Y vistos: Estos autos caratulados “durand casali, francisco – acción popular de inconstitucionalidad”



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(Expte CJS 35.705/12 - Durand Casali)




(Registro: Tomo 177:769/802)

Salta, 12 de julio de 2013.

Y VISTOS: Estos autos caratulados “DURAND CASALI, FRANCISCO – ACCIÓN POPULAR DE INCONSTITUCIONALIDAD” (Expte. Nº CJS 35.705/ 12), y

_________________________CONSIDERANDO:

Los Dres. Guillermo Alberto Posadas, Sergio Fabián Vittar, Guillermo Alberto Catalano, Abel Cornejo y Gustavo Adolfo Ferraris, dijeron:

1º) Que a fs. 34/62 el Sr. Francisco Durand Casali interpone acción popular de inconstitucionalidad contra la Resolución Ministerial Conjunta nº 215/12 del Ministerio de Derechos Humanos y nº 797/12 del Ministerio de Salud Pública, que aprobó la “Guía de procedimiento para la asistencia integral de toda víctima de violencia sexual y la concreta atención de los abortos no punibles conforme lo establecido en el artículo 86 inc. 2º del Código Penal”.

Afirma que la resolución impugnada vulnera el art. 10 de la Constitución Provincial y desconoce el plexo constitucional convencional según el cual el Estado argentino protege la vida a partir de la concepción. Luego de transcribir los términos del protocolo, sostiene que parte de la premisa de que la legislación argentina prescribe la no punibilidad del aborto en caso de violación, la que –dice- es falsa y que no se ha valorado el derecho a la vida del hijo concebido en esas circunstancias.

Expresa que el art. 86 inc. 2º del Código Penal prescribe una excusa absolutoria para ciertas circunstancias en las que se haya practicado un aborto el que –afirma- es siempre un delito y se encuentra tipificado en los arts. 85 a 88 del mismo código. ___

____ Agrega que el Gobernador, con el dictado del Decreto 1170/12 se ha atribuido facultades de las que carece al ejercer la potestad reglamentaria sobre aspectos procedimentales de una ley de fondo sancionada por el Congreso de la Nación, como lo es el Código Penal y que ni los defensores oficiales ni los asesores de incapaces se encuentran facultados para actuar como fedatarios de la declaración jurada que realice la mujer que desee abortar, ni su intervención está protegida por el secreto profesional, ya que las actuaciones que ellos realizan son públicas.

Detalla la normativa tanto nacional como internacional que considera vulnerada por las normas impugnadas y por el fallo de la Corte Federal que dio origen a su dictado. Sostiene que no le corresponde a ese Tribunal gobernar, administrar la Nación ni las Provincias, como tampoco legislar transformando la excusa absolutoria en un derecho que puede ser ejercido con una declaración jurada e impidiendo además la producción de pruebas.

Considera que el Gobierno Provincial no está obligado a acatar lo dispuesto por la Corte Suprema Nacional en contravención con la Constitución y la normativa internacional.

Corrido traslado a la Provincia de Salta, a fs. 81/86 contesta el Sr. Fiscal de Estado y solicita el rechazo de la demanda por las razones que allí expresa.

A fs. 92/95 dictamina la Sra. Asesora General de Incapaces.

Declarada la cuestión de puro derecho, a fs. 100/124 se agrega el alegato de la parte actora, a fs. 144/149 dictamina el señor Procurador General de la Provincia en el sentido de que corresponde el rechazo de la demanda, y a fs. 150 se llaman autos para sentencia, providencia que se encuentra firme.

Corresponde dejar aquí constancia que se tuvo como presentada en el carácter de “amicus curiae” a la “Fundación de Ayuda a la Mujer – Dra. Fabiana Alarcón” (v. fs. 151/160 vta.); y a los Dres. Miguel Plaza Rivero, Ignacio López Prouner y Julio Fabián Nader (v. fs. 189/202).

_____2º) Que en un primer orden de análisis cabe pronunciarse sobre si la acción deducida en autos, destinada a cuestionar el Decreto nº 1170/12 al que remite la Resolución Ministerial Conjunta nº 215/12 del Ministerio de Derechos Humanos y nº 797/12 del Ministerio de Salud Pública, ha sido interpuesta en término.

Ello es así porque de conformidad con la doctrina sentada por esta Corte a partir del precedente “Acción de inconstitucionalidad contra la Ley 6618/91, interpuesta por el Partido Fuerza Republicana” (Tomo 42 –Segunda Parte- fs. 1317), ante la ausencia de una reglamentación autónoma del art. 89 de la Constitución Provincial (actual art. 92), se resolvió establecer un término para la acción allí prevista, y se dijo que las disposiciones de los arts. 704 a 706 del Código Procesal Civil y Comercial rigen respecto de la “acción popular”, en cuanto no se opongan a la normativa constitucional.__

Señaló este Tribunal que, atendiendo a las particularidades de la acción, que no tiene otro objeto que hacer prevalecer la supremacía de la Constitución por sobre cualquier norma local inferior que contraríe sus términos, es de aplicación el plazo de 30 días previsto por el art. 704 del Código Procesal Civil y Comercial, que debe computarse a partir de la entrada en vigencia de la norma impugnada. Entre otros motivos, justificó esa decisión en razones de seguridad jurídica y porque sería manifiestamente irrazonable limitar el término para ejercer la acción a quien se vea afectado por la normativa, y liberar de cualquier restricción temporal a los habitantes no afectados.______________________

Este criterio se mantuvo hasta la actualidad, de manera invariable (cfr. Tomo 49:939; 53:883; 55:299; 57:995; 68:41; 88:559; 107:603; 152:175; 168:71, entre otros).

Con arreglo a la referida doctrina, la acción deducida en autos contra las normas contenidas en el Decreto 1170/12 (B.O., 26/03/2012 – ADLA 2012-B, 2221), resulta extemporánea en atención a la fecha de presentación de la demanda (6 de julio de 2012, según cargo de fs. 62).

