Voces: poder judicial ~ consejo de la magistratura ~ FACULTADES DEL poder judicial ~ principio de division de poderes ~ poder ejecutivo ~ FACULTADES DEL poder



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Voces: PODER JUDICIAL ~ CONSEJO DE LA MAGISTRATURA ~ FACULTADES DEL PODER JUDICIAL ~ PRINCIPIO DE DIVISION DE PODERES ~ PODER EJECUTIVO ~ FACULTADES DEL PODER EJECUTIVO ~ CONSTITUCION NACIONAL ~ INDEPENDENCIA DEL PODER JUDICIAL ~ REVISION JUDICIAL ~ CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD ~ CONTROL DE CONVENCIONALIDAD ~ ELECCIONES ~ DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACION PUBLICA ~ PARTIDO POLITICO

Título: El Consejo de la Magistratura y la democratización de la Justicia

Autor: Abalos, María Gabriela

Publicado en: Sup. Const. 2013 (junio), 28/06/2013, 3 - LA LEY2013-D,

I. Introducción

El proceso de judicialización creciente de la vida social y política ha colocado los grandes temas del Poder Judicial, como la designación y remoción de jueces, la administración de sus recursos, etc., en el centro de atención de los especialistas y del debate público. Entre otros factores ello se debe a la expansión del control de constitucionalidad y de convencionalidad de las leyes y la universalización de las diversas modalidades de control difuso que ponen de manifiesto el formidable poder de los jueces como guardianes de la Constitución. Al mismo tiempo, se han generalizado formas diversas de activismo judicial, sobre todo por su incidencia en cuestiones de contenido político partidario, como la corrupción, los delitos contra la Administración, los crímenes y atentados políticos y aún los propios procesos electorales.

Argentina no ha sido por cierto ajena a este interés creciente por la problemática judicial. De hecho fue uno de los temas centrales hace ya veinte años, en ocasión de la Reforma Constitucional de 1994. Siguiendo una ola de movimientos reformistas que en el ámbito regional de América Latina receptó muchas de las instituciones del Constitucionalismo europeo, la Convención Constituyente de 1994 incorporó la institución del Consejo de la Magistratura al sistema judicial argentino, buscando responder a la necesidad de optimizar los procesos de selección y designación de los magistrados y la dedicación de éstos a las tareas estrictamente jurisdiccionales, apartándolos de consideraciones y disputas político-partidarias.

La búsqueda de mayores niveles de autonomía e independencia del Poder Judicial estuvo a la base de una reforma que, al igual que en el resto de los países que han importado esta fórmula de gobierno judicial a través de los Consejos de la Magistratura, ha tardado en arraigarse en culturas judiciales y políticas muy diferentes como las heredadas de la tradición institucional del constitucionalismo norteamericano.

En artículos anteriores (1) se puso de manifiesto que el Consejo de la Magistratura fue introducido en el ordenamiento constitucional argentino en un intento por "despartidizar" los nombramientos de magistrados y para aliviar al Poder Judicial del peso de tareas que no estaban ligadas directamente con la función jurisdiccional. Se buscaba sobre todo autonomía, independencia, eficiencia y operatividad. En relación con su integración, vuelvo en este trabajo sobre el análisis del perfil político de una institución que busca su inclusión en el necesario equilibrio de poderes, lo que es clave, puesto que si la política partidaria se apropia no solamente de las facultades de elegir y remover a los jueces, sino también de las de administrar al órgano y ejecutar su presupuesto, el daño sería mayor, el Poder Judicial podría resultar herido en el corazón de su independencia.

En este sentido, las últimas reformas de la ley 24.937 de organización del Consejo de la Magistratura (t.o. 1999) (Adla, LIX-C, 2797), tanto la ley 26.080 (Adla, LXVI-B, 1355) como la 26.855 (B.O. 27/05/13), han generado un debate intenso y apasionado principalmente en torno a la incidencia de la política de partidos que se introduce tanto en la composición como en la forma de elección de sus miembros.

Cabe destacar que la reforma legislativa última, materializada a través de la ley 26.855, se incluyó en un paquete de seis proyectos legislativos que envió el Poder Ejecutivo al Congreso el 8 de abril de este año 2013, bajo la denominación de "Democratización de la Justicia". Todos ellos sancionados luego de un veloz debate legislativo dieron origen a la ley 26.853 (B.O. 17/05/13) que crea las Cámaras Federales de Casación en lo Civil y Comercial, del Trabajo y la Seguridad Social y en lo Contencioso Administrativo Federal; a la ley 26.854 (B.O. 30/04/13) de medidas cautelares en las causas en las que es parte o interviene el Estado Nacional; a la ley 26.856 (B.O. 23/05/2013) sobre la publicación de todas las acordadas y resoluciones que dicten la Corte Suprema y los tribunales de Segunda Instancia en lo Federal en todo el país incluida la Capital Federal y en ella las Cámaras Nacionales de Apelaciones; a la ley 26.857 (B.O. 23/05/13) que modifica la ley 25.188 (Adla, LIX-E, 5292) en cuanto dispone que declaraciones juradas patrimoniales integrales presentadas por las personas que se encuentran obligadas en virtud de la normativa de ética en el ejercicio de la función pública, de conformidad con lo establecido en el art. 5º de la ley 25.188 son de carácter público, de libre accesibilidad y podrán ser consultadas por toda persona interesada en forma gratuita a través de Internet, de conformidad con el procedimiento que establezca la reglamentación. El proyecto referido al ingreso de personal al Poder Judicial y al Ministerio Público mediante el procedimiento de concurso público ha sido el último en promulgarse bajo el no. 26.861 (B.O. 03/06/2013), y finalmente, el concerniente al Consejo de la Magistratura que se sanciona como ley 26.855 (B.O. 27/05/13), que viene a modificar la ley 24.937 reglamentaria de los arts. 114 y 115 de la C.Nac. (t.o. 1999) (Adla, LIX-C, 2797)

El objeto de este trabajo es efectuar algunas consideraciones sobre la referencia a la "democratización" del Consejo de la Magistratura involucrando aspectos referidos a la integración y a la forma de elección de los consejeros. (2)



II. El Consejo de la Magistratura: origen, objetivos, composición y funciones: breves consideraciones

A. Con referencia a sus orígenes históricos, el Consejo de la Magistratura surge en Italia con la Ley Orlando de 1907, luego receptado por Portugal en 1912, sin embargo en Francia hacia 1883 ya se encuentran antecedentes de esta institución. (3) A partir de la segunda posguerra mundial adquiere categoría constitucional en Francia (1946 y 1958) y en Italia (art. 104 de la Constitución de 1947) y se divulga en Turquía (1961), en Venezuela (1961), Grecia (1975), etc. (4)

En Argentina fueron las provincias las que primero lo incorporaron a nivel constitucional como Chaco en 1957 y Río Negro en 1958, mientras que en la Nación surge a través del decreto 1179/91 que creó una "Comisión Asesora de la Magistratura" integrada por siete miembros que representaban al Ministerio de Justicia, a la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia, a la Secretaría General de la Presidencia, a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, al Colegio Público de Abogados de la Capital Federal y a la Federación Argentina de Colegio de Abogados. Los resultados de esta Comisión no fueron demasiado esperanzadores ya que el excesivo predominio de representantes del Poder Ejecutivo y el carácter no vinculante de sus decisiones hizo que en algunos casos la presidencia nominara como jueces a personas no incluidas en las listas elaboradas por la Comisión.

