ése resulta ser el criterio más razonable, pues cierto es que establecerlos pensando en los vigentes en años atrás aparece como una tarea casi imposible por más que la inflación se haya mantenido dentro de carriles moderados o bajos (conf. mis votos en causas 150.490 del 11-8-94, 154.327 del 4-10-94 y 159.464 del 7-2-95).

Por consiguiente, la condena al pago de una tasa del 6% anual desde la fecha del hecho resulta ajustada a derecho y no podrá ser modificada.

F) Costas por el rechazo de la defensa de prescripción. Según sostiene el accionante, la desestimación de esta excepción merece una regulación por separado, pues se trata de una incidencia articulada por dos de los demandados y no por la totalidad de ellos.


No asiste razón al recurrente. Es que, conforme lo ha decidido reiteradamente el Tribunal, no corresponde una regulación autónoma por las tareas desarrolladas en materia de defensas resueltas en el pronunciamiento definitivo, pues los honorarios que en él se fijen comprenden la totalidad de los trabajos desarrollados al respecto (conf., entre otras, mi voto en causa 308.281 del 30-4-01 y cita que contiene de causa 170.274 del 3-5-95, in re: “Pomar Gregorio c/ López de Aimone s/ Desalojo”).

6.- En definitiva, voto para que se modifique la sentencia de fs. 1248/73, atribuyéndose al hospital “Centenario” un 20% de responsabilidad, en tanto el 80% restante estará a cargo del hospital municipal “Dr. Bernardo Houssay” y el resto de los demandados, dejándosela sin efecto en cuanto condena a Bojan Batinic. Se la confirma en todo lo demás que decide y fue materia de agravio expreso, con costas de Alzada a los demandados, parte sustancialmente vencida (art. 68 del Cód. Procesal).

Los Señores Jueces de Cámara Doctores Dupuis y Mirás por análogas razones a las expuestas por el Dr. Calatayud, votaron en el mismo sentido. Con lo que terminó el acto. MARIO P. CALATAYUD. OSVALDO D. MIRÁS. JUAN CARLOS G. DUPUIS

Este Acuerdo obra en las páginas Nº a Nº

del Libro de Acuerdos de la Sala “E” de la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil.



Buenos Aires, junio veintiocho de 2005.-

Y VISTOS:

En atención a lo que resulta de la votación de que instruye el acuerdo que antecede, .se modifica la sentencia de fs. 1248/73, atribuyéndose un 20% de responsabilidad al hospital “Centenario”, de la ciudad de Gualeguaychú, Pcia. de Entre Ríos, en tanto el 80% restante estará a cargo del hospital municipal de Vicente López, Pcia. de Buenos Aires, “Dr. Bernardo Houssay” y los demás demandados, Dres. Héctor Santiago Caldevilla, Lidia Teresa Iwama y Carlos Rego, dejándosela sin efecto en cuanto condena al Dr. Bojan Batinic. Se la confirma en lo demás que decide y fue materia de agravio expreso. Las costas de Alzada se imponen a los demandados.

Es sabido que se encuentran legitimados para apelar las regulaciones de honorarios quienes resulten bene­ficiados por las mismas o aquella parte, directa o indirecta­mente, obli­ga­da a su satisfacción. Toda vez que la parte apelante de fs. 1294 no es quien resulta obligada al pago, y que el Tribunal de apelación está facultado para exami­nar de oficio la procedencia del recurso, así como las formas en que se lo ha concedido, pues sobre el punto no está obli­gado ni por la conformidad de las partes ni por la reso­lución del juez de grado (conf. Fassi, "Código Proce­sal...", T. II, pág. 468 y 572; C.N.Civil, esta Sala, c. 27.643 del 6-8-88 y antecedentes allí citados; c. 134.706 del 27-7-93, entre otros), corresponde declarar mal concedido su recurso, en lo que a los honorarios de los letrados del Hospital Centenario y del codemandado Rego respecta, lo que así se resuelve.


En atención al monto de la condena, a la cali­dad, eficacia y extensión de la tarea realizada, etapas cumplidas y lo dispuesto por los arts. 6, 7, 9, 19, 37 y concs. de la ley 21.839, se confirma la regulación de los Dres. Daniel Ricardo Amuy y María Nives Ramos Salcines, letrados apoderado de la Municipalidad de Vicente López y la del Dr. Eduardo S. Stanislavsky, letrado apoderado de los codemandados Caldevilla, Batinic e Iwama, por resultar bajas y habérselas apelado solamente “por altas” y se modifica la de los Dres. Gustavo Alberto Prats y Fernando Martín Serrano, letrados apoderados de la actora, fijándose su retribución conjunta en CINCUENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS PESOS ($ 56.500.-).

Por la actuación cumplida en esta instancia, resultado obtenido y lo dispuesto por el art. 14 del arancel, se regulan los honorarios del Dr. Prats en DIEZ Y SEIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS ($ 16.950.-), los de la Dra. María Lorena González, letrada apoderada de la Municipalidad de Vicente López, en NUEVE MIL CUATROCIENTOS PESOS ($ 9.400.-), los de la Dra. María Eugenia Urquijo, letrada apoderada del Hospital Centenario, en NUEVE MIL CUATROCIENTOS PESOS ($ 9.400.-), los del Dr. Stanislavsky en TRES MIL CIENTO CINCUENTA PESOS ($ 3.150.-) por la actuación cumplida por cada uno de sus representados y los del Dr. Miguel Ángel Quintabani, letrado apoderado del codemandado Rego, en NUEVE MIL CUATROCIENTOS PESOS ($ 9.400 .-) .

Por la tarea de fs. 743/748, 785/794, 873/876, 936/937 y 997/998, su mérito y extensión y la debida propor­ción que los honorarios pericia­les deben guardar con los de los profesionales intervinientes en todo el proceso (ley 24.432, art. 10; esta Sala, c. 66.064 del 19/3/90), se modifican las regulaciones apeladas, fijándose la retribución del médico Luis León Donzis en ONCE MIL SEISCIENTOS PESOS

($ 11.600.-) y la del consultor técnico Enrique Ángel Elli en CINCO MIL OCHOCIENTOS PESOS ($ 5.800.-) .

En virtud de lo dispuesto por el art. 21.3. del decreto 91/98 se confirma la regulación de la mediadora Blanca Ester Mues por resultar ajustada a derecho. Not. y dev




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