_____3º) Que la Resolución Ministerial Conjunta nº 215/12 del Ministerio de Derechos Humanos y nº 797/12 del Ministerio de Salud Pública, impugnada de inconstitucional, aplica las pautas fijadas en el Decreto 1170/12 del Poder Ejecutivo. Esta norma fue dictada en razón de lo dispuesto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa “F., A.L. s/medida autosatisfactiva”, Expte. nº 259.XLVI. En sus considerandos el Poder Ejecutivo indicó que corresponde tener en cuenta la exhortación efectuada por el Alto Tribunal Federal a las autoridades nacionales y provinciales de implementar y hacer operativos protocolos hospitalarios para la atención de los abortos no punibles y para la asistencia integral de toda víctima de violencia sexual; que tal exhortación constituye solamente una recomendación, más aún cuando se refiere a cuestiones procedimentales, sin que pueda soslayarse la importancia institucional del fallo, en atención a la especial naturaleza de la materia y al Órgano del que emana; que corresponde adoptar criterios armónicos que permitan proteger a las víctimas de los delitos como también impedir que se utilicen fraudulentamente prácticas ilegales; que resulta conveniente ampliar las guías de procedimiento existentes en la Provincia destinadas a la protección y atención de las víctimas de violencia sexual, con relación a los supuestos de interrupción voluntaria del embarazo, producto de un delito de abuso sexual, dejando a salvo –expresamente- el derecho de los profesionales médicos a ejercer su objeción de conciencia; que resulta asimismo conveniente para los intereses y la protección integral de la víctima que la declaración jurada a la que se alude en el fallo de la Corte Suprema, sea realizada con la asistencia tutelar del Ministerio Público; que en caso de existir denuncia penal, ella sea instrumento suficiente para dar por autorizada la práctica prevista en el artículo 86, inciso 2º, del Código Penal. Con tales fundamentos dispuso instruir a los señores Ministros de Salud Pública y de Derechos Humanos para que elaboren las guías de procedimientos necesarias tendientes a la asistencia integral de toda víctima de violencia sexual y la concreta atención de los abortos no punibles en los hospitales públicos, estableciendo como autorizada su práctica con la presentación de la denuncia penal o la declaración jurada con asistencia del defensor oficial o del asesor de menores e incapaces según corresponda.

Los cuestionamientos formulados por el impugnante refieren en realidad a lo dispuesto en el decreto, sin que las previsiones de la resolución ministerial conjunta hayan ampliado de manera alguna los supuestos en los que –según lo indicado en el decreto- los hospitales públicos pueden practicar el aborto a la mujer víctima de violencia sexual. Al quedar firme entonces, por falta de impugnación temporánea, el Decreto 1170/12, también ha quedado firme respecto del actor la normativa que establece el protocolo para la intervención en los hospitales de la Provincia de Salta al no haber formulado cuestionamiento alguno independiente de las pautas fijadas por el Poder Ejecutivo.

Consecuentemente, corresponde rechazar la demanda de inconstitucionalidad. Con costas por el orden causado, por la naturaleza de la cuestión planteada.

El Dr. Guillermo Félix Díaz, dijo:

1º) Que si bien comparto la relación de causa contenida en el primer considerando del voto que antecede, estimo necesario ampliar la misma en la medida que los motivos en los que se funda mi decisión así lo requieren.

A fs. 34/62 el actor, con el patrocinio letrado del Dr. Miguel Mogrovejo, deduce acción popular de inconstitucionalidad contra las Resoluciones n° 215/12 del Ministerio de Derechos Humanos y n° 797/12 del Ministerio de Salud, sosteniendo que infringen de manera cierta, concreta, clara, la cláusula constitucional establecida en el art. 10 de la Constitución de la Provincia de Salta, desconociendo el plexo constitucional-convencional según el cual el Estado Argentino protege la vida a partir de la concepción. En este orden, menciona los siguientes preceptos: art. 75, inc. 23 de la C.N.; art. 1º de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; arts. 3º y 4º de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; arts. 3º y 6º de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; art. 6º del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; Preámbulo de la Convención sobre los Derechos del Niño y sus arts. 1º y 6º.

La impugnación alcanza también el Anexo I, denominado "Guía de Procedimiento para la Asistencia de toda Víctima de Violencia Sexual y la Concreta Atención de los Abortos No Punibles conforme lo establecido en el art. 86 incs. 1o y 2o del Código Penal de la Nación". Alega la existencia de violación del derecho de incidencia colectiva a la vida, con rango constitucional, nacional y provincial.

Luego de afirmar la competencia de este Tribunal, así como su legitimación activa para entablar la presente acción, delinea según su criterio la naturaleza del derecho que dice lesionado.

Transcribe las normas cuestionadas, y sostiene que su contenido parte de dos premisas falsas: 1) que no resulta punible el aborto practicado a una mujer víctima de delito de violación, sea o no sea incapaz, pues aún –afirma-, no se modificó la legislación y, 2) la inexistencia de colisión de derechos constitucionales al omitir toda valoración al derecho a la vida del hijo. Dice que no se debe confundir en cuanto a que son dos los delitos involucrados: la violación y el aborto; este último no será punible si se dan ciertas circunstancias. Asevera que por mas eufemismos que se utilicen, interrumpir un embarazo es quitar la vida a un ser humano. Explica distintos métodos abortivos.

Dice que es sumamente dudoso y cuestionable jurídicamente que el Gobernador de Salta pueda ejercer legítimamente la potestad reglamentaria sobre aspectos procedimentales del Código Penal; que el Decreto 1170/12 alude en sus considerandos a la naturaleza procedimental de la declaración jurada que exige la sentencia de la Corte Suprema (se refiere a la dictada el 13-03-2012, en la causa "F., A.L. s/medida autosatisfactiva" (Fallos, 335:197; La Ley online AR/JUR/1682/ 2012); pero si tal procedimiento tiene por objeto la aplicación de un precepto del Código Penal, lo razonable es pensar que se trata de una materia de derecho penal adjetivo; que en nuestro sistema constitucional es la Legislatura el único órgano legitimado para regular los aspectos adjetivos del derecho penal común. Agrega que aunque se admitiese como factible la legitimidad de las facultades del Gobernador para regular esta materia, el Decreto referido sería igualmente inconstitucional por cuanto la intervención de los Defensores Oficiales y Asesores de Incapaces en la recepción de las declaraciones juradas de las pacientes, no está contemplada en ninguna ley de la Provincia, especialmente en la Ley Orgánica del Ministerio Público; que ni los Defensores Oficiales ni los Asesores de Incapaces tienen facultades legales para actuar como fedatarios públicos y sólo la ley podría habilitarlos para actuar como tales; que, en consecuencia, cabe pensar que la intervención de esos magistrados en el trámite sanitario previsto en el art. 86 inc. 2º del Código Penal obedece a la intención de practicar una suerte de judicialización encubierta del mismo. Por otra parte, en este aspecto, se pregunta quién velará por los intereses superiores de las personas por nacer y, cuál es la participación del Ministerio Público.

A lo largo del escrito de la demanda alega la colisión de las resoluciones atacadas con los arts. 10, 17, 33, 86 y 92 de la Constitución de la Provincia de Salta, el art. 75 incs. 22 y 23 de la Constitución Nacional; el art. 1o de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; arts. 1o, 2o, 3o, 4o, 11 y 27 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; arts. 2o, 3o y 6o de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; art. 6o y 12 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y Preámbulo y arts. 1o, 2o, 3o, 6o y 27 de la Convención sobre los Derechos del Niño; así como en los arts. 1o, 2o y 3o de la Ley 26061.