B. En general en nuestro sistema, se piensa al Consejo de la Magistratura como el órgano que sirve para mejorar la judicatura, hacerla más idónea y en alguna medida, independiente de la política partidaria, ya que, la designación de los magistrados sigue siendo política por permanecer en manos del Poder Ejecutivo y del Senado.

De ahí que los fines que impulsan el nacimiento de estos Consejos apuntan históricamente a independizar a los miembros del Poder Judicial, a fomentar el ingreso y la promoción en la carrera judicial según los méritos de cada postulante, a permitir el acceso de los mejores sin pautas arbitrarias o aleatorias respetando los principios de igualdad e idoneidad, todo lo cual busca robustecer la independencia judicial frente a los demás órganos del Estado. Esta visión se asocia mayormente a la concepción del constitucionalismo europeo, que exige una administración independiente de justicia pero no tanto a la tradición americana de una estricta división de poderes. Es decir los sistemas europeos continentales suponen la colaboración entre los poderes y no su división, donde los Consejos tienen, entre otras funciones, la de asegurar la independencia de la administración de justicia. (5)

C. La composición de este cuerpo es uno de los puntos clave a la hora de evaluar su éxito o fracaso en relación con el cumplimiento de sus cometidos. En el derecho comparado existen dos versiones disímiles desde el punto de vista cualitativo. Una postura concibe a los Consejos de tipo "judicialistas" haciendo predominar manifiestamente los vocales provenientes del Poder Judicial, como el caso de las constituciones de Grecia (art. 90), o de Turquía de 1961 (art. 143), etc. Mientras que los Consejos "mixtos" tienen una composición plural, con prevalencia o no de los integrantes del Poder Judicial que comparten con los que no son jueces la dirección de los mismos, como es el supuesto del Consejo Superior de la Magistratura italiano, presidido por el presidente de la República, y formado por el primer presidente y el fiscal general de la Corte de Casación, y por consejeros provenientes en sus dos terceras partes de los jueces, y el tercio restante nombrado por el Parlamento entre catedráticos titulares, en materias jurídicas, y abogados con quince años de ejercicio de la profesión (art. 104 Constitución de 1947).

La preferencia entre un modelo y otro de integración del Consejo tiene relación con las funciones que se le reconozca. De tal forma, si sus funciones son de peso dentro del Poder Judicial no resulta favorable a una mayor independencia de este órgano frente a los demás que su integración tenga mayoría que no provenga de la judicatura, o peor aún que sea mayoritariamente de los órganos político partidarios, puesto que implicaría dejar dichas funciones en manos de un ente no judicial. Ello no implica desconocer el rol que juegan los representantes de los abogados, del ámbito académico y científico como asimismo del Poder Legislativo y del Poder Ejecutivo, con el fin de evitar la visión corporativa en este cuerpo, siempre y cuando se preserve el equilibrio entre los distintos sectores. Desde la perspectiva cuantitativa los Consejos de la Magistratura pueden ser numerosos, con más de veinte miembros como en España (6) o Italia, o bien reducidos, como en el constitucionalismo provincial argentino los casos de San Juan o San Luis que tienen cinco miembros. Los supuestos de pocos consejeros pueden traer como inconveniente la escasa representatividad y la concentración del poder en sus integrantes.

D. En cuanto a las funciones del Consejo se pueden mencionar dos lineamientos básicos, en la primera, participan en los métodos de designación y remoción de los jueces, y en la segunda, suman otros roles relacionados con el gobierno del Poder Judicial, así lo señala por ejemplo la Constitución española, pudiendo implicar funciones dentro del régimen disciplinario de los jueces con participación en la remoción, también en lo que respecta a la administración de los recursos y a la ejecución del presupuesto del Poder Judicial, etc. Lo expuesto genera como interrogante si resulta beneficioso o no confiar el gobierno y la administración de este órgano a un ente diferente de la Corte Suprema, y en su caso ajeno al órgano mismo. Se enfrentan en este sentido concepciones diversas. Por un lado, quienes procuran asegurar el origen propiamente político de los consejeros y, por otro, quienes ven en la política partidaria una dominación inadmisible y procuran por ello garantizar la plena autonomía de los jueces y magistrados, aun a costa de reforzar su carácter corporativo.



III. El Consejo de la Magistratura en la Constitución Nacional: reforma de 1994. Debates en la Convención Constituyente

A. La ley 24.309 (Adla, LIV-A, 89) que declaró la necesidad de la reforma constitucional que luego se concretó en 1994 contenía la introducción del Consejo de la Magistratura en el denominado Núcleo de Coincidencias Básicas. Antes de ello se había desaprobado la adopción del Consejo durante la administración de Alfonsín puesto que el Consejo para la Consolidación de la Democracia al estudiar los posibles temas para una eventual reforma constitucional no lo había incluido por considerar que las experiencias en el derecho comparado no eran suficientemente positivas.

En la Convención Constituyente, el miembro informante del despacho mayoritario Enrique Paixao, destacó que la judicatura argentina padecía una triple crisis: técnica, institucional y política, ante lo cual el órgano central de dicha reforma "... es el Consejo de la Magistratura, cuyas funciones van desde una intervención sustancial en el procesos de nombramiento de los jueces hasta la apertura del procedimiento de remoción de estos y la acusación ante el Jurado de Enjuiciamiento, órgano este que pasa a ser el mecanismo de remoción en caso de inconducta para los jueces nacionales, exclusión hecha de quienes integran la Corte Suprema". (7) Agrega que este Consejo tiene importantes funciones, revirtiendo así la tendencia que ha llevado a concentrar en uno de los Órganos que ejercen el Poder Judicial de la Nación -la Corte Suprema de Justicia de la Nación- la totalidad de los poderes de administración correspondientes a un conjunto de órganos descentralizados entre sí. En cuanto a la integración del Consejo de la Magistratura, continúa Paixao, "se ha procurado un modelo de equilibrio que garantice la transparencia en el cumplimiento de estas finalidades y el pluralismo en la integración del órgano, pero que simultáneamente no convierta al Poder Judicial de la Nación en un sistema autogestionario en el que los jueces -cuya misión es la de decidir casos concretos- puedan llegar a transformarse en la fuente de provisión de nuevos jueces. De tal manera, se ha buscado un modelo intermedio en que los poderes democráticos retengan una importante injerencia en el proceso de designación de los jueces, pero en el que simultáneamente -por participación de los propios jueces en el gobierno de la magistratura y por participación de estamentos vinculados con la actividad forense u otras personas- el sistema judicial esté gobernado con pluralismo aunque sin transferir a quienes no tienen la representación popular la totalidad de los poderes propios distintos de los que le son específicamente propios del sistema judicial, que son los de dictar sentencias, esto es, resolver casos contenciosos". (8)

También son importantes las intervenciones de García Lema, Cullen, Hitters, De la Rúa, Armagnague, entre otros. Cullen, por ejemplo si bien aplaude que la designación y la remoción de los magistrados al margen de toda preferencia de carácter político, esté en manos del Consejo de la Magistratura con integración tripartita entre los políticos, abogados, jueces e, incluso, personalidades independientes y académicas, sin embargo plantea sus dudas en cuanto a las atribuciones del Consejo para gobernar y administrar el Poder Judicial, ya que se pronuncia a favor de la autarquía de este órgano. (9)

Las voces críticas también se hicieron sentir en el seno de la Convención Constituyente. Por ejemplo, Conesa Mones Ruiz, miembro informante del Bloque Fuerza Republicana (10) sostuvo que el proyecto de la mayoría directamente tiende a la desaparición del Poder Judicial, atenta contra el sistema republicano de gobierno y los principios de la democracia. En su lugar defiende la creación del Consejo de la Magistratura con las funciones de designación, nominación, selección de magistrados futuros previo concurso de oposición, méritos y antecedentes, pero que no implique la sustitución de facultades esenciales del Poder Judicial de la Nación. Por su parte, Vázquez, miembro informante del Modin, advirtió críticamente sobre la grave politización en su integración ya que se le da injerencia a los poderes políticos del gobierno, lo que acarreará la consecuente zozobra en los jueces con respecto a su estabilidad, que es uno de los pilares fundamentales del régimen republicano de gobierno. (11)

B. Fruto de la reforma de 1994 aparece el Consejo de la Magistratura en el art. 114 dentro de la Sección Tercera referida al Poder Judicial. Dicho artículo le atribuye en general la competencia de seleccionar a los jueces y administrar el Poder Judicial. La segunda parte del artículo se refiere a la integración del cuerpo procurando, según el texto comentado, un equilibrio entre los representantes de los órganos políticos resultantes de la elección popular; de los jueces federales de todas las instancias; de los abogados de la matrícula federal; y otras personas del ámbito académico y científico pero dejó a criterio de los legisladores la determinación de su número como asimismo los requisitos generales de elegibilidad de los mismos; los métodos de elección, la duración en el mandato y, eventualmente, sus remociones.

Algunos sostienen que el equilibrio que establece el art. 114 no supone igualdad en la representación de los distintos sectores, pudiendo reconocérsele preeminencia a uno sobre los otros. (12) Esta preeminencia puede manifestarse a través del reconocimiento de la mayoría absoluta de los miembros que le permitiría obtener quórum por sí solo, e incluso decidir sin el consenso del resto de los representantes. Otra interpretación posible es que ninguno de los sectores representados fuese capaz de neutralizar por sí solo la representación de los otros grupos, admitiéndose implícitamente el predominio de uno sobre los otros pero con el límite de que tal preeminencia no neutralice a los otros en su conjunto. En otras palabras los representantes que tuviesen prevalencia no contarían con el número necesario para sesionar, e incluso resolver, por sí solos.

En el caso del art. 114 se ha dejado en manos del legislador ordinario definir e interpretar ese "equilibrio" lo cual ha sido plasmado de diferente forma en las distintas normas reglamentarias. Según el Diccionario de la Real Academia Española, equilibrio. (Del lat. aequilibrium) tiene las siguientes acepciones: 1. m. Estado de un cuerpo cuando fuerzas encontradas que obran en él se compensan destruyéndose mutuamente. 2. m. Situación de un cuerpo que, a pesar de tener poca base de sustentación, se mantiene sin caerse. 3. m. Peso que es igual a otro y lo contrarresta. 4. m. Contrapeso, contrarresto, armonía entre cosas diversas. 5. m. Ecuanimidad, mesura, sensatez en los actos y juicios. 6. m. pl. Actos de contemporización, prudencia o astucia, encaminados a sostener una situación, actitud, opinión, etc., insegura o dificultosa.

De estas significaciones podríamos aplicar a la composición del Consejo aquella que implica el contrapeso, la armonía entre cosas diversas y por ello adscribir a la posición que entiende que ningún sector debería tener preeminencia sobre los otros que implique neutralizar o anular a los demás. Además, tal equilibrio funciona también intrasectores de forma tal que, dentro del sector político la representación del Poder Ejecutivo no podría se predominante sobre la del Legislativo pero sí podría darse a la inversa atento a que el objetivo de la reforma de 1994 fue atenuar los poderes del presidente. (13)

Por último, la Cláusula Transitoria Decimotercera impuso un límite temporal estableciendo que a partir de los trescientos sesenta días de la vigencia de la reforma en análisis, los magistrados inferiores solamente podrían ser designados por el procedimiento previsto en el art. 114, siendo aplicable hasta dicho momento el sistema vigente con anterioridad. Veremos cómo la primera ley reglamentaria que recién se sanciona en diciembre de 1997 impidió la aplicación del artículo referido por más de dos años.



IV. Las distintas leyes reglamentarias, la composición y la forma de elección de los miembros del Consejo de la Magistratura

A. La primera ley reglamentaria del art. 114, la nro. 24.937, se sanciona el 10 de diciembre de 1997, y ocho días después es corregida por la ley 24.939 (Adla, LVIII-A, 97), estructurando inicialmente un Consejo compuesto por diecinueve miembros, que luego cual queda en veinte miembros atento a la corrección de la Ley 24.939.

Los diecinueve consejeros en la primera norma, estaban presididos por el Presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, más cuatro jueces del Poder Judicial de la Nación; ocho legisladores (cuatro senadores, dos por la mayoría, uno por la primera y uno por la segunda minoría; cuatro diputados, dos por la mayoría, uno por la primera y uno por la segunda minoría); cuatro representantes de los abogados de la matrícula federal; un representante del Poder Ejecutivo y un abogado, profesor titular de facultades de derecho de universidades nacionales. En tanto que en la segunda norma, la composición es de veinte integrantes, ya que, se agrega a los mencionados, un representante del ámbito científico. Esta modificación implicó reconocer que se trataba de ámbitos distintos, por un lado, el académico y por otro el científico requiriendo cada uno, representantes propios. En cuanto a la adopción de sus decisiones, con la ley 24.937 el quórum era de trece miembros y la mayoría era la absoluta de miembros presentes, excepto supuestos especiales, modificándose con la Ley 24.939 solamente el quórum que queda en doce.