Es del caso dejar señalado que sostiene una interpretación de las mencionadas normas de la Constitución Nacional y de los Tratados Internacionales diferente a la efectuada en el fallo de la Corte Cimera Nacional arriba mencionado, antecedente en el que se apoyan las resoluciones aquí impugnadas y, al que critica extensamente.

En este sentido, expresa que en Argentina no existe ningún Tribunal que unifique la jurisprudencia; que el alcance de toda sentencia judicial se limita al caso concreto que se trata en el expediente en el que se dicta, que en virtud del principio de división de poderes la Corte Suprema no puede gobernar ni administrar la Nación; que una sentencia jamás podría exhortar absolutamente nada, ni modificar la ley vigente, ni ordenar al Poder Ejecutivo lo que debe hacer respecto de cualquier asunto, si no ha sido parte en el litigio.

Afirma que las exhortaciones de los jueces no obligan a nadie, manifestando que las contenidas en el fallo mencionado representan un abuso de poder al pretender exigir al Poder Ejecutivo Provincial que realice algo que pertenece a los poderes no delegados a la Nación. Afirma que la Corte Suprema efectuó una interpretación “contra legem” del art. 86, inc. 2º del Código Penal, reintroduciendo el denominado “aborto sentimental” derogado mediante Ley 23077.

Sostiene una interpretación del art. 86, inc. 2º del Código Penal contraria a la realizada por el Alto Tribunal Federal y, con base en la misma, concluye que el Gobierno de la Provincia no está legitimado para variar una coma o una letra del mencionado precepto y, que tampoco está obligado jurídicamente a acatar una exhortación de la Corte Suprema, máxime –enfatiza- cuando es contraria a las Constituciones de la Nación y de la Provincia, las leyes vigentes y a la misión de la profesión médica.

Agrega que el fallo de la Corte Suprema es insanablemente nulo, sin necesidad de declaración judicial alguna; que no obliga a los jueces inferiores, ni a los Gobiernos Nacional, Provinciales, Municipales, ni a los legisladores, ni a los profesionales de la salud; esto por varios motivos: 1º) que el mismo ha sido dictado en abstracto, en una causa ya concluida; 2º) porque supone un abuso de facultades, ya que la función judicial es juzgar las causas y no legislar ni modificar las leyes aprobadas por el Congreso Nacional y, 3º) por ser un acto jurídico nulo de nulidad absoluta y manifiesta. Dice que al fundarse las resoluciones impugnadas en el presente en un acto con tal vicio, son igualmente insanablemente nulas.

A fs. 81/86 la Fiscalía del Estado contesta la demanda solicitando su rechazo. Expresa que las resoluciones impugnadas se dictaron de acuerdo a lo establecido por el Decreto 1170/12, que de ninguna manera ha dispuesto una modificación o reglamentación del art. 86, inc. 2º del Código Penal; que es la Corte Suprema de Justicia de la Nación quien, en ejercicio de sus competencias constitucionales, ha establecido cuál es la interpretación que corresponde asignar al precepto mencionado. Afirma que, por el contrario, dichas normas se han dictado en cumplimiento de lo recomendado por el fallo en el que tal interpretación se efectuó y, en última instancia, del ejercicio de facultades propias no delegadas por la Provincia a la Nación. Señala que la parte actora en ningún momento sostiene que las normas impugnadas sean contrarias a la sentencia referida, sino que sustenta su planteo en una disidencia con lo resuelto en el mismo, cuestión que excede el ámbito de discusión del presente juicio, el cual debe limitarse a examinar la validez constitucional de la Guía contenida en las resoluciones impugnadas.

En su dictamen de fs. 92/95, la Sra. Asesora General de Incapaces sostiene que en caso de ser acogida la demanda aún queda-ría subsistente el Decreto Nº 1170/12 al haberse extinguido el plazo para su cuestionamiento constitucional por la vía intentada. Sin perjuicio de ello, señala que la vigencia del mencionado decreto no modifica la función impuesta por la normativa legal vigente respecto del Ministerio de Menores (arts. 59 y 494 del Código Civil y arts. 54 y 56, inc. 5º de la Ley Orgánica del Ministerio Público (Ley 7328). En este orden, expresa que la intervención del Ministerio Pupilar correspondería en casos concretos, tanto respecto del “nasciturus” como de niñas o adolescentes embarazadas, como consecuencia de delitos sexuales, por lo que entiende que las normas en cuestión en nada modifican la intervención del asesor de incapaces con todas las funciones que le son propias. En cuanto al alcance del pronunciamiento de la Corte Nacional, entiende que con el mismo, el Tribunal ha intentado cumplir una función docente, a efectos de persuadir a otros justiciables que consideren que su situación es análoga a la analizada, a no acudir a la vía judicial; que por lo tanto, más que prescribir una conducta determinada que resulta exigible, intenta provocar un cambio de actitud de parte de la ciudadanía para evitar la judicialización de cuestiones que por expresa previsión legal no requerirían la intervención de la justicia. Sin embargo, sostiene que de ello no puede derivarse la existencia de un derecho subjetivo a abortar, exigible contra el Estado, compartiendo el pensamiento de quienes sostienen que la no punibilidad del aborto practicado en las circunstancias establecidas en el art. 86, 2º párrafo, inc. 2º del Código Penal, no implica desconocer el carácter prohibido de la conducta, sino tan sólo que frente al contexto específico que la norma prevé, el legislador estima que resulta inadecuada la imposición de pena. Asevera que importaría vulnerar el sistema republicano de la división de poderes si se admitiera que el Poder Judicial, en exceso de las funciones que se le asignan, aún cuando se justifique en la necesidad de suplir una omisión legislativa o reglamentaria, eluda el debate parlamentario propio de una sociedad democrática y, se arrogue funciones legislativas.

A fs. 144/149 dictamina el Sr. Procurador General de la Provincia en el sentido que el planteo “sub judice” es inatendible por extemporáneo, ya que la demanda de autos ha sido presentada cuando se hallaba vencido el plazo establecido en el art. 704 del C.P.C.C., computado desde la publicación del Decreto 1170/12. Además, expresa que gran parte de los cuestionamientos del accionante hallan respuesta en el ya mencionado decisorio de la Corte Federal (Fallos, 335:197) y, que las discrepancias evidenciadas por el accionante con los fundamentos del mismo no viabilizan la acción intentada, sin perjuicio de lo cual señala que en modo alguno refuta lo allí valorado. Por otra parte, opina que la regulación de la intervención previa dispuesta en el art. 7 de las resoluciones cuestionadas, que aseguran asesoramiento a la víctima sobre sus derechos y garantías fundamentales y su acompañamiento antes y durante el embarazo, constituyen reglas tendientes a evitar los “casos fabricados”, a los que puntualmente refirió la Corte Suprema; que el art. 10º inc. “e” de la Guía prevé que los operadores de salud podrán ejercer su derecho a objeción de conciencia, de manera que la alusión a la supuesta obligatoriedad de intervenir en la práctica -a la que refiere el actor como ineludible- carece de sustento; que las resoluciones impugnadas en nada modifican la intervención del asesor de incapaces en las funciones que le son propias y, la actuación de los defensores oficiales no genera una cuestión de índole constitucional. Concluye recordando que toda declaración de inconstitucionalidad requiere que la repugnancia de la norma con la cláusula constitucional sea manifiesta, clara e indudable, afirmando que no concurren en la especie tales circunstancias.

Cabe dejar constancia que se presentaron en carácter de “amigos del tribunal” la “Fundación de Ayuda a la Mujer – Dra. Fabiana Alarcón” (fs. 151/160 vta.) y los Sres. Miguel Plaza Rivero, Ignacio López Prouner y Julio Fabián Nader (fs. 189/202).

2º) Que resulta pertinente recordar -en prieta síntesis-, que en su sentencia de fecha 13-03-2012, in re "F., A.L. s/medida autosatisfactiva" (Fallos, 335:197), la Corte Suprema de Justicia de la Nación interpretó los alcances del art. 86, segundo párrafo, inc. 2º, en el sentido de que tampoco es punible el aborto practicado por médico diplomado con el consentimiento de la mujer encinta si el embarazo proviene de una violación. Dicha tarea interpretativa fue realizada descartando la postura de la recurrente, esto es: que al no haberse restringido la procedencia de esta autorización al caso de la víctima violada idiota o demente, se desconoció el plexo constitucional-convencional según el cual el Estado Argentino protege la vida a partir de la concepción (Constitución Nacional, artículo 75, inciso 23: “Corresponde al Congreso: ... Dictar un régimen de seguridad social especial e integral en protección del niño en situación de desamparo, desde el embarazo hasta la finalización del período de enseñanza elemental...”; Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, artículo 1º: “Todo ser humano tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona”; Convención Americana sobre Derechos Humanos, artículo 3º: “Toda persona tiene derecho al reconocimiento de su personalidad jurídica”, y artículo 4º: “Toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley y, en general, a partir del momento de la concepción. Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente”; Declaración Universal de los Derechos Humanos, artículo 3º: “Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona”, y artículo 6º: “Todo ser humano tiene derecho, en todas partes, al reconocimiento de su personalidad jurídica”; Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículo 6º: “El derecho a la vida es inherente a la persona humana. Este derecho estará protegido por la ley. Nadie podrá ser privado de la vida arbitrariamente”; Convención sobre los Derechos del Niño, Preámbulo: “El niño... necesita protección y cuidados especiales, incluso la debida protección legal, tanto antes como después del nacimiento”, artículo 1º: “Para los efectos de la presente Convención, se entiende por niño todo ser humano menor de dieciocho años de edad, salvo que, en virtud de la ley que le sea aplicable, haya alcanzado antes la mayoría de edad”, y artículo 6º: “Los Estados Partes reconocen que todo niño tiene el derecho intrínseco a la vida”).

En este orden, analizó la normativa constitucional invocada concluyendo que de la misma resulta imposible extraer base alguna para sustentar la tesis que postulaba la recurrente (considerandos 9º a 13), remarcando que existen otras cláusulas de igual jerarquía así como principios básicos de hermenéutica establecidos en la jurisprudencia de esa Corte que obligan a interpretar dicha norma con el alcance amplio que de ésta efectuara el Tribunal recurrido (considerandos 14 a 17).

Asimismo, entendió oportuno recordar que el Comité de Derechos Humanos (CCPR/C/101/D/1608/2007, del 29/03/11) y, el Comité de Derechos del Niño (Observaciones Finales sobre Argentina del 21/06/2010; CRC/C/ARG/CO/34), en su carácter de órganos de aplicación de los respectivos tratados de derechos humanos, se han pronunciado censurando al Estado Argentino por no garantizar el acceso oportuno a la práctica de los abortos no punibles como una cuestión de salud pública y sin injerencia del Poder Judicial (considerando 26).

En definitiva, la Cimera Corte exhortó a las autoridades nacionales, provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con competencia en la materia, a implementar y hacer operativos, mediante normas del más alto nivel, protocolos hospitalarios para la concreta atención de los abortos no punibles y para la asistencia integral de toda víctima de violencia sexual, en los términos sentados en dicho fallo. Asimismo exhortó al Poder Judicial Nacional y a los Poderes Judiciales Provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a abstenerse de judicializar el acceso a los abortos no punibles previstos legalmente.

3o) Que si bien en el precedente de esta Corte registrado en Tomo 168:71 adherí a la tradicional doctrina judicial, según la cual resulta de aplicación a la “Acción Popular de Inconstitucionalidad” el plazo de caducidad prescripto para la “Acción de Constitucionalidad e Inconstitucionalidad” en el art. 704 del C.P.C. y C., en mérito de un nuevo análisis de la cuestión, estimo conveniente modificar aquella tesitura por los siguientes motivos:

La doctrina de la que me aparto tiene origen en la sentencia dictada el 20/08/1991 in re: “Acción Popular de Inconstitucionalidad contra la Ley 6618/91 interpuesta por el Partido Fuerza Republicana” (esta Corte, Tomo 42, 2da. Parte, fs. 1317).

En lo que considero pertinente, allí se dijo que:

a) la sanción de la Constitución de 1986 vino a ampliar la acción directa, que ya estaba prevista en el ordenamiento procesal, extendiendo la posibilidad de accionar a cualquier persona;

b) en los dos casos de acción directa, sea que el ejercicio de la acción esté reservado a un sujeto legitimado o a cualquier persona, el efecto de la declaración de inconstitucionalidad es “erga omnes”, y no limitado solamente al caso planteado;

c) que el art. 89 de la Constitución Provincial (hoy art. 92) no se reglamentó en forma autónoma y, que la única conclusión razonable es que continúan vigentes, respecto de la acción de inconstitucionalidad, las disposiciones procesales de los arts. 704 a 706 del C.P.C.C. en cuanto no se opongan a la normativa constitucional, que suprime el requisito del interés afectado;

d) que no se trata de una “aplicación por analogía” por cuanto la acción del art. 89 de la Constitución (hoy art. 92) y la del art. 704 del Cód. Procesal no son dos institutos distintos, sino el mismo, una “acción directa”, limitada respecto de quienes podían interponerla en el régimen del art. 704 y abierta ahora a todos los habitantes por imperio del precepto constitucional en cuestión;