En relación con el equilibrio en la integración se observa que de los diecinueve miembros iniciales, nueve representaban a los sectores políticos partidarios, número que se mantuvo en la integración posterior. De esta forma, el perfil político implicaba un cuarenta y cinco por ciento (45%) sobre veinte consejeros, mientras que si se compara con cada uno de los sectores representados, fue sin duda el más numeroso frente a cuatro abogados (que representaban el veinte por ciento (20%) del total), cuatro jueces (también veinte por ciento (20%) y dos representantes del ámbito académico y científico (diez por ciento (10%).

En cuanto a las mayorías exigidas si bien la regla es la mayoría absoluta de miembros presentes, las excepciones las constituían por ejemplo, el art. 7º inc. 7 que para decidir la apertura del procedimiento de remoción de magistrados, se requería la mayoría de dos tercios de miembros presentes. En similar sentido, el plenario podía revisar las calificaciones de los exámenes escritos y antecedentes y toda modificación a las resoluciones de la Comisión exigía la mayoría de dos tercios de los miembros presentes. También se exigía esta mayoría agravada para aplicar sanciones a los magistrados (art. 7º inc. 12)

B. Si bien la representación político partidaria era numéricamente mayor que las demás y ponía la nota de desequilibrio en la integración, con la sanción de la ley 26.080 -modificatoria de la ley 24.937 y sancionada el 22 de febrero de 2006-, la situación se agravó aún más. Dicha normativa disminuyó el número de miembros que componen el Consejo de la Magistratura, y estableció una nueva composición, el cual quedó conformado por trece miembros, a saber: "1. Tres jueces del Poder Judicial de la Nación, elegidos por el sistema D'Hont, debiéndose garantizar la representación igualitaria de los jueces de Cámara y de primera instancia y la presencia de magistrados, con competencia federal del interior de la República. 2. Seis legisladores. A tal efecto los presidentes de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados, a propuesta de los bloques parlamentarios de los partidos políticos, designarán tres legisladores por cada una de ellas, correspondiendo dos a la mayoría y uno a la primera minoría. 3. Dos representantes de los abogados de la matrícula federal, designados por el voto directo de los profesionales que posean esa matrícula. Uno de los representantes deberá tener domicilio real en cualquier punto del interior del país. 4. Un representante del Poder Ejecutivo. 5. Un representante del ámbito académico y científico que deberá ser profesor regular de cátedra universitaria de facultades de derecho nacionales y contar con una reconocida trayectoria y prestigio, el cual será elegido por el Consejo Interuniversitario Nacional con mayoría absoluta de sus integrantes. Los miembros del Consejo prestarán juramento en el acto de su incorporación de desempeñar debidamente el cargo por ante el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Por cada miembro titular se elegirá un suplente, mediante igual procedimiento, para reemplazarlo en caso de renuncia, remoción o fallecimiento".

Se advierte que los distintos estamentos han reducido el número de representantes, en lugar de cuatro jueces quedan tres, de cuatro abogados se reduce a dos, de ocho legisladores a seis (de los cuales cuatro son de la mayoría, y dos, de la primera minoría), de dos representantes del ámbito académico y científico queda uno solo, además desaparece el Presidente de la Corte quien presidía el cuerpo. En porcentajes, los segmentos más afectados con la disminución de representantes son los de abogados y los del ámbito académico y científico que han quedado con la mitad de representantes en relación con la normativa anterior. Dicha merma, sumada a la ausencia del Presidente de la Corte, implica que el sector político partidario tiene un mayor porcentaje comparativamente con los demás sectores y sobre el total de miembros. De esta forma, siete miembros del ámbito político partidario sobre trece suponen más del cincuenta por ciento (50%) de su integración contra el cuarenta y cinco por ciento (45%) en la anterior composición. Adviértase que este estamento no ha disminuido en realidad su poder en el seno del Consejo sino que por el contrario lo ha incrementado notablemente.

Estas consideraciones no se vinculan con el modo en que habrán de votar por ejemplo, los legisladores que conformen el Consejo que responden a mayorías y minorías, dado que tales cuestiones no pueden preverse y muchas veces responden a negociaciones políticas complejas. (14) Lo que sí es claro que la Carta Magna ha previsto que el modo de organización del Consejo sea equilibrado con las distintas fuerzas, por un lado el sector político partidario, por otro el sector de los magistrados, por otro el sector de los abogados y por último, los ámbitos académico y científico. Es decir, cinco sectores, deben estar equilibrados. Hoy, con esta conformación, el cuerpo político partidario, ostenta siete miembros, adquiriendo mayoría, y pudiendo por ende dominar el Consejo. Ahora bien si el análisis se efectúa en relación con la representación del oficialismo dentro del sector político partidario, el incremento es aún mayor, ya que ha pasado de tener un veinticinco por ciento (cinco consejeros de la mayoría sobre veinte), a un cuarenta por ciento (cinco consejeros de la mayoría sobre trece), por lo que, podrá influir y hasta vetar cualquier decisión del cuerpo que deba ser tomada por dos tercios de los votos. (15)

En defensa de esta normativa se dijo que la reducción de la cantidad de miembros de veinte a trece tuvo por objeto facilitar el quórum y los acuerdos necesarios para la toma de decisiones. Mientras que, a favor de la integración de los legisladores con dos por mayoría y uno por la primera minoría de cada cámara se afirmó que el oficialismo, surgido del voto popular, debía tener un espacio mayor que las minorías que, según la ley anterior, ocupaban dos lugares en igualdad con la mayoría de cada cámara. Por último, se defendió el equilibrio en la representación diciendo que las minorías parlamentarias no actuarían sistemáticamente junto a la representación de las mayorías. (16)

Respecto a las decisiones, se mantuvo la mayoría de los dos tercios de miembros presentes para decidir en plenario la acusación ante el Jurado de Enjuiciamiento conforme al art. 12 inc. 7. Sin embargo, se cambia para el ejercicio de facultades disciplinarias sobre los jueces ya que en el mismo art. 12 inc. 12 se dispone que para aplicar las sanciones a los magistrados a propuesta de la Comisión de Disciplina y Acusación, las decisiones deberán adoptarse con el voto de la mayoría absoluta de los miembros presentes. La Corte Suprema y los tribunales inferiores mantienen la potestad disciplinaria sobre los funcionarios y empleados del Poder Judicial de la Nación, de acuerdo a las leyes y reglamentos vigentes.

C. Con la sanción de la ley 26.855 de mayo de 2013 se modifica por tercera vez la ley 24.937, en esta ocasión bajo el lema "democratización de la Justicia". El proyecto enviado por el Poder Ejecutivo al Congreso el 8 de abril de 2013, indica los puntos en los que se sustenta, a saber, la profundización democrática que goza la República desde el 10 de diciembre de 1983, garantizar la efectiva participación de la comunidad en la toma de decisiones y la plena vigencia de los principios de publicidad de los actos de gobierno, transparencia en la gestión, control público de las decisiones y elección de jueces a través de mecanismos no discriminatorios que favorezcan la participación popular. Conforme a estos presupuestos los aspectos salientes de la modificación propuesta son: 1. El establecimiento de mecanismos de elección de los miembros del Consejo de la Magistratura que expresen fielmente la voluntad popular; 2. Garantizar y perfeccionar el equilibrio de los diferentes estamentos en la composición del cuerpo; 3. La morigeración de las exigencias para ser consejero para evitar que se vea limitada la participación de los ciudadanos; 4. Fijar mecanismos ágiles de toma de decisiones que dificulten la parálisis del organismo; y 5. Establecer las condiciones que garanticen el rol del Consejo de la Magistratura como administrador del Poder Judicial.

En torno a la forma de elección y a la composición, se establece en el art. 1º que la elección de sus integrantes será "... a través de mecanismos no discriminatorios que favorezcan la participación popular" y en el art. 2º se cambia la composición pasando de trece a diecinueve miembros, coincidiendo cuantitativamente con la primera integración, la establecida por la ley 24.937 modificada por la 24.939. En lo cualitativo, los jueces mantienen el mismo número de tres que ostentaban con la ley 26.080, igualmente los representantes de los órganos que surgen de la elección popular (seis legisladores y un representante del Ejecutivo), mientras que los abogados acrecientan su representación ya que de dos pasan a tres, y los del ámbito académico y científico de un representante pasan a tener seis, siendo el estamento que se ve más favorecido con el considerable aumento referido.

En relación a los requisitos, se suprime la exigencia de tener las condiciones necesarias para ser miembro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. (17) El nuevo texto exige contar con las condiciones mínimas exigidas para ser diputado. (18) Agrega que no podrán ser Consejeros las personas que hubieran desempeñado cargo o función pública jerárquica durante la última dictadura cívico-militar o respecto de quienes se verifiquen condiciones éticas opuestas al respeto por las instituciones democráticas y los derechos humanos. Lo significativo del cambio en torno a los requisitos da como resultado que de los diecinueve miembros, solamente seis serán abogados en franca minoría frente a los restantes trece, lo que cambia sustancialmente el perfil profesional que el Consejo ostentó desde su nacimiento con la primera ley reglamentaria. Sin embargo, se advierte que la Constitución Nacional no establece ningún tipo de requisitos subjetivos y el criterio adoptado es acorde con el esbozado intento de una máxima apertura del órgano a un esquema de participación abierta.

Esto es claro sobre todo en el tratamiento de la forma de elección, punto en el que las modificaciones también son de fondo ya que, en las normas anteriores se respetó que los jueces, abogados, representantes del ámbito académico y científico, fueran elegidos por sus pares, en el seno de las asociaciones gremiales y profesionales existentes y de acuerdo con procedimientos reservados a los empadronados en cada asociación. Con la nueva ley "se propicia ampliar la base democrática de la elección de los miembros del cuerpo que no surgen directamente de la voluntad popular", como se expresa en la exposición de motivos, estableciéndose el sufragio universal como mecanismo de elección de los representantes de estos cuatro grupos, reconociendo al mismo tiempo representación a la primera minoría a fin de garantizar mayor pluralidad en la representación estamentaria. De esta forma se adopta el régimen electoral de la ley 26.571 reafirmando que conforme al art. 38 C.N. los partidos políticos son instituciones fundamentales de la democracia con competencia para la postulación de candidatos a cargos públicos electivos.

Conforme al nuevo art. 2º tanto los jueces como los abogados se elegirán por el pueblo de la Nación a través del sufragio universal, correspondiendo dos representantes a la lista que resulte ganadora por simple mayoría y uno a la que resulte en segundo lugar. En el caso de los seis representantes de los ámbitos académico o científico, elegidos a través del sufragio universal corresponderán cuatro representantes a la lista que resulte ganadora por simple mayoría y dos a la que resulte en segundo lugar. Los seis legisladores por su parte, resultarán de la designación de los Presidentes de Senadores y de Diputados, que a propuesta de los bloques parlamentarios de los partidos políticos, designarán a tres legisladores por cada una de ellas, correspondiendo dos a la mayoría y uno a la primera minoría. Finalmente, se mantiene un representante del Ejecutivo, el cual no proviene directamente de la elección popular, ya que no se trata del propio Presidente sino de un funcionario designado por éste.

En el art. 3º bis se determina el procedimiento para elegir a los consejeros representantes del ámbito académico y científico, de los jueces y de los abogados de la matrícula federal, estableciéndose que las elecciones se realizarán en forma conjunta y simultánea con las elecciones nacionales en las cuales se elija presidente. La elección será por una lista de precandidatos postulados por agrupaciones políticas nacionales que postulen fórmulas de precandidatos presidenciales, mediante elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. La norma establece además que no podrán constituirse agrupaciones políticas al único efecto de postular candidaturas al Consejo de la Magistratura ni podrán oficializarse candidaturas a más de un cargo y por más de una agrupación política.

Aunque luego el nuevo art. 33, dispone que en la primera oportunidad de aplicación de esta ley, el acto eleccionario referido se celebrará con las elecciones nacionales para cargos legislativos. En este caso, la oficialización de listas de candidatos a consejeros del Consejo de la Magistratura para las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias, y para las elecciones generales, podrá hacerse en esta oportunidad, por cualquier partido, confederación o alianza de orden nacional. A los fines de la adhesión de los cuerpos de boleta de la categoría de consejeros del Consejo de la Magistratura con la de legisladores nacionales en cada distrito, se requiere la comprobación de la existencia de que en al menos 18 de los 24 distritos, la mencionada adhesión se realiza exclusivamente con agrupaciones de idéntica denominación. En el resto de los distritos, podrá adherirse mediando vínculo jurídico entre las categorías de las listas oficializadas. La adhesión de los cuerpos de boleta del resto de las categorías podrá realizarse mediando vínculo jurídico.

Adviértase que de esta forma, tanto los jueces como los abogados y los académicos y científicos que aspiren a ser consejeros, deberán insertarse necesariamente en el ámbito de la política partidaria, y participar en los comicios integrando las listas de algún partido político nacional en las primarias y luego en las elecciones generales.