e) si, hipotéticamente, llegara a reglamentarse de manera autónoma este art. 89, lo razonable sería dar mayores facilidades a quien el art. 705 del Cód. Procesal denomina “la parte agraviada”, que a los no afectados, a los que no cabe imaginar libres de cualquier restricción temporal, o teniendo menores impedimentos que “la parte agraviada”, la que actualmente sólo dispone de un mes para deducir la acción de inconstitucionalidad; no existiendo tal reglamentación especial, el principio constitucional de igualdad ante la ley impone someter a ambas categorías de sujetos activos a la misma regla en materia de términos;

f) que existen razones de fondo, vinculadas a la noción de seguridad jurídica, que abonan la necesidad de un límite temporal para la posibilidad de demandar, por la vía directa de la acción popular, la inconstitucionalidad de normas legales. En este orden, se aseveró que un sistema de juridicidad objetiva marca el tránsito de la voluntad del príncipe al mandato concreto de la ley; que uno de los caracteres de este último sistema es la fijeza de las normas, de cuyo conjunto surja un régimen estable de reglas conocidas y permanentes a las cuales se atengan los ciudadanos de un Estado y, esto es –de alguna manera- lo que se conoce como seguridad jurídica; que la convivencia se edifica sobre el respeto a la ley, entendida como tal la norma válidamente sancionada por los Órganos del Estado competentes para ello y, la ausencia de límites a la posibilidad de formular cuestionamientos que impliquen la abrogación de las leyes vigentes equivale a retrogradar en el camino de la seguridad jurídica, con la única variante de que serían los jueces los llamados a empuñar una espada de Damocles perpetua sobre las leyes. Se sostuvo que estas razones no implican abogar por la cristalización del ordenamiento jurídico; que éste debe evolucionar con las necesidades y la escala de valores de cada época y son los legisladores quienes están encargados de mantener las leyes a la altura de la exigencia de los tiempos; que el mantenimiento de la supremacía constitucional configura un imperativo del Estado de Derecho que resulta preciso armonizar con el ideal de la seguridad jurídica, que resultaría frustrado manteniendo abierta indefinidamente una instancia pública apta para desbaratar el ordenamiento vigente; que el examen de constitucionalidad por vía de la acción popular directa se satisface adecuadamente circunscribiendo su ejercicio a un plazo determinado y, la exigencia de esta limitación temporal no se presenta en el ejercicio del control de constitucionalidad por vía indirecta o recursiva, pues los pronunciamientos que en esos casos recaen no implican la abrogación de la ley, sino tan sólo su no aplicación en el caso concreto.

4º) Que a raíz de un nuevo análisis del tema no comparto tales fundamentos, entendiendo al respecto que: 1º) en el ordenamiento jurídico local existen dos acciones directas de inconstitucionalidad claramente diferentes: la de legitimación popular prevista en el art. 92 de la Constitución Provincial y la de legitimación individual o sectorial reglamentada en los arts. 704 y ss. del C.P.C. y C.; 2º) que en la primera el acogimiento de la demanda tiene efectos “erga omnes”, es decir, derogatorios del precepto que se impugne con éxito; en la segunda, los efectos se circunscriben al caso concreto, determinándose su inaplicabilidad al supuesto juzgado; 3º) que el plazo previsto en el art. 704 de la ley adjetiva no tiene causa en razones de seguridad jurídica sino en la naturaleza preventiva de tal acción y, 4º) que el constituyente de 1986 dejó claramente expuesta una postura acerca del ámbito de aplicación y de los efectos del principio de seguridad jurídica que resulta diferente a la esbozada en el “leading case” referido en el punto anterior.

5º) Que de la lectura de los fundamentos expuestos por la Convención Constituyente Provincial de 1986, al tratar y aprobar el texto que instituye esta acción (“Diario de Sesiones de la H. Convención Constituyente de la Provincia de Salta”, Ed. Códex, 1986, 12ª reunión, 9ª sesión ordinaria, Tomo 3, pág. 652 y apéndice, págs. 696/700), se interpreta lo que sigue.

En primer lugar se caracterizó la acción de inconstitucionalidad directa –que ya existía en el Código Procesal Civil y Comercial y está regulada en sus arts. 704 a 707-, de la siguiente manera: a) a través de ella se persigue la defensa primordial de los derechos individuales; b) la jurisdicción de esta Corte sólo puede ser puesta en acción en un caso concreto; c) el interés en accionar debe provenir directamente del derecho subjetivo lesionado o de una amenaza potencial y d) el poder de anular un acto limita su alcance al caso en que se pronuncia la inconstitucionalidad.

Luego, para fundamentar la novedosa instauración de la acción popular, allí se afirmó que en la acción de inconstitucionalidad no se halla comprometido solamente un interés particular y que incluso éste puede estar ausente; que la concepción privatista resulta así insuficiente para comprender la entidad de las cuestiones involucradas en una acción de inconstitucionalidad, porque en este tipo de acciones lo que está verdaderamente implicado es la supremacía de la Constitución no pudiendo compadecerse con ella la subsistencia de un precepto en pugna con la norma jurídica fundamental. Se afirmó que cuando se declara la inconstitucionalidad de una norma se está velando por la preeminencia de la Constitución, la certeza del orden constitucional y la seguridad jurídica; que se está resguardando la efectiva vigencia de los derechos personales y el régimen republicano de gobierno que se asienta sobre la división de poderes en cuanto ésta constituye la mejor garantía contra los excesos de poder y, por lo tanto, que en la acción de inconstitucionalidad está en juego un indudable y transparente interés público que excede el mero interés de las partes.

De esta manera se entendió que a la visión privatista de la acción se añade un enfoque publicista donde no tiene relevancia la lesión concreta del particular pudiendo considerarse parte interesada para ejercer la acción a aquella que simplemente pretenda dilucidar la presunta ilegalidad de un acto de la autoridad que se reputa contrario a la Constitución, tomando como presupuesto que todo ciudadano está interesado en asegurar la prevalencia de la norma fundamental como garantía de la libertad, aunque no haya tenido un perjuicio tangible.

El constituyente dejó en claro que la causa concreta exigida para la procedencia de la acción de inconstitucionalidad pasa a ser una causa casi abstracta pues se le reconoce el carácter de parte interesada a quien alega un interés público comprometido que excede el marco del interés privado específico. Sostuvo que la acción directa se ha transformado en acción popular directa y que el tipo de interés es lo que determina el tránsito de una a otra. En la primera, el interés afectado es particular y mensurable, en cambio, en la segunda tiene relevancia pública y la finalidad esencial es la preservación de la supremacía de la ley fundamental.___

Como consecuencia del desarrollo argumental sintetizado, se sostuvo que cabe deducir que los actos inconstitucionales son insubsistentes y que necesariamente debe haber una forma de declararlos ineficaces, aunque no exista un damnificado que pueda acreditar un perjuicio material; que dentro de un orden constitucional democrático una norma repugnante a la Constitución no puede permanecer como tal, y que éste es el bien jurídico protegido por la acción popular directa de inconstitucionalidad para cuya articulación son parte interesada potencialmente todos los ciudadanos.

En este punto se citó el pensamiento de Armando V. Silva (“Acción de inconstitucionalidad en el Derecho Público Argentino”, Revista del Superior Tribunal del Chaco, pág. 148), según quien en la acción popular directa es patente el concepto de función cívica, toda vez que cualquiera del pueblo o todo ciudadano tiene el derecho-función atribuido por la ley para hacer valer el interés público. Asimismo el de Bielsa (La acción popular y la facultad discrecional administrativa, La Ley, 73-711), según quien el ejercicio de la acción popular es función pública -aunque el actor no sea funcionario-, por su objeto -impugnación de un acto del Estado-, por su fin -la anulación o extinción del acto-, por su modo de ejercicio -el derecho público- y por sus efectos jurídicos -modificar el ordenamiento positivo o los actos de la autoridad pública-.

En la misma línea, reseña que Sánchez Viamonte (“Manual de Derecho Constitucional”, Ed. Kapeluz, 1959, págs. 322/323), al referirse a la acción popular directa, sostiene que no requiere la afectación de un interés patrimonial o material y que su objeto es la declaración de inconstitucionalidad resultando investido el actor que la interpone de una cierta representación del interés público afectado.

En la parte final de la fundamentación del instituto, se cita nuevamente a Bielsa (ob. cit., pág. 724), en cuanto éste reflexiona que el grado de interés del actor debe considerarse en relación con su actuación pública, con sus cualidades morales porque “El ejercicio de la acción popular requiere una cualidad: ser un ciudadano digno”. Sobre la base de este pensamiento concluye que parece importante esta mención a la honorabilidad pues la eficacia de una acción como la comentada, cuya práctica involucra al interés general, requiere que quien la ejercite exhiba la más acrisolada reputación.

Concluyó el constituyente sosteniendo que el objeto y finalidad de la acción popular directa marcan la trascendencia de la institución y la importancia de su inserción en la Constitución de Salta, afirmando que se trata de un instrumento que favorece la mayor participación de los ciudadanos que tendrán así a su alcance un medio más para afirmar la supremacía de la Constitución y la plena vigencia de una democracia participativa.

6º) Que de dichos fundamentos resulta que el Constituyente de 1986 distinguió claramente la acción de inconstitucionalidad que ya estaba prevista en el Código Procesal, de la acción popular que se insertaba en el entonces art. 89 de la Constitución Provincial, en cuanto a la legitimación, relacionada con el interés que en cada caso esgrime quien acciona –particular, propio y diferenciado en un caso y el mero interés de la ley en el otro-, así como los efectos del acogimiento de la demanda –limitado al caso planteado en una hipótesis y con efectos generales o derogatorios en la otra-.

En este aspecto, cabe decir que si bien es cierto que la acción popular del art. 92 de la Constitución Provincial y la directa de inconstitucionalidad prevista en el Código Procesal tienen en común que a través de ellas se persigue resguardar el principio de supremacía constitucional respecto de preceptos generales y abstractos de carácter local, lo cierto es que sólo se puede concluir que se trata de dos vías procesales claramente diferenciadas si se advierte que existen diferencias fundamentalmente en cuanto a su naturaleza jurídica, a la legitimación, al interés esgrimido y comprometido en cada supuesto y, a los alcances de la sentencia que respectivamente corresponde atribuir.

En efecto, la acción prevista en el digesto procesal es esencialmente de carácter preventivo al poder ser ejercida antes que se aplique la norma impugnada y, una vez que la misma afecta los intereses del actor, sólo en un plazo de 30 días de acontecido tal afección; legitimado es aquél que puede esgrimir un interés jurídico concreto, particular y diferenciado, que debe subsistir al momento del pronunciamiento definitivo; sea habitante o no de la provincia. Y, por no existir disposición alguna que permita generalizar los efectos de la sentencia que en este proceso se dicte, sus límites están dados por el caso concreto que se juzga.

Por el contrario, siendo el fin de la acción popular de inconstitucionalidad la efectiva vigencia de las normas de la Constitución Provincial, su naturaleza no es preventiva sino reparatoria del ordenamiento jurídico; la legitimación para incoarla corresponde a todo habitante de la Provincia, sin importar que la norma cuestionada afecte o no sus intereses y, por lo tanto, que los haya afectado o que nunca pudiere hacerlo. Como corolario de la naturaleza de esta acción y, consecuentemente con los propósitos expresados por el constituyente, debe atribuirse a la sentencia que acoja la demanda efectos “erga omnes”, es decir, derogatorios de la norma que se declara inconstitucional.

Por otro lado, surge de la fundamentación referida en el considerando anterior, que al concepto de seguridad jurídica el constituyente lo asentó en la efectiva vigencia de la Constitución Provincial, al afirmar que cuando se declara la inconstitucionalidad de una norma se está velando por la preeminencia de la Constitución, la certeza del orden constitucional y la seguridad jurídica. Es decir, la seguridad jurídica mentada por el constituyente se refiere a la estabilidad de las normas de la Carta Magna Provincial, que no pueden ser modificadas ni dejadas de lado por normas locales infraconstitucionales.

Por lo demás, no se aprecia cómo la derogación de una norma por parte del Poder Judicial, en trámite constitucionalmente habilitado para ello, puede afectar el principio de seguridad jurídica, cuando tal afección no podría predicarse de la abrogación de un precepto por parte del Poder Legislativo. Es decir, la derogación, modificación, supresión, etc., en sí mismo no puede dar lugar a un agravio a tal principio.

7º) Que sentado ello, cabe determinar si el plazo previsto en el art. 704 del C.P.C.C. resulta aplicable a la acción popular de inconstitucionalidad.

Dicho precepto, en lo atinente al tema, establece que: “La demanda se interpondrá ante la Corte de Justicia dentro del plazo de treinta días, computados desde que el precepto impugnado afecte de hecho, los intereses del actor” (1º párrafo); “Después de vencido dicho plazo, se considerará caduca a la acción de inconstitucionalidad, sin perjuicio de la facultad del interesado para ocurrir a la jurisdicción ordinaria en defensa de los derechos que estime afectados” (2º párrafo). “Cuando los preceptos impugnados no hayan sido aplicados aún al demandante y la acción deba ejercitarse con finalidad preventiva, podrá deducirse desde la publicación de la ley, decreto, reglamento u ordenanza” (3º párrafo).