Si tenemos en cuenta que, en las normas reglamentarias anteriores se criticaba la falta de equilibrio entre los representantes de los órganos que surgen de la elección popular y que representan a la política partidaria que conforme a la ley 26.080, implicaban más del cincuenta por ciento (50%) de la representación en relación con los otros estamentos, como son los jueces, los abogados, los académicos y los científicos, con la nueva norma se corre el riesgo de anular el equilibrio puesto que todos los grupos quedarán a merced de la política partidaria. Además serán elegidos en las elecciones presidenciales, con la excepción de este año 2013 (art. 33), y durarán cuatros años en sus cargo (art. 3º) coincidiendo con el mandato presidencial.

Así quienes como jueces, abogados, académicos y científicos quieran postular a consejeros deberán buscar un partido político nacional que los incluya en sus listas y luego accederán en la medida que la lista resulte ganadora por simple mayoría o bien primera minoría. Ello supone que dichos candidatos deberán sumarse a las campañas políticas con formulación de propuestas y plataformas electorales, que en el caso de los jueces resulta reñido con las obligaciones impuestas por el Reglamento para la Justicia Federal. En efecto, dispone la Acordada del 17 de diciembre de 1952 que contiene el Reglamento para la Justicia Nacional, en su art. 8º que los magistrados, funcionarios y empleados deberán observar una conducta irreprochable y especialmente "no podrán estar afiliados a partidos o agrupaciones políticas, ni actuar en política" (inc. e). Si bien en la nueva normativa del Consejo no se exige que los jueces cumplan con la afiliación, al requerir que integren las listas de los partidos políticos por lógica se impone la participación en actividades propias de los partidos políticos, como manifestarse abiertamente como simpatizante de un partido político ya que al integrar su lista deberá hacer campañas, presentar propuestas acordes con los demás postulados de dicho partido. Además el art. 33 de la ley 23.298 de partidos políticos (Adla, XLV-D, 3635) excluye a los magistrados de la posibilidad de ser precandidatos en elecciones primarias y candidatos en elecciones generales a cargos públicos electivos nacionales.

La nueva legislación vulnera el equilibrio que exige el art. 114 C.N., en el sentido propiciado que ningún grupo o estamento pueda imponerse por sí solo sobre los demás, en cuanto los cinco estamentos ahora están necesariamente vinculados a los partidos políticos y el que obtenga la mayoría en la contienda electoral presidencial conseguirá no solamente la primera magistratura nacional sino también los dos tercios del Consejo de la Magistratura.

Con las normas anteriores se violaba el equilibrio en el número de integrantes donde los representantes del ámbito de la política partidaria superaban con creces a los demás. La fórmula actual establece un procedimiento de elección necesariamente unido a la contienda electoral y los acuerdos entre partidos, que sin duda se verá afectado por el desprestigio y crisis de legitimidad que aqueja a los procedimientos tradicionales de la lucha político-electoral. Sus consecuencias sobre la autonomía, independencia y ecuanimidad de los jueces puede ser inmediata.

Además en el caso de los jueces, el art. 114 C.N. exige que sean de todas las instancias y la nueva norma reglamentaria omite toda consideración y exigencia al respecto, mientras que respecto a los abogados, la ley 26.080 requería con acierto que uno de los representantes de los abogados de la matrícula federal, tuviera domicilio real en cualquier punto del interior del país, y anteriormente se exigía garantizar la presencia de los abogados del interior de la República, todo lo cual se omite en la nueva norma perjudicando la representación federal.

Este cuestionamiento crítico de la influencia contundente de la política partidaria en todos los miembros del Consejo, deja a salvo la forma de elección de los consejeros mediante el sufragio universal. Debió separarse por un lado, la elección popular como el modo de acceso al Consejo que incluyera a todos los estamentos, incluido el representante del Ejecutivo que como tal, tampoco es elegido popularmente para ocupar dicho cargo, y por otro, permitir las candidaturas independientes favoreciendo que los jueces, los abogados, los académicos y científicos puedan mostrar a la ciudadanía las propuestas que consideran deben primar en las funciones del Consejo, sin atarse necesariamente a un partido político determinado.

Otro aspecto a destacar es la eliminación de la mayoría agravada de los dos tercios exigida en plenario para dos cuestiones claves para el Poder Judicial, como es para conformar ternas para la designación de magistrados (art. 13), y para suspender y acusar a los magistrados federales (art. 7º inc.7), mientras que con la nueva norma, bastará la mayoría absoluta, lo cual supone una flexibilización importante que, sumado a la influencia del partido político ganador de las elecciones presidenciales puede llevar a poner al Poder Judicial a merced del oficialismo de turno que decida el ingreso y el egreso a la judicatura con escaso margen de control. Comparativamente, según la Constitución Nacional para suspender y acusar a un funcionario electo a través del procedimiento de juicio político la exigencia es de dos tercios de los miembros presentes en Diputados (art. 53), mientras que los jueces a partir de la nueva normativa podrán ser suspendidos o acusados por una mayoría menor que puede llegar a estar en manos de un mismo sector político partidario.

Por último, cabe destacar en la nueva normativa algunos aspectos favorables para la función gubernativa de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, obtenidos a través de las modificaciones que le introduce la Cámara de Diputados al proyecto del Ejecutivo. Entre ellos, en relación con los temas presupuestarios el nuevo art. 7º inc. 10 dispone que el plenario toma conocimiento del anteproyecto de presupuesto anual del Poder Judicial que pondrá a consideración de la Corte Suprema. En relación con los temas de superintendencia, el art. 30 establece que las facultades concernientes a la superintendencia general sobre los distintos órganos judiciales continuarán siendo ejercidas por dicho Tribunal y las cámaras nacionales de apelaciones con excepción del Consejo de la Magistratura que ejercerá su propia superintendencia.

Esta nueva norma modifica otras leyes que también acrecientan potestades en la Corte Suprema. Así en relación con los temas presupuestarios, se modifica el art. 5º de la ley 11.672 (Adla, 1920-1940, 296) que autoriza al presidente de dicho Tribunal a reajustar los créditos de su presupuesto jurisdiccional debiendo comunicar al Jefe de Gabinete las modificaciones que se dispusieran. Coincidentemente se reforman varios artículos de la ley de autarquía judicial, la 23.853 (Adla, L-D, 3704), reafirmándose en el art. 1º que queda en manos de la Corte Suprema la potestad de preparar el presupuesto de Gastos y Recursos del Poder Judicial, y se agrega que deberá observar los principios de transparencia en la gestión y eficiencia en el uso de los recursos, lo mismo se agrega en el art. 5º en relación con las facultades de la Corte Suprema de disponer las reestructuraciones y compensaciones que considere necesarias. Muy importante es la modificación introducida en los arts. 7º y 8º, que confirman que la Corte Suprema es la que fija las remuneraciones de magistrados, funcionarios y empleados del Poder Judicial como asimismo es la que ejerce amplias facultades para fijar aranceles y sus montos y actualizaciones, dispone de su patrimonio y determina el régimen de percepción, administración y contralor de sus recursos y su ejecución.