Del texto transcripto surge claramente que el plazo de caducidad de la acción sólo comienza a correr desde que el precepto impugnado afecta de hecho los intereses del actor y, que mientras ello no acontezca, éste tiene expedita la vía desde la publicación de la norma cuestionada. En efecto, de otro modo carecería de sentido la distinción que contiene el artículo bajo análisis, según se produzca o no una afectación de hecho, señalando el inicio de su cómputo desde tal acontecimiento.

En este tema, la reglamentación es similar a la acción de inconstitucionalidad prevista en los arts. 683 a 688 del C.P.C. y C. de la Provincia de Buenos Aires, que –con mayor claridad- establecen que la demanda se interpone ante la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires dentro del plazo de treinta días, computados desde que el precepto impugnado afecte concretamente los derechos patrimoniales del actor (art. 684, primera parte) y, que no rige dicho plazo cuando las normas cuestionadas –de cualquier naturaleza-, no hayan sido aún aplicados al demandante y la acción se ejercite con finalidad preventiva (art. 685 “in fine”).

Al respecto, expresa Carlos Enrique Camps (“Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires”, Lexis Nexis – Depalma, año 2004, cita on line: Lexis Nº 8010/009403), lo siguiente: “A tenor de lo que establece esta norma y en particular la siguiente (art. 685) la acción declarativa de inconstitucionalidad puede ser utilizada con carácter preventivo desde el momento en que se admite el planteo de la invalidez de una norma general aún antes de que la misma sea aplicada al demandante afectando concretamente sus intereses patrimoniales. Ello se configuraría en los supuestos en que la norma general se encuentre ya conformada definitivamente (esto es, sancionada, promulgada y publicada) pero aún sin entrar en vigencia o bien cuando habiendo comenzado a regir, todavía no se la haya aplicado concretamente al actor. En ambos casos, éste conoce de la existencia de tal manda que habrá de afectarlo por encontrarse dentro de la categoría de sujetos normativos a los que la norma se dirige y dado que considera a la misma viciada por inconstitucionalidad, recurre haciendo uso de la competencia originaria de la Suprema Corte buscando que este Tribunal la descalifique. También puede darse el supuesto de que la pretensión de marras se intente una vez ocurrida la concreta afectación de sus intereses. Aquí no podrá hablarse de un accionar preventivo sino que directamente se estará cuestionando la validez en abstracto de una norma que, al mismo tiempo, ha comenzado a causar efectos perjudiciales sobre el reclamante. Estas dos hipótesis son importantes a los fines de determinar el plazo con que cuenta el litigante para plantear su pretensión ante el tribunal. Si la presentación se realiza en forma preventiva, no existirá plazo alguno mientras que si se intenta una vez aplicada la norma respecto del actor afectándolo efectivamente, desde ese momento corre un término de treinta días, luego de lo cual se extingue la competencia originaria de la Corte quedando -eventualmente- al damnificado por la norma inconstitucional las pretensiones resarcitorias o patrimoniales -en general- ante los jueces ordinarios”.

En el mismo sentido se expresa Alberto B. Bianchi (“Control de Constitucionalidad”, Tomo 1, Editorial Ábaco de Rodolfo Depalma, Avellaneda, Pcia. de Buenos Aires, año 2002, págs. 144 y ss.), quien dice que cuando hay afectación de derechos patrimoniales la demanda debe ser interpuesta dentro de los treinta días computados desde que el precepto impugnado afecte concretamente los derechos patrimoniales del actor, aclarando en la nota de pie de página nº 378 que comienza a correr desde “la aplicación de la disposición cuestionada el interesado, ya que en ese momento se concreta la afectación específica a la que la norma se refiere, y la circunstancia de no haberse demandado la validez constitucional de la norma a partir de su vigencia, no importa consentimiento de la misma, en cuanto habilita la promoción de la acción dentro de los treinta días de producida aquella afectación (con cita de un fallo de la SCBA 5/3/96, LL, Tomo 1996-D, pág. 233); también lo hacen Alí Joaquín Salgado y Alejandro C. Verdaguer (“Juicio de amparo y acción de inconstitucionalidad”, Astrea, Ciudad de Buenos Aires, año 2000, págs. 436/438), quienes sostienen que el art. 685 es claro cuando señala que el plazo no corre si aún no se ha aplicado la norma.

Por su parte, en similares términos se manifiestan Roberto Omar Berizonce (“La acción declarativa originaria de inconstitucionalidad en la Provincia de Buenos Aires”, en La ciencia del Derecho Procesal Constitucional, Tomo II, Eduardo Ferrer Mac-Gregor – Arturo Zaldívar Lelo de Larrea – Coordinadores, Rubinzal-Culzoni Editores, Buenos Aires, año 2009, pág. 124) y Maximiliano Toricelli (“El sistema de Control Constitucional Argentino”, Lexis Nexis Depalma, Buenos Aires, pág. 309), aunque limitándose a señalar sólo el caso en que el plazo de caducidad de la acción resulta aplicable.

Teniendo en consideración entonces que el plazo de caducidad del art. 704 del Código Procesal Civil y Comercial sólo comienza a correr cuando se afectan de hecho los intereses del actor, y que hasta ese momento éste tiene expedita la acción desde la publicación del precepto impugnado sin que se pueda producir la caducidad de la acción, resulta manifiesto que no rige respecto de la Acción Popular de Inconstitucionalidad del art. 92 de la Constitución Provincial, toda vez que en su ámbito carece de relevancia si quien la incoa tiene o no interés jurídico afectado por la norma que impugna. En efecto, se trata de una acción que no se ejerce en interés propio, sino en aras del interés general en la efectiva vigencia de la Carta Magna y, por lo tanto, no cabe discutir si existe o no afectación personal del accionante ni cuándo ello aconteció.

Por lo demás, cabe destacar que la imposición de un término de caducidad a la acción popular conspira contra los objetivos tenidos en cuenta por el constituyente al instaurarla -que han sido referidos en el considerando quinto-, en tanto y en cuanto fundamentó la institución sosteniendo que los actos inconstitucionales son insubsistentes y que necesariamente debe haber una forma de declararlos ineficaces, aunque no exista un damnificado que pueda acreditar un perjuicio material; que dentro de un orden constitucional democrático una norma repugnante a la Constitución no puede permanecer como tal, y que éste es el bien jurídico protegido por la acción popular directa de inconstitucionalidad, para cuya articulación son parte interesada potencialmente todos los ciudadanos, a quienes pretendió brindarles un instrumento que favorece su mayor participación con un medio más para afirmar la supremacía de la Constitución y la plena vigencia de una democracia participativa.

8º) Que descartada la caducidad de la acción bajo análisis, cabe decir que el principio de división de poderes, tal como está diseñado en nuestra Constitución Provincial, exige que el poder judicial efectúe el control de constitucionalidad de normas locales sólo en el marco de una causa o proceso judicial incoado por una parte debidamente legitimada, ello incluso en el marco de la acción popular.

En este orden, tal función de control debe ejercerse en el estricto marco en el que se encuentra delineada en la Carta Magna local en cuanto a los elementos subjetivos, objetivos y de competencia previstos en dicho ordenamiento.

En cuanto a la legitimación activa, tal como lo sostuve en anteriores precedentes de esta Corte (Tomo 159:293, 173:187), el art. 92 de la Constitución Provincial al habilitar a todo habitante de la Provincia a deducir acción popular directa para que se declare la inconstitucionalidad de una norma de alcance general contraria a la Constitución, establece una legitimación activa irrestricta, y corresponde a todas las personas que revistan la calidad de habitante que el precepto menta, sin que sea posible exigir la presencia de un interés o derecho propio, personal y directo en el actor. Por el contrario, tal legitimación no corresponde a quien no reviste el carácter de habitante (cfr. mi voto en Tomo 176:973).

La legitimación pasiva, tratándose de una acción directa y persiguiéndose la derogación de la norma impugnada, corresponde al ente del que la misma emana, siendo representado según su caso por el Fiscal de Estado, cuando el acto haya sido dictado por los poderes Legislativo o Ejecutivo Provincial, pudiendo comparecer el Gobernador de la Provincia en defensa de sus potestades gubernativas si las mismas estuviesen controvertidas en relación a las leyes, decretos, ordenanzas, reglamentos y resoluciones impugnadas; los representantes legales de las municipalidades, o los funcionarios que ejerzan la titularidad de los organismos involucrados, cuando los preceptos emanaren de dichas entidades (arg. art. 705 del C.P.C. y C.).

En su faz objetiva, la acción popular de inconstitucionalidad es de carácter abstracto, cuyo objeto se limita a verificar la compatibilidad de las normas impugnadas con las constitucionales que se dicen vulneradas y, a efectuar la declaración correspondiente, sin que en este marco deba discutirse una situación concreta y particularizada (cfr. esta Corte, Tomo 167:829); es decir, se resuelve un conflicto ínter normativo sin atender a circunstancias fácticas concretas.

Este confronte normativo debe llevarse a cabo entre los preceptos cuestionados -que deben revestir el carácter de locales, es decir emanadas de autoridades provinciales o municipales, y ser abstractos, genéricos y estar destinados a regir un número indeterminado de situaciones- y, en el otro extremo, normas de la Constitución Provincial.

En efecto, según lo estatuye el art. 153, punto II inc. “a” de la Constitución Provincial, a esta Corte le compete conocer y decidir en forma originaria las acciones sobre inconstitucionalidad de leyes, decretos, ordenanzas, reglamentos o resoluciones que estatuyan sobre materias regidas por esta Constitución.

Conforme esta norma la finalidad esencial de las acciones de inconstitucionalidad es asegurar la supremacía de la Constitución provincial y, por lo tanto, el actor debe invocar la vulneración de preceptos de ésta, aún cuando ello no excluye que se invoquen también normas federales como argumentos coadyuvantes.

En este orden se ha dicho que: “La competencia de este Tribunal para declarar, por vía directa la inconstitucionalidad de leyes, se encuentra circunscripta, por imperio del art. 149, apartado II, inc. a) de la Constitución Provincial, a las “materias regidas por esta Constitución” (la provincial)” y, que “Del citado precepto constitucional se sigue la incompetencia, en razón de la materia que inhibe a la Corte para entender en la declaración de inconstitucionalidad referida a normas federales, lo que así corresponde declarar, de acuerdo con lo dispuesto por el art. 4º “in fine” del Cód. Proc. C. y C.” (esta Corte, Tomo 46:145; 56:1255).

En este mismo sentido, conforme lo expresan Salgado y Verdaguer (ob. cit. pág. 435), la Suprema Corte de Buenos Aires, con sustento en precepto similar al local referido, ha sostenido que no es viable el pronunciamiento sobre derechos amparados por la Constitución Nacional (ED. 55-657; 31-295; DJBA, 109-145); y, que la demanda originaria de inconstitucionalidad autorizada por el art. 149, inc. 1º de la Const. de Buenos Aires, sólo es admisible para impugnar las violaciones a la carta provincial y no el menoscabo de principios de la Constitución Nacional, para lo cual los afectados tienen habilitadas otras vías, tanto en el procedimiento federal como en el local (Rep. ED, 9-403, Sum. 1; DJBA 107-181; 113-101). De lo mismo dejan constancia Bianchi (ob. y lugar cit.) y Toricelli (págs. 308 y ss.).

9º) Que siendo ello así, corresponde el rechazo de la demanda toda vez que la resolución de la pretensión de autos requiere ineludiblemente el análisis de lo decidido por la Corte Suprema de Justicia en Fallos, 335:197, así como los alcances de tal decisorio en punto a la interpretación que la misma ha efectuado del art. 86, segundo párrafo, inc. 2º del Código Penal, así como de las normas constitucionales y convencionales que el actor invoca en la demanda y que han sido objeto de específico tratamiento por parte del Alto Tribunal Federal, sin que al respecto resulte suficiente determinar el alcance que tienen las normas de la Constitución Provincial invocadas, especialmente el art. 10º.

Por otra parte, cabe expresar que al no haber solicitado el accionante la declaración de inconstitucionalidad del Decreto 1170/12, de todas maneras resultaría inoficioso el análisis de constitucionalidad de las resoluciones impugnadas, lo que en el caso tiene trascendencia en cuanto en dichas normas se dispone la intervención de funcionarios del Ministerio Público.

En relación a las costas, considero que deben imponerse por el orden causado por la naturaleza de la cuestión.

Por lo que resulta de la votación que antecede,

________________________ LA CORTE DE JUSTICIA,

_____________________________ RESUELVE:

I. RECHAZAR la acción popular de inconstitucionalidad deducida a fs. 34/62. Con costas por el orden causado.

II. MANDAR que se registre y notifique.

(Fdo.: Dres. Guillermo A. Posadas -Presidente-, Guillermo A. Catalano, Guillermo Félix Díaz, Abel Cornejo, Gustavo A. Ferraris y Sergio Fabián Vittar -Jueces de Corte-. Ante mí: Dr. Gerardo J. H. Sosa –Secretario de Corte de Actuación-).






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