En lo referente a la organización y funcionamiento del Poder Judicial, se modifica el art. 23 de la ley 17.928 (Adla, XXVIII-C, 3336) que autoriza a la Corte Suprema a cubrir los cargos de secretarios y de personal auxiliar de los tribunales nacionales mediante la redistribución o traslado de los agentes que se desempeñen en cualquiera de los fueros y circunscripciones de la justicia nacional. En la misma línea, el art. 3º de la ley 19.362, por el cual la Corte Suprema fijará las dotaciones de personal de los distintos tribunales y organismos que integren el Poder Judicial de la Nación, adjudicando la cantidad de cargos y categorías que su funcionamiento requiera. También se reforma el art. 117 párrafos 5 y 6 de la ley 24.156 de Administración Financiera (Adla, LII-D, 4002) y de los sistemas de control del sector público nacional, reteniendo la Corte Suprema la facultad para disponer sobre la modalidad y alcances de la puesta en práctica del sistema instituido por esta ley con relación al Poder Judicial.

Adviértase que en todas las normas modificadas que han sido citadas, las potestades presupuestarias y de organización y funcionamiento del Poder Judicial habían sido conferidas al Consejo de la Magistratura en el proyecto originario del Ejecutivo, lo que suponía una gravísima intromisión de este cuerpo en funcionamiento del Poder Judicial. Gracias a las modificaciones introducidas por Diputados y luego aprobadas por Senadores, la Corte Suprema recupera todas esas potestades, fortaleciendo decididamente su posición de cabeza de Poder Judicial.

Lo que no se modificó en el Congreso y por ello se mantiene como en el proyecto del Ejecutivo es la reforma al art. 1º de la ley 26.376 (Adla, LXVIII-C, 2236) de subrogancias que dispone que en caso de recusación, excusación, licencia, vacancia u otro impedimento de los Jueces de Primera Instancia, Nacionales o Federales, ya no será la respectiva Cámara de la jurisdicción la que procederá a la designación de un subrogante sino que ahora será el Consejo de la Magistratura quien lo haga, de acuerdo al mismo orden que contempla la norma modificada.



V. La influencia de la política partidaria y sus implicancias en la administración de justicia

La marcada presencia de la política partidaria que se manifiesta en la forma de elección de los integrantes del Consejo de la Magistratura, fruto de la reciente reforma legislativa lleva a replantearse algunos aspectos básicos que fueron claves a la hora de introducirlo en la Constitución Nacional.

El primero de ellos tiene que ver con la finalidad de mejorar el procedimiento de selección de candidatos a las magistraturas y de su remoción, logrando su despartidización. En ello, la decidida influencia de la política partidaria en el Consejo de la Magistratura hará que tal fin no se obtenga, quedando en definitiva la selección y elaboración de ternas, el nombramiento de jueces subrogantes como la remoción de los jueces inferiores tan contaminadas con las pujas partidarias e incluso dominadas por el partido oficialista, como antes de la reforma constitucional de 1994.

Por otro lado, si se pretendía una integración equilibrada del Consejo que tuviera por objeto reflejar el pluralismo existente en la sociedad a través de los representantes de las distintas partes interesadas y estimular la participación, el diálogo y el consenso entre ellos, tampoco se alcanza si todos los consejeros deben integrar previamente las listas de algún partido político nacional y finalmente acceder al cargo de la mano de la lista ganadora o de la que obtuvo la primera minoría.

Esta preponderancia del perfil político partidario, y dentro de éste, del oficialismo de turno en el Consejo de la Magistratura, si bien puede pensarse que condice con el carácter político de la designación y remoción de los magistrados, en cambio es particularmente ajeno a la administración y gobierno del Poder Judicial, a la ejecución de su presupuesto, y a los aspectos disciplinarios que hacen a la esencia del funcionamiento de este poder, que además ahora requieren de una mayoría menos exigente en el Consejo.

La incógnita fundamental que preside el nuevo sistema es la relativa al riesgo de intromisión de la política partidaria en la composición y en la forma de elección de los consejeros frente a las funciones que desempeña el Consejo y que afectan directamente al Poder Judicial, no sólo las que suponen coadyuvar a la mejora y despartidización de su integración sino fundamentalmente las que tiene que ver con su gobierno, con sus recursos, con su administración. Dejar estos cometidos en manos de la política partidaria supone correr grandes riesgos que el Poder Judicial quede sujeto a interferencias e imposiciones del Ejecutivo y del Legislativo.

Bajo estas condiciones contextuales, resulta comprensible que a la expansión global de la importancia política de los jueces acompañe un crecimiento del interés y la inquietud de la opinión pública acerca de quiénes son los jueces, cuáles son sus capacidades, a qué intereses e ideas responden y, sobre todo, cómo son elegidos o removidos. Pero ello no debe traer aparejado que, so pretexto de dar mayor injerencia a la ciudadanía a través del voto universal, en realidad se permita que los partidos políticos obtengan el control del Consejo de la Magistratura, pudiendo quedar sus decisiones en manos de la mayoría oficialista de turno.

Con la nueva normativa del Consejo de la Magistratura en lugar de preservarse el pluralismo en su integración se introduce en los procedimientos de selección, nombramiento y remoción de jueces y magistrados una verdadera sobrecarga de tensión política. Es difícil pensar que en tiempos de fragmentación, crisis de identidad y enfrentamiento como los que vive el sistema de partidos en la Argentina actual, este reenvío al ámbito de la política no termine produciendo efectos exactamente inversos a los que se pretende.

El avance que la reforma constitucional de 1994 aspiró a imponer, orientado a la independencia y despartidización del Poder Judicial ha tropezado en los hechos con dificultades que, con el tiempo, parecerían agigantarse. La independencia judicial es hoy una de las mayores asignaturas pendientes de la reinstauración democrática a treinta años de 1983. Desde esta perspectiva la reciente legislación reglamentaria del Consejo de la Magistratura se encamina en un sentido decididamente regresivo.

Especial para La Ley. Derechos reservados (Ley 11.723).



 (1) Ver de la autora: "El perfil político partidario del Consejo de la Magistratura y del Jurado de Enjuiciamiento"; en Suplemento de Derecho Constitucional de El Derecho; 12 de junio de 2009; p. 1. "El Poder Judicial y la autarquía: recepción en el derecho público provincial argentino", en "Horizontes contemporáneos del Derecho Procesal Constitucional", Liber amicorum, SAGÜÉS, Néstor Pedro, t. II, Gerardo Eto Cruz, (coordinador), Editorial Adrus, Lima; 2011; pp. 875/899, "La Corte Suprema y a la autonomía presupuestaria del Poder Judicial"; en Revista "El Reporte Judicial", Escuela de Capacitación Judicial, Poder Judicial de Chubut, sept. de 2011; pp. 72/76 y "La autonomía presupuestaria del Poder Judicial. Una herramienta para garantizar la independencia judicial y la eficaz administración de justicia"; Ed. Ad Hoc; Buenos Aires.; marzo de 2012.
 (2) Al respecto se han escrito importantes trabajos como los de CAYUSO, Susana; "Consejo de la Magistratura. Análisis constitucional de la ley 26.588"; Erreius online; 2013; BLANDO, Oscar M. y GATTI, Franco, "El Poder Judicial y la tensión entre independencia, democracia y mayorías"; 27 de mayo de 2013; Microiuris MJ-DOC-6292-AR | MJD6292, entre otros. Además se han incoado acciones de inconstitucionalidad y se han obtenido dos medidas cautelares dispuestas por los jueces federales Alfredo López (Mar del Plata) y Martín Martínez (San Nicolás) que han suspendido el llamado a elecciones mientras tramitan las respectivas acciones. Por su parte, la Dra. Servini de Cubría, titular del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional Federal, Sec. Electoral, el 11/06/13 en las causas Rizzo y Traboulsi declaró la inconstitucionalidad de los arts. 2, 4, 18 y 30 de la ley 26.855, y por ello dejó sin efecto jurídico la convocatoria electoral prevista para la elección de miembros del Consejo en el art.30. El P.E.N. planteó ante la Corte Suprema sendos recursos extraordinarios por salto de instancia, en los términos del art. 257 bis del C.P.C. y C. N. (conf. ley 26.790), dicho Tribunal los admitió formalmente el 13/06/13, que al momento de cierre de esta edición la Corte ha declarado inconstitucionales algunos cambios introducidos al Consejo de la Magistratura.
 (3) CORCUERA, Santiago H. y RASCIONI, Nora V., "El Consejo de la Magistratura, órgano del Poder Judicial de la Nación"; Lexis Nexis; Buenos Aires, 2005; p. 5.
 (4) SAGÜÉS, Néstor P., "El tercer poder. Notas sobre el perfil político del Poder Judicial"; Lexis Nexis; Buenos Aires.; 2005; p. 258. Ver también VENTURA, Adrián, "Consejo de la Magistratura. Jurado de Enjuiciamiento"; Depalma; Buenos Aires.; 1998; p. 41 y ss.
 (5) SOLA, Juan Vicente, "Derecho Constitucional"; Lexis Nexis; Buenos Aires.; 2006; p. 824.
 (6) BALLESTER CARDELL, María, "El Consejo General del Poder Judicial. Su función constitucional y legal"; Consejo General del Poder Judicial, Centro de Documentación Judicial; Madrid; 2007; GONZÁLEZ PÉREZ, Jesús, "La selección de los jueces"; Civitas; Thomson; Ed. Aranzadi; Pamplona; 2008; IÑIGUEZ HERNÁNDEZ, Diego; "El fracaso del autogobierno judicial"; Fundación Alfonso Martín Escudero y Thomson Civitas; Pamplona; 2008.
 (7) Convención Nacional Constituyente, Diario de Sesiones, 18º Reunión -3º Sesión Ordinaria (continuación) 27 de Julio de 1994, p. 2219.
 (8) Convención Nacional Constituyente, Diario de Sesiones, 18º Reunión, 3º Sesión Ordinaria (continuación), 27 de Julio de 1994, p. 2219.
 (9) Convención Nacional Constituyente, Diario de Sesiones, ob. cit.; p. 2410.
 (10) Convención Nacional Constituyente, Diario de Sesiones, ob. cit.; p. 2246.
 (11) Convención Nacional Constituyente, Diario de Sesiones, ob. cit.; p. 2236.
 (12) Ver por ejemplo a SPOTA, Alberto, "El Consejo de la Magistratura en la Constitución Nacional"; LA LEY, 1995-D, 1360.
 (13) Esta es la opinión vertida por QUIROGA LAVIÉ, Humberto, BENEDETTI, Miguel Ángel y CENICACELAYA, María de las Nieves, en "Derecho Constitucional Argentino"; 2ª edición actualizada por QUIROGA LAVIÉ, Humberto; t. II; Rubinzal Culzoni; Santa Fe; 2009; p. 1274.
 (14) En la causa "Asociación de Abogados de Buenos Aries contra Ley 26.080", fallada por el Juzgado Nacional de 1era. Instancia en lo Contenciosoadministrativo Federal nro. 8, el 07/07/2006 se dijo que "Creo que puede sostenerse que el equilibrio a procurar exige mínimamente que ningún sector pueda imponerse sobre otros. Ello, para que las distintas voluntades o intereses que puedan representar los diferentes sectores -y que hacen al pluralismo del Organismo- oficien de contrapeso en las decisiones del Consejo. En este orden de ideas, entiendo que los representantes de los órganos políticos elegidos por voluntad popular no forman una voluntad unívoca o monolítica. Resulta así, en tanto no puede válidamente presumirse que al momento de votar los representantes de la minoría parlamentaria vayan a adherir a la posición de los representantes de la mayoría por el hecho de ser todos integrantes del parlamento". (Ver la nota de INDALECIO BARRAZA, Javier, "Los desequilibrios de la ley. En torno al Consejo de la Magistratura y su modo de conformación"; en LA LEY, 2006-D, 594).
 (15) Ver los comentarios de ROTH, Laura, "El Consejo de la Magistratura"; en Roberto Gargarella (coordinador); "Teoría y práctica del Derecho Constitucional"; t. I; Abeledo Perrot; Buenos Aires.; 2008; p. 376.
 (16) Expresiones vertidas por el entonces Ministro de Justicia Alberto Iribarne en un artículo publicado en el Diario Clarín, 16 de enero de 2006, edición electrónica. www.clarin.com/diario/ 2006/01/16/opinion/o-01901.htm - 32k.
 (17) Art. 111 C.N.: abogado de la Nación con ocho años de ejercicio y tener las calidades para ser senador, es decir, treinta años de edad, haber sido seis años ciudadano de la Nación, disfrutar de una renta anual de dos mil pesos fuertes o de una entrada equivalente, art. 55 C. Nac.
 (18) Art. 48 C.N.: veinticinco años, cuatro años de ciudadanía en ejercicio.


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